Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 28 de Junio de 2012

Fecha de Resolución28 de Junio de 2012
EmisorTribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo
PonenteJosé Valentin Torres Ramírez
ProcedimientoRecurso De Nulidad Con Suspensión De Efectos

Recurrente: Visapop Comercio y Publicidad, C.A.

Recurrido: Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda.

Motivo: Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.

En fecha 18 de abril de 2008 se recibió por redistribución las actas que conforman el presente Expediente, de conformidad con los Artículos 1, 2 y 4 de la Resolución Nº 2007-0017 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela el 9 de Mayo de 2007; publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.701 el 8 de Junio de ese mismo año, se atribuyó competencia a los Tribunales Superiores Primero, Segundo y Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital para conocer de las causas en materia contencioso administrativa y en virtud de tal atribución pasaron a denominarse Tribunales Octavo, Noveno y Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas; e instrumentándose un sistema para redistribuir las causas que cursan en los Juzgados Superior Primero y Superior Tercero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en acatamiento a lo contenido en Acta Nº 2008-003, de fecha 18 de Abril de 2008, se procedió al acto de redistribución en forma pública, correspondiéndole el conocimiento del presente asunto a este órgano jurisdiccional, quien la signó con el N° 0480.

En fecha 31 de mayo de 2010, se dicto auto de abocamiento preguntando a la parte recurrente si tenía interés en que se le dictara Sentencia en la presente causa.

Ahora bien, en vista de que no se verificó la correcta notificación a la parte recurrente, se dictó nuevo auto de abocamiento en fecha 04 de mayo de 2011 y se ordeno librar nueva boleta de notificación en los mismos términos.

En fecha 12 de agosto de 2011, se ordenó publicar boleta en cartelera por cuanto el alguacil consigno nota dejando constancia de la imposibilidad de practicar la notificación, la cual fue retirada de la cartelera de este órgano Jurisdiccional y consignada por el ciudadano alguacil en fecha 20 de septiembre de 2011.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 13 de marzo de 1991, por el ciudadano L.D.B., mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° 81.452.790, en su carácter de Presidente de la compañía VISAPOP COMERCIO Y PUBLICIDAD, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 11 de julio de 1988, bajo el N° 14, Tomo 16-A-Pro., y cuya ultima reforma quedo inscrita en el mismo Registro Mercantil bajo el N° 32, Tomo 72-A-Pro., el 16 de marzo de 1990, asistido en este acto, por la abogada PETRICA L.O., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 5.505, interpusieron Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad Conjuntamente con Acción de A.C. y Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, contra el Decreto N° 8-91, dictado el 20 de febrero de 1991 por la Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda.

Mediante auto de fecha 13 de marzo de 1991, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, admitió la presente causa, ordenándose la notificación del Sindico Procurador Municipal del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda, al Fiscal General de la República y al Alcalde del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda.

Asimismo en fecha 15 de mayo de 1991, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaro abierto a prueba la presente causa.

En fecha 14 de octubre de 1991, el mencionado Juzgado, dejó constancia del comienzo de la relación de la presente causa, y en consecuencia fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes.

Mediante acta de informes de fecha 29 de octubre de 1991, se dejó expresa constancia, que en el primer día de despacho siguiente, comenzaría la segunda (2da) etapa de la relación de la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 07 de enero de 1992, el aludido Juzgado dictó auto el cual corre inserto al folio doscientos veintiocho (228), diciendo VISTOS de conformidad con el artículo 94 de la Ley eiusdem,

II

DEL RECURSO

El apoderado judicial de la parte accionante manifestó que su representada es una compañía anónima legalmente constituida, cuyo objeto es la explotación de la industria de la publicidad en todas sus formas.

Señala que el día 15 de febrero de 1991, recibió oficio Nº 0257, por el cual el Dr. J.C., solicitó su comparecencia ante su despacho el 18 de febrero de 1991. En esa oportunidad el referido ciudadano le pidió que retirara los avisos instalados por VISAPOP, porque según él todos los permisos concedidos para la instalación de avisos eran ilegales y que si no los retiraba, él lo haría y además le impondría multas a su representada.

Alega que la amenaza fue cumplida ese mismo día, mediante Resolucion Nº 0238, en la cual se le impuso a su representada 2 multas, además ordenaron verbalmente y que se realizara de inmediato el retiro del equipo publicitario Sharp de Venezuela, retiro que se llevo a cabo en dos etapas.

Arguye que el referido aviso se encontraba instalado en terreno municipal adyacente a la Av. R.G., pero no frente a la Industrial Entidad de Ahorro y Préstamo, como erradamente dice la Resolucion Nº 0238, sino al frente al Banco Provincial, y de ese sitio fue retirado por empleados de la Administración Municipal, sitio en el cual su representada había sido autorizada para colocar un aviso publicitario.

Señala que de igual manera les fue retirado el equipo modelo VISAPOP con el cual se publicitaba la empresa H.R.H que se encontraba instalado en el terreno municipal adyacente a la Av. F.d.M., Chacao frente al Dorsay, el cual tenia su debido permiso, así como el equipo modelo VISASTAR con el cual se publicitaba su representada VISAPOP – COMERCIO Y PUBLICIDAD, el cual se tenía también permiso y además de retirarle los 3 equipos, le impuso a su representada 2 multas.

