Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 25 de Febrero de 2009

El 21-1-93, el Economista M.G., entonces Vicepresidente de Tesorería del BIV, denunció y ratificó bajo juramento ante la División General Contra la Delincuencia Organizada del entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que se intentaba negociar....

...con títulos-valores pertenecientes al Banco Industrial de Venezuela, a través de la...Casa de Bolsa del Banco Caribe; de inmediato se procedió a una revisión física de los títulos valores en custodia de la Gerencia de Valores del Banco Industrial...se detectó la falta de dos títulos valores originales identificados con los números 495 y 496, cuyo valor nominal es de $ 3.000.000,oo cada uno...quedó establecido que los títulos valores referidos, si fueron recibidos por la Casa de Bolsa del Banco del Caribe a objeto de ser negociados en el mercado de valores y que se corresponden con los originales faltantes detectados...se acordó paralizar todo tipo de negociación con los títulos valores involucrados

...

Efectivamente, en autos rielan copias de los mencionados Certificados Provisionales que representan, cada uno...

...la cantidad de TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 3.000.000,oo) que la República de Venezuela pagará al portador con un (1) Bono de la Deuda Pública Nacional Serie ´ C ´ de la TERCERA EMISION en US. Dólares

...

“...y se emitió de conformidad con el Artículo 1º de la ley que Autoriza al Ejecutivo nacional para realizar Operaciones de Crédito Público requeridas para Financiar el Plan Especial de Inversiones Públicas durante los años 1986, 1987 y 1988, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33.382 de fecha 3 de Enero de 1986 reformada parcialmente por la ley del 21 de Agosto de 1987, publicada en la Gaceta Oficial Nº 3.998 Extraordinaria de la misma fecha, con el Decreto Nº 1826 de fecha 12 de Noviembre de 1987, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.844 de la misma fecha, según Resolución del Ministerio de Hacienda Nº 639 de fecha 18 de Febrero de 1991, publicada en Gaceta Oficial Nº 34.663 del 26 de Febrero de 1991, y con la Ley Orgánica de Crédito Público y su Reglamento.

“El presente Certificado Provisional, deberá ser canjeado por el respectivo bono de la Deuda Pública Nacional de la Tercera Emisión en Dólares...y devengará intereses a partir de la fecha de su colocación a la tasa de un medio por ciento (1/2%) anual sobre la tasa interbancaria de Londres (LIBOR)...tomando como referencia un promedio de la tasa ofrecida por tres bancos de primera en la ciudad de Londres y pagaderos por trimestres vencidos. El primer pago de intereses se efectuará el día 13 de febrero de 1988 y los subsiguientes en la misma fecha calendario de los trimestres sucesivos.

“Queda entendido expresamente que este Certificado Provisional es suficiente y a partir de la fecha de su colocación, goza de los mismos beneficios económicos, términos y condiciones previstas para los Bonos, tal como si éste fuese el Bono definitivo de la mencionada emisión.

“El presente Certificado se expide en caracas a los seis (6) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno.

El Funcionario Autorizado (firma)

y en el reverso de ambos, un “CONTROL DE PAGO DE INTERESES”, verificándose en el mismo que comenzaron a ser pagados US $ 51.534,25 el 16-5-91, siendo el último pago allí reflejado el de US $ 29.294,76 el 20-11-92.

De ahí que el 21-1-93 aquella División policial...

...por cuanto de la misma se evidencia la presunta comisión de un delito de acción pública perseguible de oficio, se acuerda abrir la correspondiente averiguación sumarial, de conformidad con lo previsto en el Artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Criminal

...

y asi el Jefe de aquella División policial le solicitó al Jefe de Seguridad del Banco del Caribe...

...que sea paralizada cualquier tipo de negociación relacionada con los títulos-valores signados con los Números: 495 y 496 por un monto de tres millones de Dólares (Certificado Provisional DPN-12 de noviembre de 1995- LEY DEL 28 de Diciembre de 1985- Tercera Emisión en US. Dólares), los cuales tienen fecha de emisión: 13-11-87 y fecha de colocación: 20-11-87)

...,

constatando el 22-1-93 que la Gerente de Valores del BIV, en la Esquina de Doctor Paúl a S. deL., en el Piso 6 del Edificio Metropolitano, era la Licenciada N.O.M..

De ahí que el 25-1-92 ante esa División declaró la posteriormente acusada -y después absuelta-, Ojeda ...

...El día martes 19-01-93...teníamos que realizar un inventario de nuestros Títulos en Moneda Extranjera...el Tesorero se presentó con la carpeta en Original y yo con mi carpeta en copia...al final del conteo yo tenía diez copias de títulos de tres millones de dólares cada uno y en el físico habían solo ocho...Esos documentos están metidos dentro de un expediente, el cual se encuentra dentro de un Loquer (sic) y éste está dentro de la Bóveda de Seguridad...La única persona autorizada soy yo, pero C.C. tiene acceso a ellos porque él es la persona que prepara las correspondencias...Existe un control donde se anotan todas las carpetas que contienen títulos propiedad del banco o custodia y se revisa todos los días, es decir el libro, para sacar los vencimientos; una vez que se tienen identificados lo que se va a vencer...se meten en un sobre y se anexan a la planilla de cobros de intereses y se mandan a través del cobrador, ciudadano W.R., al Banco Central de Venezuela...se emite una autorización, para que sean retirados los papeles, bien sea por W.R. o C.C....Las fotocopias fueron sacadas fuera de la oficina, por cuanto nuestra fotocopiadora está dañada y la persona encargada de sacarlas fue C.C....lo autorizo verbalmente...La fecha exacta, ni la hora, la recuerdo...le sacó copia a todos los títulos del Decreto 1826, entre los cuales estaban incluidos los dos que luego se perdieron, porque de otra razón yo no tuviera las copias...No informé, por cuanto no consideré necesario informar que iba a sacar unos títulos a fin de fotocopiarlos...No recuerdo...Considero que es irregular, pero lo hice por la necesidad de sacar las fotocopias

...,

declaración ésta ratificada por ella, el 27-10-93 por ante el hoy extinto Juzgado 31º Penal de Caracas, ampliando allí su declaración el 6-4-94...

...LOS BONOS (DPN) SON AL PORTADOR? CONTESTÓ: ´ Si son...el Banco prueba el derecho de propiedad de esos Bonos mediante los comprobantes contables

...;

siendo que también ella fue entrevistada el 14-3-05 en la Fiscalía 19º a Nivel Nacional, del Ministerio Público...

...no se sacaron en la fotocopiadora que estaba en el área ya que se encontraba dañada desde hace un tiempo...estas fotocopias las sacó el ciudadano C.C. fuera de la gerencia...por las copias que yo tenía en mi poder se detecta que faltan dos originales...faltaban los dos últimos originales...esos bonos se habían sacado del BIV

...,

y el 31-8-06, ante la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública de la Coordinación Nacional de Dependencias Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas...

...nos dimos cuenta que faltaban dos originales

...

También en la causa declaró el Cobrador de la mencionada Gerencia del BIV, W.R....

...la persona autorizada para la custodia es la Gerente del Departamento y además la Licenciada N.O. lleva un libro o Agenda, donde aparecen señaladas las fechas de vencimiento de todos los documentos de valor que reposan en la Bóveda

...,

y de igual manera la entonces Secretaria de esa Gerencia, I.R....

...No existe control, cualquier persona de las que trabajan en la Gerencia de Valores, pueden pasar a la bóveda...desde hace aproximadamente tres meses se están sacando en otra oficina puesto que la fotocopiadora está dañada...documentos que se encuentran en custodia en el Banco...existe alguna comunicación escrita que autorice...sacar documentos de la bóveda? CONTESTÓ: ´ No ´

...,

quien también declaró juramentada en el entonces Juzgado 29º Penal de Caracas, el 4-3-99...

...Permanecían abiertas a partir de las 08:30 de la mañana hasta las 11:30 que las cerraba...entraban, C.C., Y.R. e inclusive yo...Cuando se encontraba la fotocopiadora dañada, se sacaban en reproducción, abajo en sótano...accesaba libremente...No había control

...,

Igualmente, en aquella División policial declaró la custodio del referido Banco, Amaloa Parra...

...quienes tienen acceso a las bóvedas de esa Gerencia? Contestó: ´ Todos los adscritos a la Gerencia, es decir, todo el personal que trabajamos en esa Gerencia ´...que personas tienen o saben la combinación de las bóvedas...? Contestó: ´ La Licenciada N.O....TIBISAY AGUILERA...I.R....LEDEZMA...Cualquiera del personal que labora allí, puede sacar las copias...esos títulos valores estaban guardados en la bóveda desde el mes de Diciembre, creo que fue el día 08-12-92, cuando Carlos los llevó a la Gerencia...Son sacadas fuera de la Gerencia, porque allí no hay fotocopiadora

...,

quien también depuso juramentada el 8-4-99 ante el entonces Juzgado 29º Penal de Caracas...

...existe algún Manual de Funcionamiento en el área...? CONTESTÓ: ´ No existía...El control consistía en mostrarle visualmente el documento al salir como al entrar con él, no había nada por escrito

...,

y el 11-9-06, ante la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública de la Coordinación Nacional de Dependencias Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas...

...quienes tenían acceso...? CONTESTÓ: ´ Los que trabajábamos allí, otras personas que laboraban en el Banco y algunos clientes que tenían cajas de seguridad en el Departamento...La Gerente y cualquier otra persona a quien ella autorizara...Conopoima, los demás, estábamos muy poco..verbal...la puerta blindada de la bóveda permanecía abierta todo el día y al finalizar las labores en la tarde, era que se cerraba

...

También depuso el Oficinista III del citado Banco, C.C., el 28-1-93...

...ha sacado fotocopias correspondientes al Decreto 1826 de bonos provisionales? CONTESTÓ: ´ Si, a petición de la Gerente de Valores, ciudadana N.O....pasa a la bóveda, saca los documentos, procede a entregármelos a mi y me dirijo a sacarle la copia...la fotocopiadora está dañada...control interno por parte de la custodia, señorita Amaloa, no existe, ni de salida, ni de entrada o reintegro de los documentos...he sacado documentos de la bóveda, directamente, por autorización de la Gerente...nunca tienen la combinación montada...nosotros tenemos que entrar constantemente a dicha bóveda a sacar carpetas y otros documentos...los empleados de la Gerencia de Valores no tenemos definidas las funciones...cualquier persona puede entrar a la bóveda

...;

pero, vale decir que de acuerdo a Actas Policiales del 25-9 y el 25-11-06, de la citada Dirección de Investigaciones, ésta encontró que Conopoima para éstas últimas fechas, respectivamente, “...se encuentra detenido en el Estado Trujillo, Valera, por el delito de Robo de Vehículo”..., y A.E.B. “...presenta antecedente por la División de Delincuencia Organizada...por uno de los delitos Contra la Propiedad...presentados ante el Juzgado 15º de Control”... .

Previamente, el 12-1-04, rindió entrevista ante la Fiscalía 19º del Ministerio Público, a Nivel Nacional, el ciudadano L.M. y dijo que...

...a finales de Julio del año 1992, los ciudadanos: V.F., A.E.B. y un señor de apellido Molina que le dicen ´ Figurita ´, se comunican conmigo y me informan que tienen la posibilidad de sacar unos bonos PDN del Banco Industrial; yo les digo que los saquen. Ellos me dicen que solo tienen una noche. Les digo que es suficiente, que tengo un amigo que tiene una tipografía en Los Frailes de Catia, que se presta para eso y así lo hacemos. Ellos, V.F., A.E.B. y un señor de nombre Corocaima (sic) que era quien trabajaba en el Banco Industrial, sacan los bonos del Banco. Me los llevan al Hotel Aventura en San Bernardino...los llevamos a la tipografía de un señor llamado Bravo que quedaba en Los Frailes de Catia, en la Calle Real de Los Frailes...me quedé en el carro, se bajan V.F. y A.E.B.. Los falsifican. Al día siguiente, en horas de la mañana, yo llamo al un (sic) conocido que era calígrafo de nombre Henry, quien realiza las firmas en los falsos para poder devolverlos al Banco Industrial, me quedo con los originales y se devuelven al Banco los falsos, luego de eso yo busco al Negro Torres (Torres Arellano). Se los muestro, el dudaba que eran los originales. El me dijo que lo dejara averiguar si eran o no los originales...Me los devolvió, luego el me llamó y me dijo que tenía que darles los bonos. Que tenía que confiar en él, ya que para poder negociarlos debía realizar unos tramites previos. Esos trámites los realizaron en una Notaría que quedaba en la Av. F.S., en Sabana Grande...R.T. y F.G....esos tramites esos solo los realizaron R.T.A. y F.G....les entregue los Bonos para que realizaran esos tramites...los Bonos siempre estuvieron en tenencia de R.T....se cayó la negociación...me entere por prensa que se supo de la sustracción de los bonos...quien se había robado los Bonos del Banco Industrial era el señor de nombre COROCAIMA (sic) quien trabaja en el Banco Industrial...tenia conocimiento que se dedicaban a la estafa, eran estafadores...lo hacían en oportunidades con documentos adulterados, ellos me lo ofrecieron a ver si con eso yo podía negociarlos...ellos me dijeron que A.E.B. era la persona que llevaba los Bonos al Banco Central de Venezuela para cobrar los intereses y así era como se iban apropiar de los bonos...Torres y F.G. conocían el modo...? CONTESTÓ: ´ Si, ellos siempre tuvieron conocimiento de quienes y cómo se sustrajeron los Bonos ya que yo se los dije en todo momento y también se los presenté. R.T. y F.G. conocieron personalmente a V.F., A.E.B. y a Molina...sabían que de la negociación el cincuenta por ciento de la ganancia era para V.F. y A.E.B.? CONTESTÓ: ´ Si, ellos tenían conocimiento...A R.T. lo conocí...cuando se realizaba las apuestas...en casino en Araba y F.G. siempre estaba con R.T.. Es lo que se puede llamar, un Atache, como su mandadero, siempre estaba en compañía de R.T....nunca supe que F.G. tuviera un hermano...Se lo quedó el negro Torres, ellos se quedaron con todo

...,

siendo que, efectivamente, de acuerdo a “Movimiento Migratorio” expedido el 14-9-06 por la Dirección de Migración y Zonas Fronterizas de la Dirección General de Extranjería del entonces Ministerio del Interior y Justicia, Marcano salió a New York el 27-12-92, regresando a Venezuela el 1-1-93; volviendo a salir allá y regresando el 16-1-93; haciendo diferentes regresos desde los Estados Unidos de Norteamérica el 30-1, el 15-2 y el 26-2-93, entre otras fechas posteriores de similar venida. Así, conforme al también “Movimiento Migratorio” del ciudadano F.G., éste regresó de New York, el 16-1-93.

El 19-9-06, fue entrevistado en la citada Dirección de Investigaciones, el ciudadano V.R....

...en el Banco Industrial de Venezuela, se había cometido un hurto...la empresa A.P.I. 911 obtiene en fecha 17-12-04 un contrato para solucionar el hecho antes mencionado. El Presidente de la empresa A.P.I. 911 me comisiona...para que haga las pesquisas necesarias...los sujetos que cometieron este hecho eran personas ligadas a salas de juego de envite y azar (casinos)...ubicamos en uno que está en el C.C.C.T, a un ciudadano de nombre L.M., alias ´ MARCANITO´...él manifestó que si tenía conocimiento...que para finales del año 1992 y principios del año 1993, fue contactado por un ciudadano de nombre A.E.B., quien era empleado del Banco Industrial de Venezuela y le manifestó que él se encargaba en dicho Banco de la cobranza y custodia de bonos...él tenía la oportunidad de apoderarse de cualquiera de esos bonos indebidamente...buscó a un amigo de nombre R.T.A., Alias ´ El Negro Torres ´. Éste le manifestó que estaba bien, que podía cometer el hurto de los bonos, pero que para ello tenía que sacarle un duplicado a los sustraídos para dejarlos en la bóveda, una vez cometido el delito...para ello contó con la complicidad de C.C. (sic), Alias ´ EL INDIO ´, quien manifiesta Marcano se encargaba de sacar las fotocopias de los bonos en dicho Banco, era un mensajero...hurtados los Bonos, A.E.B., se los entregó y se dirigió en compañía de V.J.F....realizaron los duplicados de los bonos...se los entregó a R.T.A. para que hiciera efectivo su cobro y los duplicados se los entregó a A.E.B. para que los devolviera a lo (sic) bóveda...para el viaje, dice Marcano, que tuvo que buscar la colaboración de varios amigos, entre ellos J.O.M., apodado ´ FIGURITA ´, quien es un jugador de los casinos y quien le prestó unos dólares americanos para comprar el boleto...Torres...se puede localizar en los casinos de Las Mercedes, Caracas

...

y también, entonces, el Técnico en Seguridad, A.L., asesor de citada empresa A.P.I. 911, “Asesoría de Protección Integral, S.A.”...

...Torres Arellano era un jugador, por esos lugares de juego, en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco...allí hubo una especie de gavilla, ya que todos estaban de acuerdo, incluyendo a R.T.A., quien desde un principio tenía conocimiento del hurto de los bonos, ya que ese había sido el convenio para ponerlos a la venta...Ojeda fue sorprendida en su buena fe

...

Por su parte, catorce años antes, el 26-1-92 había declarado el Ejecutivo de Cuentas del Banco Caribe, C.A....

El treinta y uno de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Dos, recibí una llamada a mi casa de parte de mi tío R.T.A., en la cual me pedía que cotización, es decir en cuanto se podía vender unos bonos DPN Tercera Emisión en Dólares...me llamó nuevamente...mostró interés en negociarlos y me dijo que buscara clientes a quien se le podían vender...le pedí a mi tío que llevara los bonos a la Oficina de Casa de Bolsa del Banco del Caribe...los bonos fueron llevados a la Oficina por el ciudadano F.G. a quien se le hizo un recibo de recepción de dichos bonos; posteriormente llevé los bonos personalmente al Departamento de Caja del Banco Central de Venezuela, en donde hablé con el señor Peña, el cual me ratificó la originalidad de los dos bonos...entre las ofertas probables que mostraron interés en adquirir dichos bonos se encontraba el BANKER TRUST de Nueva Your (sic), los cuales daban respuestas sobre dicha compra el día en que se nos dio a conocer que dichos bonos eran robados...yo llamé a Boston a exigir una explicación a mi Tío...me fue exigido su retorno al Banco del Caribe, el cual realicé de inmediato...En diversas oportunidades en las que hablé con el señor F.G. le pregunté de dónde provenían los bonos y él era reacio a responder

...;

el 1º-2-93 el Presidente de la Casa de Bolsa del Caribe, J.D....

...no sabíamos que eran propiedad del Banco Industrial de Venezuela...se verificó la legitimidad de los títulos en el Banco Central de Venezuela, obteniendo el conforme

...,

declaración ésta que ratificó el 27-10-03 ante el citado Tribunal.

Asimismo, el 2-2-93 el Ejecutivo de Cuenta del mencionado Banco, R.A., expuso...

...El día cinco de Enero se apareció el señor F.G. con dos títulos de la Deuda Pública Nacional, por un valor de tres millones dólares cada titulo...yo mismo realicé el certificado de custodia puro y simple...él se quedó con una copia de este recibo...y el original, presumo, que se quedó con el cliente. Básicamente había mucho apuro de parte del cliente de que se negociaran los títulos

...,

ratificando dicha declaración ante el mencionado Tribunal, el 16-11-93, cuando expuso...

...F.G., presentó ante la oficina de CASA DE BOLSA CARIBE, dos títulos de la Deuda Pública Nacional, convertibles en dólares por un valor cada uno de Tres Millones de Dólares, con la intención de negociarlos...me dispuse a efectuar un certificado de custodia pura y simple

...

De ahí que el Representante Judicial del Banco del Caribe, el 19-3-93 le informa a la citada División Policial que los 2 Certificados Provisionales “...fueron enviados al Banco Central de Venezuela, habiéndolos recibido el ciudadano Jefe del Departamento de Valores, señor HECTOR AROCHA”..., acompañándose, efectivamente, el referido recibo; lo cual también informó el 12-4-93 el Gerente de Seguridad del BIV: “...los referidos Bonos originales se encuentran bajo custodia en el Banco Central de Venezuela”... .

Es así que el 12-4-94, el mencionado Tribunal, decidió que en la causa en la que están como “...Indiciados: R.T.A. y GONZALEZ BRICEÑO, F.A.”...

...se evidencia que se ha cometido...HURTO SIMPLE...pero no así la Culpabilidad de persona alguna por cuanto no se sabe a ciencia cierta quien o quienes hayan hurtado los Títulos Valores signados con los números 495 y 496 de un valor nominal de 3.000.000,oo de Dólares cada uno, ya que...en la denuncia no existe ni siquiera señalamientos directos en contra de persona alguna...lo mas procedente y ajustado a derecho es MANTENER ABIERTA LA AVERIGUACION SUMARIAL de conformidad con lo establecido en el Artículo 208 del Código de Enjuiciamiento Criminal, hasta tanto surjan fundados indicios de Culpabilidad de persona alguna

...

Pero, ante ese Despacho, posteriormente, DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DESPUES, el 11-10-96, comparecieron y declararon los imputados: F.G....

...El 29 de diciembre de mil novecientos noventa y dos, mi hermano C.A.G.B., me envió desde el Perú...unos bonos para ser negociados...el día siguiente, treinta de diciembre de mil novecientos noventa y dos, fui a casa del Doctor R.T.A., y le propuse la compra de los Títulos de Valores...yo le había entregado al Doctor TORRES, copias fotostáticas de los originales...el día seis, fui a la casa del Doctor TORRES, me hizo entrega del Millón y Medio de Dólares en contra partida de los originales que yo le entregué, y el resto, es decir Millón y medio bajo un contrato de obligación entre ambas partes...como adquirió C.A.G.B., los Bonos en cuestión? CONTESTÓ:...a través de un corredor de bolsas internacionales...solicito que se me devuelvan los títulos

...

y el hoy penado...

...F.G.B....me hizo entrega de las copias fotostáticas de los referidos títulos...hice contacto con mi sobrino C.E.A.T., con el objeto de realizar la colocación de los referidos títulos a través de su persona...la Casa de Bolsa del Caribe...el día Seis de Enero de Mil Novecientos Noventa y tres, adquirí los dos títulos valores referidos, para lo cual le hice entrega a F.G.B., de una cantidad en Dólares Americanos y la otra parte en obligaciones contraídas por mi...Pertenecieron a C.G.B.

...,

quien también declaró el 15-4-99 ante el hoy extinto Juzgado 29º Penal de Caracas...

...Tratándose de títulos al portador, los certificados provisionales 495 y 496, no tenía razón ni justificación legal alguna para averiguar cuál era el origen, o como fue la forma de su adquisición...tengo posesión física de los títulos valores...En fecha 6 de Enero de 1993, recibo los orinales (sic) de dichos títulos de F.G.B.

...

Es así que riela en el expediente copia del Contrato suscrito el 6-1-93, entre éstos, en el que se lee que...

...con motivo de haber adquirido, en la fecha de hoy, mediante compra legitima, R.T.A., dos (2) Títulos Valores provisionales...TORRES ARELLANO, se compromete a pagar en los Estados Unidos de Norteamérica y, a (sic) F.G.B., la suma de: UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES

...

“...el lapso de treinta días (30) calendario, a partir de la colocación que de dichos Títulos Valores, realice en el mercado nacional, como internacional, la Casa de Bolsa Caribe, C.A.

CLAUSULA TERCERA: Como alternativa a la modalidad de pago estipulada en la cláusula primera, y si así lo considerara conveniente R.T.A., el pago correspondiente a su obligación se efectuará...mediante la entrega, a F.G.B., a través de un documento debidamente protocolizado, de un inmueble...ubicado en la Urbanización Las Mercedes, Avenida Orinoco, Quinta Nelizzy

...,

pero también riela copia de documento suscrito por González, el 6-1-93, en el que éste dice haber recibido del hoy penado...

...1.500.00,oo $)...a mi cabal y entera satisfacción, por concepto de la venta de dos (2) Títulos Valores o certificados provisionales...hago la cesión pura y simple de la tenencia y propiedad de los Títulos Valores aquí señalados al Ciudadano: R.T.

...

Pero en el Expediente riela la Copia Certificada del Informe Medico del 26-7-02, suscrito por funcionarios del Hospital General del Este “Domingo Luciani”; correspondiente al pacienteC.G., donde indica que egresó el 25-9-95, por fallecimiento a causa de...

...cirrosis hepática, encefalopatía hepática, hepatitis crónica y hemorragia digestiva superior

...

Es entonces que, el 23-10-96, el entonces Juzgado 31º Penal de Caracas, acordó...

...DEVOLVER LOS TITULOS VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, IDENTIFICADOS COMO CERTIFICADOS COMO (sic) CERTIFICADOS PROVISIONALES DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1995, LEY DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1.985, TERCERA EMISION EN US. DOLARES) US $ 3.000.000,oo

Distinguidos con los números 495 y 496, que se encuentran actualmente bajo custodia del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA a la orden de este Tribunal, al ciudadano F.A.G.B., por haber mostrado mejor derecho que el reclamante, BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.-

En consecuencia se ORDENA enviar comunicación a la Presidencia del Banco Central de Venezuela con el objeto de que le sean entregados al ciudadano F.A.G.B. los Bonos descritos con anterioridad

...,

siendo esto...

“...Revocado por Contrario Imperio...de acuerdo al Artículo 143 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual establece: que durante el Sumario no se admitirán reclamaciones ni tercerías, para la devolución de los efectos que constituyan el cuerpo del delito, cualquiera que sea su clase y la persona que los reclama.

“Ahora bien, como consta que éste Tribunal en fecha 12 de Abril de 1994, declaró Abierta la Averiguación conforme a lo establecido en el Artículo 208 del Código de Enjuiciamiento Criminal , en lo que respecta al delito de HURTO SIMPLE, artículo 453 del Código Penal, de los mencionados Títulos Valores, esto es, que se encuentra comprobado el cuerpo del delito antes tipificado, evidenciándose por lo tanto que el auto de fecha 23/10/96, el cual ordenó la entrega de los referidos Títulos Valores a F.A.G.B., es un auto de mera sustanciación, que contradice la norma antes mencionada, Artículo 143 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por lo que procede la REVOCATORIA por Contrario Imperio de dicho auto, por mandato expreso del Artículo 45 de nuestra Ley Adjetiva Penal.

En consecuencia, queda sin efecto el auto de fecha 23/10/96, por lo tanto se niega la entrega de los Títulos Valores Nº 495 y 496 de la DPN al Ciudadano F.A.G.B., en virtud de la potestad consagrada en el Artículo 45 del citado Código

...,

por el mismo Juzgado el 12-11-96; auto éste que apelado, dicho Tribunal acordó, el 28-11-96, no oir...

...dicha Apelación en virtud de que la decisión dictada es un Auto de MERA SUSTANCIACION, el cual no es apelable a tenor de lo dispuesto en el Artículo 53 del Código de Enjuiciamiento Criminal

...;

por lo que interpuesto Recurso de Hecho, el 5-12-96, el extinto Juzgado Superior 16º Penal de Caracas, acordó declararlo Sin Lugar.

Vale decir que en el mencionado Decreto Nº 1826 del 12-11-87 (Gaceta Oficial Nº 33.844 del 12-11-87), la Presidencia de la República acordó...

Artículo 1º...la TERCERA Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional en Dólares de los Estados Unidos de América

...

(...)

Artículo 4º.- Los Bonos serán emitidos al portador y serán colocados a su valor par. Devengaran intereses

...

(...)

Artículo 7º.- Los Bonos emitidos conforme al presente Decreto podrán redimidos a su Vencimiento

...

Riela en las actuaciones Informe del 8-5-95 de la Gerente de Inversiones del Banco Industrial de Venezuela en el que se lee que...

“...se efectuó a finales de Noviembre de 1994, un arqueo...se nos informó la existencia de los títulos Nº 495 y 496 por us$ 3 millones cada uno, que permanecen en custodia en esta institución debido a que se le sigue un proceso judicial.

“Antecedentes:

La adquisición de los Bonos de la Deuda Pública nacional en US $ se efectúa en 1987 cuando el BIV asume la Deuda Externa que poseía el banco de los Trabajadores de Venezuela (B.T.V.)

...

(...)

El 21/01/93 el BIV denuncia ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial la desaparición de dos Títulos Valores correspondientes a dos Certificados Provisionales (Nos. 495 y 496) de Bonos D.P.N. del Decreto 1826 por un monto de US $ 3.000.000,00 cada uno, lo que hace un total de US$ 6.000.000 propiedad del Banco Industrial de Venezuela, C.A., que se encontraban en custodia en esta institución

...

(...)

La custodia de dichos Títulos fue transferida...al Banco Central de Venezuela, donde se encuentran en la actualidad

...,

lo que se ve ratificado por el Acta de la Gerencia de Tesorería del BCV del 13-3-91.

De allí que el 16-1-97, el mencionado Juzgado 31º Penal de Caracas, de entonces, acordó...

...MANTENER ABIERTA LA AVERIGUACION SUMARIAL de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código de Enjuiciamiento Criminal en lo que respecta al HURTO CALIFICADO

...

(...)

...Decreta AUTO DE SOMETIMIENTO A JUICIO, en contra de la Ciudadana N.O.M....por la comisión del Delito de PECULADO CULPOSO

...,

toda vez que...

...se evidencia que la referida ciudadana, fue la persona designada por el Banco Industrial de Venezuela para Gerenciar el Departamento de Valores de dicha Institución, Departamento en el cual se encontraban depositados Títulos Valores extraviados. En tal sentido se refleja que la conducta de la precitada ciudadana fue negligente e incumplió con las ordenes o instrucciones impartidas por la referida Entidad Bancaria, ya que está comprobada la falta de control sobre los Documentos depositados en las Bóvedas a su cargo, al no velar de manera efectiva por la salida y posterior reintegro de los mismos, debiendo tener y ordenar un estricto control sobre esta particular, para que de esta manera, poder detectar y consecuencialmente denunciar cualquier irregularidad cometida , a la mayor brevedad posible, aunada a la circunstancia de que no existía ni restringía el acceso del personal a su cargo a las bóvedas en referencia

...

y en la misma fecha...

...LA DEVOLUCION DE LOS TITULOS VALORES DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, IDENTIFICADOS COMO CERTIFICADOS PROVISIONALES DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1999, LEY DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1985, TERCERA EMISION EN US DOLARES; Distinguidos con los números 495 y 496, que se encuentran actualmente bajo custodia del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, a la orden de este Tribunal, al ciudadano: R.T.A., titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.930.567; los cuales cada por un monto de TRES MILLONES DE DOLARES

...

...librese comunicación oficial, dirigida al Presidente del Banco Central de Venezuela, con el objeto de que le sean entregados al ciudadano: R.T.A., los Bonos descritos con anterioridad

...,

comunicación ésta que se libró. Pero el 23-1-97, la Fiscalía 31º del Ministerio Público, apeló de esta decisión, por lo que el 24-1-97 dicho Tribunal le libró oficio a la Dirección de Administración de la Deuda Pública de la Dirección General Sectorial de Finanzas Públicas en entonces Ministerio de Hacienda para que...

...se sirva SUSPENDER la Orden de Pago correspondiente a los Dos (02) Títulos Valores

...

De ahí que el 23-1-97 dicho Tribunal declaró...

...TERMINADA LA AVERIGUACION SUMARIAL...en lo que respecta al Delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PUBLICOS...e igualmente respecto al Delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO (RECEPTACION)...por cuanto la conducta desplegada por los ciudadanos: F.A.G.B. y R.T.A. no reviste carácter Penal

...

Ahora bien, el 18-8-97 el entonces Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público...

“...REVOCA la decisión...mediante la cual DECLARO TERMINADA LA AVERIGUACION...en lo que respecta al delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PUBLICOS...y en su lugar ORDENA LA PROSECUCION DE LA AVERIGUACION.

Igualmente, REVOCA la decisión que DECLARO TERMINADA LA AVERIGUACION en cuanto al delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DLITO, respecto a la conducta de los ciudadanos: R.T.A. y F.G.B....y en su lugar ORDENA PROSEGUIR LA AVERIGUACION

...el A-quo, dicho órgano jurisdiccional deberá, sí mismo, dictar medidas de aseguramiento sobre los Bonos...debiendo quedar los mismos a la orden de ese Despacho Judicial

...,

toda vez que...

...tanto el denunciante como la ciudadana N.O. señalan que el faltante de los Títulos 495 y 496 se detectó el 20 de enero de 1.993 y el ciudadano R.T.A., quien afirma haber adquirido dichos Títulos, señala que la negociación la realizó el 6 de enero del mismo año

...

(...)

“...considera procedente este Tribunal Superior, que el Juzgado de la Causa...practique...

1.- Nueva experticia

...

(...)

2.- Tomar declaraciones a todas las personas que prestaban servicio en el Banco Industrial

...

3.- Oficiar al Ministerio de Hacienda para que informe si ese Despacho lleva control y hace seguimiento a las negociaciones de Bonos de la Deuda Pública Nacional, emitidos al portador

...

El hoy penado se amparó contra este fallo, que le fue declarado Con Lugar el 12-12-97 por la Sala de Casación Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia...

...En consecuencia, anula la parte dispositiva del mencionado fallo que ordena al Tribunal...dictar medida de aseguramiento sobre los Bonos

...,

razón por la cual el 22-12-97, el Juzgado 31º Penal de Caracas acordó...

...DEJAR SIN EFECTO la Comunicación Oficial Nº 195-97, emanada de este Despacho en fecha 24-01-97, dirigida al Director de Administración de la Deuda Pública...mediante la cual ordenó suspender la Orden de Pago correspondiente a los mencionados Títulos Valores. En consecuencia, librese oficio dirigido a la referida Dirección

...,

lo cual no solo lo hizo así dicho Tribunal, sino que en la misma fecha libró el Oficio Nº 3049-07, al Presidente del BCV, solicitando...

...su colaboración a fin de que el Pago de los referidos Títulos se haga a la mayor brevedad posible

...,

y el 6-1-97 le libró el Oficio Nº 015-98 al Consultor Jurídico del entonces Ministerio de Hacienda...

...a fin de informarle que el ciudadano R.T.A....no le han proporcionado el disfrute de sus derechos de propiedad, y por ende el desacato de la decisión impartida, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo

...

Ahora bien, el 22-12-97 declaró ante el mencionado Juzgado 31º Penal de Caracas, el Gerente de la Gerencia de Inspecciones Sector D, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, E.C., afirmando que...

...el hecho de detectar el faltante de los títulos 495 y 496 en fecha 20/01/93, no significa que los mismos se hayan desaparecidos en esa misma fecha

...,

extendiendo la experticia que suscribió conjuntamente con otros profesionales de la mencionada Superintendencia, en Noviembre de 2007 en el que se concluyó que...

No fue posible verificar el físico de los referidos Certificados, ya que los mismos se encuentran en poder del Sr. R.T.

...

(...)

...se pudo evidenciar que los Certificados...fueron adquiridos, originalmente, por el Banco Industrial de Venezuela Sucursal Curazao. Igualmente no se pudo constatar los movimientos de entradas y salidas de títulos en la bóveda principal, por cuanto el Banco Industrial de Venezuela no mantenía para esa fecha los controles adecuados para tal fin

...

Es así que el 15-7-98, el entonces Juzgado 16º Penal de Caracas, recibió la Formulación de Cargos que en contra de Ojeda le formuló la Fiscalía 9ª del Ministerio Público a Nivel nacional con Competencia Plena, por el delito de Peculado Culposo, y en “CAPITULO SEPARADO. ACCION CIVIL” contra Ojeda por...

“...la conducta punible culposa llevada a efecto por la demandada, quien, por omisión de sus deberes de cuidado y resguardo, permitió que terceros sujetos se apoderasen legítimamente de títulos negociables...los cuales se pretenden hacer efectivos contra la República.

En efecto, el Banco Industrial de Venezuela, era tenedor legítimo de dos instrumentos negociables...son títulos al portador. Los citados bonos, por cuanto no fueron negociados nunca por dicho ente bancario, deberían aun hoy en día permanecer en su poder

...

(...)

...que se dicten medidas cautelares con carácter de urgencia, destinadas a revertir la posesión sobre los títulos...si los mismos fueron sustraídos mediante un acto delictivo, ningún otro negocio jurídico posterior puede servir de justo titulo posesorio

...,

razón por la cual dicho Tribunal, el 11-8-98, habida cuenta que...

“La acción de amparo acordada por la Corte Suprema de Justicia, en Sala Penal, a favor de R.T.A., que anula la medida de aseguramiento dictada en relación a los Bonos 495 y 496...se fundamenta en a) falta de delimitación temporal y b) falta de fundamento legal, de modo que no constituye limite al Tribunal de Juicio Penal acordar, si procede una medida cautelar, intentada como haya sido, la acción civil.

...los cargos formulados constituyen presunción fundada de que los Bonos 495 y 496, por falta de custodia, fueron a parar a manos de terceros

...

...Las medidas cautelares proceden para asegurar que no se haga nugatorio lo que se decida en el fallo definitivo

...

...acuerda sea diferido el pago de dichos Bonos hasta tanto se dicte la sentencia definitivamente firme

...,

y así se lo ofició en la misma fecha a la Presidencia del BCV, al Ministro de Hacienda y al Contralor General de la República.

Es así que el 30-11-99, el entonces Juzgado 2º Penal de Transición de este Circuito condena a Ojeda a 3 meses de prisión por el delito de peculado culposo y “...DECLARA SIN LUGAR LA RECLAMACION CIVIL”..., ello porque...

...fue negligente al no obrar en el desempeño de su cargo con el debido celo, no ejerció el debido control en las bóvedas a su cargo, en los cuales se custodiaban documentos de alta valía, como lo eran los Títulos-Valores, objeto del presente juicio; negligencia ésta que permitió la sustracción de los Certificados Provisionales...en la Gerencia de Valores del Banco Industrial de Venezuela, de la cual la ciudadana N.O.M. era la encargada, no había ningún control del personal que entraba y salía de la misma, ni de los documentos que sacaban de dicha Gerencia

...,

condena ésta que fue revocada el 1-6-00, de manera mayoritaria (con un Voto Salvado) por la Sala 5 de esta Corte de Apelaciones, absolviendo a Ojeda, en decisión en la que se admite que no hubo...

...mejores controles dentro de los diferentes departamentos, ya que ni siquiera existe un manual de normas y procedimientos referentes a la forma de llevar el Departamento de Valores...no se tiene tal Manual...al área de la bóveda cualquiera de los empleados de ese Departamento podía tener acceso

....

decisión ésta anulada parcialmente,...

...únicamente en lo que se refiere al particular tercero numerales 1 y 2 de su parte dispositiva

...,

a través de la Sentencia Nº 942 del 20-1-00 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la se decidió que quedaban...

...vigentes las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, hasta tanto haya pronunciamiento sobre el huerto y aprovechamiento de cosas provenientes del delito a que se refiere este fallo, o que se determine judicialmente la propiedad de los citados bonos

...,

en fallo en cuya motiva se lee que...

...tanto el accionante como los terceros intervinientes han reconocido en esta audiencia que los citados bonos estuvieron en posesión del Banco Industrial de Venezuela, C.A., al menos hasta el año 1992; y que el punto de discusión que a este respecto concierne es cómo los instrumentos en referencia salieron de la posesión del accionante

...

(...)

...la sentencia de amparo dictada por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia no...ordenó el pago de los bonos en cuestión...la sentencia objeto de la acción de amparo, pendiente ahora del recurso de casación, no ha adquirido firmeza

...

(...)

“...ya que, de ser cierta la existencia del hurto, sea cual fuere el tenedor legitimo de los bonos, éste se hallaría en posesión de bienes provenientes de delito, y su legitimo titular podría recuperarlos; y que, una vez terminada la averiguación, bien por disposición judicial o por determinación del Ministerio Público, es cuando podrá establecerse el status de los bonos, así como la titularidad de su posesión legítima.

Por las razones que anteceden, la Sala aprecia que la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones, al suspender las medidas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia y ordenar el pago de los bonos, se extralimitó en su competencia, causando perjuicio a los derechos del accionante, ya que, de hacerse efectivo dicho pago, no tendría el Banco Industrial de Venezuela, C.A., la posibilidad de recuperarlos, si es que a ello tuviere derecho

...,

lo cual concuerda con lo que había decidido antes, a través de la Sentencia Nº 834 del 2-12-98, la Sala Política-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia (Expediente14.768) mediante la cual le fue negada la acción de amparo constitucional interpuesta por Torres Arellano contra el Ministerio de Hacienda, porque...

“...la liquidación de títulos de crédito público de los cuales se dice legitimo poseedor, requiere un examen que escapa al poder del juez constitucional de amparo, pues existen otros mecanismos judiciales idóneos para el resguardo de los derechos involucrados, así como los procedimientos contradictorios específicos en nuestro ordenamiento jurídico para ello.

(...)

...de acordarse el amparo solicitado se estaría ordenando el pago del monto correspondiente al titulo e intereses correspondientes lo que equivaldría a la creación de una situación nueva

...

Ahora bien, por aquella decisión mayoritaria de la Sala Nº 5 de esta Corte, hubo efectos disciplinarios contra los magistrados que hicieron mayoría para dictarla. Es así que se pronunció la mencionada Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo Nº 4579 del 30-6-05…

“…la transmisión de derechos de los documentos al portador se producen con la entrega de éstos, y su reivindicación solamente podría proceder contra las personas que los tengan en su poder, bien porque los hallan sustraído o porque los hayan recibido de quien los sustrajo, pero siempre que conozcan el vicio en la posesión de estos títulos, tal como se aprecia de la norma contemplada en el artículo 130 del Código de Comercio que indica:

`La reivindicación de títulos al portador extraviados o sustraídos procede sólo contra las personas que los han hallado o sustraído y contra los que han recibido de aquéllas, por cualquier título, conociendo el vicio de la posesión ´.

(…)

“…esta Sala no puede pasar por alto que aun cuando se tratara de títulos al portador, en principio, sujetos a la transmisión de derechos sólo con su entrega, en el expediente judicial del caso existían elementos de juicio determinantes para cuestionar su procedencia, y por tanto, emitir un fallo distinto al dictado por la mayoría sentenciadora.

“En primer lugar, haciendo un seguimiento de los orígenes de los indicados títulos, se observa que mediante Decreto Nro. 1.826 de fecha 12 de noviembre de 1987, la Presidencia de la República procedió a la Tercera Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional en dólares de los Estados Unidos de América, hasta por la cantidad señalada en el referido decreto, destinados al financiamiento parcial del Plan de Inversiones Públicas para los años 1987 y 1988.

“De esta emisión, es posible constatar que el Banco Industrial de Venezuela celebró negociaciones para adquirir parte de estos títulos al portador, y de hecho en una revisión del expediente judicial signado bajo la nomenclatura 14.768 de esta Sala, por el cual fue negada la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano R.T.A. contra el Ministerio de Hacienda, se pudo corroborar la existencia física de fotostatos de los certificados provisionales Bonos DPN, identificados con los números 495 y 496, suscritos por el Contralor Interno del Banco Industrial de Venezuela.

“Entre otros aspectos importantes a resaltar, se desprende la existencia de varios documentos denominados “Relación para el Cobro de Intereses”, emitidos por el Banco Central de Venezuela, mediante los cuales se certifica, al menos por los años 1991 y 1992, el pago efectuado al Banco Industrial de Venezuela de los intereses producidos con ocasión de la colocación de la totalidad de los bonos, entre los cuales se encontraban los ya mencionados Nros. 495 y 496.

“Además, en el expediente administrativo de la presente causa, a propósito de la sentencia de fecha 18 de agosto de 1997, emanada del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, corre inserto al folio 110 de la primera pieza, la cita efectuada en esa decisión acerca de la inspección ocular practicada en el Banco Central de Venezuela, Sección Valores, mediante la cual el Jefe del Departamento de Valores informó:

`En principio el Ministerio de Hacienda informa mediante oficio HCP 1967 de fecha 20-11-87 a este Instituto sobre la venta del Certificado Provisional N° 1 por un valor de U.S. 215 millones de dólares correspondientes a la Tercera Emisión en Dólares, Decreto 1826 al Banco Industrial de Venezuela. Posteriormente en fecha 17-7-90 mediante oficio N° HCP 728 el Ministerio de Hacienda, informa a este Instituto para que efectúe el cange (sic) del certificado provisional N° uno (1) por la cantidad antes citada, por dos certificados provisionales números 1-A por un monto de 20 millones de dólares y 2-A por U.S. dólares 195 millones al Banco Industrial de Venezuela. Posteriormente estos dos últimos certificados son canjeados por un número de nuevos certificados provisionales entre los cuales se encuentran incluidos los números 495 y 496, los cuales pongo de manifiesto…(omissis)´.

´…Al preguntársele si podía indicar de acuerdo a la documentación y tramitaciones efectuadas por el Banco Central a quién pertenecen los certificados 495 y 496, contestó: No, hasta la fecha los certificados antes mencionados sólo han sido presentados para el cobro de intereses por el Banco Industrial de Venezuela´.

Como puede observarse, a diferencia del planteamiento sostenido, los jueces integrantes de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con excepción del Juez Elio Batoni Fernández, quien salvara su voto en la referida causa; tenían en sus manos elementos de juicio suficientes para decidir de una manera objetiva en favor del resguardo de la parte verdaderamente afectada con la situación, teniendo en cuenta que la decisión en los términos en que fue dictada, causó un perjuicio al Banco Industrial de Venezuela, dado que de haberse hecho efectivo el pago de los bonos a otra persona, no tendría la entidad bancaria reclamante la posibilidad de recuperarlos, ello aunado a la circunstancia que consta en autos, por la cual se presume la pérdida económica generada al Banco por no haber podido presentar oportunamente los títulos al Banco Central de Venezuela para hacer efectivo el cobro de intereses, además sujetos a la prescripción de ley y por tanto, no exigibles con posterioridad al transcurso del tiempo

… (Subrayado de esta Sala de la Corte de Apelaciones)

Antes de este fallo, habiéndolo solicitado el Ministerio Público el Sobreseimiento, el 2-5-01, el Juzgado 34º de Control de este Circuito no aceptó...

...el pedimento hecho por el...Ministerio Público...relativo al sobreseimiento de la presente causa, por cuanto que existen diligencias que practicar

...

...se acuerda la remisión de las presentes actuaciones al ciudadano Fiscal Superior de este Circuito

...,

argumentando que...

...el Ministerio Público ha sido contradictorio en sus pedimentos, es decir, en primer término solicita un sobreseimiento considerando así que había culminado la investigación, para luego señalar que existen diligencias que practicar

...

Es así que la Fiscalía 19º del Ministerio Público presentó acusación en contra de F.G. y el hoy penado por el delito por el que hoy está sancionado, por lo que el 16-9-03 se realizó la Audiencia Preliminar ante el Juzgado 4º de Control de este Circuito, en la que éste, libre de apremio y coacción expuso:

...si el Banco Industrial de Venezuela fuera el propietario de tales certificados, ¿por qué no se hizo impugnación alguna a esa decisión de aseguramiento de dichos certificados...de ser cierta la existencia del hurto, fuera cual fuere el tenedor legitimo, se hallaría en posesión

...;

siendo que González “...manifestó su deseo de no rendir declaración”...; acordándose la admisión “...en su totalidad la acusación planteada y se ordena el pase a juicio”..., publicándose el respectivo Auto el 30-9-03.

De allí que el 29-1-04 se inició el Juicio Oral y Público ante el Juzgado 15º de Juicio de este Circuito, en el que, libre de apremio y coacción, expusieron, el hoy penado lo siguiente:

...el Banco Industrial de Venezuela no poseía registros contables con relación a los certificados provisionales...el 06-01-1993 recibió los certificados...no sabe cómo obtuvieron esos Bonos ya que los mismos son títulos al portador y por ello no existe ningún registro...que esos títulos carecen de registro contable, por ello es imposible determinar la propiedad

...,

y González que...

...los bonos se los envió su hermano con un amigo; que no se acuerda de su nombre...suscribieron un contrato privado...que no está seguro cuando falleció su madre

...

Es así que de las actuaciones se desprende que en ese juicio, juramentados, declararon:

• El denunciante Gómez...

...le informaron que se estaban negociando unos títulos propiedad del Banco Industrial de Caracas...identificó que los títulos que faltaban eran los que estaban vinculados en el alerta que dieron los de seguridad

...

• La absuelta Ojeda...

...en Enero del 93 se pasó una información diciendo que en la Casa de Bolsa del Banco Caribe se estaban negociando unos papeles, al parecer del Banco Industrial de Venezuela...se dieron cuenta que son unos papeles de Curazao que están en custodia, no son de Caracas...faltaban dos títulos, de tres millones de dólares cada uno...las fotocopias se sacaron...no en su Departamento...ella no recuerda si cotejó las copias con los originales...pertenecían al Banco Industrial de Curazao y fueron trasladados al Banco Industrial de Caracas en custodia, a los fines de la cancelación de los intereses...habían otras personas que tenían acceso a la Bóveda de su área...cualquier persona de su área podía tener acceso a la misma; que en su área laboraban como seis o siete personas más...que esa negociación viene del BTV, existen registros contables

...

• El Administrador que laboraba en el Área Financiera del mencionado Cuerpo de Investigaciones, el Licenciado J.R., quien realizó Experticia Contable, sobre la cual dijo que...

...se solicitó copia certificada de los documentos que acreditaban la existencia de dichos Bonos...que existía un recibo donde consta que el Banco Industrial de Venezuela recibió dichos Bonos...en los registros contables aparecen la entrada de los 194 Bonos...que el Titulo al Portador puede ser de cualquier persona que la (sic) posea...un Titulo al Portador no tiene nombre ni apellido, por ello puede ser de cualquier persona que lo posea

...

• El Experto Contable de la División de Experticia Financiera del mencionado Cuerpo policial, W.V., que sobre tal Experticia, dijo...

...el Banco Industrial de Curazao le da en custodia al Banco Industrial en Caracas, los Bonos y ello consta del recibo...ellos determinaron el traspaso que hubo del Banco Industrial de Curazao al Banco Industrial de Venezuela de los Bonos...reflejaron en la experticia que el Banco Industrial de Venezuela recibió la cantidad de 496 Bonos...existió un recibo donde se acreditaba la transferencia por parte del Banco Industrial de Venezuela en Curazao al Banco Industrial de Venezuela en Caracas

...

• El experto, el Licenciado en Contaduría Pública, E.C....

...se evidencia la adquisición de certificados provisionales D.P.N. signados con los números 496 (sic) y 496 por parte de dicho Banco, que el Banco Industrial de Venezuela adquiere los certificados del Banco Industrial con sede en Curazao...se dejó sentado el origen y la adquisición de los certificados por parte del Banco Industrial de Venezuela; que todos los registros contables con relación a esos Bonos fueron chequeados...los certificados fueron sorteados el 495 en el 93 y el 496 en el 94; que en fecha 12-11-97 hubo la cancelación de intereses por parte del Banco Central de Venezuela al Banco Industrial de Venezuela...identificados con los Nº 495 y 496, durante los periodos trimestrales desde el 13-08-91 al 13-11-92...que ellos no evidenciaron si los mismos fueron negociados posteriormente por el Banco...que el hecho de que no se lleven los controles adecuados en un Banco, pudiera dar lugar a que se extravié algún titulo

...

• La experto, la Economista M.P., de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras...

...los mismos fueron adquiridos por el Banco Industrial de Venezuela en la sucursal de Curazao, por cuenta del Banco Industrial de Curazao; que examinaron todos los comprobantes suministrados por el Banco Central de Venezuela y el Banco Industrial de Venezuela...esos certificados son adquiridos por las personas interesadas a través del Banco Central de Venezuela; que normalmente es a través de las Casas de Bolsas que se adquieren los certificados; eso es en el mercado secundario, pero cuando es en el mercado primario es a través del Banco Central de Venezuela

..., y

• El Consultor en Organización Empresarial R.A....

...el señor que tiene la chaqueta de color marrón que está en la sala, como la persona que para la fecha se presentó a la Casa de Bolsa con los Bonos (SE DEJA CONSTANCIA QUE SEÑALÓ AL ACUSADO F.A.G.

...,

juicio éste del que resultaron absueltos los acusados en decisión del 23-3-04, en Sentencia publicada el 12-4-04, en cuya motiva se lee que...

En general, de la evacuación de las pruebas traídas al debate...quedó suficientemente acreditada la materialidad de la procedencia de los Títulos Valor...adjudicados al Banco Industrial de Venezuela en Curazao

...

Tales papeles se encontraban bajo la custodia en las bóvedas de la oficina principal de la citada institución bancaria en esta ciudad de Caracas, de donde fueron sustraídos en el lapso comprendido entre el 20/11/92 y 06/01/93

...

(...)

...el extravío de los Títulos-Valor al portador identificados con los números 495 y 496, los cuales se encontraban bajo custodia en las bóvedas del banco antes mencionado, lo cual quedó acreditado

...

Así tenemos, que ha quedado plenamente demostrado que efectivamente los hoy acusados negociaron con los Títulos-Valor al portador signados con los números 495 y 496...con la intención de adquirir dichos bonos

...

(...)

...no se demostró en ningún momento que R.T.A. y F.G.B. conociesen la procedencia de los Bonos al Portador al momento de negociar con ellos

...

(...)

...TORRES ARELLANO, adquirió los títulos en desconocimiento de su ilegitima procedencia y el ciudadano F.G.B. aceptó servir de mediador para la negociación de tales títulos sin siquiera verificar la legitimidad de la procedencia de los mismos

...,

y que fue anulada el 19-7-04 por la Sala 3 de esta Corte, en fallo en cuya motivación se lee que en la recurrida se dejó...

“...asentado de esta manera la materialidad del delito principal, el cual generó el hecho punible accesorio que se le imputa a los acusados, como lo es el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO...quedando de esta manera demostrado que los títulos valor...adjudicados al Banco Industrial de Venezuela en Curazao y que estuvieron en las bóvedas del mismo Banco con sede en caracas, en el lapso comprendido entre el 20-11-92 al 06-01-93, fueron sustraídos y aprovechados.-

Concluyendo así la sentencia recurrida, que los certificados provisionales Nº 495 y 496 fueron ilícitamente sustraídos y por lo tanto, cometiéndose un delito contra la propiedad en perjuicio del Banco Industrial de Venezuela

...

(...)

...el adquirente, visto el tramite, naturaleza y monto económico del objeto material, estaba en capacidad de apreciar la índole punible del acto que realizaba...la premura en la negociación ya que la operación siendo de tal naturaleza culminó al día siguiente de haberse ofertado, el juez omitió examinar, según la lógica y las máximas de experiencia

...

(...)

...la Juez de la recurrida omitió analizar pruebas

...

Remitida entonces la causa al Juzgado de la hoy recurrida, el 2-10-06 se acordó...

...la Separación de la Causa, fundamentándose en la actitud contumaz manifestada por el acusado: F.A.G....conforme a lo establecido en el artículo 74, Numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal

...

2. DEL JUICIO DEL QUE SE DERIVO LA RECURRIDA.-

   Iniciándose el 20-4, el mismo se desarrolló entonces en 24 sesiones, siendo las siguientes, las del 9 y 23-5, el 14 y el 27-6, el 6,17,18, 23 y 27-7, el 13-8, el 4, 6, 14 y 28-9, el 11 y 17-10, el 6 y 20-11, el 5 y 14-12-07 y el 9,10 y 11-1-08. Todo lo acontecido en él quedó reflejado en su respectiva acta.

   Iniciándose dicho Juicio, el Ministerio Público expuso su acusación, en el sentido que en 1987...

   “...el Presidente de la República dictó el Decreto 1.826, el cual apareció publicado en la gaceta oficial número 33.844, de fecha 12 de noviembre de 1.987, mediante el cual se le adjudica al Banco Industrial de Venezuela, la cantidad de doscientos quince millones de dólares americanos ($ 215.000.000,oo), representados en el certificado provisional número 1, correspondiente a la tercera emisión de bonos de la deuda pública nacional, en dólares americanos, emitido para financiar el plan especial de inversiones públicas durante 1986, 1987 y 1988 de fecha 3 de enero de 1986; ...la emisión de bonos de la deuda pública nacional se hizo con la exclusiva finalidad de que el Banco Industrial de Venezuela tuviera a disposición los recursos necesarios para hacerle frente a la deuda contraída con los bancos acreedores, por ello, nunca fue la intención de que estos bonos de la deuda publica nacional fueran negociados en el mercado secundario. posteriormente, en fecha 13 de julio de 1990, ese certificado número uno fue canjeado por los certificados provisionales números 1-a, con un monto de veinte millones de dólares americanos (US $. 20.000.000,oo) y 2-a, con un monto de ciento noventa y cinco millones de dólares americanos (US $. 195.000.000,oo); los cuales, a su vez, fueron luego sustituidos, en fecha 13 de marzo de 1991, por cuatrocientos noventa y seis (496) certificados de distintas numeraciones, series y valores nominales, entre los cuales se encuentran dos certificados provisionales de la serie g, por un valor nominal de tres millones de dólares (US $ 3.000.000,oo) cada uno, identificados con los números 495 y 496. posteriormente, en fecha 22 de agosto del año 1991, el Banco Industrial de Venezuela, oficina principal, en la ciudad de caracas, recibe en calidad de custodia la cantidad de ciento noventa y cuatro certificados, por un monto total de ciento setenta y nueve millones ciento noventa mil bolívares (Bs. 179.190.000,oo), entre este grupo de certificados, se encuentran los certificados números 495 y 496, correspondientes a la serie g, por un valor de tres millones de dólares (US $. 3.000.000,oo) cada uno; quedando depositados en las bóvedas de dicha institución bancaria. Esto con la intención de proceder al cobro de intereses ante el Banco Central de Venezuela, para lo cual resulta requisito “sine qua non”, la presentación en taquilla de los certificados en forma original. En estas bóvedas, permanecen los citados certificados provisionales, con certeza, hasta el 20 de noviembre de 1992, fecha de la última cancelación de intereses por parte del Banco Central de Venezuela al Banco Industrial de Venezuela, previa presentación de los originales de dichos certificados. Ahora bien, en una fecha imprecisa, en el lapso comprendido entre el 20 de noviembre de 1992 y el 06 de enero de 1993, los certificados provisionales números 495 y 496 fueron sustraídos de las bóvedas de la oficina principal del Banco Industrial de Venezuela, en la ciudad de caracas, lugar en el que se mantenían en custodia, a favor del Banco Industrial de Venezuela sucursal curazao, propietario de dichos certificados. En fecha 31 de diciembre de 1992, el ciudadano R.T.A., entabla comunicación con su sobrino cesar enriqueA.T., quien para esa fecha trabajaba como ejecutivo de cuentas en la Casa de Bolsa del Caribe, C.A, y le solicito una cotización sobre unos certificados provisionales representativos de la deuda pública nacional, específicamente los identificados con los números 495 y 496 correspondientes a la serie g, por un valor de tres millones de dólares (US $. 3.000.000,oo) cada uno, emitidos por el Ministerio de Hacienda con base al Decreto número 1826 de fecha 12 de noviembre de 1987, es decir, los mismos títulos valores que fueron sustraídos del Banco Industrial de Venezuela. Estos mismos títulos aparecen, en fecha 06 de enero de 1993, en poder de los ciudadanos R.T.A. y F.G.B., quienes los entregan en custodia a la Casa de Bolsa del Caribe en la fecha antes indicada, para que fueran negociados en el mercado bursátil...esos títulos valor se encontraban en ese sitio por haberlos recibido en calidad de custodia de la sucursal Curazao del Banco Industrial de Venezuela, presentará prueba de que esos títulos valor estuvieron en esas bóvedas, con certeza, hasta el 22 de noviembre del año 1992 a los fines del cobro de intereses... la evidencia recogida por la fiscalía ha determinado que el acusado R.T.A. conocía la procedencia ilícita de los Certificados Provisionales identificados con los números 495 y 496...el ciudadano C.G.B. no tenía la capacidad económica suficiente para adquirir, legal y válidamente esos certificados provisionales, para lo cual necesariamente se debe poseer y disponer de una gran cantidad de dinero, dado el valor de dichos títulos, que asciende a la cantidad de seis millones de dólares...el acusado R.T.A. conocía la procedencia ilícita de los certificados al momento de recibirlos, incurriendo en el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, tipificado para la época en el artículo 472 del Código Penal vigente entonces...esos certificados provisionales fueron emitidos con la única y exclusiva razón de que el Banco Industrial de Venezuela pudiera pagar la deuda que contrajo con los Bancos Extranjeros acreedores del Banco de los Trabajadores de Venezuela...el acusado obtuvo de mala fe los certificados provisionales 495 y 496, por cuanto conocía su ilícita procedencia...le resultaba imposible a esta persona C.G., adquirir esos certificados de manera legal y válida...esa supuesta negociación a la que alude el acusado es inexistente...nunca ocurrió tal negociación entre el acusado y su amigo de la infancia...al juicio que se le siguió a la ciudadana N.O., quien era la gerente de valores del Banco Industrial de Venezuela en aquella época; en ese sentido, tenemos que en fecha 16 de enero del año 1997, el extinto Juzgado Trigésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Área Metropolitana de Caracas, dictó una decisión de conformidad con el articulo 208 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, dejando demostrada la ejecución del delito de Hurto Calificado, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal vigente para esa época, en esa misma decisión, decreta sometimiento a juicio de la ciudadana N.O. por el delito de Peculado Culposo. pocos días después, ese mismo tribunal dicta otra decisión, mediante la cual declara terminada la averiguación por el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, por cuanto la conducta desplegada por los ciudadanos C.G.B. y R.T.A. no reviste carácter penal, cuando esta decisión sube en consulta obligada al Tribunal Superior de Salvaguarda, hoy extinto, la alzada...revoca la decisión de averiguación terminada y en su lugar ordena proseguir la averiguación ya que estaba pendiente el proceso por el delito de Hurto Calificado. es ese proceso el que se le sigue al acusado R.T., dentro de ese proceso de la averiguación abierta por el delito de Hurto Calificado con relación a la sustracción de los certificados provisionales 495 y 496 de la oficina principal del Banco Industrial de Venezuela, surgiendo evidencias contundentes acerca de la receptación que hizo el acusado de los referidos Títulos Valor, a sabiendas de su procedencia ilícita. no podrá el acusado demostrar la adquisición de buena fe de los certificados provisionales de la deuda pública nacional identificados con los números 495 y 496...el acusado R.T.A., por ser culpable del delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, tipificado en el artículo 472 del Código Penal vigente para la época de la ejecución del referido hecho punible”.

   Iniciado el correspondiente Juicio, de su Acta se percibe que en el mismo se conocieron, entre otras, las siguientes pruebas documentales:

   1. Acta del 15/11/96, levantada por el suprimido Juzgado 31º penal de caracas, en la sede del BIV, ante quienes la ciudadana M. deH., su gerente de inversiones, aportó información relacionada con los Certificados Provisionales de la Deuda Pública Nacional Números 495 y 496, Serie g;

   2. Acta del 21/11/96, levantada por ese juzgado ante el ciudadano G.R., Jefe del Departamento de Valores de dicho Banco quien aportó información relacionada con dichos certificados;

   3. La constancia de la cancelación de intereses correspondientes a esos certificados correspondientes al Decreto número 1826 de fecha 12/11/1.987, sustituido por el Decreto número 2569 de fecha 01/10/1.992; evidenciándose que el último pago se efectuó en fecha 20/11/92, al BIV;

   4. El recibo de custodia de valores número 909 del 18/9/89, emitido por el BIV, a favor de la Sucursal Curazao del BIV;

   5. El recibo de custodia de valores número 519 del 22/8/91, emitido por el BIV, a favor de la sucursal Curazao del BIV;

   6. La copia certificada del acta de defunción número 1808, inserta al tomo 4 de 1.995 de la Prefectura del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, correspondiente al ciudadano C.G., v-2.932.378, mediante al cual esa primera autoridad civil hace constar que el 25/9/95, aquel falleció;

   7. Copias certificadas del expediente de González en el Ministerio de Relaciones Exteriores, consta: a) comunicación dirigida al Presidente de la entonces República de Venezuela, por el ciudadano peruano M.B., en la cual expone el caso de una presunta deuda que mantenía González con el Hotel Diplomat, en Lima, Perú; b) demanda por cobro de bolívares incoada por la empresa “Organización de Pool, C. A.”, en contra de González, en el Juzgado 5º Mercantil de Caracas, que en su contra decretó embargo; c) documentos de la deuda por US$ 1.547, que mantenía González con el establecimiento “La Casa del Diplomático”, en Bogotá, Colombia; y d) movimiento de personal, del oficial II adscrito a la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago, González, sueldo base de Bs. 2.630 mensuales”...;

   El hoy penado, libre de apremio y coacción expuso, entre otros particulares, que el...

   “...1 de junio del 2000...dictó sentencia mediante la cual se declaró: primero, la absolución de la Gerente de Valores del Banco Industrial de Venezuela, por el delito de Peculado Culposo, y segundo: declaró con lugar la apelación interpuesta por mis representantes judiciales y en consecuencia ordenó el pago de los certificados provisionales al portador 495 y 496, pertenecientes al Decreto 1826 a R.T.A., tal y como consta en la sentencia cursante a la Pieza 7, folios 338-351... Diga Usted, si firmó algún documento en el que conste la negociación de los bonos en cuestión? Contestó: “Si se firmó.” 11.- ¿Posee usted ese documento en su poder? Contestó: “No, por cuanto ese documento original se extravió...¿quiere decir que no existe el documento original? Contestó: "no, por cuanto se extravió...¿Pagó usted alguna cantidad de dinero por los títulos? Contestó: ´ Si, una parte en dinero en efectivo y otra parte en obligaciones sobre un inmueble valorado en un millón y medio de dólares, cuya propiedad era compartida con mis hermanos, pero esta parte del inmueble no se llegó a concretar por efecto de la denuncia...se lo entregué a F.G. de mi propiedad...¿Diga Usted, donde tenía esa cantidad de dinero? Contestó: ´ La tenia en mi casa...cuando se enteró del inicio del proceso por el extravío de los títulos? Contestó: ´ En fecha posterior a que mi sobrino C.A.T. prestó declaración en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial...vivía en Boston y me vine el año 91 en el mes de septiembre a buscar a mi mamá para llevarla a Suiza, para hacer el depósito de un millón trescientos mil dólares...desde cuando conoce al ciudadano F.G.? Contestó: "es mi amigo desde que teníamos 11 años, es decir desde hace como 50 años. 23.- Eso quiere decir que también conocía a su hermano C.G.”. Contestó: ´ Si, desde esa época...C.G. le dijo cual era la procedencia de de esos bonos? Contestó: "realmente no le pregunté...los adquiero por 3 millones de dólares...en el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91 y fueron cambiados a 37 bonos de los cuales esos dos bonos 495 y 496 pertenecían al Banco Industrial de Venezuela...yo me ganaba 900.000 mil dólares...he sido el único que ha tenido los títulos en mis manos y los mandé a certificar al reverso y no indica quien es el beneficiario de esos títulos...¿Diga Usted, si le mantiene la averiguación abierta a la ciudadana N.O. por la comisión del delito de hurto calificado? Contestó: “se mantiene abierta la averiguación por peculado culposo...en fecha 30-12-92 se recibieron las copias y en fecha 06-01-93 se recibieron los originales...me los entregó F.G....,

   declarando posteriormente lo siguiente:

   “...F.G. por disposición mía llevó los títulos a la Casa de Bolsa del Caribe...eso ya se había hablado y de acuerdo a los puntos de la negociación por ser sobrino mío y ganarse una comisión se determinó llevarlas a la Bolsa del Caribe...F.G. porque era el poseedor de buena fe de esos títulos... ,

   y después...

   ...durante el proceso de 15 años no se ha verificado, ni por los organismos jurisdiccionales ni intervinientes en el proceso los asientos correspondientes a la propiedad, custodia y cobro de intereses específicamente de los certificados 495 y 496...quiero concluir que con fundamento en lo aquí expresado el componente objetivo de la reivindicación de los certificados 495 y 496 por parte del Banco Industrial de Venezuela ha sido totalmente desvirtuado durante el proceso, es decir, la preexistencia de esos títulos en la bóveda del Banco Industrial de Venezuela y su presunta sustracción en la oportunidad que los mismos consignaron la denuncia ante el cuerpo técnico de policía judicial

   ...

   Finalmente, en su exposición de cierre, entre otros particulares, concluyó en que...

   ...C.G....lo conocí a esta fecha hace unos 50 años, cuando éramos para aquella época educados como poco de los venezolanos en los Estados Unidos...la propiedad no se demuestra con oficios promovidos por el fiscal se demuestra con asientos en libros contables

   ...

   Opuestas por la defensa, el Juzgado de la recurrida “...DECLARO SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28 NUMERAL 4 LITERALES A, B, C Y E, DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL OPUESTAS”... ; e hizo proseguir el Juicio, en el que comparecieron los siguientes testigos quienes juramentados expusieron, siendo lo que se trascribe, parte de lo que depusieron:

   • El denunciante Gómez...

   ...alguien participó un alerta vía telefónica, de dos bonos en dólares que se estaban tratando de negociar, me dirigí al Departamento de Inversiones y Finanzas, en donde se hizo una auditoria y se constató en la gerencia de valores que no se encontraba el físico de los bonos sobre los cuales hicieron el alerta...la propiedad de esos bonos eran del Banco Industrial de Venezuela...el Banco Industrial de Venezuela tenía registrado contablemente esos bonos?, Contestó: ´ Si...se constató la pérdida o sustracción de los bonos en cuestión de la bóveda de la gerencia de valores del Banco Industrial de Venezuela?, Contestó: ´ Si se constató

   . 15.- Recuerda Usted en que condición o por qué motivos estaban esos certificados en la bóveda de la Gerencia de Valores del Banco Industrial de Venezuela con sede en caracas?, Contestó: ´ Estaban porque le pertenecían...el físico se extraía de las bóvedas de la Gerencia de Valores del Banco Industrial de Venezuela...luego se envía a una persona de la gerencia de valores para que los llevara al Banco Central de Venezuela, ahí se demostraba que la propiedad era del Banco Industrial de Venezuela y se hacía el pago de intereses, luego los físicos debían retornar a la bóveda del Banco Industrial de Venezuela...cada vez que se negocia algún titulo valor de cualquier naturaleza, publico o privado, debe quedar sentada contablemente la manera como se consigue y a quien se le negoció y como se negoció, a la parte contable no escapa ni siquiera una persona natural, ya que ésta debe declarar impuestos sobre la renta, una persona jurídica debe diariamente declarar cualquier movimiento que se haga de un titulo valor o de cualquier mercancía, deber quedar sentado, la naturaleza de estas cosas debe dejar la secuela contable, una Casa de Bolsa no puede permitir que una persona natural se presente con un titulo valor sin saber su origen, para ese momento no estaba tan democratizado como se hace ahora, ahora el estado hace emisión de bonos en dólares, se va a una subasta y cualquier ciudadano puede adquirir títulos valores a través de una institución bancaria, ahí queda registrada la transacción; es absurdo que se hayan negociado dos títulos valores con una cantidad como esa y que no haya quedado registro contable, como contable lo tiene registrado el Banco Industrial de Venezuela, contablemente le pertenecen al Banco Industrial de Venezuela, los títulos están registrados en la contabilidad del Banco Industrial de Venezuela y el único autorizado para cancelar intereses de esos bonos es Banco Central de Venezuela y por tanto cuando Banco Central de Venezuela le cancela los intereses al Banco Industrial de Venezuela es porque considera que éste demostró que eran de su propiedad ´. 28.- Diga Usted, estos certificados provisionales por seis millones de dólares usualmente como se negocian?, Contestó: ´ Entre personas naturales no se puede hacer, si yo negocio un titulo valor estoy obligado hacerlo a través de Casa de Bolsa...yo digo ¿cómo estando registrado contablemente los bonos en el Banco Industrial de Venezuela estaban en el Banco del Caribe?, ellos tenían el físico...esos títulos son registrados en los libros auxiliares y en el acta dice que se hizo una revisión contable, los auxiliares de contabilidad es un registro que se hace de forma detallada para después expresar en libro mayor que existe por ejemplo mil millones, se llevaban esos libros auxiliares...una tarde se recibe una llamada de la Vicepresidencia del Banco, específicamente de la ejecutiva V.R., informando que por favor fuéramos a su oficina, por que se habían pasado un fax al área de seguridad de dos fotocopias de dos títulos valores que se estaban negociando en la Casa de Bolsa del Banco del Caribe, luego subimos a la vicepresidencia, el vicepresidente de tesorería y mi persona, cuando llegamos allí la vicepresidenta ejecutiva nos muestra unas fotocopias de unos títulos...relacionados con el decreto N° 1826, cada unos era por tres millones de dólares...di el visto bueno para cobrar los intereses...”

   • La absuelta Ojeda...

   ...dos titulos valores que se estaban negociando en la Casa de Bolsa del Banco del Caribe...yo tenia unas copias que las habia mandado a sacar, porque yo no iba con los originales a las reuniones, cuando empiezo a verificar las copias faltaban dos originales que eran el 495 y el 496...titulos valores que se estaban tratando de negociar por el Banco del Caribe... volvimos a revisar las carpetas donde estaban los originales de los decretos en su oficina, empezamos a verificar, contamos una cantidad de bonos, comparamos originales y copias, y al finalizar habían dos copias de los certificados 495 y 496 que eran los últimos y faltaban sus originales...¿ Cual es la razón por la cual usted tenia unas fotocopias de esos decretos? Respondió: Meses atrás se estaba en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Venezuela y Banco Industrial para renovar ese decreto porque iba a vencer y no había sido cancelado por el estado, yo como gerente de valores necesitaba tener copia de esos títulos porque tenia que llevarlos al Banco. 14.-¿Diga el nombre de las personas que se encontraban adscritas a la Gerencia de Valores de Caracas?. Respondió: I.R., Amaloa Parra, W.R., C.C., M.G. y Yhajaira...que persona se encargo de sacar sus copias del decreto 1826? Respondió: el sr. C.C.. 16.- ¿Sabe Usted, en que lugar saco esas copias? Respondió: no se en que lugar exacto...¿ De todas estas personas mencionadas, quienes tenían acceso al interior de la bóveda para la época? Respondió: Estaba la custodia del acceso Amaloa Parra, mi persona e I.R. que a veces podía entrar a sacar algún documento, Williams al igual que C.C.. 18.-¿ Explique, cual es el procedimiento para el cobro de intereses del decreto 1826? Respondió: el pago de los intereses creo era trimestral o semestral, entonces en la proximidad de la fecha de vencimiento se emitía una relación que se enviaba al Banco Central de Venezuela con la relación detallada de todos los números de los títulos provisionales y las denominaciones. 19.-¿ Quien trasladaba los títulos valores a los cuales le correspondía el pago de los intereses? Respondió: el mensajero externo W.R.. 20.- ¿Quien llenaba las planillas de relación para el cobro de intereses de los certificados provisionales del decreto 1826. Respondió: La secretaria...¿ en alguna oportunidad los certificados provisionales podían salir de la bóveda del banco? Respondió:...cuando iban al cobro del Banco Central de Venezuela. 24.-¿ Como era el procedimiento del retorno de esos certificados? Respondió: Se enviaba una carta donde se autorizaba al mensajero, para solicitar el retorno de los certificados originales....en el tiempo que estuve en el control de esos bonos nunca hubo pago de capital, solo pago de intereses...como fue el procedimiento para sacar las copias de los certificados? Respondió: Yo le pedí al mensajero que sacara las copias, el fue y saco las copias y me las entrego, no recuerdo si yo coteje las originales con las copias, pero si se que en esa oportunidad le mande a sacar copia a todo el decreto....puede el Banco Industrial de Venezuela, probar la custodia, propiedad y la preexistencia en sus bóvedas, de estos certificados provisionales, en fecha anterior, al 6 de enero de 1993?...Respondió: ´ Con las planillas de relación de cobro de intereses que se mandaba al Banco Central de Venezuela...eso estaba contabilizado por el Banco Industrial de Curazao...las planillas de cobro que se presentaban como títulos de propiedad del Banco Industrial...nosotros cotejamos con las copia que vinieron del Banco del Caribe, cuando recibimos via fax fotocopias de dos bonos del decreto 1826 cuyo numero estaban tachados, seguridad lo recibió de la Casa de Bolsa del Caribe, eso da origen a que la vicepresidenta nos llamara para saber que pasaba, pero ya las fotocopias se habían sacado con anterioridad, por que ya se estaba planificando un nuevo decreto...el Banco Central de Venezuela pago intereses hasta noviembre de 1992...esos títulos estaban dentro del área de valores, eran certificados provisionales numerados y con series...esos bonos estaban allí por serie, era un lote de bonos. ...esos certificados provisionales estaban allí...todos los certificados del 1826, ya estaban allí...los certificados provisionales relacionados con el decreto provisional 1826 como se guardaban en la bóveda? Respondió: Metido en los loquer de la bóveda de seguridad. 26.-¿ Bajo que titulo estaban esos certificados? Respondió: En custodia. 27.-¿ Quien era el propietario de los certificados provisionales que se relacionan con el Decreto 1826? Respondió: El Banco Industrial de Venezuela. 28.-¿Qué otro soporte tenia usted, de esos certificados provisionales originales correspondientes al Decreto 1826 ? Respondió: Unas copias que yo tenía y contabilidad que lo tenía registrado en cuenta de orden...tenia copia, porque se le había sacado copia a todo el decreto por la operaciones de refinanciamiento del decreto por parte del Ministerio de Hacienda y el Banco Industrial... mande a C.C.. 32.-¿En que fecha ordeno ese fotocopiaje? Respondió: eso fue en el año 1992

   ...

   • La entonces secretaria del BIV, I.R....

   ...se perdieron unos bonos de la deuda publica nacional que estaban en custodia del Banco Industrial de Venezuela...existia algún control para ingresar a la boveda? R. No solo había que anotarse en una caperta y uno cuando pasaba las veia

   ...

   • El experto contable J.R., de la Coordinación Nacional de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas...

   ...se pudo verificar una diferencia de la cantidad de seis millones de dólares americanos (US$. 6.000.000,00), correspondiente al saldo del Banco Industrial de Venezuela al 01/10/92, contra el saldo del Banco Central de Venezuela a la fecha 01/10/92, igualmente en su nota número 01 dicha diferencia proveniente de los saldos en el año 1992 según el BIV y BCV, se origina que dos títulos de tres millones de dólares americanos (US$. 3.000.000,00) cada uno, que se encuentra en litigio judicial...se observo que en sorteo número 10 y 14 del 13/04/93 y 20/04/94, fueron beneficiados los bonos 495 y 496, por la cantidad de tres millones de dólares (US $ 3.000.000, oo) cada uno mas los intereses generados, los cuales no se hicieron efectivos...

   ;

   • El entonces ejecutivo de cuentas del Banco del Caribe, R.A....

   “...me desempeñaba como ejecutivo de cuentas del Banco del Caribe, funcionario de la bolsa del caribe responsable de atender clientes...hace acto de presencia un sujeto con unos certificados provisionales nros. 495 y 496 a portador de la deuda pública con la intención de venderlos en el mercado capital, en horas de mediodía, no estando el personal administrativo, ya que estaban en su hora de almuerzo, y mi persona atendió al sujeto junto con el ciudadano C.A.T., la persona que se presentó con estos títulos en físicos tenía premura en la venta, se le explicó que no se venden así, sino que al valor facial y depende del nivel de riesgo una empresa indica el valor de descuento que se podía transar, se le explicó que si tenía un valor...esta persona alegó estar conjunta con otro persona, la cual no hizo acto de presencia, luego realizó llamada telefónica para ver como iba la venta de los títulos, en horas del mediodía no había personal, por lo cual C.A. y yo procedimos hacer un recibo por la cuantía, no podía guardarlos en una gaveta, debía ser pasado al departamento de valores del banco y en custodia del banco mientras se hacía el trámite, durante varios días se ofreció el papel, surge la coincidencia que cuando empezamos a ofrecer el numero de cupón hubo coincidencia y se mandó a parar, ya que como era que 7 casas de bolsas podía transar ese mismo papel, a este individuo se le pidió copia de su cédula de identidad, la cual desapareció, semanas después J.C.D., quien era el Presidente de la Bolsa del Banco del Caribe nos informa de que una comisión de la división de delincuencia organizada de la ptj se apersonaría para tomarnos declaración...F.G....fueron títulos al portador el origen no los mencionó...en relación a la llamada quien la hizo?, Contestó: “ R.T.A., supuestamente desde Nueva York...6 o 7 casas de bolsas empezamos a ofrecer los mismos certificados, alta a la curiosidad de que como es posible que treinta y seis millones de dólares estuviesen rodando”. 14.- Diga Usted, entre 6 y 7 casas de bolsas estaban negociando los mismos bonos?, Contestó: “si”. 15.- Diga Usted, en que fecha se le entregó esos certificados?, Contestó: “febrero 1993”. 16.- Diga Usted, durante esa llamada telefónica supuestamente hecha por el ciudadano R.T.A. le giró instrucciones?, Contestó: “si que a cualquier precio los ofreciera”. 17.- Diga Usted, con que frecuencia recibió ese tipo de llamadas?, Contestó: “como 3 con mucha premura con tono fuerte, impositivo... en fecha 06-01-93 recibió los originales de los certificados?, Contestó: “si los recibí, de parte de Fernando, no recuerdo la fecha, mi persona y C.A.T....fue premura y el tono del caballero fue mas que imperativo fue grosero al tratar de las dos o tres llamadas como dando ordenes en forma descortés...es atípico seis millones hace 14 años es un monto importante, poco común de mucha casualidad...”

   • El Presidente Ejecutivo del Banco del Caribe, J.D.....

   ...hubo un cliente por intermedio de una persona que trabajaba en la Casa de Bolsa que hizo el contacto a través de una operación de los dos títulos, por una llamada de parte del Banco Industrial de Venezuela del Área de Seguridad del Banco se pasó la información de que al parecer esos bonos habían sido sustraídos de la bóveda del Banco Industrial de Venezuela, la operación fue parada...se hacia un chequeo en cuanto a las personas que trataban de transar, como en ese entonces no ocurría se procedía a la verificación con Banco Central de Venezuela con legitimidad

   . 3.- Diga Usted, en este caso se hizo la verificación?, Contestó: “si...se trataba de utilizar la bolsa para transar unos bonos que al parecer habían sido sustraídos...que persona hizo entrega de esos títulos a la Casa de Bolsa del caribe?, Contestó: “la persona tenía contacto con el corredor C.A., si mal no recuerdo el contacto con la persona vino por un familiar de él no recuerdo nombre”. 9.- Diga Usted, se trataba de un familiar”...

   • El Licenciado en Contaduría Pública Edinson Carrero...

   “...data del año 1997, nosotros fuimos, prestamos colaboración para hacer una experticia, conjuntamente con dos funcionarias Deylin Padilla y M.J.P. y yo estaba en carácter de Gerente Técnico, como se puede ver está claro el alcance de la experticia, que era determinar la adquisición o la tenencia, comprobar la tenencia de los bonos por parte del Banco Industrial de Venezuela, en este caso me tocó el rol de coordinar parte de la experticia...los cuales habían tenido un origen de cambio de deuda externa en su oportunidad. ratifico en todos los términos el informe que corroboramos, ratifico lo que la experticia señaló en el informe correspondiente; logramos probar que en efecto el Banco Industrial de Venezuela adquirió los bonos que ahí están señalados, y parte de esta verificación cuando uno trata de probar lo que es probar básicamente los intereses el Banco Central de Venezuela en quien coloca y a quien le paga los intereses, está bien narrado y detallado el tema de la experticia en cuanto al alcance que era determinar la propiedad por parte del Banco Industrial de Venezuela de los bonos; lo que quería era ratificar el contenido de la experticia hecha por nosotros...se examinaron todos los comprobantes relacionados con los títulos?, Contestó: “si”. 2.- Específicamente en donde?, Contestó: “en el propio Banco Industrial de Venezuela”. 3.- Cuales fueron las instituciones que suministraron esos comprobantes contables?, Contestó: “El propio Banco Industrial de Venezuela, parte de esa información fue determinada en el propio expediente, pero básicamente lo que reposa en el Banco Industrial de Venezuela”. 4.- Diga Usted, realizó revisión de documentos en el Banco Central de Venezuela?, Contestó: “El Banco Central de Venezuela informaba los intereses pagados de los títulos...el Banco Industrial de Venezuela tuvo a la vista el recibo de custodia nro. 519, emitido por el Banco Industrial de Venezuela Sucursal Curazao?, Contestó: “Si forma parte del expediente es correcto, en el punto 2.2 se establece que se revisó”. 7.- Recuerda si dentro del ejercicio de custodia estaba claramente identificados los Certificados nros. 495 y 496?, Contestó: “Si”. 8.- Explique usted, que es un recibo de custodia?, Contestó: “El ente que emite mantiene ese título, dando fe que le corresponde y que está libre de todo gravamen, pero se señala claramente quien tiene la custodia...es un recibo de custodia emitido por el Banco Industrial de Venezuela en la cual consta el recibo de 224 certificados del mismo Banco Industrial de Venezuela”. 11.- Diga Usted, cual es el motivo, la finalidad de emitir un documento como ese?, Contestó: “Lo que prueba es la titularidad que un tercero mantiene en custodia por cuenta de otro los valores señalados en el documento, es decir, al emitir un ente un recibo de custodia señala que lo mantengo aquí y son suyos”. 12.- Diga Usted, específicamente en este documento se refiere a los certificados 495 y 496?, Contestó: “Ahí están incluidos...la emisión de esos bonos del Decreto nro. 1826 constituyen la fuente de pago del compromiso del Banco Industrial de Venezuela con el Bank Trust producto del round triplie?, Contestó: “Si, el documento que tengo a la vista del anexo 13, folio nro. 79, del presente expediente”. 15.- Con fundamento en el objetivo especifico que establece en el informe de experticia, Diga Usted, determinó quien es el titular de los certificados provisionales de la deuda pública nacional identificados como 495 y 496 correspondiente a la Serie g del Decreto nro. 1826?, Contestó: “como parte de la conclusión señalamos que se evidencia la adquisición de esos títulos por parte del Banco Industrial de Venezuela, en base al análisis de los documentos que nos fueron suministrados...vi la relación de cobro presentados por el Banco Central de Venezuela, para nosotros eso es suficiente, solo chequeamos la relación de cobros que para nosotros es suficiente...hasta noviembre de 1991, la república había efectuado con regularidad los pagos correspondientes a los bonos del Decreto 1826…… (continua diciendo)… en virtud de lo anteriormente expuesto solicitamos a ese organismo la cancelación de los montos pendientes de pago al Banco Industrial de Venezuela, por concepto de capital e intereses de los bonos emitidos según los Decretos 1826 y 2569...tomamos en cuenta lo emitido por el Banco Central de Venezuela. yo coordine la realización de esta experticia los otros dos funcionarios hicieron el trabajo de campo...en la Pieza 3, folio 59, en el capitulo correspondiente a: conclusiones, usted nos hace el señalamiento siguiente: “Finalmente, de toda la documentación examinada se pudo evidenciar que los certificados provisionales de la deuda pública nacional nos. 495 y 496 pertenecientes al Decreto 1826, fueron adquiridos, originalmente, por el Banco Industrial de Venezuela sucursal curazao”. ¿Diga Usted, específicamente cual es esa documentación y en que parte de su informe pericial se encuentra?, Respondió:...lo que originó la operación fue el Decreto 1826 con la operación originaria...existe es la operación originaria que evidencia la emisión del Decreto 1826, en esa operación original están en los anexos nros. 2. La narración de lo que sucedió de la operación originaria está en el Anexo 8-a, ahí está un informe en donde se detalla paso a paso la operación, desde el folio nro. 54. concretamente como debió haberse hecho cuando nace la operación cuando se videncia que los bonos 495 y 496...vimos en su oportunidad fue un todo...en la Pieza 3, Folio 59, en el capitulo correspondiente a: conclusiones, usted nos hace el señalamiento siguiente: “Igualmente no se pudo constatar los movimientos de entrada y salida de títulos en la bóveda principal, por cuanto el Banco Industrial de Venezuela no mantenía para esa fecha los controles adecuados para tal fin, situación que es corroborada en las declaraciones efectuadas por los funcionarios encargados de la custodia de tales títulos”. ¿Diga Usted, expresamente a que controles se refiere usted?; Respondió: “Movimientos de entradas y salidas de títulos en la bóveda, tal cual como está señalado ahí...el nacimiento del 495 y 496 para el Banco Industrial de Venezuela, está es en los elementos que contienen en el expediente donde se hacen referencia como es el caso del esquema...tengo conocimiento de documentación enviada por el Ministerio de Hacienda al Banco Central de Venezuela en el cual informa que el Banco Industrial de Venezuela adquirió en Noviembre del año 1987 este certificado provisional de dos que correspondía al Decreto 1826. Igualmente, tengo conocimiento de que este certificado fue sustituido, esto data de julio del año 1990, se sustituyeron estos dos por dos certificados uno por veinte millones dólares y el otro por ciento noventa y cinco millones de dólares. En el anexo 8-a, folios nros. 54, 55 y 56, hay también se señala una narración de las operaciones, y ahí en el folio nro. 55 se señala luego el Banco Industrial de Venezuela adquiere doscientos quince millones de dólares, esto es un informe suscrito por M. delP.B.S.”. 7.- Diga Usted, tiene conocimiento directo o fue constatado con documentación tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco Central de Venezuela, que por esa cantidad de doscientos quinces millones de dólares se le haya asignado algunos títulos al Banco Industrial de Venezuela? Contestó: “Tengo conocimiento de un acta que se me presentó aquí en el cual se habla de la sustitución de los títulos...me fue presentada, se señalaba que habían sido sustituidos los títulos, hay otra información referida a una inspección ocular que se le hizo al Banco Central de Venezuela y ahí también el funcionario respectivo de ese banco se hace referencia donde él señala la operación que originalmente en el año 1987, se señala que el Ministerio de Hacienda informa al Banco Central de Venezuela de que el Banco Industrial de Venezuela adquirió el certificado por doscientos quince millones de dólares de acuerdo con el Decreto 1826, luego ahí mismo citan que estos certificados fueron sustituidos por dos certificados uno por veinte millones de dólares y el otro por ciento noventa y cinco millones de dólares...en el folio nro. 22 de la Pieza nro. 10 estoy observando un acta de fecha 13-03-91, en la cual se señala que a objeto de dejar en custodia del Banco Industrial de Venezuela 496 certificados provisionales que representan igual números de bonos de la deuda pública nacional por doscientos cincuenta millones de dólares, los cuales sustituyeron a los certificados provisionales que a continuación se especifican, hay un nro. 1 que dice treinta y cinco millones de dólares por un monto de un millón de dólares cada uno, en el punto nro. 2 se señala que se sustituyen dos certificados provisionales por los siguiente montos veinte millones de dólares y otro por ciento noventa y cinco millones de dólares, ahí está señalado que dentro de estos doscientos cincuenta millones de dólares están los dos certificados 1-a y 2-a, en el último párrafo se señalan estos certificados provisionales fueron emitidos de conformidad con el Decreto 1826, refiere que ambos grupos de certificados han sido emitidos por ese Decreto. En el folio 23 igualmente se señala las características de los certificados sustituidos son la siguiente, ahí se señalan las series que va desde la a hasta la g, por un monto total de doscientos cincuenta millones de dólares que es lo que se señala en el folio 22 que se han sustituidos, se está haciendo énfasis de cuales son los títulos sustituidos, dentro de estos se señala el 1-a y el 2-a, el 1-a por veinte millones de dólares y el 2-a por ciento noventa y cinco millones, o sea que lo que voy a señalar es que se puede observar dentro de estos títulos por doscientos cincuenta millones que se están sustituyendo están de acuerdo el Decreto 1826 está el 1-a por veinte millones de dólares y el 2-a por ciento noventa y cinco millones de dólares. Hay una diferencia por treinta y cinco millones, es decir, aquí se habla que las características de los certificados provisionales sustituidos se detallan y suman doscientos cincuenta y en el siguiente párrafo se señala parte de esos títulos que corresponde al 1-a y 2-a por veinte millones y por ciento noventa y cinco millones que suman doscientos quince millones, es decir, faltan los otros treinta y cinco millones de dólares para completar el monto”. 10.- Dada la respuesta anterior, Diga Usted, si en el curso de la experticia que ustedes realizaron y en base a esta acta certificada por el Banco Central de Venezuela, si de conformidad con el acta que cursa a los folios 22 al 25 de la Pieza nro. 10 del expediente que antes se le puso de manifiesto o por algún otro documento examinado por ustedes tanto en el Banco Central de Venezuela como en el Ministerio de Hacienda, o en el Banco Industrial de Venezuela con certeza documental, pudieron detectar o determinar cuales bonos desde el nro. 0001 al 0496 de las series a, b, c, d, e, f y g por un monto total de 496 bonos le fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela, en el entendido, como usted mismo lo señaló, que los montos de los títulos 1-a y 2-a, que fueron uno de los sustituidos, no coincide, como usted lo señaló, con el monto de los certificados provisionales sustituibles?, Contestó: “En el folio nro. 55 de la Pieza nro. 3 señalamos en el nro. 3 origen de las operaciones y hacemos referencia al anexo nro. 1 que es el esquema que ya hemos revisado...siempre tuvimos la información general tal cual la manifestamos en el punto nro. 3 del folio nro. 55, en la cual siempre señalamos que fueron sustituidos por los títulos 1-a y 2-a de veinte millones de dólares y ciento noventa y cinco millones de dólares con la diferencia que ya hemos establecido en el esquema, pero siempre esta información que recogimos dentro del expediente de este esquema señalada en el anexo 8-a de manera general que había sido comunicada por el Ministerio de Hacienda al Banco Industrial de Venezuela...se revisaron dos oficios del Ministerio de Hacienda al Banco Industrial de Venezuela donde le notificaban al Banco Central de Venezuela que el Industrial había adquirido el bono en el 1987 y después una comunicación año 1990 en el cual se señala la adquisición de los bonos de manera muy genera...se tomó como información referencial en la documentación que vimos dentro de los cuales estaba el 495 y el 496, lo pudimos observar en las planillas que no suministraron. ese es el único anexo que soporta la aseveración que hacemos, se consideró en su oportunidad que con esa información. en su oportunidad era suficiente para señalar eso...”

   • El otrora funcionario de la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del entonces Ministerio de Hacienda, el abogado R.S....

   “...fuimos más que todo porque se había producido un robo con características muy sospechosas, extrañas...partiendo de la fecha cierta del año 1991 es obvio que si pudo haberlo adquirido el Banco Industrial de Venezuela, supuestamente los bonos estaban en propiedad, en custodia del Banco Industrial de Venezuela y aquí está reflejado en la planilla del 22-08-91, es en base a lo que me presenta en este momento que doy la respuesta. En el recibo que vi fecha en agosto del año 1991 está estipulado que los certificados que están siendo cambiados por bonos. para mi concepto para el año 1991, por el mismo traspaso que se hizo en esta planilla para el año 1991 si pudo haberlo adquirido el Banco Industrial de Venezuela...el Banco Industrial de Venezuela no va hacer una operación anotarlos en los libros para que sean sorteados ahí...el Banco Industrial de Venezuela tenía la custodia de los bonos...trataron de cobrar capital e intereses, la finalidad era constatar con pruebas que había pasado, como había pasado con los bonos 495 y 496...como se negocian unos certificados provisionales de este tipo de seis millones de dólares?, Contestó: “La colocación lo puede hacer directa el ente emisor o en el mercado secundario, ellos a su vez venderían esos bonos a los particulares”. 16.- Diga Usted, estas negociaciones en mercado secundario a particulares por un valor de 6 millones de dólares como se hace?, Contestó: “Tiene que recurrirse a la bolsa de caracas si es en caracas, siempre al que maneja la colocación de bonos en segunda emisión”. 17.- Diga Usted, cuando se hace esa negociación en mercado secundario se debe emitir alguna constancia recibo de esta transacción?, Contestó: “si, toda la operación se especifica en el recibo...que organismos determinan o señalan a quien debe venderse o colocarse un bono de deuda pública?, Contestó: “el ejecutivo nacional tiene la potestad de endeudar siempre que la asamblea nacional lo permita para determinado fin, entonces ellos dictan la ley de crédito público con parámetros generales sobre condiciones que debe llenar la ley, es nada mas el estado, los entes descentralizados tenían esa facultad y se restringió esa capacidad exclusivamente para el ejecutivo nacional a través, en esa época, del Ministerio de Hacienda, quien ordena emitir los bonos”. 2.- Diga Usted, quien determina el portador de esos bonos?, Contestó: “El Ministerio de Hacienda”. 3.- Diga Usted, quien le da le serie y enumeración de los bonos?, Contestó: “El estado, salvo mejor criterio puede ser el Banco Central de Venezuela o el organismo que vaya a emitir la serie...como un particular puede llegar hacer tenedor de unos bonos de deuda pública nacional, en el caso particular del 495 y 496?, Contestó: “solamente hay dos formas: una la adjudicación directa la compra de un particular al estado al Banco Central de Venezuela o al Ministerio de Hacienda, a cualquier organismo público y la segunda es al mercado secundario, bolsa de caracas, agentes intermediarios”. 6.- Diga Usted, si un certificado provisional de deuda pública un particular lo adquiere en el mercado secundario que organismo autorizó, en su caso, la venta en el mercado secundario?, Contestó: “tendría que irse a la raíz, a quien garantiza el bono, si es el ejecutivo a crédito público, si es Banco Industrial a Banco Industrial, Banco Central de Venezuela a Banco Central de Venezuela”. 7.- Diga Usted, pero para que un particular pueda comprar en mercado secundario un titulo como en este caso los nros. 495 y 496, tiene que existir tanto en hacienda como en el Banco Central de Venezuela el antecedente o la orden de que se colocara en mercado secundario ese título?, Contestó: “si, es correcto”. 8.- Diga Usted, en que organismo de acuerdo a su conocimiento en la materia debe constar, existir, ya sea en papeles archivados o por cualquier manera, el historial de unos certificados provisionales de deuda pública nacional numerados 495 y 496 a que no hemos referidos en esta audiencia?, Contestó: “El original obviamente es el reconocimiento por parte del ejecutivo, de una deuda preexistente, esa deuda se recoge y se manda a emitir, quien emitió esos certificados, quien garantiza ese certificado ese es el responsable, Banco Industrial si se ocupó de la colocación, Banco Central de Venezuela, o crédito público... tiene que partir de crédito público directamente a Banco Industrial. Tuvo que haber dado la orden el ejecutivo nacional”. 9.- Diga Usted, como el Banco Industrial de Venezuela alega que es propietario de esos certificados provisionales, para que los originales supuestamente hayan estado en las bóvedas del Banco Industrial tuvo que algún organismo asignárselo?, Contestó: “Si”. 10.- Diga Usted, cual seria el organismo que presuntamente asignó a Banco Industrial de Venezuela esos certificados provisionales de deuda pública nacional nros. 495 y 496?, Contestó: “Es la orden que da el director de crédito público, el responsable de los bonos es el ejecutivo, pero el colocador la persona que va a estar al frente de la emisión no va hacer el ministerio de finanzas se delegó al Banco Industrial de Venezuela, porque los bonos eran para eso para asumir deudas”. 11.- Diga Usted, como llega el mercado secundario unos bonos de deuda pública nacional nros. 495 y 496 o al Banco Industrial de Venezuela?, Contestó: “Puede ser que hacienda los mande hacer...los certificados que se hayan emitido con base a este decreto los colocaba el Ministerio de Hacienda?, Contestó: “Si”. 18.- Diga Usted, esos certificados provisionales con base al decreto 1826 como la colocación era competencia del Ministerio de Hacienda conforme al artículo 2 para que un certificado provisional que se derive de ese decreto pueda ir al mercado secundario o pueda ser colocado directamente por el Ministerio de Hacienda tiene que haber intervenido el Ministerio de Hacienda?, Contestó: “Si”.

   • El entonces Jefe de Emisión de Pagos del BCV, E.P....

