Sentencia nº RC.01024 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 7 de Septiembre de 2004

Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2004
Emisor:Sala de Casación Civil
Número de Expediente:03-045
Ponente:Carlos Oberto Vélez
Procedimiento:Recurso de Casación
 
CONTENIDO

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: C.O. VÉLEZ

En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios intentado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por la ciudadana M.T.G.D.D., representada judicialmente por los profesionales del derecho Dianora Díaz Chacín y L.E.G., contra la ciudadana E.R.G., patrocinada por el abogado en ejercicio de su profesión L.C.S.; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, en fecha 8 de noviembre de 2002, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandada contra el auto emanado del a quo en fecha 4 de febrero de 2002 que impartió homologación al acto bilateral de autocomposición procesal de transacción celebrada y en consecuencia, confirmó el auto apelado, condenando a la demandada al pago de las costas procesales.

Contra la preindicada sentencia, la demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia incongruencia con infracción de los artículos 12,15 y 243 ordinal 5º eiusdem.

Para apoyar su delación el formalizante alega que:

...La recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, sobre un punto capital sobre la suerte de la decisión, es decir, determinante para el dispositivo del fallo, porque además de que no se pronunció sobre la impugnación del secuestro, sustentó la confirmación de la supuesta validez de la transacción en que dicho secuestro fue “una actuación judicial efectuada por un Tribunal debidamente facultado para decretarla y otro para ejecutarla” y una “conducta lícita”, a pesar de no haber revisado la constitucionalidad del procedimiento seguido para acordar la medida de secuestro, pues resulta obvio que si la misma fue inconstitucional, ningún juez esta facultado para violar la Carta Magna ni puede considerarse como lícita una lesión constitucional, al igual que son nulos los actos consecutivos a un acto irrito.

También es trascendente la omisión denunciada si se toma en cuenta que en la recurrida se condenó en costas a mi mandante porque en criterio del Juez la consideró totalmente vencida ante esa instancia, y ¿cómo puede haber un vencimiento total cuando se incurrió en omisión de pronunciamiento sobre un punto controvertido denunciado expresamente?.

Se aclara que no se pretende en esta denuncia por defecto de actividad que se revise la inconstitucionalidad del secuestro, porque ello debía decirlo el Juez de la recurrida y no lo hizo, en virtud de lo cual efectivamente se quebrantó el Ordinal (Sic) 5° del Artículo (Sic) 243 del Código Civil y en consecuencia también se infringió el Artículo 12 ejusdem, al no atenerse el Juez a lo alegado en los autos.

Es también pertinente señalar que la omisión de pronunciamiento judicial conlleva intrínsicamente una grave violación a los derechos y garantías al debido proceso, a obtener una respuesta oportuna y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(...Omissis...)

Para finalizar debo señalar, que contra el acuerdo del secuestro no pudo ejercerse recurso alguno , distinto al de la impugnación realizada en fecha 13/02/2002 en forma simultánea con la apelación a la cual se contrae la recurrida, porque, cuando el mismo fue practicado la demandada no había sido citada, no estuvo asistida de abogado, y finalmente el lapso de dos días para hacer oposición a la medida de secuestro solo comenzaría a correr a partir de la llegada a los autos de las resultas del mismo, y como consta en este expediente, a solicitud de la actora la comisión fue retenida por el Juez Ejecutor (para continuar practicando el secuestro en caso de no suscribirse la transacción) y solo fueron enviadas al Comitente después de suscrita dicha transacción...

.

Aduce el formalizante que la recurrida esta inficionada de incongruencia ya que, en su opinión, no resolvió sobre sus alegatos referidos a la impugnación por inconstitucionalidad en la forma en que se decretó la medida de secuestro, pues no se cumplieron los límites establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Para decidir, la Sala observa:

Ha señalado la doctrina inveterada de esta M.J., que el vicio de incongruencia se produce en los supuestos en los que, o bien no se resuelve sobre todo lo alegado y probado en el juicio, vale decir, lo planteado que forma parte del thema decidendum, o bien cuando se decide sobre asunto distinto a lo peticionado.

Ahora bien, sobre el punto relativo a la impugnación propuesta, el ad quem se pronunció de la siguiente manera:

...Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, así como el contenido de los artículos 1.719 y s.s. del Código Civil, referidos a las causales de nulidad de la transacción, es decir, estar fundada en el título nulo o documento falso o la existencia de sentencia ejecutoriada sobre el presente litigio y el artículo 1.146 eiusdem, relativo a los vicios en el consentimiento, en el que se incluye la violencia, que en el “...supuesto de la coacción moral, se trata propiamente de que el sujeto, colocado en la alternativa de escoger entre la celebración del negocio o el riesgo de sufrir el mal con el que se le amenaza, decide optar por la celebración del negocio. En tal hipótesis es claro que su “decisión” no es espontánea, que no ha sido causada por motivos que declarante haya podido discernir y valorar libremente”. (Cfr. MELICH Orsini, José: La Teoría de los Vicios del Consentimiento en la Legislación Venezolana. P.73).

