Sentencia nº 594 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Junio de 2014

Fecha de Resolución: 3 de Junio de 2014
Emisor:Sala Constitucional
Número de Expediente:14-0140
Ponente:Luisa Estella Morales Lamuño

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: L.E.M.L.

Expediente N° 14-0140

El 11 de febrero de 2014, la abogada M.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.095, actuando en representación del ciudadano W.F.M.V., titular de la cédula de identidad N° 4.853.777, presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida contra la decisión dictada el 10 de enero de 2014, por la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal.

El 13 de febrero de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Por diligencias del 17 de febrero de 2014, 21 de febrero de 2014 y 26 de febrero de 2014, la representación judicial de la parte accionante solicitó pronunciamiento en la presente causa y consignó anexos.

El 31 de marzo de 2014, la representación judicial de la parte actora presentó escrito, en el cual señaló lo siguiente: “(…) RATIFICO EN TODA (sic) Y CADA UNA DE SUS PARTES LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INCOADA Y SOLICITO SU ADMISIÓN. PARTICIPO A ESTA DIGNA CORTE CONSTITUCIONAL, QUE HA SURGIDO OTRA INHIBICIÓN EN LA CAUSA PRINCIPAL QUE LLEVARÍA EL TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL Y MEDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA AMC (sic), CON EL EXPEDIENTE N° AP01S-2011-8310, CUYAS COPIAS SOLICITÉ Y NO PROVEEN, CONCULCANDO Y CERCENANDO EL DEBIDO PROCESO, PRESUMO PARA PROTEGER A UNA FUNCIONARIA ACTIVA DEL PODER JUDICIAL QUE NO LE ASISTE LA RAZÓN (…). CONSIGNO COPIA SIMPLE DE UNA CERTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD DE LA CIUDADANA J.C.A. (…), SIENDO QUE AHORA LA IDENTIFICAN COMO YAMILETH ARAUJO, TITULAR DE LA CÉDULA N° 10.481.537. NO EXPRESA ASÍ LA PARTIDA ANEXA Y/O ADEMÁS EXISTE LA CÉDULA N° 11.164.950 DE UNA PRESUNTA HERMANA DEL MISMO NOMBRE Y APELLIDO, POR LO QUE SOLICITO CON SUMA URGENCIA SE OFICIE AL SAIME, PARA QUE REMITA LA IDENTIFICACIÓN PLENA Y COMPAREN CÉDULAS, (sic) IDENTIFICACIONES DE ESTA CIUDADANA Y HERMANA (…). SOLICITO A ESTA SALA CONSTITUCIONAL QUE EXPRESAMENTE INDIQUE CUÁNTO ES EL LAPSO DE DURACIÓN DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA, EL ALCANCE Y CONSECUENCIAS (…) CUANDO HAY SOBRESEIMIENTO FISCAL Y JUDICIAL COMOEN (sic) ESTE CASO (…). PRONUNCIARSE DEL COMO SE RESTITUYEN PROPIEDADES A (sic) LEGÍTIMO DUEÑO, CUANDO UNA DENUNCIANTE USA EL INMUEBLE, DISPONE LIBREMENTE, METE PERSONAS COSAS Y OBJETOS, SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO LEGÍTIMO QUE FUE INJUSTAMENTE DESPOJADO, TIROTEADO, LE FALSIFICAN FIRMA, LO DENUNCIAN FALSAMENTE EN LOPNNA (sic) Y VIOLENCIA (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

El 14 de abril de 2014, la representación judicial de la parte actora presentó escrito en el cual ratificó la acción de amparo ejercida y señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) INFORMO QUE POR EL DELITO DE LESIONES INTENCIONALES DE FECHA 04-09-2014 (sic) POR LAS CUALES HA SIDO ACUSADA PENALMENTE LA FUNCIONARIA (…), EL JUEZ DEL TRIBUNAL 23 ITINERANTE, ABG. R.A.P.G., LA ABSUELVE (…), LA CORTE DE APELACIONES SALA 8, REVOCA LA ABSOLUTORIA Y ORDENA NUEVO JUICIO Y (…) LA JUEZ 12 DE JUICIO DEL AMC (sic) (…) DECIDE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA EL DÍA 03-04-2014, DECISIÓN DONDE SOLICITÉ OIR LAS GRABACIONES, APELÉ. NO HE TENIDO ACCESO AL EXPEDIENTE Y APELÉ SIN LEER. SE DESCONOCE SI HA HABIDO PUBLICACIÓN DEL FALLO (…) DEBIDO QUE NO HA HABIDO DESPACHO (…) Y CONSIDERANDO QUE NO EXISTE (…) UNA OFICINA PARA LA ATENCIÓN A ABOGADOS Y URDD (…), Y NO D.C.D. DILIGENCIAS POR EL SISTEMA, QUE NO ESTÁ ACTUALIZADO, OCURRO PARA QUE SE ANEXE ESTAS SITUACIONES A LAS ANTES INDICADAS, SE EJERZAN LOS CORRECTIVOS DE LEY, PORQUE NO HAY DEBIDO PROCESO, SOLICITO SE CORRIJA Y SE PONGA COTO AL ABUSO DE CONFIANZA, DE AUTORIDAD Y PODER QUE OSTENTA LA DENUNCIANTE COMO FUNCIONARIA ACTIVA DEL PODE JUDICIAL. RATIFICO LA SOLICITUD QUE SE PRONUNCIE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOBRE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS AL INVESTIGADO DESDE EL 28-09-2011 (…)” (Mayúsculas y subrayado de la parte accionante).

