Decisión nº J100758 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 15 de Mayo de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

Mérida, quince (15) de mayo de dos mil doce (2012)

202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL Nº LP21-O-2012-000014

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

-I-

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

ACCIONANTES: S.C.C.V., A.C.A.V., C.E.R.N., A.L.O. y ZALLI S.T.H.,,venezolanas titular de la cedula de identidad Nº 8.047.866, 11.222.404, 8.083.719, 4.932.015 y 8.035.407 en su orden, domiciliadas en la ciudad de Mérida, Capital del Estado Mérida

ABOGADO DE LA ACCIONANTE: ORANGEL BOGARIN, venezolano, titular de la cedula de identidad N° 3.899.897, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 60.946, domiciliada en Mérida, Estado Mérida.

ACCIONADA: ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO MERIDA Y PLANTEL JARDIN DE INFANCIA RURAL ESCOLAR.

MOTIVO: A.C.

-I-

FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE A.C.

Señala las presuntas agraviados en la persona de su abogado asistente que

…A partir del mes de Enero nos fue suspendido el pago correspondiente al BONO BOLIVARIANO, el cual veníamos disfrutando por cuanto nos corresponde por derecho, a pesar de que hemos hecho los correspondientes reclamos agotado todos las instancias dicho BONO no se nos ha restituido así como tampoco hemos obtenido respuesta alguna de ninguno de los entes competentes a quienes hemos acudido solicitando respuesta ante tal arbitrariedad, es así como esa ausencia de respuesta ha generado el silencio administrativo que ha sido consagrado como un mecanismo que posibilita al particular el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa en ausencia de decisión expresa por parte de la administración (Sentencia 415 del 28-03-2001. Ponente Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño)

Ahora bien en fecha 10-01-2012 entregamos por ante la Dirección del Plantel y no obtuvimos respuesta satisfactoria (Anexo “ A “ )

En fecha 25-01-2012, entregamos comunicación por ante la coordinación de Escuelas Bolivarianas Zona educativa N° 14 de Mérida y no obtuvimos respuesta (Anexo “ B”)

En fecha 16 de Enero del año 2012 entregamos comunicación por ante la Coordinación de Escuelas Bolivarianas del Ministerio del Poder Popular para la educación (Caracas9 y no obtuvimos respuesta (Anexo “ C “ )

En fecha Marzo de 2012 todas las agraviadas en escrito de manera conjunta entregamos comunicación por ante la oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la educación y no obtuvimos respuesta (Anexo “ D “ )

En fecha 01 de Marzo de año 2012 entregamos comunicación por ante la oficina de Coordinación del Bono Bolivariano del Ministerio del Poder Popular para la educación y no obtuvimos respuesta (Anexo “ E “ )

Como puede verse hemos agotado la vía administrativa quedándonos en total estado de indefensión al no obtener respuesta alguna estando obligados a ello todos los entes mencionados a los cuales nos hemos dirigido pues así lo determina el articulo (sic) 51 de la Constitución de la republica Bolivariana de Venezuela en Concordancia en el articulo (sic) 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De igual manera al “quitarnos “ o privarnos del Bono Bolivariano nos violan el articulo (SIC) 89 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

…omissis…

Todo ello a llevado a dejarnos en total estado de indefensión ante la ausencia de respuesta no quedándonos otra camino que acudir por ante esta instancia Tribunalicia. Pero además existe hostigamiento y acoso laboral por parte de la Directora del Plantel Jardín de Infancia Rural Escolar 021.

Ciudadano Juez de los lineamientos que rigen las relaciones laborales el Ministerio de Educación y los trabajadores de las Escuelas Bolivarianas se observa que el Bono Bolivariano se considera un complemento salarial acorde con lo previsto en el articulo (sic) 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, cancelado al personal docente que preste su servicio a las escuelas bolivarianas tal y como puede comprobarse por los talones de cheques que marcados con la letra “F” anexamos a este escrito, dicho Bono lo percibían las querellantes y posteriormente de manera ilegal les fue suspendido, así lo reza la jurisprudencia respectiva expediente 6773-07 emanado de lo Juzgado Superior Civil y Contenciosos Administrativo de la Circunscripción Judicial de la región Los andes sentencia de fecha 21 de Julio del año 2010, donde de igual manera en dicha sentencia se desprende que las bonificaciones recibidas por el trabajador por la prestación de servicios son consideradas como parte del salario.