De tal predicamento, observa quien aquí decide que no existe en el caso de marras motivo que justifique la nulidad de la transacción celebrada por las partes en fecha 18 de enero de 2002, homologada en fecha 04 de febrero del corriente año, pues si bien es cierto la demanda fundamenta su impugnación en que su consentimiento fue arrancado con violencia- lo cual no fue probado- en virtud de la medida de secuestro practicada; no es menos cierto, que esa violencia entendida como coacción oral no la genera una actuación judicial efectuada por un Tribunal debidamente facultado para decretarla y otro para ejecutarla, por cuanto sus conductas lícitas no pueden calificarse de amenazas, destinadas a “arrancar” el consentimiento (1146 del C.C). Además, la transacción fue consentida fuera del acto de ejecución de la medida y la demandada contaba con los recursos para defenderse, al estar asistida de abogado.

A tenor de lo expuesto, ratifica este Juzgador que no existe controversia entre las partes sobre puntos de derecho que puedan causar la anulabilidad de la transacción celebrada; igualmente la misma no esta fundada en titulo nulo o documento falso ni existe sentencia ejecutoriada sobre el presente litigio y no existiendo vicios del consentimiento de la demandada, pues, la medida de secuestro decretada –se repite- lo fue en virtud del mandato del artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, cuando una vez vencida la prórroga legal el arrendador solicitó al juez decretara el secuestro de la cosa arrendada y habiendo la demandada, en la oportunidad de la practica del secuestro, no ejercido los recursos que le otorgaba la ley, sino por el contrario consintió en celebrar transacción con la demandante, consecuentemente su conducta esta enmarcada, a criterio de esta Superioridad, dentro de los parámetros establecidos en el Código Civil, para consentir validamente en la transacción, sin que se pueda decir que fue arrancada con violencia. Y ASI SE DECIDE...

(Resaltado de la Sala)

En atención a la trascripción realizada supra, apoyándose la Sala en el criterio sustentado sobre cuando puede configurarse el vicio denunciado, concluye necesariamente que en el sub iudice la alzada se pronunció suficientemente sobre las alegaciones de la demandada pues, consideró que la ejecución de una medida de secuestro es una conducta lícita que no puede generar coacción en la voluntad para suscribir una transacción; por lo cual resulta imposible considerarla infractora de los preceptos consagrados en los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En atención a la denuncia de violación del artículo 15 eiusdem, estima la Sala que la misma no se evidencia ni de lo establecido por la recurrida, así como tampoco de lo expresado por el formalizante en el texto de la delación, ya que en ella no se explica, de ninguna manera, de que forma se perpetró la infracción acusada, cuales fueron los recursos o defensas que le fueron impedidas ejercer a la demandada; por el contrario se aprecia de los autos que la misma apeló de la decisión que consideró lesionaba sus derechos y, asimismo, ejerció el recurso extraordinario que hoy ocupa la atención de la Sala hechos que, por vía de consecuencia, invalidan completamente el argumento en comentario. Así se declara.

Con base a los motivos expuestos se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

II Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción de los artículos 12, 15, 243 ordinal 4º , 244 y 509, eiusdem por silencio de pruebas.

Apoya su delación el formalizante alegando que:

...Con los fragmentos antes escritos del escrito de apelación e impugnación, queda demostrado que dentro de los alegatos de mi representada estaba la vinculación entre el secuestro y la transacción, específicamente que el objeto de aquel solo había sido presionar a la demandada para arrancarle su consentimiento para la transacción, y que esto estaba demostrado con los Autos del Cuaderno Principal y las Resultas de la Comisión conferida al Juzgado Ejecutor para la practica de la Medida de Secuestro, donde se apreciaba que el secuestro había sido “suspendido” por la actora durante su practica, por ocho (8) días continuos, con la única intención de suscribirse la transacción, y que el a quo tardó casi un mes en pronunciarse sobre la homologación.

(...Omissis...)

Entonces, queda demostrado que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación denominado silencio de pruebas, y ello incidió en la suerte de la decisión, es decir, fue determinante para el dispositivo del fallo, porque en la recurrida se sustentó la confirmación de la supuesta validez de la transacción en que supuestamente NO FUE PROBADO que el consentimiento hubiese sido arrancado con violencia,.

Se declara que no se pretende en esta denuncia por efecto de actividad que se revise la mencionada prueba, porque ello debía hacerlo el Juez de la recurrida y no lo hizo, en virtud de lo cual efectivamente se quebrantó el Ordinal 4° del Artículo (Sic) 243 del Código Civil y en consecuencia también se infringió el Artículo (Sic) 12 ejusdem, al no atenerse el juez a lo alegado en los autos.

El silencio de pruebas conlleva intrínsicamente una grave violación a los derechos y garantías al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos postulados están desarrollados en el Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que garantiza el derecho a la defensa durante un juicio, norma que denunció, resultó infringida porque al no pronunciarse sobre una prueba fundamental para el alegato de la demandada, se le menoscabó su derecho a la defensa...

. (Lo resaltado del texto)

Para decidir, la Sala observa:

En el caso bajo decisión advierte la Sala que se denuncia que la recurrida se encuentra inficionada de inmotivación por silencio de pruebas.