Por diligencia del 14 de mayo de 2014, la representación judicial de la parte actora ratificó los pedimentos y precisó lo siguiente: “(…) CONSIGNO LA TERCERA DENUNCIA FORMULADA POR LA FALSA DENUNCIANTE FUNCIONARIA DEL PODER JUDICIAL J.C.A.R., ANTE LA FISCALÍA 131 DEL AMC (sic), QUE FUE DESESTIMADA POR NO REVESTIR CARÁCTER PENAL (…). CONSIGNO DECISIÓN DE LA JUEZ SEXTO DE CONTROL DE VIOLENCIA DEL AMC (sic) (…) QUE ACUERDA NOTIFICAR A LAS PARTES Y A LA SUPUESTA VÍCTIMA PARA QUE INTRODUZCA ACUSACIÓN PARTICULAR PROPIA (…). (…) EN VIRTUD QUE LA FUNCIONARIA DEL PODER JUDICIAL J.C.A.R., TIENE SIETE CAUSAS EN TRIBUNALES PENALES DONDE TRABAJA, HAY EXPEDIENTES DESAPARECIDOS Y EVIDENCIAS DEL SICARIATO SUFRIDO POR MI MANDANTE, OFICIE A LA COORDINACIÓN GENERAL DISCIPLINARIA JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA PARA QUE AL VERIFICAR POR EL SISTEMA JURIS 2000 LAS VARIAS CAUSAS QUE TIENE LA FUNCIONARIA LA SUSPENDAN O DESTITUYAN PORQUE OBSTRUYE LA JUSTICIA (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El 11 de febrero de 2014, la abogada M.M., en representación del ciudadano W.F.M.V., presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional en los siguientes términos:

Que “(…) ocurro a fin de intentar acción de amparo constitucional contra sentencia de fecha 10-01-2014, proferida por la Única Corte de Apelaciones en Materia de Violencia (sic) del Área Metropolitana de Caracas (…) POR VULNERAR EL DEBIDO PROCESO, POR TÁCTICAS DILATORIAS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, MAL MANEJO DEL EXPEDIENTE, ABUSO DE PODER Y DE AUTORIDAD, ARBITRARIEDADES, DESVIACIÓN DE PODER, INCURRIR EN DESORDEN PROCESAL EN EL TRÁMITE DEL ASUNTO, ORDENAR ACTOS QUE LESIONAN DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, NO HAY TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, HAY DISCRIMINACIÓN, NO HASY (sic) TRATO IGUALITARIO, DAN TRATO DISCRIMINATORIO Y DESIGUAL A LAS PARTES, VIOLAN LA CERTEZA JURÍDICA, LA SEGURIDAD JURÍDICA, RETARDO PROCESAL, POR CASO QUE DATA DEL AÑO 2011 POR FALSA DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA ACTIVA DEL PODER JUDICIAL QUE FUE SOBRESEIDO FISCAL Y JUDICIALMENTE Y LA CORTE COMO AGRAVIANTE PRETENDE VULNERAR Y CONCULCAR LOS DERECVHOS (sic) Y GARANTÍAS DEL INVESTIGADO QUE NO SOLO FUE AGREDIDO FÍSICAMENTE POR LA DENUNCIANTE EL 04-09-2011, FUE TIROTEADO POR SICARIOS EL 04-10-2011, LE DESPOJAN EL INMUEBLE POR MEDIDAS IMPUESTAS CESADAS Y DESACATADAS POR LA DENUNCIANTE QUER (sic) METIO (sic) A SU AMANTE AL INMUEBLE DESDE EL SICARIATO 04-10-2011 A LA PRESENTE FECHA, Y LE FALSIFICAN LA FIRMA PARA DENUNCIARLO Y DEMANDARLO FALSAMENTE Y EN FECHA 07-02-2014, UN TRIBUNAL EMITE UN PRONUNCIAMIENTO QUE EVIDENCIA QUE LA DENUNCIANTE NO ES CONCUBINA DEL INVESTIGADO COMO FALSAMENTE ALEGO (sic) PARA VINCULARSE CON UN TERCERO, SIENDO CASADA Y CON AMANTE PLENAMENTE IDENTIFICADOS AMBOS EN CASOS LLEVADOS POR FISCALÍA, DE SICARIATO, AGRESIONES Y FRAUDES DOCUMENTALES” (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).

Que “(…) LA DENUNCIANTE J.C.A.R. (…), AL SER DENUNCIADA POR VIOLENCIA DOMÉSTICA POR EL INVESTIGADO ANTE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LIBERTADOR EL DÍA 04-05-2011, PORQUE VENÍA GOLPEÁNDOLO A DIARIO, BOTANDOLO (sic) DE SU CASA, RECIBIENDO AMENAZAS DEMUERTE (sic) DE ESTA FUNCIONARIA QUE LE REPETICA (sic) TU SABES ADONDE (sic) TRABAJO, CON UNA LLAMADA TE MANDO PRESO, A TI TE VIENEN SORPRESITAS, ESTONO (sic) ES NADA PARA LO QUE TE VIENE, MIS HIJAS SI (sic) SON DE OTRO HOMBRE, SI (sic) VOY A METER A OTRO HOMBRE EN EL INMUEBLE Y ASÍ LO HIZO HASTA HOY. EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA DENUNCIADA (…) SE NEGÓ A FIRMAR CAUCIÓN Y ALEGA FALSAMENTE QUE ERA PARA REPARTIR BIENES CONCUBINARIOS SIENDO CASADA DESDE 1989 A (sic) HOY INCLUSO Y DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 77 DE LA CRBV (sic) Y 767 DEL CÓDIGO CIVIL, NO PUEDE SER RECONOCIDA CONCUBINA UNA MUJER CASADA Y EN EL JUICIO DESDE 2011 NO LO PROBÓ, Y COMO RETALIACIÓN PORQUE NO LOGRA OBJETIVOS, DA RESPUESTA Y LO DENUNCIÓ FALSAMENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA EL 09-05-2011 (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) DENUNCIO (sic) EL 24-05-2011, ANTE EL CONSEJO DE NIÑOS DE LIBERTADOR UNA FALSA DISCRIMINACIÓN DE SUS HIJAS PORQUE EL INVESTIGADO LE RECONOCIÓ A (sic) HIJAS Y ESTAN PENDIENTE JUICIOS DE IMPUGNACIÓN EN LOPNNA (sic) (…), ESPERANDO PRUEBA ADN-IVIC (sic) y TERMINAN SICÓLOGOS SUGERIÉNDOLE SIQUIATRIA A J.A. (…). COMO SU ACTITUD SE PUSO VIOLENTA PROGRESIVAMENTE EMPEZO (sic) A EMPUJAR, MALDECIR, A AMENAZAR, HACER PROHIBICIONES AL DUEÑO DEL INMUEBLE Y LE AMENAZA DE MUERTE Y EL INVESTIGADO TUVO QUE DENUNCIARLA ANTE EL CICPC (sic) EL DÍA 21-05-2011” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) NO HABIENDO TRATO, NI COMUNICACIÓN, NI RELACIÓN DE PAREJA CON EL INVESTIGADO, QUE SOLO LE RECONOCIÓ HIJAS (sic), PORQUE LEGALMENTE SU ESPOSO A.H. PEÑA ES EL PADRE DE SUS HIJAS, ES CASADA DESDE 1989 Y LO OCULTÓ; LAS ADN (sic) ESTAN PENDIENTES ANTE TRIBUNALES TERCERO DE JUICIO Y DÉCIMO DE MEDIACIÓN DE LOPNNAN (sic) (…) POR LO QUE ENTRE OTRAS SITUACIONES HAY VARIAS DENUNCIAS QUE FUERON DESPROPORCIONÁNDOSE PORQUE SE DESCONOCÍA QUE LA FUNCIONARIA ACTIVA DEL PODER JUDICIAL, ERA HERMANA DE UNA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEL MISMO NOMBRE Y APELLIDO, PAREJA DE UN ALTO EXFUNCIONARIO DE FISCALÍA, QUE FUE REMOVIDA DEL CARGO EN EL AÑO 2012 (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) SU RELACIÓN PÚBLICA Y NOTORIA CON EDWUART E.G.M., QUE ENTRA AHORA DE MADRUGADA Y SALE IGUAL PARA NO SER VISTO, ES LA PERSONA QUE AHORA VIVE EN EL INMUEBLE DEL INVESTIGADO, PORQUE MUCHOS FUNCIONARIOS COMPAÑEROS DE LA DENUNCIANTE SE HAN PRESTADO PARA AYUDARLE INDEBIDAMENTE (…)” (Mayúsculas y negrilla de la parte accionante).