…omissis…

Fundamentamos la acción de A.C. en los artículos 26,27, 46 ordinal 4, 51, 49 y 89 ordinales 1, 2, 3, 4 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, articulo (sic) 2 de la Ley orgánica de Procedimientos administrativos, en armonía con el artículo 133 de la Ley orgánica del Trabajo vigente, los artículos 1, 2, 5 y 9 de la Ley orgánica de A.s.d. y Garantías Constitucionales, en lo que respecta al derecho de tutela judicial efectiva y de la acción de amparo respectiva…

(Cursivas de este A--quo)

- II -

DE LA COMPETENCIA

Visto el planteamiento de la acción de A.C. formulada por los presuntos agraviado este operador de Justicia, considera necesario precisar lo siguiente: Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción autónoma de amparo, es necesario, a juicio de este Tribunal, determinar su competencia.

En materia de Amparo la determinación de la Competencia tiene como base el aspecto esencial de la materia afín con el derecho constitucional cuya violación se ha denunciado. En la identificación de la materia no basta tomar en cuenta la garantía o derecho constitucional que se dice violado o amenazado de violación, es necesario conocer los fundamentos de hecho en los cuales se basa la Acción de Amparo.

Este criterio de afinidad está consagrado en el Artículo 7 de la Ley de A.S.D. y Garantías Constitucionales, que dice lo siguiente:

Son competentes para conocer de la Acción de Amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerase incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

De conformidad con esta disposición los Tribunales competentes para conocer de la Acción de Amparo son los Tribunales de Primera Instancia con competencia afín con la naturaleza del derecho o garantías constitucionales violados o amenazados de violación. En el caso bajo estudio se infiere que la parte recurrente S.C.C.V., A.C.A.V., C.E.R.N., A.L.O. y ZALLI S.T.H., fundamenta su acción de Amparo en los Derechos Constitucionales consagrados en los Artículos 26, 27, 46.4, 49, y 89.1, 2, 3,4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, presuntamente por parte de la ciudadana: ODA NUÑEZ JEFA DE LA ZONA EDUCTIVA DEL ESTADO MÉRIDA. Así pues, prestando sus servicios los recurrentes como educadores correspondientes a LA ZONA EDUCTIVA DEL ESTADO MÉRIDA y, por otra parte la conducta que configura la presunta lesión en este caso, proviene de una autoridad perteneciente al Ministerio del Poder Popular Para la Educación, de manera que, por aplicación del criterio orgánico, el acto transgresor es imputable al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Poder Popular Para la Educación, siendo el mencionado ente jurídico perteneciente a la Administración Pública Nacional, resulta entonces sometida al control de la jurisdicción Contencioso Administrativo, conforme a la competencia residual que le confiere sentencia de la SALA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA que define transitoriamente “COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” de fecha 26 de octubre de 2.004 ponencia conjunta; y, siendo igualmente los derechos denunciados afines con la materia administrativa debemos concluir que la competencia para conocer de la presente acción de amparo lo es un órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En efecto, ha señalado la Jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa e igualmente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que la competencia de los Tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa para conocer de las acciones de amparo intentadas en forma autónoma, se determina en función del criterio de afinidad con los derechos cuya violación se alega y en razón del órgano del cual proviene el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los referidos derechos constitucionales, puesto que tal criterio define cuál es el Tribunal de Primera Instancia competente dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el la sentencia citada, el Tribunal competente para conocer en Primera Instancia en este caso lo es el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, DEL TRABAJO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES con sede en la ciudad de Barinas.

Sin embargo, este principio general de la competencia para conocer por la materia afín previsto en el Artículo 7, al cual ya hemos hecho referencia, tiene sus excepciones, siendo una de ellas la consagrada en el Artículo 9 de la misma Ley de A.S.D. y Garantías Constitucionales, que es cuando el derecho violatorio o lesivo ocurre en el lugar donde no funcione un Tribunal de Primera Instancia en la materia afín con el derecho violado, pues en atención a la disposición mencionada la solicitud se presentará ante cualquier Juez de la localidad y la decisión que se dicte será consultada en el término de 24 horas con el Tribunal de Primera Instancia competente.

En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia en el fallo dictado el 27 de octubre del 2.000 en sala Constitucional con ponencia del Dr. I.R.U.:

“...la acción de a.c. podrá ser interpuesta ante “cualquier Juez de la localidad” siempre y cuando la lesión denunciada se produzca “en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia”, nociones ésta sobre las cuales estima necesario este M.T. realizar las siguientes consideraciones.

Así, por lo que se refiere a la afirmación según la cual la lesión debe producirse en un lugar donde no funcionen “Tribunales de Primera Instancia”, la misma debe entenderse que se refiere a que no exista el tribunal que resulta competente de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, el cual, si bien en principio es precisamente un Tribunal de Primera Instancia -la identificación del Tribunal obedece a su denominación y no al grado en que conocen de la instancia- pueden encontrarse casos especiales en los cuales el Tribunal que resulta competente, resulte ser un Tribunal Superior...”