A objeto de configurar la estructura de esta decisión, es necesario puntualizar que la doctrina sobre el vicio en cuestión había mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad, con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

De un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia, la Sala considera oportuno y necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba fue abandonada, y la nueva doctrina, establecida al respecto, ha sido considerada pedagógicamente con la intención de darle amplitud a los argumentos del criterio implantado, encaminado a consolidar la verdadera maximización y conceptualización de la ciencia del derecho, como fin perfeccionista de la reestructuración del Sistema Judicial, por lo cual en decisión de fecha 21 de junio de 2000, en el juicio seguido por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY, C.A., expediente N° 99-597, sentencia N° 204, se estableció a partir de esa data, que para que la Sala conozca una denuncia de esta naturaleza, la misma deberá ser fundamentada como infracción de ley, en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, es menester aclarar que la nueva doctrina, supra reseñada, debe ser aplicada al sub iudice, en virtud de que la admisión del recurso de casación bajo análisis, lo fue el 10 de enero de 2003, fecha evidentemente posterior a la sentencia que contiene el cambio de jurisprudencia acotado.

En consecuencia, la presente denuncia, al ser planteada bajo la estructura de un defecto de actividad, se desestima por la falta de técnica. Así se decide.

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

I

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y fundamentada en los artículos 12, 15 y 20 eiusdem y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se denuncia la infracción por “errónea interpretación por omisión de aplicación del artículo”.

Para fundamentar su delación el formalizante alega que:

...Como puede apreciarse, se impugnó expresamente el acuerdo o decreto de la medida de secuestro, además que también impugnarse la transacción celebrada el 18/01/2002 y apelarse del Auto de homologación del 04/02/2002, alegando que hubo vicios en el consentimiento derivados de la coacción que generaba el ilícito secuestro dada su inconstitucionalidad.

En la parte narrativa de la sentencia recurrida no se menciona en modo alguno la citada impugnación de la medida de secuestro, tampoco se le menciona en la dispositiva de la decisión.

El apoderado de la demanda, tanto en el escrito como en la diligencia del 13/02/2002, impugnó el procedimiento seguido al acordarse la medida de secuestro, afirmando que la misma era inconstitucional, lo cual denunció como determinante del vicio en el consentimiento; sin embargo, en la sentencia recurrida se obvió en forma absoluta la mención de dicha impugnación, así como tampoco hubo decisión sobre la expresa denuncia de inconstitucionalidad del secuestro practicado aplicando aisladamente la ley de arrendamiento Inmobiliario.

(...Omissis...)

Como afirma ut supra, el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios no dice en ninguna parte en qué momento procesal podrá el Juez acordar la medida de secuestro, si sería in limine litis (antes de la citación), o sí debe exigírsele algún requisito al solicitante de la medida. Ante tal indeterminación el Juez de instancia debe aplicar la analogía y, consecuentemente, los principios establecidos en el Código Adjetivo que garanticen los derechos y garantías constitucionales de las partes.

Cuando el Juez de instancia acordó, in limine litis el secuestro del bien arrendado a mi representada, incurrió en una grave violación de su derecho a la defensa y al debido proceso, básicamente porque ella aún no habida sido notificada del juicio ni de la medida que se había solicitado en el mismo y porque al expulsarla del local antes del juicio se le privaba de participar efectivamente en plano de igualdad inclusive porque estaría privada de medios económicos para litigar.

Ahora bien. Cabe preguntarse, ¿esto no sucedería con cualquier medida preventiva acordada in limine litis? Justamente por el gravamen que puede causarse con una medida preventiva de cualquier tipo solicitada por unas de las partes en ausencia de la otra, estas son excepcionales y están sujetas a un estricto control por parte de los jueces mediante una serie de requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil y estudiados exhaustivamente por la doctrina y la jurisprudencia, los cuales son ampliamente conocidos y se expresan comúnmente en latín: fummus boni iuiris, (presunción del derecho que se reclama), periculum in mora riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo) y/o periculum in damni (existencia de un fundado temor a que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra).

Ante la inexistencia de los mencionados requisitos y/o simplemente la omisión del Juez de Instancia de exigirlos antes de acordar cualquier medida en ausencia de una de las partes, se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso de quien se vea afectado con la medida, previsto en el artículo 49 de la Constitución.

Como puede apreciarse, el punto jurídico relevante para esta denuncia, es que el Juez de la recurrida seleccionó como única norma aplicable para pronunciarse sobre el secuestro, el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (interpretándolo aisladamente) IGNORANDO POR COMPLETO LA EXISTENCIA DEL VIGENTE ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en sus numerales 1 y 3, que es la norma más importante en lo que respecta a la protección del derecho a la defensa y al debido proceso, cuyos preceptos han sido ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisiones vinculantes, y en virtud del cual, debía revisarse si el Juez de Instancia había verificado los requisitos establecidos reiteradamente por la jurisprudencia patria que además se encuentran en el Código de Procedimiento Civil aplicable por analogía, para poder acordar medidas in limine litis, que son: demostración del fummus boni iuiris, periculum in mora y/o periculum in damni.

(...Omissis...)

