Decisión nº 272 de Juzgado Primero del Municipio Maturín de Monagas, de 30 de Julio de 2010

Fecha de Resolución30 de Julio de 2010
EmisorJuzgado Primero del Municipio Maturín
PonenteLuis Ramón Farias
ProcedimientoResoluciòn Contrato Arrendamiento

República Bolivariana De Venezuela

En Su Nombre

Juzgado Primero De Los Municipios Maturín, Aguasay, S.B. Y E.Z.D.L.C.J.D.E.M..-

200° y 151°

Maturín 30 de Julio de 2010

*DEMANDANTE: C.A. DIAZ MARTINEZ Y M.A.N.R., venezolanos, mayores de edad, cónyuges, domiciliados en Maturín Estado Monagas y titulares de las cédulas de identidad bajo los N° 11.780.532 y 12.151..564 respectivamente asistido por el Abogado R.D.V.J. inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 99.927.

*DEMANDADOS: J.C.G. MATOS Y MAIBA DE LOS A.G.B., venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad bajo los N° 10.678.274 y16.517.429 respectivamente.

*MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-

*EXPEDIENTE: (10.522).-

ANTECEDENTES

Se abre el Cuaderno de Medidas tal y como fue ordenado mediante auto de fecha 29 de Julio de 2010, el cual corre inserto en el Cuaderno Principal.

Vista la demanda efectuada por los ciudadanos C.A. DIAZ MARTINEZ Y M.A.N.R. parte Demandante asistida por el Abogado R.D.V.J., donde solicita se le acuerde la Medida Cautelar de Secuestro sobre una vivienda familiar, ubicada en el conjunto Residencial Río Claro, Urbanización P.R. II, Tipuro, parroquia Boquerón del Municipio Maturín del Estado Monagas, el Tribunal para proveer sobre la medida peticionada, hace el siguiente razonamiento:

En materia de medidas preventivas se mantenía el criterio en el sentido que aún llenos los extremos consagrados en el artículo 585 del Código Adjetivo, el Juez era soberano para negar la medida. Ello con base en la interpretación literal del término “podrá”, empleado en el referido artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 eiusdem.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21 de junio del año 2005, con ponencia de la Dra. Isbelia P. deC., estableció que:

“El criterio actual de la Sala se basa en la interpretación literal del término “podrá”, empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el artículo 23 eiusdem, a pesar de que esa norma remite de forma directa al artículo 585 del mismo Código, el cual establece los presupuestos necesarios para el decreto de la medida, cuya norma emplea el término “decretará” en modo imperativo. Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el Juez decretará la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar”

....Es evidente, pues, que cumplidos esos extremos, el Juez debe decretar la medida, sin que en modo alguno pueda ser entendido que aun conserva la facultad para negarla, con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una norma, sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuesto de hecho y que por lo tanto deben ser aplicadas en conjunto, y no de forma aislada, refieren la intención clara del legislador de impartir una orden y no prever una facultad

.

De la anterior jurisprudencia parcialmente transcrita, se puede observar, el cambio de criterio asumido por nuestro M.T., en el sentido de que es obligatorio, y no discrecional del Juez, acordar una medida cautelar, cuando se encuentren llenos los extremos tantas veces señalados, es decir, el fomus bonis iuris y el periculum in mora.

Sobre este particular ha indicado la referida Sala que:

Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil

.

Es decir, que el solicitante de la medida, debe demostrar la presunción de buen derecho, (fumus boni iuris) el cual se configura cuando el juzgador evidencia que el derecho respecto al cual se solicita la protección cautelar tiene apariencia de conformidad a derecho, sin incurrir con ello en un estudio detallado y profundo de lo que constituye el thema decidendum del caso, es decir, se verifica la apariencia favorable del derecho que se alega conculcado; y, el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora) cuya verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la certeza del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiere, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

En el presente caso el Apoderado Judicial de la parte Demandante pretende se decrete medida de secuestro sobre un Inmueble identificado anteriormente, con base en el ordinal 7° del Articulo 599 del Código de Procedimiento Civil, por las consideraciones de hecho y de derecho que exponen es por lo que ocurren a Demandar a los ciudadanos identificados en el encabezado de la presente Decisión Interlocutoria, para que estos convengan o en su defecto sean condenados por este Tribunal, a entregar de manera inmediata el inmueble que le fue entregado en arrendamiento y la inmediata cancelación de las cantidades siguientes: A) Por vía subsidiaria y en concepto de compensación pecuniaria la cantidad de: DOCE MIL BOLIVARES FUERTES (12.000,00), cada uno correspondiente a los meses de, mensuales por el uso del inmueble, contados a partir del mes de: Abril, Mayo, Junio y Julio DE 2010, hasta la definitiva entrega del mismo. La medida de secuestro presenta motivo, fundamento y caracteres peculiares, diferentes a las medidas de embargo y prohibición de enajenar y gravar, señalando el procesalista Dr. A.B. que su peculiaridad reside en que siempre versa sobre la cosa litigiosa, y es porque hay una relación directa entre el derecho controvertido y el objeto de la litis.

