Sentencia nº 00282 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2001

ALEGATOS DEL DEMANDANTE

Narra el ciudadano V.C.D.I., los siguientes hechos que dieron lugar a esta demanda:

1. - En fecha 07 de abril de 1991, INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), publicó en el Diario “El Universal” la oferta pública de venta N° 04/91, cuyo objeto fue ofrecer un lote de terreno de aproximadamente diez mil setecientos dieciséis metros con ochenta y cuatro centímetros cuadrados (10.716, 84 m2), ubicado en las adyacencias del Centro Comercial Plaza de las Américas, extremo sureste del Boulevard “El Cafetal”, Distrito Sucre del Estado Miranda.

   La referida oferta pública exigió a los interesados en participar, las siguientes condiciones: la obligatoriedad de presentar la oferta de compra acompañada de un cheque de gerencia por CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00) como garantía; la expresión de la forma de pago, si la oferta era a crédito; los gastos de traspaso serían por cuenta del comprador; las personas favorecidas con la buena pro dispondrían de un plazo máximo de 60 días continuos para efectuar el depósito correspondiente y los trámites de traspaso del inmueble; al favorecido con la buena pro que no materializase la operación de compraventa, no se le devolvería la garantía, pues quedaría a beneficio de la oferente y por último, que INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) se reservaba el derecho de prorrogar, suspender, declarar desierto el proceso o tomar cualquier otra decisión que considerase conveniente a sus intereses, sin que los oferentes o terceras personas tuvieren derecho a posteriores reclamaciones.

   Atendiendo a la oferta pública de venta, narra el actor que procedió a presentar su correspondiente oferta de compra, por TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000,000,00), a la vez que acompañó la suma que por concepto de garantía se exigió como condición a los potenciales compradores que acudieran a la oferta pública realizada.

   Abiertos los sobres en acto público efectuado el 29 de abril de 1991, el único competidor que conjuntamente al actor se presentó, realizó una oferta por CIENTO CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 150.000.000,00), por lo cual asumió que era el lógico ganador de la buena pro, y en tal condición dirigió numerosas comunicaciones encaminadas a perfeccionar la venta, dando inclusive instrucciones al Banco Industrial de Venezuela C.A. para que le debitara de su cuenta los fondos necesarios para pagar el remanente de la inicial por la compra del terreno.

   Sin embargo, alega, el día 10 de mayo de 1991, once (11) días después de celebrarse el acto público de apertura de sobres, recibió comunicación de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), mediante la cual se le informaba que su oferta de compra no cumplió con los requisitos exigidos y que la oferta pública de venta “fue declarada desierta”.

   Con relación a este punto, concluye el demandante, ante una oferta pública de venta, el respondió con una oferta de compra en los lapsos correspondientes y siendo su oferta muy superior al único competidor que se presentó, la garantía entregada debió ser considerada como un adelanto de la inicial del precio total, pues el contrato de compraventa, en su opinión, quedó perfeccionado a su favor, ya que él se dirigió a la demandada por escrito haciéndole saber que si no le era devuelta la garantía en un lapso de cinco (5) días hábiles, consideraría que su oferta de compra fue aceptada.

2. - Sobre el mismo terreno, alega el actor, INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) publicó en fecha 08 de mayo de 1991 en el Diario “El Universal”, una nueva oferta de venta, a la cual respondió la sociedad mercantil INMOBILIARIA 4.000 C.A., siendo aceptada la oferta de compra efectuada por ésta en fecha 16 de julio de 1991, por un monto de CIENTO OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 180.000.000,00), cifra muy inferior a la que él ofreció en la primera oportunidad. El 19 de noviembre de 1991, fue protocolizado ante el Registro Subalterno correspondiente, el documento de compraventa por el cual INVERSORA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) vendió el inmueble a la sociedad mercantil INMOBILIARIA 4.000 C.A.