En el supuesto que se considerarse que el contenido del artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios no tiene vacíos y efectivamente permitiría decretar y practicar el secuestro del bien in limine litis, sin citación de la demandada y sin estar llenos otros extremos, estaríamos en el supuesto de la COLISIÓN entre dicho artículo y la mencionada norma Constitucional, en cuyo caso debió haberse aplicado el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

(...Omissis...)

Es por ello que denuncio la infracción simultánea del artículo 20 del Código Adjetivo, porque al plantearse en la recurrida como único fundamento que el secuestro era licito simplemente porque está previsto en la Ley de arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 39, estaríamos en presencia de una colisión con el artículo 49 de la carta Magna, en sus Numerales 1 y 3, que el Juez de la recurrida recibió aplicar con preferencia, y al no hacerlo incurrió en una grave infracción de fondo con incidencia en el dispositivo del fallo.

(...Omissis...)

El señalado error de juzgamiento influyó determinantemente en el dispositivo del fallo porque en base a la errónea interpretación (aplicación aislada del artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios), concluyó: Que el secuestro fue “una actuación judicial efectuada por un Tribunal debidamente facultado para decretarla y otro para ejecutarla”; Que el secuestro había sido una conducta lícita que no podía calificarse de amenaza destinada a “arrancar” el consentimiento; y por ello concluyó, que no existían vicios del consentimiento de la demandada, declarando sin lugar la apelación, confirmando el auto de homologación de fecha 04/02/2002, y declarando sin lugar la impugnación de la transacción de fecha 18/01/2002. Obviamente que si hubiera aplicado la citada norma constitucional otra hubiera sido su decisión ya que si el secuestro fue inconstitucional, ningún juez tiene facultades para violar la Constitución y en consecuencia el acto fue una conducta ilícita y una amenaza capaz de “arrancar” el consentimiento para la desventajosa transacción porque colocó a la arrendataria en una posición desventajosa para seguir el juicio.

Por todo lo antes expuestos, queda demostrado que la recurrida incurrió en una omisión de aplicación del Artículo (Sic) 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus numerales 1 y 3, y en forma simultánea del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, siendo procedente la denuncia de errónea interpretación con fundamento en el Artículo (Sic) 12 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el Ordinal 2° del Artículo 313 ejusdem, máxime cuando la omisión de aplicación denunciada condujo a un menoscabo del derecho a la defensa y por ende a violentar el precepto del artículo 15 del mismo Código Adjetivo, y en consecuencia pido se establezca lo conducente para que el Juez de reenvío resuelva el fondo de la controversia en base a una correcta interpretación e la Ley...

(Negrillas y mayúscula del transcrito).

Alega el recurrente que habiendo impugnado ante la alzada, expresamente, tanto el auto que homologó la transacción por estimar que la manifestación del consentimiento de la demandada para dicho acto había sido consecuencia de amedrentamiento y presión, así como el procedimiento que se siguió para la practica de la medida de secuestro acordada en primera instancia, en razón de que la misma se fundamentó sólo en la preceptuado en el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios sin verificar si estaban cumplidos los requisitos exigidos para ese fin en el Código de Procedimiento Civil, asimismo que impugnó la citada medida por cuanto la estima inconstitucional pues ella se acordó in limine litis sin que se hubiese producido la citación de la demandada, hecho por el cual estima se violó el derecho a la defensa de su representada, infringiendo el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo que, en su opinión, trajo como consecuencia la violación del artículo 20 del Código Adjetivo Civil, que ordena aplicar con preeminencia las disposiciones constitucionales, cuando otras normas de menor jerarquía colidan con ellas; no obstante tales argumentos el ad quem confirmó la recurrida.

Para decidir, la Sala observa:

Del intrincado texto de la denuncia se infiere que pretende el formalizante acusar la errónea interpretación del artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Dicha norma establece:

La prórroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, decretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble, quedando afectada la cosa para responder al arrendatario si hubiere lugar a ello.

Por su parte, el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil prevé a tenor del ordinal 7 que se decretará el secuestro de la cosa arrendada, por vencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste del documento público o privado que contenga el contrato.

Ahora bien, en atención a la denuncia de errónea interpretación del artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, resulta oportuno transcribir lo que al efecto resolvió la recurrida:

...Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, así como el contenido de los artículos 1.719 y s.s. del Código Civil, referidos a las causales de nulidad de la transacción, es decir, estar fundada en el título nulo o documento falso o la existencia de sentencia ejecutoriada sobre el presente litigio y el artículo 1.146 eiusdem, relativo a los vicios en el consentimiento, en el que se incluye la violencia, que en el “...supuesto de la coacción moral, se trata propiamente de que el sujeto, colocado en la alternativa de escoger entre la celebración del negocio o el riesgo de sufrir el mal con el que se le amenaza, decide optar por la celebración del negocio. En tal hipótesis es claro que su “decisión” no es espontánea, que no ha sido causada por motivos que declarante haya podido discernir y valorar libremente”. (Cfr. MELICH Orsini, José: La Teoría de los Vicios del Consentimiento en la Legislación Venezolana. P.73).

