Decisión nº 1405 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 10 de Noviembre de 2008

Sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada en ejercicio B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la co-demandante ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M.R..

Se condena en costas a la co-demandante ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M.R., por haber resultado vencida en la presente incidencia de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación a que se contrae el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 eiusdem. Líbrense las correspondientes boletas de notificación…” (sic).

9) Se evidencia al folio 39, diligencia de fecha 31 de enero de 2008, presentada por la abogada B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual apeló de la decisión dictada en fecha 30 de julio de 2007 por el Tribunal de la causa.

10) Se evidencia al folio 40, auto de fecha 08 de febrero de 2008, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante el cual ordenó efectuar cómputo de los días despacho transcurridos desde el día 24 de enero de 2008, fecha en que constó en autos la última notificación, exclusive, hasta el día 31 de enero de 2008, fecha en que la abogada B.C.P.V. interpuso recuso de apelación, inclusive. En consecuencia la Secretaria de ese Juzgado dejó constancia que había transcurrido cuatro (04) días de despacho.

11) Se evidencia al folio 41, auto de fecha 08 de febrero de 2008, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante el cual admitió en un solo efecto la apelación interpuesta por la abogada B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte actora, en consecuencia ordenó remitir copias certificadas al Juzgado Superior distribuidor, correspondiéndole su conocimiento a este Tribunal, el cual por auto de fecha 12 de marzo de 2008 (folio 46), le dio entrada y el curso de Ley.

12) Se evidencia al folio 44, auto de fecha 03 de marzo de 2008, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante el cual de conformidad con los artículos 25 y 109 del Código de Procedimiento Civil, ordenó corregir la foliatura.

INFORMES PRESENTADOS EN ESTA INSTANCIA

En fecha 04 de abril de 2008 (folios 48 al 54), la abogada B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte actora, ciudadanos EUCARIS M.M.R., Y.T.M.D.Z., L.M.M.S., D.M.D.C.M.S., O.A.R.M., A.M.R.M., M.C.R.M., R.J.R.M., J.M.R., EDVVYN M.R., NORKA M.R. y R.M.R., presentó escrito de informes, en los términos que se resumen a continuación:

En el intitulado “ANTECEDENTES”, señaló que en fecha 14 de diciembre de 2006, el Tribunal de la causa admitió la prueba de “Posiciones Juradas”, promovida por la parte demandada y que “…de conformidad con lo establecido con el numeral 2º del Artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, estableció para su evacuación “cinco (5) días como término de distancia para la ida del despacho de comisión y cinco (5) días como término de distancia para su vuelta y comisionó amplia y suficientemente al Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara para que cite a la ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M.R., titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.243.477, domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara, quién con el carácter que ha sido citada, deberá comparecer por ante este Juzgado en el SEGUNDO DIA DE DESPACHO, siguiente a aquel en que conste en autos su citación, a las nueve de la mañana, para que absuelva posiciones juradas a la parte demandada, ciudadano LINCOL WUES KEMAR M.G., y éste a su vez deberá absolver posiciones juradas a la parte actora, ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M.R., en el TERCER DIA DE DESPACHO, siguiente a aquel en que conste en autos la citación de la ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M., a las nueve de la mañana…” (Omissis).

Que el Tribunal de la causa libró las boletas y comisionó al Juzgado Cuarto de Municipio del Municipio Iribarren del Estado Lara, quien efectivamente cumplió con la comisión ordenada, citando a la ciudadana EUCARIS M.P.M.R., ordenándole comparecer por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el segundo día de despacho, siguiente a aquel en que constara en autos su citación, a las nueve de la mañana, a los fines de que absolviera posiciones juradas a la parte demandada promovente, ciudadano LINCOL WUES KEMAR M.G., por lo que una vez que el Alguacil de dicho Juzgado comisionado dejó constancia de la citación, procedió a devolver la comisión al Tribunal de la causa, quien una vez dejada la constancia de la llegada de la comisión y citación de la codemandante, transcurridos dos (02) días de despacho, celebró el acto con la única presencia del demandado promovente, y estampó las posiciones juradas a su representada ciudadana EUCARIS M.P.M.R., quién quedó confesa por no haber asistido a dicho acto.