   ...cuando se emiten unos certificados de deuda pública, los emite el Banco Central de Venezuela o el Ministerio de Hacienda? Respondió: El Ministerio de Hacienda. p) Quién le asigna la serie o numeración expedido por división de créditos público? Respondió: ´ Cuando son títulos provisionales ya vienen como los billetes, cada uno con su numeración, ya vienen con todo el contenido la Dirección de Crédito Público puede asignarlos a otra institución del estado sin pasar por Banco Central de Venezuela? Respondió: ´ Había operaciones que la hacían directamente cuando esa colocación de esos certificados provisionales la deba hacer el Banco Central de Venezuela se hacia por instrucción del ministerio de hacienda? Respondió: ´ No el Banco Central de Venezuela lo que hace es administrar, no hace colocación. p) Esa entrega o adjudicación se hace por instrucciones de quien? Respondió: Ministerio de Finanzas a través de la Dirección de Crédito Público...p) Qué departamento del Banco Central de Venezuela se encarga del pago de los intereses que generan los certificados? Respondió: ´ El departamento de operaciones internacionales en cuanto a dólares, en bolívares, el Departamento de Valores...para que un bono de deuda pública provisional o certificado provisional tuviera una serie, un número y la cantidad de cada serie, quién le daba esas características? Respondió: ´ Cuando se hace la emisión ya viene con esas características, el Ministerio de hacienda los imprime

   ...

   • El experto presentado por el hoy penado, el ingeniero civil J.R.

   “...se determinaron los diferentes inmuebles...se le aplican a cada uno de los inmuebles. Al tener los inmuebles le aplicamos esa metodología, se hace un calculo de índice de precio al consumidor y determinaos el valor de los inmuebles...a la pieza 2, folios 210 y 211 del expediente se encuentra un contrato privado suscrito entre los ciudadanos: R.T.A. y F.G.B., referido a la operación de compra-venta de los certificados provisionales al portador 495 y 496. La cláusula tercera dice textualmente: “Como alternativa en la modalidad de pago estipulada en la cláusula primera y así lo considerara conveniente R.T.A., el pago correspondiente a sus obligaciones se efectuara en la República de Venezuela, mediante la entrega a F.G.B., a través de un documento debidamente protocolizado, de un inmueble...por cuenta de quien realizó ese trabajo?, Contestó: “Me lo solicitó el ingeniero R.T.A., nos conocimos en la Universidad”. 3.- Diga Usted, desde cuando conoce al acusado?, Contestó: “conocido de la universidad desde el año 1960 aproximadamente”. 4.- Diga Usted, realizó avalúo a petición de un órgano jurisdiccional?, Contestó: “No”. 5.- Diga Usted, constató en algún momento durante la práctica de esos avalúos la existencia de una cuenta bancaria a nombre del acusado?, Contestó: “No...Hice el avalúo nada más, no constaté que se hizo de manera efectiva”. 8.- Supo usted que alguno de estos inmuebles peritados por su persona fue vendido efectivamente?, Contestó: “Hice los avalúos, nada más...

   • La Analista Financiera de Pagos, durante 20 años, del BCV, Ninoska de González...

   “....el procedimiento del Banco Central de Venezuela que tiene para una colocación de títulos valores, la colocación se emitió por doscientos cincuenta millones de dólares, principalmente se le colocan doscientos quince millones al Banco Industrial de Venezuela, luego se le colocan diez millones seiscientos mil a siemens, culminando con un saldo remanente de treinta y cuatro millones...esa colocación sufrió un sorteo de las cuales queda de ese momento se rebajan doce millones quedando un saldo de doce millones ciento sesenta y cuatro mil, eso no quedó colocado nunca, la colocación sale a nombre de la institución luego se cancelaban las planillas al cobro al beneficiario que presentaba la planilla del cobro, el título se presentaba por taquilla porque nunca fue cambiado por título definitivo, luego se colocaba al dorso la firma y fecha de cancelación, luego se devolvía al beneficiario, es un título al portador, el beneficiario se presenta en taquilla...durante su exposición inicial mencionó unos montos de colocaciones con referencia al decreto 1826, entendemos que se refiere a doscientos quince millones y diez millones seiscientos, esos son millones de dólares?, Contestó: “si”. 5.- Diga Usted, a quien o quienes se hicieron esas colocaciones?, Contestó: “Primario al Banco Industrial de Venezuela...ese saldo remanente que no fue colocado a ninguna persona que ocurrió?, Contestó: “Eso queda en nuestra custodia, solo un monto sale sorteado en una fecha y pasa de una posición custodia a otra cartera de incineración, queda pendiente, ya está prescrito”. 7.- Dentro de los documentos inspeccionados por este juzgado, en su oportunidad, había uno que se llama libro de registros de colocaciones de deudores, cursante al anexo nro. 24, carpeta nro. 2, Diga Usted, a que se refiere dicho libro?, Contestó: “Es un libro auxiliar donde se especificó los títulos entregados o rebajados en custodia, en la cual determina que el titulo 1, la colocación primaria fue con el 1, donde dice que se le colocó al Banco Industrial de Venezuela... solicito al tribunal se le ponga de manifiesto a la testigo las copias certificadas obtenidas del libro de registro de colocaciones en dólares a los efectos de que la misma la reconozca o no y explique en detalle ese libro, la cual cursa en la carpeta nro. 2 del anexo nro. 24, folios 340 y 349. el tribunal deja constancia que se le pone de manifiesto a la testigo el documento antes señalado por el fiscal del Ministerio Público. Contestó: “...significa la referencia del 1 que se le coloca al Banco Industrial de Venezuela doscientos quince millones de dólares rebajándola de una cifra de doscientos cincuenta millones de dólares, quedando un remanente de treinta y cinco millones de dólares, luego el 14-05-88 se retiran por sustitución de certificados provisionales 27c al 36c según acta por certificados de baja denominación diez millones de dólares, luego se retiran de la cuenta y se ve que en la misma fecha se obtiene el mismo monto quedando igual el mismo saldo...el pago de la planilla de cobro se le dio al Banco Industrial de Venezuela que fue el que presentó los títulos, son planillas al cobro, relación que se llenaba en el momento de cancelar los intereses”. 10.- Diga Usted, quien aparece como beneficiario?, Contestó: “Banco Industrial de Venezuela”. 11.- Diga Usted, en esa misma carpeta 1 anexo 24, anexo c, folio 27, defina que información contiene ese documento?, Contestó: “la relación al cobro de intereses cancelados al Banco Industrial de Venezuela 1a y 2b decreto 1826 emisión 3ª”. 12.- Diga Usted, a que se refieren los documentos contenidos en la carpeta nro. 3, en ese mismo anexo 24, folios 350 al 354?, Contestó: “Cartas del Banco Industrial de Venezuela donde autorizaba el monto de capital que tenía y diciendo que se le depositara al (sic) Nueva York, dice que se le pagara a Banco Industrial de Venezuela, Sucursal Curacao...al comparar esa planilla con el libro coincide?, Contestó: “Si, son los mismos...necesariamente todas las colocaciones referidas al decreto 1826 debían estar autorizadas por el ministerio de finanzas?, Contestó: “Si”. 18.- Diga Usted, existía la posibilidad de que se realizaran colocaciones sin autorización del Ministerio de Finanzas?, Contestó: “No, son los que emiten el dinero, si ellos no dan la autorización no podemos pagar, ellos dicen a quien se coloca y a quien no...la carpeta nro. 5, folios 372 al 381 que información contienen esos documentos?, Contestó: “Son ticket contables que se elaboraban en el momento que se cancelaban al Banco Industrial de Venezuela donde reflejaba la transferencia que se hacía al Banco Industrial Sucursal Curacao por el monto que se mostraba en ele calculo”. 24.- Se refiere al pago de intereses del decreto 1826?, Contestó: “Si”...los títulos que se le colocó al Banco Industrial de Venezuela nominación 1 siempre la presentó Banco Industrial de Venezuela luego sustituyó 1a y 2b también lo presentó el Banco Industrial de Venezuela igual cuando hubo sustitución también lo presentó el Banco Industrial de Venezuela, en el dorso del certificado se ven hasta que fecha se cancelaron los intereses”. 26.- Diga Usted, tiene conocimiento de como se negocian esos certificados provisionales?, Contestó: “En el mercado secundario sale a la venta”. 27.- Diga Usted, tiene conocimiento técnico sobre esas operaciones?, Contestó: “No, generalmente son títulos al valor, el Banco Central de Venezuela cancela intereses a quien presenta por taquilla”. 28.- Diga Usted, en su experiencia ha tenido conocimiento de una negociación de unos certificados por seis millones de dólares que se haga sin respaldo documental empresarial?, Contestó: “No”. 29.- Diga Usted, de acuerdo a su experiencia ha conocido algún caso de un certificado con seis millones de dólares que haya sido negociado sin respaldo documental?, Contestó: “No...cual es el origen de la información allí señaladas y si procede de las publicaciones de las gacetas oficiales, o actas de los sorteos debidamente notariadas, tal y como lo establece el reglamento de la ley del crédito publico en su artículo 9?. Contestó: “Fue un levantamiento que se hizo, debido la búsqueda me vi en la obligación de hacer un vaciado de todos los sorteos, es lo mismo de las actas de sorteos, esto es un vacío que se hizo, las actas están publicadas en gacetas y periódicos donde se puede corroborar, ese vaciado se hizo en base por la documentación del departamento referente al acta y planillas que se presentaron en el momento...lo que estoy viendo es planillas originales y doy fe de que realmente fueron canceladas al Banco Industrial de Venezuela, estas planilla coinciden con la planilla de cobro...de lo que tengo en mi poder si doy fe, Industrial de Venezuela...las últimas cancelaciones fueron en noviembre de 1992, después del año 1992 no se canceló, hasta el mes de noviembre del año 1992 se le canceló al Banco Industrial de Venezuela los certificados...el monto del Banco Industrial de Venezuela era de doscientos dos millones ochocientos sesenta dólares...se le coloca al Banco Industrial de Venezuela un monto de doscientos quince millones de dólares...colocaciones primaria siempre fueron el Banco Industrial de Venezuela...”,

   • La actual Jefe del Departamento de Valores de dicho ultimo Banco citado, la Licenciada en Finanzas, Y.B....

   “..con relación esos títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas, a cuyo efecto la colocación se hace a través del Banco Central de Venezuela, tanto los pagos como todo lo relacionado con la operación, en ese momento se hicieron...colocaciones de títulos...al Banco Industrial de Venezuela por doscientos quince millones de dólares, el resto de los títulos no fueron colocados, se hicieron algunos sorteos, los sorteos implican que el pago de intereses se ejecutan hasta los sorteos, el pago del capital es de manera inmediata, en los sorteos van todos los títulos colocado o no, básicamente eso, los dos títulos provisionales 495 y 496 fueron colocados al Banco Industrial de Venezuela y no fueron sustituidos nunca por títulos definitivos, en los títulos definitivos no se emiten cupones separados, lo intereses vienen implícitos en el título, en los casos de títulos provisionales cuando son sustituidos por títulos definitivos si se dan por separados, cuando se hace el cobro de intereses debe presentarse el titulo original al portador. Los títulos vienen a través del Decreto que los emite, en este caso es el nro. 1826. en el caso específico de los Certificados 495 y 496 de acuerdo a la documentación que reposa en el Banco Central de Venezuela fueron colocados al Banco Industrial de Venezuela, la última cancelación de intereses fue realizada al Banco Industrial de Venezuela, según soporte de documentos contables en el reverso del titulo, en donde se debía colocar la fecha, el monto del interés, y por ser en dólares debía hacerse un tramite especifico que podía ser a través de un corresponsal que lo nombra el portador o a través de un cheque en dólares; en el caso específico de los Certificados 495 y 496 según toda la documentación que reposa en el Banco Central de Venezuela cada uno de los pagos ejecutados por intereses se hizo al Banco Industrial de Venezuela...el departamento de valores tiene todos los títulos físicos para la deuda emitida por la República, bien sea en dólares o bolívares, de crédito público, se encarga de la custodia de títulos materializados, pagos de deudas de capitales e intereses que generan los títulos...todos los intereses fueron cancelados al Banco Industrial de Venezuela...con respecto al folio nro. 7 corresponde al cobro de interese de cupones, el folio 8 corresponde a dos pagos de intereses generados por los dos títulos, la enumeración que se ve es porque hubo una sustitución por el 1-a y 2-a, eso se hace por solicitud del tenedor que pide un monto mas bajo; el folio 9 trata de pagos de intereses de esos títulos al Banco Industrial de Venezuela, el folio 11 corresponde al pago de intereses de títulos al Banco Industrial de Venezuela, todos esos folios corresponden a pagos de intereses generados por títulos al Banco Industrial de Venezuela; el folio 17 es una constancia donde se informa el pago ejecutado por uno de los títulos, se especifica el monto del capital e intereses abonados, todos los folios corresponden en general al pago de intereses al Banco Industrial de Venezuela...todos esos títulos provienen del Decreto 1826?, Contestó: “Si, 3° emisión”. 7.- Diga Usted, la única manera de hacer colocaciones de esos certificados provisionales debe ser por instrucciones del ministerio de hacienda hoy de finanzas?, Contestó: “En este caso específico fue así...existen planillas de cobro de intereses, comprobantes de cobro de intereses...se puede determinar quienes fueron las empresas que presentaron los títulos que originalmente fueron colocados a la empresa siemens y que luego fueron negociados en el mercado secundario?, Contestó: “Dos del Banco Industrial de Venezuela y una cantidad del Banco Consolidado, Banco Provincial, diferentes instituciones, City Bank, todos ellos tenían el original”. 11.- Diga Usted, de acuerdo a esa documentación existe alguna persona natural extranjera tenedor de los certificados provisionales emitidos conforme al decreto 1826?, Contestó: “Está City Bank y First International Banco de California, Adn Corporation presentan títulos”. 12.- Diga Usted, de acuerdo a esa documentación se puede determinar la numeración de los certificados presentados para el cobro de intereses?, Contestó: “Si...diferentes comprobantes de pagos de intereses al Banco Industrial de Venezuela por títulos emitidos conforme al Decreto 1826”. 15.-De acuerdo a esos documentos se puede asegurar que la transferencia de pagos por cobro de intereses de los certificados emitidos conforme al decreto 1826 se hizo al Banco Industrial de Venezuela Sucursal Curacao?, Contestó: “Se hizo al Banco Industrial de Venezuela....en el departamento de valores del Banco Central de Venezuela se lleva un libro de registro de colocaciones de títulos en dólares, Diga Usted, que contiene ese libro?, Contestó: “Se relacionan las colocaciones de títulos en dólares instruidas por el Ministerio de Finanzas o que se hacen por subasta, los beneficiarios”. 18.- En sesión anterior se ofreció y fue evacuado un oficio nro. gt567, de fecha 07-12-07 emanado de la gerencia de tesorería del Banco Central de Venezuela, el cual contiene una copia del libro de registro de colocaciones en dólares, el cual solicito al tribunal se le ponga de vista y manifiesto a la testigo. el tribunal deja constancia que se le pone de vista y manifiesto a la testigo la documentación antes indicada por el representante fiscal. Diga Usted, corresponden esos documentos que tuvo a la vista al mismo libro que hizo referencia en su respuesta anterior?, Contestó: “Si”. 19.- Explique usted, a que persona aparecen colocados los certificados provisionales referidos al Decreto 1826 de acuerdo a ese documento?, Contestó: “Se especifican cuando se le colocó al Banco Industrial de Venezuela doscientos quince millones de dólares...quedó disponible por colocar treinta y cinco millones de dólares, hay un sorteo donde nunca habían sido sorteados de doce millones de dólares, quedaron no colocados doce millones trescientos noventa mil dólares”. 20.- Diga Usted, esa cantidad tiene relación con lo que expuso al inicio de su declaración sobre un monto que no fue colocado a nadie?, Contestó: “Si”. 21.- Diga Usted, que ocurre con ese monto no colocado?, Contestó: “No se emiten títulos”. 22.- solicito al tribunal se le muestre a la testigo los documentos cursantes en la carpeta nro. 3, folios 350 al 354, anexo general nro. 24 del presente expediente. El tribunal deja constancia que se le pone de vista y manifiesto a la testigo la documentación antes indicada por el representante fiscal. Diga Usted, cual es el contenido de esos documentos que se le ponen de manifiesto?, Contestó: “Son comunicaciones emanadas del Banco Industrial de Venezuela dirigidas al Banco Central de Venezuela, donde solicitan los pagos de intereses y dan instrucciones donde van hacer transferidos los fondos...Diga Usted, de acuerdo a su respuesta anterior, donde indica el Banco Industrial de Venezuela que deben ser depositados esos intereses?, Contestó: “Al Banco Industrial Sucursal Curacao”. 26.- solicito se le muestre a la testigo la carpeta nro. 4, conformada por 15 folios (del nro. 363 al 368), anexo nro. 24 del presente expediente. el tribunal deja constancia que se le pone de vista y manifiesto a la testigo la documentación antes indicada por el representante fiscal. Diga Usted, cual es el contenido de esos documentos que tuvo a la vista?, Contestó: “Pagos de intereses generados por los títulos del Banco Industrial de Venezuela”. 26.- Diga Usted, a que decreto corresponden esos certificados?, Contestó: “títulos de la emisión 3° del decreto 1826, se especifican los diferentes seriales del Banco Industrial de Venezuela, planillas nros. 5143, la planilla por tres millones ciento veinte mil cuatrocientos con ochenta céntimos de dólares, otra por un millón seiscientos treinta y un mil ciento treinta y dos con sesenta y ocho céntimos de dólares, otra por un millón ochocientos cuarenta y ocho mil veintidós con ochenta céntimos de dólares; otra por dos millones trescientos dieciséis mil quinientos treinta y cinco con cinco centavos de dólares; otra por un millón quinientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y tres con cincuenta y nueve centavos de dólares; otra por dos millones ochocientos veintidós mil ochocientos cincuenta y cinco dólares no se ve la parte decimal, sin embargo es la planilla nro. 0753, todos en dólares americanos”. 27.- Diga Usted, en alguna de esas planillas discriminadas en su respuesta anterior aparecen relacionados los certificados provisionales 495 y 496?, Contestó: “en todas”. 28.- Diga Usted, quien aparece como beneficiario de cobro de intereses de esos certificados?, Contestó: “Banco Industrial de Venezuela”. 29.- Diga Usted, cual es la última fecha de cancelación de interese de esos certificados provisionales?, Contestó: “20-11-92 que fue pagado, según el sello de pagado”. 30.- Diga Usted, tiene conocimiento sobre si en el Banco Central de Venezuela constan o se archivan las actas de sorteos efectuados de acuerdo a la ley de crédito publico?, Contestó: “Las gacetas las mantenemos, tanto las convocatorias de sorteo y resultados se conservan, pero eso pasó a ser microfilmado por la data, tienen mas 10 años, a partir de 10 años de mandan a microfilmar, no obstante tanto la convocatoria para sorteos como el resultado eran publicados en prensa de mayor circulación, por lo que en cualquier hemeroteca debe estar eso...de acuerdo a toda la documentación examinada quien es el único que aparece como beneficiario tenedor de los certificados provisionales 495 y 496 emitidos conforme al decreto 1826?, Contestó: “El Banco Industrial de Venezuela...el beneficiario de ese título cobra intereses hasta el día del sorteo y de presentar el título se le cancela el capital y los intereses hasta esa fecha, el sorteo implica que hasta ahí se cancelan los intereses...beneficiarios quienes presentan el titulo original, si lo presentó y le cancelaron intereses como se evidencia de la documentación necesariamente tenían los títulos originales...ese es el monto de emisión por el Decreto 1826, doscientos cincuenta millones de dólares, la República se puede endeudar según ese decreto hasta ese monto, de esos doscientos cincuenta millones de dólares autorizados solo la Republica utilizó los doscientos quince millones de dólares colocados al Banco Industrial de Venezuela...aun cuando tenían autorización para utilizar más... la República instruye colocar un titulo por doscientos quince millones al Banco Industrial de Venezuela, los distingue con el nro. 1, posteriormente la República dice cambia ese nro. 1 por uno que se llama 1-a y otro 2-a se sustituyen, pero siguen siendo los mismos doscientos quince millones, después cambia el 1-a y 2-a por 491 al 496, eso es lo que se sustituye no lo que están colocados, se le sustituyen al Banco Industrial de Venezuela el 1-a y 2-a por los 496 certificados, el último es el nro. 496. hay documentación entregada al tribunal donde se estipulan los números que son cambiados al Banco Industrial de Venezuela... en un documento se especifican los números de los certificados entregados, lo que no estaba colocado no genera pagos de interés, por lo tanto no se paga intereses por doscientos cincuenta millones sino solo por lo que se colocó originalmente...al Banco Industrial de Venezuela”. 10.- Diga Usted, ratifica que los certificados provisionales 495 y 496 provienen del 1-a y 2-a o rectifica y dice que provienen de la totalidad de 1-a, 2-a mas 35?, Contestó: “Ratifico que los certificados provisionales 495 y 496 corresponden al mismo monto que originalmente fueron otorgados al Banco Industrial de Venezuela y fueron sustituidos 1-a y 2-a, y eso se evidencia de la documentación que fue entregada...en el dorso de los títulos se especifica lo pagado...la plantilla de relación para el cobro de intereses canceladas...el presentante que aparecía como beneficiario era Banco Industrial de Venezuela...con base a la documentación que se le puso de vista y manifiesto puede indicar en términos incluyentes si hubo personas o instituciones a quienes se le colocó títulos con base al decreto 1826?, Contestó: “Si, originalmente...al Banco Industrial de Venezuela”. 2.- Diga Usted, existió alguna institución pública o privada a la cual además de la empresa e institución mencionados que se le haya colocado títulos de la deuda pública nacional del Decreto 1826?, Contestó: “No ninguno”. 3.- Diga Usted, puede explicar el contenido de los recaudos de la carpeta nro. 2, anexo 24, denominado libro de registros de colocaciones de títulos en dólares comparándola con el acta de fecha 13-03-1991 que cursa en la carpeta nro. 4 relativa a una sustitución de certificados y que en este acto se le ponen de vista y manifiesto?, Contestó: “En el libro de colocaciones se especifican todos los movimientos y colocaciones que se hicieron, empresas que se asignan y se detalla la sustitución y saldo disponible, en el acta levantada en presencia del Ministerio de Finanzas y representantes del Banco Central de Venezuela y de la Contraloría General de la República se especifica una sustitución de la colocación original, se mantiene el monto pero sustituido por un monto de menor denominación, hablan de dos sustituciones, una de diferentes series y las características de los títulos por los cuales se va a sustituir que es el 1-a y el 2-a, se hacen los ingresos de las sustituciones en el libro”. 4.- Diga Usted, de esa emisión con base al decreto 1826 que monto fue efectivamente colocado de acuerdo a la información aportada al tribunal en la inspección?, Contestó: “De acuerdo a la información de la documentación fueron colocados doscientos quince millones al Banco Industrial de Venezuela...de esa colocación que se hizo a las dos empresas antes citadas que remanente en dólares quedaron sin colocar?, Contestó: “Veinticuatro millones trescientos noventa mil dólares americanos...”

3. LA MOTIVACION DE LA RECURRIDA.-

   ..EL TESTIMONIO DEL EXPERTO J.L.R. MONCADA, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE REVISÓ, A LOS FINES DE PRACTICAR LA EXPERTICIA CONTABLE, LA DOCUMENTACIÓN QUE LES FACILITO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ENTRE ELLOS, UNA COPIA DE UNA CERTIFICACIÓN DE CUSTODIA EMITIDO POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, DONDE SE INDICABAN LOS BONOS DEL Nº 480 AL 485, DEL 487 AL 490 Y DEL 492 AL 496...LA AFIRMACIÓN DE COBRO DE INTERESES AL 20-11-92 SE FUNDAMENTO EN UNA EXPERTICIA DE SUDEBAN DONDE APARECEN LAS PLANILLAS QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ENVÍA AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL COBRO DE INTERESES...QUE ESOS CERTIFICADOS SALIERON FAVORECIDOS EN LOS SORTEOS 10 Y 14 DE FECHA 13-04-1993 Y 20-04-1994, RESPECTIVAMENTE...QUE LAS PLANILLAS QUE FUNDAMENTAN LA AFIRMACIÓN QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA HABÍA COBRADO INTERESES HASTA NOVIEMBRE DE 1992 CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, FUERON LAS 5143 (FOLIO 113); 0753 (FOLIO 114); 000395 (FOLIO 115); 001466 (FOLIO 116); 011214 (FOLIO 117) Y 003052 (FOLIO 118)...QUE LA PLANILLA 5143 CORRESPONDE AL SORTEO 2 DEL DECRETO 1826, QUE LA PLANILLA 0753 CORRESPONDE AL SORTEO 3 DEL DECRETO 1826, QUE LA PLANILLA 000395 CORRESPONDE AL SORTEO 4 DEL DECRETO 1826, QUE LA PLANILLA 001466 CORRESPONDE AL SORTEO 5 DEL DECRETO 1826, QUE LA PLANILLA 011214 CORRESPONDE AL SORTEO 6 DEL DECRETO 1826 Y QUE LA PLANILLA 003052 CORRESPONDE DEL SORTEO 7 DEL DECRETO 1826

   ...;

   (...)

   “EL TESTIMONIO DEL CIUDADANO J.F.R.R., LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE CON RESPECTO AL PODER OTORGADO POR UN CIUDADANO DE NOMBRE J.F.R.R. AL CIUDADANO F.A.G.B., EN FECHA 06-01-93, ANTE LA NOTARIA 16° DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, NO ES SU FIRMA LA QUE APARECE COMO OTORGANTE, QUE NO CONOCE A F.G.B., R.T.A. Y C.G.B., QUE NUNCA HA SIDO, FUE O ES PROPIETARIO DE UNOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, POR LA CANTIDAD DE 3.000.000 DE DÓLARES CADA UNO, Y QUE NUNCA SE DEDICÓ, NI EN LA ACTUALIDAD SE DEDICA, EN ALGUNA EMPRESA O A TITULO PERSONAL A NEGOCIAR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA.

   EN ESA MISMA AUDIENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL CIUDADANO G.R. ROA, QUIEN SEÑALO QUE DEJÓ DE TRABAJAR EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA EN EL AÑO 1999, EN EL CUAL SE TRAMITABAN MUCHAS EMISIONES Y QUE DE HABERSE PRODUCIDO UNA PERDIDA DE BONOS Y HAY UNA PROHIBICIÓN DE NO PAGAR, HABRÍA QUE ESPERAR QUE EL TRIBUNAL DECIDIERA...

   (...)

   “...EL TESTIMONIO DEL CIUDADANO G.R. ROA LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA DECRETAR QUE SE DESEMPEÑO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE EL DEPARTAMENTO DE PASIVOS INTERNACIONALES SE ENCARGABA DEL PAGO DE LOS INTERESES QUE GENERABAN LOS BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, EN PARTICULAR LOS 495 Y 496, Y QUE SI EL TENEDOR DEL O LOS BONOS ERA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA O UN PARTICULAR, EL PAGO DE LOS INTERESES SE GENERABA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL TENEDOR POR UNA TRANSFERENCIA A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, O A TRAVÉS DE UN CHEQUE, Y QUE LA PRESENTACIÓN DEL TITULO ES LA QUE GENERABA LA CANCELACIÓN DE LOS INTERESES, PERO QUE EL NO TENIA LA OBLIGACIÓN DE FIRMAR CADA PLANILLA DE COBRO DE INTERESES.

   “EN LA AUDIENCIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO LA CIUDADANA D.J. ESCALANTE QUIÑONEZ, QUIEN DECLARÓ QUE DE LO QUE SE RECUERDA, SABE SUSTANCIÓ EN LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ANTIGUO MINISTERIO DE HACIENDA, UN EXPEDIENTE RELACIONADO CON UNOS BONOS QUE SE HABÍAN EXTRAVIADO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. CON VISTA DE LO AFIRMADO SE LE PUSO A LA TESTIGO DE VISTA Y MANIFESTÓ EL DOCUMENTO INSERTO EN LOS FOLIOS 212 AL 217 DEL ANEXO 12 DEL EXPEDIENTE.

   (...)

   “...EL TESTIMONIO DE LA CIUDADANA D.J. ESCALANTE QUIÑÓNEZ, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE PRACTICÓ UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL EXTRAVIÓ DE UNOS BONOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL NÚMEROS 495 Y 496, A QUE SE REFIERE EL INFORME QUE CURSA A LOS FOLIOS 212 AL 217 DEL ANEXO 12, QUE RATIFICÓ CON SU CONTENIDO Y FIRMA.

   “TAMBIÉN EN ESA AUDIENCIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007, RINDIÓ DECLARACIÓN LA CIUDADANA AMALOA DEL VALLE PARRA ROMERO, QUIEN MANIFESTÓ ELLA TRABAJÓ COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO TRABAJABA DIRECTAMENTE CON LOS BONOS, Y COMO FUNCIÓN ADICIONAL MANEJABA PAGARES Y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS:

   (...)

   “EL TESTIMONIO DE LA DECLARACIÓN AMALOA DEL VALLE PARRA ROMERO, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE EN EL AÑO 1992 TRABAJÓ REALIZANDO FUNCIONES SECRETARIALES EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE SE ENTERÓ DEL EXTRAVIÓ DE UNOS BONOS PORQUE SE LO DIJO O INFORMÓ LA CIUDADANA N.O., QUE ELLA NUNCA TRABAJÓ CON BONOS, NI TUVO ACCESO A LA BÓVEDA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES.

   “IGUALMENTE EN ESA AUDIENCIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL CIUDADANO R.Á. ALDANA MARTÍNEZ, QUIEN INDICÓ QUE DESEMPEÑÁNDOSE COMO EJECUTIVO DE CUENTAS DE LA BOLSA O CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE HIZO ACTO DE PRESENCIA “UN SUJETO” CON UNOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496 CON LA INTENCIÓN DE VENDERLOS EN EL MERCO CAPITAL, SIENDO ATENDIDA ESA PERSONA POR ÉL Y POR C.A.T., QUE ESA PERSONA TENIA PREMURA PARA VENDERLOS, SEÑALANDO QUE ESTABA EN LA VENTA CONJUNTAMENTE CON OTRA PERSONA, LA CUAL NO HIZO ACTO DE PRESENCIA, Y COMO ERA HORA DEL MEDIODÍA Y NO HABÍA PERSONAL, LE HICIERON UN RECIBO, LUEGO REALIZÓ LLAMADAS PARA VER COMO ANDABA O IBA LA VENTA, PERO COMO VARIAS CASAS DE BOLSAS TAMBIÉN ESTABAN TRANSANDO EL PAPEL OFRECIDO, SE MANDÓ A PARAR EL TRAMITE, HASTA QUE J.C.D., QUIEN ERA EL PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, LES INFORMÓ QUE ERA COMISIÓN DE “PTJ” SE APERSONARÍA PARA TOMARLES DECLARACIÓN, ENTERÁNDOSE LUEGO QUE C.A.T. ERA SOBRINO DE R.T.A., Y LOS BONOS SE QUEDARON EN LA CASA DE BOLSA.

   (...)

   “EL TESTIMONIO DEL CIUDADANO R.A. ALDANA MARTÍNEZ, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE ESTANDO EN HORAS DEL MEDIODÍA EN LAS OFICINAS DE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, CON C.A.T., SE PRESENTÓ UN CIUDADANO DE NOMBRE F.G. PARA NEGOCIAR UNOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, AL CUAL SE LE EXPIDIÓ UN RECIBO, DICIENDO QUE ACTUABA CONJUNTAMENTE CON OTRA PERSONA, PERO QUE ESTA NO HIZO ACTO DE PRESENCIA, QUE F.G. TENIA PREMURA PARA LA NEGOCIACIÓN, REALIZANDO LUEGO LLAMADAS PARA VER COMO IBA LA MISMA, PARÁNDOSE LA NEGOCIACIÓN POR INSTRUCCIONES DE J.C.D., QUE EN NINGÚN MOMENTO C.A.T. LE DIJO QUE ERA SOBRINO DE R.T.A., PERSONA ESTA QUE REALIZÓ COMO TRES (3) LLAMADAS DICIÉNDOLES QUE LOS VENDIERA, HABÍA PREMURA PARA LA VENTA.

   “EN LA AUDIENCIA DE FECHA 6 DE JULIO DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL CIUDADANO J.C.D. YANEZ, QUIEN SEÑALÓ QUE EN EL AÑO 1993, UN CLIENTE POR INTERMEDIO DE UNA PERSONA QUE TRABAJABA EN LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, HIZO UN CONTACTO PARA UNA OPERACIÓN DE DOS TÍTULOS, Y POR UNA LLAMADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INFORMANDO QUE ESOS BONOS HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE LA BÓVEDA DE ESE BANCO, LA OPERACIÓN SE PARÓ, LOS BONOS FUERON LUEGO ENTREGADOS Y FUE LLAMADO A DECLARAR A LA “PTJ”.

   (...)

   “EL TESTIMONIO DEL CIUDADANO J.C.D. YÁNEZ, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE A TRAVÉS DE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, UN CLIENTE POR INTERMEDIO DE UN FAMILIAR QUE TRABAJABA EN LA CASA DE BOLSA DE NOMBRE C.A., ENTREGÓ UNOS BONOS PARA SE NEGOCIADOS, Y QUE ESE FAMILIAR VIVÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DICIÉNDOLE C.A. QUE LOS BONOS QUE SE ESTABAN NEGOCIANDO ERA EL PAGO QUE SE LE HABÍA HECHO AL CLIENTE POR EL PAGO DE LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA, Y QUE POR CONOCIMIENTO QUE TUVO EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE BOLSA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LOS BONOS HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS A ESTA ÚLTIMA INSTITUCIÓN, POR LO CUAL SE DETUVIERON LOS TRAMITES, Y QUE EL JEFE DE SEGURIDAD DE LA CASA DE BOLSA, ENTREGÓ AL JEFE DE SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DOS (2) FOTOCOPIAS DE LOS ORIGINALES DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, QUE ESTABAN EN CUSTODIA DE LA CASA DE BOLSA, A NOMBRE DE F.G. BRICEÑO, TODO CON EL OBJETO DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA “LOGRARA LA IDENTIFICACIÓN EN SUS BÓVEDAS DE LA EXISTENCIA DE ESOS TÍTULOS” (RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 DEL JUEZ).

   “EN LAS AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL Y PUBLICO DE FECHAS 17, 23 Y 27 DE JULIO DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, QUIEN CON VISTA Y MANIFESTÓ DE LA EXPERTICIA CONTABLE, CURSANTE A LOS FOLIOS 53 AL 59 DE LA TERCERA PIEZA, ASÍ COMO DEL ANEXO 13 DEL EXPEDIENTE, DECLARÓ QUE EN EL AÑO 1997, CONJUNTAMENTE CON LAS EXPERTAS DAYLIN PADILLA Y M.J.P., REALIZARON UNA EXPERTICIA, SIENDO SU PERSONA EL GERENTE TÉCNICO, Y EL OBJETO DE LA MISMA DETERMINAR LA ADQUISICIÓN O LA TENENCIA DE LOS BONOS POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE LAS EXPERTAS CITADAS SE ENCARGARON DE REVISAR LOS PAPELES EN LOS TRIBUNALES, BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ASÍ COMO DETERMINAR COMO HABÍA SIDO LA ADQUISICIÓN POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE LOS TÍTULOS POR 3.000.000 DE DÓLARES, SEÑALANDO QUE LOGRARON PROBAR QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ADQUIRIÓ LOS BONOS, Y QUE FUE ESTA INSTITUCIÓN LA QUE COBRÓ LOS INTERESES, YA QUE EXAMINARON TODOS LOS COMPROBANTES RELACIONADOS CON LOS TÍTULOS EN EL PROPIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE SUMINISTRÓ LOS COMPROBANTES CONTABLES, QUE EN RELACIÓN A LOS INTERESES CANCELADOS REFERIDOS EN EL PUNTO 7 DE LA EXPERTICIA, SE COTEJÓ LA INFORMACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CON LA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PERO QUE SOLO CHEQUEARON LA RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES PRESENTADA POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 DE LA DEFENSA EN EL ACTA DEL 17 DE JULIO DE 2007), Y QUE TUVIERON A LA VISTA EL RECIBO DE CUSTODIA Nº 519 EMITIDO POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, EN EL CUAL SE IDENTIFICABAN LOS TÍTULOS 495 Y 496, QUE ESTÁ CURSANTE AL ANEXO 5, FOLIOS 10 AL 17, Y QUE EN EL PUNTO 2.2 DE LA EXPERTICIA SE SEÑALA QUE SE REVISÓ ESE RECIBO (RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 DEL REPRESENTANTE FISCAL), PERO LUEGO DIJO QUE AL REVISAR LA EXPERTICIA SE DA CUENTA QUE NO SE SEÑALA ESPECÍFICAMENTE LA REVISIÓN DEL RECIBO 519, QUE COMO PARTE DE LA CONCLUSIÓN Y CON BASE A LOS DOCUMENTOS QUE LES FUERON SUMINISTRADOS SE SEÑALÓ LA ADQUISICIÓN DE ESOS TÍTULOS POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ...QUE SE REVISARON EN UN 100% Y EN COPIA LOS COMPROBANTES CONTABLES REFERENTES A LA ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES PARA DEMOSTRAR LA TITULARIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

   (...)

   “EL TESTIMONIO DEL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, DEBE SER OBJETO DE PARTICULAR ANÁLISIS EN VIRTUD DE QUE EN LOS INTERROGATORIOS REALIZADOS POR EL REPRESENTANTE FISCAL, LA DEFENSA DEL ACUSADO Y EL JUEZ, DICHO EXPERTO INCURRIÓ EN GRAVES CONTRADICCIONES, QUE SE ANALIZARÁN EN DETALLE EN EL CAPÍTULO IV, POR LO QUE LOS HECHOS QUE SE ACREDITEN DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE PUNTUALIZADOS, Y EN ESTE SENTIDO ESTE JUZGADOR APRECIA ESE TESTIMONIO PARA ACREDITAR QUE CONJUNTAMENTE CON OTRAS DOS (2) FUNCIONARIAS REALIZÓ UNA EXPERTICIA CONTABLE, EN LA CUAL NO SE REVISÓ O TUVO EN CUENTA EL RECIBO DE CUSTODIA Nº 519, POR EL CUAL EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SEÑALÓ QUE ESTABA RECIBIENDO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (SUCURSAL CURAZAO), 194 CERTIFICADOS PROVISIONALES, ENTRE LOS CUALES APARECE MENCIONADO EL 495 Y 496; QUE SE ANALIZARON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD CURSANTES EN EL ANEXO 5 DEL ANEXO GENERAL 13, DEMOSTRATIVOS DE LA RECEPCIÓN DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL POR 215.000.000 DE DÓLARES, TAL COMO SE INDICA EN LOS COMPROBANTES; QUE SI HAY RELACIÓN ENTRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, POR 20.000.000 Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, PERTENECIENTES AL DECRETO 1826, SI GUARDAN RELACIÓN CON LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SUSTITUTOS SEGÚN ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, YA QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, DAN ORIGEN A LA POSTERIOR OPERACIÓN (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 20 Y 13 DE LA DEFENSA DE LAS ACTAS DEL 17 Y 23 DE JULIO DE 2007, RESPECTIVAMENTE); QUE NO RATIFICA DE QUE EN EL DORSO DE LAS COPIAS DE LOS CERTIFICADOS, LA RELACIÓN DE PAGOS DE INTERESES QUE ALLÍ APARECE, CORRESPONDA A LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 (RESPUESTA A LA PREGUNTA 32 DE LA DEFENSA DEL ACTA DEL 18 DE JULIO DE 2007)... QUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LE FUE PRIMIGENIAMENTE ASIGNADO UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES CORRESPONDIENTE AL DECRETO 1826, CERTIFICADO QUE ADQUIRIÓ EN 1987, QUE LUEGO FUE SUSTITUIDO `POR DOS CERTIFICADOS DE 15.000.000 Y 195.000.000 DE DÓLARES, TÍTULOS 1-A Y 2-A, RESPECTIVAMENTE; QUE POR ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, EL CERTIFICADO 1-A, 2-A, Y OTROS CERTIFICADOS POR 35.000.000 DE DÓLARES, FUERON SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS POR UN MONTO DE 250.000.000 DE DÓLARES, DENTRO DE LOS CUALES ESTÁN LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, Y QUE TODOS ELLOS, LOS SUSTITUIDOS Y LOS SUSTITUTOS PROVIENEN DEL DECRETO 1826 (RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 9, 10, 11 Y 12 DE L JUEZ DEL ACTA DEL 27 DE JULIO DE 2007)

   (...)

   “...EN LA AUDIENCIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO LA CIUDADANA N.O.M., QUIEN DECLARÓ QUE DESDE FINALES DEL AÑO 1991 FUE GERENTE DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE ESTANDO EN LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES RECIBIÓ UNA LLAMADA DE LA EJECUTIVA V.R. PARA QUE SE TRASLADARA A SU OFICINA, YA QUE SE HABÍA PASADO UN FAX AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, DOS FOTOCOPIAS DE DOS TÍTULOS VALORES QUE SE ESTABAN NEGOCIANDO EN LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, SUBIERON ELLA Y EL VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA A LA VICEPRESIDENCIA, EN LA CUAL LE MUESTRAN UNAS FOTOCOPIAS DE DOS (2) TÍTULOS QUE TENÍAN EL NÚMERO DE ARRIBA TACHADO, RELACIONADOS CON EL DECRETO 1826, CADA UNO POR 3.000.000 DE DÓLARES, INFORMACIÓN QUE FUE TRASMITIDA POR LA CASA DE BOLSA A SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LE ORDENAN HACER UN INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTABAN ABAJO, SE PROCEDIÓ A REALIZARLO, HACIENDO UN INVENTARIO FÍSICO COMPARATIVO, NO FALTANDO NADA, VOLVIERON A REVISAR, Y COMO ELLA TENIA UNAS COPIAS DE ESE DECRETO, COMIENZA A VERIFICAR FALTANDO DOS, QUE ERAN LOS TÍTULOS 495 Y 496, LUEGO AL DÍA SIGUIENTE SEGURIDAD TOMÓ EL ÁREA Y LOS LLEVARON A LA ANTIGUA “PTJ” A DECLARAR:

   (...)

   “...EL TESTIMONIO DE LA CIUDADANA N.O.M., LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE DESDE FINALES DEL 1991 ERA GERENTE DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; QUE LLEVABAN UN REGISTRO CONTABLE SOLO DE LOS TÍTULOS PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y LOS QUE ESTABAN EN CUSTODIA SE LLEVABAN EN CUENTAS DE ORDEN, PERO ESTABAN EN LA BÓVEDA DE SEGURIDAD (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 3, 4 Y 5 DEL REPRESENTANTE FISCAL)...QUE DE LA FALTA DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 SE DIO CUENTA CUANDO REALIZARON UN CHEQUEO FÍSICO COMPARATIVO NO FALTANDO NADA, PERO REVISARON LAS CARPETAS DE LOS ORIGINALES DE LOS DECRETOS, COMPARANDO ORIGINALES Y COPIAS, FALTANDO LOS ORIGINALES DE LOS CITADOS TÍTULOS; QUE EL ACTA DE FECHA 19-1-1993, CURSANTE AL ANEXO 6 DEL ANEXO GENERAL 13, DONDE SE DETERMINÓ QUE NO HABÍA FALTANTE, ERA DE TÍTULOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PERO QUE EN ESA ACTA NO SE INCLUÍAN LOS TÍTULOS DEL DECRETO 1826; QUE ELLA FIRMABA LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES (RESPUESTA A LA PREGUNTA 20 DEL REPRESENTANTE FISCAL); QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA PRUEBA LA CUSTODIA Y PREEXISTENCIA EN SU BÓVEDA DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, EN FECHA ANTERIOR AL 6 DE ENERO DE 1993, CON LAS PLANILLAS DE RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES QUE SE COBRARAN EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 4 Y 5 DE LA DEFENSA PRIVADA), Y QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PAGÓ INTERESES SOBRE TÍTULOS DEL DECRETO 1826 HASTA NOVIEMBRE DE 1992, PERO NO SE ACREDITA LO AFIRMADO DE QUE NO PRESENTÓ DIRECTAMENTE AL COBRO EN BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LAS PLANILLAS 05753, 0395, 1466 Y 3052 (ULTIMO PUNTO DE LA RESPUESTA DADA A LAS PREGUNTAS 15 Y 16 DEL JUEZ), QUE NUNCA ORDENO A W.R. QUE PRESENTARA LA PLANILLA 11214 CON FECHA 19-08-1992, PARA COBRO DE INTERESES DONDE SE INCLUÍAN LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, Y QUE PARA ESA FECHA LA GERENTE DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ERA ELLA (RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 19, 20 Y 21 DEL JUEZ); POR CUANTO ESTE JUZGADOR SEÑALA QUE LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS EN CUESTIÓN SERÁN OBJETO DE ANÁLISIS EN EL CAPÍTULO IV DE ESTA SENTENCIA.

   (...)

   “...EN LA AUDIENCIA DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL EXPERTO O.J.C. RIVAS, QUIEN PREVIA VISTA Y MANIFIESTO DEL INFORME PARCIAL CONTABLE DE FECHA 8-12-1993, CURSANTE A LOS FOLIOS 209 AL 212 DE LA PRIMERA PIEZA, SEÑALÓ QUE SE LES SOLICITÓ UNA EXPERTICIA CON MOTIVO DE UNA DENUNCIA DEL REPRESENTANTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE VERSABA SOBRE EL EXTRAVIÓ DE UNOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA QUE TENIA EN SU PODER, SIENDO EL OBJETO DE LA PERITACIÓN DETERMINAR LA PROPIEDAD DE ESOS BONOS Y EL MOVIMIENTO QUE HABÍAN TENIDO LOS MISMOS, PARA LO CUAL SE SOLICITÓ LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, SE ANALIZÓ LA MISMA Y SE HIZO EL INFORME CORRESPONDIENTE.

   (...)

   “...EN AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL CIUDADANO R.S. LUCENA, QUIEN PREVIA VISTA Y MANIFESTÓ DEL INFORME DE FECHA 5-5-1997, CURSANTE A LOS FOLIOS 212 AL 216 DEL ANEXO Nº 12, DECLARÓ QUE PARA LA FECHA DEL INFORME SU PERSONA ESTABA DE COMISIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA, FUE ASESOR DE LA SEÑORA DEXI ESCALANTE, YA QUE AL NO TENER ESTA CONOCIMIENTO EN MATERIA FINANCIERA, LA ASESORÓ EN DISTINTOS TEXTOS LEGALES Y SOBRE LA NORMATIVA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

   (...)

   “...EN LA AUDIENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO EL CIUDADANO M.J.G. LANDAETA, QUIEN EXPUSO QUE EN EL AÑO 1992...HUBO EN LA VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS UNA ALERTA DE QUE SE ESTABA TRATANDO DE NEGOCIAR DOS BONOS, SE HIZO UNA AUDITORIA Y SE CONSTATÓ EN LA GERENCIA DE VALORES QUE NO SE ENCONTRABA EL FÍSICO DE LOS VALORES O BONOS SOBRE LOS CUALES SE HICIERA LA ALERTA, LO QUE SE ENCONTRÓ FUERON LAS FOTOCOPIAS DE LOS MISMOS, SE HIZO LA DENUNCIA EN “PTJ”, PERO QUE ESTABA DEMOSTRADO QUE LOS BONOS ERAN PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

   (...)

   “...EL TESTIMONIO DEL CIUDADANO M.J.G. LANDAETA, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE ESTANDO EN EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LE COMUNICARON DE QUE SE ESTABA TRATANDO DE NEGOCIAR DOS BONOS EN DÓLARES, CONSTATÁNDOSE CON UN ARQUEO CONTABLE QUE NO HABÍA FALTANTE, PERO LUEGO CUANDO SE HIZO LA REVISIÓN FÍSICA CON UNAS FOTOCOPIAS QUE REPOSABAN EN LA GERENCIA DE VALORES, SE DETECTÓ EL FALTANTE DE LOS BONOS (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 1, 2, 6 Y 7 DEL REPRESENTANTE FISCAL); REVISIÓN FÍSICA QUE HIZO LA GERENTE DE VALORES N.O., (RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 DEL REPRESENTANTE FISCAL); QUE SI SE CONSTATÓ LA PERDIDA O SUSTRACCIÓN DE LOS BONOS DE LA BÓVEDA DE LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (RESPUESTA A LA PREGUNTA 14 DE LA DEFENSA); QUE CONTABLEMENTE LOS BONOS ESTABAN REGISTRADOS EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 DE LA DEFENSA); QUE FIRMÓ COMUNICACIONES DE FECHA 6 Y 25 DE MAYO DE 1993, DIRIGIDAS AL MINISTERIO DE HACIENDA RELACIONADAS CON EL COBRO DE INTERESES; QUE EN LA DENUNCIA QUE INTERPUSO ANTE “PTJ” NO CONSIGNÓ LOS ASIENTOS PARA DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE LOS BONOS POR EL BANCO (RESPUESTA A LA PREGUNTA 13 DE LA DEFENSA)...”

   (...)

   ...EL TESTIMONIO DEL CIUDADANO J.A. RUGARCIA DORANTES, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE A SOLICITUD DEL ACUSADO R.T.A., PRACTICO UN EVALUÓ DE DIECISÉIS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA EMPRESA INMOBILIARIA A.C.A, EN EL AÑO 2003, PERO QUE LOS EVALUÓ NO TENIENDO LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD SOBRE LOS MISMOS, Y QUE LA CASA AVALUADA UBICADA EN LA CALLE ORINOCO DE LAS MERCEDES PARA LA FECHA DEL AVALÚO, INMOBILIARIA A.C.A, LA HABÍA YA VENDIDO AL SEÑOR V.G. GONZÁLEZ

   ....

   (...)

   “...EN LA AUDIENCIA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007, RINDIÓ TESTIMONIO LA ANALISTA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CIUDADANA NINOSKA DEL C.G.D.G., QUIEN SEÑALÓ QUE RESPECTO AL DECRETO 1826, LA COLOCACIÓN SE HIZO O SE EMITIÓ POR LA CANTIDAD DE 250.000.000 DE DÓLARES, SE LE COLOCA DE ESE MONTO 215.000.000 DE DÓLARES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA...LUEGO SE CANCELABAN LAS PLANILLAS DE COBRO DE INTERESES AL PRESENTANTE DE LAS MISMAS POR TAQUILLA, COLOCÁNDOSE AL DORSO DEL TITULO LA FIRMA Y FECHA DE CANCELACIÓN, DESPUÉS SE DEVOLVÍA AL BENEFICIARIO, SIENDO EL TITULO AL PORTADOR.

   (...)

   “...EL TESTIMONIO DE LA ANALISTA FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, NINOSKA DEL C.G.G., LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE EL DECRETO 1826 SE REFIERE A UNA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL POR UN MONTO DE 250.000.000 DE DÓLARES, DE LOS CUALES SE LE COLOCÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ORIGINALMENTE UN TITULO POR 215.000.000 DE DÓLARES, A LA EMPRESA SIEMENS SE LE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 10.610.000 DÓLARES, QUEDANDO UN SALDO DE 24.390.000 DÓLARES, LUEGO SE REALIZÓ UN SORTEO POR 12.000.000 DE DÓLARES, QUEDANDO UN MONTO DE 12.390.000 DÓLARES SIN COLOCAR, PERO QUE EL MONTO DE 24.390.000 DÓLARES, NO SE COLOCÓ EN DEFINITIVA, A PESAR DEL SORTEO DE 12.000.000 DE DÓLARES, SIGNIFICANDO ELLO QUE ESE MONTO NO SALIÓ A LA CALLE, NO TENÍAN INSTITUCIÓN O PERSONA ASIGNADA; QUE A LAS ÚNICAS INSTITUCIONES O EMPRESAS QUE SE LE COLOCARON TÍTULOS DE LA EMISIÓN DEL DECRETO 1826, FUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA...LA COLOCACIÓN PRIMARIA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA FUE CON LA COLOCACIÓN DEL TITULO 1, SIENDO A ESTA INSTITUCIÓN QUE APARECE COMO BENEFICIARIA EN LA RELACIÓN DE PLANILLA PARA EL COBRO DE INTERESES, YA QUE FUE EL QUE PRESENTÓ LOS TÍTULOS POR TAQUILLA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA...TODO CON BASE A LA TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR UN MONTO DE 250.000.000 DE DÓLARES, AUTORIZADA POR EL DECRETO 1826; QUE LOS DOCUMENTOS CURSANTES A LA CARPETA 5, FOLIOS 372 AL 381 DEL ANEXO 24, SON COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA QUE SE ELABORABAN EN EL MOMENTO EN QUE SE CANCELABA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LA TRANSFERENCIA QUE SE LE HACIA POR LOS MONTOS ALLÍ SEÑALADOS; QUE EL TITULO ORIGINAL COLOCADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CON BASE AL DECRETO 1826 FUE EL Nº 1, LUEGO SUSTITUIDO POR EL 1-A Y EL 2-A, SIEMPRE PRESENTÁNDOLOS EL BANCO INDUSTRIAL, Y QUE EN EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 SE VEN LAS FECHAS EN QUE SE CANCELARON LOS INTERESES; QUE LAS SEIS (6) PLANILLAS DE RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES CURSANTES EN LOS FOLIOS 363 AL 368 DE LA CARPETA 5 DEL ANEXO 24, FUERON CANCELADAS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; QUE EL ACTA DEL 13-03-1991 RELATIVA A LA SUSTITUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, MAS 35.000.000 DE DÓLARES, SE REFIEREN A UNA SUSTITUCIÓN QUE SE HIZO POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, Y QUE EN DEFINITIVA DE ESA EMISIÓN DE 250.000.000 DE DÓLARES CORRESPONDIENTE AL DECRETO 1826, SOLO FUE COLOCADA LA CANTIDAD DE 225.610.000 DE DÓLARES, QUEDANDO SIN COLOCAR 24.390.000 DÓLARES, NO OBSTANTE QUE SE SORTEARON 12.000.000, PERO QUE TAMPOCO FUERON COLOCADOS, RATIFICANDO QUE SOLO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA... FUERON COLOCADOS TÍTULOS CON BASE AL DECRETO 1826.

   (...)

   ...EN FECHA 9 DE ENERO DE 2008, RINDIÓ TESTIMONIO LA LICENCIADA EN FINANZAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CIUDADANA YAQUELINE BASTARDO VEGAS, QUIEN SEÑALÓ QUE CON RELACIÓN A LA EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL CONFORME AL DECRETO 1826, LA COLOCACIÓN POR INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS SE HACE A TRAVÉS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, TANTO LOS PAGOS COMO CUALQUIER OTRA OPERACIÓN, Y QUE DE ESE DECRETO 1826 DE HICIERON DOS COLOCACIONES DE TÍTULOS, UNA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR 215.000.000 DE DÓLARES...QUE EL RESTO DE LOS TÍTULOS NO FUERON COLOCADOS, Y QUE LOS TÍTULOS 495 Y 496 FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO SIENDO NUNCA SUSTITUIDOS POR TÍTULOS DEFINITIVOS, Y LOS INTERESES VIENEN IMPLICADOS EN EL TÍTULO, QUE CUANDO SE HACE EL COBRO DE INTERESES QUE LA ULTIMA CANCELACIÓN DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR LOS TÍTULOS 495 Y 496 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, FUE HECHA A LA INSTITUCIÓN BANCARIA PRIMERAMENTE CITADA, SEGÚN SOPORTE DE DOCUMENTOS CONTABLES EN EL REVERSO DE LOS TÍTULOS, EN DONDE SE COLOCÓ LA FECHA Y EL MONTO DE INTERESES, Y QUE POR SER EN DÓLARES DEBÍA HACERSE UN TRAMITE ESPECIFICO QUE PODÍA SER A TRAVÉS DE UN CORRESPONSAL QUE LO NOMBRA, O DICE EL PORTADOR, O A TRAVÉS DE UN CHEQUE EN DÓLARES, Y QUE EN EL CASO ESPECIFICO DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, CADA UNO DE LOS PAGOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SE HIZO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

   ....

   (...)

   ...EL TESTIMONIO DE LA CIUDADANA YAQUELINE BASTARDO VEGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, LO APRECIA ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR QUE LA REPUBLICA CON BASE AL DECRETO 1826, HIZO UNA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL POR UN MONTO DE 250.000.000 DE DÓLARES, DE LOS CUALES FUERON COLOCADOS NADA MÁS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA...LAS CANTIDADES DE 215.000.000 DÓLARES...; QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496 FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INSTITUCIÓN A LA CUAL, A TRAVÉS DE PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, SE LE CANCELÓ EL PAGO DE LOS INTERESES, QUE QUEDÓ ASENTADO EN EL REVERSO DE LOS CERTIFICADOS CITADOS, Y QUE INCLUSO SE PAGÓ INTERESES POR EL TITULO 1 QUE ERA EL ORIGINARIO, Y TAMBIÉN POR LOS SUSTITUTOS DE ESTE, DISTINGUIDOS 1-A Y 2-A, QUE PROVIENEN DEL DECRETO 1826; QUE TODO LO ANTERIORMENTE INDICADO SE PRUEBA CON EL LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN DÓLARES, QUE PRUEBA ADEMÁS NO SOLO LOS MONTOS EN DÓLARES COLOCADOS, SINO TAMBIÉN LA INSTITUCIÓN Y EMPRESA A LA CUAL SE COLOCARON ESOS TÍTULOS; QUE EN LA CARPETA 3, FOLIOS 350 AL 354, ANEXO GENERAL 24, HAY UNA SERIE DE COMUNICACIONES DEL 1989, 1990 Y 1991, DIRIGIDOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, RECLAMÁNDOLE O SOLICITÁNDOLE EL PAGO DE LOS INTERESES Y EN LAS MISMAS DAN INSTRUCCIONES A DONDE DEBE SER TRASFERIDOS LOS FONDOS; QUE LA CARPETA 4, FOLIOS 363 AL 368 DEL ANEXO 24, QUE SE REFIERE A LAS PLANILLAS 5143, 003052, 011214, 000395, 001496 Y 0753, DE PAGO DE INTERESES GENERADOS POR TÍTULOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ATINENTES A LA TERCERA EMISIÓN EL DECRETO 1826, INDICÁNDOSE EN TODA ESAS PLANILLAS LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, SIENDO EL BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SIENDO LA ULTIMA FECHA DE CANCELACIÓN DE INTERESES EL 20-11-1992; QUE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 NO CORRESPONDEN A TÍTULOS DEL 001 AL 0035 POR 35.000.000 DE DÓLARES, SEÑALADOS COMO SUSTITUIDOS EN EL ACTA DEL 13-03-1991, SINO, A LOS CERTIFICADOS SUSTITUIDOS 1-A Y 2-A; QUE NO EXISTIÓ APARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA... NINGUNA OTRA EMPRESA O INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE HAYA COLOCADO TÍTULOS CON BASE AL DECRETO 1826; QUE EL REMANENTE EN DÓLARES QUE QUEDÓ SIN COLOCACIÓN FUE DE 24.390.000 DÓLARES, ES DECIR, QUE NO SE UTILIZÓ, QUE POR LEY DE ENDEUDAMIENTO LA REPUBLICA SOLO UTILIZÓ LO QUE COLOCÓ POR DACIÓN EN PAGO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y A LA EMPRESA SIEMENS, YA QUE LES DEBÍA UN DINERO Y LO CANCELÓ CON TÍTULOS VALORES; QUE EL MONTO NO COLOCADO SIGNIFICA QUE FUE AUTORIZADO PERO QUE NUNCA SALIÓ A CIRCULACIÓN, LOS TÍTULOS POR EL MONTO NO COLOCADO NUNCA SE ENTREGARON Y QUE LA NUMERACIÓN DEL ACTA DEL 13- 03-1991, POR 35.000.000 DE DÓLARES, QUE VAN DEL 001 AL 0035, SE ADJUDICARON UNA PARTE A LA EMPRESA SIEMENS, Y QUE EL 1-A Y 2-A SE ADJUDICARON O COLOCARON AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

   ...

   (...)

   “...COMO DOCUMENTALES ESTE JUGADOR APRECIA LAS OFERTADAS POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL Y ADMITIDAS POR EL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, Y RECEPCIONADAS POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

   (...)

   “...COMO DOCUMENTALES ESTE JUGADOR APRECIA LAS OFERTADAS POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL Y ADMITIDAS POR EL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, Y RECEPCIONADAS POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

   1. EL OFICIO Nº CJAA-C-12-2001 DE FECHA 18-12-1996, SUSCRITO POR EL CIUDADANO J.L. NUÑEZ, CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y DIRIGIDO AL JUEZ TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Y RECAUDOS CERTIFICADOS ANEXOS, CURSANTES DEL FOLIO 54 AL 79 DE LA PIEZA 2, LOS APRECIA ESTE JUZGADOR COMO UN INFORME, DE ACUERDO AL NUMERAL 2º DEL ARTICULO 339 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EN RAZÓN DE QUE:

      1) EL OFICIO Nº HCP-1967 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, DIRIGIDO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR LA DIRECTIVA DE CRÉDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EN EL CUAL LE INDICA QUE GIRE LAS INSTRUCCIONES PARA QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL NUMERO UNO (1) POR UN VALOR DE 215.000.000 DE DÓLARES, DEPOSITADO EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, SEA VENDIDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE LOS RESTANTES CERTIFICADOS POR UN MONTO DE 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, OPORTUNAMENTE SOLICITARAN SU COLOCACIÓN; QUE EN CONJUNTO ESOS 36 CERTIFICADOS, REPRESENTABAN BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL “ DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN US $ DÓLARES POR LA CANTIDAD DE US $ 250.000.000” EMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FECHA 3 DE ENERO DE 1986.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE YA DESDE EL AÑO 1987 LE FUE VENDIDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA UN CERTIFICADO PROVISIONAL POR UN VALOR DE 215.000.000 DE DÓLARES, Y QUE ESTE HABÍA QUEDADO DEPOSITADO SEGÚN ACTA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987 EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

      2) EL OFICIO Nº HCP-728 DE FECHA 17 DE JULIO DE 1993, DIRIGIDO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POR EL DIRECTOR DE CRÉDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL LE INFORMA QUE CON FECHA 13 DE JULIO DE 1990, SEGÚN ACTA DE ENTREGA AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, FUERON DEPOSITADOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 1-A POR 20.000.000 DE DÓLARES, Y 2-A POR 195.000.000 DE DÓLARES, CON EL OBJETO DE QUE FUERAN CANJEADOS POR EL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº 1 POR LA CANTIDAD DE 215.000.000 DE DÓLARES.

      3) MEMORANDUM NUMERO DLIE/ 135 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CAMBIARIA A LA GERENCIA DE TESORERÍA, AMBAS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, INDICÁNDOLE A LA PRIMERA, QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº 1 POR UN VALOR DE 250.000.000 DE DÓLARES SEA MANTENIDO EN CUSTODIA A LA ORDEN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

      “...SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº 1 POR UN VALOR DE 215.000.000 DE DÓLARES ESTABA EN CUSTODIA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A LA ORDEN DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; MEMORANDUM CITADO QUE SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL OFICIO Nº HCP-1967 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987.

      4) EL ACTA DE FECHA 13-3-1991, MEDIANTE EL CUAL SE DEJO EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LA CANTIDAD DE 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, QUE REPRESENTABAN “ IGUAL NUMERO DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1995 TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR UN MONTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”, QUE SUSTITUÍAN A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES: (1) TREINTA Y CINCO (35) CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO DE 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 19987; (2) DOS CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO, UNO, DE 20.000.000 DE DÓLARES, Y OTRO POR 195.000.000 DE DÓLARES, DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 13 DE JULIO DE 1990, PARA UN TOTAL DE 205.000.000 DE DÓLARES.

      EN ESA ACTA SE INDICAN LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, DE LA SIGUIENTE FORMA:

      serie

      cantidad

      numerados del/al

      denominación

      us$ monto

      a

      145

      0001/0145

      10.000,00

      1.450.000,00

      b 57 0146/0202 50.000,00 2.850.000,00

      c

      132

      0203/0334

      100.000,00

      13.200.000,00

      d

      39

      0335/0373

      500.000,00

      19.500.000,00

      e 51 0374/0478 1.000.000,00 51.000.000,00

      f 54 0425/0478 2.000.000,00 108.000.000,00

      g 18 0479/0496 3.000.000,00 54.000.000,00

      TOTAL 496 250.000.000,00

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A, 2-A Y 35 CERTIFICADOS POR VALORES DE 20.000.000 DE DÓLARES, 195.000.000 DE DÓLARES Y 1.000.000 CADA UNO, RESPECTIVAMENTE, FUERON SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS DE LA SERIE “A” A LA “G”, POR DIVERSOS NÚMEROS QUE VAN DEL 0001 AL 0496, POR DIFERENTES DENOMINACIONES, PARA UN TOTAL DE 250.000.000 DE DÓLARES, Y ENTRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS ESTÁN EL 495 Y 496.

      5) RELACIÓN DE CANCELACIÓN DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SOBRE BONOS 495 Y 496 DESDE EL PASADO 13-02-1991 AL 13-11-1992, SIENDO LA ULTIMA FECHA DE CANCELACIÓN DE INTERESES EL 20-11-92, POR UN MONTO DE 29.294,76 DÓLARES EN CADA TITULO.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE TESORERÍA, CANCELÓ INTERESES SOBRE LOS BONOS 495 Y 496, DESDE EL PERIODO DEL 13-02-91 AL 13-11-1992, AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE LA FECHA DE LA ÚLTIMA CANCELACIÓN FUE EL 20-11-1992.

      6) PLANILLAS DE RELACIONES PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 000596 (TITULO 1, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR MONTO DE 4.911.130,15 DÓLARES); S/N (TITULO 1, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR MONTO DE 5.046.609,59 DÓLARES); 004437 (TÍTULO 1 BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR MONTO DE 5.080.479,45 DÓLARES); 228332 (TITULO 1, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR UN MONTO DE 5.275.231,15 DÓLARES); 0001754 (TÍTULOS 1-A Y 2-A, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA), 000689 (TÍTULOS 1-A Y 2-A, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR MONTO DE 4.259,14 DÓLARES Y 4.152.670,31 DÓLARES, RESPECTIVAMENTE); 001860 (TITULO 1, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR UN MONTO DE 4.578.640 DÓLARES); 003288 (TÍTULOS 1-A Y 2-A, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR MONTOS DE 448.767,12 DÓLARES Y 4.375.479,45, RESPECTIVAMENTE); 001290 (TITULO 1, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR UN MONTO DE 5.574.099,78 DÓLARES), CON FECHAS DE VENCIMIENTO 13-03-1990; 13-11-1989; 13-02-1989; 13-05-1989; 13-01-1991; 13-11-1990; 13-05-1990; 13-08-1990 Y 13-08-1989, RESPECTIVAMENTE.4

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, FUE LA INSTITUCIÓN QUE PRESENTÓ LAS REFERIDAS PLANILLAS RELACIONADAS CON LOS TÍTULOS 1, 1-A Y 2-A, SEGÚN EL CASO, QUE TENÍAN VALORES DE 215.000.000 DE DÓLARES, 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE; PLANILLAS EN LAS CUALES SE INDICAN LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES EN DÓLARES COMO PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR ESOS TÍTULOS.

   2. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº 1948 DE FECHA 02-07-2002, SUSCRITO POR LOS CIUDADANOS SILVANA BALESTRINI Y EGIDIO COELHO MARQUEZ, PARA ESA FECHA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALORES Y GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE FECHA 13-03-1991, POR LA CUAL SE DETALLA LA SUSTITUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 1-A Y 2-A POR 20.000.000,00 Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTES A LA TERCERA EMISIÓN, DECRETO 1826, POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCONTRABAN LOS TÍTULOS NÚMEROS 495 Y 496, FIRMANDO PARTE DE LA SERIE “G”, CADA UNO POR LA CANTIDAD DE 3.000.000 DE DÓLARES; OFICIO Y COPIA CERTIFICADA ANEXA, CURSANTES A LOS FOLIOS 20 AL 25 DE LA PIEZA 10, Y QUE SE APRECIAN COMO UN INFORME CONFORME AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      “SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL DEPARTAMENTO DE VALORES Y LA GERENCIA DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA REMITEN COPIA DEL ACTA DEL 13-03-1991, SUPRA REFERIDA EN EL PUNTO A-4, QUE A SU VEZ ACREDITA QUE LOS CERTIFICADOS 1-A Y 2-A, POR 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE CONJUNTAMENTE CON OTROS 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES CADA UNO POR 1.000.000, EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, FUERON SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, CORRESPONDIENTE A VARIAS SERIES Y DENOMINACIONES, POR UN TOTAL DE 250.000.000 DE DÓLARES, Y EN ESE CONJUNTO DE 496 CERTIFICADOS, SE ENCONTRABAN PERTENECIENTES A LA SERIE “G”, LOS TÍTULOS 495 Y 496.

   3. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº CJAAA-C-2002-09-511 DE FECHA 16-09-2002, FIRMADO POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POR EL CUAL INFORMA CUAL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DE ESE INSTITUTO, PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE INTERESES CAUSADOS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL, INDICANDO QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA ESE COBRO, QUE EL BENEFICIARIO POSEEDOR PRESENTE EN LAS TAQUILLAS DEL CITADO DEPARTAMENTO, EL ORIGINAL DE LOS MISMOS; OFICIO CURSANTE AL FOLIO 72 DE LA PIEZA 10, Y QUE SE APRECIA COMO UN INFORME DE ACUERDO AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      “ SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE EN EL INFORME, QUE ES REQUISITO PARA EL COBRO DE INTERESES GENERADOS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL, QUE EL TENEDOR DE LOS MISMOS LOS PRESENTE EN ORIGINAL POR LAS TAQUILLAS DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

      “ ESTE REQUISITO QUE SE ACREDITA POR EL CITADO OFICIO ES SUMAMENTE IMPORTANTE PARA EL ANÁLISIS ULTERIOR QUE HAREMOS DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES N° 003052, CON FECHA DE PAGADO 20-11-1992, PARA CONCLUIR QUE EN ESA FECHA EL BANCO INDUSTRIAL, CON LA PRESENTACIÓN DE LA CITADA PLANILLA, TAMBIÉN TUVO QUE PRESENTAR EL ORIGINAL DE LOS TÍTULOS 495 Y 496.

      “ D) COPIA DEL RECIBO DE CUSTODIA DE VALORES N° 909 CURSANTE AL FOLIO 5 DEL ANEXO 5, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SUCURSAL CURAZAO, DE FECHA 18-09-89, POR UN CERTIFICADO PROVISIONAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, POR LA CANTIDAD DE 215.000.000 DE DÓLARES; ENVIADO DICHO RECIBO AL DEPARTAMENTO DE VALORES, SUCURSAL CURAZAO EN FECHA 18-09-89, OFICIO Y RECIBO QUE SE APRECIAN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      “ SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL 18-09-1989, EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, REMITIÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, UN RECIBO DE VALORES Nº 00909, DONDE CONSTA QUE RECIBIERON UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, A SU FAVOR POR 215.000.000 DE DÓLARES (FOLIOS 4 Y 5 DEL ANEXO 3).

      “

   5. COPIA DE LA COMUNICACIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 1991, REMITIDA POR EL GERENTE DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Y UN RECIBO DE VALORES Nº 00519 DEL 22 DE AGOSTO DE 1991, POR UN MONTO DE 179.190.000,00 DÓLARES, EN EL CUAL ADEMÁS SE INDICO QUE ESTABAN RECIBIENDO 194 CERTIFICADOS PROVISIONALES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (SUCURSAL CURAZAO), QUE SE MANTENDRÍAN EN CALIDAD DE CUSTODIA, INDICÁNDOSE LA SERIE DESDE LA “A” HASTA LA “G”, POR DISTINTAS NUMERACIONES Y VALORES; QUE SE APRECIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, CURSANTE A LOS FOLIOS 9 Y 10 DEL ANEXO 5.

      “SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA RECIBIÓ DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, 194 CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO DE 179.190.000,00 DÓLARES, ENTRE LOS CUALES SE ENCONTRABAN LOS TÍTULOS NÚMEROS 495 Y 496.

      “NO SE ACREDITA CON CERTEZA EL NÚMERO DE 194 CERTIFICADOS PROVISIONALES, EN RAZÓN DE LO QUE SE DIRÁ INFRA, AL ANALIZAR EL TESTIMONIO DE Y.B. VEGAS.

      “F) COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ACTA 89, NUMERO JD-95-1158 DE FECHA 26-10-1995, MEDIANTE LA CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, APRUEBA LA VENTA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SUCURSAL CURAZAO, A LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DE LA CARTERA DE BONOS VENCIDA POR 160.840.000,00 DÓLARES MAS LOS INTERESES ACUMULADOS POR 1.630.359,62 DÓLARES, EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA SEGÚN DECRETO 1826, QUE SE APRECIA POR SU LECTURA CONFORME AL ARTICULO 339, NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, CURSANTE A LOS FOLIOS 11, 12 Y 13 DEL ANEXO 3.

      “SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR MEDIO DE SU JUNTA DIRECTIVA, ADQUIRIÓ DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, EL 24-10-1995, LA CARTERA DE BONOS VENCIDA POR 160.840.000,00 DÓLARES.

   7. COPIA CERTIFICADA DEL PODER OTORGADO POR UNA PERSONA IDENTIFICADA COMO J.F.R.R., CEDULA DE IDENTIDAD Nº 3.585.265 AL CIUDADANO F.G.B. DE FECHA 6-1-1993, ANTE LA NOTARIA PÚBLICA DÉCIMA SEXTA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO FEDERAL ANOTADO BAJO EL Nº 31 DEL TOMO 01 DE LOS LIBROS DE AUTENTICACIONES LLEVADOS EN LA CITADA NOTARIA; PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN ENAJENARE O GRAVARE BAJO CUALQUIER FORMA DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA A NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 1987 COLOCADOS AL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, DE LA SERIE “G”, CADA UNO POR 3.000.000 DE DÓLARES; CURSANTE AL FOLIO 17 AL 19 DE LA PIEZA 10, DOCUMENTO QUE SE APRECIA POR SU LECTURA DE ACUERDO AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE POR SU LECTURA QUE UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO J.F.R., OTORGÓ UN PODER A UN CIUDADANO IDENTIFICADO COMO F.A.G.B., PARA QUE ESTE GESTIONARA LA VENTA DE UNOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL NÚMEROS 495 Y 496 CADA UNO POR 3.000.000,00 DE DÓLARES, QUE SON DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

   8. COPIA CERTIFICADA DEL PODER GENERAL OTORGADO POR EL CIUDADANO F.A.G.B., AL CIUDADANO ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI, CON FECHA 10-02-1993, ANTE LA NOTARIA PUBLICA TRIGÉSIMA QUINTA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, ANOTADO BAJO EL NUMERO 41, TOMO 05 DE LOS LIBROS DE AUTENTICACIONES; DOCUMENTO CURSANTE A LOS FOLIOS 167 Y 168 DE LA PIEZA 10, QUE SE APRECIA POR SU LECTURA CONFORME AL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE POR SU LECTURA QUE F.G.B. OTORGÓ UN PODER GENERAL A JUAN GARANTON NICOLAI, “Y MUY ESPECÍFICAMENTE PARA HACER TODO LO QUE CONSIDERE CONVENIENTE PARA ACLARAR DEBIDAMENTE TODO LA RELATIVO A LA JUSTA TENENCIA DE DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL (…) NUMERADOS LOS TÍTULOS 495 Y 496 (…) CADA UNO DE DICHOS BONOS POR UN MONTO DE TRES MILLONES DE DÓLARES (…).

      I) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº DAP-02-0344-0386 DE FECHA 26-02-2002, SUSCRITO POR LA GERENTE DE ASUNTOS PROCÉSALES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15-02-1993, DIRIGIDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR EL ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI, EN EL CUAL EL ALUDIDO ABOGADO PARTICIPABA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SU INTENCIÓN DE ENTREGARLE A LA CITADA INSTITUCIÓN, LOS DERECHOS SOBRE LOS MISMOS O EL DERECHO A RESCATAR LOS MISMOS, Y EN LA PARTE IN FINE DEL PUNTO TERCERO INDICABA QUE SI EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ACEPTABA LA ENTREGA DE LOS DERECHOS SOBRE LOS CERTIFICADOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1987 NÚMEROS 495 Y 496, SERIE “G”, DECRETO 1826, SU PERSONA OTORGARÍA RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO DE LAS PERSONAS CITADAS EN EL ESCRITO. OFICIO Y COMUNICACIÓN QUE SE APRECIA POR SU LECTURA CONFORME AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DE CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, CURSANTE A LOS FOLIOS 10 Y 11 DE LA PIEZA 10.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE POR SU LECTURA QUE EL ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI, COMO APODERADO DE F.G., DIRIGIÓ UNA COMUNICACIÓN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CON LA INTENCIÓN DE ENTREGARLE LOS DERECHOS SOBRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NUMERO 495 Y 496, SERIE “G”, CADA UNO POR 3.000.000,00 DE DÓLARES, Y QUE SI EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ACEPTABA LA ENTREGA DE LOS CITADOS CERTIFICADOS, ÉL OTORGARÍA LE RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO DE LAS PERSONAS CITADAS EN SU ESCRITO.

      J) COPIA CERTIFICADA DEL INFORME MEDICO DE FECHA 26-07-2002, SUSCRITO POR FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTE “DOMINGO LUCIANI”; CORRESPONDIENTE AL P.C.G., DONDE INDICA QUE INGRESÓ A DICHO HOSPITAL AL 8-08-1995 Y EGRESÓ EN FECHA 25-09-1995, POR FALLECIMIENTO A CAUSA DE CIRROSIS HEPÁTICA, ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA, HEPATITIS CRÓNICA Y HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR; INFORME QUE SE APRECIA POR SU LECTURA CONFORME AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, CURSANTE A LOS FOLIOS 37 Y 38 DE LA PIEZA 10.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE LA FECHA DE INGRESO Y EGRESO DEL HOSPITAL “DOMINGO LUCIANI” DEL P.C.G., EL FALLECIMIENTO DEL MISMO Y COMO CAUSAS DE LA MUERTE, SE INDICÓ CIRROSIS HEPÁTICA MAS ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA, HEPATITIS “B” CRÓNICA Y HEMORRAGIA DIGESTIVA SUPERIOR.

      K) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº 08-02-04707 DE FECHA 14-08-2002, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL CUAL REMITIÓ COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DE C.A.G.B., PRESENTADA EN 1978, CON BIENES DE FORTUNA POR 12.000 BOLÍVARES; OFICIO Y DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO CURSANTES A LOS FOLIOS 40 AL 46 DE LA PIEZA 10, QUE SE APRECIA POR SU LECTURA CONFORME AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE PARA 1978, F.G.B. TENÍA UNOS BIENES DE FORTUNA POR 12.000 BOLÍVARES.

      L) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 1808, INSERTA AL TOMO 4 DEL AÑO 1995, EXPEDIDA POR LA PREFECTURA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL CIUDADANO C.A.G.B., MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR QUE EL REFERIDO CIUDADANO MURIÓ EL 25-09-1995 EN EL HOSPITAL “DOMINGO LUCIANI”, INDICÁNDOSE QUE NO DEJA BIENES DE FORTUNA; ACTA DE DEFUNCIÓN CURSANTE AL FOLIO 199 DE LA OCTAVA PIEZA DEL EXPEDIENTE, QUE SE APRECIA POR SU LECTURA CONFORME AL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

      SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE CON EL ACTA DE DEFUNCIÓN, LA MUERTE DEL CIUDADANO C.A.G.B., EL 25-09-1995, EN EL HOSPITAL “DOMINGO LUCIANI”.

      LL) COPIA CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL CIUDADANO C.G.B., EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CONSTANTE DE DOS (2) PIEZAS (ANEXOS 21-A Y 21-B) CONSIGNADO MEDIANTE OFICIO POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (FOLIO 22 DE LA DÉCIMA PIEZA) DE LAS CUALES SE DESPRENDE DEUDAS MANTENIDAS EN SU CUALIDAD DE DIPLOMÁTICO POR EL REFERIDO C.G.B., DE LA MEDIDA JUDICIAL DE EMBARGO CONTRA EL MISMO POR COBRO DE BOLÍVARES 427.458, DEL SUELDO DEVENGADO AL SER NOMBRADO OFICIAL II EN LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN COLOMBIA, LUEGO ES NOMBRADO EN LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN TRINIDAD Y TOBAGO, CON SUELDOS DE 2.630,00 BOLÍVARES MENSUALES, Y 3.240,00 BOLÍVARES MENSUALES (AÑO 1982) Y PARA EL AÑO 1993 DEVENGABA UN SUELDO DE 21.357,24 BOLÍVARES MENSUALES, CANCELÁNDOLE UN MONTO DE 320.358,00 POR PRESTACIONES SOCIALES, HABIENDO RENUNCIADO AL DESPACHO EN FECHA 1 DE FEBRERO DE 1993.

      COMO DOCUMENTALES, ESTE JUZGADOR APRECIA LAS OFERTADAS POR EL ACUSADO R.T.A., Y ADMITIDAS POR EL TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, Y RECEPCIONADAS POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

   1. COPIA CERTIFICADA, DEL ACTA SUSCRITA ENTRE EL VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA Y LA GERENTE DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EL DÍA 19/01/1993, EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN FÍSICA DE LOS TÍTULOS VALORES EN US $ DÓLARES PROPIEDAD Y EN CUSTODIA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, TAL REVISIÓN FUE COTEJADA CON LOS REGISTROS CONTABLES EVIDENCIÁNDOSE CONFORMIDAD, INSERTA AL ANEXO NO. 6, DE LA EXPERTICIA CONTABLE REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DEL ANEXO 13/19.

      ESTA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DEL 19-1-1993, QUE CURSA AL ANEXO 6 DEL ANEXO 13, Y QUE SE APRECIA CONFORME AL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, ACREDITA QUE LA VICEPRESIDENCIA DE TESORERÍA Y LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EL 19-01-1993, REVISARON FÍSICAMENTE LOS TÍTULOS VALORES EN DÓLARES PROPIEDAD DEL BANCO Y EN CUSTODIA DE LA CITADA INSTITUCIÓN, COTEJÁNDOSE LOS REGISTROS CONTABLES DANDO CONFORMIDAD.

      COMO DETALLAREMOS INFRA, ESTA ACTA SERÁ OBJETO DE PARTICULAR ANÁLISIS CONFRONTANDO SU CONTENIDO CON LOS TESTIMONIOS DE LOS CIUDADANOS N.O. Y M.G. LANDAETA.

   2. COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: A) RECIBO DE CUSTODIA SIMPLE, EMITIDO POR LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE AL CIUDADANO: F.G.B. , INSERTO A LA PIEZA 1, FOLIO 93; B) ORIGINAL DEL OFICIO NO. 9700-043-01641, DEL 17 DE FEBRERO DE 1993, DIRIGIDO POR EL COMISARIO GENERAL G.J. AL PRESIDENTE DEL BANCO CARIBE PARA QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, SEAN TRASLADADO AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PIEZA 1, FOLIO 128; C) ORIGINAL DEL OFICIO DE FECHA 18 DE MARZO DE 1993, DIRIGIDO A LA DIVISIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, POR EL REPRESENTANTE JUDICIAL DEL BANCO DEL CARIBE, EN DONDE LE COMUNICA QUE CON FECHA 5 DE MARZO DE 1993, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, FUERON PUESTOS EN CUSTODIA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, INSERTO A LA PIEZA 1, FOLIO 136; D) ORIGINAL DEL OFICIO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1997, NO. CJ-C-97-10-230, DIRIGIDA AL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA EN DONDE LE COMUNICA, QUE CON FECHA 20 DE ENERO DE 1997, POR DISPOSICIÓN DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA JUDICIAL POR MANDATO JUDICIAL DE FECHA 16 DE ENERO DE 1997, OFICIO NO. 095-97 AL CIUDADANO: R.T.A., DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496.

      LAS CITADAS COPIAS SIMPLES Y ORIGINALES SE APRECIAN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, Y ACREDITAN QUE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE EXPIDIÓ UN RECIBO POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496 AL CIUDADANO F.G.B.; QUE SE SOLICITÓ AL PRESIDENTE DEL BANCO DEL CARIBE PARA QUE LOS TÍTULOS 495 Y 496 EN CUSTODIA EN ESE BANCO, FUERAN TRASLADADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE LOS TÍTULOS 495 Y 496 FUERON ENVIADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR EL BANCO DEL CARIBE Y QUE EL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA COMUNICA AL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE POR MANDATO JUDICIAL Y CON FECHA 20 DE ENERO DE 1997, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, FUERON ENTREGADOS AL CIUDADANO R.T.A..

   3. COPIAS DEL ACTA NO 89 NÚMERO: JD-95-1158 DE FECHA 26/10/95. EN EL INFORME “BLANCO SAMOS”, PREPARADO POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, VIENE INSERTA AL ANEXO 5/19, EL ACTA NO. 89, NÚMERO: JD-95-1158 DE FECHA 26/10/95, EN LA CUAL SE TRANSFIERE LA CARTERA POR TÍTULOS VALORES POR LA CANTIDAD DE US $ 160.840.000,OO.

      ESTAS COPIAS QUE CURSAN A LOS FOLIOS 11 AL 17 DEL ANEXO 5, SE APRECIAN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 339, NUMERAL 2° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y ACREDITAN QUE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, APROBÓ LA VENTA DEL BANCO INDUSTRIAL CURAZAO, A LA OFICINA PRINCIPAL, DE LA CARTERA DE BONOS VENCIDA POR 160.840.000 DE DÓLARES.

   4. COPIA DEL MEMORANDO INTERNO NO. DTI/95/0257, DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1995, INSERTO AL ANEXO 11/19 DEL EXPEDIENTE, FOLIO 151, ENVIADO POR LA DIVISIÓN DE TESORERÍA INTERNACIONAL AL ÁREA DE INVERSIONES Y FINANZAS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

      ESTA COPIA QUE CURSA A LOS FOLIOS 151 Y 152 DEL ANEXO 11, SE APRECIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339, NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR QUE PARA LA DIVISIÓN DE TESORERÍA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DEL TOTAL DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS POR 250.000.000 DE DÓLARES, FUERON ADJUDICADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 215.000.000 DE DÓLARES.

   5. COPIA DEL RECIBO DE CUSTODIA DE VALORES DE FECHA 22/08/91, NÚMERO 00519 INSERTO AL ANEXO B-1, DE LA EXPERTICIA CONTABLE REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS W.G. VELÁSQUEZ FLORES Y J.L.R. MONCADA, EXPERTOS CONTABLES ADSCRITOS A LA DIVISIÓN DE EXPERTICIAS FINANCIERAS DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS, LA CUAL SE REFIERE A LA RECEPCIÓN DE 194 CERTIFICADOS PROVISIONALES EN LOS CUALES SE INDICAN: CANTIDAD, NUMERACIÓN, SERIE, V/NOMINAL, V/TOTAL US $, PERO NO SE SABE SI SE TRATAN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, POR CUANTO ESTE RECIBO NO INDICA EL DECRETO AL CUAL CORRESPONDEN ESTOS TÍTULOS.

      ESTA COPIA FUE APRECIADA POR ESTE JUZGADOR PRECEDENTEMENTE, YA QUE EL REPRESENTANTE FISCAL TAMBIÉN LA OFERTÓ COMO DOCUMENTAL, Y A ESE PUNTO NOS REMITIMOS.

   6. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. GT-NO. 016, DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2003, DIRIGIDO POR EL GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A LA FISCALÍA DÉCIMO NOVENO DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL NACIONAL, DÁNDOLE RESPUESTA A SU SOLICITUD CONTENIDA EN EL OFICIO NO. FMP-10ANN-859-2002.

      ESTA COPIA CERTIFICADA QUE CURSA A LOS FOLIOS 149 Y 150 DE LA PIEZA 10, SE APRECIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339, NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR QUE EL GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CON RELACIÓN A LOS TÍTULOS 495 Y 496, INFORMÓ AL REPRESENTANTE FISCAL 19° DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO EMITIÓ LOS TÍTULOS DEFINITIVOS, QUE EN AÑO 1998, DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DICTAMINARON SUSPENSIÓN DE PAGOS DEL CAPITAL E INTERESES DE LOS MENCIONADOS CERTIFICADOS Y QUE EN FECHA 16-01-97, POR MANDATO JUDICIAL SE ENTREGARON A R.T.A., LOS PRECITADOS CERTIFICADOS PROVISIONALES.

   7. COPIA CERTIFICADA DEL MEMORANDO INTERNO NUMERO DTI/195/0257 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995, CURSANTE A LOS FOLIOS 372 Y 373 DEL ANEXO 11, ENVIADO POR LA DIVISIÓN DE TESORERÍA INTERNACIONAL AL ÁREA DE INVERSIONES Y FINANZAS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

      ESTA COPIA QUE SE APRECIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, ACREDITA QUE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SEÑALA QUE A ESA INSTITUCIÓN, LE FUERON COLOCADOS 215.000.000,00 DE DÓLARES EN BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DE UNA EMISIÓN DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, Y QUE EL RESTO DEL MONTO SEGÚN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, NO FUE COLOCADA. ESTE PARTICULAR ACREDITADO SERÁ ADMINICULADO EN EL CAPITULO IV, CON LAS TESTIMONIALES DE NINOSKA GONZALEZ Y Y.B., ASÍ COMO CON EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS GT- 552 Y 567 DE FECHAS 29 DE NOVIEMBRE Y 7 DE DICIEMBRE DE 2007, OFERTADOS Y RECEPCIONADOS COMO NUEVAS PRUEBAS, QUE REFIEREN SOBRE EL MONTO COLOCADO Y NO COLOCADO DE LA EMISIÓN DE 250.000.000.00 DE DÓLARES CON BASE AL DECRETO 1826.

   8. COPIA CERTIFICADAS SIGUIENTES:

      1) COPIA CERTIFICADA DEL PASAPORTE DE SERVICIO NO. 141487, DEL CIUDADANO: C.G.B., INSERTO A LOS FOLIOS 41 AL 56 DEL ANEXO 4, DONDE SE INDICA QUE PARA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1992, DICHO CIUDADANO SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE LIMA – PERÚ.

      2) COPIA CERTIFICADA DEL FORMULARIO F-003, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIONES DEL GOBIERNO PERUANO, CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE, C.A.G.B., DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES CONSULARES DE VENEZUELA EN ESE PAÍS.

      3) COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2001, INSERTO A LOS FOLIOS 239 AL 261 DE LA PIEZA 9, CONSIGNADO POR LOS APODERADOS JUDICIALES DE R.T.A., EN EL CUAL SEÑALARON: QUE EN EL CITADO PASAPORTE, APARECEN LOS RESPECTIVOS SELLOS DONDE CONSTA QUE C.A.G.B. SALIÓ DE LA CIUDAD DE LIMA PERÚ EL DÍA 18/11/92 Y REGRESÓ A ESA CIUDAD EL 23/12/92, DONDE PERMANECIÓ HASTA EL 13/03/93; QUE REGRESÓ A CARACAS EL 13/03/93; QUE INGRESÓ A LIMA EL 31/03/93, REGRESANDO A CARACAS EL 17/01/94 VOLVIENDO A LIMA EL 13/02/94, REGRESANDO A CARACAS EL 04/03/94, DONDE PERMANECIÓ HASTA SU MUERTE OCURRIDA EL 25/09/95.

      LAS COPIA CERTIFICADAS ANTERIORMENTE CITADAS EN LOS NÚMEROS 1, 2 Y 3 DE LA LETRA “G”, LAS APRECIA ESTE JUZGADOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR QUE EL CIUDADANO C.A.G.B. SALIÓ DE LA CIUDAD DE LIMA-PERÚ EL 18/11/1992, REGRESANDO A ESE PAÍS EL 23-12-1992, REGRESANDO A CARACAS EL 13-03-1993, POR LO CUAL DICHO CIUDADANO PARA LOS DÍAS 18-11-1992 AL 23-12-1992, ESTUVO EN VENEZUELA, Y QUE EL 23-12-1992 REGRESÓ A LIMA-PERÚ, DONDE PERMANECIÓ HASTA EL 13-03-1993.

   9. COPIA CERTIFICADAS SIGUIENTES:

      1) COPIA CERTIFICADA DEL RECIBO DE PAGO, INSERTO AL FOLIO 6, DEL ANEXO 3, Y 213 DE LA PIEZA 2, SUSCRITO POR F.G.B., MEDIANTE LA CUAL RECIBE LA CANTIDAD DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES EN EFECTIVO ($ USA 1.500.000,OO), CORRESPONDIENTE AL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, Y EL RESTO EN OBLIGACIONES DESCRITAS EN UN CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.

      2) COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO INSERTO AL FOLIO 6 DEL ANEXO 3 Y FOLIOS 210 Y 211 DE LA PIEZA 2, SUSCRITO ENTRE R.T.A. Y F.G.B., CORRESPONDIENTE A LA FORMA DE CANCELACIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), RESTANTE QUE SE LE ADEUDA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496. MEDIANTE LA ENTREGA DE UN INMUEBLE SITUADO EN LA URBANIZACIÓN LAS MERCEDES, AVENIDA ORINOCO, QUINTA NELIZZY, PROPIEDAD DE INMOBILIARIA A.C.A., LO QUE CUBRE LA PARTE ADEUDADA.

      3) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO RELATIVO A LA OPCIÓN DE COMPRA DEL INMUEBLE REFERIDO EN EL PUNTO ANTERIOR, POR LA CANTIDAD DE: UN MILLON SEISCIENTOS MIL DÓLARES, (US $ 1.650.000,00) DEBIDAMENTE AUTENTICADO Y PROTOCOLIZADO, POR ANTE LA NOTARIA PUBLICA CUARTA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, EN FECHA 8 DE JUNIO DEL 2003, CURSANTE A LOS FOLIOS 208 AL 212 DE LA PIEZA 26.

      4) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE VENTA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE INMOBILIARIA A.C.A., REFERIDO EN EL PUNTO ANTERIOR, POR LA CANTIDAD DE UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (US $ 1.650.000,OO), PROTOCOLIZADO POR ANTE LA OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, REGISTRADO BAJO EL NRO 11, TOMO 3, PROTOCOLO PRIMERO, CURSANTE DEL FOLIO 214 AL 218 DE LA PIEZA 26.

      LOS ANTERIORES DOCUMENTOS, SON APRECIADOS POR ESTE JUZGADOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR QUE POR RECIBO DE PAGO F.G.B., RECIBIÓ UN 1.500.000 DÓLARES, QUE ERA EL 50% DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS; QUE POR CONTRATO CELEBRADO ENTRE R.T.A. Y F.G.B., EL PRIMERO CANCELÓ EL 50% DE LO ADEUDADO, POR LA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, MEDIANTE LA ENTREGA DE UN INMUEBLE SITUADO EN LA URBANIZACIÓN LAS MERCEDES, AVENIDA ORINOCO, QUINTA NELIZZY, PROPIEDAD DE LA INMOBILIARIA A.C.; QUE SOBRE ESE INMUEBLE EN 1999 SE CELEBRO UNA OPCIÓN A COMPRA Y FINALMENTE FUE VENDIDO AL CIUDADANO VENANZIO G.G..

   10. COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS DE INMOBILIARIA A.C.A., DE LA CUAL R.T.A. ES PROPIETARIO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), ANTES DE LA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, INSERTO A LOS FOLIOS 144 AL 221 DE LA PIEZA 4, CONSIGNADO EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 1998 POR LA REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO ACCIDENTAL, POR ANTE EL JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, SEGÚN SOLICITUD QUE LE HICIERA ESTE JUZGADO EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 1998, SEGÚN OFICIO NO. 3533.

       LA COPIA CERTIFICADA DEL ANTERIOR DOCUMENTO LA APRECIA ESTE JUZGADOR CONFORME AL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, CURSANTE A LOS FOLIOS 144 AL 221 DE LA PIEZA 4, PARA ACREDITAR QUE DICHA COMPAÑÍA FUE CONSTITUIDA EN 1976, POR LOS SOCIOS SAÚL CUENCA ARELLANO, A.M. ARELLANO DE TORRES Y N.O. CUENCA, TENIENDO CADA UNO DIFERENTE PAQUETE ACCIONARIO. ESTE DOCUMENTO POR SI SOLO NO ACREDITA QUE R.T.A. SEA PROPIETARIO DEL 25% DE LAS ACCIONES, YA QUE SU PERSONA NO FIGURA EN EL PAQUETE ACCIONARIO DE LA INMOBILIARIA A.C.A.

   11. LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

       1) COPIA CERTIFICADA DEL FORMULARIO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES (S-1), EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE RENTAS, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, NÚMERO S-1/2 H -86-C 09709, DE FECHA 3 DE JUNIO DE 1991, INSERTO A LOS FOLIOS 131 AL 134, DEL ANEXO 14, CORRESPONDIENTE A ESTEBAN TORRES (F), PADRE DE R.T.A., RESIDENCIADO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE CHUAO, RESIDENCIAS PATRICIAS, PISO 2, EN DONDE APARECE R.T.A., CON CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-2.930.567, EN EL LISTADO DE HEREDEROS Y LEGATARIOS.

       2) COPIA CERTIFICADA DEL FORMULARIO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES (S-1), EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE RENTAS, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, NÚMERO S-1 H -88-A, 00526, DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1991, INSERTO A LOS FOLIOS 135 AL 141, DEL ANEXO 14 CORRESPONDIENTE A A.M. ARELLANO DE TORRES (F), MADRE DE R.T.A., RESIDENCIADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE CHUAO, RESIDENCIAS PATRICIAS, PISO 2, EN DONDE APARECE R.T.A., CON CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-2.930.567, EN EL LISTADO DE HEREDEROS Y LEGATARIOS.

       3) COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF), NÚMERO: J-30055093-1, CORRESPONDIENTE A LA SUCESIÓN DE ESTEBAN TORRES.

       4) COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF), NÚMERO: J-30055092-1, CORRESPONDIENTE A LA SUCESIÓN DE A.M. ARELLANO DE TORRES.

       5) COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS DE INMOBILIARIA A.C.A., DE LA CUAL R.T.A. ES PROPIETARIO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). (PIEZA 4, FOLIOS 144 AL 222).

       LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS SUPRA CITADOS, CURSANTES A LOS FOLIOS 131 AL 141 DEL ANEXO 14, SON APRECIADAS POR ESTE JUZGADOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR QUE R.T.A., APARECÍA EN EL FORMULARIO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES, CORRESPONDIENTE A ESTEBAN TORRES Y A.M. ARELLANO DE TORRES, EN EL LISTADO DE HEREDEROS Y LEGATARIOS, Y QUE INMOBILIARIA ANELIZ C:A., FUE CONSTITUIDA EN 1976, CON LOS SOCIOS SUPRA SEÑALADOS EN LA LETRA “I”.

   12. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE DEFUNCIÓN DE C.A.G.B., DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR LA PRIMERA AUTORIDAD CIVIL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, EN LA CUAL SE INDICA QUE F.G.B., SE PRESENTÓ ANTE ESA AUTORIDAD PARA EXPONER EL FALLECIMIENTO DE C.A.G.B., EN EL HOSPITAL “DOMIGO LUCIANI” INDICANDO LAS CAUSAS DE LA MUERTE Y QUE NO DEJABA BIENES DE FORTUNA.

       LA SUPRA INDICADA ACTA DE DEFUNCIÓN CURSANTE A LOS FOLIOS 34 Y 35 DEL ANEXO 4, YA FUE APRECIADA POR ESTE JUZGADOR ENTRE LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL REPRESENTANTE FISCAL (LETRA “L”).

       LL) COPIA DEL INFORME NO 075-93, DE FECHA 14 DE MAYO DE 1993, PREPARADO POR EL INSPECTOR JUAN LARRIBA GONTO Y ENVIADO A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN BANCARIA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, A LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EN FECHA 19 DE FEBRERO DE 1997, INSERTO A LOS FOLIOS 188 AL 203 DEL ANEXO 12 DE LA CAUSA PRINCIPAL.

   13. COPIA CERTIFICADA DEL INFORME DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA INTERNACIONAL DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 1995, CURSANTE A LOS FOLIOS 37 AL 42 DEL ANEXO 20 DE LA EXPERTICIA CONTABLE PRACTICADA POR LOS EXPERTOS WLLIAM VELASQUEZ Y J.L.R. MONCADA, EN LA CUAL SE EXPLICA EL ORIGEN DE LOS BONOS (DPN), DECRETO 1826, Y LA PRIMIGENIA COLOCACIÓN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE UN MONTO DE 215.000.000,00, DE DÓLARES AL TOTAL DE LA EMISIÓN DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, TODO ELLO DENTRO DEL ESQUEMA DE HABER ASUMIDO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LA DEUDA EXTERNA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA.