3. - Con vista a los hechos anteriores, pretendió hacer valer sus derechos exigiendo, mediante un cúmulo de comunicaciones dirigidas a INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), que se le reconociera su derecho preferente a la compra del inmueble, y en consecuencia, se procediera a la protocolización de la venta a su nombre, reiterando que los CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00), entregados en garantía, al no serles devueltos en un lapso de cinco días hábiles que él mismo comunicó, ya formaban parte del precio. Entre dichas comunicaciones advirtió que denunciaría a los medios de comunicación social la irregular adjudicación y venta del inmueble a otra sociedad mercantil.

4. - Como respuesta a sus reiterados requerimientos en el anterior sentido, la sociedad mercantil INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) procedió a denunciarlo ante el Fiscal Decimoséptimo del Ministerio Público por el presunto delito de extorsión en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 461 del Código Penal, lo cual dio inicio a la tramitación de una averiguación sumaria en su contra ante el Juzgado Decimonoveno de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.

   La denuncia fue interpuesta por el abogado L.E.E.M., mediante un poder que le fuera otorgado por el ciudadano G.Q.T., en su condición de Presidente de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) y respecto de la misma, el tribunal declaró terminada la averiguación sumaria por no revestir carácter penal los hechos denunciados, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior Decimonoveno de la misma Circunscripción Judicial.

   Atribuye el demandante a la acción penal intentada en su contra, una evidente manifestación de “terrorismo judicial” por lo siguiente:

   a.- Se persiguió con esa denuncia que desistiera de las reclamaciones por la irregular adjudicación y venta del inmueble, pues era evidente que los hechos derivados de esa negociación eran de naturaleza civil y mercantil, como lo declararon los tribunales penales que conocieron del asunto.

   b.- La denuncia en su contra persiguió igualmente violentar su voluntad, para que accediera a firmar un “finiquito”, con el objeto de que renunciara a seguir reclamando su derecho de protocolizar el inmueble a su nombre, y para allanar el camino a fin de vender a otra sociedad mercantil, por un precio inferior, el mismo inmueble.

   c.- Posteriormente, señala el actor, procedió a denunciar al ciudadano G.Q., Presidente de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), por el delito de calumnia. Tramitado y concluido el referido proceso penal, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda estableció que el delito de calumnia estaba plenamente demostrado, pero la acción penal para castigarlo se encontraba prescrita. Tal decisión fue confirmada en todas sus partes por el Juzgado Superior Decimonoveno en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial en fecha 30 de septiembre de 1994.

5. - Con base en los elementos anteriores, demanda la nulidad de la transacción celebrada el 25 de julio de 1991, denominado por las partes como “finiquito”, suscrito entre él, V.C., ahora parte actora en este juicio, e INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), por cuanto el mismo se obtuvo mediante violencia, lo cual vició su consentimiento.

   Igualmente demanda daños morales derivados del ejercicio del terrorismo judicial utilizado en su contra, para lo cual se utilizó la calumnia, los cuales estima en TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000,00), de los cuales resulta la responsabilidad de la demandada como dueña y principal de su sirviente, el ciudadano G.Q., en su condición de empleado y Presidente de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.(INBIVEN), así como daños y perjuicios materiales ocasionados por el ejercicio de las acciones judiciales en que estuvo envuelto, representados por honorarios de abogados que alcanzarían la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00), y lucro cesante derivado de la forzada firma del finiquito por el cual perdió los derechos sobre el inmueble, al no poder protocolizar la venta que en su opinión se había perfeccionado entre su empresa y la oferente, lo cual estima en UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.500.000.000,00). Sobre todas las cantidades reclamadas, solicita sea aplicada la indexación monetaria, más los costos y costas del proceso.

   Fundamenta sus pretensiones en los artículos 1.185, 1.191, 1.196, 1.146, 1.150 y 1.151 del Código Civil.