Que “(…) J.A.R. (…) LA IMPUTAN Y ACUSAN PENALMENTE HASTA HOY SIN MEDIDAS CAUTELARES PORQUE TIENE PRIVILEGIOS. LA CORTE DE APELACIONES NO REVISÓ, NI LEE ESTO Y EN LA GRABACIÓN EN CDS (sic) DE FECHAS 26-08-2011 DE AMENAZAS, OFENSAS QUE CURSAN EN TODOS LOS PROCESOS LOS CDS FUERON PROMOVIDOS POR FISCALÍA Y TIENE EXPERTICIA DEL CICPC. POR LO QUE ESTA SITUACIÓN DEBE RESTABLECERSE PORQUE SON LAS AUTORIDADES QUE HAN PERMITIDO EL USO Y ABUSO DE PODER DE UNA ASISTENTE DE TRIBUNALES (…), HABIENDO DOS INHIBICIONES UNO DE LA JUEZ 22 DE JUICIO (…) Y LA INHIBICIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE VIOLENCIA DE LA JUEZ PRESIDENTE (…), SITUACIÓN QUE CONFIGURA EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EL RETARDO PROCESAL Y ESTE CAMBIO SÚBITO QUE HA PRODUCIDO LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA DE FECHA 10-01-2014, QUE ORDENA NUEVO JUICIO Y OBJETA LA MOTIVA DE UNA SENTENCIA DESPUÉS DE PASADOS TODOS LOS LAPSOS PROCESALES CON LA FINALIDAD OBVIA DE RETARDAR Y FAVORECER A LA FALSA DENUNCIANTE (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) LA SENTENCIA DEL 10-01-2014 DE LA CORTE DE APELACIONES AGRAVIANTE (…) NO EXISTE ILACIÓN, NI LÓGICA, QUE (sic) IMPUGNO Y SOLICITO SE REVOQUE POR CONTRARIO IMPERIO. (…) DEBE DECRETARSE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LA CORTE DE APELACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DESPUÉS DE LA DECISIÓN DEL 19-06-2012, QUE SOBRESEE FISCAL Y JUDICIALMENTE EL TRIBUNAL 4 DE CONTROL DE VIOLENCIA (sic). NO SE DA CUENTA LA CORTE DE APELACIONES QUE ME FALSIFICAN LA FIRMA, ME NOTIFICAN AL BUFETE DE LA CONTRAPARTE, AMIGO DE LA JUEZ PRESIDENTE (…), LE MUTILAN EL ESCRITO A LA FISCALÍA 143 DEL AMC (sic), QUE SE OPONE A LA APELACIÓN INFUNDADA DE LA (…) DENUNCIANTE INVENTANDO (sic) EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA MATERIA NO DENUNCIADO Y NO ENCAJA PORQUE LA DENUNCIANTE ES MAYOR DE EDAD Y NO ES ENAJENADA MENTAL (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) SE REFUTA E IMPUGNA Y SOLICITA A TODO EVENTO REVISAR LOS EXÁMENES SICOLÓGICOS, SI PRETENDEN HACERLOS VALER, Y QUE SEA UN SIQUIATRA FORENSE DEL CICPC QUE PRACTIQUE (sic) EVALUACIONES, PORQUE LA PRESUNTA VÍCTIMA NO FUE NI A TRATAMIENTO SICOLÓGICOS NI A CONTROLES PORQUE YA TENÍA SU OBJETIVO QUE ES EL INMUEBLE Y MANTENER LEJOS AL INVESTIGADO PARA VIVIR CON SU CONCUBINO EN EL INMUEBLE AJENO, INCLUSO HASTA EL DÍA DE HOY 11-02-2014, DE MADRUGADA ENTRA Y SALE DEL INMUEBLE EL AMANTE DE LA FALSA DENUNCIANTE (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).