De tal predicamento, observa quien aquí decide que no existe en el caso de marras motivo que justifique la nulidad de la transacción celebrada por las partes en fecha 18 de enero de 2002, homologada en fecha 04 de febrero del corriente año, pues si bien es cierto la demanda fundamenta su impugnación en que su consentimiento fue arrancado con violencia- lo cual no fue aprobado- en virtud de la medida de secuestro practicada; no es menos cierto, que esa violencia entendida como coacción oral no la genera una actuación judicial efectuada por un Tribunal debidamente facultado para decretarla y otro para ejecutarla, por cuanto sus conductas lícitas no pueden calificarse de amenazas, destinadas a “arrancar” el consentimiento (1146 del C.C). Además, la transacción fue consentida fuera del acto de ejecución de la medida y la demandada contaba con los recursos para defenderse, al estar asistida de abogado.

A tenor de lo expuesto, ratifica este Juzgador que no existe controversia entre las partes sobre puntos de derecho que puedan causar la anulabilidad de la transacción celebrada; igualmente la misma no esta fundada en titulo nulo o documento falso ni existe sentencia ejecutoriada sobre el presente litigio y no existiendo vicios del consentimiento de la demandada, pues, la medida de secuestro decretada –se repite- lo fue en virtud del mandato del artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, cuando una vez vencida la prórroga legal el arrendador solicitó al juez decretara el secuestro de la cosa arrendada y habiendo la demandada, en la oportunidad de la practica del secuestro, no ejercido los recursos que le otorgaba la ley, sino por el contrario consintió en celebrar transacción con la demandante, consecuentemente su conducta esta enmarcada, a criterio de esta Superioridad, dentro de los parámetros establecidos en el Código Civil, para consentir validamente en la transacción, sin que se pueda decir que fue arrancada con violencia. Y ASI SE DECIDE...

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Habiendo esta M.J. realizado el análisis de la citada norma confrontada con lo decidido por el ad quem, se constata que el juzgador del conocimiento jerárquico vertical acogió como procedente la práctica de la medida en cuestión, en virtud de que estaba vencida la prórroga legal del contrato y la misma había sido solicitada por el demandante. Asimismo, estableció que la demandada al no ejercer defensa alguna en la oportunidad de que se practicara la medida, debía entenderse que consintió en ella y lo que consolidó al aceptar celebrar la transacción.

Afirma el formalizante que la infracción del artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, influyó en forma determinante en el dispositivo del fallo al establecer la recurrida que el acto procesal de la practica de la medida, había sido realizada en forma lícita y, en consecuencia no podía calificarse como capaz de “arrancar” el consentimiento viciándolo.

Ahora bien, no encuentra la Sala que se haya interpretado erróneamente la norma en comentario por las razones de inconstitucionalidad expuestas por el recurrente, ya que la decisión del ad quem se circunscribe a declarar que la medida se fundamentó en los postulados de la denunciada norma y que por cuanto la practica de la medida se llevó a cabo con un funcionario con competencia para ejecutarla, dicha actuación judicial no puede entenderse como coacción y que siendo estas conductas lícitas, ellas no pueden catalogarse como amenazas destacando, igualmente, la ausencia de defensas esgrimidas por parte de la demandada en la oportunidad de practicarse el secuestro.

En atención a la delación de los artículos 12, 15 y 20 del Código de Procedimiento Civil y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, observa esta M.J. que no se produjo violación de los mismos en razón de que la alzada no infringió ninguno de los deberes que le establece el primero de los citados; no se evidenció violación alguna del derecho a la defensa, puesto que bien pudo la demandada ejercer las defensas pertinentes en contra de la medida que se intentó practicar y no lo hizo. Y en cuanto al quebrantamiento del artículo 20 del Código Adjetivo Civil, estima la Sala que el mismo no tenía aplicación en el sub iudice por cuanto no existe colisión alguna entre el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y las disposiciones constitucionales que hagan preeminente la aplicación de las últimas, pues el referido artículo prevé que, dadas determinadas circunstancias diferentes a las exigidas por el Código de Procedimiento Civil y que evidenció la alzada cumplidas en el caso bajo decisión, “el juez a solicitud del arrendador decretará el secuestro”.

Advierte la Sala que bajo el mandato expresado por la ley especial, no se hacía necesario previamente a la practica de la medida, la notificación de la demandada, razón por la cual se concluye que no se perpetró la violación del artículo 49 constitucional, así como tampoco del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

En oposición a lo planteado por el recurrente y con base a los razonamientos que preceden, concluye la Sala que fue correctamente interpretado el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, razón por la cual se declara improcedente la presente denuncia. Así se establece.

II

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia errónea interpretación del artículo 256 eiusdem.

Para fundamentar su delación, el formalizante alega:

...Ahora bien, el Artículo (Sic) 256 del Código de Procedimiento Civil establece:

(...Omissis..)

Como puede apreciarse, la norma en comento obliga al juez a homologar las transacciones si éstas versan sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones. Por argumento contrario, el Juez no puede homologar una transacción si versa sobre esa materia.

(...Omissis..)

El punto jurídico relevante para esta denuncia, es que el Juez de la recurrida seleccionó la norma correcta aplicable para las homologaciones (artículo 256 del Código de Procedimiento Civil), pero la interpretación que le dio al mismo es incorrecta, ya que ignoró la expresa excepción establecida en la norma que impide la homologación de transacciones sobre materias en las cuales están prohibidas, que no son otras que aquellas en donde esté involucrado el orden público.