   II

   DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

   La abogada Y.S.B.P., en su ya indicado carácter de apoderada judicial de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.(INBIVEN), dio contestación a la demanda, rechazándola en todas sus partes, afirmando que no son ciertos los hechos en los que se apoya e inexistente el derecho que de los mismos se pretende derivar. Al respecto sostuvo:

   1.- Con relación a la responsabilidad extracontractual, afirma la demandada que la pretensión es improcedente, por cuanto el actor admite que el asunto versa sobre un contrato. En tal sentido, éste debió alegar si en virtud de la ejecución de dicho contrato fue cometido algún hecho ilícito, dado que no es posible equiparar la “responsabilidad obligacional”, con la que se pueda derivar de un hecho ilícito, y en el presente caso, su representada se obligó simplemente a cumplir con un contrato.

   2.- Respecto del finiquito, que el actor afirma haberlo suscrito forzado por la violencia, viciando su consentimiento, lo cual haría anulable el mencionado negocio jurídico, la representación de la demandada opone la prescripción de la acción anulatoria intentada, dado que la presunta violencia que alega el actor cesó el 25 de julio de 1991, fecha en la cual fue forzado a suscribir el finiquito; y si se tomara el día en que el Juzgado Superior Decimonoveno en lo Penal declaró terminada la averiguación penal, el 10 de enero de 1992, igualmente la acción prescribió, porque a tenor del artículo 1.346 del Código Civil, el lapso para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, contados desde el día en que ha cesado la violencia.

   3.- Sobre el daño moral demandado, la apoderada de INVERSORA DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. sostiene la falta de cualidad pasiva de su representada, porque el actor admite que quien perpetró el delito de calumnia fue el ciudadano G.Q. y siendo que la responsabilidad penal es de carácter personal, nada tiene que responder la demandada en este juicio por ese hecho. En todo caso, señala, conforme al dispositivo del artículo 1.196 del Código Civil, la cuantía del daño moral la fija el juez a su prudente arbitrio, por lo cual no tiene cabida la indexación solicitada por no ser una deuda actual ni líquida.

   4.- En cuanto a la reclamación por daños derivados de los gastos en que incurrió el actor al estar envuelto en los diferentes procesos judiciales, afirma la demandada que tal pretensión carece de causa, pues los gastos del proceso deben reclamarse respecto de cada juicio y por un procedimiento paralelo, no siendo suficiente la mera identificación de los procesos judiciales, sino que deben precisarse los gastos en que supuestamente incurrió, toda vez que en los mismos no consta la cuantía. Añade que tal como fueron demandados los daños, no queda válidamente constituida la relación procesal, careciendo de contenido la demanda.

   5.- Por último, sostiene que la pretensión de V.C. es equívoca, por lo siguiente:

   a.- Declarar desierta una licitación comportaba un derecho de su representada; y

   b.- La responsabilidad contemplada en el artículo 1.185 del Código Civil deriva del abuso de derecho y no del hecho ilícito propiamente tal. En consecuencia, para que pueda ser imputado el ciudadano G.Q. como responsable de daño moral que se le atribuye, debió comprobarse que actuó con mala fe y excediéndose en el ejercicio de su derecho. Así debió alegarlo el actor y al no hacerlo la pretensión debe ser, en su criterio, declarada improcedente. Agrega que el Juez Penal no calificó los hechos denunciados como falsos, sino que éstos no revestían carácter penal y por tanto la actuación de dicho ciudadano podría calificarse como equivocada, mas no como un exceso o un abuso de derecho.