Que “(…) NO SE JUSTIFICA LEGALMENTE, HABIÉNDOLE INFORMADO Y CONSIGNADO COPIAS DEL SICARIATO (…) LOS CONTINUOS PROCEDIMIENTOS QUE SE HAN VIVIDO PARA DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DEL INVESTIGADO, QUE LA DENUNCIANTE LO INCLUYO (sic) COMO CONCUBINO SIN SU AUTORIZACIÓN, EN LA DEM (sic), Y HUBO QUE CONSIGNAR COPIA DE SU ACTA DE MATRIMONIO PORQUE ESTÁ CASADA CON OTRO CIUDADANO Y ASÍ FUE QUE EXCLUYERON AL INVESTIGADO, PORQUE ES A LA FUERZA QUE QUIERE DEMOSTRAR QUE TIENE VÍNCULO CON UN EXTRAÑO PARA DESPOJARLO DE TODO (…). MUCHOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS CON ESTA CIUDADANA QUE LA HAN AYUDADO, EXPONIÉNDOSE A DENUNCIAS ANTE LA DEM Y NO LES IMPORTA NADA, LO QUE PUEDE CONFIGURAR UN TERRORISMO FISCAL Y JUDICIAL EN OTROS CASOS, PORQUE AQUÍ LA FISCALÍA ACTUÓ CORRECTAMENTE Y EL TRIBUNAL DE CONTROL QUE SOBRESEEN (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) LE FALSIFICÓ LA FIRMA A MI MANDANTE PARA DEMANDARLO COMO CONCUBINO Y HAY COTEJO DEL CICPC QUE SI NO SE DENUNCIA NO SE DESCUBRE; HAY CDS (sic) GRABADOS DONDE LA DENUNCIANTE DESCONOCE LA PATERNIDAD DEL INVESTIGADO Y SUS HIJAS (…) PERO TIENE QUE MANTENERLAS (…) HASTA QUE SE EVIDENCIA (sic) LA (sic) ADN. LA DENUNCIANTE CON SUS AMIGOS DE LOPNNA (sic) HAN OBSTRUIDO LA PRUEBA, AL EXTREMO QUE SE ORDENE REPETIR ADN (sic) (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) COMO LA CORTE, CON VISTA A LO ANTERIOR Y SIN COMPROBAR QUE ME FALSIFICAN LA FIRMA, ME NOTIFICA AL BUFETE DE LA CONTRAPARTE; LE MUTILAN EL ESCRITO A LA FISCALÍA 143 DEL AMC (sic); INSISTE EN MODIFICAR LESIVAMENTE UNA DECISIÓN QUE DEBIÓ SER EL SOBRESEIMIENTO FIRME Y DEFINITIVO DE LA CAUSA A FAVOR DEL INVESTIGADO (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) CUANDO LA FISCALÍA 143 DEL AMC (sic) Y EL TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL (…) SOBRESEEN (…) LA DENUNCIANTE, VIOLENTA, PENDENCIERA Y PELIGROSA (…) EL DÍA 28-09-2011, COMPARECE CON FALSEDADES ANTE LA FISCALÍA Y SE ORDENAN MEDIDAS, PREVISTAS EN EL ARRTÍCULO (sic) 87 DE LA LEY (sic) NO SOLICITADAS FORMAL Y JUDICIALMENTE, COMO EL APOSTAMIENTO POLICIAL Y QUE PASARON SIN ANALIZARLAS, Y VIOLAN EL DEBIDO PROCESO Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA V.L.D.V. (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) TODOS LOS SICÓLOGOS REFLEJAN QUE NO EXISTE LESIÓN ALGUNA, SOLO LA PRETENSIÓN DE LA CIUDADANA J.A.R.D. DESPOJARLE EL INMUEBLE, Y CON LA ASESORÍA RECIBIDA QUE INFLUYE PARA QUE ESTO SUCEDA Y SE PRODUZCA EL DESORDEN PROCESAL; CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO, BUENAS COSTUMBRES, SE HA RELAJADO LA MORAL, CERCENADO Y VIOLADO LOS DERECHOS AL INVESTIGADO, POR LA FALSA DENUNCIANTE (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) SE PRETENDE HACER VALER UN EXAMEN PRACTICADO QUE FUE DESESTIMADO POR EVIDENCIAR QUE NO EXISTE NINGUNA LESIÓN (…). CÓMO DESPUÉS DE DOS AÑOS LA CORTE VA A VALORAR PARA RETROTRAER EL PROCESO A UN NUEVO JUICIO Y EN EL MISMO TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL. (…) EL EXAMEN SICOLÓGICO ESTÁ VICIADO DE NULIDAD ABSOLUTA AL PRETENDER USARLO A ESTAS ALTURAS, CUANDO LA PRUEBA SE CONTRADICE CON DICHOS DE LA DENUNCIANTE, QUE MIENTE (…). ES INCONGRUENTE VALORAR EN SENTIDO CONTRARIO UNA PRUEBA QUE FUE ANALIZADA Y NO ARROJÓ NINGUNA LESIÓN NI DAÑO (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) LA DECISIÓN PROFERIDA POR EL TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO DE LOPNNA (sic) DEL AMC (sic) (…) DECLARA SIN LUGAR LA ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO ENTRE LA DENUNCIANTE Y EL INVESTIGADO (…). POR LO QUE SI EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CONSIDERA, LE SOLICITO ORDENE PRUEBA SIQUIÁTRICA A J.A.R. (…). ESTÁ ACTUALMENTE ACUSADA, FUE IMPUTADA Y ACUSADA POR LESIONES INTENCIONALES POR TRES FISCALES DE DELITOS COMUNES (…), Y NO CONFORME CON ESTO, DECIDE ACABAR CON LA VIDA DEL INVESTIGADO, QUE FUE TIROTEADO POR SICARIOS EL DÍA 04-11-2011 (…), CASO QUE CURSA ANTE EL TRIBUNAL 23 DE CONTROL DEL AMC (sic) (…), PORQUE RESULTÓ QUE LA FISCALÍA 21 A NIVEL NACIONAL POR AMISTAD CON LA DENUNCIANTE Y SU HERMANA EX FISCAL, BAJO LOS CONCEPTO DE ARCHIVO, SOBRESEIMIENTO, DESISTIMIENTO DE DENUNCIA, TAPA O INTENTA TAPAR ILÍCITOS GRAVES DE UNA FUNCIONARIA DEL PODER JUDICIAL, CUYAS CAUSAS AUN SIGUEN, LO QUE EVIDENCIA QUE TIENE CONDUCTA PREDELICTUAL, PELIGROSA Y VIOLENTA (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) SOLICITO QUE EL ACTO CONCLUSIVO DEBE RATIFICAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO ANTE OTRO JUEZ DE CONTROL (…), YA QUE EL SOBRESEIMIENTO DE FECHA 19-06-2012 ES LEGAL, AJUSTADO A DERECHO. QUE CESE (sic) MEDIDAS IMPUESTAS AL INVESTIGADO QUE NO PUEDE ACERCARSE NI A SU PROPIEDAD, QUE PAGA HIPOTECA AUN, PERO ESTÁ BAJO AMENAZAS DE LA DENUNCIANTE (…) Y SIGUEN LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE DEBEN TERMINAR (…) EN ATENCIÓN A LOS ARTÍCULOS 334 Y 26 CONSTITUCIONAL (…). SOLICITO QUE SE REVOQUEN TODAS LAS ACTUACIONES DESPUÉS (sic) DEL 19-06-2012 (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).