Cuando el Juez de la instancia estuvo presente en la firma de la transacción, no dejó constancia de si ésta versaba sobre alguna materia prohibida, tampoco lo hizo en el Auto de homologación. Por su parte el Juez de la Alzada no revisó esa circunstancia, y la razón de no haber realizado la revisión que se le solicitó (con la apelación) fue justamente la interpretación errónea que le dio al artículo 256, apreciándose de la parte motiva de la sentencia, que en su criterio la homologación no es una efectiva decisión judicial.

El criterio correcto sobre el contenido y alcance del Artículo (Sic) 256, guarda relación con el eminente orden público del cual debe estar revestida la homologación, pues ésta la que permite ejecutar a una transacción

(...Omissis..)

Según se aprecia, en forma expresa el Legislador estableció la nulidad de cualquier acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de los derechos de los arrendatarios.

Es por ello que en los juicios de inquilinarios, como el del caso sub judice, el Juez no puede homologar una transacción sin primero revisar si se cumple o no con lo previsto en el Artículo 7° de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, lo cual, a semejanza de las transacciones laborales, solo puede verificarse cuando en la transacción existe una especificación inequívoca de los derechos sobre los cuales recae, que es la única manera en que el arrendatario puede apreciar si la transacción implica una renuncia, disminución o menoscabo de los derechos que le favorecen y que son irrenunciables.

Esta es la manera correcta de aplicar el Artículo (Sic) 256 del Código de Procedimiento Civil en un proceso inquilinario, donde la homologación de una transacción es una función jurisdiccional sujeta a revisión por parte de la Alzada, función que negó el Juez de la recurrida al incurrir en un error de interpretación con respecto al contenido y alcance de dicha disposición expresa de la Ley...

Acusa el formalizante que en aplicación del contenido del artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el ad quem debió abstenerse de otorgar homologación a la transacción celebrada en razón de que los derechos concedidos a los arrendatarios son de carácter irrenunciable, que al hacerlo interpretó erradamente el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil que establece que el juez no deberá homologar transacciones sobre materias en las que estas estén prohibidas.

Para decidir, la Sala observa:

Si bien el contenido del artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece la irrenunciabilidad de los derechos otorgados en ella a los arrendatarios, no es menos cierto que el precepto se violentaría si al inicio de la relación arrendaticia se establecieran en el documento contentivo del contrato condiciones que reflejaran la intención de obviar la invulnerabilidad de los derechos en comentario.

Ahora bien, una vez concluida la relación contractual, lo que efectivamente ocurrió en el sub iudice y así lo estableció la recurrida, en razón de la expiración del término convenido en el contrato, no existe impedimento alguno para que los contratantes, a fin de poner fin al litigio que surge por evidentes diferencias entre aquellos, lleguen a otorgarse concesiones recíprocas y resuelvan, con base a ellas, celebrar actos de autocomposición procesal. En este estado de las cosas, no existe el peligro de que se violente la voluntad protectora del legislador, pues ya no hay contrato, la relación feneció y el arrendatario al momento de suscribir la transacción, conocía los términos de la misma.

Por otra parte, al no haberse demostrado que el consentimiento de la arrendataria fue obtenido con violencia, no había motivos que justificaran la declaratoria de nulidad de la transacción.

Con base a los razonamientos expresados, concluye la Sala que no se produjo errónea interpretación de la norma adjetiva contenida en el artículo 256, ya que no habiendo intereses irrenunciables que proteger, mal podría el jurisdicente del conocimiento jerárquico vertical, revocar lo decidido por el a quo y negarle homologación a la transacción de marras.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Sala declara improcedente la denuncia analizada. Así se establece.

III

Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

El formalizante en apoyo de su delación alega que:

...Según se aprecia, en forma EXPRESA el Legislador estableció la nulidad de cualquier acción, acuerdo o estípulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de los derechos de los arrendatarios. Es por ello que en los juicios inquilinarios, como el de caso sub judice, el Juez no puede homologar una transacción sin primero revisar si se cumple o no con lo previsto en el citado Artículo 7°, lo cual solo puede verificarse cuando en la transacción existe una inequívoca de los derechos sobre los cuáles recae, que es la única manera en que el arrendatario puede apreciar si la transacción implica una renuncia, disminución o menoscabo de los derechos que le favorecen y que son irrenunciables.

(...Omissis..)

Entonces, la manera correcta de proceder por parte de la Alzada, al impugnarse la transacción y apelarse del Auto de homologación, era verificar si el Juez de Instancia había cumplido con su deber de verificar los supuestos del Artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, o en su defecto proceder a revisarlos él mismo, ya que ante la mínima sospecha de que no existiera en el acuerdo una especificación inequívoca de los derechos sobre los cuales recaía, que es la única manera en que el arrendatario puede apreciar si la transacción implicaba una renuncia, disminución o menoscabo de los derechos que le favorecían y que son irrenunciables, debió anular el acto (la transacción) y por vía de consecuencia la homologación.