Alegó la apoderada judicial de la parte actora, que dicha prueba fue mal evacuada, ya que el Tribunal a quo erró de manera “grave”, al disponer comisionar a un “Juzgado de Municipio” para citar a su representada, la ciudadana EUCARIS M.P.M.R., en la ciudad de Barquisimeto, donde tiene fijado su domicilio, para que “…absolviera posiciones juradas “ante el Tribunal comitente de Primera Instancia en esta ciudad de Mérida”, cuando lo correcto debió ser evacuar dicha prueba conforme lo establece el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, por tener la absolvente su domicilio en una jurisdicción distinta a la del Tribunal de la causa, por lo que el Tribunal aquo (sic), debió de oficio declarar la nulidad de dicha prueba, por violar una norma que es de orden público, según lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual solicité a dicho Tribunal, que de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del CPC (sic), revocara por contrario imperio tales actuaciones y repusiera la causa al estado de evacuar nuevamente dicha prueba de posiciones juradas…” (sic).

Que el Tribunal de la causa en fecha 30 de julio de 2007, declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa y condenó en costas a su representada ciudadana EUCARIS M.P.M.R., por haber sido totalmente vencida en esa incidencia, contra la cual ejerció oportunamente recurso de apelación.

Bajo el intertítulo “DE LA SENTENCIA RECURRIDA”, señaló la informante, que contra la sentencia interlocutoria recurrida, ejerció recurso de apelación, por considerar que la misma no está ajustada a derecho por las siguientes consideraciones:

En el numeral “PRIMERO”, manifestó la apoderada judicial de la parte actora apelante, que es preciso definir los términos en que “…“según la Ley” (sic), debe sustanciarse la evacuación de las Posiciones Juradas, muy especialmente cuando el absolvente se halla fuera del lugar del juicio, como el caso de marras; en tal sentido, el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil es muy claro al disponer lo siguiente: Art. 417: En caso de no hallarse el absolvente en el lugar del juicio, el Tribunal comisionará a otro Juez o Tribunal de la jurisdicción en que aquel se encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones, a menos que el absolvente prefiera comparecer a contestar ante el Juez de la causa, anunciándolo previamente al Tribunal…” (sic).

Que a tenor de lo dispuesto en el artículo anteriormente señalado, su representada la ciudadana EUCARIS M.P.M.R., debió absolver las posiciones juradas al demandado ciudadano LINCOL WUES KEMAR M.G., ante un Juzgado comisionado de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y no ante el Tribunal comitente, ya que así expresamente lo dispone el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, y en autos no consta la voluntad de su representada de absolver las posiciones en el Tribunal de la causa, que es la única excepción a la regla, lo que quiere decir, que “…dicha prueba fue mal sustanciada por el Tribunal aquo (sic), quién vulneró de manera flagrante el derecho a la defensa de mi representada y el debido proceso, ya que la absolvente no pudo asistir al acto de posiciones juradas por no vivir en esta ciudad de Mérida, quedando consecuentemente confesa, no obstante haber sido citada en la ciudad de Barquisimeto, que es donde tiene fijado su domicilio y donde debieron verificarse las posiciones ante el juez comisionado, por lo que dicha decisión interlocutoria le causa un gravamen irreparable, por lo que tal situación debe ser reparada y reestablecido el orden jurídico…” (sic).

Que dicha situación lesiona de manera flagrante el sagrado derecho a la defensa y al debido proceso, consagrado en los numerales 1 y 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el numeral “SEGUNDO”, manifestó la apoderada judicial de la parte demandante, que en el auto de admisión de la prueba en cuestión, el Tribunal de la causa fundamentó la evacuación en el ordinal 2º del artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

(Omissis):…

Art. 400: Admitidas las pruebas, o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los treinta días destinados a la evacuación; pero si hubieren de practicarse algunas mediante comisión dada a otro Tribunal, se hará el cómputo del lapso de evacuación del siguiente modo:

1º. …Omissis…

2º. Si las pruebas hubieren de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contarán a partir del auto de admisión: primero el término de la distancia concedido para la ida; a continuación, los días del lapso de evacuación que transcurran en el Tribunal comisionado, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, de lo cual dejará constancia el comisionado; y finalmente, el término de la distancia de vuelta…

(sic).