Expone que su representada cumplió con los requisitos exigidos por la Ordenanza sobre Publicidad Comercial y la Autoridad Municipal le concedió 63 permisos para instalar sus avisos publicitarios y la misma autoridad por Órgano del Alcalde del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, en una inequívoca demostración de abuso de poder y de usurpación de funciones, y mediante un Decreto con pretensión de acto administrativo de efectos generales, deroga los permisos otorgados, ordena la remoción de los avisos y sus estructuras, concede un plazo de apenas 14 días para el retiro de los mismos, le impone a su representada 58 ruinosas multas, y además antes de vencerse el plazo para el retiro de avisos y estructuras, le retiran 3 equipos cuyas características fueron descritas, sin que su representada haya tenido ninguna oportunidad para ejercer el derecho constitucional de defensa, consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional.

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Como punto previo, observa este Tribunal Superior que, en fecha 07 de enero de 1992, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante auto expreso dijo “Vistos”, no evidenciándose en autos alguna actuación de la parte accionante desde el 13 de abril de 1994, fecha ésta en que declaró recibir devolución de originales.

Al respecto, observa este Juzgador Superior, que: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 956 del 1 de Junio de 2001, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, señaló:

[…]

(…) la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos señalados en las leyes para ello, con lo que se paraliza la causa.

[…]

Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.

[…]

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

[…]

La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

[…]

No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.

[…]

De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.

[…]

La misma Sala Constitucional, en Sentencia Nº 1245 del 16 de Junio de 2005, con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, señaló:

[…]

(…), es jurisprudencia reiterada de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho “vistos” –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción del proceso por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de un recurso, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.

Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva, pero sí puede suponer que haya desaparecido cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos, en el que desde febrero de 1972 no hay constancia de actuación alguna.

En consecuencia, en virtud de que ha transcurrido un largo tiempo desde la oportunidad en que la extinta Corte Suprema de Justicia dijo “vistos” y ante la falta de certeza acerca de la vigencia de la ordenanza impugnada, esta Sala ordena solicitar a las empresas recurrentes que:

1) Informen si conservan, separada o conjuntamente, el interés para continuar este proceso.

[…]

.

Por tanto, cuando la causa se encuentra paralizada, en estado de sentencia, sin que las partes hayan realizado ningún acto de impulso procesal se entenderá como una pérdida del interés procesal de dicha causa, por ser éste el criterio por el cual se determinó el decaimiento de la acción por falta de interés.

Ahora bien, para que proceda tal declaratoria de decaimiento de la acción por falta de interés procesal, deben concurrir los siguientes supuestos: El juicio se encuentre en suspenso y en etapa de sentencia; el actor no inste al Juez a cumplir con su obligación de dictar sentencia; se haya sobrepasado el término señalado por la Ley para que opere la prescripción del derecho objeto de la pretensión y; que el Juez de la causa antes de dictar el decaimiento de la acción y su consecuente extinción, notifique al actor para que éste explique los motivos de su inactividad, por lo que este Tribunal Superior debe analizar las actas que conforman el presente expediente, a fin de verificar si el anterior criterio puede ser aplicado al caso de autos, y al respecto observa inserto en el Expediente Principal:

- Folio 228 vuelto, auto por medio del cual el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 07 de enero de 1992, dijo “Vistos”;

- Folio 236, auto dictado por este Tribunal, ordenando la notificación de la parte accionante a los fines de que informaran dentro de los 05 días de despacho siguientes a que constara en autos el recibo de la notificación, si persistía su interés en el presente recurso.

De lo anterior verifica este Tribunal Superior que, en el caso de autos concurren 2 supuestos para que proceda la declaratoria de decaimiento de la acción por falta de interés procesal, esto es, el juicio se encuentra suspendido en etapa de sentencia, y en consecuencia este Tribunal ordeno la notificación de la parte accionante en fecha 04 de mayo de 2011, a los fines de que informara si persiste su interés en el presenta recurso.

De aquí que, visto que de la lectura de las actas procesales que conforman el presente expediente quedó evidenciado que la parte querellante no tiene interés en el presente Recurso, siendo inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.

Ahora bien, siendo que este Juzgado tiene por cumplidos el requisito esencial previsto en la Sentencia Nº 956, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, parcialmente transcrita supra, en virtud de que en su oportunidad fue notificada la parte recurrente, sin que diera ningún tipo de respuesta, y por lo que, aunado al hecho de que con la aplicación del criterio in commento en el caso de autos no se vulnera ninguna norma de orden público, debe forzosamente declarar la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA por PÉRDIDA DEL INTERÉS en el presente recurso, y así se decide.

IV

DECISIÓN

En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Acción de Amparo y Suspensión de Efectos, interpuesto por el ciudadano L.D.B., mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° 81.452.790, en su carácter de Presidente de la compañía VISAPOP COMERCIO Y PUBLICIDAD, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 11 de julio de 1988, bajo el N° 14, Tomo 16-A-Pro., y cuya última reforma quedo inscrita en el mismo Registro Mercantil bajo el N° 32, Tomo 72-A-Pro., el 16 de marzo de 1990, asistido en este acto, por la abogada PETRICA L.O., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 5.505, contra el Decreto N° 8-91, dictado el 20 de febrero de 1991 por la Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Veintiocho (28) días del mes de Junio de Dos Mil Doce (2012).

EL JUEZ

Abg. JOSE VALENTIN TORRES LA SECRETARIA

LISBETH BASTARDO

En esta misma fecha 28/06/2012, siendo las Diez (10:00) antes-meridiem, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA

LISBETH BASTARDO

Exp. 0480

JVT/LB/mgr.-

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