Si bien es cierto que para decretar el secuestro debe atenderse a los supuestos de procedencia de medidas cautelares contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ampliamente desarrollados a lo largo de este fallo; no es menos cierto, que si la situación de hecho se encuentra subsumida dentro del supuesto normativo. Ahora bien la presente acción persigue la RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sobre un bien inmueble dado en Arrendamiento por tiempo determinado; hecho este que considera quien aquí decide debe ser probado en la litis por el accionante y desvirtuado por el Demandado, en donde debe permitírsele al Demandado hacer valer las descargas que a su favor el considere pertinente; estándole solo permitido desvirtuar la naturaleza de la pretensión del actor porque de lo contrario ineludiblemente conllevaría a este Juzgador a decretar la medida de Secuestro solicitada, dado que se trata de una acción de Resolución establecida en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios como la fundamentó el demandante.

En consecuencia este Tribunal pasa a realizar las consideraciones siguientes: Las medidas preventivas son medidas excepcionales, de Derecho Singular y como tal son de interpretación restrictiva, por tanto en base a los elementos aportados como pruebas presuntivas, consideradas sumariamente por este Juzgador, tal como lo exige el procedimiento cautelar establecido en nuestro Código de Procedimiento Civil, Libro Tercero, Título I, Capítulo I y aún cuando tal derecho reclamado pueda ser desvirtuado en el proceso; considera este Juzgador por las características del libelo de la demanda que no se encuentran llenos los extremos de ley exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

En otro orden de ideas es importante señalar que a falta de viviendas y locales que garanticen un nivel de vida confortable para los ciudadanos, ha sido uno de los grandes problemas que han confrontado nuestros gobernantes, desde el crecimiento demográfico, la tasa de natalidad y la afluencia de habitantes a la capital del Estado y la lucha por mantener su fuente de ingreso junto con fuentes generadoras de empleos, se volvieron incontrolables para ellos. Fue así como el alquiler tanto de viviendas como de locales comerciales se ha convertido en un problema de Estado porque no solamente se busca garantizar o tutelar al propietario sino que también debe garantizársele seguridad Jurídica a quien arrienda una vivienda o un local comercial, porque en el primero de los casos se le garantiza protección a la familia y en el segundo de los casos en tiempos de tantas complicaciones sociales se mantiene el ingreso, estando esto enmarcado y protegido por el Derecho Sociológico y además la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo Dos (02) establece el Estado Social y de Derecho.

Esta es la razón por la cual nuestro legislador ha sido cauteloso con respecto a la procedencia de las medidas preventivas en materia inquilinaria, lo cual, no puede interpretarse como una omisión, sino como la negativa a admitir este tipo de medidas en los juicios de inquilinato, ya que si lo que se desea es el equilibrio entre la oferta y la demanda y el respeto a los derechos del arrendador, mal puede despojarse al inquilino de la posesión del inmueble, sin que existiera una sentencia definitiva que así lo ordene.

Empero, no significa esto que esté vedado para el arrendador desalojar al inquilino cuando éste incumple su contrato, lo que significa es que tal medida opera en el tiempo y de acuerdo a los mecanismos expresamente previstos en la ley.

A tal efecto dictada la sentencia definitiva que ordene la desocupación del inquilino, por el Tribunal de la causa, el cual se encuentra facultado para ordenar el secuestro del inmueble, Admitir lo contrario sería atentar en contra de todos los principios generales que han regulado esta especial materia, y Así Formalmente se Decide.-

En tal sentido siendo una medida preventiva causada en la Ley y por cuanto este Juzgador considera que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, es por lo que No acuerda la solicitud formulada por la parte actora en el presente procedimiento, sin que esta decisión constituya en ningún sentido pre-juzgamiento sobre el fondo de la controversia.

En atención a lo expresado anteriormente, este Tribunal Primero de los Municipios Maturín, Aguasay, S.B. y E.Z. de laC.J. delE.M. en nombre de República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; Niega el Decreto a la Providencia cautelar requerida y Así se Decide.

Dado firmado y sellado en la sala del Despacho Tribunal Primero de los Municipios Maturín, Aguasay, S.B. y E.Z. de laC.J. delE.M. a los treinta (30) días de mes de Julio del año 2010.- Años 200° de la independencia y 151° de la Federación.

EL JUEZ TITULAR:

Abg. L.R. FARIAS GARCIA

LA SECRETARIA TEMPORAL:

Abg. M.E.A.G..-

En la misma fecha, siendo las Tres y Veinte (08:45 AM.), se publicó la anterior sentencia Interlocutoria.

LA SECRETARIA TEMPORAL

Abg. M.E.A.G..-

Expediente N°: ( 10.522)

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