Que según lo establecido en el artículo anteriormente trascrito “…tampoco puede haber lugar a errores, ya que es muy claro al señalar que la evacuación de la prueba ha de realizarse en el Tribunal comisionado, y luego ser devuelta al Tribunal de la causa, por lo que dicho precepto fue “MAL INTERPRETADO POR EL JUEZ A QUO”, ya que no obstante fundamenta su auto de admisión de pruebas en dicho artículo, tergiversa totalmente el sentido del mismo, en perjuicio de los derechos y garantías que otorga el ordenamiento jurídico a mi representada…” (sic).

En el numeral “TERCERO”, alegó la apoderada judicial apelante, que en la sentencia recurrida el Tribunal de la causa, hizo referencia al artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, y señaló que existe una “…prohibición de comisionar a otro Tribunal para que evacúe (sic) las posiciones juradas…” (sic).

Que de la lectura del mencionado artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que “…tal prohibición es con relación a los tribunales que son “inferiores” al comitente, así pues, un Tribunal de Primera Instancia no puede en ningún caso comisionar a un Juzgado de Municipio la sustanciación de inspecciones judiciales, posiciones juradas, interrogatorios de menores y casos de interdicción, por lo que nada impide que un Tribunal de Primera Instancia comisione a otro Tribunal de Primera Instancia para que sustancie dichas pruebas, tal es el caso, por ejemplo, que se deba practicar una inspección judicial de un inmueble que esté ubicado fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, es decir, pongamos el caso que el Tribunal que conoce de la causa tenga su sede en la ciudad de Mérida y el inmueble donde se debe realizar la inspección judicial se encuentra ubicado en la ciudad de Puerto La Cruz, por lo que resultaría imposible –por razones prácticas y de jurisdicción- que el Juez que tiene su ámbito de acción en la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se traslada hasta la ciudad de Puerto La Cruz para realizar el mismo personalmente la inspección judicial; pues el caso es análogo con relación a las posiciones juradas que deben sustanciarse conforme lo establece el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil y no debe haber contradicción alguna entre ambos preceptos legales…” (sic).

En el numeral “CUARTO”, alegó la apoderada judicial de la parte apelante que el Tribunal de la causa, en la sentencia interlocutoria recurrida señaló que “…el Tribunal o bien comisiona a otro Juzgado de otra Circunscripción Judicial, para que ante el mismo se produzca el acto de la absolución de las posiciones juradas o bien puede comisionar a otro Tribunal de otra Circunscripción Judicial para la citación del absolvente en posiciones juradas, pero que absuelva las mismas ante el Tribunal de la causa” es decir, que según él, el Juez puede a su criterio, escoger cual de los dos caminos seguir, cosa que no es cierta en modo alguno, ya que tal y como fue anteriormente explicado, el camino es uno sólo y no dos, pero con la particularidad que en este caso el ciudadano Juez escogió un camino que no sólo es incorrecto e inexcusable, sino que además es lesivo al derecho a la defensa de mi representada y contrario al orden público, sin considerar que dado que el absolvente tiene fijado su domicilio en la ciudad de Barquisimeto, su obligación era sustanciar dicha prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 400, numeral 2 y 417 del CPC (sic)…” (sic).

En el capítulo denominado “PETITORIO”, señaló la representación judicial de la apelante, que siendo la materia probatoria garantía medular del derecho a la defensa y por ende de estricto orden público, a los fines de asegurar el debido proceso, el derecho a la defensa y procurar la estabilidad del juicio, solicitó se declarara con lugar el recurso de apelación ejercido y se ordenara la reposición de la causa, al estado de ordenar nuevamente la citación de las partes, para que absuelvan las posiciones juradas de conformidad con lo establecido en los artículos 400 y 417 del Código de Procedimiento Civil.