       EL CITADO INFORME LO APRECIA ESTE JUZGADOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 339 NUMERAL 2º CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR QUE CIERTAMENTE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA INTERVINO EN UN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO CON BANCOS EXTRANJEROS, A CUYO EFECTO ASUMIÓ LA DEUDA DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA

       LA ANTERIOR COPIA, CURSANTE A LOS FOLIOS 188 AL 203 DEL ANEXO 12, LA APRECIA ESTE JUZGADOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2° DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, PARA ACREDITAR ENTRE OTROS PARTICULARES, QUE DE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE SE RECIBIERON FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SERIE “G” POR UN VALOR DE 3.000.000,00 DE DÓLARES, CADA UNO.

       IGUALMENTE COMO DOCUMENTALES SE ADMITIERON POR ACTIVIDAD OFICIOSA DEL TRIBUNAL, RECEPCIONARON Y SE LES DIO LECTURA, EN LA AUDIENCIA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2007, LAS SIGUIENTES:

   1. OFICIO Nº 552 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, Y SUS RECAUDOS ANEXOS, EMANADO DE LA GERENCIA DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DIRIGIDO AL CIUDADANO FISCAL DÉCIMO NOVENO DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, INDICÁNDOLE QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA (HOY FINANZAS) NO ORDENÓ LA SUSTITUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES EMITIDOS SEGÚN DECRETO 1826 DEL 12-11-1987, POR BONOS DPN, NI TAMPOCO INSTRUYÓ LA EMISIÓN DE CUPONES SEPARADOS DEL DOCUMENTO ORIGINAL, POR LO QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS TÍTULOS 495 Y 496 ERAN CANCELADOS AL TENEDOR DEL CERTIFICADO PROVISIONAL ORIGINAL; QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, FUERON ACREDITADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, COMO SE DESPRENDE DEL REVERSO DE DICHOS CERTIFICADOS QUE SE ANEXABAN MARCADOS “ANEXO 3” Y “ANEXO 4”, ASÍ COMO DE LAS FORMAS “CANCELACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL” Y EN LAS PLANILLAS DE “RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES” QUE SE ANEXABAN COMO “ANEXO 5” Y “ANEXO 6”, Y QUE DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO EN EL DECRETO 1826 DEL 12/11/1987, QUE ASCENDIÓ A LA SUMA DE 250.000.000 DE DÓLARES, SÓLO SE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 225.610.000 DE DÓLARES, DE LA SIGUIENTE MANERA: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (OFICIO HCP 1967 DEL 20-11-87, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, QUE CONFORMA EL “ANEXO 7”), UN MONTO DE 215.000.000,00 DE DÓLARES, Y SIEMENS C.A. (OFICIO HCD DEL 7-4-1988 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, QUE CONFORMA EL (“ANEXO 8”), UN MONTO DE 10.610.000,00 DÓLARES.

      EL CITADO OFICIO Nº 552 DEL 29-11-2007 Y SUS RECAUDOS ANEXOS CERTIFICADOS, CURSANTES A LOS FOLIOS 241 AL 260 DE LA PIEZA 27 DEL EXPEDIENTE, Y QUE CONFORMAN NUEVAS PRUEBAS, SE APRECIAN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 359 EJUSDEM, PARA ACREDITAR QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826 DEL 12/11/1987, NO FUERON SUSTITUIDOS POR TÍTULOS DEFINITIVOS O BONOS DPN; QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS TÍTULOS, PARTICULARMENTE LOS NÚMEROS 495 Y 496, ERAN CANCELADOS AL TENEDOR DEL CERTIFICADO PROVISIONAL ORIGINAL, QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS TÍTULOS 495 Y 496, FUERON ACREDITADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PARA LO CUAL SE ANEXARON LAS RESPECTIVAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 0753, 00 1466, 011214, 000395, 003052 Y 5143, Y QUE DEL MONTO DE LA EMISIÓN DEL DECRETO 1826 QUE FUE DE 250.000.000 DE DÓLARES, SÓLO SE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 225.610.000 DE DÓLARES, CORRESPONDIENDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LA CANTIDAD DE 215.000.000 DE DÓLARES, Y A LA EMPRESA SIEMENS C.A., LA CANTIDAD DE 10.610.000 DE DÓLARES.

   2. DEL MATERIAL INSPECCIONADO Y RECABADO EN COPIAS CERTIFICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, EN INSPECCIÓN PRACTICADA EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA CUAL SE DIO CUENTA EN LA AUDIENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2007, Y QUE CONFORMA EL ANEXO 24, SE ADMITIÓ COMO NUEVAS PRUEBAS, EL SIGUIENTE:

      1) COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CURSANTES A LOS FOLIOS 7 AL 17, QUE FORMA PARTE DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24, REFERENTE A PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DE LOS TÍTULOS Nº 1 Y 1-A Y 2-A DEL DECRETO 1826, DONDE SE INDICA QUE EL BENEFICIARIO DEL COBRO DE INTERESES ES EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

      2) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO CURSANTE AL FOLIO 27 DEL “ANEXO C” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24, REFERENTE A LA PLANILLA 00689 DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, DONDE APARECE COMO BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, CORRESPONDIENTE AL DECRETO 1826.

      3) COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CURSANTES A LOS FOLIOS 332 AL 339, QUE FORMA PARTE DEL ANEXO “F” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24, REFERENTES TODOS A COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DE PAGOS DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL FECHADOS 27-02-89; 29-02-90; 01-06-90; 07-01-91; 14-08-91; 14-08-91 Y 14-08-91.

      4) COPIA CERTIFICADA DEL LIBRO DE REGISTRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES, CURSANTE A LOS FOLIOS 340 AL 349 DE LA CARPETA 2 DEL ANEXO 24, EN EL CUAL SE DETALLA COMO ASENTADO EL 24-11-1987 UN TÍTULO Nº 1 POR 215.000.000 DE DÓLARES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y UNA OPERACIÓN CON SIEMENS S.A. POR 10.610.000 DÓLARES.

      5) COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CURSANTES A LOS FOLIOS 350 AL 354 DEL “ANEXO A” DE LA CARPETA 3 DEL ANEXO 24, RELACIONADOS CON COMUNICACIONES DIRIGIDAS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SOLICITÁNDOLE LA CANCELACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL EN DÓLARES AMERICANOS, POR 215.000.000 DE DÓLARES, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 13-11-1988 AL 13-02-1989.

      6) COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CURSANTES A LOS FOLIOS 356 AL 360 DEL “ANEXO A” , DE LA CARPETA 4 DEL ANEXO 24, DONDE SE INDICA EL MONTO COLOCADO A LA EMPRESA SIEMENS S.A., QUE FUE DE 10.610.000 DÓLARES, SINO TAMBIÉN EL NÚMERO Y VALOR DE LOS CERTIFICADOS: UNO, EL TÍTULO 115, POR 10.000 DÓLARES, UNO, EL 45, POR 1.000.000 DÓLARES, UNO EL 37, POR 500.000 DÓLARES, Y 10 DEL NÚMERO 2 AL 11, CADA UNO POR 1.000.000 DE DÓLARES, PARA 10.000.000 DE DÓLARES.

      7) COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CURSANTES A LOS FOLIOS 372 AL 381 DEL “ANEXO A”, DE LA CARPETA 5 DEL ANEXO 24, REFERENTES A COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DE CANCELACIÓN DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL POR EL DECRETO 1826, INDICÁNDOSE COMO BENEFICIARIO DE LAS TRANSFERENCIAS TELEGRÁFICAS, EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, DE FECHAS 22-3-1991 POR 9.583.208,59 DÓLARES; 17-05-19991 POR 3.484.744,66 DÓLARES; 14-08-1991 POR 3.076.242,00 DÓLARES; 14-08-1991 POR 44.182,52 DÓLARES; 17-09-91 POR 8.558.373,31 DÓLARES; 29-11-91 POR 5.042.536,53 Y 29-11-91 POR 12.150.000,00 DÓLARES.

      “...LAS ANTERIORES COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CITADOS SUPRA BAJO LOS NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA LETRA “B”, COMPRENDIDOS EN LOS FOLIOS, ANEXOS Y CARPETAS RESPECTIVAS DEL ANEXO 24, TAMBIÉN PUNTUALIZADOS, SON APRECIADOS POR ESTE JUZGADOR CONFORME AL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 359 EJUSDEM, PARA ACREDITAR QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ERA TENEDOR DE LOS TÍTULOS 1, 1-A Y 2-A, EL PRIMERO POR 215.000.000 DE DÓLARES, EL SEGUNDO POR 20.000.000 DE DÓLARES; Y EL TERCERO POR 195.000.000 DE DÓLARES, POR LOS CUALES EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LE PAGÓ INTERESES, COMO SE EVIDENCIÓ DE LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, COMO SE ACREDITÓ DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS NÚMEROS 1 Y 2; QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PAGÓ INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, TAL COMO SE DESPRENDE DE LOS COMPROBANTES CONTABLES FECHADOS DESDE EL 27-02-1989 AL 14-08-1991, TAL COMO SE EVIDENCIÓ O ACREDITÓ EN LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS CITADOS EN EL NÚMERO 3 Y 7; QUE DEL LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES, REFERIDO EN EL NÚMERO 4 SE DETALLARON LAS ÚNICAS COLOCACIONES HECHAS CON BASE AL DECRETO 1826 Y AL MONTO EMITIDO DE 250.000.000 DE DÓLARES, ESTO ES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 215.000.000 DE DÓLARES, Y A LA EMPRESA SIEMENS S.A., 10.610.000 DÓLARES, Y QUE A ESTA EMPRESA SE LE COLOCÓ ESE MONTO, Y SE DISCRIMINÓ EL NÚMERO DE TÍTULOS Y EL VALOR DE CADA UNO, HASTA ALCANZAR EL MONTO ANTES SEÑALADO, COMO SE EVIDENCIÓ O ACREDITÓ EN EL SEÑALAMIENTO DEL NÚMERO 6, PERO AÚN MAS, SE ACREDITÓ QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EN DISTINTAS COMUNICACIONES FECHADAS 13-02-1989; 7-03-1989; 15-05-1989; 8-08-1990 Y 5-11-1991, SOLICITÓ O REQUIRIÓ DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LA CANCELACIÓN DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, TANTO POR EL TÍTULO 1 DE 215.000.000 DE DÓLARES, (FOLIOS 350 AL 351 Y 353 DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 3, ANEXO 24), COMO DE LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A POR 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE.

      “TAMBIÉN EN LA AUDIENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2007, FUE OFERTADA COMO NUEVA PRUEBA POR EL REPRESENTANTE FISCAL, Y ADMITIDA POR EL TRIBUNAL, PROCEDIÉNDOSE A SU RECEPCIÓN Y LECTURA, LA DOCUMENTAL SIGUIENTE:

   1. OFICIO Nº GT-567 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2007 Y RECAUDO ANEXO, DIRIGIDO POR EL GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, AL CIUDADANO FISCAL DECIMONOVENO DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, INDICÁNDOSE COMO ASPECTO NUEVO Y RELEVANTE QUE EL MONTO NO COLOCADO DEL DECRETO 1826 DEL 12-11-1987, CORRESPONDIÓ A LA CANTIDAD DE 24.390.000 DE DÓLARES, Y QUE DEL MONTO AUTORIZADO POR EL CITADO DECRETO 1826, SOLO SE COLOCÓ 225.610.000 DE DÓLARES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 215.000.00 DE DÓLARES, Y A LA EMPRESA SIEMENS S.A., 10.610.000 DÓLARES.

      “EL CITADO OFICIO Nº GT-567 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2007 Y SU RECAUDO CERTIFICADO ANEXO, CURSANTE A LOS FOLIOS 300 AL 308 DE LA PIEZA 27 DEL EXPEDIENTE, LO APRECIA ESTE JUZGADOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 359 EJUSDEM, PARA ACREDITAR COMO HECHO VERDADERAMENTE NUEVO QUE DEL MONTO AUTORIZADO PARA ENDEUDAMIENTO POR EL DECRETO 1826, QUE FUE DE 250.000.000, SE COLOCÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 215.000.000 DE DÓLARES, Y A LA EMPRESA SIEMENS S.A. 10.610.000 DÓLARES, PARA UN TOTAL DE 225.610.000 DE DÓLARES, Y QUE EL REMANENTE DE 24.390.000 DÓLARES NO FUE COLOCADO.

      “...EN CONCLUSIÓN, DEL ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS TESTIMONIALES Y DOCUMENTALES APORTADOS EN JUICIO ORAL Y PÚBLICO, EN LOS HECHOS O PUNTOS DESTACADOS O FIJADOS SUPRA, SE DETERMINÓ O ACREDITÓ, QUE CON MOTIVO DEL DECRETO 1826 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, BAJO EL Nº 33844 (FOLIO 162 Y 163 DEL ANEXO 12), EL EJECUTIVO NACIONAL PROCEDIÓ A LA TERCERA EMISIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, HASTA POR LA CANTIDAD DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, TENIENDO ESA EMISIÓN COMO OBJETO EL FINANCIAMIENTO PARCIAL DEL PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS PARA LOS AÑOS 1987 Y 1988, INDICÁNDOSE EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1826, QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA PODRÍA EMITIR CERTIFICADOS PROVISIONALES, LOS CUALES SERÍAN CANJEADOS POR LOS BONOS DEFINITIVITOS Y SE SEÑALABA QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COMO AGENTE FINANCIERO DE LA REPÚBLICA, COLOCARÍA LOS BONOS OBJETO DE LA EMISIÓN, PREVIA INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y DE ESA EMISIÓN SE ACREDITÓ QUE UN (1) BONO O TÍTULO POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, FUE VENDIDO O COLOCADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, COMO SE EVIDENCIÓ DE LA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº HCP-1967, DE FECHA 20-11-1987, EMANADO DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA (HOY MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS) Y DIRIGIDO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POSTERIORMENTE SUSTITUIDO POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, SIEMPRE ACREDITADOS O PERTENECIENTES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, Y QUE ESOS TÍTULOS CONJUNTAMENTE CON 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES, CADA UNO POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, PARA UN TOTAL DE 35.000.000,00 AL HACER LA SUMATORIA DAN UN TOTAL GENERAL DE 250.000.000 QUE FUE EL MONTO DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DEL DECRETO 1826 DEL 12-11-1987, FUERON SUSTITUIDOS POR ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, POR 496 TÍTULOS DE DISTINTAS SERIES Y DENOMINACIONES, PARA UN TOTAL DE 250.000.000 DE DÓLARES, ENTRE LOS CUALES EN LA SERIE “G”, SE ENCONTRABAN LOS TÍTULOS O CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, CADA UNO POR UN VALOR DE 3.000.000,00 DE DÓLARES, POR LOS CUALES EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COBRÓ INTERESES CONFORME SE ACREDITÓ POR PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES ACREDITADOS EN EL ANEXO 13 Y ANEXO 24, ASÍ COMO DE LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, CURSANTES EN EL ANEXO 13 Y DE LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA ACREDITADOS EN EL ANEXO 24, TENIÉNDOSE EN TODOS ELLOS COMO BENEFICIARIO PARA EL PAGO DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

      “...EN CONSECUENCIA, SE ACREDITÓ PROBATORIAMENTE QUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA HABÍAN SIDO COLOCADOS LOS TÍTULOS 495 Y 496, QUE ESTOS NO FUERON VENDIDOS POR DICHA INSTITUCIÓN EN EL MERCADO, NI ENTREGADOS COMO PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, Y QUE EL ACTA DEL 19 DE ENERO DE 2001, FIRMADA POR EL VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA Y LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE DETERMINÓ AUSENCIA DE TÍTULOS FÍSICOS FALTANTES, SE REFIRIÓ A LOS TÍTULOS PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO ASÍ A LOS DE CUSTODIA; BONOS 495 Y 496, QUE FUERON CONSIGNADOS O PRESENTADOS POR F.G.B. A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE PARA SU VENTA, PERO QUE DETERMINADO QUE LOS REFERIDOS BONOS, PRESUNTAMENTE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LA OPERACIÓN DE VENTA NO SE CONCRETÓ, SINO QUE UN FUNCIONARIO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PRESENTÓ UNA DENUNCIA POR TAL PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN, E INTENTO DE NEGOCIACIÓN DE LOS CITADOS BONOS, APARTE DEL HECHO CIERTO QUE EL CITADO F.G.B., ACTUÓ ANTE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE COMO INTERMEDIARIO POR CUENTA DE R.T.A., CON QUIEN PREVIAMENTE HABÍA CELEBRADO UNA NEGOCIACIÓN POR LOS CITADOS BONOS, EN RAZÓN ARGUMENTO EL HOY ACUSADO QUE LOS HABÍA RECIBIDO DE SU HERMANO C.G.B., QUIEN FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE CARACAS, Y QUE R.T.A., EN SU DEFENSA PROMOVIÓ DOCUMENTALES, QUE INDICAN QUE PRESUNTAMENTE HABÍA CANCELADO CIERTA CANTIDAD DE DINERO EN DÓLARES POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL 495 Y 496; SIN EMBARGO, SE ACREDITÓ EN OTRAS DOCUMENTALES QUE C.A.G.B., DE QUIEN SE DICE QUE RECIBIERON LOS CITADOS TÍTULOS, HABÍA SIDO UN DIPLOMÁTICO DE CATEGORÍA SECUNDARIA, QUE NO TENÍA UN ALTO INGRESO ECONÓMICO, QUE SUS PRESTACIONES SOCIALES PARA EL AÑO 1994, APENAS LLEGARON A LA CANTIDAD DE 320.358,60 BOLÍVARES, QUE TENÍA DEUDAS, POR ALGUNA DE LAS CUALES FUE DEMANDADO ANTE LOS TRIBUNALES CIVILES DE LA REPÚBLICA, QUE MURIÓ EN UN HOSPITAL PÚBLICO Y QUE SU ACTA DE DEFUNCIÓN ACREDITÓ QUE NO DEJABA AL MORIR BIENES DE FORTUNA. ASIMISMO DEBEMOS AGREGAR QUE CONTEMPORÁNEAMENTE AL HECHO DE QUE F.G.B. SE PRESENTABA EL DÍA 6-1-1993 A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE PARA TRANSAR LOS BONOS 495 Y 496, POR CUENTA DE R.T.A., EN ESA MISMA FECHA EL CIUDADANO F.G.B., FIRMABA UN DOCUMENTO NOTARIADO EN EL CUAL UNA PERSONA QUE SE DECÍA EN EL DOCUMENTO QUE SE LLAMABA J.F.R.R., QUE RESULTÓ QUE NUNCA HABÍA FIRMADO ESE DOCUMENTO, Y QUE DECLARABA QUE ERA PROPIETARIA DE LOS BONOS 495 Y 496, CADA UNO POR 3.000.000,00 DE DÓLARES, SE LOS ENTREGABA A F.G.B. PARA SU VENTA, GANÁNDOSE ÉSTE UN PORCENTAJE, DE REALIZARSE LA OPERACIÓN. POR LO QUE QUEDÓ ACREDITADA LA MATERIALIDAD DELICTIVA DEL HECHO ACUSADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MISMO DEL ACUSADO R.T.A., POR CUANTO SE DETERMINÓ POR HECHOS OBJETIVOS, SU CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL, TÍTULOS 495 Y 496, TODO LO CUAL ESTRUCTURA EL HECHO OBJETO DEL JUICIO. Y ASI SE DECLARA.-

      CAPITULO IV

      FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

      “...CON LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS EN JUICIO ORAL Y PÚBLICO, HEMOS ACREDITADO LOS HECHOS OBJETO DE ESTE JUICIO, Y AL RESPECTO TENEMOS QUE SEÑALAR QUE EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO ACUSÓ AL CIUDADANO R.T.A., COMO COAUTOR DEL DELITO DE APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 472 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL MOMENTO DEL HECHO, HECHO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DETERMINÓ EN UNA FECHA IMPRECISA ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992 AL 06 DE ENERO DE 1993.

      (...)

      “...DEBEMOS EN PRIMER TERMINO PRECISAR QUE EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, MEDIANTE DECRETO 1826 Y CONFORME AL ARTICULO 1 DE LA LEY QUE AUTORIZABA AL EJECUTIVO NACIONAL PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO, REQUERIDAS PARA FINANCIAR EL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE LOS AÑOS 1986, 1987 Y 1988, AUTORIZA CONFORME AL ARTICULO 1º DEL CITADO DECRETO, LA TERCERA EMISIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( DPN 12 DE NOVIEMBRE DE 1995) HASTA POR LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA ( US $ 250.000.000,00) MILLONES DE DÓLARES, SIENDO DE ACUERDO AL ARTICULO 2, EL MINISTERIO DE HACIENDA (HOY MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS), EL ENTE COMPETENTE PARA DETERMINAR “TODO LO RELATIVO AL DISEÑO, DENOMINACIONES, CANTIDADES, COLORES, SERIE, DIMENSIONES, DEPÓSITOS, SORTEOS, CANJE Y COLOCACIÓN DE LOS BONOS QUE SE EMITAN”, QUE TAMBIÉN PODRÁ EMITIR CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE SERÁN CANJEADOS POR LOS BONOS DEFINITIVOS (ARTICULO 3). EL ARTICULO 4 DEL DECRETO 1826 SEÑALABA QUE “LOS BONOS SERÁN EMITIDOS AL PORTADOR Y SERÁN COLOCADOS A SU VALOR PAR, Y EL ARTICULO 5 EXPRESABA QUE ”EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COMO AGENTE FINANCIERO DE LA REPUBLICA, COLOCARÁ LOS BONOS OBJETO DE LA PRESENTE EMISIÓN, PREVIA INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA (….)” (COPIA CERTIFICADA EL PRESENTE DECRETO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, Nº 33.844, CURSA A LOS FOLIOS 162 Y 163 DEL ANEXO 12 Y EN EL ANEXO 22).

      “...ESTE ES EL MARCO LEGAL REGULATORIO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN) EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826, EN EL ENTENDIDO QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA ESTABA AUTORIZADO POR EL ARTICULO 3 PARA EMITIR CERTIFICADOS PROVISIONALES, QUE FUE ÚNICAMENTE LO EMITIDO Y NO HUBO SUSTITUCIÓN DE ESTOS POR BONOS DEFINITIVOS, TAL Y COMO LO EXPRESÓ EL GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, EN EL OFICIO Nº GT-552 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, DIRIGIDO AL FISCAL DECIMONOVENO DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, QUE FUE ADMITIDO COMO NUEVA PRUEBA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2007, SEÑALÁNDOSE EN EL PUNTO 2 DEL CITADO OFICIO, LO SIGUIENTE:

      EN CUANTO A LA EMISIÓN DE TÍTULOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES EMITIDOS SEGÚN DECRETO 1826 DEL 12/11/1987, LUCE OPORTUNO INDICAR, QUE EL ENTONCES MINISTERIO DE HACIENDA (ACTUALMENTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS), NO ORDENÓ LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS CERTIFICADOS POR BONOS DPN; ASÍ COMO TAMPOCO INSTRUYO LA EMISIÓN DE CUPONES SEPARADOS DEL DOCUMENTO ORIGINAL, RAZÓN POR LA CUAL, LOS INTERESES GENERADOS POR ESTOS TÍTULOS ERAN CANCELADOS AL TENEDOR DEL CERTIFICADO PROVISIONAL ORIGINAL (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL)

      .

      “PERO EN ESTE ANÁLISIS QUE TOCA OTROS ASPECTOS, NO DEBEMOS SOSLAYAR LA OBLIGADA REFERENCIA, COMO NECESARIO ANTECEDENTE, SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, RAZONES Y CONDICIONES EN QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ADQUIRIÓ EL PRIMER CERTIFICADO PROVISIONAL POR UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES DEL MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DEL DECRETO 1826, QUE FUE DE 250.000.000 DE DÓLARES. EN ESTE SENTIDO, SEÑALAMOS SUCINTAMENTE, TAL COMO LO ADUJO LA REPRESENTACIÓN FISCAL EN SU ESCRITO DE ACUSACIÓN, ASÍ COMO EN SU EXPOSICIÓN EN EL INICIO DEL DEBATE, Y SE DESPRENDE DE LA PRUEBA DOCUMENTAL OFERTADA POR EL ACUSADO, ADMITIDA EN SU OPORTUNIDAD Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007, RELACIONADA CON UN INFORME DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA INTERNACIONAL DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ( FOLIOS 37 AL 42 DEL ANEXO 20-ANEXO H-1, H-2, H-3, H-4 Y H-5), QUE LA CITADA INSTITUCIÓN BANCARIA REALIZO UNA OPERACIÓN DENOMINADA “ROUND TRIPPING” DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA, APROBADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, DE FECHA 22 DE JULIO DE 1987, BAJO PROPUESTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE EN UN ESQUEMA DE CANCELACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA QUE PRESENTABA EL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA, UNA ESPECIE DE REFINANCIAMIENTO, POR LO QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ASUMIÓ LA DEUDA EXTERNA DE LA CITADA INSTITUCIÓN BANCARIA POR UN MONTO DE 230.000.000 DE DÓLARES CON LOS ACREEDORES DE LA MISMA, QUE FORMARON UN SINDICATO, DONDE EL BANKERS TRUST COMPANY ERA EL AGENTE FINANCIERO DE LOS BANCOS ACREEDORES; Y ES ASÍ COMO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ADQUIRIÓ DEL AGENTE FINANCIERO BANCO CENTRAL DE VENEZUELA UN BONO IDENTIFICADO CON EL TITULO 1, CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE 215.000.000 DE DÓLARES, QUE FUE UN MONTO COLOCADO A ESA INSTITUCIÓN BANCARIA DEL MONTO TOTAL DE 250.000.000,00 DE DÓLARES DEL DECRETO 1826, MONTO QUE CIERTAMENTE FUE EMITIDO, AL PUNTO QUE POR ACTA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1987, FUE DEJADO EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL QUE REPRESENTABA A “LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL ( DPN)-12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CONSTITUTIVOS DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS HASTA POR LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 250.00.000,00) (…)” (FOLIO 103 AL 104 DE LA PIEZA 2).

      “AHORA BIEN, ¿CUAL ES EL ORIGEN DEL CERTIFICADO PROVISIONAL POR LA CANTIDAD DE 215.000.000 DE DÓLARES? POR ACTA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1987, SE DEJÓ EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES POR LA CANTIDAD DE 234.990.000,00 DE DÓLARES Y DE 15.010.000,00 DE DÓLARES RESPECTIVAMENTE, QUE REPRESENTABAN A LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN) 12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HASTA POR LA CANTIDAD DE 250.000.000.000 DE DÓLARES, QUE SUSTITUÍA A UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL POR LA CANTIDAD DE 250.000.000,00 DE DÓLARES DE LA MISMA EMISIÓN, DEPOSITADO EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SEGÚN CONSTABA EN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1987, QUE SUPRA REFERIMOS (FOLIOS 105 AL 106 DE LA PIEZA 12). LUEGO POR ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987 SE DEJA EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, LA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS (36) CERTIFICADOS PROVISIONALES, UNO (1) POR UN VALOR DE 215.000.000,00 DE DÓLARES Y TREINTA Y CINCO (35) CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN VALOR DE 1.000.000 DE DÓLARES CADA UNO, QUE REPRESENTABAN A LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN)-12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HASTA POR LA CANTIDAD DE 250.000.000 DE DÓLARES, LOS CUALES SUSTITUÍAN A DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES, UNO POR LA CANTIDAD DE 234.990.000 DE DÓLARES, Y OTRO POR LA CANTIDAD DE 15.010.000 DE DÓLARES, AMBOS DE LA MISMA EMISIÓN (FOLIOS 109 Y 110 DE LA PIEZA 2). PERO IGUALMENTE DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, POR MEMORANDUM DLIE/135, DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CAMBIARIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA LA GERENCIA DE TESORERÍA DEL MISMO ENTRE EMISOR, AQUELLA SOLICITADA QUE SE DISPUSIERA LO CONDUCENTE PARA QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº UNO (1), POR VALOR DE 215.000.000, FUERA MANTENIDO EN CUSTODIA A LA ORDEN DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; MEMORANDUM QUE FUE OFERTADO COMO DOCUMENTAL POR EL REPRESENTANTE FISCAL, ASÍ COMO EL RECIBO Nº 00909 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1989, EMITIDO POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, POR UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL POR LA CANTIDAD DE 215.000.000 DE DÓLARES.

      “OBSERVAMOS PUES COMO YA POR ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, SE INDIVIDUALIZA LA EXISTENCIA DE UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL POR UN VALOR DE 215.000.000 DE DÓLARES, CORRESPONDIENTE O EMITIDO CONFORME AL DECRETO 1826 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nº 33.844 DE IGUAL FECHA, QUE SUPRA REFERIMOS.

      “ES ASÍ COMO POR OFICIO Nº HCP-1967 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SOLICITA AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE GIRARA LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES “A FIN DE QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL NUMERO UNO (1) POR UN VALOR DE US $ 215.000.000,00, DEPOSITADO EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA DE FECHA 20 DE LOS CORRIENTES, SEA VENDIDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA” (VUELTO DEL FOLIO 97 DE LA PIEZA 2, QUE CONSTITUYE UNA DOCUMENTAL OFERTADA POR EL REPRESENTANTE FISCAL, ADMITIDA POR EL TRIBUNAL DE CONTROL, Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA POR ESTE JUZGADOR EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2007), INDICANDO ESE FUNCIONARIO QUE ESE CERTIFICADO PROVISIONAL Y 35 CERTIFICADOS RESTANTES POR UN VALOR CADA UNO DE 1.000.000,00 DE DÓLARES, REPRESENTABAN A BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN US $ DÓLARES POR LA CANTIDAD DE US $ 250.000.000,00, EMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO NACIONAL PARA REALIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO PARA FINANCIAR EL PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE 1986, 1987 Y 1988 DE FECHA 3 DE ENERO DE 1986”.

      “CON BASE A ESE CERTIFICADO PROVISIONAL POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, VENDIDO O COLOCADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ESTA INSTITUCIÓN BANCARIA ERA LA BENEFICIARIA DE LOS INTERESES GENERADOS POR ESE CERTIFICADO, COBRÁNDOLOS CONFORME, COPIAS CERTIFICADAS DE PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 001290, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO: 13-08-1989, POR 5.574.099,78 DÓLARES; S/N, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-08-1988, POR 4.441.324,28 DÓLARES; S/N, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-11-1988, POR 4.978.869,86 DÓLARES; 004437, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-1989, POR 5.080.479,45 DÓLARES; 228332, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1989, POR 5.275.231,15 DÓLARES; S/N DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-11-1989, POR 5.046.609,59 DÓLARES; 000596, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-03-1990, POR 4.911.130,15 DÓLARES Y NÚMERO NO VISIBLE, DECRETO 1826, CON FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1990, POR 4.578.640,00 DÓLARES, CURSANTES A LOS FOLIOS 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Y 16, RESPECTIVAMENTE, DEL ANEXO “A” CARPETA 1 DEL ANEXO 24, ADMITIDAS COMO NUEVAS PRUEBAS EN LA AUDIENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2007, A LA CUAL SE ADMINICULA LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, BENEFICIARIO IGUALMENTE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, POR 3.289.687,50 DÓLARES, CURSANTE AL FOLIO 17 DEL ANEXO ANTES CITADO.

      “ESE PAGO DE INTERESES A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL, POR EL TITULO 1, CON VALOR DE 215.000.000 DE DÓLARES, COMO SE DESPRENDE DE LAS FIRMAS ESTAMPADAS POR EL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LAS PLANILLAS POR ESA INSTITUCIÓN BANCARIA, EN LA PARTE INFERIOR DE LAS MISMAS, ALGUNAS DE LAS CUALES EXHIBEN INCLUSIVE EL SELLO DONDE SE LEE: “BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”, ESTA CERTIFICADO POR LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE LA MANERA SIGUIENTE:

      “1. EL COMPROBANTE CONTABLE, REFERENTE A CANCELACIÓN DE INTERESES DE FECHA 1 DE JUNIO DE 1990, POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL EN DÓLARES, POR UN MONTO DE 4.578.640 DÓLARES, CURSANTE A LOS FOLIOS 249, 252, 332 Y 335 DEL ANEXO CARPETA “F”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24, COINCIDE EN SUS DATOS FUNDAMENTALES DE MONTO Y VENCIMIENTO DE TITULO (13-05-1990) CON LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA COBRO DE INTERESES, SIN NÚMERO VISIBLE, REFERENTE AL DECRETO 1826, BENEFICIARIO, POR EL MONTO DE 4.578.640, CON FECHA DE VENCIMIENTO DE 13-05-1990, CURSANTE AL FOLIO 16 DEL ANEXO “A” CARPETA 24.

      “ESTE COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 1 DE JUNIO DE 1990, COINCIDE PLENAMENTE CON EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 5759 DEL 17 DE JUNIO DE 1990, DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, CURSANTE AL FOLIO 26 DEL SUB-ANEXO 5 DEL ANEXO 13, EN EL CUAL SE SEÑALÓ QUE SE ESTABA RECIBIENDO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, INTERESES GENERADOS, POR UN MONTO DE 4.578.640,00 DÓLARES POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL POR UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES.

      “2. EL COMPROBANTE CONTABLE Nº 099 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 1989, REFERENTE A CANCELACIÓN DE INTERESES, POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, CON VENCIMIENTO EL 13-02-1989, POR UN MONTO DE 5.080.479,45 DÓLARES, CURSANTE A LOS FOLIOS 332 Y 334 DEL ANEXO “F-1” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24, COINCIDE PLENAMENTE EN SUS DATOS CON LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL TITULO 1 ( US $ 215.000.000 DE DÓLARES), Nº 004437, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-1989, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE CURSA AL FOLIO 11 DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24; COINCIDIENDO ADEMÁS, AMBOS DOCUMENTOS EN EL MONTO POR 73.666.952,03 BOLÍVARES.

      “PERO ADEMÁS ESE COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 099 DEL 27 DE FEBRERO DE 1989, POR 5.080.479,45 DÓLARES CONCUERDA PLENAMENTE CON EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1421 DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1989, CURSANTE AL FOLIO 25 DEL SUB ANEXO 5 DEL ANEXO 13, DONDE SE SEÑALÓ: “REGISTRO DE US $ 5.080.479,45 RECIBIDO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, POR US $ 215.000.000,00 PERIODO 13-11-1988 AL 13-02-1989.

      “3. EL COMPROBANTE CONTABLE DE FECHA 23-02-1990 REFERENTE A UNA TRANSFERENCIA CABLEGRÁFICA POR CONCEPTO DE INTERESES POR BONOS DE DPN, DECRETO 1826, BENEFICIARIO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR 4.911.130,15, QUE CURSA AL ANEXO “F-1” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24, COINCIDE TOTALMENTE CON LA PLANILLA CERTIFICADA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES N 000 596, DECRETO 1826, FECHA DE VENCIMIENTO 13-03-1990, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR UN MONTO DE 4-911.130,15 DÓLARES, QUE CURSA AL FOLIO 15, ANEXO “A”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24.

      “PERO ADEMÁS, ESE COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 23-02-1990, POR 4.911.130,15 DÓLARES, CONCUERDA PLENAMENTE CON EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 4765 DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, DEL 13 DE MAYO DE 1990, DONDE SE SEÑALÓ LO SIGUIENTE; “REGISTRO DE US $. 4.911.130, 15 RECIBIDO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS DE LA DPN (POR US $.215.000.000, 00) PERIODO 13-11-1989/13-02-1990”, CURSANTE AL FOLIO 29 DEL SUB-ANEXO 5 DEL ANEXO 13.

      “DESTACAMOS TAMBIÉN QUE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 228332 SOBRE EL TITULO 1 POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, QUE TIENE COMO BENEFICIARIO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, CON FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1989, POR UN MONTO DE 5.275.231,15, CURSANTE AL FOLIO 12 DEL ANEXO “A”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24, TIENE CORRESPONDENCIA CON EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1418, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1989, DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, CURSANTE AL FOLIO 26 DEL SUB-ANEXO 5 DEL ANEXO 13, MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRÓ EL MONTO DE 5.275.231,15 DÓLARES COMO RECIBIDOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL POR 215.000.000 DE DÓLARES, CON FECHA DE VENCIMIENTO 13-2-1989 AL 13-5-1990.

      “ES EVIDENTE, O MEJOR DICHO, HAY CERTEZA DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, A TRAVÉS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LE FUE VENDIDO, COLOCADO O ADJUDICADO UN CERTIFICADO PROVISIONAL TITULO 1, POR UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES, POR EL CUAL PRESENTÓ PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, SUPRA IDENTIFICADAS, ACREDITÁNDOSE QUE POR ALGUNAS DE ELLAS, Y A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES CONTABLES, EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CANCELÓ LOS CORRESPONDIENTES INTERESES, Y EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, ASENTÓ LOS PAGOS EN SU CONTABILIDAD INTERNA, COMO SE PROBÓ CON LOS COMPROBANTES CONTABLES INTERNOS SUPRA DETALLADOS. ELLO ACREDITA CON CERTEZA LA RELACIÓN DIRECTA DEL BANCO INDUSTRIAL, SUCURSAL CURAZAO, CON EL TITULO 1 POR UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES, EMITIDO CON BASE AL TANTAS VECES MENCIONADO DECRETO 1826.

      “AHORA BIEN, DE LAS ACTAS DE JUICIO SE ACREDITÓ QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, TAMBIÉN ERA O FUE PROPIETARIO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL 1-A Y 2-A, POR UN MONTO DE 20.000.000,00 DE DÓLARES, Y 195.000.000,00 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE; SIENDO PERTINENTE, PREGUNTARSE: ¿DE DONDE SURGIERON O COMO NACIERON ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES? POR ACTA DEL 13 DE JULIO DE 1990, SE REUNIERON FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LAS OFICINAS DE LA PRIMERA INSTITUCIÓN NOMBRADA, PARA DEJAR EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES: UNO (1) POR UN VALOR DE 20.000.000,00 DE DÓLARES Y OTRO POR UN VALOR DE 195.000.000,00 DE DÓLARES, QUE REPRESENTABAN “A LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN)- 12 DE NOVIEMBRE DE 1995 TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 250.000.000,00)”, QUE SUSTITUÍAN A UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL POR LA CANTIDAD DE 215.000.000,00 DE DÓLARES, CORRESPONDIENTE A LA MISMA EMISIÓN, DEPOSITADO EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN CONSTA DE ACTA DE ENTREGA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, Y QUE ESTOS CERTIFICADOS FUERON EMITIDOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1826 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1987; ACTA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1990 QUE CURSA EN COPIA CERTIFICADA A LOS FOLIOS 111 Y 112 DE LA PIEZA II DEL EXPEDIENTE.

      “POR ESTOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL, EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA PRESENTÓ LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES SIGUIENTES:

      1. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 003288, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-08-1990, TITULO 1-A POR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 2-A POR 195.000.000,00 DE DÓLARES (448.767,12 DÓLARES + 4.375.479,45 DÓLARES), POR UN MONTO PAGADO DE INTERESES DE 4.824.246,57. SE OBSERVA EN LA PLANILLA SELLO DE CANCELADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, EL NOMBRE DEL PRESENTANTE, O.E. SALAS, UN SELLO QUE DURANTE LA INSPECCIÓN SE VISUALIZÓ QUE ERA HÚMEDO, DONDE SE LEE: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y UNA FIRMA ILEGIBLE, QUE REPUTA ESTE JUZGADOR ES DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA. PLANILLA CURSANTE AL FOLIO 8 DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 1, DEL ANEXO 24, QUE COMO NUEVA PRUEBA FUE ADMITIDA Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.

      2. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 000689, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-11-1990, TITULO 1-A POR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 2-A POR 195.000.000,00 DE DÓLARES, POR UN MONTO PAGADO DE INTERESES DE 4.578.585,21 (425.914,90 DÓLARES + 4.152.670,31 DÓLARES), OBSERVÁNDOSE EN LA PLANILLA TROQUELADO EN SU PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, EL PRESENTANTE SE LEE: E.O. SALAS, UN SELLO QUE EN LA INSPECCIÓN SE VISUALIZÓ HÚMEDO, DONDE SE LEE: “BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CARACAS, VENEZUELA”, Y SOBRE EL MISMO UNA FIRMA ILEGIBLE, QUE REPUTA ESTE JUZGADOR ES DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA; PLANILLA QUE CURSA A LOS FOLIOS 13 Y 27 DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 1, DEL ANEXO 24, ADMITIDA COMO NUEVA PRUEBA Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.

      3. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Nº 001754, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-1991 TITULO 1-A POR UN VALOR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 2-A POR UN VALOR DE 195.000.000,00 DE DÓLARES RESPECTIVAMENTE, POR UN MONTO PAGADO EN INTERESES DE 4.623.236,30 (430.068,49 DÓLARES + 4.193.167,81 DÓLARES), OBSERVÁNDOSE EN LA PLANILLA UN PRESENTANTE QUE SE L.E.O. SALAS, UN SELLO QUE EN LA INSPECCIÓN PRACTICADA SE DETERMINÓ O VISUALIZÓ HÚMEDO, DONDE SE LEE: “ BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, CARACAS, VENEZUELA”, Y SOBRE EL MISMO UNA FIRMA ILEGIBLE QUE REPUTA ESTE JUZGADOR ES O FUE DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA; PLANILLA QUE CURSA AL FOLIO 130 DEL ANEXO “D” DE LA CARPETA 1, DEL ANEXO 24, ADMITIDA COMO NUEVA PRUEBA Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.

         4) COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA S/N (SIN NÚMERO), BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1991, TITULO 1-A POR UN VALOR DE 20.000.000,00 DE DÓLARES, Y 2-A POR UN VALOR DE 195.000.000,00 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, POR UN MONTO DE 3.484.744,66, OBSERVÁNDOSE UN SELLO DE PAGADO EL 16 DE MAYO DE 1991 DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, UN NOMBRE COMO PRESENTANTE DE E.O. SALAS, UN SELLO DONDE SE LEE: “BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. CARACAS, VENEZUELA” Y SOBRE EL SELLO UNA FIRMA ILEGIBLE QUE ESTE JUZGADOR REPUTA DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA, INDICÁNDOSE QUE EN LA INSPECCIÓN PRACTICADA SE DETERMINÓ QUE LOS SELLOS ANTES REFERIDOS ESTABAN ESTAMPADOS EN HÚMEDO; PLANILLA QUE CURSA AL FOLIO 369, ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24, Y FOLIO 388, ANEXO “A” CARPETA 5 DEL ANEXO 24.

         MENCIONADAS EN SUS EXTREMOS FUNDAMENTALES LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA COBRO DE INTERESES NÚMEROS 003288, 000689, 001754 Y S/N, RELATIVAS A LOS COBROS DE INTERESES REALIZADOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y SU PAGO O CANCELACIÓN POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ES NECESARIO DETERMINAR SI EN LAS ACTAS O EN LOS MEDIOS DE PRUEBAS DOCUMENTALES RECEPCIONADOS POR SU LECTURA, APARECEN CONSTANCIAS DE QUE EFECTIVAMENTE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PAGÓ LOS INTERESES CAUSADOS EN LAS REFERIDAS PLANILLAS POR MONTOS DE 4.824.246,57 DÓLARES, 4.578.585,21 DÓLARES, 4.623.236,30 DÓLARES Y 3.484.744,66, DÓLARES; Y AL RESPECTO PODEMOS SEÑALAR QUE CURSAN COPIAS CERTIFICADAS DE COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

         1) COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 07-01-90, A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR PAGO DE INTERESES MEDIANTE TRANSFERENCIA CALIGRÁFICA POR 4.578.585,21, CURSANTE AL FOLIO 335, ANEXO “F”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24, QUE COINCIDE CON EL MONTO DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 000689, QUE ES DE 4.578.585,21 DÓLARES, SUPRA REFERIDA, Y TAMBIÉN CON EL HECHO DE QUE EL BENEFICIARIO ES EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         2) COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 17-05-1991, A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR PAGO DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, POR LA CANTIDAD DE 3.484.744,66 DÓLARES, CURSANTE AL FOLIO 376 DEL ANEXO “A”, CARPETA 5 DEL ANEXO 24, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL MEMORANDUM DE FECHA 9 DE MAYO DE 1991, DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES DEL MISMO BANCO, Y CUADRO DEMOSTRATIVO ANEXO, DONDE SE INDICA QUE SE PROCEDA A LA PREPARACIÓN DE LOS COMPROBANTES CONTABLES POR CONCEPTO DE LA CANCELACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA PUBLICA EN DÓLARES, CONFORME AL DECRETO 1826, A CUYO EFECTO ENVIABA OFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nº HCP-AD-91-819 DE FECHA 09-05-1991, Y SE INDICA ADEMÁS EN FORMA MANUSCRITA LO SIGUIENTE: “SE CANCELÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA INTERESES US $ 3.484.744,66”; MEMORANDUM Y CUADRO DEMOSTRATIVO ANEXO CURSANTE A LOS FOLIOS 390 Y 391 DEL ANEXO “A”, CARPETA 5.

         ESTE COMPROBANTE CONTABLE Y EL MEMORANDUM CITADO, EN SUS DATOS DE BENEFICIARIO, MONTO, DECRETO Y FECHA DE PAGO, COINCIDE TOTALMENTE CON LA PLANILLA S/N (SIN NUMERO) DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTE AL FOLIO 388 DEL ANEXO “A”, CARPETA 5 DEL ANEXO 24, DONDE SE INDICA QUE EL BENEFICIARIO DE ESA PLANILLA: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR LOS TÍTULOS, 1-A Y 2-A, DEL DECRETO 1826, CON FECHA DE VENCIMIENTO 13-5-1991, COBRÓ INTERESES POR UN MONTO DE 3.484.794,66 DÓLARES.

         PERO AUN MAS, HAY QUE TENER EN DEBIDA CUENTA QUE EN EL SUB- ANEXO 5 DEL ANEXO 13 (RECAUDOS CERTIFICADOS DE LA EXPERTICIA PRACTICADA POR LOS EXPERTOS M.J.P., DEYLIN PADILLA Y E.C.A.), SE DETALLAN LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL, SUCURSAL CURAZAO, POR MEDIO DE LOS CUALES SE ASENTABAN LOS PAGOS DE INTERESES GENERADOS POR BONOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, Y EFECTUADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y ESOS COMPROBANTES CONTABLES SON LOS SIGUIENTES:

         1) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4719 DEL PERIODO 20-11-1987 AL 13-5-1988, POR 7.837.902,63 DÓLARES (FOLIO 22).

         2) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4707 DEL PERIODO DEL 13-05-1988 AL 13-08-1988, POR 4.441.324,28 DÓLARES (FOLIO 23).

         3) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4708 DEL PERIODO DEL 13-08-1988 AL 15-01-1988, POR 4.978.869,86 DÓLARES (FOLIO 24).

         4) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1421, DEL PERIODO 13-11-1988 AL 13-02-1989, POR 5.080.479,45 DÓLARES (FOLIO 25).

         5) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1418, DEL PERIODO 13-02-1989 AL 13-05-1989, POR 5.275.231,15 DÓLARES (FOLIO 26).

         6) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1420, DEL PERIODO 13-05-1989 AL 13-08-1989, POR 5.574.099,78 DÓLARES (FOLIO 27).

         7) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 3015, DEL PERIODO 13-08-1989 AL 13-11-1989, POR 5.046.609,59 DÓLARES (FOLIO 28).

         8) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4765, DEL PERIODO 13-11-1989 AL 13-03-1990, POR 4.911.130,15 DÓLARES (FOLIO 29).

         9) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 5759 DEL PERIODO 13-02-1990 AL 13-05-1990, POR 4.578.640 DÓLARES (FOLIO 30).

         10) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 5700, DEL PERIODO 13-05-1990 AL 13-08-1990, POR 4.824.246,57 DÓLARES, (FOLIO 31).

         11) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1141, DEL PERIODO 13-08-1990 AL 13-11-1990, POR 4.578.585,21 DÓLARES (FOLIO 32 Y 21).

         12) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1788, DEL PERIODO 13-11-1990 AL 13-02-1991, POR 4.623.236,30 DÓLARES (FOLIO 33).

         13) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1780, DEL PERIODO 13-02-1991 AL 13-05-1991, POR 3.484. 744,66 DÓLARES (FOLIOS 34, 15, 18 Y 21).

         14) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 0440, DEL PERIODO 13-05-1991 AL 13-08-1991 POR 3.120.424, 80 DÓLARES (FOLIO 18).

         15) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 00200, DEL PERIODO 13-08-1991 AL 13-11-1991, POR 2.822.855,23 DÓLARES (FOLIOS 36 Y 21).

         16) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 07318, DEL PERIODO 13-11-1991 AL 13-02-1992, POR 2.316.535, 05 DÓLARES (FOLIOS 37 Y 21).

         17) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 6186, DEL PERIODO 13-02-1992 AL 13-05-1992, POR 1.700.753,47 DÓLARES (FOLIOS 38 Y 21).

         18) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 0410, DEL PERIODO 13-05-1992 AL 13-08-1992, POR 1.848.022,80 DÓLARES (FOLIO 39).

         19) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 05478, DEL PERIODO 13-08-1990 AL 13-11-1992, POR 1.631.132,60 DÓLARES (FOLIOS 40 Y 21).

         20) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 3029, DEL PERIODO 13-11-1992 AL 12-02-1993, POR 1.698.010,70 DÓLARES (FOLIO 41).

         21) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 3043, DEL PERIODO 13-02-1993 AL 12-05-1993, POR 1.464.035,40 DÓLARES (FOLIO 42).

         A ESA RELACIÓN DE COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL REGISTRO DE PAGO DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, SUPRA REFERIDOS, SE LE ADMINICULA EL RECAUDO DE RELACIÓN DETALLADA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, SOBRE INTERESES RECIBIDOS SOBRE LOS BONOS DE (DPN) DECRETO 1826, CURSANTE AL FOLIO 21 DEL SUB- ANEXO 5 DEL ANEXO 13, DONDE SE PORMENORIZAN LOS NÚMEROS DE COMPROBANTES, LAS FECHAS, LOS MONTOS DE INTERESES Y LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES.

         DEMOSTRADA LA SECUENCIA DE COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, A LA VEZ DEMOSTRATIVA DEL REGISTRO DE LOS INTERESES RECIBIDOS EN DÓLARES COMO PAGO EFECTUADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PROCEDIMOS A VERIFICAR SI LOS MONTOS COMO PAGO DE INTERESES INDICADOS EN LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, NÚMEROS 003288, 000698, 001754 Y SIN NUMERO (S/N), POR MONTOS DE 4.824.246,57 DÓLARES, 4.578.585,21 DÓLARES, 4.623.236,30 DÓLARES Y 3.484.744,66 DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, DONDE SE SEÑALA COMO BENEFICIARIO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SOBRE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, (TÍTULOS 1-A Y 2-A), A DOS DE CUYA PLANILLAS (LA 000689 Y LA SIN NUMERO) SE REFIEREN LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 07-01-1990 Y 17-05-1991, POR MONTOS DE 4.578.585,21 DÓLARES Y 3.484.744,66 DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, FUERON REFLEJADOS EN LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR CUALES MONTOS Y EN QUE FECHA, LO CUAL HACEMOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

         1) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 5700, TIENE FECHA DE REGISTRO EL 10-9-1990, POR UN MONTO DE 4.824.246,57 DÓLARES, POR INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 003288 (TÍTULOS 1-A Y 2-A).

         2) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1141, TIENE FECHA DE REGISTRO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1990, POR UN MONTO DE 4.578.585,21 DÓLARES, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS ASENTADOS EN LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 000689(TÍTULOS 1-A Y 2-A).

         3) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1788,TIENE FECHA DE REGISTRO EL 28 DE JUNIO DE 1991, POR UN MONTO DE 4.623.236,30 DÓLARES, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, POR EL PERIODO 13-11-1990 AL 13-02-1991, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS ASENTADOS EN LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 001754 (TÍTULOS 1-A Y 2-A), EFECTIVAMENTE COINCIDE CON LA FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-1991.

         4) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1780 TIENE FECHA DE REGISTRO EL 28 DE JUNIO DE 1991, POR UN MONTO DE 3.484.744,66 DÓLARES, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, POR EL PERIODO DEL 13-02-1991 AL 13-05-1991, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS ASENTADOS EN LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES S/N (SIN NUMERO) (TÍTULOS 1-A Y 2-A), Y ESPECÍFICAMENTE COINCIDE CON LA FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1991.

         POR ENDE, ESTE JUZGADOR TIENE LA CERTEZA DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO SOLO ERA EL TITULAR DE LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A (CERTIFICADOS PROVISIONALES) RELATIVOS A BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, DECRETO 1826), SINO QUE ADEMÁS PRESENTÓ CUATRO (4) PLANILLAS PARA EL COBRO DE LOS RESPECTIVOS INTERESES, LO QUE GENERÓ, AL MENOS DOCUMENTALMENTE ACREDITADO, DOS (2) COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA; SIN EMBARGO, ESAS CUATRO (4) PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 003288, 000689, 001754 Y S/N), GENERARON EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 5700, 1141, 1788 Y 1780, QUE COMO DIJIMOS, COINCIDEN EN MONTO, FECHA DE VENCIMIENTO, BENEFICIARIO: EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y DECRETO: EL 1826, CON LAS PLANILLAS ANTE CITADAS.

         CON RELACIÓN AL CONJUNTO DE PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, SEÑALADAS EN LOS FOLIOS 7 AL 17 DEL ANEXO “A”, CARPETA 1, DEL ANEXO 24, QUE SON LAS NÚMEROS 001290 (TÍTULO 1), 003288 (TÍTULO 1-A Y 2-A), S/N (TÍTULO 1), S/N (TÍTULO 1), 00437 (TÍTULO 1), 228332 (TÍTULO 1), 00689 (TÍTULOS 1-A Y 2-A), S/N (TÍTULO 1), 00596 (TÍTULO 1), 001860 (TÍTULO 1) Y S/N (TÍTULO 1), DONDE APARECEN MENCIONADOS LOS TÍTULOS QUE GENERABAN LOS INTERESES , SABEMOS, PORQUE ASÍ LO INDICAN LAS PLANILLAS, Y POR LOS DATOS DOCUMENTALES SUPRA ANALIZADOS, QUE EL TÍTULO 1 ERA POR UN MONTO DE 215.000.000,00 DE DÓLARES, EL TÍTULO 1-A ERA POR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y EL 2-A ERA POR 195.000.000,00 DE DÓLARES, Y SOBRE EL PARTICULAR CONTENIDO EN ESAS PLANILLAS QUE LE FUERON PUESTAS DE VISTA Y MANIFIESTO, LA TESTIGO JAQUELIN BASTARDO VEGAS, EXPRESÓ LO SIGUIENTE: “CON RESPECTO AL FOLIO NRO. 7 CORRESPONDE AL COBRO DE INTERESE DE CUPONES, EL FOLIO 8 CORRESPONDE A DOS PAGOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS DOS TÍTULOS, LA ENUMERACIÓN QUE SE VE ES PORQUE HUBO UNA SUSTITUCIÓN POR EL 1-A Y 2-A, ESO SE HACE POR SOLICITUD DEL TENEDOR QUE PIDE UN MONTO MAS BAJO; EL FOLIO 9 TRATA DE PAGOS DE INTERESES DE ESOS TÍTULOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EL FOLIO 11 CORRESPONDE AL PAGO DE INTERESES DE TÍTULOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, TODOS ESOS FOLIOS CORRESPONDEN A PAGOS DE INTERESES GENERADOS POR TÍTULOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (...)TODOS LOS FOLIOS CORRESPONDEN EN GENERAL AL PAGO DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”. (RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 DEL REPRESENTANTE FISCAL), Y QUE TODOS LOS TÍTULOS MENCIONADOS EN LAS PLANILLAS PROVIENEN DEL DECRETO 1826, QUE ADEMÁS SE INDICA EN LAS MISMAS (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DEL REPRESENTANTE FISCAL). EN ESTE PUNTO PARTICULAR EL TESTIMONIO RENDIDO POR LA FUNCIONARIA JAQUELIN BASTARDO VEGAS, RATIFICA UNA VEZ MAS, LO QUE SE HA VENIDO AFIRMANDO SOBRE LA RELACIÓN DIRECTA DEL BANCO INDUSTRIAL DEL VENEZUELA CON LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL, EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826, Y DE QUE FUE A ESTA INSTITUCIÓN BANCARIA A LA CUAL SE LE HIZO LA PRIMIGENIA COLOCACIÓN DEL TÍTULO 1, LUEGO SUSTITUIDO POR EL 1-A Y 2-A, QUE ESTOS GENERARON INTERESES, QUE LOS COBRÓ EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COMO BENEFICIARIO Y QUE LOS PAGO AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PAGOS QUE SUPRA COTEJAMOS CON LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y CON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PERO TAMBIÉN LA TESTIGO, AL SERLE PUESTOS DE VISTA Y MANIFIESTO LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTES AL ANEXO “F”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24, CURSANTE A LOS FOLIOS 332 AL 339, SEÑALÓ QUE ESOS ERAN COMPROBANTES CONTABLES DE PAGO DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR COBROS DE INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS CONFORME EL DECRETO 1826, Y QUE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS SE HIZO A ESA INSTITUCIÓN CON LO CUAL SE PUNTUALIZA LA RELACIÓN DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CON LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES N° 1, 1-A Y 2-A, CON CERTEZA ABSOLUTA.

         CIERTAMENTE, EN LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTES DE LOS FOLIOS 331 AL 339 DEL ANEXO “F”, CARPETA 1, DEL ANEXO 24, RELACIONADOS CON PAGOS DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO SE INDICAN QUE TÍTULOS DEL DECRETO 1826 DEVENGARON INTERESES, PUNTO ESTE QUE HABÍA MOTIVADO LA PREGUNTA N° 6 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO A LA TESTIGO JAQUELIN BASTARDO VEGAS, ELLO NO SIGNIFICA QUE LOS COMPROBANTES QUE ALLÍ CURSAN NO GUARDEN RELACIÓN CON TÍTULOS DEL DECRETO 1826, YA QUE COMO SUPRA QUEDÓ PUNTUALIZADO Y DEMOSTRADO, LOS MONTOS CITADOS EN LOS MENCIONADOS COMPROBANTES CONTABLES, POR LAS CANTIDADES DE 4.578.640 DÓLARES, 5.080.479,45 DÓLARES, 4.911.130,15 DÓLARES Y 4.578.585,21 DÓLARES, SON LOS MISMOS MONTOS CITADOS EN LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 001860 (TÍTULO 1), 00437 (TÍTULO 1), 00596 (TÍTULO 1), 00689 (TÍTULOS 1-A Y 2-A), QUE REMITIÓ EL REPRESENTANTE FISCAL) AL CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CONJUNTAMENTE CON OTROS DOCUMENTOS, Y ADEMÁS, PORQUE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO CITADAS EN LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COINCIDEN CON LAS SEÑALADAS EN LAS PLANILLAS, Y ELLO HA QUEDADO DEMOSTRADO CON LA EXPLICACIÓN EN DETALLE QUE SE DIO CUANDO SUPRA SE CRUZARON LOS MONTOS INDICADOS EN DÓLARES EN LAS PLANILLAS, CON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         AHORA BIEN, TANTO LA REPRESENTACIÓN FISCAL COMO EL ACUSADO Y LA DEFENSA, SE HAN REFERIDO YA SEA EN SUS EXPOSICIONES O EN LAS PREGUNTAS REALIZADAS A LOS EXPERTOS Y TESTIGOS, AL ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 1991, TAN ES ASÍ QUE LA MISMA FUE OFERTADA COMO MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL POR EL REPRESENTANTE FISCAL, A TRAVÉS DEL OFICIO CJAA-96-12-201 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 1996, Y SUS ANEXOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, QUE LE HABÍA SIDO REMITIDO POR EL CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTES, A LOS FOLIOS 54 AL 80 DE LA PIEZA 2 DEL EXPEDIENTE, Y SIENDO ADMITIDA POR EL JUZGADOR DE CONTROL, LA MISMA FUE RECEPCIONADA EN JUICIO POR SU LECTURA, POR LO QUE PARA SEGUIR LA SECUENCIA TEMPORAL DEL ENTE BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y DEL CERTIFICADO QUE PRIMIGENIAMENTE LE FUE COLOCADO, Y LUEGO SUSTITUIDO POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, POR MONTOS DE 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, ES FUNDAMENTAL QUE SE ANALICEN LOS EXTREMOS DE ESA ACTA, LO CUAL HACEMOS A CONTINUACIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

         EL ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 1991, QUE CURSA A LOS FOLIOS 55 AL 57 DE LA PIEZA 2, NOS INDICA QUE SE REUNIERON EN LA SEDE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, FUNCIONARIOS DE ESA INSTITUCIÓN, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA DEJAR EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE REPRESENTABAN “IGUAL NÚMERO DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL DPN- 12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES” POR UN MONTO DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, QUE SUSTITUÍAN A:

         1) TREINTA Y CINCO (35) CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO DE 1.000.000,00 DE DÓLARES CADA UNO, DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987.

         2) DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES POR LOS MONTOS DE 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 13 DE JULIO DE 1990.

         LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, ERAN LAS SIGUIENTES:

         SERIE CANTIDAD NUMERADOS

         DEL/AL DENOMINACIÓN

         US$ MONTO

         A

         145 001/0145 10.000,00

         1.450.000,00

         B 57 0146/0202 50.000,00 2.850.000,00

         C

         132

         0203/0334

         100.000,00

         13.200.000,00

         D

         39

         0335/0373

         500.000,00

         19.500.000,00

         E 51 0374/0424 1.000.000,00 51.000.000,00

         F

         54

         54 0425/0478 2.000.000,00 108.000.000,00

         G

         18

         18 0479/0496 3.000.000,00 54.000.000,00

         250.000.000,00

         las características de los certificados provisionales sustituidos, eran:

         numeros cantidad Denominación

         U us $ monto us $

         0001/0035 35 1.000.000,00 35.000.000,00

         1-a 1 20. 000.000,00 20.000.000,00

         2-a 1 195.000.000,00 195.000.000,00

         37 250.000.000,00

         COMO PUEDE OBSERVARSE ES MEDIANTE ESTA ACTA DE SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE POR PRIMERA VEZ SE MENCIONA E IDENTIFICA POR SU SERIE, CANTIDAD, NUMERACIÓN Y DENOMINACIÓN, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, NOTÁNDOSE QUE NO HAY UNA IDENTIFICACIÓN, ADSCRIPCIÓN O PARCELAMIENTO DE LA NUMERACIÓN DE ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, CON LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A SUSTITUIDOS, NI TAMPOCO CON LOS TREINTA Y CINCO PROVISIONALES POR UN VALOR CADA UNO DE 1.000.000,00 DE DÓLARES, POR LO QUE, EN PRINCIPIO PODRÍA DECIRSE Y LEYENDO LOS DATOS NUMÉRICOS QUE LA SUSTITUCIÓN FUE GLOBAL, UN NÚMERO DE CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUIDOS POR UN MONTO GLOBAL DE 250.000.000.00 DE DÓLARES, POR OTRO NÚMERO (496) DE CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS POR UN MONTO GLOBAL DE 250.000.000,00 DE DÓLARES.

         ANTES DE CONTINUAR EN EL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 1991, ES PERTINENTE ANALIZAR EL TESTIMONIO RENDIDO EN JUICIO POR EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, QUE EN SU EXPOSICIÓN SEÑALO QUE A TRAVÉS DE LA EXPERTICIA PRACTICADA (FOLIOS 53 AL 59 DE LA TERCERA PIEZA) LOGRARON PROBAR QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ADQUIRIÓ LOS BONOS 495 Y 496, Y QUE SE LE PAGARON POR ESOS TÍTULOS INTERESES POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, TAL COMO SE DEMUESTRA CON LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES. QUE REVISARON EN UN 100% LOS COMPROBANTES CONTABLES A LOS FINES DE DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         LA DEFENSA DEL ACUSADO EN EL INTERROGATORIO REALIZADO AL TESTIGO E.W. CARRERO ARCINIEGAS (PREGUNTA 5, ACTA DEL 17 DE JULIO DE 2007) TRATÓ O PRETENDIÓ ESTABLECER UNA RELACIÓN O NEGATIVA, ENTRE EL CONTENIDO DEL ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, Y ALGUNOS DOCUMENTOS CURSANTES A LOS FOLIOS 61, 63 Y 68 DE LA PIEZA 2 DEL EXPEDIENTE, REMITIDOS POR EL CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTES A LOS FOLIOS 55 AL 82 DE LA PIEZA 2, ( CONSISTENTES EN EL OFICIO Nº HCP DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987 EMANADO DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO PARA EL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA; OFICIO Nº HCP- 728 DEL 17 DE JULIO DE 1990, EMANADO DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PUBLICO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y MEMORANDUM DLIE/ 135 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987 DIRIGIDO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CAMBIARIA A LA GERENCIA DE TESORERÍA, AMBAS DEPENDENCIAS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA), Y EL TESTIGO SEÑALÓ QUE NO HABÍA RELACIÓN, LO CUAL ESTA AJUSTADO AL ANÁLISIS QUE HEMOS VENIDO REALIZANDO, YA QUE ESAS COMUNICACIONES DEBEN ANALIZARSE EN EL MARCO TEMPORAL EN QUE SE PRODUJERON, SOLO CON EL OBJETIVO DE PROBAR, COMO EN EFECTO SE HA HECHO, QUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SE LE COLOCÓ UN CERTIFICADO PROVISIONAL NUMERO UNO (1), POR UN VALOR DE 215.000.000 DÓLARES, QUE DESPUÉS FUE SUSTITUIDO POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, POR 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.00 DE DÓLARES, TODO ELLO EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987 Y 17 DE JULIO DE 1990, FECHAS EN LAS CUALES NO TENIA EXISTENCIA DOCUMENTAL, NI SIQUIERA POR ALGUNA MENCIÓN EN OTROS PAPELES, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496. ESAS COMUNICACIONES LO QUE SI DAN ES CERTEZA DE QUE SON UN ANTECEDENTE DOCUMENTAL NECESARIO DE LOS REFERIDOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496.

         IGUALMENTE RELACIONADO CON LO ANTERIOR, FUE EL INTERROGATORIO REALIZADO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO A LA TESTIGO N.O., SOBRE LOS MISMOS DOCUMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE, Y A LA PREGUNTA 17 SOBRE SI EL OFICIO Nº HCP DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, PUEDE CONSTITUIR PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, SIENDO QUE LOS CITADOS CERTIFICADOS HABÍAN “SIDO EXPEDIDOS” EN FECHA 13 DE MARZO DE 1991, SEGÚN ACTA LEVANTADA AL EFECTO, CONTESTO: “ TAL Y COMO ESTA SEÑALADO EN ESA ACTA CREO QUE NO” ( SUBRAYADO DEL TRIBUNAL). A LA PREGUNTA 18 SOBRE SI EL OFICIO Nº HCP-728 DE 17 DE JULIO DE 1990, PUEDE CONSTITUIR PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, SIENDO ESTOS EXPEDIDOS EN FECHA POSTERIOR, COMO LO FUE EL 13 DE MARZO DE 1991, CONTESTO: “NO” (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL). A LA PREGUNTA 19, SOBRE SI EL MEMORANDUM DLIE/135 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, PUEDE CONSTITUIR PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, NO HABIENDO SIDO EXPEDIDOS PARA ESA FECHA LOS CITADOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, CONTESTO: “NO ALLÍ NO DICE NADA DEL DECRETO 1826” (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         TAMBIÉN LA DEFENSA DEL ACUSADO PREGUNTÓ A LA TESTIGO N.O., QUE CON EL INFORME DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE AGREGA ESTE JUZGADOR ES EL OFICIO Nº CJAA-C-96-12-201 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 1996, Y SUS ANEXOS, DIRIGIDO POR EL ABOGADO J.L. NUÑEZ, CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL, ESTABAN CONSIGNADAS UNAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL PAGO DE INTERESES, CUYAS FECHAS DE VENCIMIENTO SON TODAS LAS ANTERIORES AL 13 DE MARZO DE 1991, FECHA EN QUE FUERON “ EXPEDIDOS” LOS CERTIFICADOS, Y SI ESTAS PLANILLAS DEMOSTRABAN EL COBRO DE INTERESES DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, EN FECHA ANTERIOR AL 20-11-1992, POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, CONTESTANDO: “ESO HABLA DE COBRO DE INTERESES DEL DECRETO 1826, PERO NINGUNA SEÑALA QUE SEA EL 495 Y 496” (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         ES HARTO CLARO, MÁXIME HABIENDO ESTE JUZGADOR FIJADO EL MARCO TEMPORAL E INSTITUCIONAL DE LA COLOCACIÓN DEL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº 1 POR 215.000.000 DE DÓLARES, Y SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, POR LOS MONTOS TANTAS VECES REFERIDOS, QUE LA DOCUMENTACIÓN ARGUMENTADA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO NO PUEDE CONSTITUIR POR SI SOLA, Y ANALIZADA AISLADAMENTE, LO QUE CONSTITUIRÍA UN ERROR, UN ELEMENTO DIRECTO DE PROPIEDAD DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL, ASÍ COMO TAMPOCO LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES QUE ERAN LAS NÚMEROS 000596 (FOLIO 68, PIEZA 2), S/N (FOLIO 69, PIEZA 2), 004437 (FOLIO 70, PIEZA 2), 228332 (FOLIO 71, PIEZA 2), 001754 (FOLIO 72, PIEZA 2), 000689 ( FOLIO73, PIEZA 2), 001860 (FOLIO 74, PIEZA 2), 003288 ( FOLIO 75, PIEZA 2), RECIBO DE CERTIFICADO PROVISIONAL POR 215.000.000,00 DE DÓLARES ( FOLIO 76, PIEZA 2), S/N (FOLIO 78, PIEZA 2) Y 001290 (FOLIO 79, PIEZA 2), CONSTITUYEN PRUEBA DEL COBRO DE INTERESES POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, EN FECHA ANTERIOR AL 20-11-1992, POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, YA QUE LO QUE PRUEBAN DIRECTAMENTE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LAS PREGUNTAS 17,18 Y 19 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO, ES QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, FUE EL PRIMER ENTE O INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE VENDIÓ O SE LE HIZO LA PRIMERA COLOCACIÓN DE UN CERTIFICADO PROVISIONAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA EMISIÓN DEL DECRETO 1826, POR UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES, LUEGO SUSTITUIDO POR LOS CERTIFICADOS 1-A Y 2-A, Y ADEMÁS AL RELACIONARSE ESTOS ÚLTIMOS CON EL ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, SE PRUEBA CON ABSOLUTA CERTEZA QUE ESTÁN DOCUMENTALMENTE UNIDOS, AQUELLOS DAN ORIGEN, EN PRINCIPIO EN FORMA GLOBAL, A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SIN QUE PUEDA SOSLAYARSE QUE LOS CERTIFICADOS 1-A Y 2-A FUERON CON CERTEZA PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y EN CUANTO A LAS PLANILLAS CITADAS, ES HARTO EVIDENTE QUE ESAS PLANILLAS NO PUEDEN BAJO NINGÚN ASPECTO DEMOSTRAR QUE SE COBRARON POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INTERESES POR LOS BONOS 495 Y 496 EN FECHA ANTERIOR AL 20-11-1992, POR LA SENCILLA RAZÓN DE QUE SI LAS EXAMINAMOS TODAS, ABSOLUTAMENTE TODAS, TIENEN COMO FECHA DE VENCIMIENTO 13-03-1990, 13-11-1989, 13-02-1989, 13-05-1989, 13-02-1991, 13-11-1990, 13-05-1990, 13-08-1990, 26-11-1987, 13-08-1988, 13-11-1988 Y 13-08-1989, ALGUNAS DE ELLAS CON SELLO DE CANCELADO POR EL BANCO CENTRAL, CON FECHAS 27 DE FEBRERO DE 1989 (LA Nº 004437), 29 DE AGOSTO DE 1989 (LA 003288), 25 DE NOVIEMBRE DE 1987 (EL RECIBO POR 215.000.000 DE DÓLARES, CONTRAVALOR EN BOLÍVARES DE 3.115.887,500 BOLÍVARES), 17 DE AGOSTO DE 1988 (PLANILLA S/N) Y 30 DE AGOSTO DE 1989 ( LA 001290), Y QUE ADEMÁS SE RELACIONAN CON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, NÚMEROS 4765 DE FECHA 13-03-90; 3015 DE FECHA 01-12-1989; 1421 DE FECHA 23-10-1989; 1418 DE FECHA 23-10-1989; 1788 DE FECHA 28-06-1991; 1141 DE FECHA 28-12-1990; 5759 DE FECHA 19-06-1990; 5700 DE FECHA 10-09-1990; 4708 DEL 13-12-1988 Y 1420 DE FECHA 23-10-1989, SUPRA EXPLANADOS DESDE EL 1988 (COMPROBANTE Nº 4719) HASTA EL PAGO DE INTERESES DEL PERIODO 13-2-1993 AL 12-05-1993 (COMPROBANTE Nº 3043), QUE CURSAN EN EL SUB.-ANEXO 5 DEL ANEXO 13, PERO QUE ADEMÁS ALGUNAS DE ESAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA COBRO DE INTERESES ESTÁN SOPORTADAS COMO SE EXPLICÓ TAMBIÉN SUPRA, CON COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE LAS PLANILLAS, ASÍ COMO LA SEÑALADAS EN LOS SELLOS ESTAMPADOS EN ALGUNAS DE ELLAS, EN LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL CURAZAO Y EN LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PERMITEN CON CERTEZA DECIR QUE SE COBRARON Y PAGARON INTERESES POR LOS TÍTULOS 1, 1-A Y 2-A, SOLAMENTE EN ESAS FECHAS, Y TENIENDO VIDA DOCUMENTAL LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496 EL 13 DE MARZO DE 1991, NO PODÍAN ESAS PLANILLAS DEMOSTRAR COBRO DE INTERESES POR ESOS CERTIFICADOS, POR LO QUE LAS INTERROGANTES FORMULADAS POR LA DEFENSA DEL ACUSADO A E.W. CARRERO ARCINIEGAS Y N.O., NO TIENEN SENTIDO DENTRO DEL MARCO TEMPORAL QUE SUPRA SE EXPLICÓ DE LOS CERTIFICADOS Nº 1, 1-A Y 2-A, Y SOBRE TODO POR LA CLARA DETERMINACIÓN DE QUE SOLO ESOS TÍTULOS GENERABAN PAGO DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EN LAS FECHAS PERTINENTES. LA CONCLUSIÓN ANTERIOR RESPECTO DE LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, REMITIDAS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL POR EL CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CON EL OFICIO Nº CJAA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1996 (FOLIOS 54 AL 80 DE LA PIEZA 2) SE APLICA A LA PREGUNTA Nº 6 REALIZADA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO (ACTA DE JUICIO DEL 17 DE JULIO DE 2007) AL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, CON LA SALVEDAD DE QUE ESTE ACOTÓ QUE LAS PLANILLAS QUE SE LE PONÍAN DE MANIFIESTO SE REFERÍAN A UNOS TÍTULOS POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, LO CUAL ES CIERTO, YA SEA QUE SE TOME EN CUENTA EL TITULO 1 PRIMIGENIO POR ESA CANTIDAD, O LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, CUYOS MONTOS SUMADOS DAN LA CANTIDAD DE 215.000.000,00 DE DÓLARES.

         POR ELLO LA AFIRMACIÓN QUE HIZO EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS DE QUE OBSERVARON LOS COMPROBANTES CONTABLES EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EN EL CUAL ESTABAN LOS REGISTROS DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 (RESPUESTA A LA PREGUNTA 10 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), NO DEBE SER ENTENDIDO EN EL SENTIDO DE QUE EN ESOS COMPROBANTES CONTABLES, O EN ALGUNO DE ELLOS, SE INDICARAN EXPRESAMENTE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SINO QUE COTEJADOS LOS PERTINENTES COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD EN LOS MONTOS REFERIDOS DE PAGO DE INTERESES EN DÓLARES, CON SUS RESPECTIVAS, CON LAS RESPECTIVAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, LOS MONTOS INDICADOS EN ESTAS, COINCIDEN CON LOS INDICADOS EN LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO. POR ELLO, MUY ATINADAMENTE EL EXPERTO CUANDO FUE INTERROGADO ACERCA DE CUAL ERA EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LA OPERACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, SEÑALÓ EL COMPROBANTE CONTABLE QUE CURSA AL FOLIO 4 DEL ANEXO 13, QUE RECOGE LA DECISIÓN DE COMPRA DE BONOS TOMADA POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, N°- JD-2758 DEL 06-11-1987, IDENTIFICADO COMO EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD N°- 09934, POR 146.391.262,64 DÓLARES, LO QUE COMPLEMENTA ESTE JUZGADOR CON EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD N°- 12954 (FOLIO 5 DEL ANEXO 13), POR UN MONTO DE 68.608.737,36 DÓLARES, COMO REGISTRO COMPLEMENTARIO DE BONOS DPN, LO QUE NOS DA UN MONTO TOTAL DE 215.000.000,00 DE DÓLARES, QUE FUE EL MONTO QUE REPRESENTÓ PRIMIGENIO TÍTULO 1 COLOCADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, EL CUÁL, COMO SABEMOS, FUE OBJETO DE SUCESIVAS SUSTITUCIONES HASTA LLEGAR A LA REALIZADA CON EL ACTA DEL 13-03-1991, EN LA CUÁL, POR PRIMERA VEZ, APARECEN COMO SUSTITUTIVOS, LOS NÚMEROS 495 Y 496. CON ELLO SE DESESTIMA LA PROPIA AFIRMACIÓN DEL EXPERTO DE QUE NO PODÍA PROBAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DOCUMENTAL DE LOS BONOS 495 Y 496 (RESPUESTA A LA PREGUNTA 11 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), Y TAMBIÉN SE DESESTIMA POR SER CONTRARIA A LAS PROBANZAS DOCUMENTALES LA AFIRMACIÓN DEL EXPERTO DE QUE CON BASE A LAS DISCREPANCIAS Y DEFICIENCIAS APUNTADAS POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, NO PODÍA DAR FE DE LA TITULARIDAD POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DE LOS BONOS 495 Y 496, MÁXIME QUE A LA PREGUNTA 19 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO (ACTA DE JUICIO DEL 17 DE JULIO DE 2007), CONTESTÓ QUE LOS COMPROBANTES CONTABLES NÚMEROS 09934 Y 12954, SON EL ORIGEN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, Y QUE CON EL CONOCIMIENTO QUE ALCANZÓ EN LA AUDIENCIA DE JUICIO SOBRE ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 1991, PUEDE SEÑALAR QUE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 PROVIENEN DEL DECRETO 1826, ASÍ COMO EL 1-A Y 2-A (RESPUESTA A LA PREGUNTA 13 DEL JUEZ, ACTA DE JUICIO DEL 27 DE JULIO DE 2007).

         POR ELLO, TAMBIÉN LA DEFENSA DEL ACUSADO HIZO AL CIUDADANO G.R. ROA, LA PREGUNTA DE SI LAS PLANILLAS CURSANTES A LOS FOLIOS 65 AL 80 DE LA PIEZA 2, QUE PRESENTAN FECHA ANTERIOR AL 13 DE MARZO DE 1991, FECHA EN LA QUE FUERON “EMITIDOS” LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, PUEDEN REFERIRSE O DEMUESTRAN EL COBRO DE INTERESES POR ESOS CERTIFICADOS, CONTESTANDO EL TESTIGO QUE NO PUEDEN REFERIRSE, Y ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE LA RESPUESTA DADA ESTÁ AJUSTADA SOLO SI SE ANALIZA DENTRO DE UN MARCO TEMPORAL, PUES LAS FECHAS DE LAS PLANILLAS (1988, 1989 Y 1990) SON INDUDABLEMENTE ANTERIORES A LA DEL ACTA REFERIDA (1991), PERO QUE SI ANALIZAMOS A QUE TÍTULOS SE REFERÍAN ESAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, QUE ERAN EL TITULO 1, EL 1-A Y 2-A, Y QUE ESTOS SON EL ANTECEDENTE NECESARIO Y DOCUMENTAL DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, ES CLARO QUE ESAS PLANILLAS DE LOS FOLIOS 65 AL 80 DE LA PIEZA 2, SON EL ANTECEDENTE TEMPORAL Y DOCUMENTAL DE LOS CITADOS CERTIFICADOS. EL TESTIMONIO DE ESTE DECLARANTE NO SE ANALIZA EN DETALLE, PORQUE NO CONTIENE ELEMENTOS DE INTERESES PARA EL OBJETO DEL JUICIO, Y EL TESTIGO EN LAS RESPUESTAS DADAS AL INTERROGATORIO DEL FISCAL, DE LA DEFENSA DEL ACUSADO Y DEL JUEZ, ES VAGO E IMPRECISO ALGUNAS VECES, EN OTRAS GENÉRICO Y SOLO PUNTUALIZA EN ASPECTOS TÉCNICOS DE LA FUNCIÓN DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

         TAMBIÉN ES PERTINENTE SEÑALAR RESPECTO DE LAS PREGUNTAS 19 Y 20 REALIZADAS POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, Y LAS RESPUESTAS DADAS POR EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS ( ACTA DE JUICIO DEL 17 DE JULIO DE 2007), QUE LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL, NÚMEROS 09934 Y 12952 POR COMPRA DE UN TITULO POR 215.000.000 DE DÓLARES, DE FECHAS 31-12-1987 Y 19-08-1988, CURSANTES A LOS FOLIOS 4 Y 6 DEL SUB.- ANEXO 2 DEL ANEXO 13 DE LA EXPERTICIA PRACTICADA POR EL CITADO EXPERTO Y OTROS FUNCIONARIOS, AUN CUANDO TIENEN FECHA ANTERIOR AL ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, LO QUE INDICAN, COMO MUY BIEN LO SEÑALÓ EL EXPERTO, AFIRMACIÓN QUE HACE SUYA ESTE JUZGADOR, ES QUE CON LOS MISMOS “SE REGISTRA LA OPERACIÓN INICIAL QUE POSTERIORMENTE DERIVA EN LA EMISIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS, LO QUE ESTA SEÑALADO (….) EN LOS COMPROBANTES NROS. 09934 Y 12952, ESE ES EL ORIGEN DE LA OPERACIÓN, POSTERIORMENTE EL TITULO ES EMITIDO”, CONCLUYENDO EL EXPERTO CON LÓGICA QUE SI HAY RELACIÓN ENTRE LOS CITADOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 09934 Y 12952 Y LOS CERTIFICADOS NÚMEROS 495 Y 496, YA QUE ES EL REGISTRO CONTABLE QUE DA ORIGEN A LA OPERACIÓN, QUE AGREGAMOS COMIENZA EN 1987 Y SE VA DESARROLLANDO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 1988, 1989, 1990 HASTA LLEGAR AL 1991, ESPECÍFICAMENTE EL 13 DE MARZO, CUANDO SE LEVANTA EL ACTA DE SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS PROVISIONALES DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, Y EN ELLA SE MENCIONAN COMO SUSTITUTIVOS, ENTRE 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, LOS NÚMEROS 495 Y 496. TAMBIÉN ES DE ACOTAR QUE LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, QUE ES 11 DE JULIO DE 1990 (FOLIOS 9 Y 10, SUB.- ANEXO 2 DEL ANEXO 13), AUN SIENDO ANTERIOR A LA DEL 13 DE MARZO DE 1991, FECHA EN LA CUAL FUERON EMITIDOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, SI PUEDE ESTABLECERSE UNA RELACIÓN ENTRE ELLOS, EXPRESÓ EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, EN EL SENTIDO DE QUE ESOS “ DOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DAN ORIGEN POSTERIOR A LA OPERACIÓN (…)” (RESPUESTA A LA PREGUNTA 20 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), POR LO QUE ES EVIDENTE TAL COMO LO HEMOS VENIDO SEÑALANDO, QUE LA RELACIÓN ES DE MARCO TEMPORAL.

         POR OTRA PARTE ES NECESARIO PUNTUALIZAR EL CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS 64, 65 Y 66 REALIZADAS POR LA DEFENSA DEL ACUSADO AL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, Y LAS RESPUESTAS DADAS POR ESTE, QUE SON CORRECTAS Y AJUSTADAS A LA DOCUMENTACIÓN HASTA EL PRESENTE ANALIZADA, PARA QUE SEÑALEMOS QUE LOS COMPROBANTES CONTABLES CURSANTES DEL FOLIO 22 AL 33 DEL SUB- ANEXO 5 DEL ANEXO 13, QUE SON LOS NÚMEROS 4719, 4707, 4708, 1421, 1418, 1420, 3015, 4765, 5759, 5700, 1141 Y 1788, QUE ABARCAN FECHAS DESDE EL 30-12-1988 AL 28-06-1991, SE REFIEREN AL REGISTRO DE INTERESES PAGADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, SIN QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE, EXCEPTO EN LA COPIA CURSANTE AL FOLIO 17 DEL SUB-ANEXO 5 DEL ANEXO 13, QUE PERTENECEN AL DECRETO 1826, PERO CON LA REFERENCIA ANOTADAS EN LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 4719, 4708, 1421, 1418, 1420, 3015, 4765, 5759, 5700 Y 1788, QUE LOS INTERESES SE GENERARON POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, Y DADO QUE ESTE MONTO HABÍA SIDO COLOCADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, CON BASE AL DECRETO 1826, ES PERTINENTE AFIRMAR QUE ESOS COMPROBANTES CONTABLES SE REFIEREN AL MONTO O MONTOS DE LA OPERACIÓN ORIGINAL RELACIONADA CON EL CITADO DECRETO, POR LO QUE HAY UNA RELACIÓN TEMPORAL, DE ANTECEDENTE, SIENDO EVIDENTE QUE EN NINGUNO DE ESOS COMPROBANTES, SE MENCIONARON LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, PUES NO PODÍAN SER MENCIONADOS PORQUE NO EXISTÍAN, SURGEN LUEGO COMO PRODUCTO DE UNA SUSTITUCIÓN EN LA CUAL INTERVINIERON COMO SUSTITUIDOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, QUE PREVIAMENTE, COMO SE PROBÓ ANTERIORMENTE HABÍAN SUSTITUIDO AL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº 1.

         CIERTAMENTE, COMO ANTES SE ACOTÓ, EN LOS 22 COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD, NO SE INDICA QUE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, COBRADOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SEAN CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL DECRETO 1826, Y QUE HAYAN SIDO CAUSADOS POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, PERO ELLO TIENE UNA EXCEPCIÓN EN EL COMPROBANTE CONTABLE NÚMERO 1780 (FOLIO 15) Y EN EL RECAUDO CURSANTE AL FOLIO 17, EN EL CUAL SE INDICA QUE SE ESTA CANCELANDO INTERESES POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, VENCIMIENTO EL 13-05-1991, POR 3.484.744,66 DÓLARES, MONTO QUE COINCIDE CON EL INDICADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE Nº 1780, DONDE ADEMÁS ES COINCIDENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO, QUE ES 13-05-1991. CON BASE A ESTA EXCEPCIÓN, ES CLARO QUE LA RESPUESTA NEGATIVA DADA POR EL EXPERTO A LA PREGUNTA 65 SUPRA ENUNCIADA, ES ABSOLUTAMENTE CIERTA RESPECTO DE LOS OTROS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD, PERO NO LO ES RESPECTO DEL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1780, QUE COMO DIJIMOS EN SU OPORTUNIDAD ESTA SOPORTADO COMO ANTECEDENTE POR EL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DEL 17-05-1991, POR EL CUAL SE HACE TRANSFERENCIA CABLEGRÁFICA A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL (FOLIO 376 DEL ANEXO “A”, CARPETA 5, ANEXO 24), SEÑALÁNDOSE EN EL MEMORANDUM Nº DDPE-91-05-022 DEL 5 DE MAYO DE 1991 (FOLIO 390, ANEXO “A”, CARPETA 5, ANEXO 24).

         PERO ADMINICULANDO LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD 1141 (PLANILLA 00689, TITULO 1-A Y 2-A, DECRETO 1826, FOLIO 13, ANEXO “A”, CARPETA 1, ANEXO 24) CON OTROS ELEMENTOS, NOTAMOS QUE EL MISMO TIENE COMO ANTECEDENTE EL COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 7-01-1991, A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR UN MONTO DE 4.578.585,21 DÓLARES; EL 5959 (PLANILLA 001860, TITULO Nº 1, DECRETO 1826, FOLIO 16 ANEXO “A”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24), TIENE COMO ANTECEDENTE EL COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DE FECHA 1 DE JUNIO DE 1990, A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, POR UN MONTO DE 4.578.640,00 DÓLARES; EL 4765 (PLANILLA 000596, TITULO Nº 1, DECRETO 1826, FOLIO 15 DEL ANEXO “A”, CARPETA 1, ANEXO 24) TIENE COMO ANTECEDENTE EL COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 23-02-1990, A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR CONCEPTO DE INTERESES POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, POR UN MONTO DE 4.911.130,15 DÓLARES; EL 1421 (PLANILLA 004437, TITULO Nº 1, DECRETO 1826, FOLIO 11 DEL ANEXO “A”, CARPETA 1, ANEXO 24), TIENE COMO ANTECEDENTE EL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE FECHA 27-02-1989, A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, POR UN MONTO DE 5.080.479,45 DÓLARES, Y EL 5759 (PLANILLA 001860, TITULO Nº 1, DECRETO 1826, FOLIO 16, ANEXO “A”, CARPETA 1, ANEXO 24 Y FOLIO 74, PIEZA 2), TIENE COMO ANTECEDENTE EL COMPROBANTE CONTABLE DE FECHA 1 DE JUNIO DE 1990, A FAVOR DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, POR UN MONTO DE 4.578.640 DÓLARES.

         LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR MONTOS 5.080.479,45 DÓLARES, 4.911.130,15 DÓLARES, 4.578.040,00 DÓLARES Y 4.578.585,21 DÓLARES, DE FECHAS 27-02-1989, 23-02-1990, 01-06-1990 Y 07-06-1991, RESPECTIVAMENTE, NO PUEDEN RELACIONARSE COMO SOPORTES, CON LOS PAGOS EFECTUADOS QUE SE INDICARON EN LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 0753, 000395, 001466, 011214 Y 003052, TAL COMO LO PRETENDIÓ LA DEFENSA DEL ACUSADO EN LA OPORTUNIDAD EN QUE PRESENTO INTERROGATORIO A LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., A LAS PREGUNTAS 8, 9, 10 Y 11, YA QUE SE TRATA DE DOS (2) MARCOS TEMPORALES DISTINTOS, Y REFERIDOS A TÍTULOS O CERTIFICADOS PROVISIONALES DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, TAMBIÉN DISTINTOS, EN RAZÓN DE QUE LOS CITADOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD ACREDITAN PAGO DE INTERESES A FAVOR TODOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DEL DECRETO 1826, Y POR LOS TÍTULOS 1, 1-A Y 2-A, MIENTRAS QUE LAS REFERIDAS PLANILLAS PARA EL COBRO DE INTERESES SE REFIEREN A UN CONJUNTO DE CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS DEL 1-A, 2-A, MAS 35 CERTIFICADOS, QUE TIENEN O DEBEN TENER SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COMO LO EXPRESAREMOS INFRA. POR ENDE, ES CLARO QUE NO HAY RELACIÓN ENTRE LOS COMPROBANTES CONTABLES CITADOS POR MONTOS EN DÓLARES Y LAS REFERIDAS PLANILLAS, Y EN ESE SENTIDO DEBE ENTENDERSE LA RESPUESTA DE “NO HAY RELACIÓN”, “NADA QUE VER”, DADA POR LA SUPRA MENCIONADA TESTIGO NINOSKA G.D.G.. IGUALMENTE ES TOTALMENTE IMPROCEDENTE QUE LA DEFENSA DEL ACUSADO A LA PREGUNTA 16 HECHA A LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., HAYA TRATADO DE ESTABLECER O CREAR UNA RELACIÓN ENTRE UN COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SOBRE PAGO DE INTERESES POR 8.558.373,31 DEL DECRETO 2203, CON ALGUNA DE LAS PLANILLAS DE LA RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES QUE CURSAN A LOS FOLIOS 363 AL 368 DEL ANEXO “A”, CARPETA 4, ANEXO 24, YA QUE ESTAS PLANILLAS SE REFIEREN AL DECRETO 1826, Y SUS MONTOS POR PAGOS DE INTERESES ESTÁN CLARAMENTE ESPECIFICADOS EN LAS MISMAS, POR LO QUE ES EVIDENTE QUE NO COINCIDEN, CON EL MONTO INDICADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE. ESAS PLANILLAS TIENEN SUS COMPROBANTES CONTABLES DETERMINADOS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES, COMO SE V.I..

         POR ELLO, LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, AL SER ADMINICULADOS CON LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, Y CON LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SUPRA SEÑALADOS Y PUNTUALIZADOS, SI ACREDITAN CON CERTEZA QUE LOS INTERESES REGISTRADOS POR PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SE CORRESPONDEN A BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL DEL DECRETO 1826. AHORA BIEN, NO OBSTANTE QUE LA PREGUNTA 66 FORMULADA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO AL EXPERTO SE AJUSTA A LO AFIRMADO POR ESTE EN LAS CONCLUSIONES, LA RESPUESTA DADA POR EL EXPERTO EDINSON CARRERO ARCINIEGAS, DE QUE DE LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD “NO SE EVIDENCIA ESPECÍFICAMENTE” LA CANCELACIÓN DE INTERESES SOBRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, CONTRARIA LO CONCLUIDO EN LA EXPERTICIA, Y ESA RESPUESTA DEBE SER DESESTIMADA, PORQUE ES CONTRARIA A LOS MEDIOS DE PRUEBAS DOCUMENTALES RECABADOS POR EL EXPERTO MISMO, YA QUE RECIBIERON DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEIS (6) PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 0753, 0395, 1466, 11214 Y 3052, POR MONTOS DE INTERESES DE 3.120.424,80 DÓLARES, 2.822.855,23 DÓLARES, 2.316.535,05 DÓLARES, 1.568.533,59 DÓLARES, 1.848.022,80 DÓLARES Y 1.631.132,68 DÓLARES (SUB- ANEXO 12 DEL ANEXO 13, FOLIO 111 AL 118) (VÉANSE LAS MISMAS PLANILLAS EN LOS FOLIOS 363 AL 368 DEL ANEXO “A”, CARPETA 4, ANEXO 24), Y A ESOS MONTOS DE INTERESES EN DÓLARES SE REFIEREN SIN DUDA ALGUNA LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 0440, 0200, 7318, 6186, 0410 Y 5478 (FOLIOS 35 AL 40, DEL SUB-ANEXO 5, ANEXO 13), ESPECIFICADOS EN LA RELACIÓN DEL FOLIO 21 DEL ANEXO ANTES CITADO, Y QUE EN LAS PLANILLAS ANTES MENCIONADAS, POR LOS MONTOS DE INTERESES ALLÍ ASENTADOS Y PAGADOS, SE MENCIONAN EXPRESAMENTE DE LA SERIE “G”, LOS TÍTULOS 492/496 COMO SIGNO INDICATIVO, QUE ESTABAN COMPRENDIDOS LOS BONOS NÚMEROS 495 Y 496; CON LO CUAL SE DESESTIMA LA AFIRMACIÓN HECHA POR EL EXPERTO EN SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 73 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO (ACTA DE AUDIENCIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2007), EN EL SENTIDO SIGUIENTE: “AUN CUANDO NO ESTÁN DETALLADOS LOS COMPROBANTES CONTABLES RELATIVOS A LOS BONOS N°. 495 Y 496 (…)” ES DECIR, QUE NO HAY COMPROBANTES CONTABLES QUE SE REFIERAN A LOS CITADOS BONOS; AFIRMACIÓN ESTA QUE CON EL ANÁLISIS SUPRA REFERIDO DETERMINADOS QUE NO ES CIERTA, YA QUE LOS COMPROBANTES CONTABLES SUPRA INDICADOS SI LOS REPORTARON.

         EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS, SEÑALÓ QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991 EN LAS AUDIENCIAS DE JUICIO, PERO QUE AL SERLE PUESTA DE MANIFIESTO EL ACTA REFERIDA, EXPLICÓ QUE EL OBJETO DE LA MISMA FUE DEJAR EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA “496 CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE REPRESENTABAN IGUAL NUMERO DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL POR DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES, QUE SUSTITUÍAN A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES: TREINTA Y CINCO (35) POR UN 1.000.000,00 DE DÓLARES CADA UNO; UNO, EL 1-A POR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y OTRO, EL 2-A POR 195.000.000,00 DE DÓLARES, Y QUE FUERON EMITIDOS TODOS CON BASE AL DECRETO 1826, INCLUSO LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, (RESPUESTAS EN CONJUNTO A LAS PREGUNTAS 9, 10 Y 11 FORMULADAS AL EXPERTO POR EL JUEZ, CONTENIDAS EN EL ACTA DE JUICIO DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2007), Y DE ESTA MANERA EL EXPERTO CORRIGE O MODIFICA SU ASEVERACIÓN HECHA PROCEDENTEMENTE DE QUE LA PROVENIENCIA DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496 DEL DECRETO 1826, SOLO ESTA SEÑALADA DE MANERA GENERAL EN EL ANEXO 8-A”, Y QUE “ESPECÍFICAMENTE NO SE PUEDE INFERIR CONCRETAMENTE” (RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 DEL JUEZ, EN EL ACTA DE JUICIO DEL 23 DE JULIO DE 2007). ASÍ MISMO, CORRIGE LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS 3 Y 4 QUE FORMULO EL JUEZ, (ACTA DE JUICIO DEL 23 DE JULIO DE 2007), EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: “3. QUIERE DECIR QUE LOS BONOS 495 Y 496 QUE APARECEN RELACIONADOS CON UNAS PLANILLAS QUE ESTÁN DEL FOLIO N° 112 AL 118 DEL ANEXO GENERAL 13, EMANEN DEL DECRETO 1826, Y SI FUERA POSITIVA SU RESPUESTA, INDIQUEMOS EL ITER DOCUMENTAL? CONTESTO: “NO, SOLO QUE ESTA EN FORMA MUY GENERAL EN EL ANEXO 8-A QUE NARRA LA OPERACIÓN, SU ORIGEN, LAS PLANILLAS ANTES MENCIONADAS ESTÁN CONTENIDAS EN EL ANEXO N° 12 DE LA PIEZA 13” (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         “4. CON BASE AL INFORME DEL ANEXO 8-A DEL ANEXO GENERAL 13, QUE EN ESTE ACTO SE LE PONE DE VISTA Y MANIFIESTO, EXPLIQUE AL TRIBUNAL CUAL ES EL ORIGEN O COMO SE DEMUESTRA QUE LOS BONOS DE DEUDA PUBLICA 495 Y 496 ESTÉN REFERIDOS AL DECRETO 1826, Y SI ESTO FUERE ASÍ, DIGA USTED EN QUE PARTE DEL ANEXO 8-A O DEL ANEXO GENERAL 13, O EN QUE PARTE DE OTRO ANEXO QUE SE LE HAYA PUESTO DE VISTA Y MANIFIESTO EN ESTA SALA, SE DEMUESTRA ESA PERTENENCIA DE ESOS BONOS AL DECRETO 1826, Y CUANDO SE PRODUJO EN UN DETERMINADO MOMENTO LA SUSTITUCIÓN DE UNOS POR OTROS?. CONTESTO: “ QUIERO SEÑALAR QUE EN EL ANEXO N° 13, FOLIO N° 2, SE PRESENTA UN ESQUEMA AL CUAL SE REFIERE LA EXPERTICIA COMO ELEMENTO QUE SE RELACIONA CON EL DECRETO 1826 POR BONOS 495 Y 496. NO EXISTE NADA ADICIONAL QUE ME PERMITA AFIRMAR CON PROPIEDAD, PERO HAY UN ELEMENTO QUE PENSAMOS QUE LO RELACIONAMOS QUE ES EL ANEXO N° 2, FOLIO N° 4. CONCRETAMENTE EN COMPROBANTE CONTABLE NO EXISTE EVIDENCIA DONDE SE OBSERVA EL NACIMIENTO DEL 495 Y 496 PARA EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (….)” (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         EN EL ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 1991, HAY UNA REFERENCIA EXPRESA DE QUE LOS 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, SE SUSTITUYEN, APARTE DE LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, POR 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN VALOR DE 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, PARA UN TOTAL DE 35.000.000 DE DÓLARES, QUE VAN DEL 0001 AL 0035. AL RESPECTO, LA PREGUNTA OBLIGADA ES LA SIGUIENTE: ¿ES EN EL ACTA DEL 23 DE MAYO DE 1991, DONDE POR PRIMERA VEZ APARECEN MENCIONADOS LOS REFERIDOS 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES?. LA RESPUESTA ES NO, YA QUE PRIMIGENIAMENTE APARECEN MENCIONADOS O CITADOS EN LA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO HCP-1967 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, CURSANTE A LOS FOLIOS 60 Y 97 DE LA PIEZA 2 DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE EL CUAL LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO SEÑALA POR VÍA DE INSTRUCCIÓN, QUE UN CERTIFICADO PROVISIONAL POR UN VALOR DE 215.000.000,00 DE DÓLARES “SEGÚN CONSTA DE ACTA DE ENTREGA DE FECHA 20 DE LOS CORRIENTES” FUERA VENDIDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE RESPECTO DE LOS 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES RESTANTES POR UN VALOR DE 1.000.000,00 DE DÓLARES, CADA UNO, OPORTUNAMENTE SE SOLICITARÍA LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS. PERO AÚN MÁS, EL ORIGEN ARRANCA O COMIENZA CON LA CITADA ACTA DE ENTREGA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, QUE SUPRA REFERIMOS Y ANALIZAMOS, PERO SOBRE LA CUAL VOLVEMOS COMO ELEMENTO QUE SE INTEGRA CON EL CITADO OFICIO Nº HCP-1967 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, YA QUE EN ESA ACTA, TAMBIÉN SUPRA REFERIDA, SE DEJA EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 36 CERTIFICADOS PROVISIONALES, UNO (1) POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, Y 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN VALOR DE 1.000.000,00 DE DÓLARES CADA UNO, QUE SUSTITUÍAN A DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES, UNO, POR LA CANTIDAD DE 234.990,00 DE DÓLARES, Y OTRO, POR 15.010.000,00 DE DÓLARES, SUSTITUTIVOS Y SUSTITUIDOS QUE REPRESENTABAN BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL DPN 12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES, AUTORIZADA HASTA POR LA CANTIDAD DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1826 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987. LUEGO, POR ACTA DE FECHA 07 DE ABRIL DE 1988, CUYA COPIA CERTIFICADA CURSA A LOS FOLIOS 107 Y 108 DE LA PIEZA 2, SE DEJA EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, LA CANTIDAD DE 128 CERTIFICADOS PROVISIONALES, EQUIVALENTES A 10.000.000,00 DE DÓLARES, QUE SUSTITUÍAN A 10 CERTIFICADOS PROVISIONALES POR EL MISMO MONTO QUE HABÍAN SIDO DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 20-11-1987; ES DECIR, QUE DE LOS 35 CERTIFICADOS PRIMARIOS POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, CADA UNO, 10 SE SUSTITUÍAN POR 128 CERTIFICADOS PROVISIONALES DE LA SIGUIENTE MANERA:

         LOS SUSTITUIDOS:

         NUMERACION CANTIDAD DENOMINACION

         US $ TOTAL

         US $

         27 AL 36 10 1.000.000,00 10.000.000,00

         TOTAL 10 10.000.000,00

         LOS SUSTITUTIVOS

         NUMERACION CANTIDAD DENOMINACION

         US $ TOTAL

         US $

         37 AL 44 8 500.000,00 4.000.000,00

         45 AL 84 40 100.000,00 4.000.000,00

         85 AL 114 30 50.000,00 1. 500.000,00

         115 AL 164 50 10.000,00 500.000,00

         10.000.000,00

         ANTES DE CONTINUAR TRATANDO EL TEMA POR DEMÁS INTERESANTE, DEBEMOS NOSOTROS PRECISAR A CUALES ENTES O INSTITUCIONES, FUERON COLOCADOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; EMISIÓN AUTORIZADA HASTA POR LA CANTIDAD DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1826 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2007, SE ADMITIERON NUEVAS PRUEBAS, ENTRE ELLAS EL OFICIO Nº 6T-552 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2007 Y SUS ANEXOS 5 Y 6, DIRIGIDO POR EL GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AL REPRESENTANTE FISCAL DÉCIMO NOVENO DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA PLENA A NIVEL NACIONAL, EN EL CUAL SE INDICA QUE DE LA EMISIÓN AUTORIZADA PARA ENDEUDAMIENTO DEL DECRETO 1826, POR UN MONTO DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, SÓLO SE COLOCÓ LA CANTIDAD DE 225.610.000,00 DE DÓLARES, Y SOLAMENTE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 215.000.000,00 DE DÓLARES, Y A LA EMPRESA SIEMENS 10. 610.000,00 DÓLARES. ASIMISMO, EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007, SE ADMITIÓ COMO NUEVA PRUEBA EL OFICIO Nª GT-567 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2007, Y SU RECAUDO ANEXO, DIRIGIDO POR EL GERENTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, AL REPRESENTANTE FISCAL SUPRA MENCIONADO, DESTACANDO COMO ELEMENTO NUEVO QUE EL MONTO NO COLOCADO DEL DECRETO 1826 DEL 12-11-1987, ES LA CANTIDAD DE 24.390.000 DE DÓLARES, DESPRENDIÉNDOSE DEL LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES, TAMBIÉN RECABADO POR EL TRIBUNAL, EN LA INSPECCIÓN PRACTICADA EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTE EN EL ANEXO “A”, CARPETA 2, ANEXO 24, QUE ALLÍ SE MENCIONAN LAS PRIMIGENIAS COLOCACIONES DE 215.000.000,00 DE DÓLARES Y DE 10.610.000,00 DE DÓLARES, Y QUE DEL REMANENTE NO COLOCADO QUE TAMBIÉN ALLÍ SE INDICA DE 24.390.000,00 DE DÓLARES, SE REALIZÓ UN SORTEO Nº 19 POR 12.000.000,00 DE DÓLARES, SALIENDO SORTEADOS LOS BONOS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23, DE LA SERIE “E”, CADA UNO POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, QUEDANDO UN MONTO NO COLOCADO DE 12.390.000,00 DÓLARES.

         POR OTRA PARTE, EN EL ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24, CURSAN RECAUDOS CERTIFICADOS ADMITIDOS COMO NUEVAS PRUEBAS, SIGUIENTES: 1) PODER OTORGADO POR MARIANNE MITORINKA AND UNESKK KAPADIA, A ALEXANDER STENER PARA QUE RETIRARA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, LOS BONOS EMITIDOS SEGÚN DECRETO 1826, POR UN VALOR DE 10.610.000 DÓLARES. 2) OFICIO Nº HCP-573 DEL 8 DE ABRIL DE 1998, DIRIGIDO POR EL DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, INDICÁNDOLE QUE SE HABÍA PROCEDIDO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES POR OTROS DE MENOR DENOMINACIÓN, QUE FUERON DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA QUE ENTRE OTRAS VENTAS, SE PUDIERA HACER LA COLOCACIÓN A LA EMPRESA SIEMENS, S.A. POR 10.610.000,00 DÓLARES; 3) OFICIO Nº HDC-563 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 1988, DIRIGIDO POR EL DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, AL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, INDICÁNDOLE QUE SE HABÍA PROCEDIDO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE 10 CERTIFICADOS PROVISIONALES DE 1.000.000,00 DE DÓLARES, CADA UNO, POR 128 CERTIFICADOS DE MENOR DENOMINACIÓN POR EL MISMO VALOR, SUSTITUCIÓN QUE SE HIZO CON BASE A LOS 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES DE 1.000.000,00 DE DÓLARES CADA UNO, ESTIMÁNDOLE QUE SE PROCEDIERA A REALIZAR LA OPERACIÓN CON LA EMPRESA SIEMENS S.A., POR UN MONTO DE 10.610.000,00 DÓLARES, ESPECIFICADOS: 10 POR UN VALOR DE 1.000.000,00 CADA UNO, UNO POR 500.000,00 DÓLARES, UNO POR 100.000,00 DÓLARES, Y UNO POR 10.000,00 DÓLARES, Y UN RECIBO DE ENTREGA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PARA EL PORTADOR DE LA CÉDULA 6.224.649, QUE ES EL CIUDADANO DEL PODER PRIMERAMENTE NOMBRADO, INSTRUMENTO DONDE SE INDICA LA CÉDULA 6.224.649, Y ALLÍ SE MENCIONAN LOS NÚMEROS DE BONOS 115, 45, 37, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 (DEL 2 AL 11), PARA UN TOTAL DE 13 CERTIFICADOS PROVISIONALES, POR UN MONTO DE 10.610.000,00 DÓLARES.

         ESTE APORTE DOCUMENTAL ES FUNDAMENTAL PARA TENER LA CERTEZA DE QUE SOLAMENTE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y A LA EMPRESA SIEMENS S.A., SE COLOCARON CERTIFICADOS PROVISIONALES DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR LOS MONTOS MENCIONADOS, Y QUE DE LOS PRIMIGENIOS 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES CADA UNO POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, LA CANTIDAD DE 10.610.000,00 DÓLARES, COLOCADA A LA EMPRESA CITADA, LO FUE POR LOS TRECE (13) CERTIFICADOS PROVISIONALES, COMO SE DESPRENDE DEL RECIBO DE ENTREGA FECHADO 15 DE ABRIL DE 1988, YA QUE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE 10 CERTIFICADOS PROVISIONALES POR 1.000.000,00 DE DÓLARES CADA UNO, POR 128 CERTIFICADOS DE MENORES DENOMINACIONES POR IGUAL MONTO, SE HIZO CON BASE A LOS 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES PRIMIGENIOS, COMO SE EVIDENCIA DEL OFICIO HCP-563 DEL 7 DE ABRIL DE 1988, POR LO QUE ASIGNADOS A LA EMPRESA SIEMENS S.A., LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES SUPRA IDENTIFICADOS POR NÚMEROS, TENEMOS QUE DE LOS CERTIFICADOS SUSTITUTIVOS, EN NÚMERO DE 128, SOLO SE ASIGNÓ A LA CITADA EMPRESA 610.000,00 DÓLARES, REPRESENTADOS EN TRES (3) CERTIFICADOS, EL 37 POR 500.000,00 DÓLARES, EL 45 POR 100.000,00 DÓLARES Y EL 115 POR 10.000,00 DÓLARES, Y QUE EL REMANENTE DE 10.000.000,00 DE DÓLARES, LE FUE COLOCADO DEL MONTO QUE NO FUE SUSTITUIDO DE 25.000.000,00 DE DÓLARES, QUEDANDO UN REMANENTE DE 15.000.000,00 DE DÓLARES, PUES SI SE LE COLOCARON PARA ABRIL DE 1988, DIEZ (10) CERTIFICADOS PROVISIONALES DE 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, ES EVIDENTE QUE ESA COLOCACIÓN NO SE HIZO DEL MONTO REPRESENTADO POR LOS 128 CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, YA QUE NINGUNO DE ELLOS TIENE ESA DENOMINACIÓN EN DÓLARES, COMO SE OBSERVA DEL CUADRO INDICADO SUPRA. POR ENDE, DE LOS 128 CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, QUEDÓ SIN COLOCAR LA CANTIDAD DE 9.390.000 DÓLARES, A LO QUE SE LE SUMA LA CANTIDAD DE 15.000.000,00 DE DÓLARES, REPRESENTADA EN CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO DE 1.000.000,00 DE DÓLARES, CADA UNO, LO QUE DA UN TOTAL NO COLOCADO DE 24.390.000,00 DÓLARES, LO QUE SUMADO A LOS 10.610.000,00 DÓLARES COLOCADO A SIEMENS S.A., NOS DA EL MONTO DE 35.000.000,00 DE DÓLARES, QUE FUE EL MONTO PRIMIGENIO DE 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES CADA UNO, POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, QUE SUMADO AL PRIMIGENIO MONTO DE UN TÍTULO DE 215.000.000,00 DE DÓLARES, LUEGO SUSTITUIDO Y REPRESENTADO EN LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, POR LOS MONTOS DE 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, NOS DA LA CANTIDAD DE 250.000.000,00 DE DÓLARES, QUE FUE EL MONTO DEL ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO EN BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL CON BASE AL DECRETO 1826 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL Nº 33.844 DE IGUAL FECHA.

         TAMBIÉN ES UN PUNTO DE SOSTENIMIENTO DE LO QUE HEMOS AFIRMADO SOBRE LOS DOS ÚNICOS ENTES O INSTITUCIONES ( BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y SIEMENS S.A), A LOS CUALES SE LES COLOCÓ BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, CON BASE AL DECRETO 1826, LO AFIRMADO POR LA FUNCIONARIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y.B. VEGAS, EN SU EXPOSICIÓN, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: “CON RELACIÓN ESOS TÍTULOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, A CUYO EFECTO LA COLOCACIÓN SE HACE A TRAVÉS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, TANTO LOS PAGOS COMO TODO LO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN, EN ESE MOMENTO SE HICIERON DOS COLOCACIONES DE TÍTULOS, UNA A LA EMPRESA SIEMENS, POR DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS Y OTRA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES, EL RESTO DE LOS TÍTULOS NO FUERON COLOCADOS, SE HICIERON ALGUNOS SORTEOS, LOS SORTEOS IMPLICAN QUE EL PAGO DE INTERESES SE EJECUTAN HASTA LOS SORTEOS, EL PAGO DEL CAPITAL ES DE MANERA INMEDIATA (…), LOS DOS TÍTULOS PROVISIONALES 495 Y 496 FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y NO FUERON SUSTITUIDOS NUNCA POR TÍTULOS DEFINITIVOS (…). EN EL CASO ESPECÍFICO DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LA ÚLTIMA CANCELACIÓN DE INTERESES FUE REALIZADA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SEGÚN SOPORTE DE DOCUMENTOS CONTABLES EN EL REVERSO DEL TITULO (…), EN EL CASO ESPECÍFICO DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 SEGÚN TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CADA UNO DE LOS PAGOS EJECUTADOS POR INTERESES SE HIZO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”. DICHA TESTIGO INTERROGADA SOBRE SI OTRA PERSONA DISTINTA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SE PRESENTÓ AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA COBRAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SEÑALÓ QUE “NINGUNA, TODOS LOS INTERESES FUERON CANCELADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA” (RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 DEL REPRESENTANTE FISCAL). Y AL EXPLICAR LA RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES A LAS CUALES SE LES COLOCÓ CERTIFICADOS PROVISIONALES, DECRETÓ 1826, Y LOS DATOS CONTENIDOS EN ÉL “LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES”, LA TESTIGO Y.B. VEGAS ES CONTESTE CON LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., AL AFIRMAR QUE EN EL CITADO LIBRO “SE ESPECIFICAN CUANDO SE LE COLOCÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES , Y CERTIFICADOS A LA EMPRESA SIEMENS POR DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES, Y SE HABLA DE UNA CUOTA DE SORTEO SOBRE TÍTULOS QUE NUNCA FUERON COLOCADOS QUE SE REBAJAN DEL TOTAL, (…) HAY UN SORTEO DONDE NUNCA HABÍAN SIDO SORTEADOS DE DOCE MILLONES DE DÓLARES, QUEDARON NO COLOCADOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES” ((RESPUESTA A LA PREGUNTA 19 DEL REPRESENTANTE FISCAL).

         PERO AUN MAS, DEL REMANENTE DE 24.390.000,00 DÓLARES QUE NO FUE COLOCADO, EL 20-07-1995, SE HIZO UN SORTEO DE BONOS, EL 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 23, CADA UNO POR 1.000.000.000,00 DE DÓLARES, PARA UN TOTAL DE 12.000.000,00 DE DÓLARES, COMO SE EVIDENCIA DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SORTEO CURSANTE AL ANEXO “A” DE LA CARPETA 4 DEL ANEXO 24, Y DE LA COPIA CERTIFICADA DEL LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES, CURSANTE A LOS FOLIOS 301 AL 307 DE LA PIEZA 27 DEL EXPEDIENTE, QUE FUE UN ANEXO DEL OFICIO Nº GT-567 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2007, ADMITIDO COMO NUEVA PRUEBA EN EL ACTA DE JUICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007. EN ESE LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES SE DESTACA PARTICULARMENTE EN EL FOLIO 301 DE LA PIEZA 27 DEL EXPEDIENTE, EL MARCO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS, ASÍ COMO EL REMANENTE NO COLOCADO DE 24.390.000,00, MONTO QUE PERMANECIÓ INALTERABLE, PUES NO OBSTANTE, EL DÉCIMO NOVENO SORTEO TRIMESTRAL DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES, DECRETO 1826, LOS MISMOS NO FUERON COLOCADOS, ES DECIR, NO FUERON ASIGNADOS, PERMANECIENDO INALTERADO EL MONTO EN DEFINITIVA NO COLOCADO DE 24.390.000,00 DÓLARES; SOBRE ESTE PUNTO LA TESTIGO YAQUELINE BASTARDO VEGAS, EN SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 QUE LE HIZO EL JUEZ, CONFIRMA LO QUE ANTES EXPRESAMOS SOBRE EL MONTO NO COLOCADO DEL DECRETO 1826, Y LO HIZO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: “SE LLAMA EMITIDO CUANDO LA REPUBLICA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE FINANZAS AUTORIZA PARA HACER EL CRÉDITO PÚBLICO, CUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO SE LE APROBARON DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES, POR LOS CUALES SE PODÍA ENDEUDAR LA REPUBLICA SEGÚN EL DECRETO 1826, DE ESE MONTO TOTAL LA REPUBLICA REQUIRIÓ SOLO ESA DOS COLOCACIONES, ES DECIR, SE ENDEUDÓ NO POR DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES, SINO DEJÓ UN MONTO QUE NO LOS UTILIZÓ, POR LEY DE ENDEUDAMIENTO LA REPUBLICA SOLO UTILIZÓ LO QUE PAGÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y A SIEMENS EL CUAL FUE COLOCADO POR DACIÓN AL PAGO, ES DECIR, TANTO SIEMENS Y BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LA REPUBLICA LE DEBÍA UN DINERO Y LO CANCELÓ CON TÍTULOS VALORES, ESO ES UN CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA Y LOS BENEFICIARIOS. MONTO NO COLOCADO, QUIERE DECIR QUE FUE AUTORIZADO PERO NUNCA SALIÓ A CIRCULACIÓN, ESOS TÍTULOS NUNCA SE ENTREGARON POR LO TANTO NUNCA HUBO DEUDA, NO SE COLOCARON, NO SE CANCELARON QUEDÓ AHÍ”. (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL), Y SOBRE ESTE MISMO PARTICULAR LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., AL HABLAR DEL SALDO REMANENTE, EXPRESÓ EN SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 DEL REPRESENTANTE FISCAL, LO SIGUIENTE: “ESO QUEDA EN NUESTRA CUSTODIA, SÓLO UN MONTO SALE SORTEADO EN UNA FECHA Y PASA DE UNA POSICIÓN CUSTODIA A UNA CARTERA DE INCINERACIÓN, QUEDA PENDIENTE, YA ESTÁ PRESCRITO”. LA TESTIGO ANTES CITADA FUE MAS TERMINANTE AL REFERIRSE A LOS 24.390.000 DÓLARES NO COLOCADOS, EXPONIENDO QUE ELLO SIGNIFICA “QUE NO SALIERON A LA CALLE, QUE NO ESTUVIERON EN CIRCULACIÓN” (RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 DEL JUEZ), QUE SI NO SALIERON A LA CALLE, NO TENÍAN PROPIETARIO (RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 DEL JUEZ), Y QUE EL MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN NO FUE COLOCADO, YA QUE 24.390.000 NO FUERON COLOCADOS, QUE “A PESAR DE HABER SIDO SORTEADO NO SE COLOCÓ (RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 DEL JUEZ).

         POR ENDE, EXCLUIDOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, COLOCADOS A LA EMPRESA SIEMENS S.A., LOS NÚMEROS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11, POR 1.000.000,00 CADA UNO, DE LA PRIMIGENIA EMISIÓN DE 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES, CADA UNO POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, Y LOS NÚMEROS 45, 37 Y 115 DE LOS 128 CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, Y NO HABIÉNDOSE COLOCADO EL MONTO REMANENTE DE 24.390.000,00 DÓLARES, NO OBSTANTE EL DÉCIMO NOVENO SORTEO TRIMESTRAL DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL DE FECHA 20 DE JULIO DE 1995, EN EL CUAL SE IDENTIFICARON LOS BONOS SORTEADOS PERO NO COLOCADOS DE LOS NÚMEROS 12 AL 23, ESTÁ PROBADO QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SON PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE PROVIENEN DE LA PRIMIGENIA COLOCACIÓN QUE SE LE HIZO DE UN (1) TÍTULO POR UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES, LUEGO SUSTITUIDA POR LOS CERTIFICADOS 1-A Y 2-A, SUSTITUIDOS POSTERIORMENTE, CONJUNTAMENTE CON UN MONTO DE 35.000.000,00 DE DÓLARES POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, DE DISTINTAS SERIES, CANTIDAD Y DENOMINACIONES.

         SOBRE ESTE PARTICULAR Y OTROS YA TRATADOS, PERO SOBRE LOS CUALES VOLVEREMOS, MAS ADELANTE, RINDIERON TESTIMONIO EN JUICIO, LAS CIUDADANAS NINOSKA GONZALEZ Y Y.B. VEGAS.

         LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., FUE TERMINANTE AL SEÑALAR QUE SOLO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y A LA EMPRESA SIEMENS S.A., LE HICIERON COLOCACIONES DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL (RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 DEL REPRESENTANTE FISCAL), Y CON MAYOR ÉNFASIS EN ESA AFIRMACIÓN, A LA PREGUNTA 1 DEL JUEZ, SEÑALÓ LO SIGUIENTE: “SE LE COLOCA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA UN MONTO DE DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES Y A LA EMPRESA SIEMENS, LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES, QUEDANDO UN REMANENTE DE VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES, DE LOS CUALES QUEDA UN MONTO DE DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES SIN COLOCAR, YA QUE EL MONTO DE DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES, FUE SORTEADO EN LA CUOTA NRO. 19 DE FECHA 20-07-95”, Y QUE TAL COMO LO EXPRESÓ EN LAS RESPUESTAS SUPRAS APUNTADAS , DADAS A LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 DEL JUEZ, EL SALDO REMANENTE DE 24.390.000 DE DÓLARES, NO FUE COLOCADO A NINGUNA PERSONA O INSTITUCIÓN. IGUALMENTE, LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., EN SU EXPLICACIÓN SOBRE EL CONTENIDO Y SIGNIFICADO DE LOS DATOS NUMÉRICOS DEL “LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES”, EXPRESÓ LO SIGUIENTE: “ESTA HOJA ES LA QUE NOS MUESTRA EL MAYOR DE LA OPERACIONES, DONDE DICE 24-11-87 SEGÚN REFERENCIA 1, QUE SIGNIFICA LA REFERENCIA DEL 1, QUE SE LE COLOCA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES, REBAJÁNDOLA DE UNA CIFRA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES, QUEDANDO UN REMANENTE DE TREINTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES; LUEGO EL 14-5-88 SE RETIRAN POR SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADOS PROVISIONALES 27C AL 36C, SEGÚN ACTA, POR CERTIFICADOS DE BAJA DENOMINACIÓN, DIEZ MILLONES DE DÓLARES, LUEGO SE RETIRAN DE LA CUENTA Y SE VE QUE EN LA MISMA FECHA SE OBTIENE EL MISMO MONTO, QUEDANDO IGUAL EL MISMO SALDO; EL 14-5-85 SE LE COLOCA A SIEMENS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES, REBAJANDO EL MONTO, Y QUEDANDO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES; EL 20-07-95 SALE A CIRCULACIÓN O SORTEO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS CUOTAS DE SORTEO ERAN POR DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL, DONDE DOCE MILLONES ESTÁN TOMADOS POR EL SORTEO NRO. 19” (RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 DEL REPRESENTANTE FISCAL) (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL). TESTIMONIO SOBRE EL CONTENIDO DEL LIBRO DEL “LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES”, QUE ES COINCIDENTE TOTALMENTE CON LO QUE HEMOS VENIDO AFIRMANDO, Y QUE HACE SUYO ESTE JUZGADOR PARA ACREDITAR CON ABSOLUTA CERTEZA, QUE SÓLO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y A LA EMPRESA SIEMENS, S.A, SE LE HICIERON COLOCACIONES DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, EN LOS MONTOS Y TÍTULOS YA EXPLICADOS Y APUNTADOS SUPRA, PERO TAMBIÉN CONCORDAMOS CON LA TESTIGO NINOSKA G.D.G., QUE LOS DATOS DEL CITADO “LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES”, EN PARTICULAR SOBRE LA EMPRESA SIEMENS S.A., COINCIDE CON LOS DATOS DEL RECIBO DE ENTREGA DE BONOS, CURSANTES AL FOLIO 360, ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24, EN LA CUAL, COMO TAMBIÉN SUPRA LO DETERMINAMOS, SE INDICAN LOS NÚMEROS DE TÍTULOS, SERIALES Y DENOMINACIÓN, DE LOS CERTIFICADOS O BONOS COLOCADOS A LA CITADA EMPRESA (RESPUESTA A LA PREGUNTA 13 DEL REPRESENTANTE FISCAL).

         LA DEFENSA DEL ACUSADO, INCLUSO EL ACUSADO MISMO, HAN SEÑALADO CON RELACIÓN A LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DONDE APARECEN MENCIONADOS O CITADOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, QUE ESTOS APARECIERON MUCHO TIEMPO DESPUÉS DE LA DENUNCIA FORMULADA, QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE OFICIO O CUANDO FUE REQUERIDO POR EXPERTOS, EN NINGÚN MOMENTO ENTREGÓ LOS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS DE ESAS PLANILLAS. LA DEFENSA DEL ACUSADO EN LAS VARIAS PREGUNTAS REALIZADAS A LA TESTIGO NINOSKA GONZÁLEZ, SE PLANTEA COMO INTERROGANTE LA TARDANZA QUE SE TUVO EN PRODUCIR O EXHIBIR ESTOS DOCUMENTOS, Y EN MOSTRAR O EXHIBIR LAS PLANILLAS QUE CONLLEVAN EL COBRO DE INTERESES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y SOBRE ESTE PUNTO, EL ACUSADO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007, SOLICITÓ LA PALABRA, Y EXPRESO LO SIGUIENTE:

         QUIERO HACER UNA ACLARATORIA EN RELACIÓN A LAS COPIAS CERTIFICADAS CONSIGNADAS POR EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ESTOS DOCUMENTOS SIN DUDA SON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, NO SON NI DOCUMENTOS PÚBLICOS, NI DOCUMENTOS PRIVADOS RECONOCIDOS COMO TAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 429 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER PROMOVIDOS COMO COPIAS FOTOSTÁTICAS SON LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, EN ESTE CASO SON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITO EL COTEJO DE ESTOS DOCUMENTOS CON SUS ORIGINALES Y LO HAGO EXTENSIVO A TODA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONSIGNADA EN EL ANEXO NRO. 24 DEL PRESENTE EXPEDIENTE, LAS PLANILLAS DEL COBRO DE INTERESES CONSIGNADAS 5 AÑOS DESPUÉS DE SU OCURRENCIA POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, LOS EXPERTOS DE SUDEBAN EN SU OPORTUNIDAD NO DECÍAN SI ERAN COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS, POSTERIORMENTE EL FISCAL PROMOVIÓ ESAS MISMAS PLANILLAS COMO COPIAS CERTIFICADAS EN LA CUAL DECÍA UNA LEYENDA QUE SE TRATABA DE UNA COPIA DE UN DOCUMENTO QUE ESTABA EN LOS ARCHIVOS DE GERENCIA DE VALORES, POSTERIORMENTE SE ESTÁ MANEJANDO COPIA QUE DICE SER CERTIFICADA QUE PROVIENE DE ORIGINALES DE COBRO DE INTERESES, ME PREGUNTO Y SUGIERO DE SER APRECIADAS SE REALICE UN COTEJO CON LOS ORIGINALES QUE SON 4 COMPONENTES 2 EN PODER DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA ORIGINAL Y TRIPLICADO, EL DUPLICADO QUE NO APARECIÓ EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL CUADRIPLICADO ORIGINAL QUE DEBERÍA ESTAR EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, YA QUE SE MANEJA EN COPIA CERTIFICADA Y NO PUDIMOS APRECIAR EN LA INSPECCIÓN EL ESTADO EN LOS ARCHIVOS LOS ORIGINALES Y DE SER ESO CIERTO ESTARÍAMOS EN NUESTRO DERECHO DE ORDENAR AL TRIBUNAL SI A BIEN LO REQUIERE UNA EXPERTICIA SOBRE LOS SELLOS Y FIRMAS QUE ESTÁN EN ESAS ORIGINALES. ES TODO

         .

         EL REPRESENTANTE FISCAL OFERTO COMO DOCUMENTAL Y FUE ADMITIDA POR EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, SIENDO RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2007, “CONSTANCIA DE CANCELACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496 CORRESPONDIENTES AL DECRETO NÚMERO 1826 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987”, QUE OTRA COSA NO ERAN SINO LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DONDE SE MENCIONABAN LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, QUE POR OTRA PARTE CURSAN EN LOS FOLIOS 113,114,115,116,117 Y 118 DEL ANEXO 13 DE LA EXPERTICIA PRACTICADA POR LOS FUNCIONARIOS E.W. CARRERO ARCINIEGAS, M.J.P. Y DEYLIN PADILLA, Y TAMBIÉN EN COPIA CERTIFICADA EN LOS FOLIOS 363, 364, 365, 366, 367 Y 368 DEL ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24.

         ESAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES CON BASE AL DECRETO 1826, ERAN LAS SIGUIENTES:

         Pla

         nilla

         decreto

         vencimiento

         de intereses

         monto

         us $

         Bene

         ficia

         rio

         5143 1826 13-08-1991 3.120.424,80 BIV

         0753 1826 13-11-1991 3.822.855,23 BIV

         0395 1826 13-02-1992 2.316.535,05 BIV

         1466 1826 13-05-1992 1.568.533,59 BIV

         11214 1826 13-08-1992 1.848.022,80 BIV

         3052 1826 13-11-1992 1.631.132,68 BIV

         “COMO PUNTO PREVIO DEBEMOS SEÑALAR QUE POR ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A MAS 35 CERTIFICADOS POR 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, FUERON SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, ENTRE LOS CUALES, COMO SE DETALLÓ EN EL CUADRO EXPUESTO EN SU OPORTUNIDAD, SE ENCONTRABAN LOS NÚMEROS 495 Y 496. AHORA BIEN, LA DEFENSA DEL ACUSADO, A LA PREGUNTA 18 REALIZADA A LA TESTIGO Y.B. VEGAS, SEÑALÓ QUE PARA EL PERÍODO DE TASAS DE INTERÉS 13-05-1991, EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA PRESENTÓ AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, QUE CURSA AL FOLIO 369, ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24, Y AL FOLIO 248, ANEXO 6, PIEZA 27 DEL EXPEDIENTE (REMITIDA CON OFICIO GT-552 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2007), DONDE SE INDICABAN LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, YA SUSTITUIDOS, SEGÚN ACTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 1991, Y POR ENDE, DIJO LA DEFENSA INEXISTENTES, PREGUNTÁNDOLE A LA TESTIGO, QUE COMO ERA POSIBLE QUE CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUIDOS PERTENECIENTES AL MISMO DECRETO, PUEDAN SER PRESENTADOS ANTE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PARA EL COBRO DE INTERESES EN FECHA POSTERIOR A SU SUSTITUCIÓN. CIERTAMENTE, SI ANALIZAMOS LA PLANILLA S/N EN REFERENCIA, NOTAMOS QUE TIENE FECHA DE VENCIMIENTO 13 DE MAYO DE 1991, DECRETO 1826, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR UN MONTO DE INTERESES DE 3.484.744,66 DÓLARES, CON FECHA INDICADA EN UN SELLO DEL 16 DE MAYO DE 1991, Y SOBRE EL PARTICULAR LA TESTIGO Y.B. VEGAS, DIO UNA EXPLICACIÓN TÉCNICA, QUE ESTE JUZGADOR ASUME COMO AJUSTADA PARA EL TRÁMITE REFERIDO, EN VIRTUD DE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y CONOCIMIENTO EN MATERIA FINANCIERA, AL PUNTO QUE SE DESEMPEÑA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE ES LA SIGUIENTE

         :

         SI PUDIERON SER PRESENTADOS POR DIFERENTES RAZONES, NO OBSTANTE AL MOMENTO DE PRESENTAR EL SUSTITUIDO, EL NUEVO, SE COLOCA CANCELADO EL PERIODO QUE SE PAGO A TRAVÉS DE ESTO, ES EL MISMO MONTO, LA MISM.T.SA DE INTERÉS. SI PARTIENDO DE LA FECHA QUE ESTÁN DANDO DE SUSTITUCIÓN BIEN CERCANA, PUEDE DARSE QUE SE PRESENTE EL TITULO ORIGINAL PORQUE AÚN NO HA SIDO SUSTITUIDO. EL MINISTERIO DE FINANZAS INSTRUYE SU SUSTITUCIÓN, PARA SUSTITUIR SE DEBEN PRESENTAR LOS ORIGINALES DEL TITULO QUE VA HACER SIN OBJETO DE SUSTITUCIÓN, EN ESTA FECHA NO LO HABÍAN CANJEADO, PORQUE NO HABÍA SIDO PRESENTADO EL ORIGINAL, LO QUE IMPLICA QUE TODAVÍA ESTABA EN SU PODER, CUANDO SE HACE EL ACTO DE SUSTITUCIÓN EL TENEDOR DEL 1-A Y 2-A DEBE PRESENTARLO, SE DESINCORPORA DE CIRCULACIÓN, ES DECIR, SE SACA DEL MERCADO EL TITULO Y SE ENTREGA EL NUEVO (…..). LOS NUEVOS TÍTULOS NO HABÍAN ENTRADO EN CIRCULACIÓN

         (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         NOS PREGUNTAMOS: ¿CÓMO SE TIENE O NO LA CERTEZA DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA PRESENTÓ ESAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y QUE CIERTAMENTE COBRO Y LE FUERON EFECTIVAMENTE PAGADOS LOS INTERESES QUE GENERABAN LOS CERTIFICADOS INDICADOS EN ESAS PLANILLAS, EN PARTICULAR LOS NÚMEROS 495 Y 496?.

         EN PRIMER TÉRMINO, DEBEMOS SEÑALAR, CASI REPETITIVAMENTE, QUE EFECTIVAMENTE, COMO SE PROBÓ SUPRA CON LOS MEDIOS PROBATORIOS ANALIZADOS Y DEBIDAMENTE COMPARADOS, AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LE FUERON COLOCADOS, A TRAVÉS DE LAS SUSTITUCIONES DE BONOS TAMBIÉN ACREDITADOS Y PROBADOS, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL NÚMEROS 495 Y 496.

         EN SEGUNDO TÉRMINO, QUE ESTA ACREDITADO CON LOS COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE ESTE INSTITUTO EMISOR PAGO INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, COMO SE EVIDENCIA DE COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CURSANTE A LOS FOLIOS 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 Y 339 DEL ANEXO “F”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24, Y 376, 378, 379, QUE TIENEN MONTOS QUE COINCIDEN CON LOS MONTOS EN DÓLARES INDICADOS EN VARIAS PLANILLAS IDENTIFICADAS AL PRINCIPIO DE ESTE CAPÍTULO, QUE AVALAN LO ANTES AFIRMADO.

         PERO CONCRETAMENTE, CON RELACIÓN A LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 0753, 0395, 1466, 11214 Y 3052, EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A TRAVÉS DEL COMPROBANTE CONTABLE DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 1991, CANCELÓ A BANCOS DEL EXTERIOR Y AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CAPITAL E INTERESES POR BONOS (DPN), DECRETO 1826, POR UN MONTO DE 14.650.624,80 DÓLARES, COMO SE EVIDENCIA DEL FOLIO 377 DEL ANEXO “F-1” DE LA CARPETA 1 DEL ANEXO 24. CIERTAMENTE EN ESTE COMPROBANTE CONTABLE NO SE INDICA UN MONTO QUE CONCUERDE CON ALGÚN MONTO PAGADO, DE LOS QUE SE MENCIONAN EN ALGUNAS DE LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES SUPRA IDENTIFICADAS. SIN EMBARGO, ESE PAGO EFECTIVAMENTE REALIZADO POR CONCEPTO DE INTERESES POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, CORRESPONDE A LA PLANILLA NÚMERO 5143, DONDE SE INDICA DECRETO, FECHA DEL VENCIMIENTO Y MONTO, SIENDO ESTE ÚLTIMO DE 3.120.424,80 DÓLARES. AL RESPECTO, PARA ACLARAR LO RELATIVO AL MONTO PRECISO PAGADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR CONCEPTO DE INTERESES POR LOS CERTIFICADOS INDICADOS EN ESA PLANILLA 5143, INCLUSO LOS NÚMEROS 495 Y 496, TENEMOS EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD NÚMERO 0440 FECHADO CON SELLO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, CURSANTE AL FOLIO 35 DEL SUB-ANEXO 5, DEL ANEXO 13 DE LA EXPERTICIA PRACTICADA POR E.W. CARRERO ARCINIEGAS, M.J.P. Y DEYLÍN PADILLA, EN EL CUÁL DE INDICA QUE SE RECIBIÓ DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LA CANTIDAD DE 14.650.424,80 DÓLARES DE BONOS DEL PERÍODO 13 DE AGOSTO DE 1991, DE LOS CUALES 3.120.424,80 ERA POR CONCEPTO DE INTERESES, Y 11.530.000,00 ERA POR CAPITAL, DESGLOSÁNDOSE EL MONTO PAGADO POR INTERÉS Y POR CAPITAL, QUE SUMADOS CONCUERDA CON EL MONTO GLOBAL CON EL INDICADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. CON LO QUE QUEDA DEMOSTRADO QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SI PAGO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INTERESES POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES INDICADOS EN LA PLANILLA NÚMERO 5143, ENTRE LOS CUALES CONFORMANDO LA SERIE “G” SE ENCONTRABAN LOS NÚMEROS 495 Y 496.

         LUEGO CON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 0200, 07318, 6186, 0410 Y 5478, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1991, 28 DE FEBRERO DE 1992, 30 DE JUNIO DE 1992, 31 DE AGOSTO DE 1992 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1992, RESPECTIVAMENTE, POR LOS MONTOS DE 2.822.855,23 DÓLARES, 2.316.535,05; 1.568.533,59; 1.848.022,80 DÓLARES Y 1.631.132,68 DÓLARES; MONTOS CITADOS QUE COINCIDEN CON LOS MONTOS INDICADOS EN LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 0753, 1466, 11214 Y 3052, RESPECTIVAMENTE, QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ACREDITÓ EN SUS CUENTAS COMO RECIBIDOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POR CONCEPTO DE PAGOS DE INTERESES (FOLIOS 30 AL 39 DEL SUB-ANEXO 5 DEL ANEXO 13).

         ASÍ PUES, QUE CON CERTEZA DOCUMENTAL SE PRUEBA QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA RECIBIÓ PAGO DE INTERESES POR LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES N° 5143, PAGO QUE ACREDITÓ INTERNAMENTE CON EL COMPROBANTE CONTABLE N° 0440, Y QUE ADEMÁS CONTABLEMENTE TAMBIÉN ACREDITÓ HABER RECIBIDO PAGOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA POR LOS MONTOS RESTANTES INDICADOS EN LAS PLANILLAS NÚMEROS 0753, 0395, 1466,11214 Y 3052, QUE TIENEN ESTAMPADOS SELLOS DE PAGADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DEL 26 DE AGOSTO DE 1991; 26 DE FEBRERO DE 1992; 22 DE MAYO DE 1992; 19 DE AGOSTO DE 1992 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 1992, RESPECTIVAMENTE; Y QUE ADEMÁS ESOS MONTOS COINCIDEN CON LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, RELATIVA A PAGOS DE CAPITAL E INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL DECRETO 1826 (FOLIO 87 DEL SUB ANEXO 8-A DEL ANEXO 13) Y CON LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE INTERESES RECIBIDOS POR LOS BONOS DPN, DECRETO 1826, DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (FOLIO 21 DEL SUB ANEXO 5 DEL ANEXO GENERAL 13).

         EN LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 003052, 011214, 000395, 001466 Y 0753, CURSANTES DEL FOLIO 363 AL 368 DEL ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24, SE INDICAN COMO PRESENTANTES DE LAS CITADAS PLANILLAS PERSONAS IDENTIFICADAS COMO E.O. SALAS EN LA PLANILLA 5143, N.O. M, EN LAS PLANILLAS 003052, 000395, 001466 Y 0753, Y WILLIA RODRÍGUEZ, CON FIRMA ILEGIBLE EN LA PLANILLA 011214, LEYÉNDOSE EL NOMBRE DE NANCY DONDE SE LEE COMO PRESENTANTE N.O. M, Y CON FIRMA ILEGIBLE EN EL CASO DEL PRESENTANTE E.O. SALAS, PERO EN TODAS HAY UN SELLO DONDE SE LEE: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. CARACAS – VENEZUELA”.

         AHORA BIEN, EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE PRACTICÓ LA INSPECCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DE LO CUÁL SE DEJÓ CONSTANCIA POR MEDIO DE ACTA DE INSPECCIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, LLEVADA A CABO O PRACTICADA CON PRESENCIA DE LAS PARTES, EL MATERIAL QUE SE RECABÓ LO FUE EN COPIA CERTIFICADA PORQUE EL TRIBUNAL TUVO A DISPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, TAN ES ASÍ, QUE EN LA PARTE FINAL DEL ACTA DE INSPECCIÓN, SE DEJÓ CONSTANCIA QUE NO SE RECABABA EN COPIAS CERTIFICADAS UN MATERIAL PUESTO A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES, DEBIDO A QUE ERAN FOTOCOPIAS DE UNAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, QUE YA PRECEDENTEMENTE SE HABÍAN RECIBIDO EN COPIAS CERTIFICADAS. POR OTRO LADO, EN LA AUDIENCIA DE JUICIO, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2007, CON MOTIVO DE LA NUEVA PRUEBA OFERTADA POR EL REPRESENTANTE FISCAL Y DE LA OBJECIÓN DE LA DEFENSA Y DEL PROPIO ACUSADO, ESTE JUZGADOR DEJÓ CONSTANCIA, UNA VEZ MÁS, QUE EL MATERIAL INSPECCIONADO EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA TENÍA SELLOS HÚMEDO Y FIRMAS ORIGINALES, Y QUE ESTE PARTICULAR FUE LO QUE LLEVÓ AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA A CERTIFICAR EL MATERIAL RECABADO EN LA INSPECCIÓN. EN RAZÓN DE LA EXISTENCIA DE ESAS PLANILLAS, ADMINICULADAS A LOS OTROS ELEMENTOS O MEDIOS DE PRUEBA ANALIZADOS, ESTE JUZGADOR CONCUERDA PLENAMENTE CON LO EXPRESADO POR LA TESTIGO N.O. DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA PRUEBA LA PROPIEDAD Y PREEXISTENCIA EN SUS BÓVEDAS DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, CON LAS CITADAS PLANILLAS 5143, 003052, 011214, 000395, 001466 Y 0753, Y QUE CON BASE A LAS FECHAS INDICADAS EN LOS SELLOS QUE PRESENTAN, EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PAGÓ INTERESES HASTA NOVIEMBRE DE 1992 (RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 8 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), PERO A LA VEZ ESTE JUZGADOR DEBE DESESTIMAR POR SER CONTRARIA A LA VERDAD DE LOS HECHOS, EL DICHO DE LA TESTIGO N.O. DE QUE JAMÁS DELEGÓ SUS FUNCIONES EN EL FUNCIONARIO W.R. PARA QUE FIRMARA LA PLANILLA N°- 011214, YA QUE QUEDÓ EVIDENCIADO QUE DICHO CIUDADANO SI PRESENTÓ ESA PLANILLA, AL IGUAL QUE E.O. SALAS PRESENTÓ LA PLANILLA N°- 5143, MÁXIME QUE N.O. A LA PREGUNTA 18 DEL JUEZ SEÑALÓ QUE DICHO CIUDADANO FUE EL GERENTE DE VALORES AL CUÁL SUSTITUYÓ EN EL CARGO, ACREDITÁNDOSE PROBATORIAMENTE QUE FUE N.O., COMO FUNCIONARIA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LA PRESENTANTE DE LAS PLANILLAS 003052, 000395, 001466 Y 0753, QUE EL SELLO ESTAMPADO EN TODAS ELLAS ES EL CORRESPONDIENTE A ESA INSTITUCIÓN BANCARIA, Y QUE LAS FIRMAS PRESENTES SOBRE EL SELLO SON DE LOS FUNCIONARIOS PRESENTANTES DE LAS PLANILLAS, MÁXIME QUE N.O., A LA PREGUNTA 29 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO EXPRESÓ QUE LA FIRMA ESTAMPADA EN LAS PLANILLAS DONDE APARECE COMO FUNCIONARIA PRESENTANTE, NO OBSTANTE ESTAR EN FOTOCOPIAS, SE LE PARECÍA MUCHO. Y VOLVIENDO A LA FECHA DE PAGOS DE INTERESES, QUE SE INDICÓ COMO ÚLTIMA EN LAS PLANILLAS ANTES CITADAS, LA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992, EL EXPERTO J.L.R. MONCADA EXPRESÓ QUE EN ESA FECHA LOS BONOS 495 Y 496, FUERON PRESENTADOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (RESPUESTA A LA PREGUNTA 26 DEL REPRESENTANTE FISCAL).

         LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 0753, 0395,1466, 11214 Y 3052 FUERON PUESTAS DE VISTA Y MANIFIESTO A LA CIUDADANA Y.B. VEGAS, EN SU CONDICIÓN DE TESTIGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POR ENDE, CON CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO FINANCIERO PARA ANALIZARLAS Y EXPLICARLAS, Y LA MISMA SEÑALÓ QUE EL CONTENIDO DE LAS MISMAS CONSISTÍAN EN “PAGOS DE INTERESES GENERADOS POR LOS TÍTULOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”, Y QUE CORRESPONDÍAN A “ TITULOS DE LA EMISIÓN 3RO DEL DECRETO 1826, SE ESPECIFICAN LOS DIFERENTES SERIALES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PLANILLAS NÚMEROS 5143 (…) POR TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE DÓLARES; OTRA POR UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE DÓLARES; OTRA POR UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE DÓLARES; OTRA POR DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS DE DÓLARES; OTRA POR UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLARES; OTRA POR DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES. NO SE VE LA PARTE DECIMAL; SIN EMBARGO, EN LA PLANILLA N°- 0753, TODAS EN DÓLARES AMERICANOS”, Y QUE EN TODAS SE INDICAN O RELACIONAN LOS BONOS 495 Y 496, APARECIENDO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COMO EL BENEFICIARIO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS MISMOS, SIENDO LA ÚLTIMA FECHA DE CANCELACIÓN EL 20-11-1992, CONFORME EL SELLO DE PAGADO (RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 25, 26, 27, 28 Y 29 DEL REPRESENTANTE FISCAL). TAMBIÉN DEBEMOS ACOTAR, QUE NO OBSTANTE QUE LOS EXPERTOS J.L.R. MONCADA Y EDINSON CARRERO ARCINIEGAS, SOLICITARON, SEGÚN SUS DICHOS, EL LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EL CUÁL NO LES FUE ENTREGADO O FACILITADO, LIBRO EN EL CUÁL, SEGÚN LA LÍNEA DE INTERROGATORIO TRAZADA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, DEBÍAN ESTAR ASENTADOS LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, COMO ELEMENTO INDICATIVO DE PROPIEDAD O CUSTODIA POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ESTE JUZGADOR ES DEL CRITERIO QUE LA FALTA DE ENTREGA O DE REVISIÓN POR PARTE DE LOS CITADOS EXPERTOS DEL LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, NO ES UN ELEMENTO DEFINITORIO DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO SEA EL PROPIETARIO O NO HAYA TENIDO CUSTODIA POR ENCARGO DE LA SUCURSAL CURAZAO, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, YA QUE CON BASE AL CÚMULO DE MEDIOS DE PRUEBAS DOCUMENTALES RECEPCIONADOS POR SU LECTURA EN JUICIO, SE HA ACREDITADO CON CERTEZA ABSOLUTA TAL PROPIEDAD O CUSTODIA POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496; CERTEZA LOGRADA CON BASE A LOS PRIMEROS ACTOS DOCUMENTALES, COMO LO FUERON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA NÚMEROS 09934 Y 12954 (FOLIO 5 DEL ANEXO 13), EL OFICIO NÚMERO HCP-1967 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, EL RECIBO DE ENTREGA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 1987 DE UN CERTIFICADO PROVISIONAL POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, TENIÉNDOSE COMO BENEFICIARIO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DEJADO EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (FOLIO 370, ANEXO “A”, CARPETA 4, ANEXO 24), HASTA LAS SUCESIVAS ACTAS DE SUSTITUCIÓN DE TÍTULOS Y LAS RESPECTIVAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, YA SEA POR EL TÍTULO N°- 1, 1-A, 2-A O POR UN CONJUNTO DE CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, ENTRE LOS CUÁLES SE MENCIONABAN LOS N° 495 Y 496. ANTE ESTA CERTEZA DOCUMENTAL, LA FALTA DE REVISIÓN, EL NO SUMINISTRO, O LA AUSENCIA DEL LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD, NO ES EN MODO ALGUNO ELEMENTO DEFINITORIO DE LA NO PROPIEDAD O CUSTODIA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, 495 Y 496, SOLO DEFINE QUE NO SE REVISO O EXHIBIÓ NADA MAS, Y ANTE ESOS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN LA RELACIÓN DIRECTA, CON ANTECEDENTES TEMPORALES, DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CON LOS BONOS 495 Y 496, EL HECHO DE QUE EN EL DORSO DE LOS CITADOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, NO APAREZCA LA FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, NI SE INDICA LA PERSONA NATURAL Y JURÍDICA BENEFICIARIA DEL COBRO DE INTERESES A LAS FECHAS ALLÍ SEÑALADAS, O QUE NO SE INDIQUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COMO EL BENEFICIARIO DEL COBRO DE LOS INTERESES, COMO LO INDICARON NEGATIVAMENTE EL EXPERTO J.L.R. MONCADA (RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 25, 26, 27 Y 30 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO) Y LA TESTIGO Y.B. VEGAS (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), OTRA COSA NO SIGNIFICA SINO QUE ESOS DATOS PREGUNTADOS NO APARECEN EN EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS N° 495 Y 496, PERO NO ACREDITAN NI PRUEBAN, COMO DATOS NEGATIVOS AISLADOS DEL CONTEXTO DOCUMENTAL QUE SE ANALIZÓ Y ANALIZA, QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO FUERA O SEA EL PROPIETARIO, O CUSTODIO POR CUENTA DE LA SUCURSAL CURAZAO DE TALES CERTIFICADOS PROVISIONALES, YA QUE EL ANÁLISIS DEBE SER DE CONJUNTO, Y EN ESTE SENTIDO SEÑALAMOS QUE EN EL DORSO DE LOS DOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, YA SEA EN LOS QUE PRESENTAN NÚMEROS TACHADOS (FOLIOS 49 AL 51 DEL SUB-ANEXO 7 DEL ANEXO 13), O EN LOS QUE TIENEN NUMERACIÓN 495 Y 496 (FOLIOS 27 Y 28 DEL ANEXO 20), APARECEN CON IGUALES DATOS, LAS SIGUIENTES NOTAS CON DATOS NUMÉRICOS MANUSCRITOS Y FECHA A IMPRESIÓN Y EN SELLO HÚMEDO (EN FOTOCOPIA):

         FECHA DE PAGO MONTO US $

         13 DE FEBRERO DE 1991……………………………US$

         13 DE MARZO DE 1991 ……………………………..US$ 51.534,25 -16 MAY 1991

         13 DE AGOSTO DE 1991 ……………………………US$ 49.083,90 $ - 14 AGO 1991

         13 DE NOVIEMBRE DE 1991………………………..US$ 47.260,25 $ - 27 NOV 1991

         13 DE FEBRERO DE 1992…19 DE FEB 1992…….US$ 41.604,45 $

         13 DE MAYO DE 1992…… 22 DE MAY 1992……US$ 32.917,80 $

         13 DE AGOSTO DE 1992…..19 DE AGO 1992.......US$ 33.190,07 $

         13 DE NOVIEMBRE DE 1992…20 NOV. 1992.......US$ 29.294,76 $

         ES INDUDABLE QUE ESAS ANOTACIONES AL DORSO DE LOS CERTIFICADOS EN CUESTIÓN NO PUEDEN VERSE AISLADAMENTE, SINO QUE DEBEMOS RELACIONARLOS CON OTROS DATOS CONTENIDOS EN OTROS DOCUMENTOS, COMO LO SON, EN PRIMER TÉRMINO, LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 003052, 011214, 000395, 001466 Y 0753. AHORA BIEN, NOS PREGUNTAMOS: ¿QUÉ DATOS NOS SUMINISTRAN ESAS PLANILLAS? SENCILLAMENTE QUE 1- POR LA PLANILLA 5143, SE COBRÓ Y FUE PAGADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DE LA SERIE “G” DONDE SE INCLUÍAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, UN VALOR DE 49.083,90 DÓLARES; 2- POR LA PLANILLA 0753, SE COBRÓ Y FUE PAGADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DE LA SERIE “G” DONDE SE INCLUÍAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, UN VALOR DE 47.260,25 DÓLARES; 3- POR LA PANILLA 00395, SE COBRÓ Y FUE PAGADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DE LA SERIE “G”, DONDE SE INCLUÍAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, UN VALOR DE 41.604,45 DÓLARES; 4- POR LA PLANILLA 001466, SE COBRÓ Y FUE PAGADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DE LA SERIE “G” DONDE SE INCLUÍAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, UN VALOR DE 32.917,80 DÓLARES 5- POR LA PLANILLA 001214, SE COBRÓ Y PAGÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DE LA SERIE “6”, DONDE SE INCLUÍAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, UN VALOR DE 33.190,07 DÓLARES, 6- Y POR LA PLANILLA 003052, SE COBRÓ Y FUE PAGADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR BONOS DE LA SERIE “G” DONDE SE INCLUÍAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, UN VALOR DE 29.294,76 DÓLARES.

         TODOS LOS VALORES EN DÓLARES QUE SE INDICAN EN LAS CITADAS PLANILLAS, COINCIDEN ABSOLUTAMENTE CON LOS DATOS NUMÉRICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, POR LO QUE CON CERTEZA SE CONCLUYE QUE ESTOS CORRESPONDEN A PAGOS DE INTERESES REALIZADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COMO BENEFICIARIO DE LOS MISMOS, Y QUE ESOS DATOS NUMÉRICOS DE PAGOS DE INTERESES LO FUERON POR CERTIFICADOS PROVISIONALES DEL DECRETO 1826. PERO AÚN MÁS, LOS DATOS DE FECHA DE PAGO, QUE APARECEN ESTAMPADOS EN SELLO EN LAS PLANILLAS 003052 (20 DE NOVIEMBRE DE 1992), 011214 (19 DE AGOSTO DE 1992), 00395 (19 DE FEBRERO DE 1992) Y 001466 (22 DE MAYO DE 1992), COINCIDEN TOTALMENTE CON LAS FECHAS DE PAGADO ESTAMPADAS AL DORSO DE LOS CERTIFICADOS EN CUESTIÓN, PERO QUE LA PLANILLA 5143 TIENE COMO FECHA DE PAGADO 26 DE AGOSTO DE 1992, MIENTRAS QUE EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS TIENE 14 DE AGOSTO DE 1992, Y QUE LA PLANILLA 0753, NO TIENE SELLO NI FECHA DE PAGADO, PERO EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS TIENE COMO FECHA DE PAGO 27 DE NOVIEMBRE DE 1991; Y SOBRE ESTA DISPARIDAD DE FECHAS DE PAGADOS, O AUSENCIA DE FECHAS, EN LAS PLANILLAS 5143 Y 0753 LA TESTIGO Y.B. VEGAS, MUY ACERTADAMENTE EXPLICÓ EL TRÁMITE FINANCIERO QUE OCASIONAN ESAS DIFERENCIAS DE FECHAS, E INDICÓ OTROS DATOS QUE RELACIONAN LA PLANILLA 0753 CON EL DATO DEL DORSO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES. ASÍ, A LA PREGUNTA 13 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO, CON RELACIÓN A LA PLANILLA 5143, DIJO LO SIGUIENTE:

         CREO QUE LA PLANILLA DICE 26 DE AGOSTO PORQUE NO SE VE MUY BIEN, APARECE 14-08-91, SI PUEDE HABER UNA DIFERENCIA, SE LE PONE EL SELLO EL 26 DE AGOSTO, UNA DIFERENCIA DE 10 DÍAS, CUANDO SE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA PERO YA SALIÓ EL PAGO, PUEDE HABER UNA DIFERENCIA EN FECHAS EN CUANTO A LO RELACIONADO EN EL REVERSO DEL TÍTULO SELLADO EN LA PLANILLA DE PAGO, PRODUCTO A QUE CUANDO SE GESTIONA EL PAGO DE INTERÉS EL TENEDOR DEBE PRESENTAR EN ESTOS CASOS, EL TÍTULO ORIGINAL, EL CUÁL PERMANECE EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, MIENTRAS SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD, AL VERIFICARSE ESO Y REVISAR TODO EL PROCESO SI LA CANCELACIÓN VA ANTES DE DEVOLVÉRSELO, SE LE COLOCA A INTERNACIONAL PARA QUE PROCESE LA CANCELACIÓN, EN LA PLANILLA QUE ES LO QUE NOS QUEDA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SE COLOCA LA FECHA EN QUE FUE PAGADO EL TÍTULO O REMITIRLO AL ÁREA INTERNACIONAL

         .

         Y SOBRE LA PLANILLA 0753, LA TESTIGO Y.B. VEGAS, EXPUSO LO SIGUIENTE:

         SI QUIERE VER LA FECHA DE CANCELACIÓN, BUSQUEMOS A VER SI HAY TRANSFERENCIAS DE LOS FONDOS, LA PLANILLA ES DONDE USTED TRAMITA EL PAGO DE INTERESES, ESTE FUE RECORRIDO EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1991, ESTÁ EL TROQUELADO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DEBIÓ TENER EL SELLO, QUIZÁS NO SE LE COLOCÓ. AL NO CONTENER EL SELLO DE CANCELADO PUEDE RELACIONARLO PORQUE DICE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS INTERESES A QUE CORRESPONDE EL COBRO

         . (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         PUNTO ANTES SEÑALADO QUE SE RECONFIRMA CON EL TESTIMONIO DE LA CIUDADANA NINOSKA G.D.G., QUIÉN A LA PREGUNTA 13 DEL JUEZ SOBRE SI LAS FECHAS DE PAGO QUE APARECEN EN EL REVERSO DEL CERTIFICADO PROVISIONAL TITULO 496, CURSANTE AL FOLIO 80 DE LA PIEZA II, SE CORRESPONDEN POR FECHA Y MONTOS CON LAS PLANILLAS QUE ESTÁN SEÑALADAS EN LOS FOLIOS 364 AL 369 DE LA CARPETA N° 4 DEL ANEXO GENERAL 24, CONTESTO:

         UNA SOLA PLANILLA, ES PEQUEÑA DIFERENCIA DE FECHA, PUDO HABER SIDO QUE AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PAGO SE HIZO EN DÍAS POSTERIORES A LA FECHA, TODAS LAS DEMÁS COINCIDEN, SI VEN EL TIMBRE DE LA PLANILLA MUESTRA LA FECHA EN QUE FUERON CANCELADAS, EL QUE ESTÉ TROQUELADA, ESTÁ CANCELADA, SI HAY CORRESPONDENCIA

         .

         EN CONSECUENCIA, AL RELACIONAR LOS DATOS QUE HEMOS CRUZADO CON LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y CON LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUPRA EXPLICADOS, DETERMINADOS Y CONCORDADOS, ESTE JUZGADOR TIENE LA CERTEZA QUE LOS DATOS NUMÉRICOS DE FECHAS DE PAGOS Y DE CANTIDADES EN DÓLARES PAGADAS, PRESENTES EN EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SE REFIEREN A ESTOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, Y QUE EL BENEFICIARIOS DE ESOS PAGOS FUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR INTERESES GENERADOS POR BONOS EMITIDOS CONFORME AL DECRETO 1826, PERO QUE TIENE COMO ANTECEDENTES O MARCO TEMPORAL EL PRIMIGENIO TÍTULO 1, LUEGO SUSTITUIDO POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, TAMBIÉN SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES.

         ES POR ELLO, QUE ESTE JUZGADOR CONSIDERA NO PERTINENTE E IMPROCEDENTE LA RELACIÓN NEGATIVA QUE TRATO DE TRAZAR LA DEFENSA DEL ACUSADO, EN EL SENTIDO DE PREGUNTAR AL EXPERTO J.L.R. MONCADA, DE MANERA INSISTENTE, A LAS PREGUNTAS 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48, SI EN LOS COMPROBANTES CONTABLES NÚMEROS 4494388 (FOLIO 34, ANEXO 20), 12475 (FOLIO 48, ANEXO 20), NÚMERO ILEGIBLE (FOLIO 53, ANEXO 20), 20529 (FOLIO 54 ANEXO 20), 20538 ( FOLIO 55, ANEXO 20), 20544 ( FOLIO 57, ANEXO 20), 120965 (FOLIO 59, ANEXO 20) Y 244061 (FOLIO 63, ANEXO 20), DE FECHAS 3-11-1995; 17-07-1997; 31-12-1997; 27-1-1998; 28-01-1998; 29-01-1998; 30-06-1998 Y 31-12-1998, RESPECTIVAMENTE, SE INDICABAN A QUE CERTIFICADOS PROVISIONALES DEL DECRETO 1826, CORRESPONDÍAN O MÁS ESPECÍFICAMENTE, SI SE REFERÍAN A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496 (PREGUNTA 49), PORQUE EN PRIMER TÉRMINO LOS COMPROBANTES CONTABLES ESTADOS SE REFIEREN A UNA COMPRA DE CARTERA DE TÍTULOS VALORES POR 160.840.000,00 DÓLARES, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EL 26-10-1995; A PAGOS DE CRÉDITO EFECTUADO EN CUENTA OPERATIVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE CAPITAL SOBRE BONOS DPN DECRETO 1826; REGISTRO DE LA CREACIÓN DEL 100% DE LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES VENCIDOS BONOS DPN, DECRETO 1826; REGISTRO DE LAS PROVISIONES CREADAS DE LOS INTERESES VENCIDOS DE LOS BONOS DPN, DECRETO 1826 Y 2529, CONTABILIZADOS EN UNA CUENTA Y TRANSFERIDOS A OTRA CUENTA; REGISTRO DE LA PORCIÓN DE LA PROVISIÓN CREADA DE LOS BONOS DPN, DECRETO 1826, 329 Y 2203, LOS CUALES SE ENCONTRABAN VENCIDOS PARCIALMENTE; REGISTRO DE LA CREACIÓN DEL 100% DE LA PROVISIÓN ESPECIFICADA DE LA PORCIÓN DE CAPITAL E INTERESES VENCIDOS DE LOS BONOS DPN, DECRETO 329 Y REGISTRO DE LA DESINCORPORACIÓN DE LOS LIBROS DEL CAPITAL E INTERESES VENCIDOS DE LOS BONOS DPN EN M/E, DECRETOS 329, 2569 Y 1826, POR LO QUE MUCHOS DE LOS CUÁLES SE REFIEREN A OTROS DECRETOS, OTROS SI BIEN MENCIONAN AL DECRETO 1826, NO SE TRATABAN DE PAGOS DE INTERESES QUE SE CONTABILIZABAN PROVENIENTES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SINO DE OPERACIONES INTERNAS REGISTRANDO LAS PROVISIONES DE INTERESES VENCIDOS DEL DECRETO 1826, EFECTUADOS POR EL MISMO BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA GARANTIZANDO EL PAGO QUE SE LE HARÍA POR LOS CITADOS INTERESES. COSA MUY DISTINTA A RECIBIR PAGO DE INTERESES. PROVISIONAL, SIGNIFICA “SUMA OFERTADA POR UNA EMPRESA A LA COBERTURA DE UNA CARGA O DE UNA PERDIDA VIRTUAL, FUTURA O VIRTUAL (…) EL NOMBRE DE LA PROVISIÓN SE APLICA GENERALMENTE A UNA SUMA AHORRADA POR LA EMPRESA (O EL AGENTE ECONÓMICO) PARA HACER FRENTE A UNA NECESIDAD QUE SE (PROVIDENCIA), PERO NO DA TODAVÍA LUGAR A UN GASTO “(Y. BERNAND-JC.COLLI-D LEWAN DOWSKI, DICCIONARIO ECONÓMICO Y FINANCIERO, ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN, MADRID 1979. PÁG. 1052). EN SEGUNDO TÉRMINO, ES CLARO Y POR DEMÁS EVIDENTE QUE NO PODÍAN REFERIRSE ESOS COMPROBANTES CONTABLES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, PUES CONFORME A LAS ACTAS DE SORTEO DE FECHAS 13 DE ABRIL DE 1993 Y 20 DE ABRIL DE 1994, CORRESPONDIENTES AL DÉCIMO Y DÉCIMO CUARTO SORTEO TRIMESTRAL DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, RESPECTIVAMENTE, DE LA TERCERA EMISIÓN DE DÓLARES AMERICANOS, DECRETO EJECUTIVO 1826 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 1987, LOS BONOS 495 Y 496 FUERON SORTEADOS, ES DECIR, SALIERON FAVORECIDOS EN LOS SORTEOS, Y, POR ENDE, DESDE ESA FECHA DE SORTEO NO GENERABAN INTERESES, YA QUE AL RESULTAR FAVORECIDOS PROCEDÍA EL PAGO DEL CAPITAL. EN CONSECUENCIA, LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD QUE CITÓ LA DEFENSA DEL ACUSADO, QUE SON DE AÑOS POSTERIORES A LAS FECHAS 1993 Y 1994 CORRESPONDIENTES A LOS INDICADOS SORTEOS, NO SE REFIEREN A LOS CERTIFICADOS NÚMEROS 495 Y 496, POR LA SENCILLA RAZÓN DE QUE ESTOS DESDE LAS FECHAS CITADAS NO GENERABAN INTERESES, PUNTO ESTE ÚLTIMO QUE QUEDÓ ACREDITADO POR LA CONTESTICIDAD DE LOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS NINOSKA G.D.G. Y Y.B., ESPECÍFICAMENTE ESTA ÚLTIMA A LA PREGUNTA 13 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO, SEÑALÓ QUE: “(….) LOS TÍTULOS QUE SALEN SORTEADOS DEBEN SER PRESENTADOS, EL SORTEO IMPLICA QUE EL BENEFICIARIO DE ESE TÍTULO COBRARÁ INTERESES HASTA EL DÍA DEL SORTEO Y DE PRESENTAR EL TÍTULO SE LE CANCELA EL CAPITAL Y LOS INTERESES HASTA ESA FECHA, EL SORTEO IMPLICA QUE HASTA AHÍ SE CANCELAN LOS INTERESES (….)” (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL). POR LO CUÁL, ESTE JUZGADOR DESESTIMA LA AFIRMACIÓN DE EXISTENCIA DE DISCREPANCIA, SIN DAR MAYOR EXPLICACIÓN, HECHAS POR EL EXPERTO J.L.R. MONCADA, A LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 80 Y 81 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO, CON RELACIÓN A LAS PLANILLAS 5143 Y 0753, ADMINICULADAS CON LOS DATOS CONTENIDOS EN EL DORSO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, MÁXIME QUE LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES CURSANTES EN EL ANEXO 13, FUERON ENTREGADAS A LOS EXPERTOS M.J.P. Y DEYLÍN PADILLA, POR EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, QUE POR OTRA PARTE SON IDÉNTICAS EN TODOS SUS DATOS CON LAS PLANILLAS RECABADAS POR ESTE JUZGADOR EN ESE DEPARTAMENTO DE VALORES DURANTE LA INSPECCIÓN PRACTICADA, EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, Y QUE CURSAN EN EL ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24.

         CON RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO QUE HEMOS REALIZADO, Y A LAS CONCLUSIONES QUE HEMOS ARRIBADO, CREEMOS PERTINENTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN DECLARO EN JUICIO, EL EXPERTO O.J.C. RIVAS, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL EXPERTO H.J. DUGARTE INFANTE, PRACTICÓ UNA EXPERTICIA EN LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUIEN SEÑALÓ QUE CIERTAMENTE SOLO SE LE ENTREGÓ DOS (2) CERTIFICADOS PROVISIONALES CON LA NUMERACIÓN DEL TITULO TACHADA (FOLIOS 225 Y 226 DE LA PIEZA 1), LOS CUALES PRESENTABAN, AMBOS CERTIFICADOS, EN SU DORSO, ANOTACIONES DE FECHA DE PAGO. SI BIEN ES CIERTO QUE CON ESE SOLO MATERIAL SUMINISTRADO, EL EXPERTO LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE NO EXISTÍA “LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE NECESARIA” QUE LE PERMITIERA “VERIFICAR LA COMISIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL PRESENTE CASO, Y POR ENDE, DETERMINAR DAÑOS ECONÓMICOS AL PATRIMONIO DEL DENUNCIANTE”, ESTE JUZGADOR ES DEL CRITERIO QUE CON LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS AL JUICIO ORAL Y PUBLICO SE DETERMINÓ, Y ELLO SE HIZO SUPRA, QUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, SI PERTENECÍAN LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, DE LA EMISIÓN DE BONOS AUTORIZADA POR EL DECRETO 1826, Y QUE LAS RESPUESTAS DADAS POR EL EXPERTO DE QUE NO PODÍA DAR FE DE QUE LOS REFERIDOS CERTIFICADOS PERTENECÍAN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NI DE QUE ESTABAN EN LAS BÓVEDAS DE ESA INSTITUCIÓN EN FECHA ANTERIOR AL 6-01-1993, CUANDO FUERON COLOCADAS EN CUSTODIA DE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, DEBEN UBICARSE EN EL CONTEXTO DE LA FALTA DE INFORMACIÓN QUE TENIA DE LAS OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, Y DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE ESTRUCTURARON LA COLOCACIÓN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE UN TITULO Nº 1 POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, Y SUS SUCESIVAS SUSTITUCIONES, COMO SUPRA HEMOS EXPLICADO E INFRA DETALLAREMOS.

         DEBEMOS IGUALMENTE SEÑALAR QUE RINDIÓ DECLARACIONES EN JUICIO, LA CIUDADANA D.J. ESCALANTE QUIÑONEZ, QUE EN SU EXPOSICIÓN SEÑALÓ QUE NO SE RECORDABA NADA DEL CASO, SOLAMENTE QUE SUSTANCIÓ UN EXPEDIENTE CON RELACIÓN A UNOS BONOS QUE SE HABÍAN EXTRAVIADO EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y DEL INTERROGATORIO REALIZADO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO, POR EL REPRESENTANTE FISCAL Y POR EL JUEZ, NO SE DERIVAN RESPUESTAS DE INTERÉS EN LA RESOLUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE JUICIO, AL MENOS DE LA REVISIÓN DEL INFORME QUE PRESENTÓ CONJUNTAMENTE CON EL CIUDADANO R.S., EL CUAL RATIFICÓ EN SU CONTENIDO Y FIRMA, SOLO TENEMOS QUE NADA MAS CONTIENE UNA RELACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO CONCRETIZADA, CON EXCEPCIÓN DE QUE SE REVISÓ EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EL INFORME N° 1888, QUE EN FECHA 14-05-1993, PRESENTÓ EL INSPECTOR DE SEGURIDAD IV, JUAN LARRIBA GONTO, EN EL CUAL INDICÓ LO SIGUIENTE: “EL DÍA MARTES 19-01-1993, SE OBTUVO EN ESTA GERENCIA DE SEGURIDAD, INFORMACIÓN DE QUE POR INTERMEDIO DE LA CASA DE BOLSA CARIBE, FILIAL DEL BANCO DEL CARIBE, ESTABAN GESTIONANDO LA VENTA DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL ASUNTO (…), EL SR. G.G., GERENTE DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL CARIBE, REALIZÓ LA UBICACIÓN DE LOS REFERIDOS BONOS EN LA CASA DE BOLSA CARIBE E HIZO ENTREGA (…) DE DOS (2) FOTOCOPIAS DE SUS ORIGINALES (…), CONJUNTAMENTE CON LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE INVERSIONES Y FINANZAS, VICEPRESIDENCIA DE TESORERÍA Y GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A, PROCEDIMOS A CORTEJAR DICHAS FOTOCOPIAS CON LOS ORIGINALES CUSTODIADOS EN LA GERENCIA DE VALORES RESULTANDO SUS ORIGINALES NÚMEROS 495 Y 496 FALTANTES EN ESA DEPENDENCIA”; CONTENIDOS DE ESTE INFORME QUE TRATAREMOS INFRA.

         IGUALMENTE RINDIÓ DECLARACIÓN EL CIUDADANO R.S. LUCENA, DERIVÁNDOSE DE SU EXPOSICIÓN QUE SÓLO ASESORÓ A LA CIUDADANA DEXI ESCALANTE, QUE NO PRACTICÓ INSPECCIÓN ALGUNA EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NI FUE COMISIONADO PARA ACOMPAÑARLA Y QUE EN LO QUE PUDO HABER COMPROBADO DICHA CIUDADANA NO TENIA “NINGÚN TIPO DE CONOCIMIENTO”, POR LO QUE EL TESTIMONIO DE DICHO CIUDADANO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL INFORME, COMO SUPRA SE INDICÓ, NO SE REFIERE A ASPECTOS SUSTANCIALES DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO, MÁXIME QUE EL TESTIMONIO DADO POR EL EXPERTO NO VA MAS ALLÁ DE DATOS SACADOS DE LA DENUNCIA QUE ANTE EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, INTERPUSO EL CIUDADANO M.J.G. LANDAETA.

         TAMPOCO LA DECLARACIÓN RENDIDA POR LA CIUDADANA AMALOA DEL VALLE PARRA ROMERO, APORTÓ ELEMENTOS SUSTANCIALES, Y POR ENDE DE INTERÉS A LOS FINES DE FUNDAMENTAR LA PRESENTE SENTENCIA, YA QUE DECLARÓ QUE NO TRABAJABA DIRECTAMENTE CON LOS BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO LOS MANEJABA, YA QUE SUS FUNCIONES ERAN SECRETARIALES. AGREGÓ ADEMÁS, QUE NUNCA VIO FÍSICAMENTE LOS BONOS Y QUE NO RECORDABA SI EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SE HIZO ALGUNA INSPECCIÓN EN LA BÓVEDA PARA DETERMINAR FALTANTES DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL. POR ENDE, EL TESTIMONIO DE LA REFERIDA CIUDADANA NO APORTÓ ELEMENTOS DE INTERÉS A SER ANALIZADOS EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA.

         TAMBIÉN SE DESTACA QUE EN JUICIO RINDIERON TESTIMONIOS LOS FUNCIONARIOS POLICIALES G.A.M., H.A. VALERA ROMERO Y G.R.M.R., QUE SUSTANCIALMENTE REFIEREN UNA PESQUISA POLICIAL REALIZADA PARA LA LOCALIZACIÓN DEL CIUDADANO F.G.B., A CUYO EFECTO TENÍAN ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, PROCEDIMIENTO QUE RESULTO INFRUCTUOSO EN RAZÓN DE QUE EN LA DIRECCIÓN DE HABITACIÓN DISPONIBLE NO FUERON ATENDIDOS POR PERSONA ALGUNA; EN CONSECUENCIA, EL CONTENIDO DE ESTOS TESTIMONIO NO ES DE UTILIDAD PROCESAL, NI SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL HECHO OBJETO DE JUICIO. IGUALMENTE, EL TESTIMONIO RENDIDO EN JUICIO POR LA CIUDADANA I.M.R.C., NO ES DE UTILIDAD PARA EL OBJETO DE JUICIO, YA QUE MANIFESTÓ QUE SOLO SABE QUE EN LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DONDE TRABAJABA, SE PERDIERON UNOS BONOS, PERO NADA MAS.

         SENTADO LO ANTERIOR, HEMOS DE REFERIRNOS A LA ARGUMENTACIÓN DEL ACUSADO Y DE SU ABOGADO DEFENSOR REALIZADA AL INICIO DEL DEBATE.

         LA DEFENSA DEL ACUSADO EN EL INICIO DEL DEBATE, NO SE ADENTRÓ EN UN ANÁLISIS SOBRE EL ORIGEN, PROCEDENCIA Y PROPIEDAD DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, LIMITÁNDOSE A SEÑALAR QUE “ESOS TÍTULOS FUERON EMITIDOS CON CARACTERÍSTICAS QUE FACILITARON SU CIRCULACIÓN, LITERALIDAD, AUTONOMÍA Y DERECHO INCORPORADO”,QUE R.T.A. FUE UN ADQUIRIENTE DE BUENA FE Y QUE LA PROPIEDAD LE FUE RECONOCIDA POR UNA SENTENCIA DE LA SALA PENAL, Y QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA NUNCA DEMOSTRÓ QUE LOS MISMOS HUBIERAN SIDO SUSTRAÍDOS DE SU BÓVEDA POR ALGUNA PERSONA, NI QUE HUBIESEN ESTADO REGISTRADOS EN SU SISTEMA CONTABLE. QUE SI NO HUBO HURTO TAMPOCO PUEDE HABER APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO.

         POR SU PARTE, EL ACUSADO R.T.A. CON RELACIÓN A LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 5143, 0753, 0395, 1466, 11214 Y 3052, ASEVERÓ QUE LAS MISMAS SON FORJADAS, Y QUE “SI EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, HUBIESE COBRADO REALMENTE LOS INTERESES PERTENECIENTES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR 495 Y 496, HASTA EL 20/11/1992”, NO LE CABRIA LA DUDA “QUE HABRÍA SOLICITADO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA EL ORIGINAL Y TRIPLICADO DE LA FORMA AL DAV-21, Y DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL DUPLICADO DE LA FORMA DCAV-21, DOCUMENTOS QUE AL SER COTEJADOS CON EL CUADRIPLICADO QUE DEBERÍA DE TENER LA INSTITUCIÓN BANCARIA, DEMOSTRARÍA LA CERTEZA DE ESE COBRO Y LA POSESIÓN DE ESOS PAPELES EN LAS FECHAS ALLÍ INDICADAS”. QUE QUERÍA LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LA EXTEMPORANEIDAD, CINCO (5) AÑOS DESPUÉS DEL 21 DE ENERO DE 1993, DE LA CONSIGNACIÓN DE LAS SEIS (6) COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LAS PLANILLAS LA RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES REALIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA A LOS EXPERTOS DE “SUDEBAN” (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS), NO APARECIENDO ESAS PLANILLAS COMO CONSIGNADAS DURANTE ESE TIEMPO. TAMBIÉN ARGUMENTÓ EL ACUSADO QUE “(…) ES IMPOSIBLE LA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, DE LOS SERIALES DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES QUE APARECEN SEÑALADOS EN ESAS SEIS (6) PLANILLAS, POR CUANTO NO EXISTEN EN NINGUNA FORMA NI EN NINGUNA PARTE DEL EXPEDIENTE, LAS ACTAS DE SORTEO CORRESPONDIENTES A LOS OCHO (8) PRIMEROS SORTEOS DEL DECRETO 1826, NI HAN SIDO EXHIBIDAS NI CONSIGNADAS POR FUNCIONARIO ALGUNO AL EXPEDIENTE, ASÍ COMO EN LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS ORDENADOS POR EL TRIBUNAL DE LA CAUSA A ESTAS INSTITUCIONES VISTA LA PRECARIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN RELACIÓN A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR 495 Y 496”.

         AFIRMA EL ACUSADO QUE “LA ADQUISICIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES ES ANTERIOR A LA FECHA EN LA CUAL EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INTERPUSO LA DENUNCIA, SE ADQUIEREN EN FECHA 6 DE ENERO DE 1993, TAL COMO SE DESPRENDE DEL RECIBO DE CUSTODIA SIMPLE, SUSCRITO POR LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, Y LA DENUNCIA SE PRODUCE EL 21 DE ENERO DE 1993, LO QUE IMPOSIBILITA EL CONOCIMIENTO DEL VICIO (…)”.

         TAMBIÉN AFIRMÓ QUE DIO INSTRUCCIONES A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, QUE LOS BONOS FUERAN LLEVADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, “LOS REFERIDOS TÍTULOS A OBJETO DE QUE SEAN VERIFICADOS SU ORIGINALIDAD (…)” Y QUE SERIA “TEMERARIO POR SU PARTE, DE CONOCER ALGÚN VICIO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS PAPELES, ORDENAR QUE FUERAN LLEVADOS A LA INSTITUCIÓN DONDE SE CANCELAN LOS INTERESES Y TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS”.

         TAMBIÉN ARGUMENTÓ QUE EL LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA NUNCA FUE EXHIBIDO; QUE EN LOS BALANCES MENSUALES, DONDE DEBERÍAN ESTAR PUBLICADAS LAS NOTAS DE CUSTODIA, LITIGIO Y PROVISIONES REFERENTES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR 495 Y 496, QUE FUERON ENTREGADOS A LOS EXPERTOS DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS, SE COMPRUEBA LA INEXISTENCIA DE ESAS NOTAS.

         COMO DATOS DE INTERÉS, DESTACAREMOS EN CONJUNTO LAS AFIRMACIONES QUE HIZO EL ACUSADO, A LAS PREGUNTAS QUE LE FORMULARON EL REPRESENTANTE FISCAL, SU ABOGADO DEFENSOR Y EL JUEZ, DE LA MANERA SIGUIENTE:

      1. QUE LOS BONOS FUERON ADJUDICADOS AL BANCO INDUSTRIAL EN 1986 Y QUE LUEGO EN FECHA 13-03-1991, FUERON “CAMBIADOS” POR OTROS, ENTRE LOS CUALES LOS DOS (2) BONOS 495 Y 496, PERTENECÍAN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

      2. QUE EN FECHA 30-12-1992 RECIBIÓ LAS COPIAS DE LOS BONOS Y EN FECHA 6-01-1993 LOS ORIGINALES.

      3. QUE LOS BONOS SE LOS ENTREGÓ F.G..

      4. QUE SI SE FIRMÓ UN DOCUMENTO DE NEGOCIACIÓN DE LOS BONOS, PERO QUE EL ORIGINAL SE EXTRAVIÓ.

      5. QUE POR LOS TÍTULOS PAGÓ UNA CANTIDAD DE DINERO EN EFECTIVO, Y LA OTRA PARTE EN UN INMUEBLE VALORADO EN UN 1.500.000 DE DÓLARES, PERO QUE NO SE LLEGÓ A CONCRETAR POR EFECTO DE LA DENUNCIA.

      6. QUE EL DINERO EN EFECTIVO SE LO ENTREGÓ A F.G..

      7. QUE EL DINERO QUE LE ENTREGÓ LO TENÍA EN SU CASA.

      8. QUE NO SABE EL DESTINO QUE LE DIO F.G. AL DINERO.

      9. QUE SE ENTERÓ DEL INICIO DEL PROCESO POR EL EXTRAVIÓ DE LOS TÍTULOS EN FECHA POSTERIOR A QUE SU SOBRINO C.A.T., PRESTÓ DECLARACIÓN EN EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS.

      10. QUE SE QUEDÓ EN CARACAS TODO EL AÑO 1992 HASTA EL 10 DE ENERO DE 1993, QUE VIAJÓ A NUEVA YORK PARA RECIBIR LA TRANSFERENCIA DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE.

      11. QUE LOS TÍTULOS SE LOS MANDO DESDE PERÚ C.G., A SU MAMA, QUE FUE LA PERSONA QUE LOS RECIBIÓ, Y QUE DICHO CIUDADANO SE DESEMPEÑABA PARA ESA ÉPOCA COMO AGREGADO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN PERÚ.

      12. QUE CONOCÍA A C.G. Y F.G. DESDE QUE TENÍAN ONCE (11) AÑOS.

      13. QUE ADQUIRIÓ ESOS BONOS POR 3.000.000,00 DE DÓLARES.

      14. QUE NO LE PREGUNTÓ A F.G. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS BONOS.

          EL ACUSADO R.T.A. EN EL ACTO PREVIO AL CIERRE DEL DEBATE, HIZO USO DEL DERECHO DE PALABRA, SEÑALANDO QUE EL 1.5000.000,00 DÓLARES SE LOS ENTREGÓ AL CIUDADANO F.G., CUANDO ESTE LE HIZO ENTREGA FÍSICA DE LOS TÍTULOS, Y LUEGO SE LIMITÓ EN SU EXPOSICIÓN A DESTACAR LO DECLARADO POR LOS TESTIGOS Y EXPERTOS CON RELACIÓN A LOS MEDIOS DE PRUEBAS OFERTADOS POR EL REPRESENTANTE FISCAL.

          TAMBIÉN EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007, EL ACUSADO R.T.A., SOLICITÓ EL DERECHO DE PALABRA, Y DE SU EXPOSICIÓN SE DERIVA LO SIGUIENTE:

      1. QUE POR DISPOSICIÓN O INSTRUCCIONES SUYAS F.G. LLEVÓ LOS TÍTULOS A LA CASA DE BOLSA DE CARIBE, Y QUE YA DESDE EL 31-12-1992 SE HABÍA HABLADO CON C.A..

      2. QUE NO FUE EL 6-1-1993, QUE F.G. SE PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ, QUE ESO YA SE HABÍA HABLADO, Y DE ACUERDO A LOS PUNTOS DE LA NEGOCIACIÓN Y POR SER C.A. SU SOBRINO Y GANARSE UNA COMISIÓN, SE DECIDIÓ LLEVARLO A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE.

      3. QUE F.G. EXPLICÓ QUE LO TÍTULOS LE FUERON ENVIADOS DESDE PERÚ Y SE PUSO EN CONTACTO CON ÉL EN FECHA 30-12-1992.

         ESTE JUZGADOR, COMO PUNTO PREVIO, QUIERE SEÑALAR QUE DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL REALIZADO, SE DETERMINÓ QUE EN FECHA 19 DE FEBRERO 1992, 22 DE MAYO DE 1992, 19 DE AGOSTO DE 1992 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 1992, EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA PRESENTÓ PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 000395, 001466, 011214 Y 003052, CON RELACIÓN A BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, ENTRE LOS CUALES SE INDICABAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, Y QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA REALIZÓ ESOS PAGOS COMO SE EVIDENCIÓ DE LOS COMPROBANTES CONTABLES, PAGOS QUE FUERON REGISTRADOS EN COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, COMO TAMBIÉN SE ACREDITÓ EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE ANALIZARON TALES DOCUMENTOS; PERO EN PARTICULAR, HAY CERTEZA DE QUE LA ÚLTIMA FECHA DE PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES FUE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992, COMO LO EXPRESARON ADEMÁS EN SUS TESTIMONIOS LOS CIUDADANOS NINOSKA GONZALEZ, Y.B. VEGAS Y J.L.R. MONCADA; POR ENDE, HAY CERTEZA DE QUE HASTA ESA FECHA, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, ESTABAN EN POSESIÓN DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA QUE LOS PRESENTÓ AL COBRO, YA QUE PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, EL TENEDOR TENIA QUE PRESENTAR EL ORIGINAL DEL TITULO, Y NO EXISTIENDO ELEMENTO ALGUNO QUE ACREDITE NEGOCIACIÓN DE LOS CITADOS BONOS POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DESDE LA CITADA FECHA HASTA QUE F.G.B. SE PRESENTÓ EN FECHA 06-01-1993 A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, PARA NEGOCIAR O VENDER LOS CITADOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, DEBE REPUTARSE CON CERTEZA, TAL COMO LO ASEVERÓ EL REPRESENTANTE FISCAL AL INICIO DEL DEBATE, QUE ESOS BONOS 495 Y 496, FUERON SACADOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SIN CONOCIMIENTO NI CONSENTIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE ESA INSTITUCIÓN BANCARIA, POR ENDE, DE MANERA ILEGAL, PUES CONFORME AL ACTA DE FECHA 19-01-1993, SUSCRITA ENTRE LA GERENTE DE VALORES Y EL VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ( FOLIO 46, SUB.-ANEXO 6 DEL ANEXO 13), LA REVISIÓN FÍSICA QUE SE HIZO DE TÍTULOS EN DÓLARES EN LA GERENCIA DE VALORES COTEJADA CON LOS REGISTROS CONTABLES, QUE ARROJÓ CONFORMIDAD, SE REALIZÓ SOBRE LOS TÍTULOS PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, COMO LO DECLARARON LOS TESTIGOS N.O. Y M.J.G. LANDAETA, PERO EN UNA NUEVA REVISIÓN, AUXILIADA LA PRIMERA CIUDADANA NOMBRADA, DE UNAS FOTOCOPIAS QUE PRECEDENTEMENTE HABÍA ORDENADO SACAR DE LOS TÍTULOS, SE DETERMINÓ QUE FALTABAN LOS ORIGINALES DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, ASEVERANDO N.O., QUE EL PRIMER CONTEO O REVISIÓN SE HIZO SOBRE LOS “TÍTULOS DEL BANCO INDUSTRIAL, CARACAS”, PERO QUE “ EN ESA ACTA NO ESTABA METIDO EL DECRETO 1826” (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 9 Y 11 DEL REPRESENTANTE FISCAL), ES DECIR, QUE CUANDO SE HIZO EL ACTA EN CUESTIÓN NO HABÍAN REVISADO O CONTADO EL DECRETO 1826 (RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), Y EN ESE PUNTO ES CONTESTE EL CIUDADANO M.J.G. LANDAETA, CUANDO AFIRMA QUE LA PRIMERA REVISIÓN SE REALIZÓ SOBRE LOS REGISTROS CONTABLES, Y QUE LA SEGUNDA REVISIÓN SE HIZO CON UNAS FOTOCOPIAS QUE TENIA LA GERENTE DE VALORES, Y ALLÍ SE DETERMINÓ EL FALTANTE, Y QUE DE SEGURIDAD PASARON UN FAX AL ÁREA DE VICEPRESIDENCIA DE INVERSIONES Y FINANZAS, QUE TENÍAN TACHADURAS.

         EN ESTE PUNTO, LAS AFIRMACIONES QUE HIZO EL TESTIGO SON CONTESTES CON LO QUE DIJO N.O., CUANDO AFIRMÓ LO SIGUIENTE:

         CUANDO EL LEE ESO, PARECIERA QUE NOSOTROS COTEJAMOS CON LAS COPIAS QUE VINIERON DEL BANCO DEL CARIBE, CUANDO RECIBIMOS VÍA FAX FOTOCOPIAS DE DOS BONOS DEL DECRETO 1826, CUYO NUMERO ESTABA TACHADO, SEGURIDAD LO RECIBIÓ DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, ESO DE ORIGEN A QUE LA VICEPRESIDENCIA NOS LLAMARA PARA SABER QUE PASABA, PERO YA LAS FOTOCOPIAS SE HABÍAN SACADO CON ANTERIORIDAD, PORQUE YA SE ESTABA PLANIFICANDO UN NUEVO DECRETO, ES DECIR, LAS FOTOCOPIAS QUE PARA EL BANCO DEL CARIBE NO FUERON LAS QUE SE COTEJARON CON LAS DE NOSOTROS

         , (RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO) (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

         POR ENDE, ESA ACTA DE FECHA 19-1-1993 SUPRA REFERIDA NO PUEDE RELACIONARSE CON LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES N° 495 Y 496, EN RAZÓN DE QUE POR ESA ACTA NO SE DETERMINÓ EL FALTANTE DE LOS MISMOS, SINO POR MEDIO DE FOTOCOPIAS DE LOS TÍTULOS QUE ESTABAN EN LA GERENCIA DE VALORES, PERO QUE CIERTAMENTE COMO SE DERIVA DEL INFORME DE SEGURIDAD (CURSANTE A LOS FOLIOS 190 AL 204 DEL ANEXO 12) DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL CARIBE SE OBTUVIERON DOS (2) FOTOCOPIAS DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, PUNTO ESTE QUE CONFIRMÓ EN SU DECLARACIÓN EN JUICIO, EL CIUDADANO J.C.D. YANEZ, PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, AL EXPRESAR QUE TUVO CONOCIMIENTO QUE A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SE LES ENTREGARON FOTOCOPIAS SIMPLES DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 (RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO9.

         VOLVIENDO AL ALEGATO DEL ACUSADO R.T.A. DE QUE LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES SON FORJADAS, EL MISMO DEBE SER DESESTIMADO, YA QUE CON BASE AL ANÁLISIS REALIZADO EN PAGINAS PRECEDENTES, NO SOLAMENTE SE COMPROBÓ LA PRESENTACIÓN POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, ANTE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A FIN DE QUE EL INSTITUTO EMISOR PAGARA LOS INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826, SINO QUE ESTE EFECTIVAMENTE PAGÓ LA CANTIDAD INDICADA EN LA PLANILLA N° 5143 POR UN MONTO DE 3.120.424,80 DÓLARES, Y QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, CONTABILIZÓ O REGISTRÓ EN SUS CUENTAS LOS PAGOS DE INTERESES A QUE SE CONTRAEN LAS PLANILLAS 5143, 0753, 00395, 1466, 11214 Y 3052, COMO SE DETALLÓ EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE ANALIZARON LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES CONTABLES. POR ENDE, EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SI REGISTRÓ EN LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 0440, 0200, 7318, 6186, 0410 Y 5478, LOS INTERESES RECIBIDOS POR LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES INDICADOS EN LAS CITADAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, ENTRE LOS CUALES ESTABAN EL 495 Y 496, CONTRARIAMENTE A LA AFIRMACIÓN HECHA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO REALIZADA EN LA PARTE FINAL DE SU EXPOSICIÓN EN EL INICIO DEL DEBATE, DE QUE NO ESTABAN REGISTRADOS EN SU SISTEMA CONTABLE, YA QUE A TRAVÉS DEL REGISTRO DE PAGOS DE INTERESES QUE GENERABAN, SE ESTABAN ACREDITANDO CONTABLEMENTE AUNQUE INDIRECTAMENTE LOS TÍTULOS 495 Y 496.

         TAL COMO LO DIJO EL ACUSADO, HUBO EXTEMPORANEIDAD TANTO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COMO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y PARA ESTE JUZGADOR HASTA IRRESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE AMBAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL ASUNTO, EN PRESENTAR CON LA DEBIDA PRONTITUD LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES SUPRA IDENTIFICADAS, LUEGO ENTREGADAS CON NOTABLE RETARDO A LOS EXPERTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, Y DEL INSTITUTO EMISOR EN PRESENTAR O CONSIGNAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS GACETAS OFICIALES, PUBLICACIONES Y ACTAS NOTARIALES ATINENTES A LOS MISMOS. ELLO ES CIERTO, PERO LO RELEVANTE PARA UN CASO DE ESTA NATURALEZA ES QUE LAS PLANILLAS NÚMEROS 5143, 0753, 00395, 1466, 11214 Y 3052, AUNQUE, REPETIMOS, CON NOTABLE RETARDO, SI FUERON CONSIGNADAS A LOS EXPERTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL, SUCURSAL CURAZAO, A LA VEZ QUE ESTE JUZGADOR POR INSPECCIÓN PRACTICADA EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, RECABÓ UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS, EN COPIA CERTIFICADA, QUE CON CERTEZA, TAL COMO LO EXPRESAMOS SUPRA, PRUEBA LA TITULARIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, Y QUE TODA ESTA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO LOS TESTIGOS Y EXPERTOS QUE COMPARECIERON EN JUICIO, FUERON OBJETO DE ANÁLISIS Y CONTRADICTORIO. POR ENDE, LA EXTEMPORANEIDAD QUE ALEGÓ EL ACUSADO R.T.A., PIERDE SENTIDO Y DIMENSIÓN, FRENTE AL LEGAJO DOCUMENTAL CONTENIDO EN LA PERITACIÓN DE LOS EXPERTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE LOS TESTIMONIOS RENDIDOS POR EL EXPERTO E.W. CARRERO ARCINIEGAS Y POR LAS CIUDADANAS NINOSKA GONZALEZ Y JAQUELIN BASTARDO VEGAS, ASÍ COMO FRENTE A LA DOCUMENTACIÓN QUE CURSA EN EL ANEXO 24, RESULTADO DE LA INSPECCIÓN PRACTICADA POR ESTE JUZGADOR EN EL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

         EN LA OPORTUNIDAD DEL INICIO DEL DEBATE, AL INTERROGATORIO DE SU PROPIO ABOGADO DEFENSOR, EL ACUSADO ADMITIÓ SIN RESERVA ALGUNA, QUE EN EL AÑO “1986” LOS BONOS FUERON ADJUDICADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE POR ACTO DE FECHA 13-03-1991, FUERON CAMBIADOS O SUSTITUIDOS POR OTROS, ENTE LOS CUALES ESTABAN EL 495 Y 496, QUE PERTENECÍAN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. SIN MAS NI MENOS, TENEMOS QUE EL ACUSADO ADMITE QUE YA DESDE EL 1986 (HACIENDO LA OBSERVACIÓN ESTE JUZGADOR QUE LA FECHA CORRECTA ES 1987) AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SE LE HABÍA COLOCADO BONOS, Y QUE CIERTAMENTE TIENE RAZÓN EL ACUSADO CUANDO DICE QUE HUBO UNA SUSTITUCIÓN POR LA YA TANTAS VECES REFERIDA ACTA DEL 13-03-1991, POR LO QUE ES CLARO QUE EL ACUSADO ADMITE QUE EL TITULO PRIMIGENIO FUE SUSTITUIDO LUEGO POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, PUES A ELLOS SE REFIERE ESA ACTA COMO CERTIFICADOS SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, ENTRE LOS CUALES, COMO EL PROPIO ACUSADO LO RECONOCE, ESTABA EL 495 Y 496.

         ENTONCES, SI ADMINICULAMOS ESTA AFIRMACIÓN DEL ACUSADO CON LAS TESTIMONIALES RENDIDAS EN JUICIO, POR TESTIGOS Y EXPERTOS, EN LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, Y CON LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIONADA POR SU LECTURA, Y APRECIADA A LOS EFECTOS DE ESTA SENTENCIA, TENEMOS, COMO LO HEMOS VENIDO SOSTENIENDO A LO LARGO DE ESTE ANÁLISIS, QUE CIERTAMENTE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, PARA LA ULTIMA FECHA DE PAGO DE INTERESES, QUE ES EL 20-11-1992, ESTABA EN POSESIÓN CON RESGUARDO EN LA BÓVEDA DE LA GERENCIA DE VALORES, DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, Y QUE ESTA POSESIÓN Y RESGUARDO CONTINUÓ EN EL TIEMPO, YA QUE NO ESTÁ ACREDITADO QUE EN LA REFERIDA INSTITUCIÓN BANCARIA HAYA CELEBRADO OPERACIÓN DE VENTA O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE LOS TÍTULOS, YA SEA DIRECTAMENTE O EN EL MERCADO SECUNDARIO, CON ALGUNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, EN LOS RESTANTES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE O EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1992.

         EL ACUSADO R.T.A., INTERROGADO POR ESTE JUZGADOR SEÑALÓ QUE RECIBIÓ LAS COPIAS DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 EL 30-12-1992, Y LOS ORIGINALES EL 6-01-1993, QUE ESA ENTREGA SE LA HIZO F.G. (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 1 Y 2), Y QUE ESOS TÍTULOS SE LOS HABÍA ENVIADO A SU MAMA C.G.B. DESDE PERÚ, PAÍS DONDE SE DESEMPEÑABA EN FUNCIONES DIPLOMÁTICAS.