Que “(…) OTRO VICIO DEL PROCEDIMIENTO QUE DENUNCIÉ EN LA CORTE Y ANTE LA FISCALÍA ES QUE EN FECHA 04-07-2012, ME FALSIFICAN LA FIRMA PARA EMPLAZARME (…), POR LO CUAL SE INHIBE LA PRESIDENTA DE LA CORTE Y UNA JUEZ PONENTE (…) AVALA CON AUTO (sic) RESOLUCIÓN N° 319-12 DE FECHA 18-09-2012 (…). DEBE REVOCARSE DE PLENO DERECHO ESTA IRREGULARIDAD (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) SOLICITO SE REVOQUE EL OFICIO N° AMC-01-136-5535-11 DE FECHA 28-09-2011, QUE REFLEJA MEDIODAS (sic) IMPUESTAS NO SOLICITADAS AL JUEZ DE LA CAUSA COMO EL APOSTAMIENTO POLICIAL (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL 10-01-2014, ACUDÍ A LA CORTE DE APELACIONES Y CONSIGNÉ UN ESCRITO FECHADO 22-01-2014, SOLICITANDO ACLARATORIA DE LA SENTENCIA, CÓMPUTO, COPIAS CERTIFICADAS, Y EL DÍA 29-01-2014, LA SECRETARIA ME DEVOLVIÓ EL ORIGINAL Y COPIA DE LA DILIGENCIA (…) SIN PROVEER, SIN CUMPLIR NINGUNA FORMALIDAD (…) PORQUE ESE DÍA SALÍA PARA EL TRIBUNAL CUARTO EL CASO Y DÍAS DESPUÉS ME ENTERÉ QUE NO FUE ASÍ (…), POR LO CUAL OCURRÍ A LA INSPECTORÍA DE TRIBUNALES PENALES DEM (sic) CRUZ VERDE, EL DÍA 04-02-2014 Y FIJÓ UN LAPSO PRUDENCIAL DE TRES DÍAS PARA LOCALIZAR EL EXPEDIENTE, SITUACIÓN QUE TAMBIÉN DENUNCIO PORQUE ATENTA CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (…), NO DAN INFORMACIÓN FIDEDIGNA, NO DAN ACCESO AL EXPEDIENTE (…) COLOCANDO EN INDEFENSIÓN AL IMPUTADO (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) LA ABOG. DIURKIN B.L., DEL BUFETE DEL ABOG. O.B.P., AMIGO DE LA JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELAICNES (sic) (…), FALTANDO AL (sic) RESPETO A LAS PARTES Y AL DEBIDO PROCESO, APELÓ E INVENTÓ FUNDAMENTAR SU APELACIÓN POR (sic) EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE VIOLENCIA, QUE NO ENCAJA, PORQUE ES APLICABLE A MENORES DE EDAD (…)” (Mayúsculas, negrilla y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) SOLICITO JUSTICIA, QUE SE RESTABLEZCA LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA, QUE SE REVOQUE LA DECISIÓN DEL 10-01-2014, DE LA ÚNICA CORTE DE APELACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA; QUE SE RESTITUYA EL BIEN INMUEBLE AL INVESTIGADO Y SE ORDENE EL DESALOJO DE J.A.R. Y SU AMANTE, DEL INMUEBLE AJENO. QUE SE ORDENE PROCESAR PENALMENTE A LA FALSA DENUNCIANTE POR SIMULAR HECHO PUNIBLE, PORQUE HA BUSCADO PROVECHO PERSONAL COMO FUNCIONARIA PÚBLICA JUDICIAL (…), A TENOR DE LOS ARTÍCULOS 67 Y 71 DE LA CONTRA LA CORRUPCIÓN (…). SI EL EXPEDIENTE NO APARECE (…), SOLICITO SU RECONSTRUCCIÓN, PORQUE TAMBIÉN ESTÁ DESAPARECIDO EL EXPEDIENTE, QUE DEBIÓ LLEGAR DE FISCALÍA AL TRIBUNAL 28 DE CONTROL POR FRAUDES DOCUMENTALES CONTRA J.A.R., QUE DECLARAN SOBRESEIDAS CAUSAS POR PRESCRIPCIÓN (…)” (Mayúsculas, negrilla y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) SOLICITO AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SOLICITE AL SISTEMA IURIS 2000 DE LOS TRIBUNALES PENALES DEL AMC (sic) EL RESUMEN DE LAS CAUSAS CONTRA ESTA FUNCIONARIA DONDE MUCHOS JUECES INADMITEN ACUSACIONES PRIVADAS PARA AYUDAR A J.A.R. Y SE HAN INTRODUCIDO NUEVAMENTE PARA EVITAR PRESCRIPCIÓN DE CAUSAS, COLOCANDO EN INDEFENSIÓN A LA REAL VÍCTIMA (…). LA DENUNCIANTE HA CONVENCIDO QUE PROCREO (sic) HIJAS CON EL INVESTIGADO Y CURSAN JUICIOS POR ADN PORQUE (sic) ES FALSO DE TODA FALSEDADA Y ASÍ SE EVIDENCIARÁ COMO EL JUICIO DE CONCUBINATO QUE LO DECLARAN SIN LUGAR Y LA CONDENAN EN COSTAS EL DÍA 07-02-2014 (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) ES EVIDENTE LA INCONGRUENCIA, LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA, EL RETARDO PROCESAL, EL INDEBIDO PROCESO, EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS, LA CONCULCACIÓN DE TODOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS EN EL PROCESO, CON FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, MUTILACIÓN DEL ESCRITO FISCAL, NO NOTIFICAR AL DOMICILIO PROCESAL, NO HAY TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, HAY NUEVA PERSEGUCIÓN (sic) DE UN CASO QUE ESTÁ SOBRESEIDO, PRESCRITO, POR FALSA DENUNCIA, POR ESO SE FUNDAMENTA TRAMITAR AMPARO CONTRA SENTENCIA POR VICIOS PROCEDIMIENTALES, POR DESORDEN PROCESAL, QUE VIOLA EL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).

Que “(…) ESTA ACCIÓN DEBE PROSPERAR PORQUE UN TRIBUNAL DE INFERIOR CATERGORIA NO VA A CORREGIR LOS DEFECTOS O VICIOS DE LA CORTE DE APELACIONES (…), Y ASÍ DEBE VALORARLO EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN CADA UNA DE SUS PARTES, PORQUE SE INFRINGE EL ORDEN PROCESAL, LA SENTENCIA ES INMOTIVADA, LA CORTE NO HA PERMITIDO EL ACCESO AL EXPEDIENTE NI A INFORMACIÓN, Y A LA FECHA SE DESCONOCE SI LA INSPECTORÍA DE TRIBUNALES UBICÓ EL EXPEDIENTE (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).