Este es el historial de la presente causa.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada la controversia incidental sometida por vía de apelación al conocimiento de esta Alzada en los términos que se dejaron expuestos, la situación jurídica a dilucidar en la presente sentencia consiste en determinar si la sentencia recurrida de fecha 30 de julio de 2007, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la cual declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, debe ser anulada, confirmada, revocada o modificada. A tal efecto, esta Superioridad hace previamente las consideraciones siguientes:

La doctrina ha sostenido que la reposición “es el efecto de la declaratoria de nulidad procesal. Ella sobreviene cuando ciertos vicios (esenciales, necesarios o accidentales) afectan la validez y eficacia jurídica de la forma y contenido de los actos” (H.C.: "Curso de Casación Civil", T. I. pág. 163). Las faltas susceptibles de anular cualquiera acto procesal son de derecho estricto y, por consiguiente, no deben ni pueden suplirse en forma arbitraria, pues la propia ley determina que sólo podrá declararse la nulidad en los casos determinados por ella, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez, y siempre que éste no haya alcanzado el fin al cual estaba destinado (art. 206 del Código de Procedimiento Civil). Siendo la reposición una actividad procesal de carácter restrictivo, la jurisprudencia de nuestro M.T. ha establecido reiteradamente que la misma debe perseguir una finalidad procesal útil, porque ella no tiene por objeto corregir, suplir, ni encubrir desaciertos, errores, imprevisiones e impericia de las partes, y tampoco acordarse por sutilezas, irregularidades de poca importancia o de mera forma, sino que su fin es remediar faltas del Tribunal que afecten el orden público o los intereses particulares de las partes, sin que ellas fueran culpables.

Cabe señalar que los criterios doctrinarios y jurisprudenciales citados en el párrafo anterior, actualmente se corresponden con las normas contenidas en los artículos 26, único aparte, y 257, in fine, de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que respectivamente establecen que “El Estado garantizará una justicia... sin formalismos o reposiciones inútiles" y que "No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Sentadas las anteriores premisas, este Tribunal para decidir observa:

De la revisión de las actas procesales, se evidencia a los folios 09 al 11, auto de fecha 14 de diciembre de 2006, mediante el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, admitió entre otras, la prueba de posiciones juradas, promovida por la apoderada judicial de la parte demandada, abogada B.J.R., en los siguientes términos:

(Omissis):…

PRUEBA DE POSICIONES JURADAS:

En cuanto a la Prueba de Posiciones Juradas promovida, este Tribunal abandona el criterio que ha sostenido en cuanto a la inadmisibilidad de la misma, por la violación de Normas Constitucionales y consecuencialmente la aplicación del control difuso de la Constitución, por consiguiente admite la referida prueba por cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva, y para la evacuación de esta prueba y de conformidad con el numeral 2º del Artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, se establece cinco (5) días como termino (sic) de distancia para la ida del despacho de comisión y cinco (5) días como termino (sic) de distancia para su vuelta y se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Primero del Municipio Irribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para que cite a la ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.243.477, domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara y civilmente hábil, quien con el carácter que ha sido citada, deberá comparecer por ante este Juzgado en el SEGUNDO DÍA DE DESPACHO, siguiente a aquel en que conste en autos su citación, a las NUEVE DE LA MAÑANA, para que absuelva posiciones juradas a la parte demandada, ciudadano LINCOL WUES KEMAR M.G., y éste a su vez deberá absolver posiciones juradas a la parte actora, ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M.R., en el TERCER DÍA DE DESPACHO, siguiente a aquel en que conste en autos la citación de la ciudadana EUCARIS MARYCRUZ (sic) P.M., a las NUEVE DE LA MAÑANA. Líbrese boleta, désela salida y remítase con oficio…

(sic) (Negritas y cursivas del texto copiado).