   III

   PRUEBAS DE LAS PARTES

1. - El demandante promovió las siguientes pruebas:

   A.- El mérito de los documentos cursantes en autos y entre ellos:

   a.- Copia Certificada del Expediente N° 7316, que cursara ante el Juzgado Decimonoveno de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, referido a la denuncia por extorsión.

   b.- Documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Primer Circuito de Registro del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 16 de octubre de 1986 bajo el N° 29, Tomo 7, Protocolo Primero, relacionado con una venta de locales comerciales ubicados en el Centro Comercial Plaza de las Américas, efectuada por INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) al ciudadano V.C.D.I..

   c.- Copia simple de documento autenticado ante la Notaría Pública Quinta del Distrito Sucre del Estado Miranda el 13 de febrero de 1986, emanado del entonces Presidente de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), relacionada con anteriores negociaciones efectuadas entre las partes de este juicio, que demostraría el “perfil empresarial del accionante, como comerciante serio y responsable con sus obligaciones”.

   d.- Copia simple de documento público registrado por ante la Oficina Subalterna de Primer Circuito de Registro del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 19 de noviembre de 1991, bajo el N° 2, Tomo 26, Protocolo Primero, que contiene la venta efectuada por INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A (INBIVEN) a INMOBILIARIA 4000 C.A..

   e.- Copias certificadas de las sentencias dictadas por el Juzgado Decimonoveno en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 25 de noviembre de 1991; por el Juzgado Superior Decimonoveno en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 10 de enero de 1992, ambas con motivo del juicio penal tramitado con motivo de la denuncia efectuada por INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) contra V.C., por el delito de extorsión; y de las sentencias dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda y Tribunal Superior Vigésimo en lo Penal de la misma circunscripción, donde queda establecido el delito de calumnia en perjuicio del actor.

   f.- Original de transacción, llamada “finiquito” por las partes, suscrita entre INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), y V.C., según se desprende de otros elementos que se analizarán, en fecha 25 de julio de 1991.

   g.- Curriculum vitae de V.C., diversos reconocimientos que le fueron otorgados por su contribución a obras benéficas y constancia de condecoración Orden al Mérito en el Trabajo.

   h.- Copia certificada de Acta de Asamblea de la sociedad mercantil INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), por la cual se designa al ciudadano G.Q. como Presidente de dicha corporación.

   i.- Copia certificada de Poder Especial conferido por el ciudadano G.Q., en su condición de Presidente de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.(INBIVEN), al abogado L.E.E.M., para que éste procediera a denunciar ante la jurisdicción penal al ciudadano V.C. por los hechos relacionados con la licitación N° 04/91.

   j.- Copias certificadas y simples, de documentos registrados que contienen operaciones de tráfico inmobiliario, a los fines de la apreciación de los valores aproximados en los cuales se estima el costo de los metros cuadrados en inmuebles similares al que constituyó el objeto de la oferta pública de venta, promovidos con el objeto de demostrar los daños materiales causados por no haberse perfeccionado la venta entre las partes de este juicio.

   B.- Prueba de experticia, destinada a determinar el monto que por concepto de lucro cesante correspondería indemnizar al actor, desde por que el demandante ha dejado de percibir desde la fecha de suscripción del “finiquito”, 25 de julio de 1995, hasta la fecha de la interposición de la demanda.

   C.- Prueba de exhibición de copia certificada de Acta de Apertura de Sobres de fecha 29 de abril de 1991, para dejar constancia que el derecho a comprar el inmueble ofertado le correspondía, por haber ofrecido la más alta suma.

   D.- Prueba de informes, mediante la cual solicita que la sociedad mercantil INMOBILIARIA 4000 C.A. informe sobre diversos aspectos que condujeron a que INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.(INBIVEN) le vendiera, por CIENTO OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 180.000.000), el inmueble por el cual el actor había ofrecido, primeramente, TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 300.000.000).

   E.- Testimoniales de los ciudadanos A.R.M., R. deJ.P., J.A.O.H., L.R.Z., J.E.M., P.C.M., R.M., G.Q.T. y L.E.E.M..

2. - La parte demandada, por su parte, invocó el hecho admitido de la existencia de la oferta pública de venta N° 04/91, publicada en “El Universal” el 07 de abril de 1991 y promovió el mérito que se desprende del texto de dicha oferta, destacando el punto 6, por el cual “INVIBEN se reserva el derecho de prorrogar, suspender, declarar desierto o tomar cualquier otra decisión sobre este proceso, que considere más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso haya lugar a reclamación alguna por parte del ofertante o terceras personas”.