... Por otra parte, en torno a la otra noción prevista en tantas veces mencionado artículo 9 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, según la cual el amparo podrá interponerse ante “cualquier Juez de la localidad”, siempre y cuando la lesión denunciada se produzca en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, la misma debe ser entendida como cualquier Juez de la localidad pero que tenga un rango inferior a aquel que en principio deba conocer del amparo por cuanto a éste deberá remitírsele en consulta la sentencia que al respecto se dicte...” (cursiva del Tribunal).

Así pues, de conformidad con lo antes expuesto y en aplicación del dispositivo contenido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, este Juzgado asume el conocimiento de la presente Acción de Amparo. Y así se establece.

-III-

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROCEDENCIA O NO DEL PRESENTE RECURSO DE A.C.

En este estado, este operador de justicia considera realizar una serie de apreciaciones de orden legal y doctrinario sobre la acción de a.c., y especialmente sobre lo referente al amparo en materia laboral.

En tal sentido, debe acotarse que la Acción de Amparo, tiende a garantizar la protección de los derechos fundamentales que nuestra Constitución contempla y reconoce a todo ciudadano, a través de un p.e. que posee características peculiares y especiales que lo diferencia de otros recursos similares existentes. El nacimiento de este recurso extraordinario se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece textualmente que:

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de a.c. será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto

.

En materia de amparo ha sostenido la doctrina predominante, que el mismo se trata de un recurso extraordinario, autónomo y no subsidiario, con respecto a otro al cual se puede recurrir, aún existiendo otras vías ordinarias, pero no lo suficientemente idóneas o eficaces para lograr la protección de ese derecho o garantía constitucional infringida, o que se encuentre en inminente peligro de serlo con la debida urgencia que en esos casos se amerita. Específicamente, el A.L., es una acción que igualmente tiende a la protección tanto de los derechos fundamentales como de las garantías constitucionales establecidas a favor de los trabajadores, y más aún ampara de igual forma los no contemplados expresamente en nuestra Carta Magna.

En cuanto a el aspecto adjetivo o procesal, es entendido que las normas y procedimientos para la tramitación de la acción de a.l., son de orden público, en lo principal y en lo incidental, y su finalidad es subsanar de manera urgente y expedita las violaciones ocasionadas, en virtud de una relación de trabajo, para de esta manera, restaurar una situación jurídica lesionada y, consecuencialmente, reconocer al agraviado como titular de un derecho laboral constitucional que le había sido lesionado.

Con respecto a la naturaleza de la materia in comento, ésta es extraordinaria, porque cuando los medios procesales ordinarios estipulados a favor de los trabajadores o patronos son defectuosos o no aptos para evitar el daño, el A.L. es viable, sin embargo éste no puede ser recurrido sobre la interpretación y aplicación de convenios contractuales.

Ahora bien, considera este Sentenciador oportuno examinar, cuales elementos son necesarios para que proceda la admisión o no de la Acción de A.C.; y determina que para que la acción pueda ser admitida, es un requisito indispensable de parte del quejoso demostrar ante el Juez, los hechos ocurridos que dieron lugar, a la presunta violación de normas de rango constitucional por parte de los entes o personas a quienes se les atribuya tal infracción. En este sentido, siempre que al Juez se le consignen los documentos fundamentales de la acción y que de éstos pueda verdaderamente apreciarse la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales, es que podrá decidir de acuerdo a lo solicitado, admitir o declarar inadmisible la acción de A.C. intentada.

En este orden de ideas, analizada como ha sido por este Tribunal la Acción de A.C. incoada, se determina que los presuntos agraviados encuadra su solicitud, en que a

… partir del mes de Enero nos fue suspendido el pago correspondiente al BONO BOLIVARIANO, el cual veníamos disfrutando por cuanto nos corresponde por derecho, a pesar de que hemos hecho los correspondientes reclamos agotado todos las instancias dicho BONO no se nos ha restituido así como tampoco hemos obtenido respuesta alguna de ninguno de los entes competentes a quienes hemos acudido solicitando respuesta ante tal arbitrariedad, es así como esa ausencia de respuesta ha generado el silencio administrativo que ha sido consagrado como un mecanismo que posibilita al particular el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa en ausencia de decisión expresa por parte de la administración…

En todo caso, tienen los quejosos distintas vías incluso hasta nivel interno de la propia institución en aras de la solución de este tipo de problemas, independientemente del resultado obtenido, pero en ningún caso acudir a la vía de A.C..

En el presente caso, según los hechos narrados por los quejosos, éstos encuadran en el procedimiento contemplado en el Titulo III de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y Titulo VIII de la Ley del Estatuto de la Función Publica; es por ello que la vía judicial era otra y no la ejercida por los quejosos, ya que cabe recordar, por lo que los mismos debieron agotar antes la vía administrativa, y una vez agotada la vía administrativa. A la luz de este Juzgador, los presuntos agraviado debieron recurrir y agotar la vía ordinaria competente (bien sea administrativa o judicial), en virtud de que los hechos narrados por los quejosos no demuestran que hubo una violación directa, real y efectiva de las normas constitucionales invocadas.