         EN PRIMER TÉRMINO DE LA DOCUMENTACIÓN OFERTADA COMO DOCUMENTAL POR EL REPRESENTANTE FISCAL, ADMITIDA EN SU OPORTUNIDAD Y RECEPCIONADA EN JUICIO POR SU LECTURA, RELATIVA A COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL CIUDADANO C.G.B., REMITIDAS CON OFICIO N° 415 DE FECHA 20/03/2003, SUSCRITO POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Y QUE CURSAN A LOS ANEXOS 21-A Y 21-B, SE DESPRENDE INDUBITABLEMENTE QUE DICHO ACUSADO C.G.B., SE DESEMPEÑÓ EN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO EN CARGOS DE NIVEL SECUNDARIO CON REMUNERACIONES QUE EN NINGÚN CASO LE PERMITÍAN ADQUIRIR ESOS TÍTULOS N° 495 Y 496, Y QUE CUANDO EGRESÓ DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO LE FUE CANCELADO UN MONTO POR PRESTACIONES SOCIALES DE 320.358,60 BOLÍVARES ( FOLIO 26 DEL ANEXO 21-B), YA QUE HABÍA PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 1993 (FOLIO 78 DEL ANEXO 21-B), A LA PAR QUE DE LA DOCUMENTACIÓN OFERTADA Y QUE CURSA EN LOS ANEXOS MENCIONADOS SE EVIDENCIA QUE DICHO CIUDADANO ARRASTRABA UN ESTADO DE INSOLVENCIA POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS, TANTO A NIVEL NACIONAL, COMO A LAS REPUBLICAS DE COLOMBIA Y DE PERÚ, LO QUE MOTIVÓ RECLAMOS DE PAGOS ANTE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMO SE DESPRENDE DE LOS RECAUDOS CERTIFICADOS CURSANTES A LOS FOLIOS 39, 40, 47, 48, 49, 51 Y 52, 128,129, 170 AL 182 DEL ANEXO 21-A Y 6, 7Y 8, 22, 23, 24, 27, 28, 32 Y 75 DEL ANEXO 21-B. AUNADO ESTO AL HECHO QUE C.G.B. INGRESÓ AL CENTRO HOSPITALARIO “DOMINGO LUCIANI”, QUE ES DE ATENCIÓN PUBLICA, EN FECHA 8-8-1995, Y EGRESÓ POR FALLECIMIENTO EL 25-09-1995 ( FOLIO 37 Y 38 DE LA DÉCIMA PIEZA), Y SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NUMERO 1808 DE LA PREFECTURA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, EN LA CUAL LA PRIMERA AUTORIDAD HIZO CONSTAR NO SOLO SU FALLECIMIENTO EN EL CENTRO HOSPITALARIO CITADO, SINO TAMBIÉN QUE NO DEJABA BIENES DE FORTUNA.

         LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA EL CIUDADANO ALEXANDER GESSEN, DIRECTOR DE DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO PUBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIANTE OFICIO N 08-02-04707 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2.002, MEDIANTE LA CUAL INFORMA QUE EL CIUDADANO C.G.B., PARA EL AÑO 1978 DECLARA BIENES DE FORTUNA POR AL CANTIDAD DE DOCE MIL BOLÍVARES (12.000,OO), CONSTITUYE UN ELEMENTO QUE SE ADMINICULA A LO SUPRA SEÑALADO SOBRE LA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, MANTENIDA EN EL TIEMPO POR DICHO CIUDADANO PARA EN DEFINITIVA ADQUIRIR UNOS BONOS, CUYO VALOR ERA DE 3.000.000,OO DE DÓLARES CADA UNO; Y ESTA AFIRMACIÓN SOBRE LA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SUPRA SEÑALADO CIUDADANO NO LE PERMITÍA NI SIQUIERA ADQUIRIR UNOS TÍTULOS AUN EN EL CASO DE QUE LA NEGOCIACIÓN DE LOS TÍTULOS SE HUBIERA PACTADO O CONVENIDO CON UN DESCUENTO DEL 60% SOBRE EL VALOR DE CADA UNO.

         ENTONCES ES CLARO QUE EL CIUDADANO C.G.B. NO TENÍA LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA ADQUIRIR LOS 495 Y 496, Y NI SIQUIERA PARA INTERVENIR COMO AGENTE INTERMEDIARIO EN UNA NEGOCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESOS TÍTULOS QUE REQUERÍA NO SOLO EXPERIENCIA SINO TAMBIÉN RESPALDO FINANCIERO. RESULTA CONTRARIO A LA LÓGICA QUE UNA PERSONA DE “PRESUNTO” PODER ADQUISITIVO ACUDA EN ESE TIEMPO A UN CENTRO HOSPITALARIO PÚBLICO A TRATARSE UNA ENFERMEDAD, Y FALLEZCA SIN DEJAR BIENES DE FORTUNA, SIENDO QUE HACÍA UN POCO MÁS DE DOS (2) AÑOS HABÍA RECIBIDO POR INTERMEDIO DE SU HERMANO F.G.B., LA CANTIDAD DE 1.500.000,00 DÓLARES AMERICANOS, Y MAS CONTRARIO A LA LÓGICA RESULTA QUE ENVIÉ ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES A SU MADRE, Y LOS TERMINE “NEGOCIANDO” SU HERMANO F.G.B.. POR ELLO, ESTE JUZGADOR TIENE LA CERTEZA QUE C.G.B. NO ADQUIRIÓ NI INTERVINO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, COMO SE ALEGA POR EL ACUSADO, EN RAZÓN DE QUE EN PRIMER TERMINO, ESOS TÍTULOS ERAN PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL, SUCURSAL CURAZAO, QUE NO CELEBRÓ NINGUNA OPERACIÓN DE VENTA CON LOS MISMOS, Y EN SEGUNDO TERMINO, PORQUE DESPUÉS DE QUE FUERON PRESENTADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL COBRO DE INTERESES, SIENDO PAGADO LOS MISMOS EL 20-11-1992, PERMANECIERON EN CUSTODIA EN SU BÓVEDA DE LA GERENCIA DE VALORES, HASTA QUE FUERON SUSTRAÍDOS DE LA MISMA.

         EL ACUSADO R.T.A. HA SEÑALADO QUE CUANDO F.G.B. SE PRESENTO EL 6-01-1993, A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, NO LO HACIA POR INICIATIVA PROPIA, SI NO POR INSTRUCCIONES SUYAS, YA QUE HABÍA CELEBRADO CON DICHO CIUDADANO UNA NEGOCIACIÓN, PAGANDO LA CANTIDAD DE 1.5000.000, 00 DÓLARES. SOBRE ESTE PARTICULAR, EL ACUSADO R.T.A., EN LA OPORTUNIDAD EN QUE FUE INTERROGADO POR EL REPRESENTANTE FISCAL AL INICIO DEL DEBATE, EXPRESO QUE NO TENIA EL RECIBO ORIGINAL DONDE CONSTABA LA ENTREGA DEL DINERO, Y LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, PERO COMO MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL OFERTO Y FUE ADMITIDA, SIENDO RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN JUICIO, COPIA CERTIFICADA, FOLIO 6 ANEXO 3/19 Y FOLIO 213 ( HOY 212) DE LA PIEZA 2) Y COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE FECHA 6-1-1993, DEL CUAL SE DESPRENDE QUE F.G.B. RECIBIÓ 3.000.000,00 DE DÓLARES, REPRESENTADOS EN 1.500.000,00 DÓLARES EN EFECTIVO, Y OBLIGACIONES DESCRITAS EN CONTRATO ANEXO, POR LA VENTA DE DOS (2) TÍTULOS VALORES 495 Y 496, QUE HASTA LA FECHA, SE DIJO EN EL CONTRATO, PERTENECÍAN A C.G.B..

         A LA PAR DE LO ANTERIOR, TENEMOS QUE ESTA ACREDITADO QUE F.G.B., EN FECHA 6-1-1993, SE PRESENTO A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE PARA NEGOCIAR LOS TÍTULOS, DEJÁNDOLOS EN CUSTODIA EXPIDIÉNDOSELE UN “RECIBO DE CUSTODIA SIMPLE”, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS, FECHADO 6 DE ENERO DE 1993 (FOLIO 93, PIEZA 1, Y FOLIO 11 DEL ANEXO 3/19).

         SOBRE LO ANTES ACOTADO, ESTE JUZGADOR EXPRESA LO SIGUIENTE: SI EN EL RECIBO DEL PAGO FECHADO 6-1-1993, SUPRA REFERIDO, TIENE LA MISMA FECHA DEL RECIBO DE CUSTODIA SIMPLE FECHADO 6-1-1993, DERIVÁNDOSE DEL PRIMERO QUE R.T.A. “ENTREGO” 1.500.000,00 DÓLARES A F.G.B., QUIEN EN ESA MISMA FECHA SE PRESENTO POR SUS INSTRUCCIONES A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, NOS PREGUNTAMOS: ¿COMO ES POSIBLE QUE ESE MISMO DÍA 6-1-1993, UN CIUDADANO IDENTIFICADO COMO J.F.R.R., TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 3.585.265, LE HAYA OTORGADO UN PODER A F.G.B., PARA QUE EN SU “NOMBRE Y REPRESENTACIÓN” ENAJENARA O GRAVARA LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, Y COMO CONTRAPRESTACIÓN F.G.B. RECIBIRÍA LA CANTIDAD DE 300.000,00 DÓLARES, Y QUE EL REMANENTE DEL PRECIO PAGADO DEBÍA SERLE ENTREGADO AL PODERDANTE PROPIETARIO EN LA FORMA QUE ESTE INDICARA? (DOCUMENTAL OFERTADA POR EL REPRESENTANTE FISCAL Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN JUICIO, CURSANTE DEL FOLIO 17 AL 19 DE LA PIEZA 10). PERO ADEMÁS, F.G.B., QUE ACTUARÍA DE ACUERDO CON ESE DOCUMENTO NOTARIADO EL 6-1-1993, COMO INTERMEDIARIO O GESTOR DEL “PRESUNTO, PROPIETARIO DE LOS TÍTULOS 495 Y 496”, J.F.R.R., POSTERIORMENTE, EN FECHA 10-02-1993, OTORGO UN PODER GENERAL AL ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI, POR ANTE LA NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL MUNICIPIO LIBERTADOS, DISTRITO CAPITAL, PARA QUE LO REPRESENTARA Y SOSTUVIERA SUS DERECHO E INTERESES, Y MUY EN PARTICULAR A LA JUSTA TENENCIA POR SU PERSONA DE DOS TÍTULOS, CADA UNO POR 3.000.000 DE DÓLARES, IDENTIFICADOS 495 Y 496, AUTORIZÁNDOLO PARA QUE EN SU NOMBRE E REPRESENTACIÓN, DISPUSIERA DE LOS CITADOS TÍTULOS “ CONFORME A DERECHO Y AL DICTAMEN DE SU CONCIENCIA SIN NINGÚN OTRO TIPO DE LIMITACIÓN” (COPIA CERTIFICADA DEL PODER CURSANTE A LOS FOLIOS 167 AL 169 DE LA PIEZA 10); Y EL CITADO ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI CON BASE A ESE PODER GENERAL QUE LE OTORGO F.G., DONDE AFIRMABA QUE ERA EL JUSTO TENEDOR DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, COMPORTÁNDOSE RESPECTO DE ESOS INSTRUMENTOS COMO SI FUERA EL PROPIETARIO, PRESENTO UNA CARTA O COMUNICACIÓN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR LA CUAL EL CITADO ABOGADO EXPRESO QUE CON VISTA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LE PRESENTO ESA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE DEMOSTRABAN QUE ERA EL LEGITIMO TITULAR DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, DECLARABA QUE “SI EL BANCO INDUSTRIAL ACEPTA LA ENTREGA DE LOS DERECHOS SOBRE LOS CERTIFICADOS EMANADOS”, SU PERSONA “OTORGARÍA LA RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO DE LAS PERSONAS ARRIBA MENCIONADAS”, Y ADEMÁS EL ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI, SEÑALO QUE TANTO LAS AUTORIDADES NACIONALES COMO LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, PARA ESA FECHA 15 DE FEBRERO DE 1993, TENEDORA DE LOS TÍTULOS, PODRÍAN HACERLE ENTREGA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE LOS BONOS EN REFERENCIA (COPIA CERTIFICADA DE LA COMUNICACIÓN CURSA A LOS FOLIOS 10, 11 Y 12 DE LA PIEZA 10).

         VEMOS PUES COMO F.G.B. QUE PRESUNTAMENTE YA HABÍA VENDIDO LOS BONOS 495 Y 496, Y QUE SEGÚN R.T.A. SE PRESENTO POR INSTRUCCIONES SUYAS, YA ESTE SE COMPORTABA COMO PROPIETARIO, A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, DA UN PODER A UN ABOGADO PARA QUE ESTE DISPUSIERA DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 CONFORME A DERECHO Y AL DICTAMEN DE SU CONCIENCIA.

         DE TODO LO ANTERIOR SE DERIVA CON CERTEZA QUE DEL 6 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 1992, SE SUCEDEN UNA SERIE DE ACTOS, EN PARTICULAR EN UN SOLO DÍA, EL 6-1-1993, TRES (3) PERSONAS SE ARROGAN LA PROPIEDAD DE LOS TÍTULOS, Y ESTOS SON F.G.B., R.T.A. Y J.F.R.R.; Y RESPECTO DEL CIUDADANO J.F.R.R., EL MISMO RINDIÓ DECLARACIÓN EN JUICIO IDENTIFICÁNDOSE CON LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 3.585.265, MANIFESTANDO, EN PRIMER TERMINO QUE NO CONOCE A LOS CIUDADANOS F.G.B. Y R.T.A., QUE SU PERSONA NUNCA FUE PROPIETARIO O TENEDOR DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, Y MENOS DE LOS TÍTULOS NÚMEROS 495 Y 496, QUE LA FIRMA QUE APARECÍA COMO OTORGANTE DEL PODER SUPRA REFERIDO, NO ES LA SUYA, Y QUE JAMÁS SE HA DEDICADO A LA ACTIVIDAD DE NEGOCIACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA. CON ELLO, HAY CERTEZA DE QUE CON EL PODER CURSANTE A LOS FOLIOS 17 AL 19 DE LA PIEZA 10, SE SUPLANTO LA IDENTIDAD DEL CIUDADANO J.F.R.R., PARA HACER VER QUE ESTE CIUDADANO ERA EL PROPIETARIO DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, Y ASÍ PRETENDER DEMOSTRAR LA REGULARIDAD DE LAS FUTURAS OPERACIONES QUE SE HARÍAN EN LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE; IGUALMENTE, SE TIENE LA CERTEZA DE QUE LA PERSONA QUE SE IDENTIFICO EN ESE PODER COMO F.G.B., CON LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 2.944.613,CIERTAMENTE ERA F.G.B., YA QUE ESTE EN EL PODER GENERAL OTORGADO AL ABOGADO JUAN GARANTON NICOLAI, SE IDENTIFICO COMO VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, DIVORCIADO Y TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 2.944.613,DATOS QUE COINCIDEN CON LOS ASENTADOS EN EL PODER CURSANTE A LOS FOLIOS 17 AL 19 DE LA PIEZA 10, Y SI COMO SE HA PROBADO J.F.R. NO OTORGÓ NINGÚN PODER GENERAL , ES HARTO CLARO QUE SE SUPLANTÓ LA IDENTIDAD DE ESTE CIUDADANO.

         POR OTRA PARTE, SEGÚN EL RECIBO DE PAGO FECHADO 6 DE ENERO DE 1993, F.G.B., EN SU REPRESENTACIÓN DE C.G.B., DECLARO RECIBIÓ 1.500.000,00 DÓLARES EN EFECTIVO, DE UNA NEGOCIACIÓN PACTADA EN 3.000.000,00 DE DÓLARES, POR LA VENTA DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, PERO EN JUICIO NO SE PROBO QUE TAL CANTIDAD DE DINERO EN DÓLARES SE HAYA EFECTIVAMENTE PAGADO, NI RESULTA LÓGICO QUE ESA CANTIDAD DE DINERO LA HAYA TENIDO EL ACUSADO EN SU CASA, MÁXIME QUE NO HAY ACREDITACIÓN DE QUE LA CANTIDAD DE 1.500.000,00 SE HAYA DEPOSITADO POR F.G.B. O POR C.G.B., EN ALGUNA CUENTA BANCARIA, CON INDICACIÓN DE BANCO, FECHA, MONTO DEPOSITADO Y TITULAR DE LA CUENTA. POR ENDE, ESTE JUZGADOR TIENE LA CERTEZA DE QUE TODA ESA PREPARACIÓN DOCUMENTAL DE RECIBO DE PAGO, DE CONTRATO Y DE PODERES OTORGADOS, OTRA COSA NO SON SINO ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTAL DE UN SOPORTE PARA HACER VER LA REGULARIDAD DEL ENTRAMADO DE ACTOS TENDENTES A EFECTIVAMENTE VENDER LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, DE LOS CUALES SE TENIA CONOCIMIENTO DE SU PROCEDENCIA ILICITA. TODO ELLO EN RAZÓN DE QUE ESTE JUZGADOR, COMO LO EXPLANO SUPRA, TIENE LA CERTEZA DE QUE C.G.B. NO INTERVINO EN ESTA OPERACIÓN, NI TENIA LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA HABER ADQUIRIDO LOS BONOS 495 Y 496, SINO QUE LOS CIUDADANOS F.G.B. Y EL ACUSADO EN JUICIO R.T.A., OBTUVIERON ILEGÍTIMAMENTE ESOS CERTIFICADOS, SABEDORES DE QUE TENÍAN PROCEDENCIA ILÍCITA, CONVENCIMIENTO SUBJETIVO QUE SE EVIDENCIA O DEMUESTRA, NO PORQUE EL ACUSADO R.T.A. LO HAYA ADMITIDO ASÍ, SINO POR UNA SERIE DE DATOS OBJETIVOS COMO SON LOS SUPRA ANALIZADOS, QUE PATENTIZAN EL CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA DE LOS BONOS EN CUESTIÓN.

         PERO AUN MÁS, EL RECIBO DE CUSTODIA FECHADO 6 DE ENERO DE 1993, EMANADO DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, C.A, ACREDITANDO HABER RECIBIDO DE F.G.B. LOS BONOS 495 Y 496, DEBE SER ADMINICULADO CON LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL CIUDADANO R.A. ALDANA MARTINEZ, FUNCIONARIO PARA EL 6-1-1993 DE LA CITADA CASA DE BOLSA, QUE INDICO QUE F.G.B. SE PRESENTO A LA CASA DE BOLSA EN HORAS DEL MEDIO DÍA DEL 6-1-1993, MANIFESTANDO SU INTENCIÓN DE VENDER LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL NÚMEROS 495 Y 496, Y QUE ACTUABA CONJUNTAMENTE CON R.T.A., DESCONOCIENDO PARA ESE MOMENTO QUE C.A.T., QUE JUNTO CON EL HABÍA RECIBIDO A ESE CIUDADANO, ERA SOBRINO DE R.T.A., Y QUE RECIBIÓ LLAMADAS DE R.T.A. PARA QUE OFRECIERA A CUALQUIER PRECIO LOS BONOS, DENOTANDO PREMURA. ADMINICULADA, A ESA DECLARACIÓN, TENEMOS LA DEL CIUDADANO J.C.D. YANEZ, PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, QUE MANIFESTÓ QUE EN EL AÑO 1993, UNA PERSONA POR INTERMEDIARIO DE C.A.T. QUE TRABAJABA EN LA CASA DE BOLSA, HIZO CONTACTO PARA NEGOCIAR UNOS CERTIFICADOS, DETECTÁNDOSE POR UNA INFORMACIÓN QUE LOS TÍTULOS QUE SE QUERÍAN NEGOCIAR HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE LA BÓVEDA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE C.A. TENIA CONTACTO CON LA PERSONA OFERTANTE DE LOS TÍTULOS A TRAVÉS DE UN FAMILIAR QUE VIVÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS, DICIENDO C.A. QUE LA PERSONA QUE ESTABA NEGOCIANDO LOS TÍTULOS, LOS TENÍAN POR PAGO DE UNA OBRA PUBLICA.

         CON RELACIÓN A LA DECLARACIÓN RENDIDA POR J.C.D. YANEZ, TENEMOS QUE LA DIVISIÓN GENERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ANTIGUO CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, LE REMITIÓ EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 1993, OFICIO Nº 9700-043-01641, PARA QUE FUERAN TRASLADADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA LOS TÍTULOS 495 Y 496, Y COMO REPUESTA DICHO FUNCIONARIO POLICIAL RECIBIÓ COMUNICACIÓN DE FECHA 18 DE MARZO DE 1993 DEL REPRESENTANTE JUDICIAL DEL BANCO DEL CARIBE , S.A.C.A., POR LA CUAL LE INFORMABA QUE LOS REFERIDOS TÍTULOS HABÍAN SIDO ENVIADOS AL DEPARTAMENTO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COMO SE EVIDENCIABA DE COMUNICACIÓN ANEXA ( FOLIO 128, 136 Y 137 DE LA PIEZA 1); SI EMBARGO DICHAS COMUNICACIONES SON APRECIADOS COMO ACTOS DE TRAMITE QUE NADA APORTAN A LA RESOLUCIÓN DEL HECHO OBJETO DE PRESENTE JUICIO, SALVO QUE REFUERZA EL CRITERIO, POR DEMÁS ASENTADO Y PROBADO, QUE A TRAVÉS DE LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE SE PRESENTARON LOS TÍTULOS 495 Y 496, PARA SER NEGOCIADOS.

         ES PERTINENTE TAMBIÉN SEÑALAR QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL, POR DECISIÓN DE FECHA 16 DE ENERO DE 1997, ORDENO LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 AL CIUDADANO R.T.A., COMO EL MISMO ACUSADO LO HA MANIFESTADO EN VARIAS OPORTUNIDADES LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (FOLIOS 127 AL 136 DE LA PIEZA 2), Y QUE EL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, REMITE UN OFICIO Nº CJ-C-97-10-230 AL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, COMUNICÁNDOLE QUE POR DISPOSICIÓN JUDICIAL, SE HABÍA PROCEDIDO A ENTREGAR A R.T.A., LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496; PERO QUE TANTO LA ORDEN JUDICIAL DE ENTREGA COMO EL CITADO OFICIO, NO APORTAN ASPECTOS SUSTANCIALES PARA LA RESOLUCIÓN DEL HECHO OBJETO DE JUICIO, Y SOBRE TODO PARA LA DETERMINACIÓN O NO DE RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO.

         DE ESTAS DECLARACIONES SURGEN ELEMENTOS QUE APUNTALAN EL CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS BONOS NÚMEROS 495 Y 496, POR PARTE DE R.T.A., YA QUE COMO EL MISMO LO SEÑALO EN LA AUDIENCIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007, C.A.T. DESDE EL 31-12-1992, TENIA CONOCIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN, Y ADEMÁS CONOCÍA A F.G.B., POR SER ESTE AMIGO DESDE LA INFANCIA DE SU TÍO R.T.A., ADMINICULANDO EL DICHO DE J.C.D., DE QUE C.A.T. LE DIJO QUE LA PROPIEDAD DE LOS BONOS ERA EL RESULTADO DE LA CANCELACIÓN DE UNA OBRA PUBLICA REALIZADA, ES EVIDENTE QUE SE TRATABA DE ENCUBRIR LA VERDADERA PROCEDENCIA DE LOS TÍTULOS, MÁXIME QUE COMO LO DECLARO R.A. ALDANA MARTINEZ, ALCALA TORRES NUNCA LE DIJO QUE TENIA VINCULO DE SANGRE CON R.T.A..

         R.T.A., EN UNA SERIE DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS POR SU LECTURA EN JUICIO, TRAZO LA LÍNEA DE PROBAR EL ORIGEN LICITO DEL DINERO EMPLEADO PARA LA PRETENDIDA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, ASÍ COMO LA ACREDITACIÓN DE SU CAPACIDAD DE PAGO PARA REALIZAR TAL ADQUISICIÓN (CAPITULO XIX DE SU ESCRITO DE PROMOCIÓN DE PRUEBA), Y A CUYO EFECTO INDICO UNA SERIE DE DOCUMENTOS Y RECAUDOS, APRECIADOS EN EL CAPITULO III DE ESTA SENTENCIA, SIN EMBARGO, ESA SERIE DE DOCUMENTOS Y RECAUDOS OFERTADOS PARA PROBAR SU CAPACIDAD ECONÓMICA O FINANCIERA ( ORIGEN ILÍCITO Y CAPACIDAD DE PAGO), SOLO ACREDITAN, A CRITERIO DE ESTE JUZGADOR, MEDIOS O RECURSOS ECONÓMICOS DEL ACUSADO, PERO QUE NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON EL PRETENDIDO PAGO QUE HIZO DICHO CIUDADANO DE 1.500.000,00 DÓLARES AL CIUDADANO FERNANDO BRICEÑO GONZALEZ, MÁXIME QUE ESTE PAGO NO SE PROBO QUE EFECTIVAMENTE SE HAYA REALIZADO Y RECIBIDO, APARTE DEL HECHO DE QUE LA EXPERTICIA CONTABLE PRACTICADA EN LA PERSONA DE R.T.A., POR LOS FUNCIONARIOS WILLIAN VELASQUEZ Y J.M. GUEVARA, ADSCRITOS A LA DIVISIÓN DE EXPERTICIAS CONTABLES DEL EXTINTO CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, NO FUE APRECIADA POR ESTE JUZGADOR, YA QUE NINGUNO DE LOS FUNCIONARIO ANTES CITADOS, COMPARECIÓ A RENDIR TESTIMONIO EN JUICIO, A LOS FINES DEL RESPECTIVO CONTRADICTORIO Y CONTROL POR LAS PARTES, SIENDO QUE LA MISMA NO FUE REALIZADA BAJO LAS REGLAS DE LA PRUEBA ANTICIPADA. A ESTE RESPECTO LA SALA DE CASACIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN SENTENCIA Nº 314 DEL 15 DE JUNIO DE 2.007 (EXPEDIENTE 07-0046, CON PONENCIA DE LA MAGISTRADA DEYANIRA NIEVES BASTIDAS SEÑALO LO SIGUIENTE: “AL RESPECTO CONSIDERA LA SALA QUE LA PRUEBA TESTIMONIAL DEL EXPERTO, PARA QUE TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, HA DEBIDO PROMOVERSE LA PRUEBA DOCUMENTAL O PERICIAL, PUES SE ENTIENDE QUE LO DICHO POR EL FUNCIONARIO QUE PRACTICO EL EXAMEN MEDICO LEGAL A LA VICTIMA, VERSA SOBRE LA EXPERTICIA REALIZADA, Y LAS PARTES PODRÁN IMPUGNAR LA UNA Y LA OTRA SI EXISTIESE ALGUNA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS MISMAS”. POR LO QUE APARTE DE QUE NO SE PROBO QUE EL ACUSADO HAYA EFECTIVAMENTE CANCELADO LA REFERIDA CANTIDAD EN DÓLARES, NI QUE F.G.B. HAYA EFECTIVAMENTE RECIBIDO ESA CANTIDAD, DEBEMOS SEÑALAR QUE EL HECHO OBJETO DEL JUICIO NO ES LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA O FINANCIERA DEL ACUSADO, SINO PROBAR SI EFECTIVAMENTE O NO TUVO PARTICIPACIÓN EN EL DELITO OBJETO DE ACUSACIÓN POR EL MINISTERIO PUBLICO, TANTO ES VALEDERA ESTA AFIRMACIÓN QUE EN JUICIO EL ACUSADO EN EJERCICIO DEL DERECHO A LA DEFENSA, NO ESTABLECIÓ NI PROBO QUE SU CAPACIDAD DE PAGO Y EL ORIGEN LICITO DE SU DINERO SE RELACIONARA DIRECTAMENTE CON SU “ADQUISICIÓN” DE BUENA FE DE LOS TÍTULOS 495 Y 496. PERO ADEMÁS ES ELEMENTAL QUE ESA CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE PUEDA TENER UNA PERSONA, NO ES ÓBICE PARA COMO AUTOR O PARTICIPE COMETA UN HECHO PUNIBLE.

         IGUALMENTE EL, ACUSADO ENTRE LOS MEDIOS DE PRUEBAS OFERTADOS PARA PROBAR LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES TÍTULOS 495 Y 496, Y QUE FUERAN APRECIADOS POR ESTE TRIBUNAL, SEÑALO:

         1) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO RELATIVO A LA OPCIÓN DE COMPRA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE INMOBILIARIA A.C.A, CASA-QUINTA QUE ESTA UBICADO EN LA AVENIDA ORINOCO DE LA URBANIZACIÓN LAS MERCEDES, DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, CELEBRADO ENTRE SAUL CUENCA ARELLANO, COMO APODERADO DE LA CITADA INMOBILIARIA, Y EL CIUDADANO VENANZIO G.G., POR UN MONTO DE 1.650.000 DÓLARES; DOCUMENTO NOTARIADO EN FECHA 8 DE JUNIO DE 1999(FOLIOS 207 AL 212 DE LA PIEZA 26).

         2) DOCUMENTO DE VENTA DEL INMUEBLE SUPRA IDENTIFICADO, CELEBRADO ENTRE SAUL CUENCA ARELLANO, COMO APODERADO DE INMOBILIARIA A.C.A., Y EL CIUDADANO VENANZIO G.G., POR LA CANTIDAD DE 1.650.000,00 DÓLARES, REGISTRADO EN LA OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO PUBLICO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA DE FECHA 8 DE JULIO DE 1999(FOLIO 213 AL 218 DE LA PIEZA 26).

         CIERTAMENTE, A CRITERIO DE ESTE JUZGADOR ESA DOCUMENTACIÓN NO SOPORTA LA “ADQUISICIÓN” Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES TÍTULOS 495 Y 496, POR PARTE DE R.T.A., NI SON UN ANTECEDENTE SOBRE LA RECEPCIÓN DE UNA CANTIDAD DE DINERO, Y ELLO POR LA SENCILLA RAZÓN DE QUE LAS OPERACIONES A QUE SE REFIEREN ESOS DOCUMENTOS SON DE FECHA 1999, ES DECIR, CELEBRADAS DESPUÉS DE SEIS (6) AÑOS DE ACAECIDO EL HECHO RELATIVO A LA NEGOCIACIÓN QUE SE PRETENDIÓ HACER DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, POR INTERMEDIO DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, POR ENDE, LOS FONDOS QUE EN UN CIERTO PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDIERON A R.T.A., LOS RECIBIÓ SEIS (6) AÑOS DESPUÉS DE LA “PRETENDIDA” ADQUISICIÓN DE LOS TÍTULOS MENCIONADOS.

         TAMBIÉN EL ACUSADO R.T.A., PARA PROBAR, SEGÚN SU DICHO, EL ORIGEN ILÍCITO DEL “DINERO EMPLEADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NUMERO 495 Y 496”, OFERTO Y FUE APRECIADO POR SU LECTURA UN INFORME DE AVALUÓ DE INMUEBLES PROPIEDAD DE INMOBILIARIA A.C.A., PRACTICADO POR EL INGENIERO CIVIL J.R., (FOLIOS 219 AL 226 DE LA PIEZA 28).

         SOBRE ESE INFORME DE AVALUÓ RINDIÓ TESTIMONIO EL CIUDADANO J.A. RUGARCIA DORANTES, QUIEN SEÑALO QUE PRACTICO UN AVALUÓ SOBRE DIECISÉIS (16) INMUEBLES PROPIEDAD DE LA INMOBILIARIA A.C.A., Y QUE LO FIRMO EN EL AÑO 2003, YA QUE CIERTAMENTE DETERMINARON VALORES AL 2003. ESTE AVALUÓ SOLO PRUEBA EL VALOR DE UN CONJUNTO DE INMUEBLES PARA EL AÑO 2003, PROPIEDAD DE LA CITADA INMOBILIARIA, EN LA CUAL TENIA UN PORCENTAJE ACCIONARIO R.T.A., PERO NADA MAS, SIN QUE PUEDA ESTABLECERSE UN MARCO DE RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL VALOR DE LOS MISMOS, Y EL DINERO QUE SE ALEGA SE PAGO A F.G.B. POR UN MONTO DE 1.500.000,00 DÓLARES, MÁXIME QUE ESE AVALÚO NO SE REFIERE A INMUEBLES QUE SE HAYAN VENDIDO O NEGOCIADO POR INMOBILIARIA ANELIZ, C.A., ANTES DE LA FECHA DE LA PRETENDIDA ADQUISICIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496. POR OTRA PARTE, ESE AVALUÓ PRESENTA UNA IRREGULARIDAD, Y ES QUE SE PRESENTO COMO PROPIEDAD DE LA MENCIONADA INMOBILIARIA EL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LAS MERCEDES, CUANDO SABEMOS QUE DICHO INMUEBLE YA HABÍA SIDO VENDIDO POR LA INMOBILIARIA A.C.A., EN EL AÑO 1999, AL CIUDADANO VENANZIO G.G..

         DICHO LO ANTERIOR, TOCA REFERIRNOS A LA DECLARACIÓN RENDIDA EN JUICIO POR EL CIUDADANO E.P. GAMBOA, QUIEN EN RIGOR NO PRÁCTICO EXPERTICIA ALGUNA, SINO QUE EN FECHA 7 DE ENERO DE 1996, RINDIÓ TESTIMONIO EN UN ÓRGANO JURISDICCIONAL SOBRE LA BASE DE UNOS DOCUMENTOS CONTENTIVOS EN UNA CARPETA, LOS CUALES DIJO HABER REVISADO Y NO LOCALIZAR NINGÚN DOCUMENTO QUE COMPROBARA O ACREDITARA QUE ESOS BONOS 495 Y 496, FUERAN PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. PARA ESTE JUZGADOR, ESTE TESTIMONIO DEBE SER ANALIZADO EN EL CONTEXTO DE UNA PERSONA QUE EXPRESAMENTE DIJO NO TENER CONOCIMIENTO DEL DECRETO 1826, NI CONOCER EL ORIGEN DE LA OPERACIÓN FINANCIERA QUE CAUSO EL NACIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES EMITIDOS CON BASE AL CITADO DECRETO. LA DEFENSA DEL ACUSADO AL IGUAL QUE LO HIZO CON OTROS EXPERTOS Y TESTIGOS, A LAS PREGUNTAS 2, 3, Y 4, TRATO DE ESTABLECER UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS DOCUMENTOS CITADOS EN LAS PREGUNTAS Y LOS BONOS NÚMEROS 495 Y 496, CUANDO SUPRA PROBAMOS QUE EL OFICIO Nº HCP-1967 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987; EL OFICIO Nº HCP-728 DE FECHA 17 DE JULIO DE 1990, Y EL MEMORANDUM DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, NUMERO DLIE/135, SON DOCUMENTOS QUE NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TÍTULOS 495 Y 496, EN EL SENTIDO QUE ALLÍ NO APARECEN MENCIONADOS, Y ELLO SE DEBE A QUE EL NACIMIENTO ES POSTERIOR A LO SEÑALADO EN LOS CITADOS DOCUMENTOS, QUE SE REFERÍAN AL TITULO 1, 1-A Y 2-A, COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, PERO QUE SON EL ANTECEDENTE TEMPORAL Y DOCUMENTAL DE LA FUTURA SUSTITUCIÓN DE LOS TÍTULOS 1-A, Y 2-A MAS 35 CERTIFICADOS POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, CADA UNO, POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, ENTRE LOS CUALES ESTABAN EL 495 Y EL 496. VEMOS LUEGO COMO EL EXPERTO, EN EL INTERROGATORIO DEL JUEZ, TENIENDO MAYOR INFORMACIÓN Y CON LA VISTA Y MANIFIESTO DEL ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, SEÑALO A PREGUNTAS DEL JUEZ QUE LOS OFICIOS HCP-1967, HCP-728, ACTA DE 13 DE JULIO DE 1990 Y ACTA DEL 13-03-1991, TODOS GUARDAN RELACIÓN, POR LOS MONTOS Y LA SUSTITUCIONES, Y QUE EL ORIGEN LEGAL ES EL DECRETO 1826; POR LO QUE CON BASE A ESTAS AFIRMACIONES HECHAS CON PREVIO Y MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS HECHAS POR EL CIUDADANO ELIO GAMBOA PEÑA, Y CON LAS DOCUMENTALES CURSANTES EN EL ANEXO 13 (COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES), ANEXO 24 COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, DOCUMENTACIÓN DE SIEMENS S.A., Y LIBRO DE COLOCACIONES EN DÓLARES), ADMINICULADO A LOS TESTIMONIOS DE NINOSKA GONZALEZ Y Y.B. VEGAS, SUPRA EXPLICADOS Y ANALIZADAS, QUE PRUEBAN LA TITULARIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE TITULO 1, LUEGO DE LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, Y LUEGO DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, ESTE JUZGADOR DESESTIMA LA AFIRMACIÓN DEL CIUDADANO E.P. GAMBOA DE QUE NO PODÍA DAR FE DE LA TITULARIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE LOS CITADOS CERTIFICADOS Y DE LA PRESENCIA DE LOS MISMOS EN LA BÓVEDA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         DE HECHO Y DE DERECHO ESTA DEMOSTRADO, ACREDITADO Y FUNDAMENTADO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA TESTIMONIALES Y DOCUMENTALES, QUE HAN SIDO ANALIZADOS Y COMPARADOS, QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN) NÚMEROS 495 Y 496, EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826, SON PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE TIENEN SU ANTECEDENTE TEMPORAL E INSTITUCIONAL EN LA PRIMIGENIA COLOCACIÓN DE UN TITULO Nº 1, A LA REFERIDA INSTITUCIÓN BANCARIA, QUE LUEGO LE FUERON SUSTITUIDOS POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, Y ESTOS A SU VEZ SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, ENTRE LOS CUALES ESTABAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, COMO SE EVIDENCIO DEL ACTA DE 13-03-1991; QUE POR ESOS TÍTULOS EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COBRO Y LE FUERON PAGADOS INTERESES POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SIENDO LA ULTIMA FECHA DE PAGO EL 20-11-1992, Y QUE NO HABIENDO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DESPUÉS DE ESTA FECHA, CELEBRADO NINGUNA OPERACIÓN DE VENTA DE LOS CITADOS TÍTULOS, LOS MISMOS PERMANECIERON EN SU BÓVEDA DEL DEPARTAMENTO O GERENCIA DE VALORES, HASTA QUE FUERON SUSTRAÍDOS, SUSTRACCIÓN QUE SIN DUDA ALGUNA SE OPERO EN UNA FECHA POSTERIOR, NO DETERMINADA, AL 20-11-1992, TENIENDO POSESIÓN DE LOS MISMOS EL ACUSADO R.T.A., QUIEN LOS RECIBIÓ, NO LOS ADQUIRIÓ, A SABIENDAS DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS TÍTULOS, SIN QUE ESTE DEMOSTRADO QUE HAYA PARTICIPADO EN EL DELITO QUE COMPORTA LA SUSTRACCIÓN DE LOS TÍTULOS DE LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; RECEPCIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 POR PARTE DEL ACUSADO QUE CON CERTEZA SE DEMOSTRÓ, ASÍ COMO SU CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS MISMOS, AL PUNTO QUE TAMBIÉN SE DEMOSTRÓ FUERA DE TODA DUDA RAZONABLE, TODO EL ENTRAMADO DOCUMENTAL, ENTRE PRIVADOS, QUE SE PREPARO PARA LOGRAR EL COBRO DE LOS TITULOS, COMO SE ACREDITO INDUBITABLEMENTE, INCLUSO SUPLANTANDO LA IDENTIDAD DEL CIUDADANO J.F.R.R., A QUIEN OTRO PARTICIPANTE EN EL HECHO, PERO CON CONOCIMIENTO DE R.T.A., LE COLOCO O ASIGNÓ LA PROPIEDAD DE LOS TÍTULOS 495 Y 496. FUERA DE TODA DUDA, LA CONDUCTA PUESTA EN ACCIÓN POR EL ACUSADO, ENCUADRA EN EL SUPUESTO DE HECHO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 472, PRIMERA PARTE DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL MOMENTO DEL HECHO. EN CONSECUENCIA, LA ACCIÓN O CONDUCTA DEL ACUSADO ES TÍPICA.

         (...)

         “EN EL DELITO DE APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO ES LA PROPIEDAD, Y LA BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN RECEPCIÓN Y POSESIÓN DE DINERO, COSAS U OTROS OBJETOS, Y SI BIEN EL TIPO PENAL DEL ARTICULO 472 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA 1992 Y 1993, EXIGÍA EN ELEMENTO PSICOLÓGICO, ES DECIR, QUE LA PERSONA SUPIERA DE LA ILICITUD DE LA PROVENIENCIA DE LO QUE SE ADQUIERE, RECEPCIONA O SE POSEE, Y ASÍ LO MANIFIESTA, PERO TAMBIÉN ESE ELEMENTO PSICOLÓGICO SE DEDUCE, SE ESTRUCTURA O SE TIENE DE UN CONJUNTO DE DATOS Y ACTOS OBJETIVOS PUESTOS EN ACCIÓN POR EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, QUE FUE LO QUE HIZO EL ACUSADO CON ESE CONJUNTO DE ACTOS DOCUMENTALES PRIVADOS Y PÚBLICOS, DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYE LA PRESENCIA DE F.G.B., POR INSTRUCCIONES SUYAS, COMO EL MISMO LO ADMITIÓ, EN LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE TRATANDO DE NEGOCIAR LOS TÍTULOS 495 Y 496. EN CONSECUENCIA, LA CONDUCTA EJECUTADA, TENIDA O PUESTA EN ACCIÓN CONCRETA POR EL ACUSADO ES ANTIJURÍDICA.

         (...)

         EN RAZÓN DE QUE EL PROPIO ACUSADO TRAJO A COLACIÓN LA ACTUACIÓN CUMPLIDA EN EL CASO POR EL SUPRIMIDO JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO, DEBEMOS SEÑALAR QUE ES CIERTO QUE EN UN MOMENTO DETERMINADO ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL RECONOCIÓ EL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE ADQUIRENTE DE BUENA FE DE R.T.A., MEDIANTE DECISIÓN DE FECHA 16 DE ENERO DE 1.997, EN LA QUE SE DIJO QUE ERA UN POSEEDOR DE BUENA FE, Y ORDENO LA DEVOLUCIÓN A DICHO CIUDADANO DE LOS CERTIFICADOS NÚMEROS 495 Y 496, QUE SE ENCONTRABAN EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (ESTA DECISIÓN CURSA DEL FOLIO 126 AL 134 DE LA PIEZA 2).

         PERO TAMBIÉN EN ESA MISMA FECHA, EL MENCIONADO ÓRGANO JURISDICCIONAL, CON VISTA DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO M.J.G. LANDAETA Y OTROS ELEMENTOS CONSIDERO QUE CON RELACIÓN A LA SUSTRACCIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, SE HABÍA COMETIDO UN HECHO PUNIBLE PERSEGUIBLE DE OFICIO, CUYA ACCIÓN NO ESTABA PRESCRITA, CONSISTENTE EN EL DELITO DE HURTO CALIFICADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 455 ORDINAL 1º DEL CÓDIGO PENAL, DECRETÁNDOSE MANTENER ABIERTA LA AVERIGUACIÓN, INDICÁNDOSE COMO MOTIVACIÓN LO SIGUIENTE:

         (...)YA QUE ESTA DEMOSTRADO QUE EL DELITO FUE COMETIDO POR ALGUNA PERSONA QUE ABUSO DE LA CONFIANZA… DEPOSITADA POR EL SUJETO PASIVO (BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA) EN EL AGENTE AUTORA DEL HECHO; PERO, TAL PERSONA NO HA SIDO POSIBLE DETERMINARSE A CIENCIA CIERTA CON LOS ELEMENTOS EXISTENTES EN AUTOS (…)

         Y CON RESPECTO A LA DECISIÓN DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES QUE TAMBIÉN MENCIONA Y CITA ACUSADO EN SU EXPOSICIÓN, DEBEMOS SEÑALAR QUE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA MISMA SOLO SE REFIERE A LA ABSOLUCIÓN DE LA CIUDADANA N.O., SIN QUE CONTENGA REFERENCIA O PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE LA PERDIDA O SUSTRACCIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496; POR ENDE PODEMOS AFIRMAR QUE ESTA VIGENTE EL PRONUNCIAMIENTO DE MATERIALIDAD DELICTIVA Y DE HURTO CALIFICADO, RESPECTO DE LOS TÍTULOS ANTES CITADOS, ASÍ COMO EL DE AVERIGUACIÓN ABIERTA, QUE HABÍA DECRETADO EL 16 DE ENERO DE 1997, EL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA SUPRA IDENTIFICADO (LA DECISIÓN DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES CURSA A LOS FOLIOS 349 AL 362 DE LA PIEZA 7.

         LA DOS DECISIONES DICTADAS POR EL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, EN FECHA 16 DE ENERO DE 1.997, Y LA DICTADA EN FECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2000 POR LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, QUE SUPRA HEMOS MENCIONADO, LAS APRECIO ESTE JUZGADOR COMO HECHO NOTORIO JUDICIAL, EN PRIMER TERMINO PORQUE LAS DICTADAS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL SE RELACIONAN, UNA, CON EL PRONUNCIAMIENTO DE HURTO CALIFICADO Y DE AVERIGUACIÓN ABIERTA POR LA SUSTRACCIÓN DE LOS BONOS 495 Y 496, Y LA OTRA, CON LA ORDEN JUDICIAL DE ENTREGA AL CIUDADANO R.T.A. DE LOS BONOS ANTES CITADOS, Y LA DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES (SALA QUINTA) SE REFIERE A UN PRONUNCIAMIENTO ABSOLUTORIO DE LA CIUDADANA N.O., QUE HABÍA SIDO CONDENADA POR UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE PECULADO CULPOSO, QUE ESTABA RELACIONADO CON LA SUSTRACCIÓN DE LOS BONO 495 Y 496 Y LAS FUNCIONES DE DICHA CIUDADANA COMO GERENTE DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         LAS TRES DECISIONES ANTES REFERIDAS ESTÁN INSERTAS EN EL CUERPO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL, POR LO QUE SON DEL CONOCIMIENTO DIRECTO DE ESTE JUZGADOR Y ESTÁN RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL HECHO OBJETO DEL PRESENTE JUICIO

         ...

         (...)

         “EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, COMPROBADA O ACREDITADA LA MATERIALIDAD DEL DELITO APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, CON BASE A LA ACCIÓN TÍPICA PUESTA EN ACCIÓN POR EL ACUSADO R.T.A., EN RAZÓN DE QUE LA CONDUCTA DESARROLLADA SE ADECUÓ AL SUPUESTO DE HECHO CONTENIDO EN EL TIPO PENAL, POR LO TANTO, LA CONDUCTA ES ANTIJURÍDICA, Y QUE EL ACUSADO ES CULPABLE Y RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DEL DELITO SUPRA REFERIDO, EN PERJUICIO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ESTE JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO, ACOGIENDO LA CALIFICACIÓN JURÍDICA PRESENTADA Y SOSTENIDA EN EL CURSO DEL JUICIO POR EL FISCAL DÉCIMO NOVENO DEL MINISTERIO PUBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, ES DEL CRITERIO DE CONDENAR AL ACUSADO R.T.A., QUIEN HABÍA EXPRESAMENTE RENUNCIADO A LA INSTITUCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, POR LA CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN COMO COAUTOR DEL DELITO SUPRA MENCIONADO, POR LO QUE LA PRESENTE SENTENCIA SERÁ CONDENATORIA TODO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 26 Y 253 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 22, 173, 175 EN SU ENCABEZAMIENTO, 177, 361, 362, 365 Y 367, TODOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL. Y ASÍ SE DECLARA

         CAPITULO V

         DETERMINACIÓN DE LA PENA A CUMPLIR

         HA QUEDADO SUPRA ESTABLECIDO LA CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO R.T.A., COMO COAUTOR DEL DELITO DE APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 472, PRIMER APARTE DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA LE MOMENTO DEL HECHO, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTES:

         EL QUE FUERA DE LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 225, 226,257 Y 258 ADQUIERE, RECIBE O ESCONDE DINERO O COSAS PROVENIENTES DE DELITO O EN CUALQUIER FORMA SE ENTROMETE PARA QUE SE ADQUIERAN, RECIBAN O ESCONDAN DICHO DINERO O COSAS, SIN HABER TOMADO PARTE EN EL DELITO MISMO, SERÁ CASTIGADO CON PRISIÓN DE TRES MESES A UN AÑO.

         SI EL DUEÑO O LAS COSAS PROVENIENTES DE UN DELITO CASTIGADO CON PENA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL POR UN TIEMPO MAYOR DE TREINTA MESES, EL CULPABLE SERÁ CASTIGADO CON PRISIÓN SEIS MESES A DOS AÑOS (…).

         LA PENA PREVISTA EN EL PRIMER APARTE DEL ARTICULO 472 CITADO ES DE SEIS (6) MESES A DOS (2) AÑOS, Y ESTA EN PRINCIPIO ES LA APLICABLE AL CASO, YA QUE COMO SE DEJO SUPRA EN EL CAPITULO IV, POR LA SUSTRACCIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DETERMINO MATERIALIDAD DELICTIVA POR HURTO CALIFICADO, QUE PARA EL MOMENTO DEL PRONUNCIAMIENTO TENIA UNA PENA DE PRISIÓN E 4 A 8 AÑOS.

         EN CONSECUENCIA, LA PENA MEDIA NORMALMENTE APLICABLE PARA EL DELITO DE APROVECHAMIENTO ES DE UN (1) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, ES DECIR QUINCE (15) MESES DE PRISIÓN.

         AHORA BIEN, EL ACUSADO R.T.A. NO TIENE ANTECEDENTES PENALES NI REGISTROS POLICIALES, POR LO QUE SE ESTRUCTURA A FAVOR DEL ACUSADO LO QUE EN DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA SE CONOCE COMO BUENA CONDUCTA PREDELICTUAL QUE COMO PARÁMETRO ATINENTE AL ACUSADO POR SU COMPORTAMIENTO SOCIAL Y ACATAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN PENAL PATRIA, ANTES DEL ACAECIMIENTO DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO, MERECE SER TOMADO EN CONSIDERACIÓN, A LOS EFECTOS DE APLICAR LA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA EN EL ARTICULO 74 NUMERAL 4 DEL CÓDIGO PENAL

         ...

         (...)

         POR ELLO, ESTE JUGADOR APRECIA LA BUENA CONDUCTA PREDELICTUAL COMO UN PARÁMETRO QUE HACE APLICABLE LA ATENUANTE GENÉRICA EN CUESTIÓN, REBAJÁNDOSE LA PENA EN DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, CON LO CUAL LA PENA QUE EN DEFINITIVA HA DE CUMPLIR EL ACUSADO ROGER RORRES ARELLANO, ES DE UN (1) AÑOS DE PRISIÓN, CONDENÁNDOLO IGUALMENTE A LAS PENA ACCESORIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 16 DEL CÓDIGO PENAL. SE EXONERA AL ACUSADO DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 Y 254 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ASÍ MISMO, SE ORDENA LA INCAUTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES (DPN) NÚMEROS 495 Y 496 SERIE G, TERCERA EMISIÓN, POR UN VALOR DE TRES MILLONES DE DÓLARES (US$ 3.000.000) CADA UNO, EMITIDOS CONFORME DECRETO NRO. 1826, DEL 12-11-1987, EN BASE A LA LEY DEL 28-12-1985, CON FECHA DE EMISIÓN 13-11-1987, CON FECHA DE COLOCACIÓN 20-11-1987, CON FECHA DE VENCIMIENTO 12-11-1995, CADA UNO POR TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS; Y SU ENTREGA Y/O PAGO A SU LEGITIMO PROPIETARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; IGUALMENTE SE ORDENA OFICIAR AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y C.D.V.D.B.C.D.V. NOTIFICANDO DE LA INCAUTACIÓN DECRETADA DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL NÚMEROS 495 Y 496, Y DE QUE SOLO DEBEN SER CANCELADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. ASÍ MISMO SE ORDENA OFICIAR AL PRESIDENTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA NOTIFICÁNDOLO DE LA PRESENTE SENTENCIA CONDENATORIA Y DE LO ANTES ACORDADO. Y ASÍ SE DECLARA.

         MEDIOS DE PRUEBAS QUE NO SE APRECIARON A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA

         A) EN EL PRESENTE CASO SE NO SE APRECIAN A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA LAS DOCUMENTALES OFERTADAS, ADMITIDAS Y RECEPCIONADAS POR SU LECTURA POR EL REPRESENTANTE FISCAL, Y QUE CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES:

         1.- ACTA DE FECHA 15/11/96, LEVANTADA POR EL SUPRIMIDO JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN COMPAÑÍA DE LA FISCAL TRIGÉSIMO PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, CONSTITUIDO DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL EN LA SEDE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ANTE QUIENES LA CIUDADA.M.C.P. DE HERRERA, GERENTE DE INVERSIONES DE DICHA INSTITUCIÓN BANCARIA, APORTO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CERTIFICADOS 495 Y 496.

         2.- ACTA DE FECHA 21/11/96, LEVANTADA POR EL SUPRIMIDO JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, EN COMPAÑÍA DE LA FISCAL TRIGÉSIMO PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, CONSTITUIDO DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL EN LA SEDE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ANTE QUIENES EL CIUDADANO G.R., JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALORES DE DICHO ENTE FINANCIERO, APORTO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CERTIFICADOS 495 Y 496.

         LOS CITADOS MEDIOS PROBATORIOS OFERTADOS, ADMITIDOS Y RECEPCIONADOS POR SU LECTURA, NO SE APRECIAN EN RAZÓN DE QUE LA CIUDADA.M.C. PÈREZ DE HERRERA NO RINDIÓ TESTIMONIO EN JUICIO, Y NO SIENDO RENDIDA BAJO LAS REGLAS DE LA PRUEBA ANTICIPADA, NO ES POSIBLE QUE DICHA ACTA CONTENTIVA DE SU EXPOSICIÓN SEA APRECIADA EN ESTA SENTENCIA COMO DOCUMENTAL, Y EN EL CASO DE N.O., TAMPOCO PUEDE APRECIARSE DICHA ACTA, YA QUE DICHA CIUDADANA RINDIÓ TESTIMONIO EN JUICIO, SIENDO EL MISMO CONTROLADO POR LAS PARTES.

         3. REPORTE DE FECHA 26/01/1993, SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO L.F., ADSCRITO A LA DIVISIÓN NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL.

         4.- REPORTE DE FECHA 28/01/1993, SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO L.F., ADSCRITO A LA DIVISIÓN NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL.

         5.- REPORTE DE FECHA 29/01/1993, SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO L.F., ADSCRITO A LA DIVISIÓN NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL.

         6.- REPORTE DE FECHA 02/02/93, SUSCRITA POR EL FUNCIONARIO L.F., ADSCRITO A LA DIVISIÓN NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL.

         7.- MEMORANDO NÚMERO 9700-043-1153 DE FECHA 02/02/1993, SUSCRITO POR EL COMISARIO GENERAL G.A.J., QUIEN PARA LA FECHA ERA EL JEFE DE LA DIVISIÓN GENERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, REMITIDO A LA SALA DE ARCHIVO, A LOS FINES DE INCLUIR A LOS CIUDADANOS R.T.A., TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-2.930.567 Y GONZALEZ BRICEÑO F.A., TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V-2.944.613 EN EL REGISTRO DE PERSONAS SOLICITADAS.

         8.- REPORTE DE FECHA 09/03/93, SUSCRITA POR EL FUNCIONARIO L.F., ADSCRITO A LA DIVISIÓN NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL.

         9.- CONSTANCIA DE MOVIMIENTO MIGRATORIO CORRESPONDIENTE AL CIUDADANO F.A.G.B., TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-2.994.613, CURSANTE AL FOLIO 230 DE LA PRIMERA PIEZA, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE EXTRANJERÍA DEL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES, MEDIANTE LA CUAL SE CERTIFICA QUE EN EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/91 Y EL 28/09/93, DICHO CIUDADANO NO REGISTRO MOVIMIENTO MIGRATORIO.

         LOS MEDIOS INDICADOS EN LOS NÚMEROS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, NO SE APRECIAN POR CUANTO SON ELEMENTOS QUE SUSTANCIALMENTE NO APORTAN ELEMENTOS DE INTERÉS CON RELACIÓN AL OBJETO DEL PRESENTE JUICIO, MÁXIME QUE EL FUNCIONARIO L.F. NO RINDIO DECLARACIÓN EN JUICIO Y FUERON DEBIDAMENTE INTERROGADOS POR LAS PARTES. POR OTRA PARTE ESE MOVIMIENTO NEGATIVO DE MIGRACIÓN DEL CIUDADANO F.A.G.B., QUEDO DESVIRTUADO POR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRUEBA LOS INGRESOS Y SALIDAS EN ESE PERIODO DE DICHO CIUDADANO, AUNQUE ESTA CERTIFICACIÓN POSITIVA DE MIGRACIÓN SOLO ACREDITA ENTRADAS Y SALIDAS DEL PAÍS, Y EN LOS PAÍSES VISITADOS DURANTE ESE PERIODO. POR OTRA PARTE, LA COMUNICACIÓN DEJANDO PERSONAS SOLICITADAS ES UN ACTO DE INVESTIGACIÓN QUE NADA APORTA A LA RESOLUCIÓN DEL OBJETO DEL JUICIO.

         B) EN EL PRESENTE CASO SE NO SE APRECIAN A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA LAS DOCUMENTALES OFERTADAS POR EL ACUSADO, ADMITIDAS Y RECEPCIONADAS POR SU LECTURA, Y QUE CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES:

         1) COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME DE RATIFICACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 1997, R.T.A., A TRAVÉS DE LA SENTENCIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1997, DE LA EXTINTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

         2) COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, DICTADA EL 6 DE JUNIO DE 1996, POR LA SALA PENAL DE LA EXTINTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

         3) COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, DEL 1 DE JULIO DE 1998, DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, DE LA EXTINTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

         4) COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA, DEL 14 DE AGOSTO DE 1997 DEL EXTINTO TRIBUNAL SUPERIOR DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, RELATIVA AL RECURSO DE AMPARO ACCIONADO POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 16 DE ENERO DE 1993.

         5) COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2000, INSERTA A LOS FOLIOS 176 AL 196, DE LA PIEZA 8, DEL MEDIANTE LA CUAL LOS REPRESENTANTES JUDICIALES ACCIONARON RECURSO DE AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES SALA QUINTA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

         6) COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DE LA SOLICITUD DE AMPARO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES SALA QUINTA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

         LAS ANTERIORES COPIAS CERTIFICADAS NO SE APRECIAN, NI SIQUIERA POR HECHO NOTORIO JUDICIAL POR CUANTO DICHAS SENTENCIAS SE REFIEREN A PUNTOS JUDICIALES QUE NO TOCAN EL ASPECTO PRINCIPAL DEL OBJETO DEL JUICIO MÁXIME QUE POR LA PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES Nº 495 Y 496, UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DETERMINO MATERIALIDAD DELICTIVA Y DECRETO AVERIGUACIÓN ABIERTA, Y QUE POR LA POSESIÓN DE ESOS TÍTULOS EL MINISTERIO PUBLICO PRESENTO ACUSACIÓN CONTRA EL ACUSADO LA CUAL FUE ADMITIDA CELEBRÁNDOSE UN REGULAR JUICIO CON TODAS LAS GARANTÍAS DEBIDAS.

         7) COPIA CERTIFICADA DE LA COMUNICACIÓN DE FECHA 26 DE ENERO DE 1996, INSERTA A LOS FOLIOS 10 AL 11, DEL ANEXO 12/19, ENVIADO POR LA VICEPRESIDENCIA DEL ÁREA DE INVERSIONES Y FINANZAS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, AL DIRECTOR GENERAL SECTORIAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTES AL DECRETO 3144, MANTENIDOS EN CUSTODIA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA.

         8) COPIA CERTIFICADA DE LA COMUNICACIÓN DE FECHA 11 DE ENERO DE 1996, INSERTA AL FOLIO 12, DEL ANEXO 12/19, ENVIADO POR LA VICEPRESIDENCIA DEL ÁREA DE INVERSIONES Y FINANZAS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, AL DIRECTOR GENERAL SECTORIAL DE CRÉDITO PÚBLICO, EN EL CUAL SEÑALA QUE LA SOLICITUD TIENE CARÁCTER DE URGENCIA YA QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ESTA EVALUANDO LA VENTA DE LOS BONOS EMITIDOS SEGÚN EL DECRETO 1826.

         9) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. 6458-00, DIRIGIDO AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EN FECHA 7 DE JULIO DEL 2000, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL CENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, INSERTO AL FOLIO 4, PIEZA 8, RELATIVO AL CONTROL SOBRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496.

         10) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. FCJ-E 832, INSERTO AL FOLIO 80, DE LA PIEZA 8, DEL DIRIGIDO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, POR LA DIRECTORA GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ANEXANDO NO. MF-DGFP-837, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS PUBLICAS, DEL REFERIDO DESPACHO.

         11) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. MF-DGFP-837, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS PUBLICAS, DIRIGIDO A LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN EL QUE SEÑALAN QUE NO CONTROLAN EL RECORRIDO POR EL MERCADO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496

         12) COPIA CERTIFICADA DE LAS DECLARACIONES DE N.O.M., INSERTA A LOS FOLIOS 241 Y VTO, DE FECHA 6 DE ABRIL DE 1994.

         13) COPIA CERTIFICADA DE LOS BALANCES GENERALES MENSUALES SUMINISTRADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS EN LA QUE NO APARECE REGISTRADO A PARTIR DEL AÑO 1993, NINGÚN LITIGIO POR CONCEPTO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, NI LAS PROVISIONES POR CONTINGENCIA CON RELACIÓN A LOS MISMOS TÍTULOS.

         14) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. 6458-00, DIRIGIDO AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EN FECHA 7 DE JULIO DEL 2000, POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, INSERTO AL FOLIO 4, PIEZA 8, RELATIVO AL CONTROL SOBRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496.

         15) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. FCJ-E 832, INSERTO AL FOLIO 80, DE LA PIEZA 8, DIRIGIDO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, POR LA DIRECTORA GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, ANEXANDO NO. MF-DGFP-837, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS PUBLICAS, DEL REFERIDO DESPACHO.

         16) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. MF-DGFP-837, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS PUBLICAS, DIRIGIDO A LA CONSULTORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN EL QUE SEÑALAN QUE NO CONTROLAN EL RECORRIDO POR EL MERCADO DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496 (PIEZA 8, FOLIO 81).

         7) COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN DEL CIUDADANO: J.C.D. YANEZ, PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, EN LAS QUE DA FE DEL A ELABORACIÓN DEL RECIBO DE CUSTODIA EN FECHA 06/01/93, (PIEZA 1 FOLIOS 90, 91 Y 206).

         18) COPIA CERTIFICADA DEL INFORME DE EXPERTICIA CONTABLE, PRACTICADA EN LA PERSONA DE R.T.A., ADSCRITO AL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, DIVISIÓN GENERAL DE TÉCNICA POLICIAL, DIVISIÓN DE EXPERTICIAS CONTABLES, DEPARTAMENTO DE EXPERTICIAS CONTABLES, POR LOS EXPERTOS WILLIANS G VELÁSQUEZ F, Y JOSÉ M GUEVARA, INSERTA A LOS FOLIOS 233 AL 240, DE LA PIEZA 5, DEL EXPEDIENTE.

         ESTA EXPERTICIA NO SE APRECIA EN PRIMER TERMINO, PORQUE NINGUNO DE LOS EXPERTOS QUE LA PRACTICARON COMPARECIERON A RENDIR TESTIMONIO EN JUICIO, NO OBSTANTE HABIENDO SIDO REGULARMENTE CITADOS, Y EN SEGUNDO TERMINO LA PRESTACIÓN NO FUE PRACTICADA BAJO LAS REGLAS DE LA PRUEBA ANTICIPADA, LO QUE IMPIDE SU APRECIACIÓN COMO DOCUMENTAL DE MANERA AUTÓNOMA.

         19) COPIA CERTIFICADA DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INSERTA A LOS FOLIOS, 15,16 Y 17 DE LA PIEZA NO. 1.

         20) COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN DEL CIUDADANO R.Á. ALDANA MARTINEZ, EJECUTIVO DE CUENTAS DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, INSERTAS A LOS FOLIOS 102 AL 103 DE LA PIEZA 1, QUIENES DIERON FE, DE QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, FUERON PRESENTADOS ANTE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PARA SU VERIFICACIÓN.

         21) COPIA CERTIFICADA DE CORRESPONDENCIA, INSERTA A LOS FOLIOS 73 Y 74 DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1994, DIRIGIDA AL MINISTRO DE HACIENDA POR EL PRESIDENTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EN LA QUE SE DA FE DE LA SITUACIÓN DE MOROSIDAD DEL DECRETO 1826.

         22) COPIA CERTIFICADA DE CORRESPONDENCIA, INSERTA A LOS FOLIOS 72, DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 20 DE MAYO DE 1994, DIRIGIDA AL MINISTRO DE HACIENDA POR EL PRESIDENTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EN LA QUE SE PLANTEA NUEVAMENTE LA REGULARIZACIÓN DE LOS PAGOS EN VIRTUD DE LA SITUACIÓN DE MOROSIDAD DEL DECRETO 1826.

         23) COPIA CERTIFICADA DE CORRESPONDENCIA, INSERTA A LOS FOLIOS 75 Y 76, DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1993, DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR LA PRIMERA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EN LA QUE SEÑALA: A) QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ALEGA LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EL CANJE DE LOS TÍTULOS ACORDADO EN EL DECRETO 2569 Y B) Y QUE NO SE CONTEMPLO EN DICHO DECRETO, LO RELATIVO A LOS VENCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 94 Y 95, POR US $ 100.224.0000,OO.

         24) COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN DE N.O.M., INSERTA A LOS FOLIOS 39 AL 41, DE LA PIEZA 1, DONDE DA FE, EN LA PREGUNTA NÚMERO SIETE (7), DE LA MOROSIDAD DEL DECRETO 1826, ANTERIOR A LA FECHA, DEL 6 DE /01/93, EN LA CUAL R.T.A., ADQUIERE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496.

         25) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA, SUSCRITA POR EL GERENTE DE TESORERÍA, POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES, CUSTODIO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTRO DE HACIENDA, POR LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y EXÁMENES DE GASTOS Y BIENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE DA REPUBLICA, INSERTA A LOS FOLIOS 113 AL 114, DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1992, EN LA QUE SE DEJA EN CUSTODIA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, UN (1) CERTIFICADO PROVISIONAL, DESTINADO A FINANCIAR LOS VENCIMIENTOS DE CAPITAL DE LOS AÑOS 1992 Y 1993, DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, EMITIDO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2569

         26) COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN DE C.E.A.T., INSERTA A LOS FOLIOS 61 AL 62 DE LA PIEZA 1, EN LA QUE SEÑALA LA REALIZACIÓN DE GRAN CANTIDAD DE LLAMADAS NACIONAL COMO INTERNACIONALMENTE PARA LA COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496.

         27) COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN DE R.A. ALDANA MARTÍNEZ, DE FECHA 16 DE ENERO DE 1993, INSERTA A LOS FOLIOS 61 AL 62 DE LA PIEZA 1, EN AL QUE SEÑALA QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES AL PORTADOR DECRETO 1826 NÚMEROS 495 Y 496, FUERON PRESENTADOS A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, PARA SU NEGOCIACIÓN.

         28) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA POLICIAL DE FECHA 26/01/1993, EN DONDE EL FUNCIONARIOS: L.F., Y CARLOS NEGRIN, ADSCRITOS A LA DIVISIÓN GENERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE ENTREVISTARON CON EL CIUDADANO: J.C.D. YANES, PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE.

         29) COPIA DE LOS PASAPORTES VENEZOLANOS NÚMEROS: 2.944.613 Y 0781343, EXPEDIDOS EN FECHAS: 25/05/1982 Y 09/06/1992, INSERTO A LOS FOLIOS 19 AL 32, DEL ANEXO 4/19, EN LOS CUALES SE REGISTRAN TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS CORRESPONDIENTES AL MOVIMIENTO MIGRATORIO DEL CIUDADANO: F.G.B. DESDE EL AÑO 1992 HASTA EL AÑO 2000, COMPRENDE ESTOS REGISTROS DIFERENTES PAÍSES: CANADÁ, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO, Y MÉXICO ENTRE OTROS.

         30) COPIA CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA EN EL IBJ SCHRODER BANCK & TRUST COMPANY EL 11 DE ENERO DE 1993, INSERTA A LOS FOLIOS 2, AL 18 DEL ANEXO 4/19.

         31) COPIA CERTIFICADA DE LAS DECLARACIONES DEL CIUDADANO: M.F. MENDIETA MOLINA, INSERTAS A LOS FOLIOS 141 AL 142 DE LA PIEZA 1.

         32) COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE VENTA DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE COLEGIO AMERICANO, CENTRO RESIDENCIAL NARANJAL, TORRE A, PLANTA BAJA, APARTAMENTO NUMERO 2. LAS MINAS DE BARUTA, DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 1981, POR PARTE DEL CIUDADANO F.G.B. AL CIUDADANO M.F. MENDIETA, REGISTRADO EN LA OFICINA SUBALTERNA DEL SEGUNDO CIRCUITO, DE REGISTRO DEL DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

         33) COPIA CERTIFICADA DE LA SOLICITUD POR PARTE DE F.G.B., DE RECABAR EL EXPEDIENTE DEL CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, PARA PRESTAR DECLARACIÓN, INSERTA A LA PIEZA 1, FOLIO 302.

         34) COPIA CERTIFICADA DE CORRESPONDENCIA, INSERTA A LOS FOLIOS 73 Y 74 DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1994, DIRIGIDA AL MINISTRO DE HACIENDA POR EL PRESIDENTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EN LA QUE SE DA FE DE LA SITUACIÓN DE MOROSIDAD DEL DECRETO 1826.

         35) COPIA CERTIFICADA DE CORRESPONDENCIA, INSERTA A LOS FOLIOS 72, DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 20 DE MAYO DE 1994, DIRIGIDA AL MINISTRO DE HACIENDA POR EL PRESIDENTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA EN LA QUE SE PLANTEA NUEVAMENTE LA REGULARIZACIÓN DE LOS PAGOS EN VIRTUD DE LA SITUACIÓN DE MOROSIDAD DEL DECRETO 1826.

         36) COPIA CERTIFICADA DE CORRESPONDENCIA, INSERTA A LOS FOLIOS 75 Y 76, DEL ANEXO 12/19, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1993, DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR LA PRIMERA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EN LA QUE SEÑALA: A) QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ALEGA LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EL CANJE DE LOS TÍTULOS ACORDADO EN EL DECRETO 2569 Y B) Y QUE NO SE CONTEMPLO EN DICHO DECRETO, LO RELATIVO A LOS VENCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 94 Y 95 POR US $ 100.224.0000,OO.

         37) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NO. HGIF-0450, DE FECHA 15 DE MAYO DE 1997, DIRIGIDO A LA GERENCIA DE AVERIGUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EN LA QUE SE INSTA A LA INSTITUCIÓN BANCARIA A APERTURAR LA RESPECTIVA AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA.

         LOS ANTERIORES ELEMENTOS O MEDIOS, INDICADOS EN LOS NÚMEROS 7 AL 37 CON EXCEPCIÓN DEL NÚMERO 18, SE REFIEREN A COMUNICACIONES LA MAYORÍA CON FECHA A PARTIR DEL AÑO 1994, RELACIONADAS CON SOLICITUDES O SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELATIVAS AL DECRETÓ 1.826, QUE SUSTANCIALMENTE NO SE REFIEREN O NO MENOSCABAN EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SOBRE LOS TÍTULOS 495 Y 496 NI TOCAN ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS ACTOS EJERCIDOS POR ESA INSTITUCIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, DEL PAGO DE ESOS INTERESES POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Y DE LA CONTABILIZACIÓN INTERNA DE LOS MISMOS POR EL BENEFICIARIO DE LOS TÍTULOS EN REFERENCIA; IGUALMENTE NO SE APRECIAN NINGUNA DE LAS DECLARACIONES OFERTADAS NI SUPRA MENCIONADAS PORQUE LAS MISMAS NO FUERON RENDIDAS EN JUICIO ORAL Y PUBLICO NI HUBO CONTROL DE LAS MISMAS POR LAS PARTES, Y LOS CIUDADANOS N.O., J.C.D. YANEZ Y R.A. MARTINEZ, CUYA DECLARACIONES SE OFERTARON, DEBIDAMENTE CITADOS COMPARECIERON A JUICIO, RINDIERON TESTIMONIO, FUERON INTERROGADOS POR LAS PARTES Y DEBIDAMENTE APRECIADAS POR ESTE JUZGADOR EN LOS TÉRMINOS SUPRA EXPUESTOS. TAMBIÉN ES DE SEÑALAR QUE MUCHAS DE LAS COMUNICACIONES Y OFICIOS OFERTADOS SE REFIEREN A OTROS DECRETOS DE EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA, QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL DECRETO 1826

         ...,.

         sentencia ésta que fue entonces impugnada a través de...

4. LA APELACION.-

   Su motivación fundamental se trascribe...

   PRIMERA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 49, NUMERAL 7, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, REFERENTES AMBOS A LA COSA JUZGADA

   (...)

   ...Esta es la Relación Procesal ya debatida, de la cual forman parte los ciudadanos: R.T.A. y F.G.B., quienes son sujetos procesales con la condición de PARTE, según el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre quienes recae la Cosa Juzgada y sus efectos, pretender, sustraer de esta relación a estos ciudadanos como lo hace inexplicablemente el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, convalidando la actuación del Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional, contraviniendo, ambos, la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia, constituye a todas luces, una flagrante violación a las garantías contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 49 referente al debido proceso y expresamente a la señalada en el numeral 7, referida a la Cosa Juzgada. Conforman la relación procesal: El delito de Peculado Culposo (Delito accesorio dependiente del componente doloso del Peculado Culposo, individualizado en la Gerente de Valores del Banco Industrial de Venezuela) - delito de Hurto Calificado, como componente doloso del Peculado Culposo (Delito principal, persona o personas desconocidas) - delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito (Delito accesorio y conexo dependiente también del componente doloso del Peculado Culposo, individualizado en R.T.A. y F.G.B. y por otra parte el Ministerio Público.

   SEGUNDA IMPUGNACIÓN:

   Con fecha 12 de Julio del año 2000, el representante del Ministerio Público, propuso Recurso de Casación por ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, contra la sentencia Absolutoria, de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones (Pieza 8, Causa Principal, Folios 38 al 78). En el texto del Recurso de Casación, accionado por el representante del Ministerio Público, cursante a la Pieza 8, Causa Principal, Folio 69, referente a la CUARTA DENUNCIA, también hizo pronunciamiento expreso de los efectos, que sobre el proceso, produce la Cosa Juzgada Material

   ...

   (...)

   “...la existencia de la Cosa Juzgada Material, como presupuesto negativo para imputarle el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, a persona alguna, y del "principio de unidad e indivisibilidad" que rige el Ministerio Público, el Fiscal Décimo Noveno, de esa Institución con Competencia Plena a Nivel Nacional, posteriormente (Dos (2) años después), con fecha 23 de Abril del 2003, presentó ante la jurisdicción de Control, acusación, por los mismos hechos, ya debatidos, en el Juicio finalizado con la sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de los ciudadanos: R.T.A. y F.G.B. (Ver escrito de Acusación: Pieza 11, Causa accesoria, Folios 1 al 71), (sic)

   Con fecha 24 de Mayo del 2001, La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara: Inadmisible el Recurso de Casación propuesto por el Ministerio Público. contra la Sentencia dictada por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones, quedando de esta forma el referido fallo definitivamente firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, ratificando de esta manera la no-existencia del delito de hurto, (como delito principal) mucho menos el aprovechamiento de cosas provenientes de delito, (como delito accesorio o dependiente), situación esta que imposibilita la acusación de los imputados en la causa. (Pieza 8, Causa Principal, Folios 233 al 248). En el cuerpo de la sentencia, en cuanto a la tipificación del delito, señaló la Sala:

   (...)

   Que este pronunciamiento implica que esa acción dolosa del tercero, inexistente, es el presupuesto como delito principal (Hurto Calificado) para que la Sala de Casación penal Absolviese a la funcionaria de la Institución Bancaria y que ese mismo presupuesto como delito principal, de haber existido, era la condición necesaria para iniciar las averiguaciones con relación delito de Aprovechamiento de Cosa Provenientes de Delito, como delito conexo de aquel, para lo cual y en virtud del fallo de la Sala de Casación este impedido no solo de imputarlo a cualquier persona, sino de iniciar una acción en ese sentido. Esta es la verdadera relación procesal, no hay otra; pretender extraer de esta relación a los ciudadanos R.T.A. y F.G.B., es ilegal y contra derecho y fundamentar la acusación sobre hechos ya resueltos judicialmente, con la ayuda de un proceso irrito, conducido por el JUZGADO SEXTO EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, sin acción legítima, carece de toda lógica jurídica ajenas a las garantías que rigen el Debido Proceso.

   (...)

   Es cierto y no dudamos en afirmarlo. Esta sentencia le pone fin al juicio, habiendo permitido las Instancias que han conocido, del caso, en especial LOS TRIBUNALES EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, así como el Ministerio Público en su carácter de "buena fe", la celebración de dos (2) juicios orales y públicos, por los mismos hechos, los cuales fueron resueltos, previamente, por sentencia definitivamente firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, constituyendo estas circunstancias una flagrante y grosera violación de los derechos al debido proceso y a la cosa juzgada, entre otros en la persona del ciudadano: R.T.A., configurando ambos Juicios Orales y Públicos, un fraude procesal. 1) El celebrado por el TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE JUICIO UNIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, iniciado el 29 de Enero del año 2004, y finalizado el 23 de Marzo del año 2004, mediante sentencia ABSOLUTORIA A LOS CIUDADANOS: R.T.A. y F.G.B.. por EL Delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito (Pieza 17 de la Causa Accesoria, Folios 58 al 211), sentencia anulada por LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE CARACAS, por falta de motivación •. exigida en los Artículos 22 y 364 del Código Orgánico procesal Penal; 2) El celebrado por el TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, iniciado el 20 de Abril del año 2007, y finalizado el 11 de Enero del año 2008, mediante sentencia CONDENATORIA AL CIUDADANO: R.T.A.. por el delito de Aprovechamiento de Cosas provenientes de Delito, dando como resultado dos (2) sentencias contradictorias, por los mismo hechos, la publicada por este Tribunal y la inherente a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones lo cual no es posible en derecho; todo ello como consecuencia de la inobservancia de la normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 49, numeral 7 y La correspondiente al Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 21, referentes a la Cosa juzgada, por parte del TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

   (...)

   Cuando en fecha 9 de Mayo en la Audiencia Oral y Pública, el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, declaró sin lugar las excepciones contenidas en el Artículo 28, numeral 4, literal a, b, c, y e; presentadas por la defensa, en la Audiencia del 20 de Abril de 2007, violó la Ley por inobservancia, de los contenidos: a) De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 49 numeral 7 (Principio Nom Bis in idem) y b) Artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, en efecto; el Ministerio Público, como PARTE que fue en un proceso terminado por sentencia Definitivamente Firme y pasada en autoridad de Cosa Juzgada, de la Sala Quinta, a la cual hemos hecho referencia en el punto anterior; de acuerdo al Principio de unidad e indivisibilidad, que lo rige y par impedimento mismo del carácter negativo que como Presupuesto presenta de la Cosa Juzgada, para el nacimiento válido del juicio, no puede pasar con el mismo carácter de PARTE a un nuevo proceso, tratándose de los mismos hechos. y sobre una relación procesal ya decidida, pretendiendo replantear nuevamente estos hechos resueltos judicialmente, con anterioridad. El JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, convalidó de esta manera la actuación del Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional. No puede en un nuevo proceso carente de acción, como consecuencia de la Cosa Juzgada Material, reeditar lo decidido previamente por sentencia Absolutoria en la persona de la ciudadana N.O.M., Gerente de Valores del Banco Industrial de Venezuela, por el delito de Peculado Culposo.

   (...)

   No constando en esa Acta, los argumentos señalados por el ciudadano Juez, durante ese acto para declarar sin lugar las excepciones, sin embargo y aunque no conste en autos, señalo que el señalamiento de la inexistencia del delito de hurto, en la sentencia de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, no era un hecho declarado, por no existir por parte de esa Sala en su sentencia “ASÍ SE DECLARA" , lo cuales totalmente falso si se revisa el contenido del Capitulo correspondiente a “FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO" de la referida sentencia señalados mas arriba.

   La sentencia del JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, al fundamentar su decisión en las actuaciones de la Causa Accesoria, en donde se enjuicio al ciudadano: R.T.A., por hechos que ya fueron debatidos en otro proceso, dando como resultado la sentencia de la Sala 5 de la Corte de Apelaciones, viola el artículo 49 ordinal 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el Artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la Cosa Juzgada.

   (...)

   ...a) La cosa juzgada en materia penal a diferencia de la civil, no requiere de la tradicional regla de las tres (3) identidades, para su ocurrencia; b) Que en materia penal se refiere a los mismos hechos y tiene eficacia ERGA OMNES; c) Que además de las PARTES, se extienden a aquellos terceros cuya posición jurídica este subordinada a las de las partes o en cualquier modo vinculado a aquella relación en virtud de conexión, dependencia o interferencia jurídica o práctica, ya sea en cuanto a su existencia, ya en cuanto a la posibilidad de su efectiva realización.

   No apreció a la hora de su decisión el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, al declarar sin lugar las excepciones formuladas por la defensa que los ciudadanos: R.T.A. y F.G.S., fueron imputados en la Causa resuelta por sentencia de la Corte de Apelaciones Sala Quinta del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Definitivamente Firme y pasada en autoridad de Cosa Juzgada, El Código Orgánico Procesal Penal al reconocer al imputado como sujeto procesal le asigna carácter de parte. El Artículo 124 de la Ley Adjetiva Procesal Penal dispone que se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o participe de un hecho punible por un acto de procedimiento por parte de las personas encargadas de la persecución penal (Ministerio Público y Órganos de Policía investigativa). Este acto de procedimiento puede constituir un acto un señalamiento expreso por parte del Fiscal o un acto que implique sospecha oficial como una citación o una medida de coerción, estos actos hacen referencia tanto a los actos procesales pero incluyen por supuesto a los actos preprocesales.

   Tampoco pudo apreciar ni valorar el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, la constancia expresa señaladas en el expediente de los múltiples actos de procedimientos, tanto preprocesales como procesales, que como presupuesto exige el Código Orgánico Procesal Penal para señalarlos como imputados, estos actos de procedimiento comprenden actos preprocesales emanados de los órganos policiales, al incluir los en los Registro de personas solicitadas con orden de detención y actos procesales como lo son la revocatoria por parte del extinto Tribunal Superior de Salvaguarda de la sentencia del Juzgado Trigésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaro terminada la averiguación con relación a los Delitos de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, ordenando proseguir la averiguación; no valoró en su decisión el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, las pruebas practicadas durante el proceso al ciudadano: R.T.A. por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del patrimonio Público y la práctica de una experticia Financiera por parte del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en la persona del referido ciudadano.

   SUBORDINACIÓN DEL DELITO DE APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO AL DELITO DE PECULADO CULPOSO POR LA CONEXIDAD

   El delito de Peculado Culposo del cual fue absuelta la Gerente de Valores del Banco Industrial de Venezuela y el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, son delitos conexos, de acuerdo al artículo 70, numeral 5, del Código Orgánico Procesal Penal, que establece: “Son delitos conexos, aquellos en que la prueba de un delito, o de alguna circunstancia relevante para su clasificación, influyan sobre la prueba de otro delito o de algunas de sus circunstancias". Esta conexidad deriva del componente doloso del Peculado Culposo, que en nuestro caso es el hurto calificado, el cual a su vez, es la condición necesaria y suficiente para iniciar las averiguaciones correspondientes a la comprobación o no de la existencia del delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito. Esta conexidad, claramente comprensible opera de forma tal que impide la separación de varios procesos. Aguilera de Paz, define la conexidad entre delitos como: “La relación existente entre varios delitos por algunas de las causa que con arreglo a la Ley impiden su separación aislada e independiente". Establece el Articulo 71 del Capitulo IV, de la Competencia por Conexión del Código Orgánico Procesal Penal, que el conocimiento de los delitos conexos corresponden a uno solo de los tribunales competentes y por otra parte el Articulo 73 del mismo Capitulo IV, establece el Principio de Unidad del Proceso. Esta conexidad hace que la Cosa Juzgada Material recaída por sentencia Definitivamente Firme sobre el delito de Peculado Culposo se extienda por conexión sobre el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito. Esta conexidad impide que aisladamente los delitos puedan ser juzgados por instancias diferentes. A la vez esta conexidad de delitos, salvo los casos contenidos como excepciones a la unidad del proceso, impide la división de la continencia de la Causa, circunstancia presente en las actuaciones contenidas en la Compulsa que por vía de distribución llego a ese Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y sobre la cual pretende el Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Publico a Nivel Nacional fundamentar su Acusación. Los ciudadanos R.T.A., F.G.B., la Gerente de Valores del Banco Industrial de Venezuela así como el Ministerio Publico fueron parte en el proceso finalizado por sentencia definitivamente firma pasada en autoridad de cosa juzgada. y en el supuesto negado de que se les asignara el carácter de terceros interesados, también los efectos reflejos de la cosa juzgada los alcanzaría, en razón de la conexión que de acuerdo al Artículo 70, numeral 5 existe entre el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito y el Delito de Peculado Culposo, quienes dependían del delito de hurto calificado declarado inexistente en la relación decidida, todo ello en virtud de que su posición jurídica, inexorablemente esta subordinad (sic) al de las partes, por la conexidad de los delitos.

   Por último, a través del escrito de Acusación presentado por el Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional, y por violación de la Ley en razón de la inobservancia de la aplicación de la normaJ., contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico Procesal Penal en sus Artículos 49, numeral 7 y 21, respectivamente por parte del TRIBUNAL SEXTO EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, se realizó un juicio, que no es otra cosa que un fraude procesal, por tratarse de los mismos hechos, ya debatidos y resueltos por sentencia Definitivamente Firme y pasada en autoridad de Cosa juzgada de la Sala Quinta de la corte de Apelaciones; a través de la creación de un proceso nuevo virtual, originado por la practica de una compulsa creada arteramente por los representantes judiciales de la presunta victima: Banco Industrial de Venezuela, que transgrede los principios del Debido proceso, al sustraer de la Relación Procesal, resuelta por sentencia definitivamente firme y pasada en autoridad de Cosa Juzgada a los ciudadanos R.T.A. y F.G.B., mediante la creación de una aventura procesal identificada por un híbrido compuesto por actuaciones provenientes de la causa principal y de la causa cuya continencia se encuentra dividida, así tenemos que en el Capítulo 3 del escrito de Acusación referente al recorrido procesal, el Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional estructura un proceso compuesto por la denuncia de fecha 21 de enero de 1993, interpuesta por el Banco Industrial de Venezuela y que finaliza con el escrito de Acusación; escoge lo que le conviene de uno u otra causa y arma lo que podría calificarse de un exabrupto jurídico; ignora casi todas las actuaciones que durante quince (15) años han tendido incidencia sobre los ciudadanos R.T.A. y F.G.B. y los subsume en un proceso atípico viciado de nulidad absoluta cuyos fundamentos no es materia de exposición en este punto. No puede sin violar el Debido Proceso, ni la Cosa Juzgada Material, extraer arbitrariamente de la relación jurídica resuelta a estos ciudadanos e insertarlos en otro proceso cuyos hechos son los mismos, y sobre los cuales existe una sentencia Definitivamente Firma Pasada en Autoridad de Cosa Juzgada Material.

   Para el TRIBUNAL SEXTO EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, nada de las circunstancias expuestas tienen relevancia, para conducir, repetimos, en un Juicio Oral y Público, producto de un fraude procesal arteramente estructurado por el Ministerio Público y . convalidado por ese Tribunal; sobre el cual, aquella Institución, a través de su representante, el Fiscal Décimo Noveno, con Competencia Plena a Nivel Nacional, fundamentara su Acusación, y que sirvió posteriormente, reiteramos, al Tribunal referido dictar una sentencia contradictoria que afirmó los hechos (Sentencia condenatoria al ciudadano: R.T.A.), existiendo, otra sentencia, Que niega la existencia de esos hechos (Sentencia Absolutoria a la ciudadana: N.O.M.); lo cual no es posible en derecho, sin violar, los Artículo 49, numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela V Artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, referentes ambos a la Cosa juzgada (sic)

   POR LAS RAZONES EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA S EXPUESTAS DECLARE CON LUGAR LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, NUMERAL 4, LITERAL A) ACCIÓN PROMOVIDA ILEGALMENTE POR VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA. Y DICTE UNA SENTENCIA PROPIA DECLARANDO SU EXISTENCIA EN LA PRESENTE CAUSA Y EN CONSECUENCIA SE DICTE EL SOBRESEIMIENTO EN LA PRESENTE CAUSA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 318, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (sic)

   CAPITULO II

   SEGUNDA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452. DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 359 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (NUEVAS PRUEBAS) POR PARTE DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

   Con fecha 30 de Septiembre del 2003, EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, de conformidad con el Artículo 331, del' Código Orgánico Procesal Penal, dicto auto cursante a la Pieza 16, Causa accesoria, i Folios 109 al 150, cOffespondiente al acto de la Audiencia Preliminar en la presente causa

   ...

   (...)

   ...tanto el Representante el Ministerio Público, como la Defensa presentaron ante la jurisdicción de Control, en el momento señalado procesalmente, la Prueba referente a la Experticia Contable, cursante al Anexo 13 de la Causa Principal y Accesoria, realizada por los expertos: E.C., M.J.P., Y DEYLlN PADILLA, funcionarios de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, la cual fue aceptada para su incorporación al Juicio por la lectura, así como el testimonio de los expertos, durante el Juicio, para un efectivo control de la prueba, al observar su necesidad y pertinencia. Formado parte de la Experticia promovida como Prueba, se encuentran al Anexo 13, Folios 113, 114, 115, 116, 117, Y 118, COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES SIN CERTIFICAR. correspondientes a los documentos administrativos de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, pertenecientes al Decreto 1826, donde se encuentran señalados los Certificados Provisionales 495 y 496, como presuntamente de vengando intereses, en las fechas allí señaladas, sobre la certeza de estas seis (6) Planillas o documentos administrativos existen múltiples evidencias de que fueron forjadas, tal y como fue planteado tanto por la Defensa como, por el Acusado, en diversas oportunidades durante la ocurrencia del Juicio hecho demostrado y desestimado por el ciudadano Juez, como resultado de los testimonios rendidos por los Expertos Contables del: Banco Central de Venezuela, Extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Superintendencia de Bancos y del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas, se fundamenta esta afirmación en los hechos adicionales siguientes: PRIMERO: Durante los quince (15) años que ha durado el proceso y durante la ocurrencia del Juicio, siendo estas Planillas de características AUTOFIRMANTES, conformadas por un juego idéntico de cuatro (4) componentes, nunca fueron exhibidas ni consignadas el ORIGINAL y TRIPLICADO, por el Banco Central de Venezuela, el DUPLICADO por el por el Ministerio del Poder Popular Para la Finanzas, y el CUADRIPLlCADO, por el Banco Industrial de Venezuela, componentes estos, que deberían de reposar en los archivos de estas Instituciones, si es que las referidas Planillas, con sus signos de autenticidad, vale decir sellos y firmas, fueron realmente preparadas en las fechas en ellas referidas, por el Banco Industrial de Venezuela, y consignadas para su verificación en las otras Instituciones referidas. SEGUNDO: las COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES SIN CERTIFICAR. de los documentos Administrativos referidos en las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, fueron consignadas, en fecha 12 de Noviembre de 1997, a los expertos de la Superintendencia de Bancos, por la Gerencias de Valores, del Banco Central de Venezuela, es decir, CUA TRO (4) AÑOS Y DIEZ (10) MESES DESPUÉS DE HABER INTERPUESTO IRRESPONSABLEMENTE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SU DENUNCIA. Estos funcionarios en esa oportunidad como era su obligación no solicitaron copias certificadas de las mismas, incorporando copias simples de las seis (6) Planillas a la experticia; lo cual no tiene ningún valor probatorio, por tratarse de copias fotostáticas simples de documentos administrativos, hecho, que no deja de llamar la atención por cuanto, ante de la Inexistencia de los asientos en los Libros Auxiliares de Contabilidad (Hecho demostrado plenamente en el juicio), que demostrasen irrevocablemente de la propiedad o custodia de los Certificados Provisionales 495 y 496, en las bóvedas del Banco Industrial de Venezuela, estas Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses, integradas por cuatro (4) copias autofirmantes, era la única presunción con que cuenta el Ministerio Público, para demostrar por vía indirecta, la posibilidad de que verdaderamente esa Institución Bancaria, haya tenido la preexistencia física de esos Certificados Provisionales 495 y 496 en sus bóvedas y efectivamente realizado con certeza el cobro de los intereses correspondientes a estos. TERCERO: Ha debido el21 de Enero de 1993, fecha en que fue interpuesta de manera irresponsable la denuncia de la presunta desaparición de estos Certificados Provisionales 495 y 496, por parte del Banco Industrial de Venezuela, haber consignado COPIAS CERTIFICADAS del componente original de esas seis (6) Planillas, documento que debería existir en sus archivos para la época, el cual durante los quince (15) años que ha durado el proceso nunca ha sido exhibido, por esa Institución Bancaria. CUARTO: Durante las múltiples actuaciones de las diferentes instancias que han conocido del caso, practicadas; en el Banco Industrial de Venezuela, en el Banco Central de Venezuela y en el Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas, específica mente las referentes a las Inspecciones y solicitud de documentación certificada relacionados con los Certificados Provisionales 495 y 496, las cuales incluyen las practicadas, durante el Juicio Oral y Público, por el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en fechas 15 de Noviembre de 2007, en la sede de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, cursante a la Pieza 27, Folios 129 al 151 y al Banco Central de Venezuela, en fechas 16 de Noviembre de 2007, cursante a la Pieza 27, Folios 154 al 157, y en fecha 30 de Noviembre de 2007, cursante a la Pieza 27, Folios 206 al 213, no FUERON EXHIBIDAS PARA SU COTEJO DURANTE LA INSPECCIÓN ninguno de los cuatro (4) componentes de estas Planillas.

   Al respecto debemos señalar que, la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste en indicar que los documentos administrativos, conforman una tercera categoría dentro del género de la prueba documental, y por tanto no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos, ni a los documentos privados y que por lo tanto no existiendo una disposición procesal especial que regule la oportunidad en que deben producirse en juicio los documentos administrativos, resulta plenamente aplicable el principio general contenido en los artículos 396 y 400 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales, las partes que quieran servirse de un documento de esta especie pueden anunciar lo o promoverlo en el lapso de promoción y producir los o evacuarlos en la etapa de evacuación de pruebas, y no en cualQuier arado y estado de la causa y hasta últimos informes como ocurre con los documentos públicos.

   ...

   (...)

   Ha debido el Representante del Ministerio Público en la oportunidad que realizó su investigación promover como pruebas las COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS de las seis (6) Planillas referidas, siendo además parte de "Buena Fe" en el proceso, ha debido también, solicitar al Banco Industrial de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas, y al Banco Central de Venezuela, los componentes originales que en número de cuatro (4), deberían de estar en poder de estas Instituciones (de lo cual se tiene evidencias y certeza de su inexistencia) y dejar constancia de haber sido cotejadas las copias con sus correspondientes originales tratándose de documentos administrativos, o en su defecto solicitar del Banco Central de Venezuela, la certificación de ellas, actuación que no hizo, en conocimiento, de la inexistencia de los originales en todas y cada una de estas instituciones; para después y durante la etapa del juicio Oral y Público, alegar que el Ministerio Público desconocía el contenido de estos documentos, hecho, que a todas luces, no representa ningún elemento nuevo dentro del proceso”...

   (...)

   Es importante destacar que entre las Pruebas promovidas por el Fiscal 19° del Ministerio Público y no admitidas por el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS., la identificada con el punto 7 (7.- Copia certificada de Comunicación Nro. GT-267, de fecha 07-05-07, del Banco Central de Venezuela, dirigido al Vicepresidente del Área de Operaciones del Banco Industrial de Venezuela, mediante el cual remite planillas de relación para el cobro de los intereses debidamente canceladas y cuadro que demuestra el pago de la planilla Nro. 0753, efectuado en fecha 02-12-91); se refieren y corresponden a las copias fotostáticas simples de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses, números: 5143, 395, 1466, 11214, 3052, cursante a la Pieza 24, Folios 173, 174, 175, 176 Y 177”..., leyéndose en la parte posterior de las mismas:

   "CERTIFICACIÓN, Quien suscribe S.C.E., venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la cedula de identidad No: 5.523.334, actuando en mi carácter de Gerente de Tesorería (E) de este Instituto, de conformidad con el Artículo 1.384, del Código Civil, en concordancia con el articulo 259, numeral 1 del Reglamento Interno vigente del Banco Central de Venezuela, certifico que la presente copia es traslado fiel y exacto del documento que reposa en los archivos del Departamento de Valores". Caracas 04 de Mayo de 2007"

   Leyenda cuyo objetivo fundamental era legitimar como copia certificada por parte del Banco Central de Venezuela, las Planillas de Relación Para el Cobro de Bonos, números: 5143, 395, 1466, 11214, 3052, cursante a la Pieza 24, Folios 173, 174,175, 176 Y 177.

   Posteriormente, sin ningún soporte contable directo al no contar con los asientos de la custodia o propiedad de los Certificados Provisionales 495 y 496, tal y como lo establece la Ley y carente de las COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses; LAS CUALES NO FUERON ADMITIDAS COMO PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUDIENCIA DEL 23 DE MAYO DE 2007. cursante a la Pieza 23, Folios 303 al 371, Y al Folio 336, nuevamente, en la Audiencia del 5 de Diciembre de 2007, cuya acta cursa a la Pieza 27, Folios 231 al 240, y en forma artera, pero esta vez de común acuerdo con funcionarios del Banco Central de Venezuela y a los fines de introducir en el proceso, los documentos administrativos de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, pertenecientes al Decreto 1826, Certificadas, el Juez al conceder/e la palabra al representante Ministerio Público, este expuso lo siguiente:

   " .. .promuevo como prueba complementaria el documento signado bajo el Nro. GP-552, de fecha 29-11-07, mediante el cual el Banco Central de Venezuela, da contestación al oficio primigenio del año 2002 (LA INSTITUCIÓN: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA TARDO CINCO (5) AÑOS EN CONTESTAR UN OFICIO AL MINISTERIO PÚBLICO PARA SABER QUIEN ERA EL BENEFICIARIO DE LOS INTERESES DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, AGREGADO, SUBRAYADO y RESALTADO NUESTRO) referido a que personas naturales o jurídicas se le habían cancelado los intereses de los certificados 495 y 496, me la responde en este momento, tal como se lee de dicha comunicación se le cancelaba al Banco Industrial de Venezuela, conforme anexos que consignan ..... "

   De seguidas en aras de garantizar el equilibrio entre las partes, se le concede la palabra al Defensor Privado, quien expuso, entre otras cosas, lo siguiente: "Esta defensa se opone a la a la aplicación del articulo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, invocado por el representante fiscal promoviendo un documento como hecha nuevo, lo cual no tiene nada de nuevo, la defensa promovió como prueba en control y fue aceptada la comunicación que el Fiscal el Ministerio Público le envió al Banco Centradle (sic)Venezuela el 14-10-02, La Fiscal 190 Fiscal del Ministerio Público en aquel momento solicito esa Informa, ese oficio fue respondido y esta en el expediente por el Banco Central de Venezuela al Fiscal del Ministerio Público, esa respuesta con fecha 28-01-03, en aquella oportunidad con estaba laborando en el Banco Central de Venezuela, la funcionaria YAQUELlN BASTARDO VEGA, Y la respuesta del Banco en ningún momento especifico quien había cobrado los intereses, en consecuencia no se trata de un hecho nuevo sino que el fiscal hace esa promoción de pruebas con una intención manifiesta de producir un elemento que prolongue en infinito este juicio con aplicación del articulo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, ya esto ha sido debatido aquí en audiencia con los testigos, el Banco Industrial respondió y dijo que no emitió los títulos definitivos, el requerimiento que le hizo el Ministerio Público en el año 2002, fue satisfecho en su oportunidad y aquí en el juicio se ha debatido el punto frente a los testigos y todos los testigos refirieron que esa respuesta nunca la recibieron, no se trata de un hecho nuevo, ese requerimiento fue hecho y ahora 5 años después con una funcionaria que no existía para la fecha se pretende agregar un hecho y hacerlo pasar como nuevo, por lo que dicha prueba no debe de ser admitida. Me opongo a la proposición de prueba de traer funcionarias que no tuvieron que ver nada con el caso. No se emitieron Certificados Definitivos. Es todo". De seguida solicita la palabra el Fiscal del Ministerio Público, quien expone lo siguiente: "Debo aclarar que ofrezco como prueba complementaria el oficio Nro. 552, de fecha 29-11-02, emitida por el Banco Central de Venezuela, en el año 2002 pedí información sobre a quien se le cancelaron los intereses de los certificados 495 y 496, pero esa respuesta no se dio ( LÓGICAMENTE QUE NO SE DIO POR CUANTO EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA NO PODÍA NI PUEDE DEMOSTRAR A QUIEN SE LES PAGO LOS INTERESES DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, AGREGADO NUESTRO) hago un a ratificación posterior y me lo responden en este momento, pero la estoy pidiendo del año 2002, NO SE TRATA EVIDENTEMENTE DE UN HECHO NUEVO ..... " (MAYÚSCULAS, SUBRAYADO Y RESAL TADO NUESTRO)……… De seguidas, solicita la palabra el acusado de autos quien expone lo siguiente: "Cuando se le pregunto al Banco Central de Venezuela al Banco Central de Venezuela, en relación a quien se le había pagado los intereses el Banco respondió que había efectuado pago por cierta cantidad de dinero, que especificaron por concepto de intereses desde el 13-02-92 al 13-11-92, no dijo a quien, eso se lo pregunto la fiscalía, pero no es la primera oportunidad en contestar, previamente en el año 1997, el banco Industrial de Venezuela interpuso recurso de amparo reclamando el derecho de propiedad de los documentos anexos no constaba las 6 Planillas consignadas a la experticia de SUDEBAN……

   (...)