Asimismo observa esta Superioridad, que del escrito de informes presentado en esta instancia por la parte actora apelante, ésta expresamente señaló que el Tribunal de la causa, en la sentencia interlocutoria recurrida estableció que “…el Tribunal o bien comisiona a otro Juzgado de otra Circunscripción Judicial, para que ante el mismo se produzca el acto de la absolución de las posiciones juradas o bien puede comisionar a otro Tribunal de otra Circunscripción Judicial para la citación del absolvente en posiciones juradas, pero que absuelva las mismas ante el Tribunal de la causa” (sic), acotando que según el Juez de la recurrida, queda a criterio del juzgador, escoger cual de los dos caminos seguir, cosa que no es cierta en modo alguno, pues que tal y como antes explicó, el camino es uno sólo y no dos, pero con la particularidad que en este caso “el ciudadano Juez escogió un camino que no sólo es incorrecto e inexcusable, sino que además es lesivo al derecho a la defensa de mi representada y contrario al orden público, sin considerar que dado que el absolvente tiene fijado su domicilio en la ciudad de Barquisimeto, su obligación era sustanciar dicha prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 400, numeral 2 y 417 del CPC (sic)…” (sic).

Igualmente en el capítulo denominado “PETITORIO” de su escrito de informes, solicitó la recurrente, que siendo la materia probatoria garantía medular del derecho a la defensa y por ende de estricto orden público, a los fines de asegurar el debido proceso, el derecho a la defensa y procurar la estabilidad del juicio, se declarara con lugar el recurso de apelación ejercido y se ordenara la reposición de la causa, al estado de ordenar nuevamente la citación de las partes, para que absuelvan las posiciones juradas de conformidad con lo establecido en los artículos 400 y 417 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, los artículos 400, ordinal 2° y el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, establecen:

(omissis):

Artículo 400.- Admitidas las pruebas, o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los treinta días destinados a la evacuación; pero si hubieren de practicarse algunas mediante comisión dada a otro Tribunal, se hará el computo del lapso de evacuación del siguiente modo:

(…)

2° Si las pruebas hubieren de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contarán a partir del auto de admisión: primero el término de la distancia concedido para la ida; a continuación, los días del lapso de evacuación que transcurran en el Tribunal comisionado, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, de lo cual dejará constancia el comisionado; y finalmente, el término de la distancia de vuelta. No se entregarán en ningún caso a las partes interesadas los despachos de pruebas para los jueces comisionados. Si las comisiones no fueren libradas por falta de gestión del interesado, el lapso de evacuación se computará por los días que transcurran en el Tribunal de la causa.

Artículo 417.- En caso de no hallarse el absolvente en el lugar del juicio, el Tribunal comisionará a otro Juez o Tribunal de la jurisdicción en que aquel se encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones, a menos que el absolvente prefiera comparecer a contestar ante el Juez de la causa, anunciándolo previamente al Tribunal. (sic) (Negritas de esta Alzada)

.

De la revisión de las actas procesales, observa esta Alzada, que en el auto de fecha 14 de diciembre de 2006, mediante el cual el Juzgado de la recurrida admitió la prueba de posiciones juradas, expresamente ordenó que se comisionara “... amplia y suficientemente al Juzgado Primero del Municipio Irribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para que cite a la ciudadana EUCARIS M.P.M. (sic) ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.243.477, domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara y civilmente hábil, quien con el carácter que ha sido citada, deberá comparecer por ante este Juzgado en el SEGUNDO DÍA DE DESPACHO, siguiente a aquel en que conste en autos su citación, a las NUEVE DE LA MAÑANA, para que absuelva posiciones juradas a la parte demandada, ciudadano LINCOL WUES KEMAR MARQUEZ (sic) GOMEZ (sic) …” (sic).