Que “(…) SOLICITO SE PROVEA ESTE AMPARO CONTRA EL RETARDO PROCESAL Y CONDUCTAS OMISIVAS DE JUECES PARA DECIDIR LOS ASUNTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. SOLICITO SE DECLARE CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTA Y QUE SE ANULE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA (…). SE IDENTIFICAN PLENAMENTE LAS AGRAVIANTES QUE SON LAS JUECES ACTUANTES EN ESTE PROCEDIMIENTO: DRAS. R.M.T., N.A., C.M., OTILIA DELGADO CAUFMAN Y F.C.G. (….)” (Mayúsculas de la parte accionante).

Que “(…) SOLICITO AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SOLICITE EL EXPEDIENTE COMPLETO SIGNADO CON EL NÚMERO CA-1370-12-CVM DE LA ÚNICA CORTE DE APELACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA AMC (sic) Y/O AP01-S-2011-008310 ANTE EL TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL DE VIOLENCIA AMC (sic), EN EL SUPUESTO QUE LA INSPECTORÍA DE TRIBUNALES LO LOCALICE EN CUALQUIERA DE ESTOS TRIBUNALES (…). A TODO EVENTO PROMUEVO COPIAS CERTIFICADAS Y COPIAS SIMPLES POR LA NEGATIVA A CERTIFICAR EN VARIAS OPORTUNIDADES (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

II

DEL FALLO ACCIONADO

El 10 de enero de 2014, Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, dictó sentencia en los términos siguientes:

(…) mediante Resolución Judicial N° 319-12 de fecha 18 de septiembre de 2012, fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Diurkim Daniuska B.L. (…), contra la decisión dictada el 19 de junio de 2012, mediante la cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de los Tribunales de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa N° 01-DPDM-F143-AMC-0017-2012, seguida al ciudadano W.F.M.V. (…), por la presunta comisión del delito de Violencia psicológica previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., fijándose audiencia conforme las previsiones del artículo 111 eiúsdem (sic).

En fecha 20 de diciembre de 2012, se efectuó la respectiva audiencia; no obstante, la ciudadana R.M.T., Jueza Integrante- Presidenta, al tener conocimiento de ser el ciudadano O.B.P. uno de los apoderados judiciales de la víctima, advirtió a los presentes la necesaria interrupción del acto y su consecuente inhibición, la cual plantea en la misma fecha con fundamento en el artículo 89.4 del Código Orgánico Procesal Penal; siendo admitida en fecha 28 de enero de 2013 y declarada con lugar el día 01 de febrero de 2013; en este sentido, el 07 de mayo de 2013, la ciudadana jueza C.J.M.B. acepta la convocatoria para integrar la Sala Accidental y conocer del correspondiente asunto, constituyéndose con las juezas naturales, ciudadanas N.A.A. y O.D.C.. Al efecto, en fecha 08 de julio de 2013, se realizó la audiencia en los términos del artículo 111 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; pronunciándose esta instancia revisora de la manera siguiente:

Argumenta la apelante que el Ministerio Público al momento de dictar el respectivo acto conclusivo; en el caso concreto, el sobreseimiento a favor del presunto agresor, obvió por completo el resultado del examen psicológico practicado a su representada, quedando desprotegida y desamparada y más aún cuando el tribunal de la causa declaro (sic) con lugar la petición fiscal, ordenando a su vez el cese de las medidas de protección y seguridad que pesaban en contra del presunto agresor; haciendo referencia que éste a partir del momento de la interposición de la denuncia, se ha dado a la tarea de denunciar a su representada ante diferentes organismos, causándole no solo un daño emocional sino psicológico, siendo de manera acosada por el presunto agresor y su hermana M.M., quien es su representante legal; advirtiendo que hasta el momento de la interposición del recurso la decisión recurrida no se encontraba trascrita en su totalidad.

Analizado el recurso de apelación interpuesto y demás actuaciones que conforman el Asunto, se evidencia que efectivamente en fecha 05 de marzo de 2012, la representación Fiscal Centésima Cuadragésima Tercera (143°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia para la Defensa de la Mujer, solicito (sic) ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano W.F.M.V., de conformidad con lo previsto en el entonces articulo (sic) 318 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, por el delito de Violencia Psicológica, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., objeto (sic) del proceso no se realizó, por considerar que la ciudadana J.C.A.R., no presentó daño psíquico alguno como consecuencia de los hechos por ésta afirmados en su denuncia, por lo que a fines de demostrar la responsabilidad penal del presunto agresor en la comisión del delito de Violencia psicológica es imperante y necesario la obtención de una prueba cierta y objetiva que permita demostrar que efectivamente se ha cometido una lesión de tipo psíquica de unos hechos que configura tal delito y que esos hechos puedan fundadamente ser atribuidos al presunto agresor de la presente causa; y en este sentido las resultas recabadas en la investigación no permiten establecer la ocurrencia de delito de Violencia Psicológica, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. y menos aun circunstancias que pudieran comprometer la responsabilidad y culpabilidad sobre la persona del denunciado.

Al respecto, en fecha 19 de junio de 2012 se efectúa audiencia conforme al entonces artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, aceptando la Jueza Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en delitos contra la Mujer de este Circuito Judicial, el escrito interpuesto por el Ministerio Público contentivo de la solicitud de sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el articulo (sic) 318 numeral 1 eiusdem en virtud de no existir nexo causal entre el hecho denunciado y el resultado, decretando como consecuencia el cese de todas las medidas de protección y cautelares que se hayan dictado durante el proceso en contra del ciudadano W.F.M.V..

Cabe resaltar que el sobreseimiento tiene como efectos poner término al procedimiento y con autoridad de cosa juzgada, e impide que por el mismo hecho se produzca una nueva persecución penal contra el imputado o acusado, cesando cualquier medida de coerción dictada con ocasión del proceso y la cualidad de imputado, es por ello que se hace necesario citar a la tipología referente a la causa sobreseída contenida en los artículos 15 numeral 1 y 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.:

Se considerarán formas de violencia de género en contra de las mujeres: ‘Violencia psicológica: Es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descredito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio…’.

‘Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensa, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses…’.