   Igualmente invocó, a su favor, el mérito de las actuaciones judiciales penales que acompañó el actor, “donde se infiere que fue G.Q. el responsable por el delito de calumnia, por tanto, único comprometido en reparar daños y no mi representada".

   IV

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

1. - En primer término debe pronunciarse esta Sala acerca de la validez de la transacción de fecha 25 de julio de 1991, suscrita entre las partes. Según el actor, fue forzado a suscribirla mediante violencia, materializada por la presión ejercida a través de una falsa denuncia penal, lo cual vició su consentimiento y por tanto, tal transacción, que denomina “finiquito” debe ser anulada. La demandada por su parte niega la ocurrencia de un acto o hecho violento atribuible a su conducta en relación con el finiquito y en todo caso, opone la prescripción de la acción de nulidad ejercida.

   Al respecto se observa:

   El artículo 1.346 del Código Civil dispone que la acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley. Este tiempo, añade el citado dispositivo, no empieza a correr en caso de violencia, sino desde que ésta ha cesado.

   Ahora bien, para determinar si la acción está prescrita, resulta indispensable establecer previamente si la convención denominada “finiquito”, ha sido realmente suscrita mediando la violencia contra una de las partes, y si así se determina, precisar el momento en que ésta ha cesado.

   Con tal fin, resulta útil precisar los antecedentes que culminaron con la suscripción de la transacción, según lo que obra y se desprende de autos:

   Del texto de la oferta pública de venta a la cual acudió el actor con ánimo de adquirir el inmueble ofrecido, resulta evidente que INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN), sujetó la participación de los oferentes a la aceptación, entre otras condiciones, de la reserva expresa que hacía la convocante de su derecho a ... (omissis) prorrogar, suspender, declarar desierto o tomar cualquier otra decisión sobre este proceso, que considere más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso haya lugar a reclamación alguna por parte del ofertante o terceras personas”.

   En consecuencia, una vez declarado desierto el proceso de oferta pública de venta, conforme a la condición antes referida, no podía ninguna persona natural o jurídica que hubiere acudido al llamado, invocar derecho alguno a perfeccionar la venta del inmueble que fuera objeto de la convocatoria. En tal virtud, las sucesivas comunicaciones dirigidas por el actor a la demandada exigiendo la protocolización de la venta constituyen, a juicio de la Sala, un error de apreciación esencial respecto de los hechos relacionados con el proceso de venta y en consecuencia respecto del derecho que presuntamente le asistía, pues su presentación como postor en la oferta pública de venta, implicó la aceptación de las condiciones previas contenidas en el aviso de prensa, entre las cuales destacaba, precisamente, el derecho a declarar desierto el proceso, según los intereses de la convocante.

   Igualmente, pretender que la suma dada en garantía debió ser tomada por la demandada como parte de la inicial del precio del inmueble, petición derivada del mismo error esencial señalado, no respondía a lógica alguna, pues el plazo de cinco días hábiles para devolver el señalado monto fue un plazo unilateralmente establecido por el aspirante a comprador, el cual en modo alguno podía comprometer al demandado para efectuar determinado tipo de negocio jurídico.

   De las consideraciones anteriores emerge que el actor, en su equívoca apreciación sobre los hechos, aunada a una ilusoria convicción de poseer algún derecho sobre un proceso ya cerrado, a través de comunicaciones y órdenes relacionadas con su propios depósitos bancarios, intentó que se perfeccionase a su favor un negocio jurídico de naturaleza mercantil, puesto que se trataba de la venta de un terreno destinado a la construcción de locales comerciales, a realizarse entre el actor, quien presentó su oferta como persona natural, pero pretendía protocolizar la venta a nombre de una sociedad mercantil en la cual era accionista mayoritario, y una institución bancaria.

