Decisión de Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Mayo de 2010

Medida Innominada de protección al Ganado

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, diecinueve (19) de Mayo de dos mil diez (2010)

200º y 151º

Vista la solicitud de medida Innominada de Protección a los Cultivos Vegetales y la actividad Pecuaria, suscrita por la abogada en ejercicio NEXY M.R.S., Abogada en ejercicio inscrita en el IPSA bajo el Nro. 83.200, con domicilio en el Municipio Autónomo de Maracaibo, actuando en este acto como apoderada judicial de la ciudadana NEXEIDA M.S., venezolana, mayor de edad, titular de las cedula de identidad Nro V-4.332.831, soltera, productora agrícola, domiciliada en el Municipio Colón del Estado Zulia.

Este Juzgador antes de pronunciarse a lo solicitado y de conformidad con lo establecido con el ordinal 4to del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa a establecer los motivos de hechos y de derecho en los que se fundamentará la presente decisión. En los siguientes puntos:

El procedimiento cautelar agrario, a diferencia del procedimiento ordinario, contempla la posibilidad de que el juez agrario pueda dictar exista juicio o no medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la unidad pública de las materias agrarias; así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se ponga en peligro los recursos naturales renovables, y para salvaguardar lo anteriormente establecido puede hacer uso del poder cautelar que el legislador le otorgo al juez agrario, para evitar el deterioro de la producción agroalimentaria de la nación decretando medidas de oficio.

Lo anteriormente estatuido, se trata de un poder extraordinario que concede la ley especial al juez agrario, y por lo tanto, de aplicación restringida, vale decir, que los supuestos allí establecidos no se pueden aplicar analógicamente a circunstancias semejantes, dado que la enumeración es taxativa y está inspirada en razones de interés público, por lo que no podrán ser dispuestas en consideración al interés privado o particular de una de las partes en un juicio. .

Señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente: :

Sic: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.”

Asimismo el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: :

Sic: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”. .

Por otra parte señala el artículo 207 de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

Sic: “El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”. .

De igual manera señala el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: :

Sic: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley”. .

El objeto de estos artículos precedentemente trascritos, es la pretensión cautelar, que consiste en la solicitud que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial, siempre que exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo y de que se tenga el humo del buen derecho como protección.

.

En el procedimiento cautelar agrario se contempla la posibilidad que el juez agrario pueda dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables. Se trata de un poder extraordinario que le concede la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 207 anteriormente trascrito, al Juez con competencia agraria. .

Estas medidas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. .

Este Tribunal toma en consideración el criterio del Juzgado Superior Agrario pertinente a las Medidas Cautelares, a los fines de proveer:

Sic: “La Materia Especial Agraria, busca un adecuado uso de la potestad genérica cautelar en materia Agropecuaria y de Protección de los Recursos Naturales. Esto en contra posición a los viejos abusos y planteamientos insostenibles con los cuales se ejecuto dicha potestad en los ordenamientos jurídicos anteriores, donde por lo general se confundía tan importante proclamación de la cautela ordinarias, a falta de la petición expresa de las partes, o donde se mezclaba el interés individual en la cautela, con lo colectivo, en general de la protección que reclamaba la producción agropecuaria o el de preservación de los recursos naturales en juego”. . .

Los artículos precedentemente transcritos, constituyen un instrumento fundamental para la realización de la justicia, es decir, la pretensión cautelar que consiste en la solicitud que adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial, a los fines de la continuidad del proceso agroalimentario. Aunado al hecho que se observa el poder cautelar que tiene el juez agrario, ya que se le faculta para decretar medidas complementarias o pertinentes, distintas a las tradicionales, donde a su prudente arbitrio las acuerde fundado en la necesidad de proteger el interés colectivo y el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación. .

Es por ello que el alcance de estas medidas, estarían sujetas a la discrecionalidad objetiva del juez agrario en la apreciación de la adecuación de la medida con respecto al objeto o lesión que denuncia o que se aprecia de oficio y por otro lado debe hacer una valoración de la pertinencia, es allí donde nuestro legislador ha dotado al juez agrario para dictar una medida cautelar, tener discrecionalidad y apegarse a lo establecido en los artículos 163 y 207 de la Ley de tierras y Desarrollo Agrario concatenado con los artículos 254 ejusdem, a los fines de velar por la continuidad de la producción agroalimentaria, la comunidad en el entorno agrario de los servicios públicos, la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, el mantenimiento de la biodiversidad, conservar la infraestructura productiva del estado, la cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo y el establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos.