Asimismo observa el sentenciador, que en la sentencia recurrida, de fecha 30 de julio de 2007, el a quo dejó establecido que:

(omissis):…

…Con respecto al punto planteado, el Tribunal comparte el criterio sustentado por el Dr. G.G.Q., en su obra “POSICIONES JURADAS”, mediante la cual obtuvo el Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, quien afirma:

De la lectura de los artículos 417 y 234 del Código de Procedimiento Civil se observa que no existe ninguna contradicción, pugna o colisión entre los mismos, pues no se presenta una oposición o pugna de principios que hagan imposible –como ha sostenido nuestro más Alto Tribunal de la República en casos similares- la aplicación simultánea de las consecuencias jurídicas al mismo supuesto de hecho, ya que como lo señala la doctrina, el intérprete, en cuanto sea posible, está en el deber de encontrar lo que se llama la conciliación, es decir, la eliminación de la pugna o contradicción y, por tanto, la posibilidad de coexistencia de las normas.

(…)

No se observa incompatibilidad o contradicción alguna, dado que si el absolvente se encuentra fuera de la localidad del Tribunal de la causa, éste comisionará a otro Juez o Tribunal de la jurisdicción en que aquel se encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones; siendo, entonces, que los artículos 417 y 234 pueden perfectamente coexistir y se pueden aplicar al mismo tiempo –mediante la correcta labor de conciliación- ambas normas conforme a los supuestos que cada una de las mismas contempla

(Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

Efectivamente el Tribunal considera tal como lo indica el citado autor, que no existe contradicción en las precitadas disposiciones legales toda vez que el Tribunal o bien comisiona a otro Juzgado de otra Circunscripción Judicial, para que ante el mismo se produzca el acto de la absolución de las posiciones juradas o bien puede comisionar a otro Tribunal de otra Circunscripción Judicial para la citación del absolvente en posiciones juradas, pero que absuelva las mismas ante el Tribunal de la causa tal como se evidencia al folio 188, y este último caso es precisamente al que se contrae el auto de admisión de pruebas de fecha 14 de diciembre de 2.006, tanto es así que en la boleta de citación para las posiciones juradas se le otorga al absolvente en posiciones juradas cinco (5) días como término de distancia para la ida del despacho de comisión y cinco (5) días como término de distancia para su vuelta, y precisamente tal actuación del Tribunal está cimentada o tiene su base legal en la aplicación del principio de la inmediación procesal…” (sic) (Negritas y subrayado son del texto copiado)

Observa quien decide, que el Juez de la recurrida efectuó una errónea interpretación de la doctrina citada, pues de la misma es claro que aún cuando no debe existir contradicción entre las mismas, la aplicación del artículo 417 eiusdem, ut supra transcrito, tiene preeminencia sobre la disposición contenida en el artículo 234, en cuanto a la celebración de las posiciones juradas, en virtud que la primera de las normas citadas, regula expresamente la referida prueba, en tanto la segunda es de aplicación general.

Acogiendo la doctrina del autor citado por el Juez de la recurrida, Dr. G.G.Q., tenemos que el intérprete, en cuanto sea posible, está en el deber de encontrar la conciliación o contradicción y, por tanto, la posibilidad de coexistencia de las normas. No obstante, considera quien decide que el aquo no aplicó tal doctrina, pues del análisis que hace el eminente doctrinario de ambas disposiciones legales, establece que: “…No se observa incompatibilidad o contradicción alguna, dado que si el absolvente se encuentra fuera de la localidad del Tribunal de la causa, éste comisionará a otro Juez o Tribunal de la jurisdicción en que aquel se encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones; siendo, entonces, que los artículos 417 y 234 pueden perfectamente coexistir y se pueden aplicar al mismo tiempo –mediante la correcta labor de conciliación- ambas normas conforme a los supuestos que cada una de las mismas contempla…” (sic) (Cursivas y negritas de esta Alzada).

Podríamos colegir entonces, que es de meridiana claridad el deber que impone al Juez de causa el contenido del artículo 417 adjetivo, el cual dispone que si el absolvente no se encuentra en el lugar del juicio, “el Tribunal comisionará a otro Juez o Tribunal de la jurisdicción en que aquel se encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones, a menos que el absolvente prefiera comparecer a contestar ante el Juez de la causa, anunciándolo previamente al Tribunal” de cuyo contenido se evidencia un mandato y no una facultad al Juez, para, a su discreción decidir donde han de verificarse, en este supuesto, las posiciones del absolvente no promovente.