De las normas trascritas, se infiere inequívocamente que para perfeccionar el delito de Violencia psicológica se requiere que la conducta, el comportamiento inadecuado del presunto agresor ‘conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio…’ atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer; y en este sentido la juzgadora independientemente de la observación de la apelante en cuanto no estar trascrita en su totalidad dicha decisión (Resolución) la misma en el acta anexa a los folios 177-182 de la Pieza II, no justificó de manera convincente su sentencia; si no de una manera extensa, prolija si, con suficiente razonamiento judicial conforme la naturaleza del caso; en otros términos, la recurrida no fundamentó las premisas descritas en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sentencia N° 1115 de fecha 6 de junio de 2004, publicada en la página web de dicho ente el 10 de junio de 2004, estableció que ningún acto que contravenga la Constitución, los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República podrá servir de fundamento de una decisión judicial, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado, y en el presente caso, la instancia revisora ha detectado la violación al orden público, en cuanto no explicar la juzgadora en qué consistían los parámetros del fundamento legal acogido para su decisión, incurriendo en inmotivación del fallo, por lo que resulta imperioso declarar conforme las previsiones de los artículos 174 y 175 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad absoluta de la decisión apelada por la ciudadana Diurkim Daniuska B.L., apoderada judicial de la ciudadana J.C.A.R. (…).

(…) por las razones que anteceden, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer y en Materia de Reenvío en lo Penal del Circuito Judicial Penal con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley: UNICO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Diurkim Daniuska B.L. (…), contra la decisión dictada el 19 de junio de 2012, mediante la cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial de los Tribunales de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa N° 01-DPDM-F143-AMC-0017-2012, seguida al ciudadano W.F.M.V. (…), por la presunta comisión del delito de Violencia psicológica previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., por consecuencia, remítanse las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer a fin de distribuirlo al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del mismo Circuito, para realizar nueva audiencia, en el entendido que la Jueza actual, no es la recurrida (…)

(Subrayado del texto original).

III

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa que de conformidad con el criterio de competencia establecido en esta materia, en la sentencia N° 1/2000, a esta Sala le corresponde conocer de las acciones de Amparo que se intenten contra decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República -salvo los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las C.d.A. en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, de acuerdo con lo establecido en el citado fallo.

Por su parte, el artículo 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece la competencia de la Sala Constitucional para “conocer las demandas de Amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”.

Ahora bien, dado que la presente acción de Amparo se ejerce contra la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, esta Sala Constitucional considera que es competente para conocer de la misma. Así se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez asumida la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo de autos fue interpuesta contra la decisión dictada el 10 de enero de 2014, por la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado el 19 de junio de 2012, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia contra la Mujer de dicho Circuito Judicial, que decretó el sobreseimiento en la causa penal seguida contra el hoy accionante, ciudadano W.F.M.V., por la presunta comisión del delito de violencia psicológica contra la ciudadana J.C.A. y, en consecuencia, acordó remitir las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer a fin de distribuirlo para realizar nueva audiencia.

Luego, del análisis de la pretensión de tutela constitucional, esta Sala considera que la misma cumple con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en cuanto a la admisibilidad a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 eiusdem, así como las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en las mismas, el presente amparo resulta admisible.

Ahora bien, es preciso recordar que el amparo contra actos u omisiones judiciales, constituye un mecanismo procesal de impugnación, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. Así, en ella se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:

Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva

.

Del análisis del artículo transcrito, esta Sala ha afirmado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); y, aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación directa de un derecho constitucional, lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal. Ello, con el objeto de evitar que sean interpuestas acciones de amparo para intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme, salvaguardando así la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

No obstante lo anterior, en atención a los principios de celeridad y economía procesal y en beneficio de los justiciables, esta Sala procede a realizar un estudio previo del mérito de la acción y, al efecto, observa lo siguiente:

La ciudadana J.A.R., inició una causa penal contra el hoy accionante, ciudadano W.F.M.V., por la presunta comisión del delito de violencia psicológica, siendo la causa conocida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que mediante decisión del 19 de junio de 2012, decretó el sobreseimiento.

En virtud de ello, la representación judicial de dicha ciudadana, interpuso recurso de apelación, que fue conocido por la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, la cual mediante el fallo dictado el 10 de enero de 2014 -objeto del presente amparo-, declaró con lugar la apelación, remitiendo la causa al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia contra la Mujer, a fin de realizar una nueva audiencia, “en el entendido que la jueza actual, no es la recurrida”.

Asimismo, se observa que en dicha decisión, se estimó que el fallo del a quo “(…) no justificó de manera convincente su sentencia (…), en otros términos, la recurrida no fundamentó las premisas descritas en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.”, considerando que de esta manera incurrió en el vicio de inmotivación, por lo que se declaró la nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, se advierte que el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o imputada o acusado o acusada a favor de quien se hubiere declarado, salo lo dispuesto en el artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas

.

En este contexto, debe recordarse que no pueden ser objeto de revisión en sede constitucional los criterios de juzgamiento utilizados por los órganos judiciales al decidir los asuntos de su competencia ni los supuestos errores en que pudieran haber incurrido al ejercer su función jurisdiccional, si éstos no violan de manera directa el goce y ejercicio pleno de un derecho o garantía constitucional (Vid. Sentencias de la Sala Nros. 1.864/2006 1.939/2007).

En tal sentido, esta Sala en sentencia Nº 2.723 del 4 de noviembre de 2002 (caso: “Jesús Arturo Bracho Olivero”), señaló lo siguiente: “(…) pero si la incorrecta aplicación de la norma o los errores en su interpretación, al igual que las respectivas valoraciones de las pruebas que realice el juez de la causa, no inciden en la eficacia de un derecho o garantía constitucional, no constituyen, entonces, una infracción constitucional ya que es del ámbito del juzgamiento de los jueces corregir los errores que puedan producir nulidades. Sostener lo contrario implica la intención llana de acceder a una nueva instancia judicial o administrativa, o de sustituir los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses; mas no la reafirmación de los valores constitucionales, que es lo que busca la pretensión de amparo (…)”.