Aunado a esto La Jurisprudencia patria ha reiterado que “En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el articulo 585 del código de procedimiento civil, vale decir, el Fumus B.I. y el periculum in Mora...” (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Ponente Dr. A.R.J.E.. Nº 00-002 sentencia del 15-11-2000). .

De igual manera la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. Levys I.Z., de fecha 1 de Noviembre de 2004, expuso: :

Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus b.i.) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora); y referente a la medida innominada, el artículo 588 ejusdem impone una condición adicional que es el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni).

Ahora bien de manera reiterada la doctrina ha establecido lo conducente en referencia a las medidas preventivas; a saber: R.E.L.R. en su obra CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. (1998), señala:

Condiciones de procedibilidad. Este artículo 585 prevé tres requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, a saber: Pendente Litis (Juicio Pendiente, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus b.i.) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora). Añádase la pendencia de una litis en la cual se decreta la medida, lo cual denota el carácter eminentemente judicial que caracteriza las medidas cautelares…

(…)

Pendente Litis: o Juicio Pendiente, este requisito es aplicado en el derecho Civil, ya que para el decreto de una medida cautelar, tiene que existir una acción principal para que el juez pueda decretar la providencia cautelar, pero en el derecho agrario no es un requisito sine qua nom , ya que el juez agrario como anteriormente se estableció haciendo uso del poder discrecional de juez puede decretar de oficio o a solicitud de parte exista o no juicio de conformidad con el articulo 207 LTDA medidas Cautelares Innominadas orientadas a proteger la producción agroalimentaria de la nación.

Fumus b.i.. Humo, olor, a buen derecho, presunción grave del derecho que se reclama. Radica en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá, como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar, el decreto previo —ab initio o durante la secuela del proceso de conocimiento— de la medida precautelativa. Es menester un juicio de valor que haga presumir la garantía de que la medida preventiva va a cumplir su función, instrumentalizada, de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzosa o la eficacia del fallo, según sea su naturaleza; y ello depende de la estimación de la demanda.

(…)

Lo que no puede hacer el tribunal es decretar o negar la medida –particularmente la que no tiene reconsideración ulterior en la misma instancia- inopinadamente, sin tomar en cuenta los elementos en que se funda (cfr abajo CSJ. Sent. 13-8-85) u omitir el respectivo pronunciamiento so pretexto de no quedar inhabilitado por emisión de opinión (cfr abajo CSJ, Sent. 10-11-83).

(…)

Fumus periculum in mora. La otra condición de procedibilidad inserida en este artículo bajo comento —sea, el peligro en el retardo— concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de procedibilidad de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase «cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia...». El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento.” (Negrillas nuestras).

Respecto a lo establecido en la sentencia de la Sala Político Administrativa anteriormente mencionada el periculum in damni, éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra…”.

Ahora bien, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgador de seguidas pasa a estudiar las condiciones de procedibilidad para el decreto de cualquier medida establecidos en el Articulo 585 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Articulo 254 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario y la Jurisprudencia patria, tomando en cuenta los patrones de producción Agroalimentaria y evaluando el beneficio del colectivo en Pro al bien común en los siguientes términos:

Con relación a la Pendente Litis, aunque como ya se determino no es un requisito sine qua nom, para el decreto de Medidas cautelares, este juzgador evidencia la presencia de un juicio principal que se sigue por ante este Tribunal por Acción Posesoria, bajo el Nro 3647, incoado en fecha 11 de Noviembre de 2.009, por la ciudadana NEXEIDA M.S. en contra de los ciudadanos LEONIDAD MACHADO, G.C., M.G., B.U. y otros, por lo que este requisito de procedibilidad para decreto de una medida cautelar por vía de causalidad esta totalmente presente.

FUMUS B.I., (Presunción grave del derecho que se reclama), este Tribunal evidencia que existen varios documentos que a continuación de determinan:

1. Certificado de Registro Nacional de Productores, Asociaciones, Empresas de Servicios, Cooperativas y Organizaciones Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y la Tierra, de fecha 11 de Junio de 2.008.

2. Registro Nacional Agrícola emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y la Tierra, de fecha 11 de Junio de 2.008.

3. Carta de Inscripción en el Registro de Predios Agrarios, de Nro. 072305020089, de fecha 16 de Febrero de 2.008, emanado del INTI sur del lago.

4. Planilla de control de visita, sector vegetal, emitido por el fondo para el desarrollo agrario socialista (FONDAS) en fecha 09 de Julio de 2.008.