   Cuando el ciudadano Juez señala, con fundamento al Artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, que: " .... por lo tanto este Tribunal admite de oficio u ordena de oficio la recepción de la documental presentada por el representante fiscal relacionada con el oficio de fecha 29-11-07 Nro. GT-552 que le dirigió al ciudadano Fiscal C.A. MIRABAL M.T. el Gerente de Tesorería del Banco Central de Venezuela, y se decepciona el anexo Nro. 5 y las planillas del Nro. 6 que se citan en ese oficio (SE REFIERE EL CIUDADANO JUEZ A LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, PERTENECIENTES AL DECRETO 1826, CERTIFICADAS ESTA VEZ POR EL FUNCIONARIO: C.J. BONNIN YRALA), las planillas no porque sean un elemento nuevo, que no lo son, (SUBRAYADO NUESTRO) pero que deben de estar ligadas al elemento beneficiario nuevo señalado que es el Banco Industrial de Venezuela .... " Trasgrede el contenido del Artículo 359, cuando esta norma señala: “si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos, que requieran su esclarecimiento y el juzgador afirma entrando en franca y notoria contradicción, que las planillas no son elementos nuevos. señalando que el elemento beneficiario nuevo es el Banco Industrial de Venezuela, lo cual resulta inaceptable e incompresible esta absurda argumentación, por estar señalado en esas Planillas que es el Banco Industrial de Venezuela, su presunto beneficiario, hecho conocido, desde el año 1997, cuando el Banco Central de Venezuela, consignó a los expertos de la Superintendencia de Bancos estas seis (6) Planillas., lo cual evidentemente no constituye, como lo afirma el ciudadano: Juez, un hecho circunstancia nueva surgida en el transcurso de la audiencia.

   Viola flagrantemente el ciudadano JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA . METROPOLITANA DE CARACAS el contenido del artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, al reemplazar por este medio la actuación propias de las partes, específicamente del Ministerio Público. al facilitarle y favorecer a la presunta víctima: Banco Industrial de Venezuela. la incorporación al Juicio. de las Planilla de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, “certificadas", hecho que repetimos ha debido de realizar, ese funcionario, en su debida oportunidad y al cual estaba y esta impedido por no existir los originales de los componentes de esas Planillas en el Banco Industrial de Venezuela, en el Banco Central de Venezuela, ni en el Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas, como quedó ampliamente demostrado en el Juicio y a través de las Inspecciones celebradas en esas Instituciones.

   En adición al Artículo 359 violado debemos agregar que en la Audiencia de fecha 23 de Mayo de 2007, cursante a la Pieza 23, Folios 303 al 371, Y al Folio 336, específicamente, ya el contenido de estas Planillas “CERTlFICADAS" habían sido rechazadas por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS”...

   (...)

   No puede el ciudadano Juez sin violentar el debido proceso y el contenido del artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentar su sentencia en el contenido de , las Planillas de Relación de Cobro de Intereses, cursantes al anexo 13, folios 113, 114, 115, 116, 117, Y 118, ya los Folios 363, 363, 365, 366, 387 Y 368 DEL ANEXO ',", CARPETA 4 DEL ANEXO 24

   ...

   (...)

   ...durante las Inspecciones celebradas en fechas 15 de Noviembre de 2007, en la sede de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, cursante a la Pieza 27, Folios 129 al 151 y al Banco Central de Venezuela, en fechas 16 de Noviembre de 2007, cursante a la Pieza 27, Folios 154 al 157, y en fecha 30 de Noviembre de 2007, cursante a la Pieza 27, Folios 206 al 213, NO FUERON EXHIBIDAS NI CONSIGNADAS. los originales de estos documentos para ser cotejado con las copias que irresponsablemente "certificó" el funcionario del Banco Central de Venezuela; incorporadas con fundamento al Artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

   (...)

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQUI EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN

   CAPITULO III

   TERCERA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452. DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL CRÉDITO PÚBLICO LITERAL ud" POR PARTE DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

   Cuando el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, fundamenta su sentencia haciendo uso de los Documentos administrativos referentes a las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, cursantes al Anexo 13, Folios 113, 114, 115, 116, 117, Y 118, Y cursante a la Pieza 24, Folios 249 al 254, in observa el contenido del Artículo 9 del Reglamento de la Ley del Crédito Público quien señala:

   Cuando la amortización de los Bonos u otros Títulos de la Deuda Pública se haya previsto por el sistema de sorteos, se procederá de la siguiente manera:

   a) El Banco Central de Venezuela, mediante aviso publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y en dos de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas, dará a conocer, con treinta (30) días de anticipación, por lo menos, el lugar y la fecha del sorteo, el número y el valor de los Bonos u otros títulos que han de ser amortizados y la emisión a que corresponden.

   b) Los sorteos de Bonos y otros títulos se hará en Oficina principal del Banco Central de Venezuela, en presencia del Presidente o Vicepresidente, Gerente del Instituto, de un representante del Ministerio de Hacienda, un representante Nacional Caracas y los testigos hábiles.

   c) El resultado de cada Bono u otro título que haya de ser amortizado como consecuencia del mismo, y cualquiera otra especificación que se considere concerniente, se harán constar en un acta que suscribirán toda la persona que, conforme al inciso b) de este Artículo deberán presenciar el sorteo. Dicha acta se publicará dentro a los quince (15) días siguientes a la realización del sorteo, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y en dos de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas.

   d) A partir de la fecha de la publicación a que se refiere el inciso anterior. los Bonos u otros titulas favorecidos. dejarán de devengar intereses y serán panaderos contra su simple presentación o entrena en la tesorería Nacional o en las entidades auxiliares de aquella. (SUBRAYADO y RESALTADO NUESTRO)

   Con relación a lo aquí argumentado es importante señalar lo siguiente:

   PRIMERO: El contenido del Artículo 9 del Reglamento de la Ley del Crédito Público, fue ratificado por el ciudadano: ELlO PEÑA, quien fue el experto, designado por el Presidente del Banco Central de Venezuela, para realizar una experticia sobre la documentación contable referida a los Certificados Provisionales 495 y 496, en el extinto Tribunal Trigésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público, quien en fecha 28 de Septiembre de 2.007, durante la celebración de la Audiencia y ante la pregunta formulada por el Fiscal del Ministerio Público, respondió:

   P) Los certificados provisionales de la deuda publica nacional del Decreto 1826, una vez que sale sorteado el capital de dichos bonos pero no se paga de manera efectiva, ese capital continua generando intereses?: RESPONDIÓ: No. no se paga. No continúa generando intereses.

   SEGUNDO: Inobservó el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, el contenido DEL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL CRÉDITO PÚBLICO LITERAL “d", al no analizar, para así fundamentar su sentencia el contenido de las Planillas de Relación Para el cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, que fueron admitidas de oficio y "excepcionalmente", por él, en LA AUDIENCIA DEL 23 DE MAYO DE 2007, cursante a la Pieza 23, Folios 303 al 371, siendo que las mismas obedecen a un vulgar montaje y manipulación fotostática, por quien desconociendo la Ley realizó este acto.

   Al aparecer el Banco Industrial de Venezuela, cobrando Intereses, haciendo uso de las Planillas Intereses números: 5143,0753,0395, 1466, 11214, Y 3052, hecho acreditado por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en su sentencia, realizando esa Institución Bancaria, cobros dos (2) y tres (3) veces sobre los mismos Certificados en diferentes períodos de vencimiento, hecho de imposible cumplimiento, por cuanto de ser cierto el contenido de estas Planillas el Banco Central de Venezuela estaría incurso en un delito al realizar un pago doble por concepto de Intereses violando de esta manera, esta Institución, la derogada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, y la Ley del Crédito Público y su Reglamento referido con anterioridad; así tenemos: 1) que la Planilla de Relación Para el Cobro de Intereses número: 000395, cursante a la Pieza 27, Folio 252, correspondiente al Período de Vencimiento 13/02/92, presenta ciento setenta y seis (176) Certificados Provisionales como de vengando intereses, los cuales fueron pagados presuntamente por el Banco Central de Venezuela, en fecha 19 de Febrero de 1992, 2) En el próximo período de de vencimiento de intereses, correspondientes a la fecha: 13/05/02, en Planilla de Relación Para el Cobro de Intereses número: 001466, cursante a la Pieza 27, Folio 250, se señalan ciento cuarenta y tres (143) Certificados Provisionales, de vengando intereses presuntamente cancelados por el Banco Central de Venezuela en fecha 22/05/1992, se excluyen de esta Planilla treinta y tres (33) Certificados Provisionales favorecidos en el sorteo correspondiente, de la manera siguiente: a) De la serie “A”, los identificados con los números 6, 12, 14, 21, 23, 30, 31 39 Y 40; b) De la serie “C”, los identificados con los números: 213, 214, 225, 227, 238, 240, 253, 255, 266 Y 268., e) De la serie “D”, los identificados con los números 344 y 346; d) De la serie “E”, los identificados con los números 383, 384, 401 Y 402. e) De la serie “F”, los identificados con los números: 434, 435, 452, 453, 470, 471, Y f) De la serie “G”, los identificados con los números: 488 y 489. 3) Estos Certificados provisionales señalados en el punto 2) como favorecidos en el sorteo correspondiente no pueden devengar más intereses de acuerdo al Artículo 9 del Reglamento de la Ley del Crédito Público, INEXPLICABLEMENTE. APARECEN DEVENGANDO INTERESES NUEVAMENTE EN LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES números 011214 correspondiente al Período de Vencimiento del 13/8/92, cursante a la Pieza 27, Folio 251 y en la número: 003052 correspondiente al período de vencimiento del 13/11/92, cursante a la Pieza 27, Folio 253.

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQUI EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN

   CAPITULO IV

   CUARTA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 357 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (INCOMPARECENCIA) POR PARTE DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

   Con fecha 14 de Octubre de 1998, en el escrito de Promoción de Pruebas, cursante a la Pieza 4 de la Causa Principal y Accesoria, Folios 95 al 1001, presentado por los defensores de N.O.M., se solicitaron, al extinto TRIBUNAL VIGESIMONOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS fueran admitidas las pruebas

   ...

   (...)

   Con fecha 13 de Noviembre de 1998, el extinto TRIBUNAL VIGESIMONOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS admitió la totalidad de las pruebas, fueron realizadas y ejecutadas en su totalidad, tal como consta en la Pieza 4, Folios 110 Y Pieza 5 Folios 52 de los expediente, que conforman la Causa Principal y Accesoria.

   Con fecha 23 de Noviembre de 1.998, según consta en el oficio No. 3529 cursante a la Pieza 4 de la Causa Principal y Accesoria, Folio 123, dirigido al JEFE DE LA DIVISIÓN DE EXPERTICIAS DEL EXTINTO CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, el extinto TRIBUNAL VIGESIMONOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SALVAGUARDA DEL PA TRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, solicitó para su juramentación dos funcionarios de la Institución Policial, a los fines de que practicaran la experticia financiera ya referida.

   Con fecha 7 de Abril de 1.999, el JEFE DE LA DIVISIÓN DE EXPERTICIAS DEL EXTINTO CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, remitió al extinto TRIBUNAL VIGESIMONOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL Y DE SAL VA GUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, oficio Nro. 9700 - 171, anexando original del informe que presentan los funcionarios WILLlAN VELASQUEZ y JOSÉ M GUEVARA, relacionados con la experticia contable practicada al ciudadano: R.T.A., cursante a la Pieza 4 de la Causa Accesoria y Principal, Folios 232 al 240; en donde, los referidos expertos arribaron ala conclusión siguiente:

   "QUE SE OBSERVA LA SOLVENCIA ECONÓMICA DE R.T.A., DEBIDO A LOS BIENES DE FORTUNA DE LOS CUALES FORMA PARTE HEREDERA Y GOZA PLENAMENTE DEL 25 % ... "

   Con fecha 30 de Septiembre del 2003, el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en el Auto correspondiente a la Audiencia Prelimar, en el Capitulo VIII, De la Admisión de las Pruebas, en el literal “C”, cursante a la Pieza 16 de la Causa Accesoria, Folio 148, señalo lo siguiente:

   "En cuanto a las pruebas ofrecidas por R.T.A. y su Defensora OIga Febres Cordero en su escrito de Contestación a la Acusación, tenemos que hacer ciertas distinciones ……….Igualmente se admiten los dictámenes invocados, para su incorporación al Juicio por la lectura así como el testimonio de los expertos para su efectivo control de la prueba, al observar su necesidad y pertinencia para el juicio .. "

   (...)

   Esta experticia no se aprecia en primer termino, porque ninguno de los expertos que la practicaron comparecieron a rendir testimonio en juicio, no obstante habiendo sido regularmente citados y en segundo termino la prestación no fue practicada bajo las reglas de la prueba anticipada, lo que impide su apreciación como documental de manera autónoma.

   No es cierto lo afirmado por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; en cuanto a su afirmación de que citó regularmente a los expertos WILLlANS G. VELÁSQUEZ F. y JOSÉ M GUEVARA, el término "regularmente citado" utilizado por el ciudadano Juez no se compadece con el contenido del Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal”...

   No hay expresa constancia por parte del JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; en las actuaciones que conforman el Acta del Juicio Oral y Público, que se le haya dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, de que se emitiera los correspondientes mandatos de conducción a los expertos WILLlANS G. VELÁSQUEZ F. y JOSÉ M GUEVARA, a lo cual estaba obligado el ciudadano Juez de acuerdo al contenido del Artículo referido; como si lo hizo, el Tribunal con otros testigos durante la ocurrencia del Juicio.

   Lo que realizó el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; al experto WILLlANS G. VELÁSQUEZ F , fueron citaciones normales, de las cuales se dejó constancia en las Piezas y Folios siguientes: a) a la Pieza 23 Folios: 265, 282, Y 398; b) a la pieza 24, Folios: 8, 9, 32, 33, 40, 98, 99, 123, 124, 224, 248, 249, 252, 253, 286, 316, 317, 346, Y 347; c)a la Pieza 25, Folios 108; d) a la Pieza 26 Folios 36, 37, 81, 110, Y 118 Y d) a la Pieza 27, Folios 6, 7 Y 8.

   Los mandatos de conducción realizados por el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; no fueron referidos al los expertos W.G. VELÁSQUEZ F. y JOSÉ M GUEVARA, tal y como consta en el expediente así tenemos: a) Pieza 25 Folios 112, 114 Y 115, mandato de conducción a la ciudadana: N.O.M.; Folios 256, 258 Y 259 mandato de conducción al ciudadano: WILLlANS A.R.H.; b) Pieza 26, Folios 66, 68 Y 69 mandato de conducción al ciudadano: W.A.R.H.; Folios 107, 109 Y 110, Y 179 mandato de conducción al ciudadano: WILLlANS A.R.H.; Folios 154, 155, 156 Y 159 mandato de conducción al ciudadano: WILLlANS A.R.H.; c) Pieza 27, Folios 23, 24, 25, mandato de conducción al ciudadano: J.M.T.; Folios 70, 71 Y 72 mandato de conducción al ciudadano: J.M.T..

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQuí EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN

   CAPITULO V

   QUINTA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 429 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL POR PARTE DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

   (...)

   No es cierto lo afirmado por el ciudadano Juez cuando señala "(recaudos certificados de la experticia practicada por los expertos M.J.P., DEYLlN PADILLA Y E.C.A.)", al observar el sub-anexo 5 del anexo 13, se evidencia que se trata de copias fotostáticas simples, sin ningún tipo de certificación, y en consecuencia de valor probatorio, de documentos administrativos de los veintiún (21) comprobante internos de contabilidad, citados por el ciudadano Juez, en su sentencia, más aun lo que este funcionario da por acreditado como copias certificadas, lo cual es totalmente falso, NO FUE ACREDITADO NI SIQUIERA POR LA DIVISIÓN DE TESORERÍA INTERNACIONAL DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Oficina de Caracas, quien en el MEMORANDO INTERNO N°. GA-CUR¬07-128, de fecha 27 de Octubre de 1997, procedente del: Banco Industrial de Venezuela, Sucursal Curazao, y dirigido a la Vicepresidente de la División de Tesorería Internacional-Econ. C.C.; estampo un sello, en la parte inferior derecha del oficio, en donde se lee:

   "BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. DIVISION DE TESORERIA INTERNACIONAL- 29 OCT 1997- Únicamente acredita recibo-No implica pronunciamiento sobre su contenido"

   Esta experticia tal y como se menciona en el presente Recurso de Apelación, fue promovida tanto por el representante del Ministerio Público, como por la Defensa del Acusado ciudadano: R.T.A., el Ministerio Público para tratar de afirmar los hechos contenidas en ella y la Defensa para negar los mismos, tal y como quedo demostrado ampliamente durante el interrogatorio recogido en las actas de la distintas Audiencias donde se interpelo al experto E.C.A..

   Los Comprobantes Internos de Contabilidad referidos son documentos administrativos cursantes en el sub-anexo 5 del anexo 13, Folios 20 al 43, los cuales fueron promovidos en copias fotostáticas simples, presuntamente emanados de lo Sucursal de Banco Industrial de Venezuela en Curazao, documentos que de haber sido promovidos en originales, o en copia debidamente certificada, han debido de apreciarlos en su sentencia por el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en virtud de la presunción de certeza que emana de los documentos administrativos, cuya presunción de certeza puede ser combatida por cualquier medio de prueba, en el caso de autos al haberse promovido en copias fotostáticas simples, NO PUDIERON HABER SIDO VALORADOS EN LA SENTENCIA POR EL JUZGADO SEXTO, por cuanto dicho documentos no pueden ser asimilados a documentos Públicos, ni privados reconocidos ni tenidos por legítimamente reconocidos, que son la única clase de documentos que pueden ser promovidos en copias fotostáticas según lo dispuesto en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Al Acreditar en su sentencia el ciudadano Juez, estos comprobantes Internos de Contabilidad como se ha referido anteriormente, inobserva el contenido de este artículo.

   Iguales consideraciones la hacemos sobre las copias fotostáticas simples de los documentos administrativos originales, específicamente y entre otros, los referentes a las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, y 3052, cursantes al Anexo 13, Folios 113, 114, 115, 116, 117, Y 118, Y cursante a la Pieza 24, Folios 249 al 254, acreditados como “copias certificadas” por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS en la sentencia condenatoria.

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQUÍ EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN

   CAPITULO VI

   SEXTA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 49 NUMERALES 1 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

   Con fecha 15 de Noviembre del año 2007, el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, se constituyó, en la sede de la Dirección de Administración la Deuda Pública, del Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas, con el objeto de realizar una Inspección, cuya Acta consta a la pieza 27 , Folios 129 al 151.

   Con 16 de Noviembre del año 2007, fecha el referido Juzgado se constituyó, en la sede del Departamento de Valores del Banco Central de Venezuela, con el objeto de realizar una Inspección, cuya Acta consta a la pieza 27 , Folios 154 al 156. En esa oportunidad la Jefa de Valores del Banco Central de Venezuela, manifestó que: "por tratarse de información que data del año 1987, necesito un tiempo para poder recabar la información requerida relacionada con los beneficiarios originales de esos títulos"

   Con 30 de Noviembre del año 2007, fecha el referido Juzgado se constituyó, nuevamente en la sede del Departamento de Valores del Banco Central de Venezuela, con el objeto de realizar una segunda Inspección, cuya Acta consta a la pieza 27 , Folios 206 al 213. En esa oportunidad la Jefa de Valores del Banco Central de Venezuela, manifestó que: "por tratarse de información que data del año 1987, necesito un tiempo para poder recabar la información requerida relacionada con los beneficiarios originales de esos títulos".

   Durante las Inspecciones referidas el ciudadano JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, dispuso que en los actos correspondientes a esas Inspecciones, las partes en la presente causa no podrían tener ningún tipo de intervención, tal como lo señala el juez en el Acta de la Audiencia de fecha 6 de Noviembre del Año 2007, Folio 261. No puede sin violar el Artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, interpretar en forma restrictiva el Artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual causó Indefensión al Acusado: ciudadano R.T.A..

   Para ilustración de la Sala de la Corte de Apelaciones, del Estado de Indefensión causado al Acusado, violando f1agrantemente el debido proceso, es importante señalar que, al no poder intervenir, este ciudadano ni su Defensa, en ninguna de las formas de comunicación habituales, en las Inspecciones referidas, se vieron impedidos en señalar en forma expresa: a) que no hubo exhibición, por parte de la Dirección de Administración la Deuda Pública del Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas, ni por los funcionarios del Banco Central de Venezuela, de los documentos administrativos originales, específicamente y entre otros, los referentes a las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, Y 3052, cursantes al Anexo 13, Folios 113, 114, 115, 116, 117, Y 118, Y cursante a la Pieza 24, Folios 249 al 254, acreditados como "copias certificadas" por el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE .JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS en la sentencia condenatoria b) señalarle a este funcionario (Juez) de la necesidad y obligación de realizar un cotejo con los presuntos originales de esa Planillas, para proceder a verificar la certeza de las copias certificadas consignadas por el Banco Central de Venezuela, 15 años después de interpuesta la denuncia, ha debido, en vista de la imposibilidad de intervención de las partes en las Inspecciones, ordenar la exhibición de los originales, ante los presentes, en forma clara que no dejara dudas sobre su veracidad, para de esta manera proceder posteriormente y ante la vista de las partes y con el control de la prueba por parte de las mismas, al cotejo, para determinar, repetimos, la veracidad de las presuntas “copias certificadas”; las cuales como se señaló expresamente en el Capítulo III, del presente recurso, son violatorias contenido del Artículo 9 del Reglamento de la Ley del Crédito Público, por parte del Banco Industrial de Venezuela como del Banco Central de Venezuela, al realizarse según su contenido el pago de intereses en varios períodos de vencimiento, lo cual no lo cree nadie, a menos de que estas Instituciones estén incursas en el delito correspondiente.

   (...)

   ...desmienten contundentemente lo afirmado por el ciudadano Juez a la Pieza 328, Folio 540, de su sentencia, en relación a el material certificado en las Inspecciones celebradas en el Banco Central de Venezuela, porque de ser cierto lo allí señalado no tendría sentido, lo afirmado por el Acusado en el párrafo anterior y el Juez hubiera hecho el señalamiento pertinente que desmintiera lo afirmado por el acusado

   ...

   (...)

   No es cierto que las partes constataran el material en originales, ni en ningún momento les fue exhibido ni al Acusado o a la Defensa documento alguno; lo cual no pudo ser alegado en su momento por el impedimento impuesto por el ciudadano, Juez, que prohibía, la intervención en la inspección de las partes, colocando en total en Indefensión al Acusado violando el debido proceso, contenido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 1 y 3, al impedir al Acusado ser oído y de tener acceso a las pruebas.

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQUÍ EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN

   CAPITULO VII

   SÉPTIMA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 130 Y 347 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

   El articulo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, señal en su parte final lo siguiente: “… En todo caso, la declaración del imputado será nula sino la hace en presencia de su defensor" ; Cuando fue corregida el Acta de Inicio del Juicio Oral y Público, por disposición del JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; el Acusado ciudadano: R.T.A., acudió de común acuerdo con el Fiscal 19 del Ministerio Público a su Despacho, con el objeto de corregir las preguntas que este funcionario le había formulado durante el acto de inicio del Juicio; produciéndose, en el Despacho del Fiscal, un nuevo interrogatorio y corrigiendo el contenido de las preguntas; debemos acotar que durante esta entrevista, no estuvo presente el Abogado Defensor del Acusado; este hecho violatorio en si al debido proceso en especial al Derecho a la Defensa, atenta como es lógico afirmar, contra todos los principios rectores que rigen el proceso del sistema acusatorio: oralidad, inmediación, publicidad; producto del mandato del Juez, el cual será comentado con amplitud en el Capitulo VIII

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQuí EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN

   CAPITULO VIII

   OCTAVA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452. DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL. NUMERAL 1. VIOLACIÓN DE LAS NORMAS RELATIVAS A LA ORALlDAD, INMEDIACIÓN, CONCENTRACIÓN Y PUBLICIDAD DEL JUICIO.

   Con fecha 20 de Abril del año 2007, se dio inicio al Juicio Oral y Público, en la causa signada bajo el Nro. J6-354-06, conforme al artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, constituyéndose EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS de la manera siguiente: Juez: BRAULIO S.M., la Secretaria IRAIS JIMÉNEZ MARCANO y el alguacil designado ciudadano: C.Q.. Acto seguido, el ciudadano Juez solicitó a la Secretaria verificara la presencia de las partes, constatándose la presencia del Fiscal 19° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Abg. C.M.. Los Representantes Judiciales del Banco industrial de Venezuela: abogadas: E.M.M. y S.G.. Los Representantes Judiciales de la Procuraduría de la República Bolivariana de Venezuela; abogadas: S.M. y D.M.. El acusado Ing. R.T.A., debidamente asistido por la Defensa Privada Abg. L.E.A.. Así mismo, se constató por información suministrada por la Secretaria del tribunal que en la Sala designada al resguardo de testigos y expertos no se encuentra presente ningún testigo o experto, promovido por la representación fiscal o por la defensa. Se declaro abierto el debate, concediéndose la palabra: 1) Al ciudadano Fiscal 19° del Ministerio Público, con Competencia Plena a Nivel Nacional, abogado: C.M.; 2) A la ciudadana: E.M., en representación del Banco Industrial de Venezuela; 3) A la ciudadana: Z.M., en representación de la Procuraduría de la República Bolivariana de Venezuela; 4) Al ciudadano: L.E.A., de la Defensa; al acusado, ciudadano: R.T.A.; 5) Nuevamente al ciudadano Fiscal 19° del Ministerio Público, con Competencia Plena a Nivel Nacional, abogado: C.M.; para proceder a interrogar al Acusado; 6) Nuevamente Al ciudadano: L.E.A., de la Defensa para interrogar al acusado; y 7) por ultimo: El Juez SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ciudadano: BRAULlO S.M., de acuerdo al Artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, interrogo al Acusado. Terminado el acto, se convoco a los presentes de acuerdo a los Artículos 336 y 335 ordinal 2°, del Código Orgánico Procesal Penal a la continuación del Juicio Oral y Publica para el día 8 de Mayo del año 2007.

   Posteriormente a la celebración de esta Audiencia, en fecha 8 de Mayo de 2007, estando en la sede del TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA . EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, se firmo un acta de diferimiento de la Audiencia Juicio para el día 9 de mayo de 2007. En esa oportunidad el ciudadano Juez del referido Tribunal, nos hizo entrega al abogado de la Defensa Privada, ciudadano: L.E.A., como al acusado: ciudadano R.T.A., de un documento que contenía el acta correspondiente a la Audiencia de Inicio del Juicio Oral y Público, celebrada en fecha 20 de Abril de 2007, para que procediésemos a su corrección, por cuanto la transcripción, de lo referido oralmente, durante la Audiencia, por los intervinientes, por parte de quien realizo las funciones de secretaria del Tribunal, abogado: I.J.M., en ese acto, era confusa e ilegible, adoleciendo de errores de forma y fondo; razón por la cual, ante las sugerencias y señalamientos del ciudadano Juez, iniciamos su corrección en la sede del Tribunal. Pasados aproximadamente veinte (20) minutos; los ciudadanos: L.E.A., y R.T.A., le manifestamos al ciudadano Juez, la imposibilidad de corregir en forma inmediata, el contenido del Acta de Inicio, motivo por el cual, el Juez ordeno a su Secretaria nos entregara un Casette, con el contenido del acta levantada, en la Audiencia del 20 de Abril del año 2007, abogado: I.J.M., para que nos llevásemos el casette, y procediéramos a su corrección y una vez realizadas las mismas, hiciéramos, entrega del casette corregido, a la Secretaria del Tribunal. Estas correcciones, en efecto, fueron realizadas, en el transcurso de dos (3) o cuatro (4) días y entregadas a la Secretaria del Tribunal, para de esta manera, reformular el Acta de Inicio de Juicio; mediante las correcciones aportadas en casette, y entregados por la Defensa, el Acusado y también por el Representante del Ministerio Público, quien corrigió su intervención den el acto de Inicio del Juicio, incorporándose al expediente, este nuevo material corregido por las partes, en lugar del acta original, Esta acción conforma, sin duda alguna, una flagrante violación a los principios de Oralidad, inmediación, contradicción y Publicidad, durante el proceso.

   Como resultado de las correcciones ordenadas por el ciudadano JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, existen dos (2) versiones del Acta de Inicio del Juicio Oral v Público. la original contenida en un casette, entregado a las partes para su corrección, levantada por la ciudadana: I.J.M., durante la Audiencia que dio inicio al Juicio Oral y Público, tal y como lo exige el Artículo 368, del Código Orgánico Procesal Penal, y la corregida, por las partes, consignada en el Tribunal, y posteriormente incorporada al expediente cursante a la Pieza 23 Folios 214 al 251: Esta acta corregida, viola los Artículos: 1, 14, 15, 16, 18, 338, 368, 347 Y 130 del Código Orgánico Procesal y al ser su contenido incorporado a la sentencia. condenatoria del ciudadano: R.T.A., de fecha 22 de Abril del año 2008, por parte, del TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, la vicia, de nulidad absoluta, hecho que debe de ser declarado por la Sala de la Corte de Apelaciones que conozca del presente recurso.

   DE LA SENTENCIA Y LA INCORPORACIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO VICIADA.

   PRIMERO:

   1). Nos señala la sentencia del TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en su “CAPITULO II DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL PRESENTE JUICIO, a) DE LA ACUSACIÓN Y LOS MEDIOS DEFENSIVOS”...

   (...)

   El Fiscal 19° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, nunca hizo las afirmaciones. citadas en la sentencia del Juez. durante el acto de inicio de juicio oral V lJúblico de fecha 20 de abril de 2007, cursante a la Pieza 23, Folios 215 al 218 , evidencia irrefutable de ello, es el contenido del Acta original, levantada por la secretaria del Tribunal, abogado: I.J.M., contenidas en el casette, suministrado por el Tribunal, a las partes, para su corrección. Basta comparar los contenidos de las actas: la original y la corregida, para que surja la prueba de la inobservancia por parte del ciudadano Juez, de los principios específicos del sistema acusatorio y que son indispensables para la validez de todo procedimiento oral, nos referimos a los principios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal referidos a: la oralidad, publicidad, concentración, inmediación y contradicción; violados f1agrantemente por este funcionario, al emitir el fallo condenatorio, de fecha 22 de Abril de 2008.

   Lo citado por el ciudadano Juez, como exposición del Fiscal Décimo Novena (19°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, durante el acto de inicio de juicio oral y público de fecha 20 de abril de 2007, es producto de una corrección, realizada por este funcionario al contenido del Acta original, fuera de la sede del Tribunal y consignada posteriormente al Tribunal en un casette. Prueba de ello es el contenido del Acta original, levantada por la ciudadana: abogado: I.J.M., de la intervención del Representante del Ministerio Público, la cual de acuerdo al contenido del Artículo 368, del Código Orgánico Procesal Penal, por desempeñar las funciones de secretaria durante el debate, es la única persona facultada para legitimar el contenido de la misma

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   (...)

   La Defensa del Acusado, nunca hizo las afirmaciones, citadas en la sentencia del Juez, durante el acto de inicio de juicio oral v público de fecha 20 de abril de 2007, cursante a la Pieza 23, Folios 219 al 224, evidencia irrefutable de ello, es el contenido del Acta. original, levantada por la secretaria del Tribunal, abogado: I.J.M., contenidas en el casette, suministrado por el Tribunal, a las partes, para su corrección. Basta comparar los contenidos de las actas: la original y la corregida, para que surja la prueba de la inobservancia por parte del ciudadano Juez de los principios específicos del sistema acusatorio y que son indispensables para la validez de todo procedimiento oral, nos referimos a los principios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal referidos a: la oralidad, publicidad, concentración, inmediación y contradicción; violados flagrantemente por este funcionario, al emitir el fallo condenatorio, de fecha 22 de Abril de 2008.

   Lo citado por el ciudadano Juez, como exposición de la Defensa del ciudadano: R.T.A., durante el acto de inicio de juicio oral y público de fecha 20 de abril de 2007, es producto de una corrección, realizada por el abogado, ciudadano: L.E.A., al contenido del Acta original, fuera de la sede del Tribunal y consignada posteriormente al Tribunal en un casette. Prueba de ello es el contenido del Acta original, levantada por la ciudadana: abogado: I.J.M., de la intervención del Representante del Ministerio Público, la cual de acuerdo al contenido del Artículo 368, del Código Orgánico Procesal Penal, por desempeñar las funciones de secretaria durante el debate, es la única persona facultada para legitimar el contenido de la misma

   ...

   (...)

   El Acusado, ciudadano: R.T.A., nunca hizo las afirmaciones. citadas en la sentencia del Juez. durante el acto de inicio de juicio oral y +Público de fecha 20 de abril de 2007. cursante a la Pieza 23, Folios 227 al 248, evidencia irrefutable de ello, es el contenido del Acta original, levantada por la secretaria del Tribunal, abogado: I.J.M., contenidas en el casette, suministrado por el Tribunal, a las partes,' para su corrección. Basta comparar los contenidos de las actas: la original y la corregida, para que surja la prueba de la inobservancia por parte del ciudadano Juez, de los principios específicos del sistema acusatorio y que son indispensables para la validez de todo procedimiento oral, nos referimos a los principios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal referidos a: la oralidad, publicidad, concentración, inmediación y contradicción; violados f1agrantemente por este funcionario, al emitir el fallo condenatorio, de fecha 22 de Abril de 2008.

   Lo citado por el ciudadano Juez, como exposición del Acusado., ciudadano: R.T.A., durante el acto de inicio de juicio oral y público de fecha 20 de abril de 2007, es producto de una colección, realizada por este ciudadano, al contenido del Acta original, fuera de la sede del Tribunal y consignada posteriormente al Tribunal en un casette. Prueba de ello es el contenido del Acta original, levantada por la ciudadana: abogado: I.J.M., de la intervención del Acusado, ciudadano: R.T.A., la cual de acuerdo al contenido del Artículo 368, del Código Orgánico Procesal Penal, por desempeñar las funciones de secretaria durante el debate, es la única persona facultada para legitimar el contenido de la misma

   ...

   (...)

   El Fiscal 19° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, nunca hizo las preguntas al Acusado. tal y como las cita en la sentencia el ciudadano Juez. durante el acto de inicio de juicio oral y público de fecha 20 de abril de 2007. cursante a la Pieza 23, Folios 248 al 250, evidencia irrefutable de ello, es el contenido del Acta original, levantada por la secretaria del Tribunal, abogado: I.J.M., contenidas en el casette, suministrado por el Tribunal, a las partes, para su corrección. Basta comparar los contenidos de las actas: la original y la corregida, para que surja la prueba de la inobservancia por parte del ciudadano Juez, de los principios específicos del sistema acusatorio y que son indispensables para la validez de todo procedimiento oral, nos referimos a los principios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal referidos a: la oralidad, publicidad, concentración, inmediación y contradicción; violados f1agrantemente por este funcionario, al emitir el fallo condenatorio, de fecha 22 de Abril de 2008.

   Lo citado por el ciudadano Juez, como las preguntas realizadas por el Fiscal Décimo Noveno (19°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, durante el acto de inicio de juicio oral y público de fecha 20 de abril de 2007, es producto de una corrección, realizada por este funcionario al contenido del Acta original, conjuntamente con el Acusado, ciudadano: R.T.A., en el Despacho del Fiscal Décimo Noveno (19°) del Ministerio Público del la sede del Tribunal y consignada posteriormente al Tribunal en un casette. Para realizar esta corrección, el Fiscal interrogo de nuevo al Acusado, sin la presencia de su abogado Defensor, hecho este, que se evidencia al comparar el contenido de las dos (2) Actas: la original y la corregida y que denunciaremos en capitulo separado y que constituye. sin lugar a dudas, una flagrante violación al Artículo 347 en concordancia con el Artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, al ser nulo su contenido, por no haber estado presente, durante ese interrogatorio su abogado Defensor.

   Prueba de ello es el contenido del Acta original, levantada por la ciudadana: abogado: I.J.M., de la intervención del Acusado, ciudadano: R.T.A., la cual de acuerdo al contenido del Artículo 368, del Código Orgánico Procesal Penal, por desempeñar las funciones de secretaria durante el debate, es la única persona facultada para legitimar el contenido de la misma”...

   (...)

   En esta parte de la sentencia el ciudadano: JUEZ DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, cita el contenido del Acta original, auque las correcciones, correspondientes a las preguntas de la Defensa al Acusado, fueron realizadas por estos ciudadanos, y consignadas al Tribunal en el casette corregido, las cuales, nunca fueron incorporadas al Acta corregida; aclarando que es imposible que el Acusado hubiese afirmado durante ese acto, de que: "En el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91", como consecuencia del conocimiento que tiene este ciudadano del expediente, entre otras cosas, porque es imposible esa afirmación por cuanto para el año 1986, no había sido promulgado el Decreto 1826, al cual pertenecen los Certificados Provisionales 495 y 496" Y en segundo lugar la Defensa y el Acusado mantuvieron durante el curso del Juicio el criterio contrario de lo allí afirmado.

   (...)

   Lo citado por el ciudadano Juez, como las preguntas que él, realizo al acusado durante el acto de inicio de juicio oral y público, de fecha 20 de abril de 2007, es producto de una corrección, realizada por este funcionario al contenido del Acta original. Prueba de ello es el contenido del Acta original, levantada por la ciudadana: abogado: I.J.M., de la intervención del Acusado, ciudadano: R.T.A., la cual de acuerdo al contenido del Artículo 368, del Código Orgánico Procesal Penal, por desempeñar las funciones de secretaria durante el debate, es la única persona facultada para legitimar el contenido de la misma”...

   (...)

   Igualmente el ciudadano JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, hace, nuevamente, uso indebido del Acta corregida viciando de esta forma su fallo de nulidad, cuando en el cuerpo de su sentencia, en el CAPITULO III: DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL CONSIDERA ACREDITADOS.

   1. Cuando cita a la Pieza 28 Folio 377, las preguntas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Y 27 , correspondiente al Interrogatorio que corrigió y realizo en su Despacho el Fiscal 19° del Ministerio Público, al Acusado sin la presencia de abogado defensor, las cuales están contenidas en el Acta corregida citadas en el punto SÉPTIMO del presente recurso, y que por razones de no hacerlo mas extensivo damos por citadas en este punto (Ver punto SEPTIMO: "preguntas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27) ”)

   2. Cuando cita a la Pieza 28 Folio 378 y 379, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8 , correspondiente al Interrogatorio realizado por la Defensa al Acusado durante la Audiencia de Inicio del Juicio, las cuales están contenidas en el Acta corregida citadas en el punto OCTAVO del presente recurso, y que por razones de no hacerlo mas extensivo damos por citadas en este punto (Ver punto OCTA VO: "preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y 8”)

   3. Cuando cita al Folio 379, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, correspondiente al Interrogatorio realizado por la Defensa al Acusado durante la Audiencia de Inicio del Juicio, las cuales están contenidas en el Acta corregida citadas en el punto NOVENO del presente recurso, y que por razones de no hacer lo mas extensivo damos por citadas en este punto (Ver punto NOVENO: "preguntas: 1, 2, 3,4,5, 6 “)

   (...)

   “....el principio procesal de la oralidad contenido en los Artículos 1, 14 Y 338, del Código Orgánico Procesal Penal, fue violado, durante el presente proceso al no reflejar, el contenido del Acta de Inicio del Juicio Oral y Público, cursante a Pieza. xxx; Folios xxxx , correspondiente a la Audiencia de fecha 20 de Abril del año 2007, y como consecuencia de ello la sentencia que la contiene, viciándola de nulidad absoluta, el conocimiento directo, que de los hechos, expuesto oralmente por las partes en ese acto, pudo apreciar el JUEZ DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, todo ello como consecuencia de haber sido el Acta referida, corregida, individualmente por las partes, por disposición de este funcionario. Este principio de la oralidad impone que en la celebración de las audiencias, los actos allí realizados se les perciban, valoren y analicen en su esencia; percepción, valorización y análisis que se pierde al ser el Acta que contienen lo acontecido en la misma, como en nuestro caso, un documento producto de correcciones y adiciones de conceptos y hechos nuevos y no explanados durante la celebración de la Audiencia; realizados en forma individual y escrita, por las partes, en fechas posteriores, fuera del Palacio de Justicia, sede de los Tribunales Penales y en consecuencia impidiendo, la percepción directa por parte del juez, de lo que originalmente expusieron las partes durante la Audacia del Inicio del Juicio, celebrada en fecha 20 de Abril del año 2007, producto de esta corrección y alteración del Acta, tanto en su forma como en el fondo. El análisis que de ella realice el sentenciador, señalado en la jurisprudencia de la Sala Penal referida, no puede nunca reflejar la realidad y certeza de los hechos, por contener, conceptos no explanados en la Audiencia Inicial del Juicio Oral y Público. La sentencia publicada con fecha 22 de Abril del año 2008, es nula, por ser violatoria del principio de oralidad, característica fundamental del sistema acusatorio, al formar parte de su contenido, el Acta de Inicio del Juicio Oral y Público, co"egida y referida anteriormente. Los hechos que el sentenciador percibió, durante la celebración de la Audiencia de Inicio del Juicio, así como, los diferentes alegatos, expuestos por, el Fiscal 19° del Ministerio Público, por la Defensa y por el Acusado, quedan desvirtuados y desdibujados al ordenar el JUEZ DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, su corrección e incorporación al expediente, y posteriormente fundamentar su sentencia en este contenido, la vicia de nulidad absoluta. Reiteramos, el contenido del Acta viciada no refleja lo expresado por los intervinientes en la Audiencia del Juicio Oral y Público, celebrada en fecha 20 de abril del año 2007; no pudiendo, tener el órgano decidor,. la certeza, para su análisis, de que el contenido del acta corregida sea lo que realmente, se dijo durante el transcurso de esa Audiencia, lo cual se evidencia en forma clara e irrefutable al comparar el cuerpo de ambas actas: la original y la corregida.

   El principio de la publicidad, contenido en el Artículo 15, del Código Orgánico Procesal también fue violado, como consecuencia del Acta corregida a la que hemos hecho referencia, por cuanto la misma no contiene los hechos percibidos por las personas, que no siendo parte en el juicio asistieron físicamente a esa Audiencia, en otras palabras no es congruente con el principio de la publicidad la discrepancia entre lo percibido durante la Audiencia y el contenido de las Actas de las mismas. Hecho ordenado por el ciudadano: JUEZ DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. La Publicidad no debe limitarse a conocer y acceder al desarrollo del debate, sino que comprende que el conocimiento del contenido de la sentencia sea congruente con los expresados por las partes, peritos y testigos oralmente durante las diferentes audiencias que tuvieron lugar en el Juicio. En el presente caso el contenido de la sentencia DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, al citar en forma total el contenido del Acta de Inicio, corregida por las partes, altera lo dicho en forma pública durante el Acto de Inicio del Juicio, perdiéndose la percepción, que de los hechos explanados oralmente, tenían las personas que asistieron al acto de apertura del Juicio.

   En lo que al principio de la Inmediación se refiere, el Código Orgánico Procesal Penal, establece en su Artículo 16 Inmediación: "Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento".

   En este contexto, la Sala de Casación Penal ha dispuesto que: "la inmediación es un principio propio de la etapa del juicio oral toda vez que corresponde a los jueces de control y de juicio, apreciar las pruebas y establecer los hechos". (Sentencia N° 526 del 10 de octubre de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor E.R.A.A.). La apreciación aquí referida, pierde su dimensión al ordenar el JUEZ DEL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, la coerción del Acta de Inicio del Juicio a las partes, incluyendo el interrogatorio al Acusado, por parte del Fiscal 19° del Ministerio Público, sin la presencia de su abogado defensor; por cuanto el contenido del Acta corregida, que fundamenta parcialmente su sentencia, no fue en ningún momento percibida por el sentenciador.

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQuí EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE ANULE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y SE ORDENE LA CELEBRACIÓN DE OTRO JUICIO ORAL Y PÚBLICO, ANTE UN JUEZ DISTINTO AL QUE PRONUNCIO EL FALLO A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA.

   CAPITULO IX

   NOVENA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452. DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL. NUMERAL 2. FALTA, CONTRADICCIÓN O ILOGICIDAD MANIFIESTA EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, O CUANDO ESTA SE FUNDE EN PRUEBAS OBTENIDAS ILEGALMENTE O INCORPORADAS CON VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEL JUICIO ORAL

   La actividad mental a la que estaba obligado el JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los fines de determinar el grado de certeza que surge o evidencia de un medio probatorio, para de esta manera quedar su sentencia circunscrita a una verdadera motivación, no estuvo presente en el presente caso; por otra parte es cierto que los Jueces son soberanos en cuanto a la apreciación de la prueba, pero siempre bajo el criterio de que esa potestad es jurisdiccional y no discrecional, hecho evidenciado en la sentencia condenatoria de fecha 22 de Abril del año 2008, la cual impugnamos mediante el presente recurso de apelación, al omitir deliberadamente hechos plenamente demostrado durante el Juicio, evadiendo el análisis del pro y el contra de los puntos ampliamente debatidos durante las diferentes audiencias. Característica de esta sentencia es la falta de señalamiento expreso de cómo se valoro la prueba, de las cuales vale la penas destacar documentos administrativos que como los comprobantes internos de contabilidad y las Planillas de Relación para el Cobro de Intereses, fueron acreditados, en copias fotostáticas simples, contraviniendo el ordenamiento legal vigente. Las premisas señaladas se fundamentan como un todo orgánico, dando origen a una sentencia inmotivada, afectada por su contradicción, e ilogicidad y manifiesta, aspectos señalados en el numeral 2, del Artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

   (...)

   La sentencia DEL JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, resulta inmotivad, contradictoria e ilógica, repetimos por la discrecionalidad en la actuación de este Funcionario, hecho demostrado al omitir en forma deliberada hechos acreditados durante el Juicio los cuales pasamos a enumerar, a través de un estudio y posterior análisis comparativo por materia correspondientes a los interrogatorios realizados durante el juicio oral y público iniciado el 20 de abril del año 2007, por el referido Tribunal, con relación a la acusación presentada por el Fiscal 19 del Ministerio Público con competencia plena a nivel nacional al ciudadano: R.T.A., por el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito.

   El Banco Industrial de Venezuela no cuenta con los asientos correspondientes a los registros contables de la propiedad, custodia, y cobro de intereses, correspondientes a los Certificados provisionales 495 y 496 del Decreto 1826, estos elementos constituyen la prueba directa de esos hechos al punto tal que la ley venezolana, específicamente el Artículo 128 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones de Crédito, obliga al Ministerio Público, al no haberse constituido en parte en el proceso, la referida Institución Bancaria, a promover como prueba y haber presentado durante el juicio los Libros Auxiliares con los asientos respectivo, la razón es mas Que obvia. de no haber lo hecho: simplemente no cuentan con estos elementos.

   Por este motivo el Ministerio Público recurre a una prueba indirecta o indiciaria, conformada por las copias fotostáticas simples de las seis (6) Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses, lo cual afirmamos durante el Juicio, que son un montaje fotostático, en otras palabras un forjamiento, afectado de falsedad intelectual y material según la extensa doctrina al respecto. Este hecho esta plenamente demostrado. se deriva V evidencia de la simple lectura de los interrogatorios anexos de los cuatro (4) expertos de Instituciones venezolanas. Todas las experticias son fundamentales para los fines contenidos en el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, pero existe una circunstancia que la Corte de Apelaciones debe de tener muy en cuenta, nos referimos al hecho de que el Ministerio Público promovió como prueba, solamente las dos (2) ultimas experticias, siendo estas las de fechas mas lejanas a la denuncia interpuesta por la Institución Bancaria, hecho lógico y deducido que encuentra la razón de ser, a que cuando se realizaron las dos primeras experticias no se habían forjado las Copias Fotostáticas Simples, de los documentos administrativos referentes a seis (6) Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses y carecía el Representante del Ministerio Público de ellas, pero muy a favor nuestro esta el hecho de que estas Planillas no son autónomas, al contrario dependen de ocho (8) documentos que deben de soportarlas según el Artículo 9 del Reglamento del Crédito Público, circunstancia esta Que no fue tomada en cuenta por Quien realizo o autorizo la falsificación; no apareciendo en el expediente durante quince (15) años ni un solo de estos documentos; lo cual fue aprovechado satisfactoriamente, por la Defensa en los interrogatorios a los expertos, para lograr la convicción judicial del juzgador de esa circunstancia, hecho que evidentemente ante la sentencia condenatoria y con el objeto de favorecer a la presunta victima: Banco Industrial de Venezuela, no ocurrió o al menos, no fue manifestado, como debería haber/o hecho el sentenciador, en el cuerpo de su sentencia. Debemos añadir, lo cuales muy sencillo reentender, que de haber sido ciertas y autenticas esas Planillas hubiesen sido consignadas en fecha 21 de Enero de 1993, como prueba indiciaria del cobro de intereses y no el 22 de Noviembre de 1997(4 años después) por los expertos de de la Sudeban en su Informe Pericial.

   En cuanto al orden de los interrogatorios es importante aclarar/e, que el mismo fue invertido, es decir, se coloco en primer término los referentes a la Titularidad de los Certificados Provisionales 495 y 496, cuando en realidad esa falta de titularidad es consecuencia de otras pruebas que fueron ubicadas posteriormente.

   Por ultimo consideramos que las pruebas recogidas a través de esos interrogatorios son contundentes, no existe manera alguna de argumentar en contrario. El JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, no tomo en cuenta, en cuenta a la hora de decidir la ausencia de los originales de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses, lo cual es inexplicable, por dos (2) razones: Primero, al carecer de los originales impide realizar una serie de prueba sobre ellos, que determinan con toda precisión, entre otras cosas, la más importante: la fecha en que fueron realizadas y Segundo, siendo Planillas autofirmantes y conformadas por cuatro (4) componentes, la inexistencia de ellos en el Banco Central de Venezuela; Banco Industrial de Venezuela, y Ministerio de Finanzas, instituciones en las que fueron realizadas Inspecciones Oculares y no fueron exhibidos ni consignados los componentes a que hemos hecho referencia. Violando el debido proceso, a intervenir en ellas a objeto de controlar la prueba, incorporando posteriormente una presuntas "Copias Certificadas" cuyos originales no fuero exhibidos durante las Inspecciones realizada al Banco Central de Venezuela.

   Los interrogatorios están fundamentados en la Insuficiencia Probatoria del Ministerio Público, lo cual se pone de manifiesto en el Capitulo XII, al tratar las pruebas promovidas por esta Institución, en relación a la propiedad de los Certificados Provisionales 495 y 496 del Decreto 1826. Esta documentación es inoticiosa y dista mucho de demostrar propiedad alguna. Su debilidad procesal esta remanifiesto al estar impedido de exhibir para su examen, ante el Juez, los Libros Auxiliares de Contabilidad, tal como lo prevé el Artículo 128 de la Ley Generadle Bancos y Otras Instituciones de Crédito, vigente para la época de los hechos.

   El Banco Industrial de Venezuela al tratar de reivindicar los Certificados Provisionales 495 y 496 del Decreto 1826, ha debido de probar dos (2) cosas: Primerol el elemento objetivo de la reivindicaciónl el hurto del cual fue objeto. Y posteriormente, en segundo lugar el elemento subjetivo de la reivindicación consistente en la mala fe de su actual poseedor. Hechos no acreditados en forma alguna durante el Juicio, y que de manera discrecional los dio por probados El JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS,

   El mecanismo del principio de la irreivindicabilidad de eso Certificados Provisionales, se puso en marcha a partir del 24 de Mayo del 2001, cuando la Sala de Casación Penal declaro Inadmisible el recurso de casación, en contra de la sentencia de la Sala Quinta de la C. deA., que Absolvió del delito de Peculado Culposo a la Gerente de Valores de la Institución Bancaria, adquiriendo de esta manera el carácter de definitivamente firme y pasada en autoridad de Cosa Juzgada

   ...

   (...)

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQuí EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE ANULE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y SE ORDENE LA CELEBRACIÓN DE OTRO JUICIO ORAL Y PÚBLICO, ANTE UN JUEZ DISTINTO AL QUE PRONUNCIO EL FALLO A QUE HEMOS HECHO REFERENCIA.

   CAPITULO X

   DÉCIMA DENUNCIA: CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL NUMERAL 4. VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE UNA N.J.. AL HABERSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 49, NUMERAL 7, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA .REPÚBLLCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL ARTÍCULO 1, 368 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

   Con fecha 26 de Abril del año 2007, La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia correspondiente al Exp. N° 07-0040 con ponencia de la Magistrado BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN, (Caso J.L.R.M., contra LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MONAGAS) dejo establecido el criterio de la importancia de la firma del secretario en las Actas”...

   (...)

   Señala el artículo 368 del Código Orgánico Procesal Penal, Que Quien desempeñe la función de secretario durante el debate, levantará el acta. Y según el artículo 370 eiusdem, el acta sólo demuestra el modo como se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades previstas, personas que han intervenido y actos que se llevaron a cabo.

   El Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, enumera los deberes y atribuciones de los secretarios, entre los cuales está ": ... 2° Autorizar con su firma los actos del tribunal ……7° Asistir a las audiencias del tribunal y autorizar con su firma todos los actos ... ".

   Según el artículo 1357 del Código Civil Venezolano, para que un instrumento sea considerado público o auténtico, debe ser autorizado por un registrador, un juez u otro funcionario o empleado que tenga facultad para darle fe pública.

   Podemos concluir que el secretario del tribunal es el autor y responsable del acta del debate, con su firma da fe pública de su contenido, DE ALLÍ QUE LA MISMA SEA INDISPENSABLE COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. En otras palabras, la sola firma del Secretario da fe pública de que el contenido del acta es veraz y que la actuación de las partes fue realizada. (Mayúsculas, resaltado y subrayado nuestro)

   De manera que en el presente caso la falta de firma del Juez en el acta debe entenderse como una omisión importante, sin embargo no indispensable, ya que el acta ha sido firmada por el Secretario y las partes quienes dan fe, entre otras cosas, de la presencia del juez en el debate. Por otra parte, la sentencia sí fue firmada tanto por el Juez como por el Secretario, con validando así su autoría y contenido.

   De acuerdo a lo señalado por la Sala el Secretario (a) es el autor y responsable del acta de debate, dando con su firma fe del contenido, la cual y tal como lo expresa la sala de Casación Penal en su Sentencia LA MISMA SEA INDISPENSABLE COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, por argumento en contrario la falta de la misma viola el contenido del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, ambos referidos al debido proceso. En adición a lo Argumentado al da fe publica del documento la firma del secretario, carece de este carácter toda acta afectada por la carencia de firma de este funcionario. Igual sucede con la certeza de su contenido y que las actuaciones de las partes fueron realizadas. Más aun destaca la jurisprudencia referida que la omisión de la firma de Juez es importante pero no importante cuando el acta haya sido firmada por el secretario, de ahí la importancia derivada de la presencia y firma del secretario (a) en el acta (s) correspondientes a los actos del Juicio Oral y Público.

   Dicho esto debemos de señalar ante esa Sala de la Corte de Apelaciones, que conoce del presente recurso que las actas correspondientes a los actos de Audiencia de fecha 9 de Mayo de 2007 y 13 de Agosto de 2007, referentes al Juicio seguido por el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito al ciudadano: R.T.A., carecen de la firma de los funcionarios que en los referidos actos realizaron las funciones de secretario durante esas Audiencias, siendo en consecuencia estos documentos violatorios del debido proceso. De este hecho tuvo conocimiento el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, y la INSPECTORÍA DE TRIBUNALES, en fecha 13 de Mayo de 2008. Como prueba a este hecho se anexan copias debidamente certificadas por el Juzgado referido.

   CON FUNDAMENTO A LAS PREMISA AQuí EXPUESTAS SOLICITAMOS A LA CORTE DE APELACIONES QUE HA DE CONOCER DEL PRESENTE RECURSO, Y DE ACUERDO LOS ARTÍCULOS 452 EN CONCORDANCIA CON EL 457 AMBOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL SE DICTE UNA SENTENCIA PROPIA CON BASE A LAS COMPROBACIONES DE HECHOS YA FIJADA POR LA RECURRIDA, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA NO HAGA NECESARIO LA FIJACIÓN DE UN NUEVO JUICIO POR EXIGENCIAS DE LA INMEDIACIÓN Y LA CONTRADICCIÓN”....

5. LA AUDIENCIA DE LA APELACIÓN.-

   Regulada esta por los Artículos 455 y 456 del Código Orgánico Procesal Penal, se celebró el 20-1-09. Lo acontecido en ella quedó reflejada en su respectiva Acta, la cual se trascribe a continuación:

   Hoy, martes (20) de Enero del año dos mil nueve (2009), siendo las diez y tres (10:03) minutos ante meridiem (09:30 am.), día fijado para que tenga lugar el Acto de la Audiencia Oral a que se refiere el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, en las actuaciones signadas bajo el N° 2337-08, seguida en contra del penado R.T.A., titular de la cédula de identidad Nº V- 2.930.567. Al efecto, constituida la Sala Nueve de la Corte de Apelaciones por los Jueces Integrantes: Dr. A.Z.A. (Presidente), Dr. J.C.V.; (Juez Integrante) y el Dr. A.J.D. (Juez Ponente), así como por la Secretaria del Despacho, Abg. R.M., quien dejó constancia, que vista la diligencia interpuesta ante el Despacho previa al desarrollo de la Audiencia por el Dr. L.E.A., en su carácter de Defensor del ciudadano R.T.A., mediante la cual solicito se disponga de los medios de grabación durante el acto de la Audiencia Oral ello conforme a lo establecido en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual concedió la Sala, es por lo que se permite la permanencia en la Audiencia del ciudadano L.S.J.E., titular de la Cédula de identidad Nº V- 13.274.625, técnico adscrito a la Oficina de Participación Ciudadana de este Circuito Judicial Penal. Seguidamente el Juez Presidente se dirige a las partes y manifiesta que antes de cualquier tipo de intervención de las partes hago del conocimiento, que esta audiencia, el penado solicito que fuera grabada, lo cual concedió la Sala en el día de hoy. Como asunto inicial, ciudadana secretaria, tome nota que esta audiencia va a ser grabada, asumiendo la interpretación que le da la Sala al artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, dejándose constancia, que el acta de la Audiencia va a servir también como acta que refleja lo dispuesto en el artículo 334, dejándose por entendido que las partes que asisten a la Audiencia son las que se mencionaran a renglón seguido, de acuerdo a la identificación que haga la ciudadana Secretaria y que esta Audiencia se está realizando en la Sala 9 de la Corte de Apelaciones, en el día de hoy comenzando a las diez y tres (10:03) horas de la mañana, a los fines establecido en el propio artículo 334, del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho esto, ciudadana Secretaria. Sírvase identificar quienes están presente. Se procedió anunciar el acto con las formalidades de Ley, verificando la presencia del ciudadano R.T.A., penado en la presente causa, la defensa privada del penado Dr. L.E.A., la Dra. Y.G.T. en su carácter de Fiscal 19º del Ministerio Público con Competencia Plena, los Representantes Legales del Banco Industrial de Venezuela. Abogados. E.R.R.M. y S.G., así como, los Representantes de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, Abogadas, D.M. y MARCELIS HERNANDEZ. Concluido, el Dr. A.Z.A., manifiesta a las partes que asumen el conocimiento que esta audiencia se esta regulando conforme a las pautas del articulo 455 y 456 del Código Orgánico Procesal Penal, habida cuenta de la Sentencia Condenatoria que surgió de un Juicio Oral y Público, en la cual estuvieron presentes las partes ahora representadas por las personas que en este momento se hallan en esta Sala, así la manera como va a ser concebida esta Audiencia es en primer lugar, permitiéndosele la intervención a la parte apelante del penado, a renglón seguido se permitirá la intervención del Ministerio Publico, de la Procuraduría, y finalmente de los Representantes del Banco Industrial, para luego pasar a una fase de replica y de contrarréplica si así lo desean las partes, en lo que atañe a la intervención del penado esta Sala acoge el criterio que proviene de la Sala de Casación Penal, en el sentido que si en esta Audiencia asiste el procesado se va a permitir su intervención, ahora bien le pregunto al Ministerio Publico: ¿La presunta victima el Banco Industrial de Venezuela interpuso acusación particular propia? Respondiendo el Ministerio Público: No ciudadano Magistrado, no se querelló. Concluido, el Dr. A.Z.A., señala entonces, que la intervención de la presunta victima, el Banco Industrial de Venezuela se hará finalmente, rectifico no se hará en el momento de la intervención inicial del apelante, si no se permitirá la intervención del Ministerio Publico y de la Procuraduría, finalmente luego de la intervención del penado, si ha bien lo tiene hacer se permitirá la intervención de la presunta victima, lo del penado en atención al 125 del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 49.1 de la Constitución y 118 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, yo entiendo salvo que el Ponente me informe otra cosa, que no hay promoción de pruebas en esta Audiencia, si hubiese alguna prueba a ser promovida se llevará a cabo el debate probatorio, es decir, entiendo que es una audiencia de alegación, de ilustración de los fundamentos tanto del recurso de apelación como de la contestación, si se promovió alguna prueba, pero esa prueba es de carácter documental, entonces que las partes en su intervención hagan sus precisiones, hagan sus alegatos frente a la prueba documental y así si tiene a bien la parte emplazada contestar, entonces se referirá en el desarrollo de la audiencia, yo creo que veinte (20), minutos por cada expositor es tiempo razonable para poder conocer los alegatos de cada una de las partes, y es el tiempo que se concederá, en todo caso, las partes si sienten que se quedaran coartadas un poco en el tiempo, yo lo que les puedo sugerir es que hagan uso del derecho a replica, y en esa replica extiendan pues sus planteamientos, en todo caso si se extienden mas allá de los veinte minutos, el mismo tiempo se le irá a conceder a la parte emplazada, entonces en primer lugar se le concede el derecho de palabra al apelante Dr. L.E.A.. Concluido. Toma la palabra el Dr. L.E.A. quien de seguidas expuso: Buenos días señores Magistrados, obviamente que considero que la Sala ha dado un tiempo tal vez mayor de lo que podía ser, en todo caso, dada la amplitud del recurso consignado, aún veinte minutos sería poco pero voy a tratar de comprimir un poco en beneficio de la Audiencia y vamos a tratar de cubrir de manera sintética el contenido de la denuncia, ya que el escrito recursorio consta de de mas de doscientos (200) folios, de los cuales están expresados con mucho detalle las diez denuncias que fueron formuladas. En primer lugar, tenemos que como primera denuncia y considero la más importante de todas, una denuncia fundada en el articulo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene que ver con la violación de Ley por infracción o falta de observación de una N.J., en este caso, denunciamos la violación del articulo 49 de la Constitución Nacional, en su numeral 7, y el articulo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, ambos en relación a la Cosa Juzgada. ¿Por qué alegamos esto?. El caso que nos ocupa es un caso en el cual el Banco Industrial de Venezuela, denunció a mi juicio maliciosamente en el año noventa y tres, el hurto de unos bonos de la Deuda Pública Nacional y presentó una denuncia sin ningún fundamento, el Banco Industrial cuando presento la denuncia, no pudo consignar en ningún momento, ninguna evidencia, ninguna prueba, ningún elemento que sostuviera que ellos habían sido propietarios, o custodios o tenedores de estos bonos, o que siquiera los hubiera tenido en su poder, eso para comenzar por allí, no hubo documentación en la denuncia, ese Juicio en principio fue seguido en contra de la Gerente del Banco Industrial de Venezuela, ciudadana N.O.M., por el delito de Peculado Culposo, un delito cuyo componente doloso es el Hurto, un delito accesorio, un delito conexo al Hurto, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, una Sala un Cuerpo Colegiado de tres Magistrados, decidió el 01 de Junio del año 2000, en una sentencia que adquirió el carácter posteriormente de Cosa Juzgada, que no existió el Hurto y razonó y analizó todo el acervo probatorio, los testimonios, los testimonios de cuatro Expertos de cuatro Organismos como Policía Técnica Judicial, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sudeban, y Banco Central de Venezuela, y en función de los testimonios rendidos en Juicio analizados por la Sala sobre esos hechos, decidió razonadamente y declaró que no existió el delito de Hurto, que no había podido ser probado que existiere el delito de Hurto de esos bonos 495 y 496 de la Deuda Pública Nacional, es más agregó la Sala que ni siquiera el Banco pudo tener documentación que sostuviera la propiedad, la tenencia o la custodia de esos bonos y que incluso había hasta una confusión de que habían hablado de unos bonos que habían estado en litigio, que no se referían a esos bonos, a pesar de que el monto era similar, que eran unos bonos distintos y a esas conclusiones llegó la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, esa Sentencia fue recurrida en Casación, obviamente no fue el Banco Industrial de Venezuela, el que recurrió esa Sentencia puesto que ellos nunca tuvieron carácter de parte, porque nunca presentaron acusación propia, la recurrida en Casación por el Ministerio Público y la Sala Penal con Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, declaró inadmisible el recurso, pero es que además de declararlo inadmisible fue al fondo y dictó una observación diciendo que si no había habido hurto no había habido la persona que se hubiera hurtado, no podía considerarse que hubiera podido ocurrir el Peculado Culposo, puesto que como hemos dicho el Hurto es el componente Doloso del Peculado Culposo. Esa relación procesal había sido ya debatida, en el cual R.T.A., el acusado de autos, había sido de alguna manera parte en ese Juicio, aunque no parte formal, porque de acuerdo con el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado R.T.A., fue objeto de actos de procedimientos preprocesales y Procesales. ¿Cuáles fueron lo preprocesales? Bueno el fue incluido en la lista de ciudadanos solicitados por la Policía Técnica Judicial, a el se le ordenó una experticia para determinar su capacidad económica, como lo estaban acusando o imputando de Aprovechamiento de Cosas Provenientes de Delito, entonces el fue objeto de una experticia financiera ordenada por un Tribunal, para que el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, mediante sus expertos determinar si el tenía o no capacidad financiera para haber adquirido esos bonos, esa experticia arrojó que el señor R.T.A., era propietario de más de treinta inmuebles, tenía una fortuna, como patrimonio producto de la herencia de sus padres, cuando estaban vivos, y el manejaba una cantidad de dinero en efectivo, que el colocaba en mesas de dinero, hubo una época que no existía control de cambio y que dólar había muy poco, de paso entonces tenía la cantidad en dólares como para haber adquirido los bonos, y eso fue determinado en esa experticia financiera, esos son actos preprocesales, pero actos procesales también, el fue enjuiciado además paralelamente, por del delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, resultó absuelto, pero el Tribunal Superior de Salvaguarda , por razones de orden formal anuló ese procedimiento, o sea que el si fue enjuiciado y fue anulado el juicio por razones procedimentales y en esa anulación el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, decidió que le incautaran los bonos, el introdujo un Recurso de Amparo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró que su derecho de propiedad le había sido violado por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y ordenó que se le entregaran sus bonos porque eran de él, porque en ningún momento pudo probarse la mala fe de la adquisición, y el, obviamente los bonos le pertenecían y a partir de ese momento el conserva la propiedad de los bonos, pese a que hay unas Medidas Cautelares que han impedido durante quince (15) años que duró este Juicio, desde el año 93 al 2008, le han impedido hacer efectivo el dinero que es de su propiedad. Pues bien, en el acto de apertura, se abrió un juicio, una vez decidido eso por la Sala Penal, la sentencia que dio el carácter de cosa Juzgada pasó en autoridad de Cosa Juzgada Definitivamente Firme y no revisable porque fue una sentencia que quedó firme en cuanto a los hechos, en cuanto al derecho, en cuanto a todo lo que la sentencia en todas sus partes en cuanto a motiva, narrativa dispositiva, que pasó cuando el fue sometido a Juicio dos (2) años después de que esa sentencia quedó firme, se abre un nuevo Juicio con una división de la continencia de la causa, un nuevo Juicio sorpresivo contra el solo, entonces por Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito, porque el Banco para mi opinión consignó una denuncia fraudulenta, una denuncia maliciosa, no estaba dispuesto a perder ese dinero, o a justificar alguna tropelía que se había hecho en el Banco en algún momento, como todas las que se han hecho toda la vida, en Instituciones Públicas, entonces va a tratar de recuperar esos bienes, dos (02) años después le abren un Juicio cuando nunca el Banco había tenido pruebas siquiera que tenía los bonos en custodia, propiedad o tenencia de alguna manera, y entonces cuatro (4) años después de la denuncia cuando nunca habían podido entregar alguna prueba de la propiedad, aparecieron unas copias fotostáticas simples, de las cuales se consignaban unas planillas para el cobro de intereses diciendo que como se habían cobrado intereses de esos bonos, entonces eran propiedad del Banco Industrial, es como que usted tiene un carro y no tiene los papeles de propiedad y un día presenta una factura de un mecánico y dice el carro es mío porque este mecánico me hizo una factura que me reparó los frenos, así fue más o menos la idea, una prueba totalmente indirecta en copia fotostática simple y los originales jamás aparecieron en quince (15) años esas planillas para el cobro de intereses, son planillas auto firmantes que consta de cuatro componentes que se distribuyen en los diferentes Organismos, que tienen que ver con el pago de los intereses, Banco Industrial, duplicado, triplicado, Ministerio de Finanzas, hasta el Banco Central que tiene también uno de esos componentes, esos componentes si eran originales, porque son planillas auto firmantes, jamás existieron durante quince (15) años, nunca aparecieron. Entonces quiero terminar este punto bien importante, esas planillas nunca tuvieron originales, entonces no pudo probarlo, la Sala constató, que no hubo forma de probar que le hurtaron eso, porque ni siquiera pudo probar que los tuvo y declaró entonces lo que declaró la Sala y eso quedó como Cosa Juzgada, en el acta de apertura de Juicio mi alegato Principal fue precisamente la Cosa Juzgada porque el Código permite que las excepciones que hayan declarado Sin Lugar en la Audiencia Preliminar, pueden repetirse en la Audiencia de Apertura, yo le alegué al Juez Sexto de Juicio la Cosa Juzgada, porque no se puede revisar un Juicio ya sentenciado, precisamente lo que pretende la Cosa Juzgada es evitar sentencias contrarias o contradictorias, como en este caso ocurrió, el Juez me declaró Sin Lugar la Sentencia, siguió adelante con el Juicio y declaró una Sentencia que es contradictoria, las Sentencias son un todo orgánico, narrativa motiva y dispositiva, revisar una parte de la sentencia es revisar toda la sentencia y revisar toda la sentencia es revisar una parte, existe una Jurisprudencia antiquísima que dice que cuando los motivos del año 16 y del año 28 de la antigua Corte Federal de Casación en Sala Penal, decía, que cuando los motivos están íntimamente ligados eso esta escrito de memoria, están íntimamente ligados al dispositivo y son alma y esencia de la Sentencia, constituye un todo orgánico con ella, y forma parte integral de la fuerza que ella tiene, o sea que la sentencia total si los hechos dijeron que no había hurto, no podían pues absuelto a una señora porque no hubo y hubo Peculado Culposo, es decir que hubo Hurto para condenar a una persona, que fue parte en ese Juicio, R.T.A., fue parte de la interpuesta en ese Juicio porque le hicieron actos procesales y preprocesales, incluso los grandes procesalitas el Dr. Angulo Ariza en su cátedra de Enjuiciamiento Criminal te dice que cuando se trata de los mismos hechos eso tiene efecto erga omnes sobre todo a las personas que de alguna manera tienen que ver con el proceso y procesalitas como Carnelutti y Rocco, dicen que los efectos, efectos reflejos y lo habla también el Magistrado Cabrera, habla de los efectos reflejo que tiene una sentencia sobre los terceros coadyuvantes, personas que de alguna manera tienen que ver con el proceso, entonces cuando un Juez declaró, es más un Juez de inferior jerarquía le revisó una sentencia a una Sala que tiene tres (03) Magistrados o sea que no es el caso de la revisión de una sentencia, que la hace la Sala Constitucional. El Tribunal deja constancia que siendo las DIEZ Y DOCE (10:12) HORAS DE LA MAÑANA se incorpora al Acto, el ciudadano W.G., quien se identificó como Presidente del Banco Industrial de Venezuela. El Presidente de la Sala le concede nuevamente la palabra al Dr. L.E.A., quien continúa exponiendo, entonces no se trata de una sentencia que la revisó un Juez inferior a la Sala porque una sentencia puede ser revisada por un Tribunal Superior, en este caso la Sala Constitucional, pero se da el caso insólito de que la sentencia fue revisada por un Juez de inferior jerarquía de la Sala que la dictó, y entonces la eficacia de la Cosa Juzgada tiene dos características, la inimpunabilidad y la imputabilidad la inimpunibilidad que no permite que sea revisada y tratada los mismos hechos en un nuevo juicio, y la imputabilidad que no puede ser atacada directamente mediante la apertura de un nuevo proceso por los mismos hechos, son características que son precisas en la Cosa Juzgada, por supuesto que el Juez eso me lo declaró sin lugar, porque la dirección era seguir adelante con el Juicio y someter a R.T.A., para despojarlo al final como pretende hacer de lo que le pertenece, en quince (15) años repito, jamás aparecieron ninguna evidencia, de la existencia de los originales de nada, el Banco Industrial no tuvo nunca de que fue propietario, custodio o tenedor de los bonos ni porque motivo ni porque carácter tuvo esos bonos, eso primero, en la primera denuncia, es en cuanto a la Cosa Juzgada, en cuanto al artículo 49 ordinal 7 y también del artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, pero ahora y para abreviar hay una cantidad de denuncias que tienen que ver con un caso insólito un caso que no se ha dado en la historia de por lo menos en el Circuito Judicial de Caracas, al menos que yo conozca, y creo que no se volverá a dar, y es que el Acta del Juicio tuvo lugar el 20 de abril de 2007, fue el Acta de apertura de Juicio y allí por supuesto en esa relación procesal que existía en tanto R.T.A. como el Ministerio Público, como el Hurto como el Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, como el delito de Peculado Culposo todo eso forma parte de la relación procesal, en la Audiencia que se abrió el día 20 de Abril de 2007 intervine yo como defensor, intervino el Ministerio Público, en ese momento era el Dr. C.M., que no está hoy aquí, intervino el acusado intervinieron las partes hubo unos interrogatorios de rigor de esa audiencia de apertura, interrogó el Ministerio Público, interrogué yo como defensor al imputado interrogué el ciudadano Juez al imputado, bueno cuando viene la continuación de la audiencia le estoy hablando de un caso insólito, el Juez se me acerca y me dice Dr. Arias, que por cierto siempre me llamaba Dr. E.A., aunque yo no me llamo E.A., yo me llamo L.E.A., pero como en una época de la televisión me llamaban E.A. a lo mejor eso se le quedó en la cabeza y así me llamaba el curiosamente, entonces me dice Dr. Arias lea esta Acta, esto no se entiende esto es una alimatìa y efectivamente cuando yo leí el acta que preparó una Secretaria Accidental que no era la Secretaria del Tribunal el acta no se entendía, el acta era un desastre, le dije Dr. Eso no tiene corrección yo no puedo corregir eso, porque eso que esta allí yo no lo dije, ni se, lo que están diciendo, era una cosa que estaba allí por una alumno de segundo grado de primaria, no por un Abogado, entonces el dijo caramba yo no puedo incorporar esa Acta, que se nos ocurre hacer, bueno, yo le voy a entregar a ustedes ese diskette tanto a usted como al Ministerio Público, para que ustedes hagan un Acta que le parece, entonces bueno nos llevamos el diskette a ver que podíamos rescatar no se entendía nada entonces este que esta aquí, el Defensor echa un cuento distinto y mejor que el que yo había echado en el juicio porque yo conocía de todas maneras lo que el Juez me había tirado para atrás las excepciones y entonces hice un Acta redacte una exposición que no la dije en el Tribunal eso lo dije yo en mi casa sentado con toda mi tranquilidad, y lo copie perfectamente, lo mismo hizo el imputado, lo mismo hizo el fiscal del Ministerio Publico y otra cosa insólita entonces el Ministerio Publico, interroga al imputado en su oficina sin mi presencia, el interrogatorio esta hecho en la oficina del Ministerio Publico, al imputado, yo ni me entere cuando hicieron ese interrogatorio, porque ni supe cuando lo hicieron y luego se llevo eso a un diskette al Tribunal, y el acta que se vació que está en el expediente el cual le sirve al Juez para determinar en forma circunstancial los hechos que considere el Tribunal probados, como dicen los Jueces, esa precisamente esa actica esta hecha totalmente irregular, cosa que es insólita cosa que nunca ha ocurrido y nunca volverá a ocurrir en el P.P.V., bueno esa situación da lugar a multiplicidad de denuncias, la primera denuncia que da lugar, eso es el 130 en todo caso la declaración del imputado se tendrá en cuenta en presencia de su defensa, sino en todo caso será nula, esa declaración es nula, la que recoge el Juez como la determinación circunstanciada de los hechos que considera probados en base a una declaración nula, que yo no estuve presente, porque eso que esta allí es lo que el da como que lo percibió, eso es mentira, no percibió eso, el percibió otra cosa que no esta allí, se violó el 130 y se violó el 347 del Código o sea, no hubo una declaración del imputado en presencia de las partes, pero es que además se violaron todos los principios del Código, se violaron el 13, el 14, el 15 y el 16, finalidad del proceso, la finalidad del proceso es que el Juez descubra a través de lo que tiene, la verdad es que no se descubrió la verdad porque lo que se dijo no es verdad, en base a una serie de falsedades que están vertidas por el propio Juez, porque yo desarrollando las preguntas voy a decir, también todas las cosas que el dice que no son ciertas, que están contradichas en el mismo expediente, el dice por ejemplo que las planillas son ciertas, no si en el expediente todos los testigos dijeron que las planillas no eran ciertas, que adolecían de falsedad documental, intelectual y material, porque esas planillas no pudieron ser, la finalidad del proceso se acaba, la oralidad, eso fue escrito todo, entregado al Tribunal en un diskette y esa es la prueba que promovimos, los dos diskettes, el que el Tribunal nos da y el que nosotros le entregamos al Tribunal, allí están los dos, esos los promovimos como pruebas en un paquetico, en un sobre los dos diskettes, y en ese diskette creo que también entregó el Fiscal del Ministerio Público, su perorata y su interrogatorio, entonces no hubo oralidad, no hubo publicidad porque nadie de los que esta allí oyó eso, eso esta escrito, eso no lo oyó nadie, el público que estaba allí ese día oyó otra cosa, eso no lo oyeron, el Juez tampoco lo oyó, no hubo inmediación, el Juez no pudo percibir como dicen ininterrumpidamente nada, no percibió nada, eso esta escrito allí porque esta en un diskette y entonces eso obviamente vicia de nulidad esa acta, entonces hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que dice que cuando el Acta, que cuando el Juez lo percibe esa Acta es nula y si esa Acta es nula ese Juicio es nulo. Ahora no solamente es nulo, sino que por la Cosa Juzgada, ustedes pueden tomar perfectamente una decisión propia porque ese Juicio no ha tenido porque ocurrir, ese es un Juicio en el cual ya había sido este señor parte procesal, era parte coadyuvante, el delito el mismo componente doloso del Peculado Culposo es el mismo componente doloso de la apropiación indebida que es el Hurto, después allí viola el articulo 9º el Juez, y dice una mentira, que el articulo 9º de la Ley del Reglamento del Crédito Publico, te dice que no se pueden llenar esas planillas, sino vaciándolas de la existencia de una documentación precisa, que son actas de sorteo, convocatoria de sorteo, porque las planillas para cobro de intereses doctor, esas planillas aparecen cobrando intereses de unos certificados que habían sido ya sorteados cosa que es absurdo de acuerdo con las planillas, los certificados que han sido sorteados, no pueden cobrar intereses, pero como fueron forjadas y hechas por una persona que perdóneme la palabra “ CHIMBO”, el que las hizo, entonces los certificados ya sorteados, cobraron intereses, con lo cual incurriría el Banco Central si pagara intereses. Concluido, El Juez Presidente de la Sala llama al Archivista de la misma, ciudadano E.M., y le solicita la pieza del expediente contentiva del sobre con los diskettes y de seguidas le concede el derecho de palabra al Ministerio Publico, quien expuso lo siguiente: En este sentido y tomando la palabra el Ministerio Publico va a hacer apoyo para tomar en cuenta, tips, de las denuncias marcadas por la defensa en su escrito, el cual como ya lo ha mencionado, fue bastante largo, en ese sentido y a los fines de no perder una ilación lógica voy a hacer uso de las citas de estas notas que tengo acá tomadas, en ese sentido tenemos que el ciudadano defensor del hoy acusado, en su escrito de apelación interpuso como primera denuncia la oposición nuevamente o la negativa de la oposición de excepciones de conformidad al contenido del articulo 28 literal “A” indicando pues con esta excepción que fue puesta en la audiencia preliminar, posteriormente en la apertura del debate oral y público y de la cual esta haciendo alusión el presente escrito, que el mismo le fue violentado ese numeral, por cuanto estaba tratando un asunto que según su criterio ya era objeto de una Cosa Juzgada, en ese sentido pues el Ministerio Público hace del conocimiento de esta digna Sala, de apelaciones que efectivamente hace alusión a una decisión emanada y confirmada por la Sala 5° de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en el cual pues se refería a la responsabilidad penal la cual es individualísima de la ciudadana N.O.M., toda vez que se determinó en un Juicio que se le siguió a dicha ciudadana que efectivamente no le pudo ser sacado de contexto el principio que nos consagra la Constitución en el sentido de la inocencia, toda vez que no le fue comprobada la comisión del delito, en ese sentido y en apoyo a esa decisión es que la defensa alude a una Cosa Juzgada, debemos entender lo que es una Cosa Juzgada en relación a los hechos que no es lo que ocurrió en el presente caso, sino que se estableció una responsabilidad penal o no logro otorgársele una responsabilidad penal a esa ciudadana, lo cual no le es propio al acusado hoy aquí presente. Así mismo, señala como violación a las excepciones opuestas las señaladas en los literales b, d y e del numeral 4º del articulo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, no haciendo ningún tipo de alusión concreta y especifica de porque se le debían admitírseles tales literales, en razón de ello, pues el Ministerio Publico, mal puede hacer ningún tipo de contestación en ese sentido, igualmente señala la violación al articulo 452 ordinal 4º de la N.A.P. que nos rige, por la admisión de copias simples que efectuó el Tribunal de Juicio de conformidad con el articulo 429 indicando este con eso, que el Tribunal había admitido tales copias y que no debía hacerlo porque las mismas, se trataban de copias simples, señalando o aludiendo que no tenían un valor probatorio dentro del proceso penal, lo cual pues, es efectivamente tasado de esa manera en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece cual es el valor que se le da a cada tipo de documentación, en ese sentido tenemos que nuestro articulo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que hay una libertad probatoria y que es a juicio del Juez que conozca la causa en la operación de todos esos principios que rigen dicho articulo, como son máximas experiencias etc. Quien debe determinar si admite o no admite y que valor le va a dar a esa prueba en especifico y como va a ser discernida dicha prueba dentro de su pronunciamiento final, en ese sentido considera el Ministerio Publico que el Juez no ha violentado la Norma por haber admitido una prueba documental con carácter de copia simple, igualmente ha señalado la inserción documental que se hizo a dichas copias simples indicando pues que no debían admitirse esas copias, porque no se trataba de una prueba. Efectivamente el Ministerio Publico en dicho debate opuso o solicitó que fueran admitidas las copias a la cual ha hecho constante referencia la defensa en esta Sala de las copias simples de las planillas, en ese sentido el Tribunal consideró que efectivamente no se trataba de una nueva prueba por cuanto no reunía los requisitos de esta, toda vez que se tenía conocimiento anterior, pero era necesario la admisión de dicha prueba a los fines de establecer el fin último del proceso que es la búsqueda de la verdad de conformidad con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, e incluye esta prueba al proceso como una prueba complementaria a los fines de sustentar el pronunciamiento que en definitiva debía tomar en razón de ello, pues posteriormente se hizo una inspección en el Departamento de Valores del Banco Central de Venezuela, donde se trasladó y se constituyó el Tribunal y las partes, a los fines de hacer una inspección de los documentos que reposan en ese Departamento de Valores y determinar que efectivamente las planillas que se estaban ingresando como copia, lo manifestado por los funcionarios del Banco Central de Venezuela, pues todo esto tenía un basamento legal en ese Departamento, que es en donde en definitiva reposan todos y cada uno de los instrumentos que sustentan la existencia de tales bonos y efectivamente se comprobó que tales planillas eran producto de todo lo contenido en el Banco Central de Venezuela y se estableció que tales bonos eran provenientes del Banco Central de Venezuela y que eran otorgados al Banco Industrial de Venezuela victima en este caso, en razón de ello, y visto que lo que se busca es la verdad del asunto como último fin, consideramos que en ese sentido tampoco hubo ningún tipo de violentación por parte del Tribunal que conoció la causa, así mismo señala la defensa que hubo una violación al ordinal 4, del articulo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, indicando que esa violación era por producto de la interpretación del artículo 357 toda vez que manifestó la defensa en su escrito que no fue agotada por la vía de conducción de Mandato Judicial, la comparecencia de dos expertos, es el caso que en dicho debate se hicieron las correspondientes citaciones para que estos expertos y todos los demás medios probatorios o elementos como tal fueran pues desarrollados en debate Oral y Público faltando solo, la evacuación del testimonio de estos dos expertos, quienes además de haber sido debidamente citados fueron renunciados por las partes en la audiencia a que se continuara la solicitud de dichos expertos, visto el desistimiento de ambas partes al Tribunal no le queda mas que emitir el pronunciamiento sin haber evacuado dichas pruebas tal y como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico, en razón de ello, no se ha violentado en ese sentido tampoco ninguna Normativa Jurídica Penal. Igualmente señala la defensa en su escrito, la violación del artículo 49 numerales 1, y 3 toda vez que determinó o el consideró que al mismo no le fue permitido el libre ejercicio del derecho a la defensa, que tenía el deber de hacer por cuanto en la mencionada inspección que se hizo en el Departamento de Valores del Banco Central de Venezuela, el Tribunal decidió que se hacía esa inspección allí, y que en ese momento no iba a emitir ningún tipo de pronunciamiento recibiendo a posteriori y en sede jurisdiccional las consideraciones que a bien tenían ambas partes, lo cual consta también en las actas procesales que el hoy condenado efectúo todas y cada una de las consideraciones que a bien tuvo, razón por la cual considero que el Ministerio Público en virtud de que el Juez como rector del proceso y quien debe decidir el orden de la realización de los actos no cercenó en ningún momento ese derecho a la defensa que señala el abogado defensor del hoy condenado, en ese sentido pues definitivamente no se violentó el derecho a la defensa de ningún aspecto, y por último tenemos que, el ciudadano defensor señala que hubo violación al artículo 452 numeral 2 indicando específicamente que la sentencia había sido emitida en forma contradictoria, e ilógica y faltaba, la motivación de la misma, no explicando en detalle como debiera hacerlo, en que se basó esa ilogicidad o esa contradicción de la sentencia y porque consideró que debía ser motivada de una manera mas desarrollada, tal y como lo ha establecido en diferentes y en consecutivas decisiones no solo la Sala Penal de nuestro M.T., sino la Sala Constitucional del mismo Tribunal, quien es en definitiva el M. interprete de la N.C., y es quien debe velar por el cumplimiento de los principios de la Constitución, en ese sentido, considera el Ministerio Público que los fundamentos o elementos mostrados por la defensa del condenado en el presente escrito no han sido debidamente basados ni tienen ningún tipo de fundamentación, razón por la cual le solicito de manera muy respetuosa la declaratoria sin lugar del presente recurso e igualmente ratifico en todas y cada una de su contenido el escrito que fuera presentado por el Ministerio Público ante esta Sala de Apelaciones en fecha 29/06/2008. Es todo”. Concluido, las partes ejercieron el derecho de replica y contra replica, el Presidente de la Sala le concede el derecho de palabra al recurrente Dr. L.E.A., quien señalo que la finalidad del proceso es percibir los hechos y deducir la verdad, pero la verdad no se deduce con mentiras ni falsedades ni con posiciones sesgados ni con una apreciación ni una valoración de las pruebas de manera discrecional y no jurisdiccional, la apreciación que tiene que tener el Juez, tiene que ser jurisdiccional que es lo que ha hecho el Juzgado Sexto de Juicio, tenemos unas denuncia en cuanto a las nuevas pruebas que ella se refiere en cuanto al artículo 59, en el proceso se presentaron tanto por parte del Ministerio Público como por parte del acusado, las planillas esas contenidas en una experticia en el Banco Central de Venezuela, estaban las planillas, pero entonces las planillas se presentaron como pruebas, precisamente con la idea para que esas planillas fueran examinadas en el Juicio porque eran copias fotostáticas simples, repito, nunca aparecieron en quince (15) años, los originales, jamás aparecieron copias fotostáticas simples, recuerden eso ciudadanos Magistrados, y entonces el Juez admitió esas pruebas cuando el Ministerio Público mucho más adelante en una audiencia pretende promoverlas como nuevas pruebas, el Juez acertadamente se la rechaza, porque son las mismas planillas que están contenidas en las experticias del Banco Central de Venezuela y en todas las experticias , y entonces como se las rechaza el Fiscal del Ministerio Público le ejerce el recurso de revocación, y el Tribunal sostiene su posición y rechaza las nuevas pruebas y declara sin lugar el recurso de revocación, pero que ocurre, el Juez luego decide a motus propio de oficio, una inspección en el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, para ver la existencia de los originales de esas planillas, pues bien, señores Magistrados no les mostraron los originales no los tenía, pero el Juez decidió y eso lo habló ella, que no es que no iba a tener un pronunciamiento, sino que no iba a permitir, eso no lo dijo la Fiscal del Ministerio Público, que no iba a permitir la intervención de las partes, lo cual viola el derecho a la defensa, no les permitió a las partes controlar la prueba, dijo ustedes van pero nadie habla, por supuesto fuimos allí, pendiente de lo que se iba haciendo y nos dimos cuenta de que no tenían los originales de las planillas, para sustentar esas planillas que es una prueba indirecta, el Banco Industrial de Venezuela, no tenía las pruebas de que fue propietario, ni en libros ni en registros contables, no podía alegar la propiedad, bueno, estaban buscando meternos con las planillitas esas, pero es que no habían los originales de las planillas no podían haberlas en quince (15) años nunca existieron, no se los mostraron a los expertos, entonces tratando de señalar eso al Juez, dijo usted no puede intervenir y nos violó el derecho a la defensa, el control de la prueba , pero entonces en la audiencia siguiente le dijimos, pero mire doctor a usted no le mostraron las planillas, entonces por favor pídalas para hacer una prueba de cotejo, porque ellos ahora están certificando falsamente que tienen los originales y certifican que son copias de los originales y nunca los mostraron, entonces eso era un fraude, entonces para demostrar si es o no un fraude entonces por favor pida los originales que los manden al Tribunal para una prueba de cotejo, el Juez nos negó eso y dio como probado eso, entonces allí hay falsa motivación e ilogicidad de acuerdo al numeral 2 del artículo 452, puesto que el admitió validez y que además no interpretó los dichos de todos los expertos, que fueran promovidos en el Juicio, para que los expertos dijeran que esas planillas no servían, como lo dijeron que no podían dar fe de las planillas, las planillas esas fueron llenadas violando el artículo 9 que también lo violó el Juez cuando admitió esas planillas, también fue una denuncia de las que se hizo de la Ley de Reglamento del Crédito Público, que dice que para llenar esa planilla se requiere un conjunto de documentos que después el acusado hablará de eso, que sirven para llenar las planillas, ese es el soporte de las planillas, las planillas al parecer no significan nada sino están los soportes, y los soportes jamás aparecieron en quince (15) años, ni los originales ni los soportes, el Juez entonces admitió esas pruebas llegando a una valoración discrecional que no jurisdiccional de la prueba para encontrar unos hechos probados que no existían, para condenar y despojar de los bienes al imputado, después hay una violación del artículo 457 que es la incomparecencia,. el imputado promovió en el Juicio una prueba de experticia que le hizo la cual me referí en mi primera intervención, que le hizo el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, allí se determinó su capacidad económica, el promovió esa prueba para que se citaran como testigos a esos ciudadanos de PTJ, para que como testimonio dijeran que fue lo que habían hecho en la experticia para que fuera examinado por el Juez y por las partes, ellos no comparecieron nunca y el Juez no emitió mandato de conducción, aun cuando eran funcionarios de PTJ, para después concluir diciendo algo que no es cierto, que fueron citados regularmente, la citación regular de un testigo tiene que agotar todos los medios y lo dice el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia de la Sala Penal, la declaración, no puede ser valorada una prueba, no puede operar en contra del imputado esa prueba, cuando el testigo no compareció, el negó la existencia de esa prueba por la incomparecencia del testigo, pero es que incompareció porque no lo citó, pero como no fue, no ordenó el Mandato de Conducción, el dice que lo ordenó, cosa que no es cierta., decía que las planillas eran copias de los originales, cosa que no es cierta y me pregunto yo, si un testigo en un Tribunal dice una cosa que no es cierta y tiene una consecuencia, no es peor que lo diga un Juez, cuando en el expediente se demuestra que lo que esta diciendo no es cierto, porque no habían originales, porque el las pidió delante de nosotros y no se las mostraron, no existían originales, entonces el utilizo esas planillas para concluir desechando totalmente el testimonio de los testigos de los expertos que dijeron que esas planillas no tenían validez, porque adolecían de una cantidad de vicios, es mas estaban firmadas hasta por el mensajero. El mensajero firmando planillas, funcionarios que no tenían la cualidad porque no tenían un código que tienen para firmar las planillas y además aparecen planillas cobrando intereses cuando ya habían sido certificados sorteados, ese es otro punto importante y después el articulo 130 como ya dije, fue interrogado en el Juicio el acusado sin la presencia del abogado defensor, ahora vicia de nulidad ese interrogatorio, pero lo que dice la Doctora yo lo voy a refutar, la sentencia es un todo orgánico y lo repito existen diferentes procesalistas que dicen que no se puede atacar una parte sino se ataca la sentencia completa, si se ataca una parte que ya es Cosa Juzgada, se ataca la sentencia completa, los hechos fueron desvirtuados, la Sala 5º un Tribunal Colegiado, Superior a un Juez 6º de Juicio decidió que no hubo hurto, que los hechos los razonó, los valorizó y no hubo hurto, en la materia penal la triple identidad de la Cosa Juzgada que en materia Civil juega, no se aplica en lo penal, basta que los hechos sean los mismos para que la Cosa Juzgada opere sobre todas las personas coadyuvantes, lo dicen los procesalistas, lo dice el Magistrado Cabrera, que lo tienen como una lumbrera cuando estaba de Magistrado, entonces no es una verdad que una sentencia simplemente favorece a quien fue juzgado, favorece a todos los terceros coadyuvantes, los efectos reflejos de la Cosa Juzgada, se aplican sobre todo a aquellos que han tenido que ver con el proceso aunque cuando aun haya sido enjuiciado, que si fue enjuiciado el señor R.T., porque los hechos que se debatieron fueron los mismos y fueron definidos por sentencia definitivamente como inexistentes y por último existe una pequeña denuncia, es que existen dos actas que no tienen firma del Juez ni del secretario y hay jurisprudencia de la Sala Penal, que puede faltar la firma del Juez, pero no la del Secretario, porque el Secretario es quien redacta el Acta, cuando hay dos Actas de Juicio en las sucesivas audiencias en las cuales no consta la firma del Secretario obviamente que esas Actas son nulas o sea que el Juicio esta elaborado, la determinación de la verdad como dice el Ministerio Publico, que es la finalidad del Juicio según el articulo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, no se cumplió porque se llego a una verdad sesgada, forjada, una verdad fundada en dichos del Juez que no se comparecen con la realidad, porque en el mismo expediente le dice que no es verdad, porque las planillas nunca tuvieron legalidad, no se pudo constatar la existencia de esas planillas, fueron forjadas y en base a ello se llegó a una conclusión, se revisó una Cosa Juzgada por un Tribunal inferior a la Sala, se produjo una sentencia contradictoria, que vicia de nulidad todo lo actuado y ni siquiera para un nuevo juicio, porque ese juicio nunca ha debido abrirse y pido respetuosamente a los Magistrados de esta Sala que así lo declaren. Es todo. Concluido, el Juez presidente le concede el derecho de Palabra al Ministerio Público, quien expuso lo siguiente: En atención a todo lo manifestado por la defensa en esta Sala el Ministerio Público solo quiere acotar y dejar constancia de lo siguiente, en reiteradas oportunidades, la defensa ha manifestado que a su defendido se le violó el derecho a la defensa en virtud de interrogatorios efectuados sin la presencia de este, ahora bien se pregunta el Ministerio Público, en este estado del proceso como es que esperó obtener una decisión la cual no le es favorable, a lo que busca dentro del proceso, pues quiere una absolución para su defendido, esperar todo esto para hacer esa mención, cuando todos sabemos acá presentes que es una violación gravísima, no solamente al derecho a la defensa si no a todos y cada uno de los principios Constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, en ese sentido pues, debe revisarse de manera muy cautelosa lo que manifiesta la defensa en ese sentido, toda vez que no se entiende como se realizan actas de audiencia que deben ser efectuadas dentro de la sede jurisdiccional y se indica que se efectuó una parte en su casa, otra parte en el Despacho Fiscal y otra en el Tribunal, la defensa debe determinar si su defendido asistió y estuvo en dichos actos, porque así lo habrá considerado y además serian las instrucciones recibidas por parte de su defensor, quien es en todo caso y al final de cuenta quien debe conocer el Derecho, en razón de ello y aunado a lo que manifiesta de las citaciones efectuadas y que son parte inventadas por el Juez de la causa, es algo que evidentemente con la simple revisión del expediente puede verificarse si efectivamente fueron libradas citaciones a los expertos y cuantas oportunidades se determinaron para que esas citaciones se hicieran efectivas, es todo. Concluido. El Dr. A.Z.A., le cede el derecho de palabra a la Representante de la Procuraduría General de la República DRA. D.M., quien manifestó lo siguiente: Actuando en este acto con carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, paso a hacer contestación del recurso interpuesto por el Dr. E.A., él mismo recurre de la decisión emanada del Tribunal Sexto de Juicio de fecha 22 de Abril de 2008, y de las excepciones opuestas en el acta que consta en la audiencia de fecha 9 de Mayo de 2007, en cuanto a las excepciones establecidas en el numeral 28 literales a, b, c y e, numeral 4, el recurrente hace consideraciones y en su escrito solo hace referencia al literal “a”, por tanto esta causando un estado de indefensión a esta representación puesto que esta imponiendo una carga imposible de suplir, pues no sabemos cual es la verdadera intención del recurrente en cuanto al literal “a”, que hace consideraciones, esta Representación estima necesario hacer las siguientes consideraciones, el alega que la acción ha sido promovida ilegalmente, puesto que en el proceso es aplicable la Cosa Juzgada, el alega que la sentencia dictada por el Tribunal Sexto de Juicio versa sobre hechos que ya fueron debatidos en otro proceso, en donde la imputada era la ciudadana N.O., a ese respecto esta Representación hace la siguiente salvedad por Cosa Juzgada, para que se de, es necesario que existan tres elementos, la identidad de la cosa, de las personas y de las acciones, lo cual no consta en el proceso que se le siguió al ciudadano R.T.A., ante el Tribunal Sexto de Juicio ni en el proceso que se le siguió a la ciudadana N.O.M., no hay identidad por tanto ni de partes ni de objetos en cuanto a las denuncias interpuestas por la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Sexto de Juicio, el 22 de Abril de 2008, el recurrente denuncia el articulo 452 numerales 1 ,2 y 4, en cuanto al numeral 1, alega la violación de normas relativas al Juicio Oral en cuanto a la inmediación, concentración y publicidad, alegando que fue modificada el acta de apertura a juicio en base a unas consideraciones que el establece en su escrito, al respecto esta Representación quiere recordar al recurrente que debe apegarse estrictamente a lo establecido en el articulo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la segunda denuncia, que es el artículo 452 numeral 2, a la violación de los principios de contradicción por considerar que la sentencia esta inmotivada porque la prueba ha sido promovida ilegalmente y ha sido incorporada mediante violación al Juicio Oral, el recurrente no es claro en cuanto a su denuncia ni esgrime realmente los argumentos en los que se fundamenta la denuncia a que hace referencia, sin embargo la sentencia emanada del Tribunal Sexto de Juicio contiene una completa expresión de los hechos debatidos en el Juicio, que el Juez estimó realmente acreditados conforme a la valoración de las pruebas aportadas por las partes en Juicio, por tanto la omisión de los hechos y el recurrente no especifica cuales fueron los hechos omitidos, está en contradicción totalmente con lo ocurrido en el Juicio y que el Juez estimó estaba acreditado, por lo tanto su argumentación es un poco confusa y causa nuevamente indefensión a esta Representación, puesto que el impone una carga que es imposible de cumplir, porque no sabemos cual es su real intención, en cuanto a la segunda infracción, que es la establecida en el articulo 452 numeral 4, de la violación de ley por inobservancia o errónea aplicación de una N.J., en cuanto a la infracción del artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, el Dr. L.A., alega que su defendido hizo declaraciones sin su presencia, cuando en el Acta de Juicio incluso en la misma sentencia, consta las veces que el ciudadano R.T., declaró en Juicio, fueron de conformidad a lo establecido en ese articulo 130, incluso el mismo Juez del Tribunal Sexto de Juicio, nunca le impuso un limite de tiempo al ciudadano R.T., por tanto no hay violación. En cuanto a la infracción del 357 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a que no valoró la experticia contable ni fueron citados los expertos que demostraban la capacidad económica que tenía el acusado, para comprar los bonos 495 y 496, el 10 de Enero de 2008, el Tribunal le explicó a las partes que había citado reiteradamente y que era imposible la ubicación de unos expertos promovidos por la defensa y les solicitó su opinión con respecto a la posibilidad de la ubicación de esos expertos, en ese momento el ciudadano L.A., le expuso al Tribunal que no tenía ninguna objeción y que como le había explicado en la audiencia del día anterior el renunciaba al acervo probatorio que le quedaba por evacuar a su defendido, por tanto en ningún momento se está violentando ni se está aplicando ni erróneamente ni violando el articulo 357, en cuanto al articulo 359, la defensa alega que las pruebas que fueron incorporadas en el debate no constan en copias certificadas, el se refiere al oficio GT552, emanado del Banco Central de Venezuela, específicamente del Departamento de Valores y que el Juez admite en el Juicio como prueba complementaria, y lo admite por la siguiente razón de estar ligado a un elemento nuevo que se estaba determinando de las inspecciones que habían sido realizadas en el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, en donde se establecía que la relación financiera que había realizado el estado era que había emitido esos bonos, que habían sido adjudicados directamente al Banco Industrial de Venezuela, que no eran para ser negociados en el mercado segundario, en base a ese elemento nuevo que tenía el Juez Sexto de Juicio, es que admite ese oficio a que hace referencia la defensa, por tanto no se encuentra violentado el articulo 359, en cuanto a la infracción que se refiere al literal d, del artículo 9 de la ley de Reglamento de la Ley de Crédito Publico, el recurrente es nuevamente confuso y causa indefensión a las partes, ya que establece que el Juez Sexto de Juicio fundamentó primero su decisión en las planillas para el cobro de los intereses numeradas así: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, y 3052, luego en la pagina 43 de su escrito establece lo siguiente, que inobservó el artículo 9 al no analizarlas, y allí causa indefensión a esta Representación, primero dice que si y luego dice que no se esta fundamentando en eso, por eso, no podemos hacer consideraciones a este alegato, mas sin embargo queda claro que la experticia realizada en el Ministerio de Finanzas, en el Departamento de Valores, consta que esas planillas constan en el Departamento de Valores del Banco Central, numeradas y selladas correctamente en copia certificadas, luego alega la infracción del articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que los veintiún comprobantes de contabilidad internos del Banco Industrial, no estaban en copia simple, luego alega que lo considera como un documento administrativo, si el recurrente nuevamente esta causando confusión e indefensión a esta Representación, pues establece que no es copia certificada que no es un documento simple, pero luego si establece que es un documento administrativo, entonces si es un documento administrativo tiene que seguirse por el criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en que se establece que todo documento administrativo la manera de desvirtuarlo es mediante prueba en contrario, resulta que el ciudadano R.T., hace mas de diez (10) años que ha durado este proceso, el ahora pretende decir que eso si es un documento administrativo y a estas alturas del proceso nunca ha presentado prueba en contrario, por tanto esta Representación establece que no ha sido violado el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, en su ultima denuncia alega la violación del articulo 49 numerales 1 y 3, al realizarse las inspecciones en el Ministerio de Finanzas y del Departamento de Valores del Banco Central, el Tribunal Sexto de Juicio ordenó la realización de esas inspecciones de conformidad con lo establecido en el articulo 358 del Código Orgánico Procesal penal, el cual establece que el Juez ordenará las medidas conducentes para la realización de ese acto y efectivamente eso fue lo que hizo el Tribunal, con la información de que las partes no podían intervenir porque era una actividad propia del Tribunal sin embargo el 358 dice, que posteriormente realizadas y practicadas estas diligencias al reanudarse las audiencias el Tribunal debe informar a las partes de las diligencias practicadas, como realmente lo hizo, por tanto no se esta violentando el articulo 49 numerales 1 y 3, de la Constitución Nacional, finalmente quedó demostrado lo infundado en los alegatos señalados por el recurrente puesto que no logró evidenciar que la Sentencia ha sido inficionada y por lo tanto la carga procesal del recurrente de razonar y señalar clara y precisamente cuales son los fundamentos que señala para que hayan sido violentadas sus derechos en la sentencia que hoy recurre y en las excepciones declaradas sin lugar, no quedan realmente demostrados a criterio de esta Representación y solicita a esta honorable Corte lo declare sin lugar y confirme todas y cada una de las partes de la sentencia emanada del tribunal Sexto de Juicio el 22 de Abril de 2008. Concluido, toma la palabra el Dr. A.Z.A., y manifiesta que previa a la intervención del penado y la victima, la Sala, debe ilustrarse y tiene la posibilidad de hacer preguntas sobre algún punto dudoso de la intervención y existe un asunto esencial, el Doctor Arias mencionó a lo largo de su intervención unas pruebas que indicó en su escrito de apelación, se habla de casetes original de la audiencia y casettes del acta corregida, pero el mencionó una serie de diskettes, no sabemos si en esta bolsa hay casetes o diskettes, esto lo indico porque en el auto de admisión de la apelación dictado por esta Sala en fecha 14 de Agosto de 2008, se admiten las pruebas por ser útiles y pertinentes, además de que cursan en el expediente, yo le pregunto al Dr. ARIAS, usted en su escrito no menciona diskettes como prueba promovida, menciona son casettes. Concluido. Respondió el Dr. ARIAS: Realmente es un error lo que pasa es que como yo soy muy viejo usaba casettes, pero son diskettes y están en ese sobre. Concluido, toma la palabra el Dr. Agel Zerpa Aponte y le manifiesta que sobre la admisión de ese elemento que usted menciona que son casettes pero que en realidad son diskettes, el Tribunal se va a retirar a deliberar. Una vez reanudada la Audiencia el Presidente se dirige a las partes y manifiesta que en relación a este asunto, la Sala se pronunciara en la oportunidad de la definitiva, resuelto este asunto le corresponde a la Sala formular preguntas que ha bien tenga. Concluido. El Presidente de la Sala, le cede la Palabra al Dr. J.A.D., indicando que, efectivamente tengo una pregunta que hacer y va dirigida tanto a la defensa del penado como a la Procuraduría y al Ministerio Publico, ¿En relación a la posición de manera categórica, expresa y clara de los hechos de una situación fáctica invocada por la defensa y que es de suma gravedad en relación a la supuesta petición del Tribunal de recabar en un diskette todo lo actuado? Respondiendo el Dr. L.E.A. lo siguiente, en esa Audiencia, había una Secretaria Accidental, no la titular, intervinieron todas las partes luego a los 10 días estipulados, se me acerco el Juez del Tribunal y me manifestó que no se entendía el Acta, yo fui al archivo a ver si la podía corregir y le dije que eso no se podía corregir, porque allí hay cosas que yo no he dicho y lo mismo dijo el Fiscal, la solución fue revisar cada quien eso y traer en otro diskette la información, me fui a mi casa y en mi computadora esgrimí inclusive cosas que no había dicho en el Tribunal, y escribí cosas que el no oyó de mi, lo escribí sentado en mi casa fumándome un cigarrito, hice una exposición mucho mejor, agarre el diskette y se lo entregue, este hecho acaeció no es mentira, es mas pienso que no hubo ninguna mala fe de ninguna de las partes. Concluido. El Ministerio Público respondió de la siguiente forma: Para esa época no me encontraba presente, sin embargo hago la siguiente reflexión, el ha indicado que el Ministerio Público solicitó un diskette de lo que se había adelantado del acta de debate a los fines de corregir su exposición, lo cual es un poco difícil de considerar de esta manera, ya que todos sabemos que la Audiencia de Apertura de un Juicio Oral y Público se circunscribe a los hechos que pretende probar el Ministerio Público y por los cuales ha ejercido la acusación, tal como lo establece el articulo 326, en ese sentido la Secretaria del Tribunal debe dejar constancia en actas de los hechos explanados en su escrito acusatorio y que son los que pretende probar el Ministerio Público a través de la realización del debate Oral y Público, no me explico que tanto podía corregir el Ministerio Publico en esa acta de lo que pudo haber dicho o no. Es todo”. Seguidamente toma la palabra el Dr. A.Z.A., y formula la siguiente pregunta al Ministerio Publico, ¿Yo entiendo de lo que fue expuesto que la causa que fue seguida contra la ciudadana N.O., hubo decisión en Vigencia del Sistema Inquisitivo, Vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, entiendo que fue así, esa pregunta se la haré luego a la defensa. Concluido, el Ministerio Público respondió lo siguiente: Sólo se que esa fue una causa seguida a esa ciudadana por Peculado Doloso que conoció un Tribunal de Salvaguarda y posteriormente decidido por la Sala 5º de la Corte de Apelaciones de Caracas, dentro de la Vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. Concluido el Dr. A.Z.A., formula nueva pregunta a la Representación Fiscal. ¿Pero si lo conoció un Tribunal de Salvaguarda entonces, fue en vigencia del Sistema Inquisitivo?. Concluido. El Ministerio Público respondió: Si así fue. Concluido. El Dr. A.Z.A., formula la siguiente pregunta al Ministerio Público. ¿De ser ello así, usted tiene conocimiento de si en la formulación de cargos que era lo vigente en ese momento en la causa seguida contra N.O., se formuló cargo contra el señor R.T.. Concluido, el. El Ministerio Público manifestó lo siguiente: No, esa causa fue seguida en contra de esta ciudadana como funcionaria del Banco Industrial que presuntamente había sustraído dichos bonos y por eso se le presentaron los cargos por el Delito de Peculado, solo a su persona. Concluido el Dr. A.Z.A., le formula la pregunta siguiente ¿Tiene conocimiento el Ministerio Público si en la dispositiva de esa decisión del Tribunal de Salvaguarda hubo algún pronunciamiento con respecto al señor R.T.A.. Concluido. EL Ministerio Público respondió lo siguiente: Tengo conocimiento de que no fue emitido pronunciamiento alguno en contra de persona distinta a la ciudadana antes mencionada. Concluido. Continúa preguntado el Dr. A.Z.A. a la Representante del Ministerio Público. ¿La formulación de acusación contra el ciudadano R.T., fue posterior a la decisión de ese Tribunal ?. Concluido. Responde el Ministerio Público: Si ciudadano Juez, fue dentro de la Vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y por el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito. Concluido, el Dr. A.Z.A., le formula la siguiente pregunta. ¿Tiene conocimiento de si en esa decisión de absolución contra N.O., ella versaba sobre los títulos o bonos de la Deuda Pública, referidos como el 495 y 496 Concluido. El Ministerio Público respondió lo siguiente: Era en relación a esos bonos. Concluido. El Dr. A.Z.A., formula las mismas preguntas a la Defensa Dr. L.E.A.. Concluido. Responde el Dr. L.E.A.: No hubo formulación de cargos. Si hubo pronunciamiento en la dispositiva en cuanto a mi defendido. Si esta inserta en el expediente, totalmente los hechos que se debatieron en esa audiencia eran en la causa de los bonos, habían sido formulados cargos anteriormente en un Juicio aparte, a el solo, que fue declarado absuelto y luego anulada la decisión en el Tribunal Superior de Salvaguarda, hubo división de la continencia de la Causa en un Juicio paralelo al señor R.T.A.. Si hubo formulación de acusación contra R.T.A.. Concluido. El Dr. A.Z.A., formula la siguiente pregunta a la defensa. ¿Las actas del Juicio Oral y Público del cual se derivó la Sentencia Condenatoria en contra de su defendido fueron firmadas por usted y por su defendido? Concluido. El Dr. L.E.A., respondió lo siguiente: No. Eso no, no fueron firmadas. Concluido. El DR. A.Z.A. le concede la palabra al penado, luego a la victima, el penado R.T.A. lo hace libre y espontáneamente y de seguidas expuso lo siguiente: El error del Banco Industrial, presunta victima en los procesos que se me han seguido por los mismos hechos con sentencias contradictorias, se fundamenta en que el Banco Industrial como Institución del Estado, carece y ha violado la Ley del Banco Central, la Ley General de Bancos, al no tener en sus sistemas contables los registros referentes bien a la propiedad o a la custodia de los certificados provisionales al portador 495 y 496, esta carencia de registros en el Sistema Contable del Banco, es lo que ha dado origen a que mañana se cumplan dieciséis (16) años de una denuncia que irresponsablemente promovió, la afirmación entre otras cosas de esta premisa, la hizo la misma gerente de valores del Banco Industrial en su oportunidad y lamentablemente fueron hurtadas 4 piezas de este expediente, donde constaba esa afirmación, estando el expediente en el Tribunal Sexto de Juicio, yo consigné copia certificada de una de las cuatro piezas hurtadas, cuya denuncia hice ante el Ministerio Público y que quedo en la nada, luego hable con la Juez Cuarto de Control, y le dije que como era posible que aquí se hallan sacado 4 piezas de más de 500 páginas, donde están las pruebas mías, y donde el mismo Ministerio Público me había sobreseído la causa, no supo darme explicación, el problema es que el Banco Industrial, carece de los registros de los asientos de los libros auxiliares de contabilidad de la custodia o de la propiedad de los títulos 495 y 496, el Juez Sexto de juicio según su criterio, los registros contables no son necesarios para demostrar por una Institución Bancaria la posesión o custodia que le exige la Sudeban en su manual de contabilidad, me permito leer el Artículo 98 de la Ley del Banco Central, yo me pregunto como un decreto cuyo monto es 250 millones de dólares y que presuntamente el Banco no va a registrar el título 495 y 496, esa es la prueba directa, si eso hubiera existido quizás no estaríamos aquí, ya el Banco habría demostrado su existencia o preexistencia en la bóveda. La Ley General de Bancos va más allá, en su artículo 128 vigente a la época, porque entonces el Banco Industrial no promovió esa prueba y así no se hubiera absuelto a la ciudadana del primer juicio por delito de Peculado Doloso, pero sin esos asientos que Juez va a declarar una sentencia, voy mas allá y cito la Ley del Crédito Público bajo la cual se emitieron los bonos 495 y 496, de mi propiedad, en su articulo 38 vigente a la época, no solamente fue el Juzgado Sexto de Juicio que hizo una inspección en el Ministerio de Hacienda, inicialmente fue el extinto Tribunal Trigésimo Primero de Salvaguarda del Patrimonio Público, bueno, muéstrele los informes en los cuales el Banco Central certifica que el Banco Industrial era el beneficiario de esos bonos, vista esta deficiencia contable, cinco (5) años después de interpuesta la denuncia, cuando la Sudeban va a hacer una experticia contable al Banco Central y al Banco Industrial, el Banco Central le entrega este adefesio, estos son documentos administrativos que deben cumplir con cierta normativa, para que el Banco Central les de curso al cobro de los intereses de los títulos aquí señalados, en las planillas deben aparecer los sellos del Banco Central y quien reviso esto, bueno la 0753 no lo tiene, la 00395 no tiene, la 001466 no tiene sello ni por quien fue revisado, la 011214 tampoco y la 003052, esto es grave, ellas tienen 4 componentes, cuando usted va al Banco Central, el Banco Industrial se queda con una planilla después que la mete, dos se quedan en el Banco Central y dos van al Ministerio de Hacienda, pero todas deben ser iguales, porque al usted firmar, debe ser como un deposito de un Banco, las firmas aparecen en todas y cada una de ellas, pero al que mandaron a hacer esto no sabia lo que hacia, por desconocer la Ley de Crédito Público, que reza que una vez sorteados los títulos públicos, cesan de cobrar intereses, si estas planillas son ciertas el Banco Central y el Banco Industrial están inmersos en un delito de una cancelación doble, entonces quien va a creer que el contenido de esas planillas es cierto, nunca han consignado las planillas y luego de cinco (5) años alguien construyó estas planillas con errores muy graves, en la audiencia la defensa le presentó a la ciudadana N.O., para que afirmara si habían sido firmadas por ella, ella las vio y dijo que para afirmar eso le tenían que traer los originales, eso consta en el expediente, el Doctor ARIAS, le formuló otra pregunta, aquí esta la planilla 011214, firmada por el señor W.R., aquí le pusieron WILLY, quien era el mensajero del Departamento de Valores del Banco Industrial, yo me pregunto si el esta legitimado a saber lo que esta firmando y a saber como se hacen estas planillas, yo quiero ahora hablar, de una garantía en la Constitución que es la Cosa Juzgada, en el Archivo de esta Sala tienen 2 expedientes, uno que es la Causa Original y otro que es una Compulsa hasta la pieza siete, no se que folio en adelante, las causas son distintas, en primer término quiero aclarar que el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Procedimiento Civil, no definen quien tiene el carácter de parte en el proceso, hablar de las partes tendrán, pero no dicen quienes son y no lo dice porque hay partes en el sentido procesal y no material, en el expediente 2358 de fecha 23 de Enero de 2001, con Ponencia del Magistrado Cabrera, deja establecido quienes son las partes, entonces yo fui un tercero coadyuvante en el primer proceso, yo perseguí una decisión de fondo en esa causa, al absolver a N.O., eso me favorecía a mí y no podían llevarme como lo han hecho en dos oportunidades a Juicio, N.O., esta absuelta por el componente doloso del delito de Hurto, entonces me pregunto, el delito de hurto de N.O., es distinto al delito de Hurto por el cual yo fui condenado, pueden existir dos conductas iguales permitidas y prohibidas, por dios a eso es que voy yo, la sala debe hacer un Juicio comparativo de los dos procesos que aquí tiene, para determinar que en materia penal, el objeto son los hechos, basta con leerse la sentencia de la Sala 5º, y basta con leerse el objeto del proceso que me fue seguido a mi, para darse cuenta que son los mismos hechos, en fecha 16 de Enero de 1997, el Extinto Tribunal 31 de Salvaguarda, dicto una sentencia en la cual me hizo entrega a mi de unos certificados y ordenó al Banco Central que los tenia en custodia judicial, su entrega, esto fue concretado el 20 de ese mes, mediante recibo firmado que esta en el anexo 11, me los entrega aun estando en un sometimiento a juicio, aun creyendo la Jueza de que hubo hurto, me entrega los títulos, todos sabemos el final de esto, esa sentencia como usted bien lo dijo fue bajo el sistema inquisitivo, el 15 de noviembre de 1996, se practicó una Inspección al Banco Industrial, el 20 de ese mes al Ministerio de Hacienda, el 21 al Banco Central, esto no le bastó al Tribunal y les solicitó a todos copias certificadas de las relaciones contables en alusión al decreto 1.826, una vez reunida esa información, ofició al Presidente del Banco Central, para que enviara un experto contable y realizara una experticia a esa información, y este afirma que el Banco no cuenta con los Registros Contables, esa sentencia a mi favor fue fustigada por la Cuarta República y un medio de comunicación, EL UNIVERSAL, me hicieron un ataque mediático con un ataque del Estado, la primera impugnación la hace el Banco Industrial, introduciendo un AMPARO, reclamando la propiedad de esos certificados, ese amparo fue conocido por el Tribunal Superior de Salvaguarda, el cual lo declaró inadmisible, pero eso va a consulta a la sala de Casación Penal de la Extinta Corte Suprema de Justicia y confirma esa decisión, luego el Ministerio Público, apeló la decisión de la entrega de esos certificados, que fue negada por el Código de Enjuiciamiento Criminal y fue el Tribunal de Salvaguarda que decidió que no había materia sobre la cual decidir, la segunda impugnación contra esa sentencia, no puede ser revisada y luego le abren un procedimiento a la Juez que me declaro la sentencia. Es todo. El Dr. A.Z.A., le pregunta al Presidente del Banco Industrial de Venezuela si desea intervenir, manifestando este su deseo de no intervenir, ya que luego de oír la exposición de la defensa y del acusado creo que hay confusión, le cedo la palabra a la Dra. S.G.. Concluido. Toma la palabra la Dra S.G. en su carácter de Representante del Banco Industrial de Vezuela quien expuso lo siguiente: Oída la exposición realizada por las partes evidentemente que aquí se han oído todos los puntos de hecho y no de derecho el Banco Industrial de Venezuela, en el proceso donde resultó acusado R.T., cuando el acusado se refiere a que no existe registro contable en esos bancos, en principio fueron esos certificados a curazao, posteriormente fueron pasados al Banco Industrial con sede en Caracas, esto bonos de la deuda publica obedecen al Decreto Presidencial mediante la cual se iban a cancelar una antigua deuda a los Trabajadores, el Registro Contable esta en curasao, estos bonos nunca fueron hechos para que circularan de manera secundaria, cuando tuvo esos bonos en su bóveda, si estos bonos hubiesen sido que estuviera en manos de un particular, un caso complejo, en bonos de Doscientos Quince Millones incluye el 495 y 496, es cierto que el único que ha cobrado los intereses de los 495 y 496 es el Banco Industrial de Venezuela, en el Juicio, el Banco pudo demostrar que los bonos pertenecían al Banco Industrial de Venezuela, de manera que allí quedó demostrada la propiedad del 495 y 496, se dejó constancia de todas las situaciones, acudieron los testigos, el Banco Industrial demostró su titularidad de manera que si se hubiera desprendido debía constar en acta, de manera que la única victima ha sido el Banco Industrial, y los intereses devengados, es necesario señalar que durante el juicio el acusado a pregunta realizada por el Dr. Braulio, nunca presentó prueba que demostrara que tiene mucho dinero, la Fiscalía cuando formula cargos hay dos acusados R.T., y F.G., ante la imposibilidad de que GONZALEZ acudiera a Juicio allí fue que se hizo la separación de la causa, y consta también en el expediente que el mismo señalaba que el estaba en CANADA, para tramitar su Nacionalidad Canadiense que una vez terminara los trámites regresaba al País, de esta manera se presume que nunca se realizara la causa, de manera que existe la causa pendiente en contra del señor que esta fuera, a la victima representada por el Ministerio Público, nos permitieron estar presentes como victimas, solicitamos y así estimamos que sea declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto, el cual ya ha sido explanado por el Ministerio Público, y ratifique la sentencia la cual conlleva a la incautación de los bonos y un oficio al Banco Central de Venezuela, para que acredite esos bonos a otro ente, que no sea diferente al Banco Industrial de Venezuela. Es todo”. Concluido entonces esta audiencia, el Tribunal se reserva el lapso de ley previsto en el artículo 456, para emitir el pronunciamiento. Se deja constancia que hasta este momento termina la grabación. Se terminó siendo las doce y treinta horas del mediodía. Terminó, se leyó y conformes firman.-