Por ello, al Juez constitucional le corresponde tutelar todas aquellas actuaciones omisiones que menoscaben los derechos fundamentales, pero no le compete examinar la aplicación o interpretación del derecho ordinario por parte de los jueces, salvo que ello constituya una violación directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, advierte esta Sala que la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, actuando conforme a las facultades que le atribuye el Código Orgánico Procesal Penal, declaró con lugar la apelación interpuesta, con fundamento en la falta de motivación del fallo del Juzgado de Control, Audiencias y Medidas, al estimar que el mismo no precisó “en qué consistían los parámetros del fundamento legal acogido”, en virtud de lo cual lo anuló y acordó la celebración de una nueva audiencia, lo cual a juicio de esta Sala resultó procedente, ya que decretada la nulidad de la decisión por falta de fundamentación, la consecuencia procesal es que un Tribunal de Control celebre una nueva audiencia y se pronuncie de nuevo respecto a la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público, tomando en cuenta las exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, respecto a que todo fallo debe ser fundado, considerando además en el ámbito respectivo las jurisprudencias emanadas de este Tribunal Supremo de Justicia, relativas a la motivación de las sentencias como exigencia constitucional (Vid. Sentencia de la Sala N° 721/2010).

Por otra parte, respecto al alegato de la parte accionante referido a que le falsificaron su firma al momento de emplazarlo, debe esta Sala señalar que de las actas cursantes en los autos no se desprende que dicha denuncia haya sido presentada por ante la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, previo y durante la celebración de la audiencia de apelación (a pesar de que la parte estuvo presente en la audiencia); sólo cursa en el expediente (Vid. Folios 175 y 176) un Informe de la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, referido a otra Investigación Fiscal (N° 01F32-297-11), sin que precise el quejoso, la relación de la misma con la presente causa.

Asimismo, se advierte del escrito libelar que la parte accionante denuncia la falta de pronunciamiento con respecto a la solicitud de aclaratoria presentada respecto del fallo accionado, y que a su decir, fue devuelta el original y copia de dicha diligencia, bajo el alegato de que “(…) ESE DÍA SALÍA PARA EL TRIBUNAL CUARTO EL CASO Y DÍAS DESPUÉS ME ENTERÉ QUE NO FUE ASÍ (…), POR LO CUAL OCURRÍ A LA INSPECTORÍA DE TRIBUNALES PENALES DEM (sic) CRUZ VERDE, EL DÍA 04-02-2014 Y FIJÓ UN LAPSO PRUDENCIAL DE TRES DÍAS PARA LOCALIZAR EL EXPEDIENTE, SITUACIÓN QUE TAMBIÉN DENUNCIO PORQUE ATENTA CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (…), NO DAN INFORMACIÓN FIDEDIGNA, NO DAN ACCESO AL EXPEDIENTE (…) COLOCANDO EN INDEFENSIÓN AL IMPUTADO (…)”.

Al respecto, advierte esta Sala que de las actas cursantes en el expediente no riela elemento alguno del cual pueda desprenderse que el quejoso acudió a la Inspectoría de Tribunales a fin de denunciar la presunta falta de localización del expediente, ante lo cual tampoco queda evidencia de que acudió a solicitar aclaratoria del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, pues la única copia consignada en la que se hace referencia a dicha solicitud (Vid. Vuelto del Folio 28), fue sobrescrita por la apoderada judicial de la parte.

Respecto a las denuncias del accionante referidas a “(…) TÁCTICAS DILATORIAS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, MAL MANEJO DEL EXPEDIENTE, ABUSO DE PODER Y DE AUTORIDAD, ARBITRARIEDADES, DESVIACIÓN DE PODER, INCURRIR EN DESORDEN PROCESAL EN EL TRÁMITE DEL ASUNTO, ORDENAR ACTOS QUE LESIONAN DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, NO HAY TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, HAY DISCRIMINACIÓN, NO HASY (sic) TRATO IGUALITARIO, DAN TRATO DISCRIMINATORIO Y DESIGUAL A LAS PARTES (…), RETARDO PROCESAL, POR CASO QUE DATA DEL AÑO 2011 (…)”, debe esta Sala señalar que en el escrito libelar, la parte accionante no expresó, y ni siquiera puede deducirse de su pretensión, la forma a través de la cual, a su decir, la Corte de Apelaciones, presunta agraviante, se extralimitó en las atribuciones que le otorga la ley, generando la consecuente violación de los derechos constitucionales denunciados, ya que de los alegatos expuestos, respecto a los hechos de los cuales trata de colegir la violación constitucional, lo que se desprende es que los mismos están dirigidos a evidenciar el presunto error del órgano jurisdiccional al no confirmar el sobreseimiento en la causa penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violencia psicológica.

De allí que, esta Sala pudo constatar, de los alegatos expuestos por el accionante en el escrito contentivo de su pretensión, que la misma va dirigida a plantear su inconformidad con un fallo que le resultó adverso, atacando la apreciación realizada por la Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal, que le llevó a estimar que el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia contra la Mujer de dicho Circuito Judicial, se encontraba inmotivado, lo cual forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio de la resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales (Vid. Sentencia de la Sala N° 3.278/2003).

Como corolario de lo anterior, la Sala considera que no concurren en el presente caso los requisitos de procedencia de la acción de amparo, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por tanto, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, es deber de esta Sala declarar improcedente in limine litis la presente acción de amparo constitucional. Así se declara.

No obstante lo anterior, se desprende del expediente que el 26 de agosto de 2011, el C.d.P. del Niño y del Adolescente del Municipio Libertador (Vid. Folios 116 al 120), dictó medidas de protección a favor de la niña y la adolescente, cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el sentido de declarar a los ciudadanos “(…) J.A. y W.M. (…), titular de la cédula de identidad Nro. V-10.481.537 y V-4.853.777 (…), responsables de la integridad física, mental, así como de garantizarle la defensa y garantía de los derechos a sus hijas (…)”, instándolos “(…) a no involucrar a sus hijas en los conflictos de pareja, así como de evitar discusiones, agresiones verbales, que atenten contra la integridad física, mental o psíquica de sus hijas, pues las pruebas psicológicas aplicadas a sus hijas ante este órgano administrativo evidencian en ambas, rasgos de angustia y ansiedad, reflejando una familia disfuncional debido a los problemas personales entre los padres (…)”, por lo que esta Sala exhorta al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que al momento de emitir nuevo pronunciamiento, valore tal situación y, en definitiva, se llegue a la materialización de una solución del conflicto familiar planteado, en protección del interés superior de la niña y la adolescente. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada M.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.095, actuando en representación del ciudadano W.F.M.V., titular de la cédula de identidad N° 4.853.777, contra la decisión dictada el 10 de enero de 2014, Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en materia de Reenvío en lo Penal.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 03 días del mes de junio de dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

G.M.G.A.

El Vicepresidente,

F.A.C.L.

Los Magistrados,

L.E.M.L.

Ponente

M.T. DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

A.D.J.D.R.

J.J.M. JOVER

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. Nº 14-0140

LEML/