Aunado a esto según el justificativo de Testigo evacuado por el Juzgado de los Municipios Colon y F.J.P. de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 31 de Marzo de 2.009, en donde los Testigos L.S.R., H.A.R., G.R., G.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-2.760.680, V-7.896.003, V-13.008.336, V-4.702.652, declararon que de que es beneficiaria de un crédito bancario otorgado por el Fondo de Desarrollo Agrícola, y de las bienechurias, las divisiones de los potreros, entre otras cosas.

Así mismo de conformidad a la inspección judicial realizada por este Tribunal en fecha 14 de Agosto de 2.009, de conformidad con el particular SEXTO, se dejo constancia de la existencia de varios árboles frutales tales como naranjas, siembre de maíz, limón y auyama.

Analizadas las documentales anteriormente nombradas, este juzgado evidencia que el fundo agropecuario Jerusalén, específicamente la parcela Nro 43, esta en producción y el sujeto activo posee capacidad Jurídica para actuar para así buscar el amparo por parte de los órganos de justicia para hacer cesar las perturbaciones, por lo antes trascrito este juzgador constata que el FUMUS B.I., esta cumplido.

Por Otra parte El Periculum in mora, este Tribunal de una revisión de la inspección judicial realizada por este Tribunal en fecha 14 de Agosto de 2.009, se evidenció de conformidad con los particulares segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, de la existencia de personas ajenas al fundo en cuestión como H.C., CANDELARIA CAUSADO, LAUDIS BUSTO GALVES, L.O., R.T., G.C., R.G., ODELIS MORALES, C.L., M.L., con cedula de identidad Nro. V-10.680.863, V-25.665.507, V-30.504.523, V-15.134.393, V-18.637.519, V-3.372.345, V-13.718.976, V-25.554.695, V-9.390.520, V-6.805.146, donde se evidenció construcciones de bloques en obra limpia y ranchos, así como armazones hechos de Zinc usado y nuevo con madera y bolsas plásticas, evidenciando quien juzga que la producción agroalimentaria del fundo agropecuario Jerusalén pueda ser desmejorada o peor aún destruida, razón por la cual el PERUCULUM IN MORA, esta cumplido.

Y para finalizar el Periculum in damni, (fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra), según lo alegado por el sujeto activo de la relación procesal es que, el decreto de la Medida Innominada de Protección los cultivos Vegetales y a la Actividad Pecuaria sería la única vía para poder evitar o detener un mayor deterioro y desmejoramiento de la actividad productiva del fundo “JERUSALEM”, por lo que esta Medida Innominada lo que busca es garantizar la Producción Agroalimentaria de la Nación tomando en cuenta que es una región de gran relevancia Agropecuaria para el país, por lo que este Tribunal constata que el PERICULUM IN DAMNI, esta cumplido.

Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta:

PRIMERO

MEDIDA INNOMINADA DE PROTECCIÓN A LOS CULTIVOS VEGETALES Y A LA ACTIVIDAD PECUARIA, sobre el fundo Agropecuario JERUSALEN, Parcela Nro. 43, el cual consta con una extensión de NUEVE HECTAREAS CON SESENTA Y SEIS CENTARIAS (9,66 Has), ubicado en jurisdicción del Municipio Colón, Parroquia el Moralito, Sector Paraíso, alinderado de la siguiente manera: Norte: Parcela Nro. 44, Propiedad que es o fue del Ciudadano L.B. y el C.M., Sur: Vía de Penetración; Este: C.M. y Vía de Penetración y Oeste: Parcela Nro 50, con propiedad que es o fue del Ciudadano L.B. y Vía de Penetración. Así se decide.

SEGUNDO

Se ordena oficiar al Instituto Nacional de Tierras, con sede en S.B.d.Z. y Sede Maracaibo, los efectos de participar de la Medida Ut-supra decretada. Así se decide

TERCERO

Se ordena Oficiar a la Guardia Nacional como sede en el Municipio Colón, a la Policía Regional con sede en el Parroquia el Moralito del municipio Colón del Estado y a la Policía Municipal del Municipio Colón, a los efectos de Proteger la Medida Ut-supra decretada.. Así se decide.

Publíquese, regístrese, Ofíciese y déjese copia certificada de la presente decisión. .

Debidamente, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Maracaibo a los diecinueve días (19) del mes de Mayo de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

El Juez Suplente especial

Dr. L.E.C.S..

La Secretaria

Abg. María José Gómez Rojas