6. MOTIVACION PARA DECIDIR.-

   En la recurrida que nos ocupa, se asentó como “hechos probados” en el Juicio Oral y Público, los siguientes:

   1. Que con motivo del Decreto 1826 (G.O. del 12-11-87), el Ejecutivo Nacional procedió a la 3ª Emisión de Bonos de la Deuda Pública Nacional hasta por la cantidad de US $ 250.000.000;

   2. Que el Artículo 3 de ese Decreto establece que el entonces Ministerio de Hacienda podría emitir “certificados provisionales”, canjeables por los Bonos definitivos;

   3. Que en dicho Artículo se estableció que el BCV colocaría dichos Bonos previa instrucción del Ministerio de Hacienda;

   4. Que de esa Emisión se acreditó que un bono por UU $ 215.000.000 fue colocado al BIV, de acuerdo a la Copia Certificada del Oficio Nº HCP-1967 del 20-11-87, de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda dirigido al 1er Vicepresidente del BCV;

   5. Que dicho Bono fue sustituido por los Títulos 1-a y 2-a, acreditados como pertenecientes al BIV, por US $ 20.000.000 y US $ 195.000.000, respectivamente;

   6. Que el valor de esos 2 títulos, sumados al de 35 Certificados provisionales, cada uno por US $ 1.000.000 (US $ 35.000.000, todos) ascienden a los US $ 250.000.000, monto de la emisión de títulos del Decreto 1826 del 12-11-1987;

   7. Que dichos 2 títulos más los 35 certificados provisionales, fueron sustituidos, de acuerdo a Acta del 13-3-91, por 496 títulos de distintas series y denominaciones, para un total de US $ 250.000.000, entre los cuales, en la Serie “G”, se encontraban los Certificados Provisionales 495 y 496, por un valor de US $ 3.000.000 c/u;

   8. Que por esos Certificados Provisionales el BIV cobró intereses conforme se acreditó por planillas de relación para el cobro de intereses, así como de los comprobantes internos de contabilidad del BCV; teniéndose en todos ellos como “beneficiario” para el pago de intereses sobre Bonos de la Deuda Pública Nacional, Decreto 1826, al BIV;

      9. Que por ello se acreditó en juicio que el BIV no vendió los Títulos 495 y 496, en el mercado, ni fueron entregados como pago de obligaciones contraídas;

      10. Que en Acta del 19-1-01 firmada por los entonces Vicepresidente de Tesorería y la Jefa del Departamento de Valores del BIV, se estableció la ausencia de esos títulos;

      11. Que el acusado F.G.B. los presentó a la Casa de Bolsa del Banco del Caribe para su venta, pero la operación de venta no se concretó porque el BIV presentó denuncia;

      12. Que el acusado F.G.B., actuó ante la Casa de Bolsa del Banco del Caribe por cuenta del penado R.T.A., con quien previamente había celebrado una negociación por los citados bonos;

      13. Que dicha negociación argumentada por el penado, versa sobre la supuesta recepción de F.G.B., de su hermano C.G.B., de esos títulos para su venta a Torres Arellano;

      14. Que Torres Arellano alega haber pagado US $, por los Certificados Provisionales de Deuda Pública Nacional 495 y 496;

      15. Que, sin embargo, C.A.G.B. fue un diplomático de categoría secundaria, que no tenía alto ingreso económico; que sus prestaciones sociales para el año 1994 apenas llegaron a la cantidad de Bs. 320.358,60, con deudas por alguna de las cuales fue demandado ante los tribunales civiles de la República, muriendo en un hospital público y que su acta de defunción acreditó que no dejaba al morir, bienes de fortuna;

      16. Que el mismo día que F.G.B. se presentaba, el 6-1-93, a la Casa de Bolsa del Caribe para transar los Bonos 495 y 496, por cuenta de R.T.A., en esa misma fecha F.G.B. firmaba un documento notariado en el cual una persona que se decía en el documento se llamaba J.F.R.R. -que nunca firmó ese documento-, se declaraba propietario de los Bonos 495 y 496, cada uno por US $ 3.000.000 y se los entregaba a F.G.B. para su venta; y

      17. Que el penado Torres Arellano tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los Certificados Provisionales de la Deuda Pública Nacional, Títulos 495 y 496.

          Ante estos hechos que se declaran como probados en la recurrida, el apelante denuncia:

          1. Que conforme al Artículo 49.7 de la Constitución, él no puede ser penado por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, toda vez que ya juzgada la entonces Gerente de Valores del BIV por los delitos de peculado culposo y hurto calificado, ella fue absuelta ulteriormente por la Sala 5 de esta Corte, confirmado ello por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cuando el 24-5-01 declaró “Inadmisible” Recurso de Casación;

          2. Que se aceptó como prueba, copias fotostáticas de las planillas de relación para el cobro de intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, y 3052, atinentes al Decreto 1826, relativa a los Certificados Provisionales 495 y 496, como presuntamente devengando intereses, y que esas evidencias fueron forjadas;

          3. Que cuando se condenó sobre la base de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, y 3052 se violó el Artículo 9 del Reglamento de la Ley del Crédito Público;

          4. Que de acuerdo a las Planillas de Intereses números: 5143, 753,0395, 1466, 11214, y 3052, el BIV cobró 2 y 3 “….veces sobre los mismos Certificados en diferentes períodos de vencimiento, hecho de imposible cumplimiento, por cuanto de ser cierto el contenido de estas Planillas el Banco Central de Venezuela estaría incurso en un delito al realizar un pago doble por concepto de Intereses violando de esta manera, esta Institución, la derogada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, y la Ley del Crédito Público y su Reglamento”…

          5. Que no se valoró la Experticia remitida el 7-4-99 por la División de Experticias del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial a través del Oficio Nº 9700-171, realizada por los funcionarios Willlan Velazquez y J.G., sobre los bienes del hoy penado…

             “… en donde, los referidos expertos arribaron a la conclusión siguiente:

             ´ que se observa la solvencia económica de R.T.A., debido a los bienes de fortuna de los cuales forma parte heredera y goza plenamente del 25 % ... ´,

             frente a la cual en la recurrida se dice que…

             …Esta experticia no se aprecia en primer termino, porque ninguno de los expertos que la practicaron comparecieron a rendir testimonio en juicio, no obstante habiendo sido regularmente citados y en segundo termino la prestación no fue practicada bajo las reglas de la prueba anticipada, lo que impide su apreciación como documental de manera autónoma

             …,.

             siendo entonces que para el apelante, “…no es cierto lo afirmado”…, porque…

             …no hay expresa constancia… que se le haya dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, de que se emitiera los correspondientes mandatos de conducción a los expertos Willlans G. Velásquez F. y José M Guevara, a lo cual estaba obligado el ciudadano juez de acuerdo al contenido del Artículo referido; como si lo hizo, el tribunal con otros testigos durante la ocurrencia del juicio

             …

          6. Que con respecto a la Experticia practicada por los expertos: M.P., Deylln Padilla y E.C., se practicó sobre copias fotostáticas simples, sin ningún tipo de certificación sobre 21 comprobantes internos de contabilidad;

          7. Que “…no fue acreditado ni siquiera por la División de Tesorería Internacional del Banco Industrial de Venezuela, Oficina de Caracas…el Memorando Interno N°. Ga-Cur¬07-128, de fecha 27 de octubre de 1997, procedente del: Banco Industrial de Venezuela, Sucursal Curazao, y dirigido a la Vicepresidente de la División de Tesorería Internacional, Econ. C.C.”…;

          8. Que habiendo el Juzgado de la recurrida realizado inspecciones:

             • El 15-11-07 en la Dirección de Administración la Deuda Pública, del Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas;

             • El 16-11-07, en el Departamento de Valores del BCV; y

             • El 30-11-07, en el mismo sitio anterior,

             supuestamente el juzgado de la recurrida “…dispuso que en los actos correspondientes a esas Inspecciones, las partes en la presente causa no podrían tener ningún tipo de intervención, tal como lo señala el juez en el Acta de la Audiencia de fecha 6 de Noviembre del Año 2007, Folio 261”…;

          9. Que al corregir el Acta del Juicio, el Fiscal 19º del Ministerio Público procedió a practicar nueva declaración de testigo y en esa estuvo…

             …ausente el Abogado Defensor del Acusado; este hecho violatorio en si al debido proceso en especial al Derecho a la Defensa, atenta como es lógico afirmar, contra todos los principios rectores que rigen el proceso del sistema acusatorio: oralidad, inmediación, publicidad; producto del mandato del Juez

             …

          10. Que posterior a la celebración de una Audiencia de Juicio el 8-5-07, el Juez de la recurrida le entregó al apelante…

              …un documento que contenía el acta correspondiente a la Audiencia de Inicio del Juicio Oral y Público, celebrada en fecha 20 de Abril de 2007, para que procediésemos a su corrección…, mediante las correcciones aportadas en casette, y entregados por la Defensa, el Acusado y también por el Representante del Ministerio Público, quien corrigió su intervención den el acto de Inicio del Juicio, incorporándose al expediente, este nuevo material corregido por las partes, en lugar del acta original, Esta acción conforma, sin duda alguna, una flagrante violación a los principios de Oralidad, inmediación, contradicción y Publicidad, durante el proceso

              …;

          11. Que como resultado de las correcciones ordenadas por el Juzgado de la recurrida existen 2 versiones del Acta de Inicio del Juicio Oral y Público, hecho que a decir del apelante, la vicia de nulidad, y es por eso que ni la Fiscalía, ni la Defensa, ni el hoy penado hicieron las actuaciones citadas en la sentencia, durante el acto de inicio de juicio oral del 20-4-07;

          12. Que la Fiscalía 19º del Ministerio Público interrogó al Acusado sin la presencia de abogado defensor; y

          13. Que la recurrida es “…inmotivada, contradictoria e ilógica”…, al “…omitir en forma deliberada”…, los siguientes hechos:

              • Que el BIV “…no cuenta con los asientos correspondientes a los registros contables de la propiedad, custodia, y cobro de intereses, correspondientes a los Certificados provisionales 495 y 496 del Decreto 1826”… y que por eso el “…Ministerio Público recurre a una prueba indirecta o indiciaria, conformada por las copias fotostáticas simples de las seis (6) Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses, lo cual afirmamos durante el Juicio, que son un montaje fotostático, en otras palabras un forjamiento, afectado de falsedad intelectual y material”…

              • Que el orden de los interrogatorios “…fue invertido, es decir, se coloco en primer término los referentes a la Titularidad de los Certificados Provisionales 495 y 496, cuando en realidad esa falta de titularidad es consecuencia de otras pruebas que fueron ubicadas posteriormente”…

              Ahora bien, para tratar de simplificar, la ratio de la controversia recursiva entre el apelante y la apelada es que:

      9. Se condenó a Torres por aprovechamiento de cosas provenientes del delito, porque en la recurrida se dice probado que al haber emitido el Ejecutivo Nacional los Certificados Provisionales 495 y 496 canjeables por bonos definitivos de la Deuda Pública Nacional correspondientes al Decreto 1826 de 1987, su Artículo 3 estableció que el BCV colocaría dichos Bonos, previa instrucción del entonces Ministerio de Hacienda, y así lo hizo a través de Oficio del 20-11-87 de la Dirección de Crédito Público del Ministerio, al 1er Vicepresidente del BCV, en el que se ordenó que un bono por US $ 215.000.000 fuera colocado al BIV; que fue sustituido de acuerdo a Acta del 13-3-91, entre otros títulos, por 496 “Certificados Provisionales”, entre ellos los de la Serie “G”, el 495 y 496, por US $ 3.000.000 c/u;

         II) Que el BIV cobró intereses conforme a: (a) planillas de relación para el cobro, y (b) los comprobantes internos de contabilidad del BCV; teniéndose en todos ellos como “beneficiario” para el pago de intereses sobre Bonos de la Deuda Pública Nacional, Decreto 1826, al BIV; por lo que este Banco no vendió los Títulos 495 y 496;

         III) Y aun ello, en Acta del 19-1-01 firmada por el Vicepresidente de Tesorería y la Jefa del Departamento de Valores del BIV, se estableció la ausencia de esos títulos;

         IV) Títulos que admite el penado y apelante Torres, el acusado F.G. los presentó a la Casa de Bolsa del Banco del Caribe para su venta, por cuenta del mencionado penado, afirmando éste que se los compró a C.G., afirmándose en el fallo que éste “…no tenía alto ingreso económico…muriendo en un hospital público y que su acta de defunción acreditó que no dejaba al morir, bienes de fortuna”…;

         Es decir, lo que le corresponde a la Sala es verificar si esta recurrida fue dictada conforme a Derecho, no solo por lo qué en ella se asiente, sino también después del análisis del proceso de convencimiento que le llevó al Juzgador decidir así después de haberse celebrado un juicio oral y público, a cuyo inicio, siquiera, estuvo conforme el hoy penado, toda vez que cuestionaba y cuestiona la vigencia de su imputación ya que alega operó la cosa juzgada a su favor, habida cuenta que una vez procesada funcionaria bancaria por los hechos relativos a la cesación de la custodia de los mencionados Certificados de parte del BIV, ella fue absuelta, manteniéndose la invariabilidad de ese fallo.

         De ahí que, no otra cosa puede hacer esta Sala más que sustentar su fallo sobre la base de “...las comprobaciones de hecho ya fijadas por la decisión recurrida”..., y sobre este objeto recurrido, responder decisoriamente las denuncias del recurrente.

         Refiere el apelante de manera constante, a lo largo de su impugnación que se le ha violado el debido proceso. La pregunta que surgiría de inmediato alude a identificar a quien protege la noción del debido proceso: ¿es una garantía exclusiva a favor del acusado? ¿o también rige para la victima o para el Estado como acusador?

         Para C.M.A.C., en su “Derechos Humanos y P.P.” (40) en La Constitución de 1999, no hay duda al respecto…

         …las garantías del debido proceso están igualmente referidas a las victimas de violaciones de tales derechos y/o a sus familiares, quienes deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y de actuar en las investigaciones, las acusaciones y en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables

         ...

         En procura de aceptar esta tesis, deviene el Artículo 21 de la Constitución, que ordena la “Igualdad Ciudadana Frente a la Ley” (“Todas las personas son iguales ante la ley”…) así como el Artículo 26 Ejusdem, el cual propugna el acceso ciudadano a la justicia, la cual tiene que ser “equitativa”. También el Artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal, en lo que respecta al proceso penal, estipula dicho deber procesal de proteger y reparar el daño causado a la víctima del delito como “…objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases”… .

         En el caso que nos ocupa, obviamente, la victima del delito por el que fue penado Torres, es la República Bolivariana de Venezuela. Y ello porque admitiendo todos, tanto el Ministerio Público, como el BIV, como el penado, que la propiedad afectada, es la propiedad de Certificados Provisionales emitidos a los fines de su canje por Bonos de la Deuda Pública Nacional, y así hacer acreedor frente a la República al tenedor de dichos títulos en su valor facial -al menos US $ 6 millones-, una sentencia condenatoria equivale al no desembolso de al menos esa cantidad, de parte de la Hacienda Pública Nacional; siendo que, por el contrario, el absolver a Torres, quien se asume como tenedor de tales títulos, equivale a pagarle al imputado tal importe. Es decir, ello también impone que el abordaje de la verificación de posible violación al debido proceso, debe atender a respetar los intereses igualitarios de las partes en esta causa, máxime si el efecto de una eventual sentencia absolutoria va a propiciar un efecto patrimonial importante para el Estado.

         En tal sentido, es importante entender que, como se dijo, de acuerdo al Único Aparte del Artículo 457 eiusdem, si una Corte de Apelaciones encontrare con lugar una apelación, siempre deberá hacerse sobre la base de atender “...las comprobaciones de hecho ya fijadas por la decisión recurrida”..., y así, esta Sala, en consideración a la convicción que asume sobre la necesidad de confirmar la recurrida, deja sentado, de acuerdo a los elementos que en Acta y en la Decisión fueron expuestos en su valoración por la recurrida, porqué está de acuerdo con el fallo en cuestión.

         Así, este Tribunal Colegiado está convencido que el a-quo valoró adecuadamente los medios probatorios conocidos en debate, bajo el cabal cumplimiento de los esenciales efectos de las garantías constitucionales y procésales, Juicio aquel que condujo a sancionar penalmente al acusado.

         Obviamente nos encontramos con un delito que fue cometido de manera clandestina. Así, siguiendo la redacción del entonces Artículo 472 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos y sustento de la recurrida, no fue en flagrante percepción y persecución de autoridad pública que Torres adquirió, recibió o escondió los citados certificados provisionales que representan ellos, objetivamente, “dinero” (como lo exige el tipo citado) por su canje, y los mismos provienen de delito en el que “…sin haber tomado parte”… el receptador -como lo sigue exigiendo la norma mencionada-, se hizo de tales títulos, se repite, de una manera no presenciada por agentes de autoridad o por la victima.

         Es por tal circunstancia de intimidad comisiva, si se nos permite el termino, por lo que se exigía del juzgador aguzar la valoración de elementos de prueba que rodeando al hecho ilícito realizado, conllevó un uso preciso, sin exageraciones, de los únicos instrumentos valorativos de las pruebas que se nos impone en nuestro sistema acusatorio, de acuerdo al Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así lo realizó el a-quo, usando la lógica, la experiencia común y el reconocimiento de la experticia científica de los diferentes sujetos de prueba que intervinieron en el largo juicio llevado a cabo bajo pautas de sistematicidad procesal.

         Ante lo anterior es meritorio hacer la siguiente precisión: Los hechos imputados acaecieron en la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue sustituido en vigencia plena, a mediados de 1999, por el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, frente a ello es prístino el Numeral 3 del Artículo 521 del Código Orgánico Procesal Penal, que parcialmente se trascribe…

         …Los tribunales y juzgados remitirán al Fiscal del Ministerio Público todas las causas en las cuales…no se hubiere formulado cargos. El Fiscal podrá formular la acusación respectiva o solicitar el sobreseimiento, con base en los recaudos que le fueron remitidos. El procedimiento continuará conforme a las normas de este Código

         ,

         siendo esto lo que aconteció en la causa, tal cual se narró en la Parte “I. Antecedentes”, de este fallo. Pero, por lo demás, es realmente en la plena vigencia del actual Código Orgánico Procesal Penal que se realizó el juicio oral y público del que se derivó la recurrida. Es decir, valorándose las pruebas conforme al Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, como se hizo en la impugnada, se le dio cumplimiento al mandato constitucional que se deriva del Encabezado del Artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre que…

         …las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron

         .

         Y arriba (en la narrativa de este fallo) se puntualizó que fue en plena vigencia del Código Orgánico Procesal Penal que se acusó a Torres, ofertándose las pruebas contenidas en el escrito acusatorio, las que fueron admitidas en la respectiva Audiencia Preliminar y así descritas en el citado Auto de Apertura a Juicio.

         De allí que expresada la idoneidad del enjuiciamiento y valoración probatoria acorde a la plena vigencia de la actual Ley Adjetiva Penal Venezolana, le corresponde ahora a la Sala el analizar cuál fue el uso del Derecho que asumió el juzgador de la recurrida para dictar la impugnada.

         La Sala reitera el carácter clandestino, sin presencia directa de la autoridad y/o de la victima de los hechos configurativos de la receptación de títulos públicos que al no estar en posesión de la institución bancaria que legalmente debía tenerlo, configura que el origen de tal tenencia en manos del hoy penado se estructuró por una comisión delictiva de la que se benefició el receptante Torres quien pretendió (y pretende) cambiar tales certificados, por dinero, del Estado Venezolano.

         Y a esta conclusión en la recurrida se llegó en un sistema acusatorio por la vía de la libertad probatoria (Artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal) y la apreciación probatoria a través de la sana crítica (Artículo 22 eiusdem) . En tal sentido y tal como lo expresa el doctrinario argentino E.M.J., en su Tratado de la Prueba en Materia Penal (Buenos Aires, 2002, 48)...

         Las características fundamentales de este sistema son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se debe probar los hechos y sobre el valor acreditante que debe otorgársele a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. Pero ello no implica de ninguna manera un arbitrio absoluto del juzgador, pues fuera de aquella amplitud referida al principio de la libertad probatoria, se le impone su valoración conforme a los principios de la sana critica racional, o sea que debe apreciar la prueba y fundar su decisión basándose no en su intimo convencimiento, sino objetivamente en los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano

         Por otra parte, hay una inadecuada concepción que se ha venido estructurando en opiniones de nuestro foro, o en ciertas decisiones -inclusive de instancias superiores- que en hora buena aún no pueden ser asumidas como “jurisprudencia” en el técnico sentido del termino, e inclusive en alguna doctrina o en glosadores cuyas opiniones muchas veces se repiten sin mayor critica científica, sobre que en un sistema acusatorio penal como el nuestro, o inclusive, alegándose denodadamente que nuestro Código Orgánico Procesal Penal lo impide, y por lo tanto ahora no podríamos hablar de indicios, y que ellos murieron con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Nada más falso. Así, es tradicional en materia penal la utilización de esta denominación, para describir, como lo hace P.E. (De la certidumbre de las pruebas en los juicios criminales, Madrid, 1944, 63) a...

         ...la operación mental mediante la cual se puede inferir circunstancias desconocidas tomando como base un hecho probado en la causa

         ...

         O como lo describió N. Framarino, en su Lógica de las pruebas en materia criminal, I, 256...

         ...es aquel argumento probatorio indirecto que va a lo desconocido de lo conocido mediante relación de causalidad

         ...

         Por lo demás, si conceptualizamos al “medio de prueba” como el método por el cual el juez obtiene el conocimiento del objeto de prueba, y al “elemento de prueba” como el dato o circunstancia debidamente comprobada mediante la producción de un medio de prueba que lo introduce objetiva y regularmente al proceso, se advierte que lo que tradicionalmente se denominó como indicio no es un medio de prueba, sino un elemento de prueba como cualquier otro. Erróneamente, por lo tanto, los códigos antiguos, como el Código de Enjuiciamiento Criminal, lo regulaban entre los medios de prueba junto con las presunciones. Los códigos modernos como el Código Orgánico Procesal Penal, precisamente por las anteriores razones, no incluyen ninguna mención sobre los indicios. Pero ellos existen como modo de reconocer de una valoración probatoria lo que ciertamente incrimina a un inculpado.

         En tal sentido, el juzgado de la impugnada estructuró la demostración de la culpabilidad del ahora penado sobre los hechos acusados, sobre la demostración de varias tesis de inculpación, como las denomina esta Alzada. Para ello acudiremos única y exclusivamente a la motivación del fallo, tal como se lo exige a esta Alzada el ya citado Artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Revisemos pues, tales tesis:

         A)Que el Ejecutivo Nacional procedió a la 3ª Emisión de Bonos de la Deuda Pública.

         Ello se estableció fiablemente en la recurrida tanto con el testimonio de Carrero quien -conjuntamente con otros funcionarios- habiendo realizado experticia contable de los documentos establecidos en el Anexo 5 del Anexo General 13, en ella concluyeron que los comprobantes internos de contabilidad allí presentes son…

         …DEMOSTRATIVOS DE LA RECEPCIÓN DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL POR 215.000.000 DE DÓLARES, TAL COMO SE INDICA EN LOS COMPROBANTES; QUE SI HAY RELACIÓN ENTRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, POR 20.000.000 Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, PERTENECIENTES AL DECRETO 1826, SI GUARDAN RELACIÓN CON LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SUSTITUTOS SEGÚN ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, YA QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A Y 2-A, DAN ORIGEN A LA POSTERIOR OPERACIÓN

         …

         Pero específicamente afirmó el 27-7-07…

         …QUE AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LE FUE PRIMIGENIAMENTE ASIGNADO UN MONTO DE 215.000.000 DE DÓLARES CORRESPONDIENTE AL DECRETO 1826, CERTIFICADO QUE ADQUIRIÓ EN 1987, QUE LUEGO FUE SUSTITUIDO `POR DOS CERTIFICADOS DE 15.000.000 Y 195.000.000 DE DÓLARES, TÍTULOS 1-A Y 2-A, RESPECTIVAMENTE; QUE POR ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, EL CERTIFICADO 1-A, 2-A, Y OTROS CERTIFICADOS POR 35.000.000 DE DÓLARES, FUERON SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS POR UN MONTO DE 250.000.000 DE DÓLARES, DENTRO DE LOS CUALES ESTÁN LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, Y QUE TODOS ELLOS, LOS SUSTITUIDOS Y LOS SUSTITUTOS PROVIENEN DEL DECRETO 1826

         …

         siendo conteste lo anterior con lo afirmado por González de González…

         ...QUIEN SEÑALÓ QUE RESPECTO AL DECRETO 1826, LA COLOCACIÓN SE HIZO O SE EMITIÓ POR LA CANTIDAD DE 250.000.000 DE DÓLARES, SE LE COLOCA DE ESE MONTO 215.000.000 DE DÓLARES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA...LUEGO SE CANCELABAN LAS PLANILLAS DE COBRO DE INTERESES AL PRESENTANTE DE LAS MISMAS POR TAQUILLA, COLOCÁNDOSE AL DORSO DEL TITULO LA FIRMA Y FECHA DE CANCELACIÓN, DESPUÉS SE DEVOLVÍA AL BENEFICIARIO, SIENDO EL TITULO AL PORTADOR

         …,

         y por Bastardo…

         …LA REPUBLICA CON BASE AL DECRETO 1826, HIZO UNA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL POR UN MONTO DE 250.000.000 DE DÓLARES, DE LOS CUALES FUERON COLOCADOS NADA MÁS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA...LAS CANTIDADES DE 215.000.000 DÓLARES...; QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496 FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, INSTITUCIÓN A LA CUAL, A TRAVÉS DE PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, SE LE CANCELÓ EL PAGO DE LOS INTERESES, QUE QUEDÓ ASENTADO EN EL REVERSO DE LOS CERTIFICADOS CITADOS, Y QUE INCLUSO SE PAGÓ INTERESES POR EL TITULO 1 QUE ERA EL ORIGINARIO, Y TAMBIÉN POR LOS SUSTITUTOS DE ESTE, DISTINGUIDOS 1-A Y 2-A, QUE PROVIENEN DEL DECRETO 1826; QUE TODO LO ANTERIORMENTE INDICADO SE PRUEBA CON EL LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN DÓLARES, QUE PRUEBA ADEMÁS NO SOLO LOS MONTOS EN DÓLARES COLOCADOS, SINO TAMBIÉN LA INSTITUCIÓN Y EMPRESA A LA CUAL SE COLOCARON ESOS TÍTULOS; QUE EN LA CARPETA 3, FOLIOS 350 AL 354, ANEXO GENERAL 24, HAY UNA SERIE DE COMUNICACIONES DEL 1989, 1990 Y 1991, DIRIGIDOS POR EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, RECLAMÁNDOLE O SOLICITÁNDOLE EL PAGO DE LOS INTERESES Y EN LAS MISMAS DAN INSTRUCCIONES A DONDE DEBE SER TRASFERIDOS LOS FONDOS; QUE LA CARPETA 4, FOLIOS 363 AL 368 DEL ANEXO 24, QUE SE REFIERE A LAS PLANILLAS 5143, 003052, 011214, 000395, 001496 Y 0753, DE PAGO DE INTERESES GENERADOS POR TÍTULOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, ATINENTES A LA TERCERA EMISIÓN EL DECRETO 1826, INDICÁNDOSE EN TODA ESAS PLANILLAS LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, SIENDO EL BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SIENDO LA ULTIMA FECHA DE CANCELACIÓN DE INTERESES EL 20-11-1992; QUE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 NO CORRESPONDEN A TÍTULOS DEL 001 AL 0035 POR 35.000.000 DE DÓLARES, SEÑALADOS COMO SUSTITUIDOS EN EL ACTA DEL 13-03-1991, SINO, A LOS CERTIFICADOS SUSTITUIDOS 1-A Y 2-A; QUE NO EXISTIÓ APARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA... NINGUNA OTRA EMPRESA O INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE HAYA COLOCADO TÍTULOS CON BASE AL DECRETO 1826; QUE EL REMANENTE EN DÓLARES QUE QUEDÓ SIN COLOCACIÓN FUE DE 24.390.000 DÓLARES, ES DECIR, QUE NO SE UTILIZÓ, QUE POR LEY DE ENDEUDAMIENTO LA REPUBLICA SOLO UTILIZÓ LO QUE COLOCÓ POR DACIÓN EN PAGO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y A LA EMPRESA SIEMENS, YA QUE LES DEBÍA UN DINERO Y LO CANCELÓ CON TÍTULOS VALORES; QUE EL MONTO NO COLOCADO SIGNIFICA QUE FUE AUTORIZADO PERO QUE NUNCA SALIÓ A CIRCULACIÓN, LOS TÍTULOS POR EL MONTO NO COLOCADO NUNCA SE ENTREGARON Y QUE LA NUMERACIÓN DEL ACTA DEL 13- 03-1991, POR 35.000.000 DE DÓLARES, QUE VAN DEL 001 AL 0035, SE ADJUDICARON UNA PARTE A LA EMPRESA SIEMENS, Y QUE EL 1-A Y 2-A SE ADJUDICARON O COLOCARON AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

         ...

         Pero aunado a esos testimonios, también ese hecho se dejó establecido en la recurrida con los siguientes documentos que siendo ofertados por la Fiscalía acusadora, fueron admitidos por el Juzgado 4º de Control de este Circuito en la Audiencia Preliminar celebrada el 6-11-07. Frente a ellos, la Sala solo quiere destacar los documentos que fueron anteriores o contemporáneos a los hechos imputados, en su valoración en la recurrida, a saber:

         • El OFICIO Nº HCP-1967 del 20-11-87 DIRIGIDO AL 1er. VICEPRESIDENTE DEL BCV POR LA DIRECTIVA DE CRÉDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA…

         “…EN EL CUAL LE INDICA QUE GIRE LAS INSTRUCCIONES PARA QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL NUMERO UNO (1) POR UN VALOR DE 215.000.000 DE DÓLARES, DEPOSITADO EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1987, SEA VENDIDO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, Y QUE LOS RESTANTES CERTIFICADOS POR UN MONTO DE 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, OPORTUNAMENTE SOLICITARAN SU COLOCACIÓN; QUE EN CONJUNTO ESOS 36 CERTIFICADOS, REPRESENTABAN BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL “ DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1995, TERCERA EMISIÓN EN US $ DÓLARES POR LA CANTIDAD DE US $ 250.000.000” EMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FECHA 3 DE ENERO DE 1986”…;

         • EL MEMORANDUM DLIE/ 135 DE LA MISMA FECHA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CAMBIARIA A LA GERENCIA DE TESORERÍA, AMBAS DEL BCV…

         …INDICÁNDOLE A LA PRIMERA, QUE EL CERTIFICADO PROVISIONAL Nº 1 POR UN VALOR DE 250.000.000 DE DÓLARES SEA MANTENIDO EN CUSTODIA A LA ORDEN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

         …

         • EL ACTA DEL 13-3-91, MEDIANTE EL CUAL SE DEJO EN CUSTODIA DEL BCV 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, QUE REPRESENTABAN…

         IGUAL NUMERO DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL DPN-12 DE NOVIEMBRE DE 1995 TERCERA EMISIÓN EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR UN MONTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

         , QUE SUSTITUÍAN A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES: (1) TREINTA Y CINCO (35) CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO DE 1.000.000 DE DÓLARES, CADA UNO, DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 19987; (2) DOS CERTIFICADOS PROVISIONALES POR UN MONTO, UNO, DE 20.000.000 DE DÓLARES, Y OTRO POR 195.000.000 DE DÓLARES, DEPOSITADOS EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL 13 DE JULIO DE 1990, PARA UN TOTAL DE 205.000.000 DE DÓLARES.

         EN ESA ACTA SE INDICAN LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS, DE LA SIGUIENTE FORMA:

         serie

         cantidad

         numerados del/al

         denominación

         us$ monto

         a

         145

         0001/0145

         10.000,00

         1.450.000,00

         b 57 0146/0202 50.000,00 2.850.000,00

         c

         132

         0203/0334

         100.000,00

         13.200.000,00

         d

         39

         0335/0373

         500.000,00

         19.500.000,00

         e 51 0374/0478 1.000.000,00 51.000.000,00

         F 54 0425/0478 2.000.000,00 108.000.000,00

         G 18 0479/0496 3.000.000,00 54.000.000,00

         TOTAL 496 250.000.000

         “SE ACREDITA DOCUMENTALMENTE QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 1-A, 2-A Y 35 CERTIFICADOS POR VALORES DE 20.000.000 DE DÓLARES, 195.000.000 DE DÓLARES Y 1.000.000 CADA UNO, RESPECTIVAMENTE, FUERON SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS DE LA SERIE “A” A LA “G”, POR DIVERSOS NÚMEROS QUE VAN DEL 0001 AL 0496, POR DIFERENTES DENOMINACIONES, PARA UN TOTAL DE 250.000.000 DE DÓLARES, Y ENTRE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES SUSTITUTIVOS ESTÁN EL 495 Y 496”..., Y

         • LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DEL 13-3-91…

         “…POR LA CUAL SE DETALLA LA SUSTITUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 1-A Y 2-A POR 20.000.000,00 Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTES A LA TERCERA EMISIÓN, DECRETO 1826, POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCONTRABAN LOS TÍTULOS NÚMEROS 495 Y 496, FIRMANDO PARTE DE LA SERIE “G”, CADA UNO POR LA CANTIDAD DE 3.000.000 DE DÓLARES; OFICIO Y COPIA CERTIFICADA ANEXA, CURSANTES A LOS FOLIOS 20 AL 25 DE LA PIEZA 10, Y QUE SE APRECIAN COMO UN INFORME CONFORME AL ARTICULO 339 NUMERAL 2º DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL”…

         Vale resaltar que en la recurrida, los anteriores testimonios y documentales se apreciaron de la manera siguiente:

         “…, SE DETERMINÓ O ACREDITÓ, QUE CON MOTIVO DEL DECRETO 1826… EL EJECUTIVO NACIONAL PROCEDIÓ A LA TERCERA EMISIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, HASTA POR LA CANTIDAD DE 250.000.000,00 DE DÓLARES…INDICÁNDOSE EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1826, QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA PODRÍA EMITIR CERTIFICADOS PROVISIONALES, LOS CUALES SERÍAN CANJEADOS POR LOS BONOS DEFINITIVITOS Y SE SEÑALABA QUE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COMO AGENTE FINANCIERO DE LA REPÚBLICA, COLOCARÍA LOS BONOS OBJETO DE LA EMISIÓN, PREVIA INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y DE ESA EMISIÓN SE ACREDITÓ QUE UN (1) BONO O TÍTULO POR 215.000.000,00 DE DÓLARES, FUE VENDIDO O COLOCADO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, COMO SE EVIDENCIÓ DE LA COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO Nº HCP-1967, DE FECHA 20-11-1987…POSTERIORMENTE SUSTITUIDO POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, SIEMPRE ACREDITADOS O PERTENECIENTES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR 20.000.000 DE DÓLARES Y 195.000.000 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, Y QUE ESOS TÍTULOS CONJUNTAMENTE CON 35 CERTIFICADOS PROVISIONALES, CADA UNO POR 1.000.000,00 DE DÓLARES, PARA UN TOTAL DE 35.000.000,00 AL HACER LA SUMATORIA DAN UN TOTAL GENERAL DE 250.000.000 QUE FUE EL MONTO DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DEL DECRETO 1826 DEL 12-11-1987, FUERON SUSTITUIDOS POR ACTA DEL 13 DE MARZO DE 1991, POR 496 TÍTULOS DE DISTINTAS SERIES Y DENOMINACIONES, PARA UN TOTAL DE 250.000.000 DE DÓLARES, ENTRE LOS CUALES EN LA SERIE “G”, SE ENCONTRABAN LOS TÍTULOS O CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, CADA UNO POR UN VALOR DE 3.000.000,00 DE DÓLARES”…

         Vale resaltar que, por lo demás, la emisión de los títulos por parte de la República como consecuencia del mencionado Decreto, y su proceso de sustitución en certificados provisionales para finales de 1991, no lo cuestiona siquiera el penado apelante. Por el contrario, lo afirma invariablemente en sus alegaciones, pero sustentando que por ser él, el tenedor de tales certificados, es el acreedor de su valor. Así por ejemplo, se lee en la apelación…

         …El Banco Industrial de Venezuela al tratar de reivindicar los Certificados Provisionales 495 y 496 del Decreto 1826, ha debido de probar dos (2) cosas: Primerol el elemento objetivo de la reivindicaciónl el hurto del cual fue objeto. Y posteriormente, en segundo lugar el elemento subjetivo de la reivindicación consistente en la mala fe de su actual poseedor. Hechos no acreditados en forma alguna durante el Juicio, y que de manera discrecional los dio por probados El JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

         …,

         con lo cual no niega el penado apelante la existencia física de tales títulos y lo que ellos representan como instrumentos para canjearle dinero al Estado. Por lo demás, en el Acta del Juicio Oral y Público se percibe que el hoy penado, libre de apremio y coacción expuso, entre otros particulares, que el...

         “...1 de junio del 2000...dictó sentencia mediante la cual se declaró: primero, la absolución de la Gerente de Valores del Banco Industrial de Venezuela, por el delito de Peculado Culposo, y segundo: declaró con lugar la apelación interpuesta por mis representantes judiciales y en consecuencia ordenó el pago de los certificados provisionales al portador 495 y 496, pertenecientes al Decreto 1826 a R.T.A., tal y como consta en la sentencia cursante a la Pieza 7, folios 338-351... Diga Usted, si firmó algún documento en el que conste la negociación de los bonos en cuestión? Contestó: “Si se firmó.” 11.- ¿Posee usted ese documento en su poder? Contestó: “No, por cuanto ese documento original se extravió...¿quiere decir que no existe el documento original? Contestó: "no, por cuanto se extravió...¿Pagó usted alguna cantidad de dinero por los títulos? Contestó: ´ Si,...los adquiero por 3 millones de dólares...en el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91 y fueron cambiados a 37 bonos de los cuales esos dos bonos 495 y 496 pertenecían al Banco Industrial de Venezuela...yo me ganaba 900.000 mil dólares...he sido el único que ha tenido los títulos en mis manos y los mandé a certificar al reverso”…

         declarando posteriormente lo siguiente:

         “...F.G. por disposición mía llevó los títulos a la Casa de Bolsa del Caribe...se determinó llevarlas a la Bolsa del Caribe...F.G. porque era el poseedor de buena fe de esos títulos... ,

         y después...

         ...durante el proceso de 15 años no se ha verificado, ni por los organismos jurisdiccionales ni intervinientes en el proceso los asientos correspondientes a la propiedad, custodia y cobro de intereses específicamente de los certificados 495 y 496...quiero concluir que con fundamento en lo aquí expresado el componente objetivo de la reivindicación de los certificados 495 y 496 por parte del Banco Industrial de Venezuela ha sido totalmente desvirtuado durante el proceso, es decir, la preexistencia de esos títulos en la bóveda del Banco Industrial de Venezuela y su presunta sustracción en la oportunidad que los mismos consignaron la denuncia ante el cuerpo técnico de policía judicial

         ...,

         con lo cual esta especifica “hipótesis indiciaria”, como lo llama la Sala, queda absolutamente aceptada por la totalidad de las partes. Ergo, la existencia física de los Certificados Provisionales 495 y 496 como títulos cuyo deudor de su valor es la República, frente al legítimo propietario de los mismos, que esta Sala también está convencida es el BIV.

         Se resalta que con respecto a las deposiciones libres y espontáneas del hoy penado Torres, en la recurrida se resaltó…

         …COMO DATOS DE INTERÉS, DESTACAREMOS EN CONJUNTO LAS AFIRMACIONES QUE HIZO EL ACUSADO, A LAS PREGUNTAS QUE LE FORMULARON EL REPRESENTANTE FISCAL, SU ABOGADO DEFENSOR Y EL JUEZ, DE LA MANERA SIGUIENTE:

         15. QUE LOS BONOS FUERON ADJUDICADOS AL BANCO INDUSTRIAL EN 1986 Y QUE LUEGO EN FECHA 13-03-1991, FUERON “CAMBIADOS” POR OTROS, ENTRE LOS CUALES LOS DOS (2) BONOS 495 Y 496, PERTENECÍAN AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         16. QUE EN FECHA 30-12-1992 RECIBIÓ LAS COPIAS DE LOS BONOS Y EN FECHA 6-01-1993 LOS ORIGINALES.

         17. QUE LOS BONOS SE LOS ENTREGÓ F.G..

         18. QUE SI SE FIRMÓ UN DOCUMENTO DE NEGOCIACIÓN DE LOS BONOS, PERO QUE EL ORIGINAL SE EXTRAVIÓ.

         19. QUE POR LOS TÍTULOS PAGÓ UNA CANTIDAD DE DINERO EN EFECTIVO, Y LA OTRA PARTE EN UN INMUEBLE VALORADO EN UN 1.500.000 DE DÓLARES, PERO QUE NO SE LLEGÓ A CONCRETAR POR EFECTO DE LA DENUNCIA.

         20. QUE EL DINERO EN EFECTIVO SE LO ENTREGÓ A F.G..

         21. QUE EL DINERO QUE LE ENTREGÓ LO TENÍA EN SU CASA.

         22. QUE NO SABE EL DESTINO QUE LE DIO F.G. AL DINERO.

         23. QUE SE ENTERÓ DEL INICIO DEL PROCESO POR EL EXTRAVIÓ DE LOS TÍTULOS EN FECHA POSTERIOR A QUE SU SOBRINO C.A.T., PRESTÓ DECLARACIÓN EN EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS.

         24. QUE SE QUEDÓ EN CARACAS TODO EL AÑO 1992 HASTA EL 10 DE ENERO DE 1993, QUE VIAJÓ A NUEVA YORK PARA RECIBIR LA TRANSFERENCIA DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE.

         25. QUE LOS TÍTULOS SE LOS MANDO DESDE PERÚ C.G., A SU MAMA, QUE FUE LA PERSONA QUE LOS RECIBIÓ, Y QUE DICHO CIUDADANO SE DESEMPEÑABA PARA ESA ÉPOCA COMO AGREGADO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN PERÚ.

         26. QUE CONOCÍA A C.G. Y F.G. DESDE QUE TENÍAN ONCE (11) AÑOS.

         27. QUE ADQUIRIÓ ESOS BONOS POR 3.000.000,00 DE DÓLARES.

         28. QUE NO LE PREGUNTÓ A F.G. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS BONOS.

         EL ACUSADO R.T.A. EN EL ACTO PREVIO AL CIERRE DEL DEBATE, HIZO USO DEL DERECHO DE PALABRA, SEÑALANDO QUE EL 1.5000.000,00 DÓLARES SE LOS ENTREGÓ AL CIUDADANO F.G., CUANDO ESTE LE HIZO ENTREGA FÍSICA DE LOS TÍTULOS, Y LUEGO SE LIMITÓ EN SU EXPOSICIÓN A DESTACAR LO DECLARADO POR LOS TESTIGOS Y EXPERTOS CON RELACIÓN A LOS MEDIOS DE PRUEBAS OFERTADOS POR EL REPRESENTANTE FISCAL.

         TAMBIÉN EN LA AUDIENCIA DE JUICIO DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007, EL ACUSADO R.T.A., SOLICITÓ EL DERECHO DE PALABRA, Y DE SU EXPOSICIÓN SE DERIVA LO SIGUIENTE:

         4. QUE POR DISPOSICIÓN O INSTRUCCIONES SUYAS F.G. LLEVÓ LOS TÍTULOS A LA CASA DE BOLSA DE CARIBE, Y QUE YA DESDE EL 31-12-1992 SE HABÍA HABLADO CON C.A..

         5. QUE NO FUE EL 6-1-1993, QUE F.G. SE PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ, QUE ESO YA SE HABÍA HABLADO, Y DE ACUERDO A LOS PUNTOS DE LA NEGOCIACIÓN Y POR SER C.A. SU SOBRINO Y GANARSE UNA COMISIÓN, SE DECIDIÓ LLEVARLO A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE.

         6. QUE F.G. EXPLICÓ QUE LO TÍTULOS LE FUERON ENVIADOS DESDE PERÚ Y SE PUSO EN CONTACTO CON ÉL EN FECHA 30-12-1992

         .

         Ahora bien, las inmediatamente siguientes hipótesis en la recurrida aluden a…

      2. Que el Artículo 3 del tantas veces mencionado Decreto de 1987, establece que el entonces Ministerio de Hacienda podría emitir “certificados provisionales”, canjeables por los Bonos definitivos;

      3. Que en dicho Artículo se estableció que el BCV colocaría dichos Bonos previa instrucción del Ministerio de Hacienda;

      4. Que de esa Emisión se acreditó que un bono por UU $ 215.000.000 fue colocado al BIV, de acuerdo a la Copia Certificada del Oficio Nº HCP-1967 del 20-11-87, de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda dirigido al 1er Vicepresidente del BCV;

      5. Que dicho Bono fue sustituido por los Títulos 1-a y 2-a, acreditados como pertenecientes al BIV, por US $ 20.000.000 y US $ 195.000.000, respectivamente;

      6. Que el valor de esos 2 títulos, sumados al de 35 Certificados provisionales, cada uno por US $ 1.000.000 (US $ 35.000.000, todos) ascienden a los US $ 250.000.000, monto de la emisión de títulos del Decreto 1826 del 12-11-1987; y

      7. Que dichos 2 títulos más los 35 certificados provisionales, fueron sustituidos, de acuerdo a Acta del 13-3-91, por 496 títulos de distintas series y denominaciones, para un total de US $ 250.000.000, entre los cuales, en la Serie “G”, se encontraban los Certificados Provisionales 495 y 496, por un valor de US $ 3.000.000 c/u;

         Estos hechos afirmados en la recurrida como probados se sustentan en los elementos que en el considerando anterior fueron expuestos en la impugnada, los que por lo demás no niega el penado apelante cuando en el juicio oral y público, libre de apremio y coacción, como se percibe en las actas, afirmó que…

         ...en el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91 y fueron cambiados a 37 bonos de los cuales esos dos bonos 495 y 496 pertenecían al Banco Industrial de Venezuela...

         Ahora bien, además de la pretendida afirmación de cosa juzgada y el cuestionar alguna acta del juicio, el penado apelante lo que cuestiona son las hipótesis siguientes afirmadas en la recurrida, las que analizaremos a renglón seguido:

      8. Que por esos Certificados Provisionales, el BIV cobró intereses conforme se acreditó por planillas de relación para el cobro de intereses, así como de los comprobantes internos de contabilidad del BCV; teniéndose en todos ellos como “beneficiario” para el pago de intereses sobre Bonos de la Deuda Pública Nacional, Decreto 1826, al BIV.

         Frente a esta afirmación en la impugnada se escribe que el BIV…

         …COBRÓ INTERESES CONFORME SE ACREDITÓ POR PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES ACREDITADOS EN EL ANEXO 13 Y ANEXO 24, ASÍ COMO DE LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, CURSANTES EN EL ANEXO 13 Y DE LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA ACREDITADOS EN EL ANEXO 24, TENIÉNDOSE EN TODOS ELLOS COMO BENEFICIARIO PARA EL PAGO DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

         …

         Y esta afirmación se sustenta en la recurrida, además de los testimoniales arriba trascritos, con precisos elementos documentales que objetivizan la demostración de la afirmación. En efecto, se valoraron:

         • “…LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES, BENEFICIARIO…EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, POR 3.289.687,50 DÓLARES”… ALGUNAS DE LAS CUALES EXHIBEN INCLUSIVE EL SELLO DONDE SE LEE: “BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”…; y

         • Una treintena de comprobantes contables del BCV, a saber:

         “1. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 003288, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-08-1990, TITULO 1-A POR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 2-A POR 195.000.000,00 DE DÓLARES (448.767,12 DÓLARES + 4.375.479,45 DÓLARES), POR UN MONTO PAGADO DE INTERESES DE 4.824.246,57. SE OBSERVA EN LA PLANILLA SELLO DE CANCELADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, EL NOMBRE DEL PRESENTANTE, O.E. SALAS, UN SELLO QUE DURANTE LA INSPECCIÓN SE VISUALIZÓ QUE ERA HÚMEDO, DONDE SE LEE: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y UNA FIRMA ILEGIBLE, QUE REPUTA ESTE JUZGADOR ES DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA. PLANILLA CURSANTE AL FOLIO 8 DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 1, DEL ANEXO 24, QUE COMO NUEVA PRUEBA FUE ADMITIDA Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.

         “2. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 000689, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-11-1990, TITULO 1-A POR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 2-A POR 195.000.000,00 DE DÓLARES, POR UN MONTO PAGADO DE INTERESES DE 4.578.585,21 (425.914,90 DÓLARES + 4.152.670,31 DÓLARES), OBSERVÁNDOSE EN LA PLANILLA TROQUELADO EN SU PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, EL PRESENTANTE SE LEE: E.O. SALAS, UN SELLO QUE EN LA INSPECCIÓN SE VISUALIZÓ HÚMEDO, DONDE SE LEE: “BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CARACAS, VENEZUELA”, Y SOBRE EL MISMO UNA FIRMA ILEGIBLE, QUE REPUTA ESTE JUZGADOR ES DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA; PLANILLA QUE CURSA A LOS FOLIOS 13 Y 27 DEL ANEXO “A” DE LA CARPETA 1, DEL ANEXO 24, ADMITIDA COMO NUEVA PRUEBA Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.

         “3. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN DE COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, Nº 001754, BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-1991 TITULO 1-A POR UN VALOR 20.000.000,00 DE DÓLARES Y 2-A POR UN VALOR DE 195.000.000,00 DE DÓLARES RESPECTIVAMENTE, POR UN MONTO PAGADO EN INTERESES DE 4.623.236,30 (430.068,49 DÓLARES + 4.193.167,81 DÓLARES), OBSERVÁNDOSE EN LA PLANILLA UN PRESENTANTE QUE SE L.E.O. SALAS, UN SELLO QUE EN LA INSPECCIÓN PRACTICADA SE DETERMINÓ O VISUALIZÓ HÚMEDO, DONDE SE LEE: “ BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, CARACAS, VENEZUELA”, Y SOBRE EL MISMO UNA FIRMA ILEGIBLE QUE REPUTA ESTE JUZGADOR ES O FUE DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA; PLANILLA QUE CURSA AL FOLIO 130 DEL ANEXO “D” DE LA CARPETA 1, DEL ANEXO 24, ADMITIDA COMO NUEVA PRUEBA Y RECEPCIONADA POR SU LECTURA EN LA AUDIENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.

         “4) COPIA CERTIFICADA DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA S/N (SIN NÚMERO), BENEFICIARIO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DECRETO 1826, TERCERA EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1991, TITULO 1-A POR UN VALOR DE 20.000.000,00 DE DÓLARES, Y 2-A POR UN VALOR DE 195.000.000,00 DE DÓLARES, RESPECTIVAMENTE, POR UN MONTO DE 3.484.744,66, OBSERVÁNDOSE UN SELLO DE PAGADO EL 16 DE MAYO DE 1991 DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, UN NOMBRE COMO PRESENTANTE DE E.O. SALAS, UN SELLO DONDE SE LEE: “BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA. CARACAS, VENEZUELA” Y SOBRE EL SELLO UNA FIRMA ILEGIBLE QUE ESTE JUZGADOR REPUTA DEL FUNCIONARIO PRESENTANTE DE LA PLANILLA, INDICÁNDOSE QUE EN LA INSPECCIÓN PRACTICADA SE DETERMINÓ QUE LOS SELLOS ANTES REFERIDOS ESTABAN ESTAMPADOS EN HÚMEDO; PLANILLA QUE CURSA AL FOLIO 369, ANEXO “A”, CARPETA 4 DEL ANEXO 24, Y FOLIO 388, ANEXO “A” CARPETA 5 DEL ANEXO 24.

         (…)

         “1) COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 07-01-90, A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR PAGO DE INTERESES MEDIANTE TRANSFERENCIA CALIGRÁFICA POR 4.578.585,21, CURSANTE AL FOLIO 335, ANEXO “F”, CARPETA 1 DEL ANEXO 24, QUE COINCIDE CON EL MONTO DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Nº 000689, QUE ES DE 4.578.585,21 DÓLARES, SUPRA REFERIDA, Y TAMBIÉN CON EL HECHO DE QUE EL BENEFICIARIO ES EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA.

         “2) COMPROBANTE CONTABLE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DE FECHA 17-05-1991, A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, POR PAGO DE INTERESES SOBRE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, POR LA CANTIDAD DE 3.484.744,66 DÓLARES, CURSANTE AL FOLIO 376 DEL ANEXO “A”, CARPETA 5 DEL ANEXO 24, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL MEMORANDUM DE FECHA 9 DE MAYO DE 1991, DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES DEL MISMO BANCO, Y CUADRO DEMOSTRATIVO ANEXO, DONDE SE INDICA QUE SE PROCEDA A LA PREPARACIÓN DE LOS COMPROBANTES CONTABLES POR CONCEPTO DE LA CANCELACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA PUBLICA EN DÓLARES, CONFORME AL DECRETO 1826, A CUYO EFECTO ENVIABA OFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Nº HCP-AD-91-819 DE FECHA 09-05-1991, Y SE INDICA ADEMÁS EN FORMA MANUSCRITA LO SIGUIENTE: “SE CANCELÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA INTERESES US $ 3.484.744,66”; MEMORANDUM Y CUADRO DEMOSTRATIVO ANEXO CURSANTE A LOS FOLIOS 390 Y 391 DEL ANEXO “A”, CARPETA 5.

         (…)

         1) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4719 DEL PERIODO 20-11-1987 AL 13-5-1988, POR 7.837.902,63 DÓLARES (FOLIO 22).

         2) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4707 DEL PERIODO DEL 13-05-1988 AL 13-08-1988, POR 4.441.324,28 DÓLARES (FOLIO 23).

         3) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4708 DEL PERIODO DEL 13-08-1988 AL 15-01-1988, POR 4.978.869,86 DÓLARES (FOLIO 24).

         4) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1421, DEL PERIODO 13-11-1988 AL 13-02-1989, POR 5.080.479,45 DÓLARES (FOLIO 25).

         5) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1418, DEL PERIODO 13-02-1989 AL 13-05-1989, POR 5.275.231,15 DÓLARES (FOLIO 26).

         6) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1420, DEL PERIODO 13-05-1989 AL 13-08-1989, POR 5.574.099,78 DÓLARES (FOLIO 27).

         7) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 3015, DEL PERIODO 13-08-1989 AL 13-11-1989, POR 5.046.609,59 DÓLARES (FOLIO 28).

         8) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 4765, DEL PERIODO 13-11-1989 AL 13-03-1990, POR 4.911.130,15 DÓLARES (FOLIO 29).

         9) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 5759 DEL PERIODO 13-02-1990 AL 13-05-1990, POR 4.578.640 DÓLARES (FOLIO 30).

         10) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 5700, DEL PERIODO 13-05-1990 AL 13-08-1990, POR 4.824.246,57 DÓLARES, (FOLIO 31).

         11) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1141, DEL PERIODO 13-08-1990 AL 13-11-1990, POR 4.578.585,21 DÓLARES (FOLIO 32 Y 21).

         12) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1788, DEL PERIODO 13-11-1990 AL 13-02-1991, POR 4.623.236,30 DÓLARES (FOLIO 33).

         13) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 1780, DEL PERIODO 13-02-1991 AL 13-05-1991, POR 3.484. 744,66 DÓLARES (FOLIOS 34, 15, 18 Y 21).

         14) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 0440, DEL PERIODO 13-05-1991 AL 13-08-1991 POR 3.120.424, 80 DÓLARES (FOLIO 18).

         15) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 00200, DEL PERIODO 13-08-1991 AL 13-11-1991, POR 2.822.855,23 DÓLARES (FOLIOS 36 Y 21).

         16) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 07318, DEL PERIODO 13-11-1991 AL 13-02-1992, POR 2.316.535, 05 DÓLARES (FOLIOS 37 Y 21).

         17) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 6186, DEL PERIODO 13-02-1992 AL 13-05-1992, POR 1.700.753,47 DÓLARES (FOLIOS 38 Y 21).

         18) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 0410, DEL PERIODO 13-05-1992 AL 13-08-1992, POR 1.848.022,80 DÓLARES (FOLIO 39).

         19) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 05478, DEL PERIODO 13-08-1990 AL 13-11-1992, POR 1.631.132,60 DÓLARES (FOLIOS 40 Y 21).

         20) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 3029, DEL PERIODO 13-11-1992 AL 12-02-1993, POR 1.698.010,70 DÓLARES (FOLIO 41).

         21) COMPROBANTE CONTABLE INTERNO DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SUCURSAL CURAZAO, Nº 3043, DEL PERIODO 13-02-1993 AL 12-05-1993, POR 1.464.035,40 DÓLARES (FOLIO 42).

         (…)

         “1) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 5700, TIENE FECHA DE REGISTRO EL 10-9-1990, POR UN MONTO DE 4.824.246,57 DÓLARES, POR INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS DE LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 003288 (TÍTULOS 1-A Y 2-A).

         “2) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1141, TIENE FECHA DE REGISTRO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1990, POR UN MONTO DE 4.578.585,21 DÓLARES, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, DECRETO 1826, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS ASENTADOS EN LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 000689(TÍTULOS 1-A Y 2-A).

         “3) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1788,TIENE FECHA DE REGISTRO EL 28 DE JUNIO DE 1991, POR UN MONTO DE 4.623.236,30 DÓLARES, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, POR EL PERIODO 13-11-1990 AL 13-02-1991, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS ASENTADOS EN LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES Nº 001754 (TÍTULOS 1-A Y 2-A), EFECTIVAMENTE COINCIDE CON LA FECHA DE VENCIMIENTO 13-02-1991.

         4) EL COMPROBANTE INTERNO DE CONTABILIDAD Nº 1780 TIENE FECHA DE REGISTRO EL 28 DE JUNIO DE 1991, POR UN MONTO DE 3.484.744,66 DÓLARES, POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, POR EL PERIODO DEL 13-02-1991 AL 13-05-1991, LO QUE COINCIDE CON EL MONTO, BENEFICIARIO Y DEMÁS DATOS ASENTADOS EN LA PLANILLA DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES S/N (SIN NUMERO) (TÍTULOS 1-A Y 2-A), Y ESPECÍFICAMENTE COINCIDE CON LA FECHA DE VENCIMIENTO 13-05-1991

         …

         Ciertamente, ante esta evidencia contable documental no es inidoneo que en la recurrida se afirmare el tener…

         …LA CERTEZA DE QUE EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, NO SOLO ERA EL TITULAR DE LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A (CERTIFICADOS PROVISIONALES) RELATIVOS A BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL, DECRETO 1826), SINO QUE ADEMÁS PRESENTÓ CUATRO (4) PLANILLAS PARA EL COBRO DE LOS RESPECTIVOS INTERESES, LO QUE GENERÓ, AL MENOS DOCUMENTALMENTE ACREDITADO, DOS (2) COMPROBANTES CONTABLES DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA; SIN EMBARGO, ESAS CUATRO (4) PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES NÚMEROS 003288, 000689, 001754 Y S/N), GENERARON EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA LOS COMPROBANTES INTERNOS DE CONTABILIDAD NÚMEROS 5700, 1141, 1788 Y 1780, QUE COMO DIJIMOS, COINCIDEN EN MONTO, FECHA DE VENCIMIENTO, BENEFICIARIO: EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y DECRETO: EL 1826, CON LAS PLANILLAS ANTE CITADAS

         …,

         lo cual fue además coincidente con lo testimoniado por:

         • BASTARDO:

         …EL FOLIO 9 TRATA DE PAGOS DE INTERESES DE ESOS TÍTULOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, EL FOLIO 11 CORRESPONDE AL PAGO DE INTERESES DE TÍTULOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, TODOS ESOS FOLIOS CORRESPONDEN A PAGOS DE INTERESES GENERADOS POR TÍTULOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (...)TODOS LOS FOLIOS CORRESPONDEN EN GENERAL AL PAGO DE INTERESES AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

         .

         (…)

         …CON RELACIÓN ESOS TÍTULOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, A CUYO EFECTO LA COLOCACIÓN SE HACE A TRAVÉS DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, TANTO LOS PAGOS COMO TODO LO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN, EN ESE MOMENTO SE HICIERON DOS COLOCACIONES DE TÍTULOS, UNA A LA EMPRESA SIEMENS, POR DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS Y OTRA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA POR DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES, EL RESTO DE LOS TÍTULOS NO FUERON COLOCADOS, SE HICIERON ALGUNOS SORTEOS, LOS SORTEOS IMPLICAN QUE EL PAGO DE INTERESES SE EJECUTAN HASTA LOS SORTEOS, EL PAGO DEL CAPITAL ES DE MANERA INMEDIATA (…), LOS DOS TÍTULOS PROVISIONALES 495 Y 496 FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA Y NO FUERON SUSTITUIDOS NUNCA POR TÍTULOS DEFINITIVOS (…). EN EL CASO ESPECÍFICO DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA FUERON COLOCADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, LA ÚLTIMA CANCELACIÓN DE INTERESES FUE REALIZADA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SEGÚN SOPORTE DE DOCUMENTOS CONTABLES EN EL REVERSO DEL TITULO (…), EN EL CASO ESPECÍFICO DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496 SEGÚN TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CADA UNO DE LOS PAGOS EJECUTADOS POR INTERESES SE HIZO AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

         . DICHA TESTIGO INTERROGADA SOBRE SI OTRA PERSONA DISTINTA AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SE PRESENTÓ AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA COBRAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, SEÑALÓ QUE “NINGUNA, TODOS LOS INTERESES FUERON CANCELADOS AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”…,y

         • G.D.G.:

         …SE ESPECIFICAN CUANDO SE LE COLOCÓ AL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE DÓLARES

         …;

         lo que concuerda con la experticia practicada por, entre otros, CARRERO cursante a los FOLIOS 53 AL 59 DE LA TERCERA PIEZA, en la que se concluye que “… EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ADQUIRIÓ LOS BONOS 495 Y 496, Y QUE SE LE PAGARON POR ESOS TÍTULOS INTERESES POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, TAL COMO SE DEMUESTRA CON LAS PLANILLAS DE RELACIÓN PARA EL COBRO DE INTERESES. QUE REVISARON EN UN 100% LOS COMPROBANTES CONTABLES A LOS FINES DE DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA”…

         La relación de cobro de intereses por los mencionados certificados se evidenció también en su respectivos dorsos, cuyas copias rielan en los FOLIOS 49 AL 51 DEL SUB-ANEXO 7 DEL ANEXO 13, O EN LOS QUE TIENEN NUMERACIÓN 495 Y 496 (FOLIOS 27 Y 28 DEL ANEXO 20), CON DATOS NUMÉRICOS MANUSCRITOS Y FECHA A IMPRESIÓN Y EN SELLO HÚMEDO:

         FECHA DE PAGO MONTO US $

         13 DE FEBRERO DE 1991……………………………US$

         13 DE MARZO DE 1991 ……………………………..US$ 51.534,25 -16 MAY 1991

         13 DE AGOSTO DE 1991 ……………………………US$ 49.083,90 $ - 14 AGO 1991

         13 DE NOVIEMBRE DE 1991………………………..US$ 47.260,25 $ - 27 NOV 1991

         13 DE FEBRERO DE 1992…19 DE FEB 1992…….US$ 41.604,45 $

         13 DE MAYO DE 1992…… 22 DE MAY 1992……US$ 32.917,80 $

         13 DE AGOSTO DE 1992…..19 DE AGO 1992.......US$ 33.190,07 $

         13 DE NOVIEMBRE DE 1992…20 NOV. 1992.......US$ 29.294,76 $

         Sigamos con las hipótesis cuya prueba se sustentó en la recurrida…

      9. Que por ello se acreditó en juicio que el BIV no vendió los Certificados 495 y 496, en el mercado, ni los entregó como pago de obligaciones contraídas, sino que, por el contrario…

      10. Que en Acta del 19-1-01 firmada por el Vicepresidente de Tesorería y la Jefa del Departamento de Valores del BIV, se estableció la ausencia de esos títulos;

          Ante esto se argumentó en la recurrida que…

          “…HAY CERTEZA DE QUE LA ÚLTIMA FECHA DE PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES FUE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992, COMO LO EXPRESARON ADEMÁS EN SUS TESTIMONIOS LOS CIUDADANOS NINOSKA GONZALEZ, Y.B. VEGAS Y J.L.R. MONCADA; POR ENDE, HAY CERTEZA DE QUE HASTA ESA FECHA, LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES NÚMEROS 495 Y 496, ESTABAN EN POSESIÓN DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA QUE LOS PRESENTÓ AL COBRO, YA QUE PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, EL TENEDOR TENIA QUE PRESENTAR EL ORIGINAL DEL TITULO, Y NO EXISTIENDO ELEMENTO ALGUNO QUE ACREDITE NEGOCIACIÓN DE LOS CITADOS BONOS POR PARTE DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DESDE LA CITADA FECHA HASTA QUE F.G.B. SE PRESENTÓ EN FECHA 06-01-1993 A LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, PARA NEGOCIAR O VENDER LOS CITADOS CERTIFICADOS PROVISIONALES, DEBE REPUTARSE CON CERTEZA, TAL COMO LO ASEVERÓ EL REPRESENTANTE FISCAL AL INICIO DEL DEBATE, QUE ESOS BONOS 495 Y 496, FUERON SACADOS DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA SIN CONOCIMIENTO NI CONSENTIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE ESA INSTITUCIÓN BANCARIA, POR ENDE, DE MANERA ILEGAL, PUES CONFORME AL ACTA DE FECHA 19-01-1993, SUSCRITA ENTRE LA GERENTE DE VALORES Y EL VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ( FOLIO 46, SUB.-ANEXO 6 DEL ANEXO 13), LA REVISIÓN FÍSICA QUE SE HIZO DE TÍTULOS EN DÓLARES EN LA GERENCIA DE VALORES COTEJADA CON LOS REGISTROS CONTABLES, QUE ARROJÓ CONFORMIDAD, SE REALIZÓ SOBRE LOS TÍTULOS PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, COMO LO DECLARARON LOS TESTIGOS N.O. Y M.J.G. LANDAETA, PERO EN UNA NUEVA REVISIÓN, AUXILIADA LA PRIMERA CIUDADANA NOMBRADA, DE UNAS FOTOCOPIAS QUE PRECEDENTEMENTE HABÍA ORDENADO SACAR DE LOS TÍTULOS, SE DETERMINÓ QUE FALTABAN LOS ORIGINALES DE LOS CERTIFICADOS 495 Y 496, ASEVERANDO N.O., QUE EL PRIMER CONTEO O REVISIÓN SE HIZO SOBRE LOS “TÍTULOS DEL BANCO INDUSTRIAL, CARACAS”, PERO QUE “ EN ESA ACTA NO ESTABA METIDO EL DECRETO 1826” (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 9 Y 11 DEL REPRESENTANTE FISCAL), ES DECIR, QUE CUANDO SE HIZO EL ACTA EN CUESTIÓN NO HABÍAN REVISADO O CONTADO EL DECRETO 1826 (RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO), Y EN ESE PUNTO ES CONTESTE EL CIUDADANO M.J.G. LANDAETA, CUANDO AFIRMA QUE LA PRIMERA REVISIÓN SE REALIZÓ SOBRE LOS REGISTROS CONTABLES, Y QUE LA SEGUNDA REVISIÓN SE HIZO CON UNAS FOTOCOPIAS QUE TENIA LA GERENTE DE VALORES, Y ALLÍ SE DETERMINÓ EL FALTANTE, Y QUE DE SEGURIDAD PASARON UN FAX AL ÁREA DE VICEPRESIDENCIA DE INVERSIONES Y FINANZAS, QUE TENÍAN TACHADURAS.

          EN ESTE PUNTO, LAS AFIRMACIONES QUE HIZO EL TESTIGO SON CONTESTES CON LO QUE DIJO N.O., CUANDO AFIRMÓ LO SIGUIENTE:

          CUANDO EL LEE ESO, PARECIERA QUE NOSOTROS COTEJAMOS CON LAS COPIAS QUE VINIERON DEL BANCO DEL CARIBE, CUANDO RECIBIMOS VÍA FAX FOTOCOPIAS DE DOS BONOS DEL DECRETO 1826, CUYO NUMERO ESTABA TACHADO, SEGURIDAD LO RECIBIÓ DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, ESO DE ORIGEN A QUE LA VICEPRESIDENCIA NOS LLAMARA PARA SABER QUE PASABA, PERO YA LAS FOTOCOPIAS SE HABÍAN SACADO CON ANTERIORIDAD, PORQUE YA SE ESTABA PLANIFICANDO UN NUEVO DECRETO, ES DECIR, LAS FOTOCOPIAS QUE PARA EL BANCO DEL CARIBE NO FUERON LAS QUE SE COTEJARON CON LAS DE NOSOTROS

          , (RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 DE LA DEFENSA DEL ACUSADO) (SUBRAYADO DEL TRIBUNAL).

          Dicha perdida de custodia de los referidos Certificados, de las premisas del BIV, además lo testimonió Escalante diciendo que…

          …SUSTANCIÓ UN EXPEDIENTE CON RELACIÓN A UNOS BONOS QUE SE HABÍAN EXTRAVIADO EN EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

          …,

          lo que concuerda con el Informe Nº 1888 de la GERENCIA DE SEGURIDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, que, PRESENTÓ EL INSPECTOR DE SEGURIDAD IV, JUAN LARRIBA:

          EL DÍA MARTES 19-01-1993, SE OBTUVO EN ESTA GERENCIA DE SEGURIDAD, INFORMACIÓN DE QUE POR INTERMEDIO DE LA CASA DE BOLSA CARIBE, FILIAL DEL BANCO DEL CARIBE, ESTABAN GESTIONANDO LA VENTA DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN EL ASUNTO (…), EL SR. G.G., GERENTE DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL CARIBE, REALIZÓ LA UBICACIÓN DE LOS REFERIDOS BONOS EN LA CASA DE BOLSA CARIBE E HIZO ENTREGA (…) DE DOS (2) FOTOCOPIAS DE SUS ORIGINALES (…), CONJUNTAMENTE CON LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE INVERSIONES Y FINANZAS, VICEPRESIDENCIA DE TESORERÍA Y GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A, PROCEDIMOS A CORTEJAR DICHAS FOTOCOPIAS CON LOS ORIGINALES CUSTODIADOS EN LA GERENCIA DE VALORES RESULTANDO SUS ORIGINALES NÚMEROS 495 Y 496 FALTANTES EN ESA DEPENDENCIA

          ..

          Sustentando entonces lo anterior, las siguientes precisiones que se hicieron en la recurrida son…

      11. Que el acusado F.G.B. presentó los citados Certificados a la Casa de Bolsa del Banco del Caribe para su venta, pero la operación de venta no se concretó porque el BIV presentó denuncia;

      12. Que el acusado F.G.B., actuó ante la Casa de Bolsa del Banco del Caribe por cuenta del hoy penado R.T.A., con quien previamente -dice- había celebrado una negociación por los citados bonos;

      13. Que dicha negociación argumentada por el penado, versa sobre la supuesta recepción de F.G.B., de su hermano C.G.B., de esos títulos para su venta a Torres Arellano;

      14. Que Torres Arellano alega haber pagado US $, por los Certificados Provisionales de Deuda Pública Nacional 495 y 496;

          En un sistema de libertad de pruebas como el que nos rige, bajo la egida del Artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta la confesión es valida siempre que, conforme al Artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sea sin coacción. Ante esta precisión, ya hemos citado en otra parte de este fallo como libre de apremio y coacción, en el juicio el hoy condenado apelante admite las anteriores precisiones de la recurrida, a saber:

          “…firmó algún documento en el que conste la negociación de los bonos en cuestión? Contestó: “Si se firmó.” 11.- ¿Posee usted ese documento en su poder? Contestó: “No, por cuanto ese documento original se extravió...¿quiere decir que no existe el documento original? Contestó: "no, por cuanto se extravió...¿Pagó usted alguna cantidad de dinero por los títulos? Contestó: ´ Si, una parte en dinero en efectivo y otra parte en obligaciones sobre un inmueble valorado en un millón y medio de dólares, cuya propiedad era compartida con mis hermanos, pero esta parte del inmueble no se llegó a concretar por efecto de la denuncia...se lo entregué a F.G. de mi propiedad...¿Diga Usted, donde tenía esa cantidad de dinero? Contestó: ´ La tenia en mi casa...cuando se enteró del inicio del proceso por el extravío de los títulos? Contestó: ´ En fecha posterior a que mi sobrino C.A.T. prestó declaración en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial...vivía en Boston y me vine el año 91 en el mes de septiembre a buscar a mi mamá para llevarla a Suiza, para hacer el depósito de un millón trescientos mil dólares...desde cuando conoce al ciudadano F.G.? Contestó: "es mi amigo desde que teníamos 11 años, es decir desde hace como 50 años. 23.- Eso quiere decir que también conocía a su hermano C.G.”. Contestó: ´ Si, desde esa época...C.G. le dijo cual era la procedencia de de esos bonos? Contestó: "realmente no le pregunté...los adquiero por 3 millones de dólares...en el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91 y fueron cambiados a 37 bonos de los cuales esos dos bonos 495 y 496 pertenecían al Banco Industrial de Venezuela...yo me ganaba 900.000 mil dólares...he sido el único que ha tenido los títulos en mis manos y los mandé a certificar al reverso y no indica quien es el beneficiario de esos títulos...¿Diga Usted, si le mantiene la averiguación abierta a la ciudadana N.O. por la comisión del delito de hurto calificado? Contestó: “se mantiene abierta la averiguación por peculado culposo...en fecha 30-12-92 se recibieron las copias y en fecha 06-01-93 se recibieron los originales...me los entregó F.G....,

          declarando posteriormente lo siguiente:

          “...F.G. por disposición mía llevó los títulos a la Casa de Bolsa del Caribe...eso ya se había hablado y de acuerdo a los puntos de la negociación por ser sobrino mío y ganarse una comisión se determinó llevarlas a la Bolsa del Caribe...F.G. porque era el poseedor de buena fe de esos títulos... ,

          y después...

          …su presunta sustracción en la oportunidad que los mismos consignaron la denuncia ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial

          ...

          Y eso lo destacó la recurrida…

          …EL ACUSADO R.T.A., INTERROGADO POR ESTE JUZGADOR SEÑALÓ QUE RECIBIÓ LAS COPIAS DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 EL 30-12-1992, Y LOS ORIGINALES EL 6-01-1993, QUE ESA ENTREGA SE LA HIZO F.G. (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 1 Y 2), Y QUE ESOS TÍTULOS SE LOS HABÍA ENVIADO A SU MAMA C.G.B. DESDE PERÚ, PAÍS DONDE SE DESEMPEÑABA EN FUNCIONES DIPLOMÁTICAS

          …

          Es así que ante estas conclusiones, la siguiente afirmación que se deriva en la recurrida es…

          Ñ) Que, sin embargo, C.A.G.B. fue un diplomático de categoría secundaria, que no tenía alto ingreso económico; que sus prestaciones sociales para el año 1994 apenas llegaron a la cantidad de Bs. 320.358,60, con deudas por alguna de las cuales fue demandado ante los tribunales civiles de la República, muriendo en un hospital público y que su acta de defunción acreditó que no dejaba al morir, bienes de fortuna.