Sin embargo, del mencionado auto de admisión de las posiciones juradas objeto del recurso sometido al conocimiento de esta Superioridad, se evidencia que el a quo, en evidente contravención del dispositivo legal a que se contrae el artículo 417 adjetivo, ordenó la citación personal de la absolvente, para que concurriera a absolver las posiciones juradas a la parte demandada, obviando que por estar la absolvente domiciliada fuera del lugar del juicio, el correcto proceder del Juez de la causa era comisionar un Juzgado del domicilio de la absolvente en el cual procediera ésta a absolver dichas posiciones juradas, con la aclaratoria que si la absolvente voluntariamente manifestaba su disposición de presentarse por ante el Juzgado de la causa a absolverlas, podrían verificarse en el lugar del juicio.

Igualmente evidencia esta Alzada, que en fecha 07 de marzo de 2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dio por recibido el despacho de comisión procedente del Juzgado Segundo del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante el cual se hizo efectiva la citación de la codemandante, ciudadana EUCARIS M.M.R., y en consecuencia advirtió a las partes que “…el término fijado para la celebración del acto de posiciones juradas a que se contrae dicha comisión, transcurrirá una vez vencidos los cinco (5) días acordados, como término de distancia de vuelta, en el auto de admisión de pruebas de fecha 14 de diciembre de 2006…” (sic) y por acta de fecha 14 de marzo de 2007, se efectuó el acto de posiciones juradas, en virtud de lo cual, de conformidad con lo establecido en la parte in fine del artículo 412 del Código de Procedimiento Civil, la ciudadana EUCARIS M.M.R., parte codemandante, quedó confesa en todas las posiciones estampadas por la abogada B.R., en su condición de apoderada judicial de la parte demandada.

Ahora bien, en cuanto a la reposición solicitada y ratificada por la parte apelante en esta instancia, referida a la fijación de nueva oportunidad para la citación de las partes, a los fines de absolver posiciones juradas, considera quien decide que tal como lo sostiene el criterio doctrinario citado ut supra, contenido en la obra de H.C., "Curso de Casación Civil", T. I., la reposición es el efecto de la declaratoria de nulidad procesal, que sobreviene cuando ciertos vicios (esenciales, necesarios o accidentales) afectan la validez y eficacia jurídica de la forma y contenido de los actos.

Igualmente se señaló, que las faltas susceptibles de anular cualquiera acto procesal son de derecho estricto y, por consiguiente, no deben ni pueden suplirse en forma arbitraria, pues la propia ley determina que sólo podrá declararse la nulidad en los casos determinados por ella, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez, y siempre que éste no haya alcanzado el fin al cual estaba destinado, tal como lo consagra el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, siendo la reposición una actividad procesal de carácter restrictivo, la jurisprudencia de nuestro M.T. ha establecido reiteradamente que la misma debe perseguir una finalidad procesal útil, porque ella no tiene por objeto corregir, suplir, ni encubrir desaciertos, errores, imprevisiones e impericia de las partes, y tampoco acordarse por sutilezas, irregularidades de poca importancia o de mera forma, sino que su fin es remediar faltas del Tribunal que afecten el orden público o los intereses particulares de las partes, sin que ellas fueran culpables.

Por los razonamientos que anteceden, considera quien decide, que efectivamente las actuaciones impugnadas, efectuadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial no están ajustadas a derecho, por cuanto las mismas no alcanzaron el fin al cual estaban destinadas, ya que la parte apelante, al quedar confesa en todas las posiciones estampadas por la promovente, quedó efectivamente disminuida en su derecho a la defensa, pues fue citada para comparecer a absolver dichas posiciones en un Tribunal situado fuera de su domicilio, circunstancia que le colocó en estado de desigualdad frente a su contraparte, pues los gastos de traslado le harían a ella más onerosa una prueba que no promovió, en virtud de lo cual considera el Juzgador procedente la solicitud de reposición de la causa al estado de citación de las partes a los fines de absolver posiciones juradas, de conformidad con lo establecido en los artículos 400 y 417 del Código de Procedimiento Civil, formulada por la abogada B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte demandante. Así se decide.