Como puede apreciarse, el punto jurídico relevante para esta denuncia, es que el Juez de la recurrida seleccionó como única norma aplicable para las homologaciones el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil (interpretándolo en forma incorrecta, según se denuncia por separado, pues ignoró la expresa excepción establecida en el mismo que impide la homologación de transacciones sobre materias en las cuales están prohibidas, que no son otras que aquellas en las cuales está involucrado el orden público), pero lo más grave es que IGNORÓ POR COMPLETO LA EXISTENCIA DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS, que es la norma especial más importante en materia de nulidades de acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, donde además se aprecia el eminente orden público involucrado en los juicios inquilinarios y la irrenunciabilidad de los derechos de los arrendatarios.

Entonces, a pesar de apreciarse en autos que el Juez de la instancia cuando estuvo presente en la firma de la transacción, no verificó si el acuerdo era válido o nulo (conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ), y tampoco lo hizo en el Auto de homologación; el Juez de la Alzada no revisó esa circunstancia, y la razón de no haber realizado la revisión que se le solicitó (con la apelación) fue justamente la INAPLICACIÓN de la mencionada norma especial....

. (Lo resaltado del texto)1

Acusa el recurrente que el ad quem negó aplicación a una norma vigente, como lo es el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, al haber convalidado la decisión del a quo de impartir homologación a la transacción celebrada entre los contratantes, aun cuando, en su opinión, con dicho acto de auto composición procesal se vulneraban derechos irrenunciables establecidos en dicha ley.

Para decidir, la Sala observa:

Por considerarlo procedente y en aras de los principios de celeridad y economía procesales, esta M.J. reproduce aquí los argumentos esgrimidos en la decisión de la denuncia precedentemente analizada para declarar improcedente la presente delación, por la similitud de las infracciones planteadas, con el añadido de que no hubo infracción alguna de la norma acusada, ya que, se repite, la disposición citada protege los derechos de los arrendatarios y para exhibir esa condición debe necesariamente encontrarse vigente la relación contractual, de no estar cumplida esta condición, vale decir, estando extinguido el compromiso por vencimiento del término para el cual se suscribió, ya no hay derechos irrenunciables que proteger, no siendo aplicable, en consecuencia, el denunciado artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Con base a lo expuesto se declara improcedente la presente delación. Así se decide.

IV

Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y apoyo en el artículo 320 eiusdem se denuncia falso supuesto.

El recurrente alega:

“...En efecto, una de las bases fundamentales de decisión recurrida es la afirmación del Juez de mi representada “contaba con los recursos para defenderse, al estar asistida de abogado”, siendo dicha aseveración el hecho concreto al cual se refiere el falso supuesto denunciado, porque durante la practica del secuestro la demandada no contó con la asistencia del abogado, lo cual se demuestra con una simple lectura del Acta levantada al momento de practicarse el secuestro, que corre inserta en el cuaderno de medidas, evidenciándose entonces que al a quo afirmó un hecho falso, incurriendo en el vicio denunciado.

No obstante lo anterior, para el caso que se considerase que se trató de un error de redacción al no aclararse en cuales actuaciones estuvo la demanda asistida de abogado en cuáles no, la afirmación del a quo (“contaba con los recursos para defenderse, al estar asistida de abogado”) igual adolece del falso supuesto porque en ninguna parte del expediente está demostrado que estar asistida de abogado haya tenido como consecuencia que la demandada contara con recursos para defenderse, lo cual tampoco es necesariamente cierto en el derecho, porque:

  1. La asistencia del abogado durante la transacción no implica en modo alguno que la misma no haya sido obtenida bajo coacción, porque según expresamente se denunció la violencia estaba conformada por la “amenaza” de que si no suscribía un arreglo sería desalojada por el Juez Ejecutor quien retuvo la comisión a solicitud de la actora.

  2. La asistencia del abogado no da garantía alguna de que no se hayan violado derechos en la propia transacción, ya que existen causales de nulidad que son propias de los acuerdos relativos a las relaciones inquilinarias, previstas en el Artículo 7 de la Ley de arrendamientos Inmobiliarios, donde no se establecen excepciones por referirse a los derechos irrenunciables de los arrendatarios solo asemejables a los derechos irrenunciables de los trabajadores.

  3. Existen reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (entre otras el ampliamente conocido caso C.A.N.T.V.), donde se han anulado transacciones aunque los trabajadores hayan estado asistidos de abogados, cuando el Juez de Instancia no cumple con su función de verificar el resto de los requisitos previstos para que sea posible transar en un juicio donde está involucrado el orden público: que consten de manera inequívoca de los derechos sobre los cuáles recae la transacción, porque es la única manera de que el débil jurídico protegido por la irrenunciabilidad de sus derechos puede apreciar si se le perjudica o no con dicha transacción, es decir, que conozca las ventajas que le produce la misma.

Es por ello que afirmo, que al declarar en la parte motiva de la sentencia, que la demandada “contaba con los recursos para defenderse, al estar asistida de abogado” el Juez de la recurrida afirmó un hecho falso, no demostrado en autos y por el contrario estando demostrado una situación radicalmente opuesta, pues como consta en el acta de secuestro, durante su practica la demandada no estuvo asistida por abogado, y ese falso supuesto fue relevante para el dispositivo del fallo porque en base a ese argumento se declaró sin lugar la apelación y la impugnación.

