Decisión nº KE01-X-2007-000202 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 14 de Noviembre de 2007
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Amparo Cautelar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Region Centro Occidental
Barquisimeto, catorce de noviembre de dos mil siete
197º y 148º
ASUNTO: KE01-X-2007-000202
Parte Recurrente: INSTITUTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO PORTUGUESA.
Apoderado Judicial: M.Y.Á.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 93.482.
Parte Recurrida: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, SEDE GUANARE.
Motivo: A.C..
I
Los Hechos:
En fecha 29 de Octubre del 2007, fue recibido por este Tribunal recurso contencioso administrativo incoado por Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Portuguesa. (INVITRAP), a través de su apoderado judicial M.Y.Á.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 93.482, Por Recurso De Nulidad contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa N° 00330-2007, de fecha 10 de Octubre de 2007 emanada de la Inspectoría del Trabajo sede Guanare del Estado Portuguesa, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor del ciudadano J.A.A.D.S., titular de la cédula de Identidad 4.305.565, así como también solicitan que se decrete A.C..
Dicho recurso fue admitido por auto en la fecha 01 de Noviembre del 2007, en el cual además de la práctica de las notificaciones correspondientes, se ordenó abrir cuaderno separado a los efectos de pronunciarse sobre la medida solicitada.
II
De la Competencia:
Ha sido jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, como lo son la sentencia del 20 de enero de 2000, caso E.M.M., sentencia del 01 de Febrero de 2000, caso J.A.M.B. y otros, sentencia del 08 de Diciembre de 2002, caso Yoslena Chanchamire Bastardo y sentencia del 20 de enero de 2000, caso D.G.R. contra el Ministerio de Justicia, de Relaciones Interiores, que atribuye la competencia a los Tribunales Superiores Contencioso Administrativo Regionales, contra instituciones publicas cuando estas violan derechos constitucionales, en consecuencia este Tribunal acepta la competencia y pasa a pronunciarse sobre lo solicitado.
III
Consideraciones para decidir
Considera la legislación venezolana, la posibilidad de efectuar una pretensión de amparo constitucional, conjuntamente con un recurso de inconstitucionalidad de leyes y demás actos estatales normativos o con un recurso contencioso administrativo de anulación o de abstención, tal posibilidad fue establecida por el legislador, en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.
Ahora bien, el artículo 3 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en su único aparte señala:
"La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia), si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad".
Por otra parte el artículo 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, expresa:
"La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria y efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos mientras dure el juicio".
De igual forma el párrafo 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que se podrán suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Es así, que la suspensión provisional de lo efectos de un acto administrativo de carácter particular constituyen una excepción al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige a los actos administrativos, es decir, que enerva la eficacia material de un acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, sujeta a dos condiciones, la primera de ellas cuando lo permita la Ley o bien para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva que se pueda causar al recurrente, y la segunda cuando este pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que sería el mérito de la causa principal.
En sentencia de fecha 20 de marzo de 2001, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa (Caso: M.S.V.), determinó la naturaleza del a.c. en los siguientes términos:
…Así, invariablemente ha entendido la doctrina del Alto Tribunal que en el caso de la interposición de un recurso contencioso-administrativo o de una acción popular de inconstitucionalidad de leyes y demás actos normativos, ejercidos de manera conjunta con el amparo constitucional, éste último reviste un carácter accesorio de la acción principal, al punto de que la competencia para conocer de la medida de tutela viene determinada por la competencia de la acción principal.
Dentro de ese contexto, luce adecuado destacar el carácter cautelar que distingue al amparo ejercido de manera conjunta y en virtud del cual se persigue otorgar a la parte afectada en su esfera de derechos constitucionales, una protección temporal, pero inmediata dada la naturaleza de la lesión, permitiendo así la restitución de la situación jurídica infringida al estado en que se encontraba antes de que ocurriera la violación, mientras se dicta decisión definitiva en el juicio principal…omissis…
En consecuencia, todo amparo constitucional, incluyendo por supuesto el cautelar, versa sobre elementos de orden constitucional ya que su objeto es justamente la protección de los derechos y garantías que otorga la Constitución, por lo que la solicitud de amparos cautelares solo puede considerarse si la pretensión se dirige a normas de rango constitucional.
IV
Caso Bajo Examen
Precisado lo anterior, considera este tribunal señalar que en el presente caso, no se evidencia presunción alguna de la solicitud de a.c. que derecho de rango constitucional le ha sido vulnerado a la parte recurrente para reestablecer su supuesta situación jurídica infringida causada por la trasgresión de un derecho constitucional, puesto que esta es la naturaleza del a.c., ya que de no ser así, se estaría utilizando la vía extraordinaria del amparo para fines que no le son propios a diferencia de la medida cautelar ordinaria que va referida a la revisión de normas de carácter sublegal. Se observa entonces que el amparo constitucional cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del accionante se concrete en un derecho o una garantía constitucional. Es decir, de todo amparo constitucional cautelar surge la necesidad de la apariencia de certeza o de credibilidad de un derecho constitucional invocado por parte del sujeto que solicita en amparo.
De igual forma se observa que la parte recurrente se limitó de manera general a solicitar el a.c. sin exponer los argumentos de hecho y derecho que consideraba pertinentes, así como los requisitos de procedencia que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del a.c. (fumus boni iuris y periculum in mora) los cuales necesariamente debían ser expuestos en la presente solicitud, ya que se trata de un mecanismo procesal diferente al recurso principal, lo que impide a este Tribunal determinar si en el caso de autos se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedencia.
Así las cosas, en el caso bajo análisis no se configuran los requisitos necesarios para la procedencia del a.c. solicitado, ya que al haberse limitado la parte recurrente sólo a solicitar de forma general el mismo, sin señalar la naturaleza y extensión de las presuntas violaciones que sobre sus garantías y derechos constitucionales se le haya transgredido en la esfera jurídica de sus derechos, pues no basta con indicar que se haya causado un perjuicio sino que deben señalarse los hechos o circunstancias específicas que considere la parte recurrente le han colocado en un estado de indefensión, aportando al libelo de la demanda los elementos suficientes que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la solicitud cautelar.
V
Decisión
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de a.c. solicitada Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Portuguesa a través de su apoderado M.Y.Á.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 93.482 en contra del Acto Administrativo contenido en la providencia administrativa N° 00330-2007, de fecha 10 de Octubre de 2007 emanado de la Inspectoría del trabajo del Estado Portuguesa sede Guanare, sin que tal decisión prejuzgue sobre el pronunciamiento del recurso principal, y así se decide.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento civil. Para la practica de la misma se comisiona al Juzgado del Municipio Guanare del primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado portuguesa.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los catorce (14) día del mes de Noviembre del año dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
El Juez Titular
Dr. F.D.R..
La Secretaria,
Abg. S.F.C.
Publicada en su fecha, a las 11:30 a.m. Seguidamente se libro comisión bajo Oficio N° 2026-07 al Juzgado del Municipio Guanare del primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado portuguesa y Notificación de la parte recurrente.
La Secretaria,
Abg. S.F.C.
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