En consecuencia, en acatamiento de la normativa legal suficientemente señalada, este Juzgador acogiendo ex artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la reiterada y pacífica jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal, para garantizar a las partes los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, considerando que a la parte apelante le fue vulnerado su derecho a la defensa, al haberla hecho incurrir en confesión ficta en las posiciones juradas estampadas por la parte contraria, lo cual puede constituir un elemento determinante en el dispositivo de la sentencia definitiva que ponga fin a la causa, y, por cuanto el acto cuya nulidad se solicita no alcanzó el fin al cual estaba destinado, pues las posiciones en las cuales quedó confesa la parte apelante se celebraron en evidente contravención de normas de estricto orden público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206, 207, 208, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, en el dispositivo del presente fallo se ordenará la reposición de la causa al estado en que se encontraba para el 14 de diciembre de 2006, fecha en que el a quo procedió a admitir la prueba de posiciones juradas promovida por la abogada B.J.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, a los fines de su renovación, a cuyo efecto el Juez a cargo del Juzgado de la causa, debe proceder a pronunciarse nuevamente sobre la admisión de la referida prueba, y, en estricto apego a la normativa que regula la materia, proceda a comisionar a un Juzgado de la jurisdicción en que se encuentre la absolvente EUCARIS M.P.M.R., a lo fines de que ésta absuelva las posiciones que a bien tenga estamparle la parte promovente. Así se decide.

DISPOSITIVA

En orden a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en la presente causa, en los términos siguientes:

Declara CON LUGAR la apelación interpuesta el 31 de enero de 2008, por la abogada B.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la sentencia interlocutoria de fecha 30 de julio de 2007, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA en la presente incidencia.

Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declara CON LUGAR la reposición de la causa solicitada por la abogada B.C.P.V., en su condición de apoderada judicial de la parte actora, en virtud de lo cual se ordena la reposición de la causa al estado en que se encontraba para el 14 de diciembre de 2006, fecha en que el a quo procedió a admitir la prueba de posiciones juradas promovida por la abogada B.J.R., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, a los fines de su renovación, a cuyo efecto el Juez a cargo del Juzgado de la causa, debe proceder a pronunciarse nuevamente sobre la admisión de la referida prueba, y, en estricto apego a la normativa que regula la materia, ordene la citación de las partes y proceda a comisionar a un Juzgado de la jurisdicción en que se encuentre la absolvente EUCARIS M.P.M.R., a lo fines de que ésta absuelva las posiciones que a bien tenga estamparle la parte promovente.

Se REVOCA la decisión dictada por el mencionado Tribunal, en fecha 30 de julio de 2007, mediante el cual, declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa formulada por la recurrente.

Por la naturaleza del presente fallo, no se hace especial pronunciamiento en las costas del presente recurso, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Queda en estos términos REVOCADA la sentencia apelada.

Publíquese, regístrese y cópiese. Bájese el presente expediente al Tribunal de origen, en su oportunidad.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida, a los diez días del mes de noviembre de dos mil ocho.- Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

El Juez,

La Secretaria, H.S.F.

M.A.S.G.

En la misma fecha, siendo las diez y quince minutos de la mañana, se publicó la anterior sentencia, lo que certifico.

La Secretaria,

M.A.S.G.

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.- Mérida, diez (10) de noviembre de dos mil ocho (2008).-

198º y 149º

Certifíquese por Secretaría para su archivo, copia de la decisión anterior, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, debiendo insertarse al pie de la misma el contenido del presente decreto.-

El Juez,

La Secretaria, H.S.F.

M.A.S.G.

En la misma fecha se expidió la copia acordada en el decreto.

La Secretaria,

M.A.S.G.

Exp. 4822.-