La manera de proceder del Juez de la recurrida vulnera también el artículo 12 del Código Adjetivo por cuanto implica que el sentenciador no cumplió con su deber de “atenerse a lo alegado y probado en autos”...”.

Para decidir, la Sala observa:

La denuncia de suposición falsa o falso supuesto ha sido sometida, según el criterio sostenido por esta M.J. a una muy especial técnica que deberá cumplirse a efectos de que se proceda a conocerla, tales requisitos se han repetido insistentemente en múltiples sentencias así en decisión Nº 356 del 8 de noviembre de 2001, juicio G.N.B. contra E.L. & Compañía, expediente Nº 00-061, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, se ratificó lo siguiente:

“...La suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, ya sea porque “atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene” o porque “dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo” (parte final del primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil).

Por tanto, el vicio debe tratarse exclusivamente del establecimiento de un hecho, quedando excluida las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que, aunque sea errónea, no configura el vicio de suposición falsa.

En el sub iudice, el formalizante señala que el dispositivo del fallo es consecuencia de la suposición falsa en que incurrió el ad quem al establecer que del acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 8 de agosto de 1997, se constata su probable ilegalidad.

(...OMISSIS...)

De la transcripción realizada, se evidencia que cuando el sentenciador señala que “en criterio de quien decide, queda verificada, de un lado, la aparente existencia de un derecho o interés del solicitante que está corriendo un peligro de sufrir un daño irreversible y, de otro, la probabilidad de que la Asamblea impugnada sea ilegal”, está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión a la cual llegó, luego de examinar el libelo de demanda y la prueba constituida por el acta de Asamblea General Extraordinaria y, por tanto, no tratándose de un hecho, sino de una conclusión del Juez, ésta no es atacable como suposición falsa.

Los hechos extraídos por la recurrida de la documental mentada, son que la Asamblea se realizó en la sede de la empresa, que tuvo por objeto la modificación de una cláusula de su Estatuto Social y la sustitución de los miembros de la junta directiva; y no la determinación de la probabilidad de ilegalidad de la Asamblea, ya que esto constituye la consecuencia a que llega la recurrida luego del análisis de los alegatos y del material probatorio pertinente, con lo cual determinó o verificó el cumplimiento del fumus boni iuris.

La determinación de que existe una probabilidad de ilegalidad es producto de un proceso intelectual que debe llevar a cabo el juez y que implica la consideración de normas que prevean supuestos de hechos sancionables por su incumplimiento. La ilegalidad en general, no es el establecimiento de un hecho, sino la consecuencia del mismo que, al subsumirse en una hipotética norma, se determina o no su legalidad.

En consecuencia, al haber delatado el formalizante una consecuencia jurídica del hecho, como el “hecho” concreto falsamente supuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide...”. (Resaltado del Texto)

En la presente denuncia la recurrente plantea que el Juez Superior incurrió en suposición falsa, cuando estableció que, “...Además, la transacción fue consentida fuera del acto de ejecución de la medida y la demandada contaba con los recursos para defenderse, al estar asistida de abogado...”

Ahora bien, en el caso bajo análisis, la Sala observa que lo que pretende señalar como una suposición falsa en la que supuestamente incurrió la ad quem, es en realidad una conclusión jurídica a la cual arribó al determinar que habiendo estado asistida de abogado la accionada al momento de practicarse la medida, pudo ella haber ejercido los recursos que la ley le otorga, por lo que obviamente estamos en presencia –como se dijo- de una conclusión del Juez Superior, lo cual, al amparo de la jurisprudencia ut supra invocada, hace improcedente la presente denuncia. Así se decide.

Cabe destacar, para fundamentar aun más la improcedencia antes determinada que el formalizante no determina en cual de los supuestos previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, basa la suposición falsa en que estaría incurso el Sentenciador de Alzada, tampoco señala cuales fueron las normas jurídicas supuestamente infringidas por el ad quem, dado que –solamente- denuncia de manera aislada el artículo 12 eiusdem, sin mayor fundamento ni explicación, motivos por los cuales la presente delación tampoco cumple con los requisitos necesarios para denunciar una suposición falsa.

Por lo antes expuesto la Sala concluye en la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 8 de noviembre de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena al recurrente al pago de las costas procesales.

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al Tribunal de la causa Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial ya mencionada. Particípese esta remisión al Superior de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los . siete (7) días del mes de septiembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala-Ponente,

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C.O. VÉLEZ

El Vicepresidente,

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A.R.J.

Magistrado

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T.Á. LEDO

El Secretario,

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ENRIQUE DURÁN FERNANDEZ

Exp. Nº. AA20-C-2003-000045

El Magistrado A.R.J., consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba enmarcada en la denuncia por defecto de actividad contenida en el segundo capítulo.

En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.-

Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem.

Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

En Caracas, fecha ut-supra.

El Presidente de la Sala,

________________________

C.O. VÉLEZ

El Vicepresidente,

_________________________

A.R.J.

Magistrado,

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T.Á. LEDO

El Secretario,

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

Exp. Nº. AA20-C-2003-000045