          Y eso se sustentó en la impugnada con:

          • La Copia Certificada del EXPEDIENTE PERSONAL DE C.G. REMITIDA POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Y QUE CURSAN A LOS ANEXOS 21-A Y 21-B…

          …SE DESPRENDE INDUBITABLEMENTE QUE… SE DESEMPEÑÓ EN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO EN CARGOS DE NIVEL SECUNDARIO CON REMUNERACIONES QUE EN NINGÚN CASO LE PERMITÍAN ADQUIRIR ESOS TÍTULOS N° 495 Y 496, Y QUE CUANDO EGRESÓ DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO LE FUE CANCELADO UN MONTO POR PRESTACIONES SOCIALES DE 320.358,60 BOLÍVARES ( FOLIO 26 DEL ANEXO 21-B), YA QUE HABÍA PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 1993

          …

          • Y con los documentos en donde consta que…

          “…C.G.B. INGRESÓ AL CENTRO HOSPITALARIO “DOMINGO LUCIANI”, QUE ES DE ATENCIÓN PUBLICA, EN FECHA 8-8-1995, Y EGRESÓ POR FALLECIMIENTO EL 25-09-1995 ( FOLIO 37 Y 38 DE LA DÉCIMA PIEZA), Y SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NUMERO 1808 DE LA PREFECTURA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, EN LA CUAL LA PRIMERA AUTORIDAD HIZO CONSTAR NO SOLO SU FALLECIMIENTO EN EL CENTRO HOSPITALARIO CITADO, SINO TAMBIÉN QUE NO DEJABA BIENES DE FORTUNA”…,

          argumentándose entonces en la recurrida que ello demuestra…

          “…LA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, MANTENIDA EN EL TIEMPO POR DICHO CIUDADANO PARA EN DEFINITIVA ADQUIRIR UNOS BONOS, CUYO VALOR ERA DE 3.000.000,OO DE DÓLARES CADA UNO; Y ESTA AFIRMACIÓN SOBRE LA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SUPRA SEÑALADO CIUDADANO NO LE PERMITÍA NI SIQUIERA ADQUIRIR UNOS TÍTULOS AUN EN EL CASO DE QUE LA NEGOCIACIÓN DE LOS TÍTULOS SE HUBIERA PACTADO O CONVENIDO CON UN DESCUENTO DEL 60% SOBRE EL VALOR DE CADA UNO.

          “ENTONCES ES CLARO QUE EL CIUDADANO C.G.B. NO TENÍA LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA ADQUIRIR LOS 495 Y 496, Y NI SIQUIERA PARA INTERVENIR COMO AGENTE INTERMEDIARIO EN UNA NEGOCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESOS TÍTULOS QUE REQUERÍA NO SOLO EXPERIENCIA SINO TAMBIÉN RESPALDO FINANCIERO. RESULTA CONTRARIO A LA LÓGICA QUE UNA PERSONA DE “PRESUNTO” PODER ADQUISITIVO ACUDA EN ESE TIEMPO A UN CENTRO HOSPITALARIO PÚBLICO A TRATARSE UNA ENFERMEDAD, Y FALLEZCA SIN DEJAR BIENES DE FORTUNA, SIENDO QUE HACÍA UN POCO MÁS DE DOS (2) AÑOS HABÍA RECIBIDO POR INTERMEDIO DE SU HERMANO F.G.B., LA CANTIDAD DE 1.500.000,00 DÓLARES AMERICANOS, Y MAS CONTRARIO A LA LÓGICA RESULTA QUE ENVIÉ ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES A SU MADRE, Y LOS TERMINE “NEGOCIANDO” SU HERMANO F.G.B.. POR ELLO, ESTE JUZGADOR TIENE LA CERTEZA QUE C.G.B. NO ADQUIRIÓ NI INTERVINO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, COMO SE ALEGA POR EL ACUSADO, EN RAZÓN DE QUE EN PRIMER TERMINO, ESOS TÍTULOS ERAN PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL, SUCURSAL CURAZAO, QUE NO CELEBRÓ NINGUNA OPERACIÓN DE VENTA CON LOS MISMOS, Y EN SEGUNDO TERMINO, PORQUE DESPUÉS DE QUE FUERON PRESENTADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL COBRO DE INTERESES, SIENDO PAGADO LOS MISMOS EL 20-11-1992, PERMANECIERON EN CUSTODIA EN SU BÓVEDA DE LA GERENCIA DE VALORES, HASTA QUE FUERON SUSTRAÍDOS DE LA MISMA”…,.

          argumentación ésta que jamás ha sido cuestionada por el apelante; pero es que, por otra parte, se afirma en la recurrida que…

          L)Que el mismo día que F.G.B. se presentaba, el 6-1-93, a la Casa de Bolsa del Caribe para transar los Bonos 495 y 496, por cuenta de R.T.A., en esa misma fecha F.G.B. firmaba un documento notariado en el cual una persona que se decía en el documento que se llamaba J.F.R.R. -que nunca firmó ese documento-, se declaraba propietario de los Bonos 495 y 496, cada uno por US $ 3.000.000 y se los entregaba a F.G.B. para su venta.

          Ante esto se precisa en la recurrida que…

          “…EL ACUSADO R.T.A. HA SEÑALADO QUE CUANDO F.G.B. SE PRESENTO EL 6-01-1993, A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, NO LO HACIA POR INICIATIVA PROPIA, SI NO POR INSTRUCCIONES SUYAS, YA QUE HABÍA CELEBRADO CON DICHO CIUDADANO UNA NEGOCIACIÓN, PAGANDO LA CANTIDAD DE 1.5000.000, 00 DÓLARES… PERO COMO MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL OFERTO…COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE FECHA 6-1-1993, DEL CUAL SE DESPRENDE QUE F.G.B. RECIBIÓ 3.000.000,00 DE DÓLARES, REPRESENTADOS EN 1.500.000,00 DÓLARES EN EFECTIVO, Y OBLIGACIONES DESCRITAS EN CONTRATO ANEXO, POR LA VENTA DE DOS (2) TÍTULOS VALORES 495 Y 496, QUE HASTA LA FECHA, SE DIJO EN EL CONTRATO, PERTENECÍAN A C.G.B..

          (…)

          “…¿COMO ES POSIBLE QUE ESE MISMO DÍA 6-1-1993, UN CIUDADANO IDENTIFICADO COMO J.F. RODRIGUEZ… LE HAYA OTORGADO UN PODER A F.G.B., PARA QUE EN SU “NOMBRE Y REPRESENTACIÓN” ENAJENARA O GRAVARA LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, Y COMO CONTRAPRESTACIÓN F.G.B. RECIBIRÍA LA CANTIDAD DE 300.000,00 DÓLARES, Y QUE EL REMANENTE DEL PRECIO PAGADO DEBÍA SERLE ENTREGADO AL PODERDANTE PROPIETARIO EN LA FORMA QUE ESTE INDICARA?

          (…)

          …VEMOS PUES COMO F.G.B. QUE PRESUNTAMENTE YA HABÍA VENDIDO LOS BONOS 495 Y 496, Y QUE SEGÚN R.T.A. SE PRESENTO POR INSTRUCCIONES SUYAS, YA ESTE SE COMPORTABA COMO PROPIETARIO, A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, DA UN PODER A UN ABOGADO PARA QUE ESTE DISPUSIERA DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 CONFORME A DERECHO Y AL DICTAMEN DE SU CONCIENCIA.

          DE TODO LO ANTERIOR SE DERIVA CON CERTEZA QUE DEL 6 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 1992, SE SUCEDEN UNA SERIE DE ACTOS, EN PARTICULAR EN UN SOLO DÍA, EL 6-1-1993, TRES (3) PERSONAS SE ARROGAN LA PROPIEDAD DE LOS TÍTULOS, Y ESTOS SON F.G.B., R.T.A. Y J.F.R.R.; Y RESPECTO DEL CIUDADANO J.F.R.R., EL MISMO RINDIÓ DECLARACIÓN EN JUICIO IDENTIFICÁNDOSE CON LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 3.585.265, MANIFESTANDO, EN PRIMER TERMINO QUE NO CONOCE A LOS CIUDADANOS F.G.B. Y R.T.A., QUE SU PERSONA NUNCA FUE PROPIETARIO O TENEDOR DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, Y MENOS DE LOS TÍTULOS NÚMEROS 495 Y 496, QUE LA FIRMA QUE APARECÍA COMO OTORGANTE DEL PODER SUPRA REFERIDO, NO ES LA SUYA, Y QUE JAMÁS SE HA DEDICADO A LA ACTIVIDAD DE NEGOCIACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA. CON ELLO, HAY CERTEZA DE QUE CON EL PODER CURSANTE A LOS FOLIOS 17 AL 19 DE LA PIEZA 10, SE SUPLANTO LA IDENTIDAD DEL CIUDADANO J.F.R.R., PARA HACER VER QUE ESTE CIUDADANO ERA EL PROPIETARIO DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, Y ASÍ PRETENDER DEMOSTRAR LA REGULARIDAD DE LAS FUTURAS OPERACIONES QUE SE HARÍAN EN LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE

          …,

          situación ésta que invariablemente le hace derivar al juzgador de la recurrida la concreción del elemento subjetivo culpabilistico de la participación individual de Torres en el delito que se le acuso. Ergo, que tuvo la intención ilícita y así la ejecutó, de aprovecharse de un titulo canjeable en dinero, y que por lo tanto representa ese valor, sabiendo que el origen de aquel titulo publico era de una proveniencia ilícita. Es decir, la última de las hipótesis indiciarias asentadas en la impugnada…

          LL) Que el penado Torres Arellano tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los Certificados Provisionales de la Deuda Pública Nacional, Títulos 495 y 496.

          Ello se expresa en el fallo bajo la argumentación de que el a-quo tiene la…

          …CERTEZA DE QUE C.G.B. NO INTERVINO EN ESTA OPERACIÓN, NI TENIA LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA HABER ADQUIRIDO LOS BONOS 495 Y 496, SINO QUE LOS CIUDADANOS F.G.B. Y EL ACUSADO EN JUICIO R.T.A., OBTUVIERON ILEGÍTIMAMENTE ESOS CERTIFICADOS, SABEDORES DE QUE TENÍAN PROCEDENCIA ILÍCITA, CONVENCIMIENTO SUBJETIVO QUE SE EVIDENCIA O DEMUESTRA, NO PORQUE EL ACUSADO R.T.A. LO HAYA ADMITIDO ASÍ, SINO POR UNA SERIE DE DATOS OBJETIVOS

          …

          Y esos datos objetivos son:

          • EL RECIBO DE CUSTODIA del 6-1-93 EMANADO DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, C.A, ACREDITANDO HABER RECIBIDO DE F.G.B. LOS BONOS 495 Y 496;

          • El Testimonio de ALDANA quien dijo que el 6-1-93 se presentó a LA CITADA CASA DE BOLSA, F.G. MANIFESTANDO SU INTENCIÓN DE VENDER LOS CERTIFICADOS Y QUE ACTUABA CONJUNTAMENTE CON R.T., refiriendo que aquel lo hacía con “premura”.

          • EL TESTIMONIO DE DAO YANEZ, PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, QUE MANIFESTÓ QUE EN 1993, SE HIZO CONTACTO PARA NEGOCIAR UNOS CERTIFICADOS, DETECTÁNDOSE POR UNA INFORMACIÓN QUE LOS TÍTULOS QUE SE QUERÍAN NEGOCIAR HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE LA BÓVEDA DEL BIV.

          De allí que la pretendida procedencia licita de la tenencia de los certificados en poder del penado, fue descartado en la recurrida bajo la siguiente argumentación:

          …TORRES… TRAZO LA LÍNEA DE PROBAR EL ORIGEN LICITO DEL DINERO EMPLEADO PARA LA PRETENDIDA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS…SIN EMBARGO… SOLO ACREDITAN…RECURSOS ECONÓMICOS DEL ACUSADO, PERO QUE NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON EL PRETENDIDO PAGO QUE HIZO DICHO CIUDADANO DE 1.500.000,00 DÓLARES AL CIUDADANO FERNANDO BRICEÑO GONZALEZ, MÁXIME QUE ESTE PAGO NO SE PROBO QUE EFECTIVAMENTE SE HAYA REALIZADO…NO SE PROBO QUE EL ACUSADO HAYA EFECTIVAMENTE CANCELADO LA REFERIDA CANTIDAD EN DÓLARES, NI QUE F.G.B. HAYA EFECTIVAMENTE RECIBIDO ESA CANTIDAD, DEBEMOS SEÑALAR QUE EL HECHO OBJETO DEL JUICIO NO ES LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA O FINANCIERA DEL ACUSADO, SINO PROBAR SI EFECTIVAMENTE O NO TUVO PARTICIPACIÓN EN EL DELITO OBJETO DE ACUSACIÓN POR EL MINISTERIO PUBLICO

          …

          De allí que la final conclusión a la que ser arriba en la impugnada es que…

          …HAN SIDO ANALIZADOS Y COMPARADOS, QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN) NÚMEROS 495 Y 496, EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826, SON PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE TIENEN SU ANTECEDENTE TEMPORAL E INSTITUCIONAL EN LA PRIMIGENIA COLOCACIÓN DE UN TITULO Nº 1, A LA REFERIDA INSTITUCIÓN BANCARIA, QUE LUEGO LE FUERON SUSTITUIDOS POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, Y ESTOS A SU VEZ SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, ENTRE LOS CUALES ESTABAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, COMO SE EVIDENCIO DEL ACTA DE 13-03-1991; QUE POR ESOS TÍTULOS EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COBRO Y LE FUERON PAGADOS INTERESES POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SIENDO LA ULTIMA FECHA DE PAGO EL 20-11-1992, Y QUE NO HABIENDO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DESPUÉS DE ESTA FECHA, CELEBRADO NINGUNA OPERACIÓN DE VENTA DE LOS CITADOS TÍTULOS, LOS MISMOS PERMANECIERON EN SU BÓVEDA DEL DEPARTAMENTO O GERENCIA DE VALORES, HASTA QUE FUERON SUSTRAÍDOS, SUSTRACCIÓN QUE SIN DUDA ALGUNA SE OPERO EN UNA FECHA POSTERIOR, NO DETERMINADA, AL 20-11-1992, TENIENDO POSESIÓN DE LOS MISMOS EL ACUSADO R.T.A., QUIEN LOS RECIBIÓ, NO LOS ADQUIRIÓ, A SABIENDAS DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS TÍTULOS, SIN QUE ESTE DEMOSTRADO QUE HAYA PARTICIPADO EN EL DELITO QUE COMPORTA LA SUSTRACCIÓN DE LOS TÍTULOS DE LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; RECEPCIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 POR PARTE DEL ACUSADO QUE CON CERTEZA SE DEMOSTRÓ, ASÍ COMO SU CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS MISMOS, AL PUNTO QUE TAMBIÉN SE DEMOSTRÓ FUERA DE TODA DUDA RAZONABLE, TODO EL ENTRAMADO DOCUMENTAL, ENTRE PRIVADOS, QUE SE PREPARO PARA LOGRAR EL COBRO DE LOS TITULOS, COMO SE ACREDITO INDUBITABLEMENTE

          …

          Todas estas tesis incriminadoras de Torres, pluralmente asumidas en el fallo, ante un delito, repetimos, realizado de manera clandestina, sin testigos presenciales, presuponen entonces una valoración de prueba como se hizo en la motiva de la recurrida, con el uso instrumental de los elementos de apreciación contenidos en el Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual se expresa puntualmente en el fallo y esta Alzada no puede dejar de reconocérselo al a-quo, ya que éste realizó una labor congruente de sana critica, lo cual le era exigible como juzgado de demostración decisoria.

          Así, tras la admisión y práctica de la prueba, ésta ha de ser valorada por el juzgador, para que pueda surtir efectos en el proceso. De allí que, según establece el Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal…

          Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia

          Este sistema, obviamente, ha de ser interpretado a la luz del sistema constitucional democrático ya que a estas alturas del saber jurídico, hay que exigir mucho más que la simple conciencia o convicción de los jueces. Hay que exigir un discurso razonado, objetivo y verificable, en el que no tienen cabida afirmaciones apodícticas, sino conclusiones racionales y derivadas de las pruebas practicadas en el juicio. Todo ello no puede quedar cegado y sustituido por afirmaciones asertóricas irreconciliables con el Estado de Derecho y propias del puro decisionismo jurisdiccional. El conocimiento de lo que está probado y lo que no, no es una cuestión fáctica -al modo de un pretendido hallazgo de la “verdad material”, conforme lo establece el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal-.

          En verdad, la valoración de la prueba no es una mera tarea recopilatoria o de selección, sino que la misma debe operar presidida por criterios normativos, de tal modo que no es cierto que el establecimiento de hechos se base sólo en criterios empíricos. Una valoración de la prueba ayuna de criterios normativos, no puede tener cabida en el proceso penal. Es así que, conforme al citado Artículo 22 de la Ley Adjetiva Penal Venezolana, la lógica debe presidir todas las operaciones intelectuales de valoración de la prueba. Tanto en la valoración de la prueba, en concreto, cuanto en la sentencia, en general, se han de respetar las reglas de la lógica, las cuales estructuran racionalmente el proceso de valoración -y la sentencia misma-. La valoración de la prueba es lógica en su argumentación. Las reglas de la lógica aseguran que en los procesos de valoración y de inferencia, la conclusión obtenida sea la consecuencia obligada de las premisas tomadas, sin desviaciones irregulares. El objetivo de todo ello es claro: entre las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica nada se debe dejar al denominado “intuicionismo”.

          Se trata de respetar las reglas para la formación de conceptos, decisiones y consecuencias en la valoración de la prueba -aunque no sólo, pues las reglas de la lógica también deben presidir la totalidad de la sentencia-, en un proceso argumental limpio. Las principales infracciones a las reglas de la lógica son la existencia de contradicciones, lagunas o saltos en la argumentación, las peticiones de principio, los círculos viciosos, las omisiones, los cambios en el thema decidendi, la oscuridad, etc. Pero no toda valoración de la prueba o sentencia que respete las reglas de la lógica ha de ser, pues, necesariamente correcta -estas reglas no enjuician la corrección de las premisas del silogismo-, aunque, lo que sí es seguro, al contrario, es que toda valoración de la prueba y, por ende, toda sentencia, que quebrante los principios lógicos, no podrá ser nunca ajustada a Derecho.

          Por otra parte, el criterio fundamental para la valoración de la prueba de un modo objetivo racional, y no subjetivo al libre arbitrio del juez, es atender a las denominadas máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia, son las reglas que surgen de la observación y posterior generalización de casos concretos; dicho de una forma gráfica, el juzgador, sabedor de que ciertos hechos se desarrollan siempre de una determinada manera, aplica esa especie de “ley general” al supuesto concreto que ha de valorar. De este modo, las máximas de la experiencia se obtienen de la observación de hechos similares, ya sea por parte del propio juzgador de hechos de la vida diaria y cotidiana, ya sea por parte de los científicos respecto de hechos de cierta complejidad (peritos) pero que se rigen por leyes más o menos constantes. Si habitualmente un suceso produce el mismo resultado, es de suponer que también en el futuro ello habrá de ser así, lo que para la prueba significa que tal resultado habrá de considerarse probado si en el suceso sometido a prueba no intervienen circunstancias particulares que denoten que en el mismo no se cumplió tal pauta general. Estas máximas de experiencia, cuando se hayan -como deben- bien construidas sobre una base segura, son especialmente adecuadas para la formulación de los elementos probatorios, los cuales, entonces, pues, descansan en una base racional. No se trata, pues, de simples puntos de vista que nacen de meros procesos mentales, pues, como siempre, no basta con el conocimiento privado del juez. Por ello, porque para la aplicación de una máxima de la experiencia se ha de tratar de hechos similares al que está siendo juzgado, las mismas habrán de ser siempre próximas al quid iuris, pues de otro modo estaríamos sólo ante meras suposiciones que lo único que podrían fundamentar serían sospechas, pero nada más.

          Ahora bien, en lo que atañe a los indicios, se trata de demostrar la certeza de unos hechos (o indicios) que no son los constitutivos del delito (o elementos típicos), pero de los que deben inferirse éstos mediante un razonamiento basado en el nexo lógico y normativo existente entre los hechos probados -los indicios- y los hechos típicos. El indicio puede ser extraído porque de un “efecto” haya de concluirse una “causa” o, justamente al contrario, porque de una “causa” haya de extraerse un “efecto”, todo ello atendiendo a las máximas de la experiencia y respetando las reglas de la lógica. Y la jurisprudencia viene exigiendo una serie de requisitos para esta denominada prueba de indicios, a los efectos de enervar la presunción de inocencia:

          (a) La sentencia ha de recoger, de forma expresa, cuáles son los indicios desde los que va a ser realizada la inferencia, indicios que, ellos sí, deberán estar plenamente acreditados. Se trata de evitar el abuso de la llamada inferencia, pues únicamente puede servir de inferente un dato cierto e inequívoco; la equivocidad debe ahuyentar, sin más, la prueba de indicios;

          (b) La sentencia ha de recoger, una vez más de forma objetiva, expresa y particularizada, el completo proceso deductivo, es decir, cómo, partiendo de unos determinados indicios, la misma llega a la conclusión de que los elementos típicos se hallan probados. Dicho proceso argumental habrá de ser lógico y responder a las máximas de la experiencia. Y en el mismo deberá quedar acreditado que los indicios eran plurales o, excepcionalmente, “único pero de una singular potencia acreditativa”; y

          (c) Los indicios plurales habrán de estar interrelacionados de modo que vean reforzadas sus conclusiones entre sí, y, en todo caso, que no sean contradictorios ni contradichos, pues, entonces, se desvanecen como indicios.

          Y es que siguiendo todo el razonamiento anterior es por lo que la Sala encuentra conforme la recurrida, habiéndose arriba precisado el porqué se sustentó en ella todas las tesis indiciarias afirmadas para sustentar la condena a Torres Arellano.

          Ahora bien, los anteriores medios probatorios conocidos por el Tribunal de Juicio cuyo fallo es recurrido, mal pueden ser valorarlos por esta Sala ya que es constante la jurisprudencia de la Sala Penal de nuestro M.T. instruyendo que dicha posibilidad apreciativa de las pruebas está dirigida al Juzgador de la recurrida, que presente en el Juicio Oral, percibió bajo el auxilio de la inmediación, concentración, continuidad y oralidad, como se presentaron y fueron contradichos por las partes, los medios de prueba que valorados bajo el prisma de la experiencia, la lógica y la ciencia conllevaron una sentencia, esta vez, condenatoria.

          Así el fallo de la Sala Penal, Nº 694 del 14-8-01, en el cual se afirma...

          ...que la Corte de Apelaciones no es un tribunal...en el que se imputan, prueban y contradicen los hechos y se desarrolle el juicio según el debido proceso. Es un tribunal que conoce del Derecho y de las infracciones cometidas precisamente en el juicio que precedió la sentencia que ante él se apela

          ...

          Ahora bien, precisamente, el mecanismo de convencimiento juzgador no debió haber quedado -como de hecho, no quedó- en el yo interno de los sentenciadores, porque bien señala el Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que dicha valoración, esencialmente, debe ser en “sana critica”: es decir, expresándose motivadamente en el fallo porque los medios se convirtieron en prueba en tanto y en cuanto convencieron eficientemente al sentenciador sobre la procedencia de una de las dos tesis en debate, y sobre todo, que la manera cómo se llegó a dicho convencimiento está estructurada en la decisión. Por lo que, el trabajo de la Sala, es examinar si la motivación de la recurrida está conforme con las orientaciones constitucionales y de ley, exigidas.

          En síntesis: lo que no se prueba en audiencia de juicio mal puede sustentar una sentencia, cualquiera que ella sea.

          Es así que de la revisión efectuada tanto del Acta del Juicio Oral y Público, como de la sentencia se desprende que, efectivamente el acusado, se aprovechó (y pretende seguirse aprovechando) de unos certificados emitidos por el Estado Venezolano, canjeables en dinero, cuya tenencia provienen de delito. De allí que la sentencia recurrida es una sentencia correcta, lógica y motivada y que no le asiste la razón al apelante en el cuestionamiento que hace de ella. Por último, en lo que atañe a la consecuencia jurídica por los hechos acreditados y probados en juicio, también es certera la orientación de penalidad y condena expresada en el fallo y que asume como suyas esta Alzada, en perfecta comunión con el criterio de la recurrida.

          DE LA CONTESTACIÓN DECISORIA PUNTUAL DEL RECURSO.-

          Ahora bien, el hecho de la confirmatoria de esta Alzada a la sentencia recurrida no le exime a dar respuesta concreta a los planteamientos recursivos, aunque muchos de ellos están expresados fatigosamente reiterativos, haciendo de una extensión innecesaria este fallo. Pero en aras al respeto al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, que ostenta el hoy penado apelante, se dará respuesta puntual a sus denuncias impugnatorias.

          La Sala reitera que asume una limitada función para valorar prueba más allá de lo que ya ha sido apreciado en la recurrida, de acuerdo al actual criterio de la Sala Penal de nuestro M.T., evidenciándose dicha valoración de primera instancia en las llamadas “...comprobaciones de hecho ya fijadas por la decisión recurrida”..., de la que nos habla el Encabezamiento del tantas veces citado Artículo 457 de la ley Adjetiva Penal Venezolana.

          Antes de comenzar a abordar las puntuales denuncias recursivas, hay dos (2) aspectos capitales en la pretensión impugnatoria de Torres Arellano. Y esos dos aspectos se entrelazan, haciendo prácticamente ellos, un todo único: Son que alegándose la cosa juzgada a favor del hoy condenado, también tal alegato es el sustento que habiendo absolución firme por el o los delitos de los que se derivó la tenencia de los certificados en poder de Torres, entonces, ello conduciría a negar la posibilidad del enjuiciamiento por el aprovechamiento de los mismos, en el razonamiento del accessorium non ducit, sed sequitur suum principale, ergo, el que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De ahí, para el apelante, que si lo principal fue que el delito o los delitos que condujo al objeto receptado no existe, en una lógica causalista, menos podría existir la receptación. Pero lo cierto es que, objetivamente, unos títulos públicos de los que solo podía ser beneficiario un Banco del Estado Venezolano, el BIV, se encuentran a disposición del penado que reclama su titularidad sobre los mismos.

          Abordemos entonces, instrumentalmente, la cronología procesal y decisoria en la causa, para después verificar si a partir de la misma, el efecto concedente es la reafirmación de cosa juzgada y/o el pretendido carácter de “delito imposible” del aprovechamiento habiendo sido descartado el delito que produjo la tenencia privada del bien aprovechado.

          En la Narrativa de este fallo se especificó que el 21-1-93, el BIV denunció ante el entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que se intentaba negociar....

          ...con títulos-valores pertenecientes al Banco Industrial de Venezuela, a través de la...Casa de Bolsa del Banco Caribe; de inmediato se procedió a una revisión física de los títulos valores en custodia de la Gerencia de Valores del Banco Industrial...se detectó la falta de dos títulos valores originales identificados con los números 495 y 496, cuyo valor nominal es de $ 3.000.000,oo cada uno

          …

          Es decir, desde el comienzo, ab initio, el acto proformador del enjuiciamiento por estas causas, aludió a dos (2) tipos de circunstancias con una entidad comitiva y finalidades distintivas: una, la perdida de custodia de unos títulos valores del Banco en donde se hallaban; y la otra, la real transacción llevada a cabo en una casa de bolsa, de tales títulos otrora custodiados por un Banco del Estado Venezolano, de parte del hoy penado.

          Posteriormente, DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DESPUES, el 11-10-96, comparecieron y declararon judicialmente los imputados: F.G. y el hoy penado, apareciéndose con la copia de un contrato supuestamente suscrito el 6-1-93, en el que se lee que...

          ...con motivo de haber adquirido, en la fecha de hoy, mediante compra legitima, R.T.A., dos (2) Títulos Valores provisionales...TORRES ARELLANO, se compromete a pagar en los Estados Unidos de Norteamérica y, a (sic) F.G.B., la suma de: UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES

          ...

          y con copia de documento suscrito por González, supuestamente el 6-1-93, en el que éste dice haber recibido del hoy penado...

          ...1.500.00,oo $)...a mi cabal y entera satisfacción, por concepto de la venta de dos (2) Títulos Valores o certificados provisionales...hago la cesión pura y simple de la tenencia y propiedad de los Títulos Valores aquí señalados al Ciudadano: R.T.

          ...

          De allí que el 16-1-97, el entonces Juzgado 31º Penal de Caracas, acordó...

          ...MANTENER ABIERTA LA AVERIGUACION SUMARIAL de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código de Enjuiciamiento Criminal en lo que respecta al HURTO CALIFICADO

          ...

          (...)

          ...Decreta AUTO DE SOMETIMIENTO A JUICIO, en contra de la Ciudadana N.O.M....por la comisión del Delito de PECULADO CULPOSO

          ...,

          y en la misma fecha...

          ...LA DEVOLUCION DE LOS TITULOS VALORES…al ciudadano: R.T.

          …

          El 23-1-97, la Fiscalía 31º del Ministerio Público, apeló de esta decisión, por lo que el 24-1-97 dicho Tribunal le libró oficio a la Dirección de Administración de la Deuda Pública de la Dirección General Sectorial de Finanzas Públicas en entonces Ministerio de Hacienda para que...

          ...se sirva SUSPENDER la Orden de Pago correspondiente a los Dos (02) Títulos Valores

          ...

          De ahí que el 23-1-97 dicho Tribunal declaró...

          ...TERMINADA LA AVERIGUACION SUMARIAL...en lo que respecta al Delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PUBLICOS...e igualmente respecto al Delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO (RECEPTACION)...por cuanto la conducta desplegada por los ciudadanos: F.A.G.B. y R.T.A. no reviste carácter Penal

          ...,

          Ahora bien, el 18-8-97 el entonces Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público...

          “...REVOCA la decisión...mediante la cual DECLARO TERMINADA LA AVERIGUACION...en lo que respecta al delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PUBLICOS...y en su lugar ORDENA LA PROSECUCION DE LA AVERIGUACION.

          Igualmente, REVOCA la decisión que DECLARO TERMINADA LA AVERIGUACION en cuanto al delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, respecto a la conducta de los ciudadanos: R.T.A. y F.G.B....y en su lugar ORDENA PROSEGUIR LA AVERIGUACION

          ...el A-quo, dicho órgano jurisdiccional deberá…dictar medidas de aseguramiento sobre los Bonos...debiendo quedar los mismos a la orden de ese Despacho Judicial

          ...,

          toda vez que...

          ...tanto el denunciante como la ciudadana N.O. señalan que el faltante de los Títulos 495 y 496 se detectó el 20 de enero de 1.993 y el ciudadano R.T.A., quien afirma haber adquirido dichos Títulos, señala que la negociación la realizó el 6 de enero del mismo año

          ...

          El hoy penado se amparó contra este fallo, que le fue declarado Con Lugar el 12-12-97 por la Sala de Casación Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia...

          ...En consecuencia, anula la parte dispositiva del mencionado fallo que ordena al Tribunal...dictar medida de aseguramiento sobre los Bonos

          ...,

          razón por la cual el 22-12-97, el Juzgado 31º Penal de Caracas acordó...

          ...DEJAR SIN EFECTO la Comunicación Oficial Nº 195-97, emanada de este Despacho en fecha 24-01-97, dirigida al Director de Administración de la Deuda Pública...mediante la cual ordenó suspender la Orden de Pago correspondiente a los mencionados Títulos Valores. En consecuencia, librese oficio dirigido a la referida Dirección

          ...,

          Es así que el 30-11-99, ya en plena vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, el entonces Juzgado 2º Penal de Transición de este Circuito condenó a Ojeda a 3 meses de prisión por el delito de peculado culposo, pero esta fue revocada el 1-6-00, con un Voto Salvado, por la Sala 5 de esta Corte de Apelaciones, absolviendo a Ojeda, en decisión en la que se admite que no hubo...

          ...mejores controles dentro de los diferentes departamentos, ya que ni siquiera existe un manual de normas y procedimientos referentes a la forma de llevar el Departamento de Valores...no se tiene tal Manual...al área de la bóveda cualquiera de los empleados de ese Departamento podía tener acceso

          ....

          decisión ésta anulada parcialmente,...

          ...únicamente en lo que se refiere al particular tercero numerales 1 y 2 de su parte dispositiva

          ...,

          a través de la Sentencia Nº 942 del 20-1-00 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la se decidió que quedaban...

          ...vigentes las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, hasta tanto haya pronunciamiento sobre el hurto y aprovechamiento de cosas provenientes del delito a que se refiere este fallo, o que se determine judicialmente la propiedad de los citados bonos

          ...,

          en fallo en cuya motiva se lee que...

          ...tanto el accionante como los terceros intervinientes han reconocido en esta audiencia que los citados bonos estuvieron en posesión del Banco Industrial de Venezuela, C.A., al menos hasta el año 1992; y que el punto de discusión que a este respecto concierne es cómo los instrumentos en referencia salieron de la posesión del accionante

          ...

          (...)

          ...la sentencia de amparo dictada por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia no...ordenó el pago de los bonos en cuestión...la sentencia objeto de la acción de amparo, pendiente ahora del recurso de casación, no ha adquirido firmeza

          ...

          (...)

          “...ya que, de ser cierta la existencia del hurto, sea cual fuere el tenedor legitimo de los bonos, éste se hallaría en posesión de bienes provenientes de delito, y su legitimo titular podría recuperarlos; y que, una vez terminada la averiguación, bien por disposición judicial o por determinación del Ministerio Público, es cuando podrá establecerse el status de los bonos, así como la titularidad de su posesión legítima.

          Por las razones que anteceden, la Sala aprecia que la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones, al suspender las medidas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia y ordenar el pago de los bonos, se extralimitó en su competencia, causando perjuicio a los derechos del accionante, ya que, de hacerse efectivo dicho pago, no tendría el Banco Industrial de Venezuela, C.A., la posibilidad de recuperarlos, si es que a ello tuviere derecho

          ...,

          lo cual concuerda con lo que había decidido antes, a través de la Sentencia Nº 834 del 2-12-98, la Sala Política-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, cuando le declararon improcedente amparo al hoy penado porque...

          “...la liquidación de títulos de crédito público de los cuales se dice legitimo poseedor, requiere un examen que escapa al poder del juez constitucional de amparo, pues existen otros mecanismos judiciales idóneos para el resguardo de los derechos involucrados, así como los procedimientos contradictorios específicos en nuestro ordenamiento jurídico para ello.

          (...)

          ...de acordarse el amparo solicitado se estaría ordenando el pago del monto correspondiente al titulo e intereses correspondientes lo que equivaldría a la creación de una situación nueva

          ...

          Así, la Fiscalía 19º del Ministerio Público presentó acusación en contra de F.G. y el hoy penado por el delito por el que hoy está sancionado, por lo que el 16-9-03 se realizó la Audiencia Preliminar ante el Juzgado 4º de Control de este Circuito, publicándose el respectivo Auto de Apertura a Juicio el 30-9-03.

          De ahí que absuelto el hoy penado por el Juzgado 15º de Juicio de este Circuito, el 12-4-04, dicha decisión fue anulada el 19-7-04 por la Sala 3 de esta Corte, en fallo en cuya motivación se lee que en la recurrida se dejó...

          “...asentado de esta manera la materialidad del delito principal, el cual generó el hecho punible accesorio que se le imputa a los acusados, como lo es el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO...quedando de esta manera demostrado que los títulos valor...adjudicados al Banco Industrial de Venezuela en Curazao y que estuvieron en las bóvedas del mismo Banco con sede en caracas, en el lapso comprendido entre el 20-11-92 al 06-01-93, fueron sustraídos y aprovechados.-

          Concluyendo así la sentencia recurrida, que los certificados provisionales Nº 495 y 496 fueron ilícitamente sustraídos y por lo tanto, cometiéndose un delito contra la propiedad en perjuicio del Banco Industrial de Venezuela

          ...

          (...)

          ...el adquirente, visto el tramite, naturaleza y monto económico del objeto material, estaba en capacidad de apreciar la índole punible del acto que realizaba...la premura en la negociación ya que la operación siendo de tal naturaleza culminó al día siguiente de haberse ofertado, el juez omitió examinar, según la lógica y las máximas de experiencia

          ...

          (...)

          ...la Juez de la recurrida omitió analizar pruebas

          ...

          Remitida entonces la causa al Juzgado de la hoy recurrida, el 2-10-06 se acordó...

          ...la Separación de la Causa, fundamentándose en la actitud contumaz manifestada por el acusado: F.A.G....conforme a lo establecido en el artículo 74, Numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal

          ...

          De toda esta relación se percibe a las claras que no ha operado la cosa juzgada a favor del hoy penado por los hechos por lo que es imputado desde el 21-1-93, cuando el BIV denunció ante el entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial, los hechos por los que hoy es penado. Y la ausencia de cosa juzgada a favor del hoy penado se verifica en la vigencia de ambos cuerpos adjetivos penales, a saber:

          1. A. deC.J. a favor de R.T. en la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal.-

             Ello porque habiendo sido denunciado policialmente el 21-1-93 que se estaban vendiendo…

             …títulos-valores pertenecientes al Banco Industrial de Venezuela, a través de la...Casa de Bolsa del Banco Caribe…se detectó la falta de dos títulos valores originales identificados con los números 495 y 496

             …,

             en lo que respecta a Torres, la decisión que el 23-1-97 dictó el Tribunal 31º Penal de Caracas de terminarle la averiguación “…en lo que respecta al Delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PUBLICOS...e igualmente respecto al Delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO (RECEPTACION)...”, le fue revocada el 18-8-97 por el entonces Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público “…y en su lugar ORDENA PROSEGUIR LA AVERIGUACION” (Resaltado de la Sala); siendo que cuando la Sala de Casación Penal el 12-12-97 declaró Con Lugar un amparo intentado por el hoy penado, lo hizo, exclusivamente en lo que atañe a la decisión de aquel Tribunal Superior de “…dictar medida de aseguramiento sobre los Bonos”..., y nunca sobre el asunto principal, consistente en la eventual responsabilidad de Torres por el delito de receptación de los certificados.

          2. A. deC.J. a favor de R.T. en la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal.-

             Es así que el 30-11-99, el entonces Juzgado 2º Penal de Transición de este Circuito condenó a Ojeda por peculado culposo, pero esta condena fue revocada el 1-6-00, con un Voto Salvado, por la Sala 5 de esta Corte de Apelaciones, absolviendo a Ojeda, decisión ésta anulada parcialmente...

             ...únicamente en lo que se refiere al particular tercero numerales 1 y 2 de su parte dispositiva

             ...,

             a través de la Sentencia Nº 942 del 20-1-00 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la se decidió que quedaban...

             ...vigentes las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, hasta tanto haya pronunciamiento sobre el hurto y aprovechamiento de cosas provenientes del delito a que se refiere este fallo, o que se determine judicialmente la propiedad de los citados bonos

             ...,

             en fallo en cuya motiva se lee que...

             ...tanto el accionante como los terceros intervinientes han reconocido en esta audiencia que los citados bonos estuvieron en posesión del Banco Industrial de Venezuela, C.A., al menos hasta el año 1992; y que el punto de discusión que a este respecto concierne es cómo los instrumentos en referencia salieron de la posesión del accionante

             ...

             (...)

             ...la sentencia de amparo dictada por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia no...ordenó el pago de los bonos en cuestión...la sentencia objeto de la acción de amparo, pendiente ahora del recurso de casación, no ha adquirido firmeza

             ...

             (...)

             “...ya que, de ser cierta la existencia del hurto, sea cual fuere el tenedor legitimo de los bonos, éste se hallaría en posesión de bienes provenientes de delito, y su legitimo titular podría recuperarlos; y que, una vez terminada la averiguación, bien por disposición judicial o por determinación del Ministerio Público, es cuando podrá establecerse el status de los bonos, así como la titularidad de su posesión legítima.

             Por las razones que anteceden, la Sala aprecia que la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones, al suspender las medidas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia y ordenar el pago de los bonos, se extralimitó en su competencia, causando perjuicio a los derechos del accionante, ya que, de hacerse efectivo dicho pago, no tendría el Banco Industrial de Venezuela, C.A., la posibilidad de recuperarlos, si es que a ello tuviere derecho

             ...,

             lo cual concuerda con lo que había decidido antes, a través de la Sentencia Nº 834 del 2-12-98, la Sala Política-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, cuando le declararon improcedente amparo al hoy penado porque...

             “...la liquidación de títulos de crédito público de los cuales se dice legitimo poseedor, requiere un examen que escapa al poder del juez constitucional de amparo, pues existen otros mecanismos judiciales idóneos para el resguardo de los derechos involucrados, así como los procedimientos contradictorios específicos en nuestro ordenamiento jurídico para ello.

             (...)

             ...de acordarse el amparo solicitado se estaría ordenando el pago del monto correspondiente al titulo e intereses correspondientes lo que equivaldría a la creación de una situación nueva

             ...

             Por lo demás, debe recordarse que aquella decisión mayoritaria de la Sala Nº 5 de este Corte, le originó sanciones disciplinarias a los Magistrados quienes mayoritariamente la dictaron, tal como se expresa en la Sentencia Nº 4579 del 30-6-05 de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en la que se motivó que…

             en el expediente judicial del caso existían elementos de juicio determinantes para cuestionar su procedencia, y por tanto, emitir un fallo distinto al dictado por la mayoría sentenciadora.

             (…)

             es posible constatar que el Banco Industrial de Venezuela celebró negociaciones para adquirir parte de estos títulos al portador, y de hecho en una revisión del expediente judicial signado bajo la nomenclatura 14.768 de esta Sala, por el cual fue negada la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano R.T.A. contra el Ministerio de Hacienda, se pudo corroborar la existencia física de fotostatos de los certificados provisionales Bonos DPN, identificados con los números 495 y 496, suscritos por el Contralor Interno del Banco Industrial de Venezuela.

             “Entre otros aspectos importantes a resaltar, se desprende la existencia de varios documentos denominados “Relación para el Cobro de Intereses”, emitidos por el Banco Central de Venezuela, mediante los cuales se certifica, al menos por los años 1991 y 1992, el pago efectuado al Banco Industrial de Venezuela de los intereses producidos con ocasión de la colocación de la totalidad de los bonos, entre los cuales se encontraban los ya mencionados Nros. 495 y 496.

             (…)

             Como puede observarse, a diferencia del planteamiento sostenido, los jueces integrantes de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con excepción del Juez Elio Batoni Fernández, quien salvara su voto en la referida causa; tenían en sus manos elementos de juicio suficientes para decidir de una manera objetiva en favor del resguardo de la parte verdaderamente afectada con la situación, teniendo en cuenta que la decisión en los términos en que fue dictada, causó un perjuicio al Banco Industrial de Venezuela, dado que de haberse hecho efectivo el pago de los bonos a otra persona, no tendría la entidad bancaria reclamante la posibilidad de recuperarlos, ello aunado a la circunstancia que consta en autos, por la cual se presume la pérdida económica generada al Banco por no haber podido presentar oportunamente los títulos al Banco Central de Venezuela para hacer efectivo el cobro de intereses, además sujetos a la prescripción de ley y por tanto, no exigibles con posterioridad al transcurso del tiempo

             … (Subrayado de esta Sala de la Corte de Apelaciones)

             Es decir, que previo a la acusación fiscal, dos (2) Salas del Tribunal Supremo de Justicia en sendas decisiones, refieren la incerteza del titular de los mencionados certificados, y una de ellas, la Política-Administrativa, lo reitera posteriormente, en 2005.

             Acusado Torres por el delito por el que hoy está penado, la absolución por el mismo fue anulada el 19-7-04 por la Sala 3 de esta Corte, en fallo en cuya motivación se lee que en la recurrida se dejó...

             “...asentado de esta manera la materialidad del delito principal, el cual generó el hecho punible accesorio que se le imputa a los acusados, como lo es el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO...quedando de esta manera demostrado que los títulos valor...adjudicados al Banco Industrial de Venezuela en Curazao y que estuvieron en las bóvedas del mismo Banco con sede en caracas, en el lapso comprendido entre el 20-11-92 al 06-01-93, fueron sustraídos y aprovechados.-

             Concluyendo así la sentencia recurrida, que los certificados provisionales Nº 495 y 496 fueron ilícitamente sustraídos y por lo tanto, cometiéndose un delito contra la propiedad en perjuicio del Banco Industrial de Venezuela

             ...

             (...)

             ...el adquirente, visto el tramite, naturaleza y monto económico del objeto material, estaba en capacidad de apreciar la índole punible del acto que realizaba...la premura en la negociación ya que la operación siendo de tal naturaleza culminó al día siguiente de haberse ofertado, el juez omitió examinar, según la lógica y las máximas de experiencia

             ...

             con lo cual el efecto que se norma tanto en el Artículo 49.7 Constitucional, como en el Artículo 21 del Código Orgánico Procesal Penal, no ha operado, puesto que exigiendo éste último “sentencia firme”, la sentencia de absolución otrora dictada por un tribunal de juicio de este Circuito dejó de tener aquel carácter de firmeza al ser revocada por esta Corte, retrotrayendo la causa al inicio del juicio, tal como lo ordena el Artículo 457 eiusdem.

             Frente a esto, desde una fecha tan temprana como el 2001, el Tribunal Supremo de Justicia ha venido mostrando su criterio sobre la adecuada interpretación de la garantía a la cosa juzgada. Ejemplo de ello, por ejemplo, la Sentencia 84 de la Sala de Casación Social del 17-5-01…

             …la cosa juzgada es una institución del Derecho Procesal… cuyos efectos se sintetizan en la imposibilidad de impugnación, inmutabilidad e irreversibilidad de un fallo definitivamente firme

             …,

             pero ya en ese año, a través de la Sentencia 443 del 4-4-01 del M.I. de la Constitucionalidad en nuestro país, la Sala Constitucional de aquel Tribunal, dejaba ante todos su vinculante criterio sobre que…

             …la autoridad de cosa la juzgada solo procede respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia, por la misma cosa, entre las mismas partes y por la misma causa legal, es decir que la autoridad de cosa juzgada se encuentra limitada a las partes del proceso en que recayó la sentencia y por lo que respecta a la pretensión deducida declarada en ella

             …,

             con lo cual, a las claras, el penado apelante Torres no puede pretender que ya cuenta con res iudicata en su causa, toda vez que la pretensión del Estado de sancionarlo por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, solo una vez anterior a la actual, lo condujo a una sentencia que fuere firme…de no haberse operado el ejercicio de recurso en su contra. Mas fue así, apelada aquella absolutoria, dicho recurso fue declarado Con Lugar, manteniéndose entonces la misma expectativa publica de sancionarlo por esos hechos.

             Ahora bien, también pretende el apelante argumentar que aunque en lo instrumental no podría hablarse de cosa juzgada a su favor, en lo esencial ello si ocurriría sobre la base que el 30-11-99, el entonces Juzgado 2º Penal de Transición de este Circuito, habiendo condenado a la entonces Gerente de Valores del BIV, la Licenciada N.O., custodia otrora de los certificados objeto de la causa que nos ocupa, por peculado culposo, esta condena fue revocada el 1-6-00, con un Voto Salvado, por la Sala 5 de esta Corte de Apelaciones -en decisión que condujo a un procedimiento disciplinario en contra de los Magistrados que la dictaron-, absolviendo a Ojeda, fallo éste anulado parcialmente por la Sala Constitucional de nuestro M.T., pero cuya revocación no se extendió a tal absolución, la que por ello quedó firme.

             Ocurrido certeramente lo anterior, ¿se debe extender esta absolución a la eventual participación de Torres en la receptación de los certificados cuya falta de custodia en el BIV le fue exonerada judicialmente a dicha Gerente Ojeda, hasta por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia que amparó a Torres? Del anterior fallo es meritorio resaltar que su obiter dictum fue del criterio que aun con la absolución de Ojeda por los hechos directamente vinculados a su participación como custodia de los referidos certificados, debe haber pronunciamiento sobre el…

             ...aprovechamiento de cosas provenientes del delito a que se refiere este fallo, o que se determine judicialmente la propiedad de los citados bonos

             ...,

             ya que…

             ...tanto el accionante como los terceros intervinientes han reconocido en esta audiencia que los citados bonos estuvieron en posesión del Banco Industrial de Venezuela, C.A., al menos hasta el año 1992; y que el punto de discusión que a este respecto concierne es cómo los instrumentos en referencia salieron de la posesión del accionante

             ...

             (...)

             ...la sentencia de amparo dictada por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia no...ordenó el pago de los bonos en cuestión...la sentencia objeto de la acción de amparo, pendiente ahora del recurso de casación, no ha adquirido firmeza

             ...

             (...)

             “...una vez terminada la averiguación, bien por disposición judicial o por determinación del Ministerio Público, es cuando podrá establecerse el status de los bonos, así como la titularidad de su posesión legítima.

             Por las razones que anteceden, la Sala aprecia que la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones, al suspender las medidas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia y ordenar el pago de los bonos, se extralimitó en su competencia, causando perjuicio a los derechos del accionante, ya que, de hacerse efectivo dicho pago, no tendría el Banco Industrial de Venezuela, C.A., la posibilidad de recuperarlos, si es que a ello tuviere derecho

             ...,

             Es entonces la hoy recurrida -la que a nuestro entender es conforme a Derecho-, la sentencia que hace firme el criterio que la tenencia por parte de Torres de los certificados es de origen ilícito, delictivo, con lo cual, ya debe regularizar la necesidad de que dichos certificados deben pasar a su tenedor, beneficiario y custodio legal e inicial, que no es otro mas que el BIV.

             Asi, el hecho que una funcionario custodia de un bien mueble haya sido relevada de responsabilidad penal por su omisión en el resguardo de tal bien, no hace comunicar tal exoneración de responsabilidad a la dolosa actitud del receptador de ese bien quien sabiendo que el origen del mismo, del bien que posee, se debió a una falta de cuido en el resguardo, sabe igualmente que el bien ha de continuar en la jurídica pertenencia del ámbito patrimonial de la entidad que resguardaba el cuidador absuelto.

             Ante ello se impone el análisis del tipo por el que fue penado el apelante, el aprovechamiento de cosas provenientes de delito, regulado en el Artículo 472 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos acusados. Y ello toda vez que ante la ausencia del canje del dinero representado en los certificados receptados, se impone verificar si el iter de tal acción así aparentemente no concretada, la sigue haciendo antijurídica, en el caso que nos ocupa. Es por lo que compartimos el criterio del doctrinario patrio, el maestro H.F.C., en su Curso de Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. (Caracas, 1993), cuando explica que…

             …El aprovechamiento de cosas provenientes de delito se consuma con la adquisición, el recibo o el ocultamiento del dinero o de la cosa o con el cumplimiento de los actos de intromisión. El delito es instantáneo y por consiguiente no es necesario en ningún caso que se haya conseguido el provecho

             (p. 585). (Resaltado de la Sala)

             línea ésta que también asume la doctrina extranjera, entre otros, el español F.M.C. en su Derecho Penal, Parte Especial (12ª Edición, Valencia (España), Tirant, 199, pag. 520)…

             …el aprovechamiento se produce con la simple adquisición, bastando sólo que el caso del receptador éste tenga la ´ libre disponibilidad ´ sobre los objetos receptados, aunque no llegue a lucrarse efectivamente con ellos

             …

             Pero también es importante reseñar que la moderna dogmática jurídico-penal ha venido superando aquella vieja concepción de “delitos principales” y “delitos accesorios”, como una especie de barrera infranqueable, maniquea, simplista, frente a quienes habiendo cometido estos últimos, la imposibilidad procesal de enjuiciar los principales, hagan tender a la impunidad de los supuestos delitos accesorios. En determinados casos -y como el que nos ocupa-, la ofensa de estos, es supremamente mayor al de la ofensa causada por el delito principal. Adentrándonos al que nos ocupa: un hurto o un peculado culposo, que permitió la pérdida de custodia de dos certificados de deuda pública, ergo, de dos hojas de papel, es formalmente infinitamente menos lesivos, que la posibilidad de que el poseedor de tales títulos -por el consabido valor facial a favor del tenedor de los títulos mercantiles- pueda ilícitamente canjear tal valor ante la Administración Pública, por un monto tan significante como los 6 millones de dólares, con el perjuicio social que ello representa, siendo su obtención netamente delictiva.

             Ante esto, el Derecho Penal, al ser definido como un conjunto de normas jurídicopositivas, reguladoras del poder punitivo del Estado que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos, encuentra su justificación en la protección de intereses o valores considerados trascendentales para la vida social. De allí que el fundamento funcional del Derecho Penal dirigido a la protección de la sociedad exige que la esencia del bien jurídico que protege dicho Derecho, sea extraída de la misma realidad social, sobre la base de las condiciones sin las cuales el sistema social no funcionaría.

             En concreto: dotar de apariencia de legalidad a bienes cuya tenencia no pudo ser obtenida sino por la previa realización de una conducta ilícita, debido a la instrumentalidad institucional que regula la tenencia de ese bien, siendo éste de gran valor patrimonial en perjuicio del propio Estado, es afrentar el orden socioeconómico, que en definitiva es el que se ve afectado, más allá de la simplista noción del “propietario” como victima. Y esto porque más que el apoderamiento del bien como consecuencia del delito principal, lo importante es el aprovechamiento que hará el receptador de aquel bien de proveniencia ilícita. Esta distinción entre el apoderamiento como fin del delito principal frente al ostensible aprovechamiento en el delito accesorio, es lo que lo que permite, indudablemente, que éste aun pueda ser enjuiciado, si en un excepcional caso, el principal fue absuelto en su relación de culpabilidad; es decir, en la imposibilidad de determinación de quien lo hizo, pero no porque no se hizo, siendo el cuerpo del delito pleno en su variable objetiva, en la que el actuar humano voluntario condujo a un resultado, en este caso, el desapoderamiento de unos certificados de su legitimo tenedor, el BIV.

             Imaginémonos por ejemplo, lo que afectaría en el mercado bursátil de cualquier país, y por ende de su economía, que quien pudiendo sacar unos títulos de la custodia de una institución financiera a la que le pertenece, pueda pretender que tal lapsus en la custodia sea el mecanismo generador de un enriquecimiento bursátil por el orden de los 6 millones de dólares. Ello conduce a la pluriofensividad del delito de aprovechamiento si lo que se está “aguantando” es un titulo de gran valor en divisas, habida cuenta que su tenencia comporta la noción de confianza pública en su tenedor. Con lo cual, tender a la impunidad frente a situaciones como las que nos ocupa, constituiría un mecanismo que sirve de estímulo para la eventual comisión de futuros hechos delictivos similares, por lo aparentemente simple de la modalidad comisiva: hacerse de unos títulos por el error del custodia, y así fácilmente canjearlo.

             Ante esto, la pasividad del Estado devendría en la creación y desarrollo de una economía ficticia, controlada por grupos criminales. En conclusión, las razones que nos llevan a afirmar la independencia de la receptación, en casos como el que nos ocupa, en relación con el delito grave previo, son:

          1. La importancia del bien jurídico protegido y la gravedad del ataque; y

          2. El condicionamiento que la Constitución impone a la libertad de mercado: el cumplimiento de una función social, toda vez que conforme a la parte inicial del Artículo 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”…

             Pasemos entonces ahora a responder las denuncias recursivas, tal como fueron narradas arriba, a saber:

   1. Que conforme al Artículo 49.7 de la Constitución, él no puede ser penado por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, toda vez que ya juzgada la entonces Gerente de Valores del BIV por los delitos de peculado culposo y hurto calificado, ella fue absuelta ulteriormente por la Sala 5 de esta Corte, confirmado ello por el Tribunal Supremo de Justicia;

      Tal denuncia fue resuelta en el aparte inmediatamente anterior de este fallo y sobre la base de lo expuesto se declara Sin Lugar la denuncia. Y así se decide.-

   2. Que se aceptó como prueba, copias fotostáticas de las planillas de relación para el cobro de intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, y 3052, atinentes al Decreto 1826, relativa a los Certificados Provisionales 495 y 496, como presuntamente devengando intereses, y que esas evidencias fueron forjadas;

      No precisa el apelante de qué manera se produjo el alegado “forjamiento” de documentos y antes bien, es paradójico que al comienzo del juicio oral y público, el hoy penado, libre de apremio y coacción expuso, entre otros particulares, que…

      …me vine el año 91 en el mes de septiembre a buscar a mi mamá para llevarla a Suiza, para hacer el depósito de un millón trescientos mil dólares...desde cuando conoce al ciudadano F.G.? Contestó: "es mi amigo desde que teníamos 11 años, es decir desde hace como 50 años. 23.- Eso quiere decir que también conocía a su hermano C.G.

      . Contestó: ´ Si, desde esa época...C.G. le dijo cual era la procedencia de de esos bonos? Contestó: "realmente no le pregunté...los adquiero por 3 millones de dólares...en el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91 y fueron cambiados a 37 bonos de los cuales esos dos bonos 495 y 496 pertenecían al Banco Industrial de Venezuela...yo me ganaba 900.000 mil dólares...he sido el único que ha tenido los títulos en mis manos y los mandé a certificar al reverso y no indica quien es el beneficiario de esos títulos… en fecha 06-01-93 se recibieron los originales...me los entregó F.G....,

      con lo cual entonces afirmó en el juicio que recibió los referidos Certificados el 6-1-93, del co-acusado F.G.. Esta afirmación hace absolutamente intrascendente el cuestionar quien cobró los intereses derivados de los mencionados Certificados, antes de esa fecha, toda vez que si lo que argumenta como momento de inicio de su eventual legitimidad a la tenencia y por ende al beneficio que tal tenencia se deriva, es Enero de 1993, está cuestionando planillas de cobro de intereses anteriores al momento de su declarado origen del comienzo de la posesión personal de los títulos. Por lo demás, la concepción de “libertad de prueba” exigido por el Artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, permite que, inclusive, puedan ser valoradas copias documentales, cuya fiabilidad se estructurará en su concatenación con otros medios de prueba, tales como los testimonios y los otros documentos originales arriba citados, que corroboraron la tenencia pretérita a Enero de 1993, del BIV, de los citados certificados; testimonios éstos que seguían revelando esa información, inclusive, en las respuestas al interrogatorio de la defensa.

      Por lo demás, frente a la circunstancia del cuestionamiento material de documentos ofertados en prueba por las partes, el hoy penado pudo contar con la posibilidad que le otorga, entre otras normas de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el Artículo 240 eiusdem, en el sentido que se…

      …podrá nombrar a unos o más peritos, de oficio o a petición de parte, para que los examinen, y de ser el caso, los amplíen o repitan

      … (Resaltado de la Sala),

      Instituto éste al que no acudió el hoy penado, ni en este juicio en donde se le condenó, ni en el anterior en donde se le absolvió. Razón por la cual Se declara Sin lugar esta denuncia. Y Así se Decide.-

   3. Que cuando se condenó sobre la base de las Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses números: 5143, 0753, 0395, 1466, 11214, y 3052 se violó el Artículo 9 del Reglamento de la Ley del Crédito Público.

      Precisa dicho Artículo:

      “Cuando la amortización de los Bonos u otros Títulos de la Deuda Pública se haya previsto por el sistema de sorteos, se procederá de la siguiente manera:

      “a) El Banco Central de Venezuela, mediante aviso publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y en dos de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas, dará a conocer, con treinta (30) días de anticipación, por lo menos, el lugar y la fecha del sorteo, el número y el valor de los Bonos u otros títulos que han de ser amortizados y la emisión a que corresponden.

      “b) Los sorteos de Bonos y otros títulos se hará en Oficina principal del Banco Central de Venezuela, en presencia del Presidente o Vicepresidente, Gerente del Instituto, de un representante del Ministerio de Hacienda, un representante Nacional Caracas y los testigos hábiles.

      “c) El resultado de cada Bono u otro título que haya de ser amortizado como consecuencia del mismo, y cualquiera otra especificación que se considere concerniente, se harán constar en un acta que suscribirán toda la persona que, conforme al inciso b) de este Artículo deberán presenciar el sorteo. Dicha acta se publicará dentro a los quince (15) días siguientes a la realización del sorteo, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y en dos de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas.

      d) A partir de la fecha de la publicación a que se refiere el inciso anterior. los Bonos u otros títulos favorecidos, dejarán de devengar intereses y serán pagaderos contra su simple presentación o entrega en la Tesorería Nacional o en las entidades auxiliares de aquella

      .

      La invocación de esta Norma por el apelante obedece a significar el Literal “d)” de la misma, es decir, la instrucción que se deriva de ella de que...

      ...los Bonos u otros títulos favorecidos...serán pagaderos contra su simple presentación o entrega en la Tesorería Nacional o en las entidades auxiliares de aquella

      ...

      Ante esta denuncia mal puede adosársele a la recurrida que con ella se incumplió dicho Artículo del citado Reglamento porque, precisamente, el que sean pagaderos a Torres los mencionados Certificados 495 y 496, contra “su simple presentación” es, precisamente, el hecho que se le acusa, porque mal pude él ser titular legitimo de tales certificados, habiéndose precisado que tal tenencia configura el delito de receptación, por el cual precisamente se le acusó y derivado de un juicio, se le condenó; y así lo ratifica la Sala. Razón por la cual se Declara Sin Lugar tal denuncia. Y así se decide.-

   4. Que de acuerdo a las Planillas de Intereses números: 5143, 753,0395, 1466, 11214, y 3052, el BIV cobró 2 y 3 “….veces sobre los mismos Certificados en diferentes períodos de vencimiento, hecho de imposible cumplimiento, por cuanto de ser cierto el contenido de estas Planillas el Banco Central de Venezuela estaría incurso en un delito al realizar un pago doble por concepto de Intereses violando de esta manera, esta Institución, la derogada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, y la Ley del Crédito Público y su Reglamento”…

      El mismo razonamiento que en respuesta a la denuncia contenida en el Literal “b)” anterior se le impone a la Sala responder: La cancelación de intereses entre el BCV y el BIV, sean singulares o múltiples, como alega el apelante, es una circunstancia vinculada al momento anterior al que se abroga Torres como tenedor legitimo de los certificados. De modo que el pago inter bancario alegado en nada desestima la acusación y probanza en juicio de que a partir de finales de 1992 el BIV dejo de tener los mencionados Certificados que estaban bajo su custodia y los mismos fueron presentados a nombre del hoy penado Torres, por el co-acusado González, para ser vendido en una casa de bolsa nacional. Razón por la cual se desestima esta denuncia. Y así se decide.-

   5. Que no se valoró la Experticia remitida el 7-4-99 por la División de Experticias del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial a través del Oficio Nº 9700-171, realizada por los funcionarios Willlan Velazquez y J.G., sobre los bienes del hoy penado…

      “… en donde, los referidos expertos arribaron a la conclusión siguiente:

      ´ que se observa la solvencia económica de R.T.A., debido a los bienes de fortuna de los cuales forma parte heredera y goza plenamente del 25 % ... ´,

      frente a la cual en la recurrida se dice que…

      …Esta experticia no se aprecia en primer termino, porque ninguno de los expertos que la practicaron comparecieron a rendir testimonio en juicio, no obstante habiendo sido regularmente citados y en segundo termino la prestación no fue practicada bajo las reglas de la prueba anticipada, lo que impide su apreciación como documental de manera autónoma

      …,.

      siendo entonces que para el apelante, “…no es cierto lo afirmado”…, porque…

      …no hay expresa constancia… que se le haya dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, de que se emitiera los correspondientes mandatos de conducción a los expertos Willlans G. Velásquez F. y José M Guevara, a lo cual estaba obligado el ciudadano juez de acuerdo al contenido del Artículo referido; como si lo hizo, el tribunal con otros testigos durante la ocurrencia del juicio

      …

      Tal denuncia no se compadece con la realidad y así se asentó en otra parte de este fallo: En efecto, el análisis sobre la propiedad de bienes de parte del penado Torres como una eventual circunstancia que le permita justificar su posibilidad de adquirir los mencionados certificados con una valor facial de, al menos, 6 millones de dólares, fue realizado idóneamente en la recurrida y así lo consideró la Sala conforme a Derecho, sobre la base fundamental de que, a pesar de la posible aptitud económica de Torres de poder comprar esos Certificados, su argumentación de la transacción de dichos títulos no se sustenta en el cúmulo probatorio analizado por el Juzgado de la recurrida. Y ello, en primer lugar, porque nunca los transó su titular, el BIV; y en segundo lugar, porque con respecto al alegado vendedor de tales certificados, el hoy difunto ciudadano C.G., el Ministerio Público probó en juicio su imposibilidad de haber sido el vendedor de tales certificados.

      Es así que en la motiva se argumentó:

      …EL ACUSADO R.T.A., INTERROGADO POR ESTE JUZGADOR SEÑALÓ QUE RECIBIÓ LAS COPIAS DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 EL 30-12-1992, Y LOS ORIGINALES EL 6-01-1993, QUE ESA ENTREGA SE LA HIZO F.G. (RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 1 Y 2), Y QUE ESOS TÍTULOS SE LOS HABÍA ENVIADO A SU MAMA C.G.B. DESDE PERÚ, PAÍS DONDE SE DESEMPEÑABA EN FUNCIONES DIPLOMÁTICAS

      …

      Y eso se sustentó en la impugnada con:

      • La Copia Certificada del EXPEDIENTE PERSONAL DE C.G. REMITIDA POR EL CONSULTOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Y QUE CURSAN A LOS ANEXOS 21-A Y 21-B…

      …SE DESPRENDE INDUBITABLEMENTE QUE… SE DESEMPEÑÓ EN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO EN CARGOS DE NIVEL SECUNDARIO CON REMUNERACIONES QUE EN NINGÚN CASO LE PERMITÍAN ADQUIRIR ESOS TÍTULOS N° 495 Y 496, Y QUE CUANDO EGRESÓ DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO LE FUE CANCELADO UN MONTO POR PRESTACIONES SOCIALES DE 320.358,60 BOLÍVARES ( FOLIO 26 DEL ANEXO 21-B), YA QUE HABÍA PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 1993

      …

      • Y con los documentos en donde consta que…

      “…C.G.B. INGRESÓ AL CENTRO HOSPITALARIO “DOMINGO LUCIANI”, QUE ES DE ATENCIÓN PUBLICA, EN FECHA 8-8-1995, Y EGRESÓ POR FALLECIMIENTO EL 25-09-1995 ( FOLIO 37 Y 38 DE LA DÉCIMA PIEZA), Y SEGÚN ACTA DE DEFUNCIÓN NUMERO 1808 DE LA PREFECTURA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, EN LA CUAL LA PRIMERA AUTORIDAD HIZO CONSTAR NO SOLO SU FALLECIMIENTO EN EL CENTRO HOSPITALARIO CITADO, SINO TAMBIÉN QUE NO DEJABA BIENES DE FORTUNA”…,

      argumentándose entonces en la recurrida que ello demuestra…

      “…LA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, MANTENIDA EN EL TIEMPO POR DICHO CIUDADANO PARA EN DEFINITIVA ADQUIRIR UNOS BONOS, CUYO VALOR ERA DE 3.000.000,OO DE DÓLARES CADA UNO; Y ESTA AFIRMACIÓN SOBRE LA INSOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SUPRA SEÑALADO CIUDADANO NO LE PERMITÍA NI SIQUIERA ADQUIRIR UNOS TÍTULOS AUN EN EL CASO DE QUE LA NEGOCIACIÓN DE LOS TÍTULOS SE HUBIERA PACTADO O CONVENIDO CON UN DESCUENTO DEL 60% SOBRE EL VALOR DE CADA UNO.

      “ENTONCES ES CLARO QUE EL CIUDADANO C.G.B. NO TENÍA LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA ADQUIRIR LOS 495 Y 496, Y NI SIQUIERA PARA INTERVENIR COMO AGENTE INTERMEDIARIO EN UNA NEGOCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESOS TÍTULOS QUE REQUERÍA NO SOLO EXPERIENCIA SINO TAMBIÉN RESPALDO FINANCIERO. RESULTA CONTRARIO A LA LÓGICA QUE UNA PERSONA DE “PRESUNTO” PODER ADQUISITIVO ACUDA EN ESE TIEMPO A UN CENTRO HOSPITALARIO PÚBLICO A TRATARSE UNA ENFERMEDAD, Y FALLEZCA SIN DEJAR BIENES DE FORTUNA, SIENDO QUE HACÍA UN POCO MÁS DE DOS (2) AÑOS HABÍA RECIBIDO POR INTERMEDIO DE SU HERMANO F.G.B., LA CANTIDAD DE 1.500.000,00 DÓLARES AMERICANOS, Y MAS CONTRARIO A LA LÓGICA RESULTA QUE ENVIÉ ESOS CERTIFICADOS PROVISIONALES A SU MADRE, Y LOS TERMINE “NEGOCIANDO” SU HERMANO F.G.B.. POR ELLO, ESTE JUZGADOR TIENE LA CERTEZA QUE C.G.B. NO ADQUIRIÓ NI INTERVINO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, COMO SE ALEGA POR EL ACUSADO, EN RAZÓN DE QUE EN PRIMER TERMINO, ESOS TÍTULOS ERAN PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL, SUCURSAL CURAZAO, QUE NO CELEBRÓ NINGUNA OPERACIÓN DE VENTA CON LOS MISMOS, Y EN SEGUNDO TERMINO, PORQUE DESPUÉS DE QUE FUERON PRESENTADOS AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA PARA EL COBRO DE INTERESES, SIENDO PAGADO LOS MISMOS EL 20-11-1992, PERMANECIERON EN CUSTODIA EN SU BÓVEDA DE LA GERENCIA DE VALORES, HASTA QUE FUERON SUSTRAÍDOS DE LA MISMA”…,.

      argumentación ésta que jamás ha sido cuestionada por el apelante.

      Por lo demás, se precisó en la recurrida que…

      “…EL ACUSADO R.T.A. HA SEÑALADO QUE CUANDO F.G.B. SE PRESENTO EL 6-01-1993, A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, NO LO HACIA POR INICIATIVA PROPIA, SI NO POR INSTRUCCIONES SUYAS, YA QUE HABÍA CELEBRADO CON DICHO CIUDADANO UNA NEGOCIACIÓN, PAGANDO LA CANTIDAD DE 1.5000.000, 00 DÓLARES… PERO COMO MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL OFERTO…COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO DE FECHA 6-1-1993, DEL CUAL SE DESPRENDE QUE F.G.B. RECIBIÓ 3.000.000,00 DE DÓLARES, REPRESENTADOS EN 1.500.000,00 DÓLARES EN EFECTIVO, Y OBLIGACIONES DESCRITAS EN CONTRATO ANEXO, POR LA VENTA DE DOS (2) TÍTULOS VALORES 495 Y 496, QUE HASTA LA FECHA, SE DIJO EN EL CONTRATO, PERTENECÍAN A C.G.B..

      (…)

      “…¿COMO ES POSIBLE QUE ESE MISMO DÍA 6-1-1993, UN CIUDADANO IDENTIFICADO COMO J.F. RODRIGUEZ… LE HAYA OTORGADO UN PODER A F.G.B., PARA QUE EN SU “NOMBRE Y REPRESENTACIÓN” ENAJENARA O GRAVARA LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 495 Y 496, Y COMO CONTRAPRESTACIÓN F.G.B. RECIBIRÍA LA CANTIDAD DE 300.000,00 DÓLARES, Y QUE EL REMANENTE DEL PRECIO PAGADO DEBÍA SERLE ENTREGADO AL PODERDANTE PROPIETARIO EN LA FORMA QUE ESTE INDICARA?

      (…)

      …VEMOS PUES COMO F.G.B. QUE PRESUNTAMENTE YA HABÍA VENDIDO LOS BONOS 495 Y 496, Y QUE SEGÚN R.T.A. SE PRESENTO POR INSTRUCCIONES SUYAS, YA ESTE SE COMPORTABA COMO PROPIETARIO, A LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE, DA UN PODER A UN ABOGADO PARA QUE ESTE DISPUSIERA DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 CONFORME A DERECHO Y AL DICTAMEN DE SU CONCIENCIA.

      DE TODO LO ANTERIOR SE DERIVA CON CERTEZA QUE DEL 6 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 1992, SE SUCEDEN UNA SERIE DE ACTOS, EN PARTICULAR EN UN SOLO DÍA, EL 6-1-1993, TRES (3) PERSONAS SE ARROGAN LA PROPIEDAD DE LOS TÍTULOS, Y ESTOS SON F.G.B., R.T.A. Y J.F.R.R.; Y RESPECTO DEL CIUDADANO J.F.R.R., EL MISMO RINDIÓ DECLARACIÓN EN JUICIO IDENTIFICÁNDOSE CON LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 3.585.265, MANIFESTANDO, EN PRIMER TERMINO QUE NO CONOCE A LOS CIUDADANOS F.G.B. Y R.T.A., QUE SU PERSONA NUNCA FUE PROPIETARIO O TENEDOR DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL, Y MENOS DE LOS TÍTULOS NÚMEROS 495 Y 496, QUE LA FIRMA QUE APARECÍA COMO OTORGANTE DEL PODER SUPRA REFERIDO, NO ES LA SUYA, Y QUE JAMÁS SE HA DEDICADO A LA ACTIVIDAD DE NEGOCIACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PUBLICA. CON ELLO, HAY CERTEZA DE QUE CON EL PODER CURSANTE A LOS FOLIOS 17 AL 19 DE LA PIEZA 10, SE SUPLANTO LA IDENTIDAD DEL CIUDADANO J.F.R.R., PARA HACER VER QUE ESTE CIUDADANO ERA EL PROPIETARIO DE LOS TÍTULOS 495 Y 496, Y ASÍ PRETENDER DEMOSTRAR LA REGULARIDAD DE LAS FUTURAS OPERACIONES QUE SE HARÍAN EN LA CASA DE BOLSA DEL BANCO DEL CARIBE

      …,

      situación ésta que invariablemente le hace derivar al juzgador de la recurrida la concreción del elemento subjetivo culpabilistico de la participación individual de Torres en el delito que se le acuso. Ergo, que tuvo la intención ilícita y así la ejecutó, de aprovecharse de un titulo canjeable en dinero, y que por lo tanto representa ese valor, sabiendo que el origen de aquel titulo publico era de una proveniencia ilícita. Es decir, la última de las hipótesis indiciarias asentadas en la impugnada: Que el penado Torres Arellano tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los Certificados Provisionales de la Deuda Pública Nacional, Títulos 495 y 496.

      Ello se expresa en el fallo bajo la argumentación de que el a-quo tiene la…

      …CERTEZA DE QUE C.G.B. NO INTERVINO EN ESTA OPERACIÓN, NI TENIA LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA HABER ADQUIRIDO LOS BONOS 495 Y 496, SINO QUE LOS CIUDADANOS F.G.B. Y EL ACUSADO EN JUICIO R.T.A., OBTUVIERON ILEGÍTIMAMENTE ESOS CERTIFICADOS, SABEDORES DE QUE TENÍAN PROCEDENCIA ILÍCITA, CONVENCIMIENTO SUBJETIVO QUE SE EVIDENCIA O DEMUESTRA, NO PORQUE EL ACUSADO R.T.A. LO HAYA ADMITIDO ASÍ, SINO POR UNA SERIE DE DATOS OBJETIVOS

      …

      Y esos datos objetivos son:

      • EL RECIBO DE CUSTODIA del 6-1-93 EMANADO DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, C.A, ACREDITANDO HABER RECIBIDO DE F.G.B. LOS BONOS 495 Y 496;

      • El Testimonio de ALDANA quien dijo que el 6-1-93 se presentó a LA CITADA CASA DE BOLSA, F.G. MANIFESTANDO SU INTENCIÓN DE VENDER LOS CERTIFICADOS Y QUE ACTUABA CONJUNTAMENTE CON R.T., refiriendo que aquel lo hacía con “premura”.

      • EL TESTIMONIO DE DAO YANEZ, PRESIDENTE DE LA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, QUE MANIFESTÓ QUE EN 1993, SE HIZO CONTACTO PARA NEGOCIAR UNOS CERTIFICADOS, DETECTÁNDOSE POR UNA INFORMACIÓN QUE LOS TÍTULOS QUE SE QUERÍAN NEGOCIAR HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE LA BÓVEDA DEL BIV.

      De allí que la pretendida procedencia licita de la tenencia de los certificados en poder del penado, fue descartado en la recurrida bajo la siguiente argumentación:

      …TORRES… TRAZO LA LÍNEA DE PROBAR EL ORIGEN LICITO DEL DINERO EMPLEADO PARA LA PRETENDIDA ADQUISICIÓN DE LOS CERTIFICADOS…SIN EMBARGO… SOLO ACREDITAN…RECURSOS ECONÓMICOS DEL ACUSADO, PERO QUE NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON EL PRETENDIDO PAGO QUE HIZO DICHO CIUDADANO DE 1.500.000,00 DÓLARES AL CIUDADANO FERNANDO BRICEÑO GONZALEZ, MÁXIME QUE ESTE PAGO NO SE PROBO QUE EFECTIVAMENTE SE HAYA REALIZADO…NO SE PROBO QUE EL ACUSADO HAYA EFECTIVAMENTE CANCELADO LA REFERIDA CANTIDAD EN DÓLARES, NI QUE F.G.B. HAYA EFECTIVAMENTE RECIBIDO ESA CANTIDAD, DEBEMOS SEÑALAR QUE EL HECHO OBJETO DEL JUICIO NO ES LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA O FINANCIERA DEL ACUSADO, SINO PROBAR SI EFECTIVAMENTE O NO TUVO PARTICIPACIÓN EN EL DELITO OBJETO DE ACUSACIÓN POR EL MINISTERIO PUBLICO

      …

      De allí que la final conclusión a la que ser arriba en la impugnada es que…

      …HAN SIDO ANALIZADOS Y COMPARADOS, QUE LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES DE DEUDA PUBLICA NACIONAL (DPN) NÚMEROS 495 Y 496, EMITIDOS CON BASE AL DECRETO 1826, SON PROPIEDAD DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, QUE TIENEN SU ANTECEDENTE TEMPORAL E INSTITUCIONAL EN LA PRIMIGENIA COLOCACIÓN DE UN TITULO Nº 1, A LA REFERIDA INSTITUCIÓN BANCARIA, QUE LUEGO LE FUERON SUSTITUIDOS POR LOS TÍTULOS 1-A Y 2-A, Y ESTOS A SU VEZ SUSTITUIDOS POR 496 CERTIFICADOS PROVISIONALES, ENTRE LOS CUALES ESTABAN LOS NÚMEROS 495 Y 496, COMO SE EVIDENCIO DEL ACTA DE 13-03-1991; QUE POR ESOS TÍTULOS EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA COBRO Y LE FUERON PAGADOS INTERESES POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, SIENDO LA ULTIMA FECHA DE PAGO EL 20-11-1992, Y QUE NO HABIENDO EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, DESPUÉS DE ESTA FECHA, CELEBRADO NINGUNA OPERACIÓN DE VENTA DE LOS CITADOS TÍTULOS, LOS MISMOS PERMANECIERON EN SU BÓVEDA DEL DEPARTAMENTO O GERENCIA DE VALORES, HASTA QUE FUERON SUSTRAÍDOS, SUSTRACCIÓN QUE SIN DUDA ALGUNA SE OPERO EN UNA FECHA POSTERIOR, NO DETERMINADA, AL 20-11-1992, TENIENDO POSESIÓN DE LOS MISMOS EL ACUSADO R.T.A., QUIEN LOS RECIBIÓ, NO LOS ADQUIRIÓ, A SABIENDAS DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS TÍTULOS, SIN QUE ESTE DEMOSTRADO QUE HAYA PARTICIPADO EN EL DELITO QUE COMPORTA LA SUSTRACCIÓN DE LOS TÍTULOS DE LA GERENCIA DE VALORES DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA; RECEPCIÓN DE LOS TÍTULOS 495 Y 496 POR PARTE DEL ACUSADO QUE CON CERTEZA SE DEMOSTRÓ, ASÍ COMO SU CONOCIMIENTO DE LA PROVENIENCIA ILÍCITA DE LOS MISMOS, AL PUNTO QUE TAMBIÉN SE DEMOSTRÓ FUERA DE TODA DUDA RAZONABLE, TODO EL ENTRAMADO DOCUMENTAL, ENTRE PRIVADOS, QUE SE PREPARO PARA LOGRAR EL COBRO DE LOS TITULOS, COMO SE ACREDITO INDUBITABLEMENTE

      …;

      Razón por la cuAL SE DECLARÁ SIN LUGAR ESTA DENUNCIA. Y ASI SE DECIDE.-

   6. Que con respecto a la Experticia practicada por los expertos: M.P., Deylln Padilla y E.C., se practicó sobre copias fotostáticas simples, sin ningún tipo de certificación sobre 21 comprobantes internos de contabilidad.

      Ante esta denuncia, la Sala tiene que repetir su argumentación anterior: al comienzo del juicio oral y público, el hoy penado, libre de apremio y coacción expuso, entre otros particulares, que…

      …me vine el año 91 en el mes de septiembre a buscar a mi mamá para llevarla a Suiza, para hacer el depósito de un millón trescientos mil dólares...desde cuando conoce al ciudadano F.G.? Contestó: "es mi amigo desde que teníamos 11 años, es decir desde hace como 50 años. 23.- Eso quiere decir que también conocía a su hermano C.G.

      . Contestó: ´ Si, desde esa época...C.G. le dijo cual era la procedencia de de esos bonos? Contestó: "realmente no le pregunté...los adquiero por 3 millones de dólares...en el año 1986 fueron adjudicados al Banco Industrial de Venezuela y existe un acto solicitado en el Banco Central de Venezuela en fecha 13-03-91 y fueron cambiados a 37 bonos de los cuales esos dos bonos 495 y 496 pertenecían al Banco Industrial de Venezuela...yo me ganaba 900.000 mil dólares...he sido el único que ha tenido los títulos en mis manos y los mandé a certificar al reverso y no indica quien es el beneficiario de esos títulos… en fecha 06-01-93 se recibieron los originales...me los entregó F.G....,

      con lo cual entonces afirmó en el juicio que recibió los referidos Certificados el 6-1-93, del co-acusado F.G.. Esta afirmación, se repite, hace intrascendente el cuestionar quien cobró los intereses derivados de los mencionados Certificados, antes de esa fecha, toda vez que si lo que argumenta como momento de inicio de su eventual legitimidad a la tenencia es Enero de 1993, está cuestionando planillas de cobro de intereses anteriores al momento de su declarado origen del comienzo de la posesión personal de los títulos. Por lo demás, la concepción de “libertad de prueba” del Artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, permite que, inclusive, puedan ser valoradas copias documentales, cuya fiabilidad se estructurará en su concatenación con otros medios de prueba, tales como los testimonios y los otros documentos originales arriba citados, que corroboraron la tenencia pretérita a Enero de 1993, del BIV, de los citados certificados; testimonios éstos que seguían revelando esa información, inclusive, en las respuestas al interrogatorio de la defensa.

      También, como se dijo, la circunstancia del cuestionamiento material de documentos ofertados en prueba por las partes, el hoy penado pudo contar con la posibilidad que le otorga, entre otras normas de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el Artículo 240 eiusdem, en el sentido que se “…podrá nombrar a unos o más peritos, de oficio o a petición de parte, para que los examinen, y de ser el caso, los amplíen o repitan”… (Resaltado de la Sala). Instituto éste al que no acudió el hoy penado, ni en este juicio en donde se le condenó, ni en el anterior en donde se le absolvió.

      Asi, la cancelación de intereses entre el BCV y el BIV por los certificados, como alega el apelante, es una circunstancia vinculada al momento anterior al que se abroga Torres como tenedor legitimo de los certificados. De modo que el pago inter bancario alegado en nada desestima la acusación y probanza en juicio de que a partir de finales de 1992 el BIV dejo de tener los mencionados Certificados que estaban bajo su custodia y los mismos fueron presentados a nombre del hoy penado Torres para ser vendido. Razón por la cual se desestima esta denuncia. Y así se decide.-

      Razón por la cual Se declara Sin lugar esta denuncia. Y Así se Decide.-

   7. Que “…no fue acreditado ni siquiera por la División de Tesorería Internacional del Banco Industrial de Venezuela, Oficina de Caracas…el Memorando Interno N°. Ga-Cur¬07-128, de fecha 27 de octubre de 1997, procedente del: Banco Industrial de Venezuela, Sucursal Curazao, y dirigido a la Vicepresidente de la División de Tesorería Internacional, Econ. C.C.”…;

      Pero lo que no puede negar el apelante es que, tal como se lee en el Acta del Juicio y arriba se narró es que tanto:

      • El recibo de custodia de valores número 909 del 18/9/89, emitido por el BIV, a favor de la Sucursal Curazao del BIV; como

      • El recibo de custodia de valores número 519 del 22/8/91, emitido por el BIV, a favor de la sucursal Curazao del BIV;

      si fueron analizados en la recurrida y de ahí se sustentó en la impugnada la tenencia originaria de los certificados por el BIV en su Sucursal Curacao, pudiendo haber el penado en la oportunidad procesal que le confiere el Artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal haber advertido sobre el particular ya que, conforme a esa Norma...

      Nuevas pruebas. Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos, que requieren su esclarecimiento

      ... (Resaltado de la Sala)

      Razón por la cual se declara Sin Lugar la denuncia. Y asi se decide.-

   8. Que habiendo el Juzgado de la recurrida realizado inspecciones:

      • El 15-11-07 en la Dirección de Administración la Deuda Pública, del Ministerio del Poder Popular Para las Finanzas;

      • El 16-11-07, en el Departamento de Valores del BCV; y

      • El 30-11-07, en el mismo sitio anterior,

      supuestamente el juzgado de la recurrida “…dispuso que en los actos correspondientes a esas Inspecciones, las partes en la presente causa no podrían tener ningún tipo de intervención, tal como lo señala el juez en el Acta de la Audiencia de fecha 6 de Noviembre del Año 2007, Folio 261”…;

      Efectivamente, en los autos se evidencia que el 15, 16 y 30-11-07 se realizaron dichas inspecciones, con la presencia de las partes, las que suscribieron las respectivas Actas. La regulación de tales inspecciones se norma en el Último Aparte del Artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal como un atributo de búsqueda de verdad material de parte del juzgador ya que...

      Si para conocer los hechos es necesaria una inspección, el tribunal podrá disponerla, y el Juez presidente ordenará las medidas para llevar a cabo el acto. Si éste se realiza fuera del lugar de la audiencia, el juez presidente deberá informar sucintamente sobre las diligencias realizadas

      ...

      Ahora bien, la finalidad de dichas inspecciones es la de, además de la percepción sensorial del tribunal y las partes del estado de lo inspeccionado fuera de la sala de audiencia, o el obtener elementos de convicción y pruebas, la concreción demostrativa de tal inspección sensorial o de la obtención referida, es el acta de la inspección, sobre la que necesariamente habrá debate en la sala de juicio, toda vez que dicha acta de la inspección es uno de los documentos que conforme a parte del Encabezado y del Primer Aparte del mencionado Artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal...

      ...serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen...Los objetos y otros elementos ocupados serán exhibidos en el debate

      ...

      Dichos objetos podrán ser presentados a los expertos y a los testigos durante sus declaraciones, a quienes se les solicitará reconocerlos o informar sobre ellos

      ...

      De allí que de acuerdo a lo narrado arriba, y como se percibe de la intervención de los medios de prueba en el juicio, plasmados en las Actas de dicha audiencia, lo que se inspeccionó y obtuvo documentalmente en las referidas inspecciones, se debatió en el juicio, preguntándosele constantemente a los testigos y expertos sobre los documentos así conseguidos. Por eso es que las actas del expediente muestran que si se permitió un debate sobre las resultas de las inspecciones realizadas. Y vale decir que al estar presentes las partes y así suscribir las respectivas actas de las inspecciones, con tal presencia se originó la “cadena de custodia” de los documentos que después, exhibidos en juicio, sobre ellos ampliamente se debatió. Es por eso que esta denuncia se declara Sin Lugar. Y así se decide.-

      A renglón seguido, dado lo concordante de ambas denuncias, la Sala se permite responderlas conjuntamente las cuatro (4) siguientes:

   9. Que al corregir el Acta del Juicio, el Fiscal 19º del Ministerio Público procedió a practicar nueva declaración de testigo y en esa estuvo…

      …ausente el Abogado Defensor del Acusado; este hecho violatorio en si al debido proceso en especial al Derecho a la Defensa, atenta como es lógico afirmar, contra todos los principios rectores que rigen el proceso del sistema acusatorio: oralidad, inmediación, publicidad; producto del mandato del Juez

      …

   10. Que posterior a la celebración de una Audiencia de Juicio el 8-5-07, el Juez de la recurrida le entregó al apelante…

       …un documento que contenía el acta correspondiente a la Audiencia de Inicio del Juicio Oral y Público, celebrada en fecha 20 de Abril de 2007, para que procediésemos a su corrección…, mediante las correcciones aportadas en casette, y entregados por la Defensa, el Acusado y también por el Representante del Ministerio Público, quien corrigió su intervención den el acto de Inicio del Juicio, incorporándose al expediente, este nuevo material corregido por las partes, en lugar del acta original, Esta acción conforma, sin duda alguna, una flagrante violación a los principios de Oralidad, inmediación, contradicción y Publicidad, durante el proceso

       …;

   11. Que como resultado de las correcciones ordenadas por el Juzgado de la recurrida existen 2 versiones del Acta de Inicio del Juicio Oral y Público, hecho que a decir del apelante, la vicia de nulidad, y es por eso que ni la Fiscalía, ni la Defensa, ni el hoy penado hicieron las actuaciones citadas en la sentencia, durante el acto de inicio de juicio oral del 20-4-07; y

   12. Que la Fiscalía 19º del Ministerio Público interrogó al Acusado sin la presencia de abogado defensor.

       Todas estas denuncias están vinculadas a la supuesta disparidad entre las actas del juicio y lo que alega el penado acaeció efectivamente en el juicio, en sus sesiones iniciales. Ahora bien, ello no es lo que se refleja en las Actas del Juicio que, conforme al Artículo 368 del Código Orgánico Procesal Penal, su levantamiento le correspondió al secretario del Despacho de la recurrida. Esta norma guarda exacta relación con el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “Son deberes y atribuciones de los secretarios”, entre otras…

       Dirigir la secretaría

       , “custodiar el sello del tribunal”, “Autorizar con su firma los actos del tribunal”, “Autorizar las solicitudes que por diligencia hagan las partes, así como también los testimonios y copias certificadas que deban quedar en el tribunal”, “Autorizar los testimonios y copias certificadas”, “Recibir los documentos y escritos que presenten las partes”, “Asistir a las audiencias del tribunal y autorizar con su firma todos los actos”…

       Y aquí guarda especial importancia un sujeto procesal bastante olvidado en el análisis doctrinario (y no es mayor tampoco su referencia por parte de la jurisprudencia), y que ocupa una posición de realce en nuestro proceso penal acusatorio: el Secretario Judicial del Tribunal, y su actuación fedataria. Así, la función del secretario también apunta a una ineludible finalidad de certificación de realización del acto procesal, toda vez que a dichos funcionarios judiciales, de acuerdo al Artículo 538 Ejusdem,…

       …le corresponderá copiar y refrendar las decisiones de los tribunales constituidos en la Salas de Audiencia

       …

       Así, hoy en día, dentro del marco jurídico vigente y a luz de las modernas tendencias de la ciencia procesal, resulta difícil concebir un proceso sin la oportuna presencia e intervención de un funcionario encargado de dar fe y documentar todo lo que sucede en él. Es por ello que atendiendo al marco normativo de nuestro proceso penal, la posición del secretario judicial en relación con el acta de las audiencias del proceso, lo hace ser responsable de ella. A este le corresponde en exclusiva su extensión y la determinación de su contenido. De allí que el secretario como fedatario judicial en el proceso penal, lo convierte, en cierta medida, en un dador de fe pública de cuanto acontece en la audiencia, y en un controlador de la regularidad del desarrollo procedimental de dicho acto.

       “La fe pública se refiere a la autenticidad y veracidad de las actuaciones (Nuñez Lagos, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, 643), consiste, evidentemente, en cargar o revestir de esa veracidad a los documentos por ella amparados. Por veracidad habremos de entender que lo que se recoge en el documento resulta ser cierto, siempre y cuando se den una serie de requisitos, “una calidad que conlleva una fuerza probatoria privilegiada, fuerza probatoria impuesta por el Estado que exige la credibilidad de la actuación realizada y documentada en el proceso.” (Tome Paule y S.S., La fe pública judicial y las funciones, 16). Esa veracidad implica la obligación para todos de tener por cierto cuanto queda recogido en el documento, a pesar de no haber participado o estado presente en los hechos que se documentan, incluso los destinatarios de ese documento. “La fe pública judicial, tiene, pues, una doble finalidad ya que asevera que el acto procesal se realizó y justifica y prueba que el acto realizado se documentó” (Ibídem) ya que la fe pública “es la calidad que el Estado impone a las representaciones hechas por determinadas personas de carácter público, en virtud de la cual deben considerarse como ciertas y veraces y producir los efectos privilegiados que el Derecho les otorga” (Ibíd., 7) (Jesús Sáez González, La figura del secretario judicial, 86).

       Así, ya no sólo es el documento el que adquiere “Fuerza de veracidad” por sí mismo, sino que son los propios actos procesales los que adquieren garantía de “Fuerza de legalidad”, si se nos permiten ambas expresiones, plenitud de efectos, validez total. El documento, en consecuencia, no sólo tiene por objeto los actos procesales que se pretenden recoger sino que, también, lleva una actividad autenticadora y legitimadora. El documento, como forma de expresión de la fe pública, se centra en el acto procesal para darle plena validez, y para que los hechos ocurridos en el transcurso del proceso y con ocasión del mismo puedan surtir los efectos pertinentes. Actos y hechos del proceso se convierten pues, finalmente, en el objeto de la garantía que comporta la fe pública judicial.

       El secretario, como lo hemos dicho, interviene conformando el acta, quedando a él reservada la expresión de las garantías procesales, el señalamiento de los aspectos formales, de entre los que destacan de forma muy importante la sucesión cronológica que ese produce en el acto, y la traslación con dación de fe de las manifestaciones y declaraciones antes expresadas. En este sentido, el secretario es autor no sólo en el sentido de la autoría documental sino, recalcando su significado latino, la “auctoritas”, como sujeto investido de potestad, de poder, para decidir cuantos conflictos pueden derivarse de la actividad documentadora que lleva a cabo.

       Razón por la cual, se declara Sin Lugar dichas últimas cuatro (4) denuncias. Y así se decide.-

       Finalmente alega el apelante...

   13. Que la recurrida es “…inmotivada, contradictoria e ilógica”…, al “…omitir en forma deliberada”…, los siguientes hechos:

       • Que el BIV “…no cuenta con los asientos correspondientes a los registros contables de la propiedad, custodia, y cobro de intereses, correspondientes a los Certificados provisionales 495 y 496 del Decreto 1826”… y que por eso el “…Ministerio Público recurre a una prueba indirecta o indiciaria, conformada por las copias fotostáticas simples de las seis (6) Planillas de Relación Para el Cobro de Intereses, lo cual afirmamos durante el Juicio, que son un montaje fotostático, en otras palabras un forjamiento, afectado de falsedad intelectual y material”…

       • Que el orden de los interrogatorios “…fue invertido, es decir, se coloco en primer término los referentes a la Titularidad de los Certificados Provisionales 495 y 496, cuando en realidad esa falta de titularidad es consecuencia de otras pruebas que fueron ubicadas posteriormente”…

       Frente al último componente de la denuncia, no precisa el recurrente en cual interrogatorio supuestamente se “invirtió” el objeto del testimonio, es decir, sobre lo que se preguntaba, siendo que esta Sala percibe, y tal como se trascribieron arriba los testimonios aportados en juicio, que el interrogatorio frente a los medios de prueba, tanto del tribunal como de las partes, fue, prácticamente, sobre todo lo inherente a la causa. Es decir, tanto sobre la custodia de los certificados, la titularidad de ellos y la posesión de los mismos a partir de Enero de 1993 por parte de Torres pretendiendo transarlos públicamente.

       Y en lo que respecta a la primera consideración, sobre la supuesta falta de asiento contable de parte del BIV de los Certificados 495 y 496, la Sala debe necesariamente repetir que de acuerdo a las declaraciones libres y espontáneas dadas por el penado Torres en el juicio, éste admitió la tenencia de tales certificados previos a 1993 en el BIV, con lo cual cuestionar la supuesta falta de asientos le hace contradecir su aseveración que dicha en el juicio, sin coacción, pasa a integrar la comunidad de pruebas, que sustenta, inclusive, su condena.

       Razón por la cual se declara Sin Lugar tales denuncias y así se decide.-

       Es por todos los razonamientos expresados que esta Sala 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas, DECLARA SIN LUGAR LA APELACION Y ASI CONFIRMA LA SENTENCIA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, publicada el 22-4-08, por el Juzgado 6º de Juicio de este Circuito, mediante la cual CONDENÓ al recurrente R.T.A., a 1 año de prisión por la comisión del delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, previsto en el Artículo 472 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos y...

       ...la incautación de los certificados provisionales de Deuda Pública Nacional 495 y 496 Serie G, tercera emisión, por un valor de tres millones de dólares (US$ 3.000.000) cada uno, emitidos conforme Decreto Nro. 1826, del 12-11-1987, en base a la Ley del 28-12-1985, con fecha de emisión 13-11-1987, con fecha de colocación 20-11-1987, con fecha de vencimiento 12-11-1995, cada uno por tres millones de dólares americanos; y su entrega y/o pago a su legitimo propietario, el Banco Industrial de Venezuela; igualmente se ordena oficiar al Departamento de Administración y C. deV. delB.C. deV., notificando de la incautación decretada de los certificados provisionales de Deuda Pública Nacional números 495 y 496, y de que solo deben ser cancelados al Banco Industrial de Venezuela. Así mismo se ordena oficiar al Presidente del Banco Industrial de Venezuela, notificándolo de la presente sentencia condenatoria y de lo antes acordado

       ...,

       Y ASI SE DECIDE.-

       DISPOSITIVA

       En virtud de los razonamientos antes expuestos esta Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley,

       DECLARA SIN LUGAR LA APELACION Y ASI CONFIRMA LA SENTENCIA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, publicada el 22-4-08, por el Juzgado 6º de Juicio de este Circuito, mediante la cual CONDENÓ al recurrente R.T.A., a 1 año de prisión por la comisión del delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, previsto en el Artículo 472 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos y...

       ...la incautación de los certificados provisionales de Deuda Pública Nacional 495 y 496 Serie G, tercera emisión, por un valor de tres millones de dólares (US$ 3.000.000) cada uno, emitidos conforme Decreto Nro. 1826, del 12-11-1987, en base a la Ley del 28-12-1985, con fecha de emisión 13-11-1987, con fecha de colocación 20-11-1987, con fecha de vencimiento 12-11-1995, cada uno por tres millones de dólares americanos; y su entrega y/o pago a su legitimo propietario, el Banco Industrial de Venezuela; igualmente se ordena oficiar al Departamento de Administración y C. deV. delB.C. deV., notificando de la incautación decretada de los certificados provisionales de Deuda Pública Nacional números 495 y 496, y de que solo deben ser cancelados al Banco Industrial de Venezuela. Así mismo se ordena oficiar al Presidente del Banco Industrial de Venezuela, notificándolo de la presente sentencia condenatoria y de lo antes acordado

       ...,

       Queda de esta manera CONFIRMADA, la sentencia dictada por el Tribunal a-quo.

       Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta.

       Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión, notifíquese de la misma a las partes comparecientes a la Audiencia de Apelación celebrada en esta Sala, y remítase en su oportunidad legal. Insértese, además, copia certificada de este fallo en la Pieza Nº 12 de la causa que ingresó a esta Sala el 10-12-08 proveniente de la Fiscalía 19º del Ministerio Público a Nivel Nacional. Remítase la totalidad de las actuaciones, en su oportunidad legal, a los entes de origen. Cúmplase por Secretaría.

       EL JUEZ PRESIDENTE

       DR. Á.Z.A.

       LOS JUECES INTEGRANTES

       J.A.D. R.J.C.V. (Ponente)

       LA SECRETARIA

       ABG. A.L.

       Exp. 2337-08

       AZA/JADR/JCV/AL