   En tal virtud, la transacción extrajudicial celebrada, denominada por las partes “finiquito”, a la luz de su contenido, como se verá infra, pudo ser homologada ante la jurisdicción de los tribunales mercantiles, toda vez que se trataba de un documento privado, fuera para precaver futuros juicios con relación a la distinta interpretación que las partes sostenían en relación al proceso de oferta pública de venta, o bien como modo de fijar los derechos de cada quien en relación al mismo proceso. De ser utilizada esta transacción extrajudicial en juicio, lógico era que mediara una disputa de naturaleza inherente al negocio del cual se ocupaban las partes.

   Sin embargo, la Junta Directiva de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INBIVEN) autorizó a su Presidente para otorgar un poder especial al abogado L.E.E.M., el cual fue otorgado el 23 de julio de 1991, “....(omissis) para que represente, sostenga y defienda los derechos, acciones e intereses de la empresa INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A (INBIVEN), ante los Tribunales Penales y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, ante la Fiscalía General de la República, en la denuncia a presentarse, en virtud de los hechos ocurridos entre el Instituto que represento y el ciudadano V.C.D., relacionados con la Licitación Pública distinguida con la nomenclatura 04/91... (omissis)”.

   Si se toma en cuenta que la denuncia por presunta extorsión fue efectivamente interpuesta ante el Fiscal Decimoséptimo del Ministerio Público para ser tramitada ante la jurisdicción penal, aunada a las demás consideraciones acerca de la naturaleza del asunto, se debe concluir que el fin perseguido por la referida denuncia no fue otro que la utilización de los tribunales penales para provocar una decisión de abandono, por parte del actor, de sus continuas reclamaciones de carácter netamente mercantil, y así lo señaló expresamente el Tribunal Superior en lo Penal al establecer en el fallo confirmatorio del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal que tramitó originalmente la denuncia por extorsión, lo siguiente:

   “Que en autos no se encuentra demostrada la comisión de un hecho punible previsto por la Ley como delito o falta, siendo improcedente en el presente caso ordenar proseguir la averiguación, por cuanto se evidencia claramente que los hechos denunciados debieron ser ventilados ante la jurisdicción mercantil y no penal, por lo que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso será Declarar Terminada la Averiguación Sumaria, conforme al artículo 206, ordinal 1° del Código de Enjuiciamiento Criminal, quedando confirmada la decisión consultada, pero no por las razones explanadas en la motivación de la instancia.-

   SEVERA ADVERTENCIA

   Quien decide observa que en el presente caso estamos en presencia de lo que se ha venido denominando “Terrorismo Judicial”, que consiste en la utilización de la Jurisdicción Penal para resolver situaciones cuya competencia es evidente de la Jurisdicción Mercantil o civil; así tenemos que en el presente caso no debió la Juez JEAN MARSHALL DE PAREDES, la instrucción de este proceso, que de inicio se evidenciaba que no era competencia de esta jurisdicción penal, debiendo aplicar por derecho en su oportunidad legal lo dispuesto por el artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y así evitar que se utilizara la vía penal para el cobro de un finiquito, todo lo cual hace merecedora a la Juez JEAN MARSHAL DE PAREDES de amonestación conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que este Tribunal no aplicará por ser primera vez que observa tan grave irregularidad, pero sirva esta severa advertencia para que en lo sucesivo sea más cuidadosa al instruir y decidir causas, a los fines de una recta y eficaz administración de justicia.”

   De la transcripción anterior, resulta concluyente que la Junta Directiva de INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A (INBIVEN) escogió la vía penal para resolver una situación mercantil, denunciando a V.C. por el presunto delito de extorsión y desistió de la denuncia, una vez que éste firmó una transacción por la cual daba por terminada sus reclamaciones relacionadas no sólo respecto del proceso de licitación en el cual participó, sino en relación con otro posterior en el cual no intervino.

   En efecto, algunos de los “reconocimientos” que contiene el tantas veces mencionado “finiquito”, que hizo V.C. a INVERSORA BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. (INVIBEN) son:

   (Omissis...)