Es de suma importancia indicar, la jurisprudencia establecida en Sentencia N° 1043 de la Sala Constitucional del 06 de Mayo de 2003, con ponencia del magistrado José Manuel Delgado Ocando, expediente N° 02-1639, ha establecido lo siguiente:

… Esta Sala, aun cuando estima pertinente la consideración hecha por dicho Juzgado Superior, según la cual la acción de a.c. ejercida contra decisiones judiciales, por mandato del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales es inadmisible si la parte actora opta por recurrir a las vías judiciales preexistentes, por el contrario, si se constata que el accionante dispuso de recursos ordinarios los cuales no empleó (cfr. Sentencia N° 2369 del 23 de noviembre de 2001, caso M.T.G.), constata que el fallo sometido a consulta no mencionó el recurso disponible del que los accionantes, no habrían hecho uso. Por ello la Sala, en resguardo del derecho a la defensa de los accionantes, consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juzga necesario mencionar la vía judicial no empleada por ellos que pudo haber restituido su situación jurídica presuntamente infringida, pues no basta mencionar genéricamente la preexistencia de un recurso en sede ordinaria con el objeto de declarar inadmisible una pretensión de a.c. contra un fallo judicial, de conformidad con el antedicho artículo 6.5, de la Ley Orgánica de Ampara sobre Derechos y Garantías Constitucionales sino que es necesario especificar el recurso en cuestión, so pena de incurrir en motivación deficiente del fallo

.

En virtud de la jurisprudencia antes señalada y tal como fue expuesto anteriormente, las accionantes a criterio de este Tribunal, tenían la oportunidad de ejercer otros mecanismos ordinarios de defensa previstos en la Ley, en este caso la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y Ley del Estatuto de la Función Pública, y sin embargo éstos no la ejercieron; circunstancia que impide el ejercicio de esta vía procesal breve cuando existan los medios ordinarios que permitan una eficaz protección de los derechos y garantías supuestamente lesionados.

Difícilmente puede plantearse una controversia, sin que salga a relucir el tema del carácter extraordinario que posee la acción de Amparo, ya que la misma como ha sido sostenido reiteradamente por la doctrina, debe ser intentada cuando ya no exista o se hayan agotado todos los recursos ordinarios existentes sin que haya habido restitución o restablecimiento del orden jurídico infringido.

Es importante mantener un sano equilibrio entre la institución que nos ocupa y el resto de los mecanismos judiciales legalmente previstos, ya que es vital para el sano funcionamiento de la administración de justicia.

Antes tales circunstancias, la presente acción de Amparo interpuesta resulta Inadmisible, ya que tramitarla implicaría convertir dicha acción constitucional en una simple vía ordinaria, utilizada contra aquellos actos en los cuales los quejosos se sientan presuntamente agraviado. Así se decide.

En los casos como en el caso bajo examen, el Juez constitucional puede desechar in limine litis una acción de A.C., cuando en su criterio no existan dudas de que se disponen de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión.

En virtud de lo anteriormente dicho, considera este Tribunal Constitucional oportuno señalar: La Sentencia emitida en fecha 20 de febrero de 2001 (Alimentos Delta, C.A.) que ratificó el criterio expuesto en sentencia de fecha 27 de julio de 2000 (caso Mercantiles Seguros Corporativos C.A., Agropecuaria Sefín S.A. y el ciudadano F.C.), se estableció:

…Para que el amparo proceda, es necesario que exista una infracción por acción u omisión a una norma constitucional, sea esta realizada mediante desconocimiento, mala praxis o errada interpretación de normas legales o sub legales, siempre que ella enerve el goce y ejercicio pleno de un derecho constitucional

.

En este mismo sentido, en Sentencia N° 1240 de la Sala Constitucional del 19 de Mayo de 2003, con ponencia del magistrado Antonio García García, expediente N° 02-1062, lo siguiente:

… Observa la Sala que la sentencia consultada declaró expresamente inadmisible in limine litis la acción propuesta cuando obviamente el pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de una acción de amparo, a la luz del examen del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, por ser realizado al inicio del proceso, es precisamente in limine litis, por lo cual no se hace necesario referirlo.

Diferente es el caso, cuando la Sala precisa la improcedencia in limine litis de la acción, pues por razones de economía y celeridad procesal, tal pronunciamiento que correspondería a la oportunidad procesal última del proceso, se adelanta al momento de la admisión cuando resulta evidente la ausencia de violaciones constitucionales; supuesto en el que se hace necesario utilizar el término para precisar que se ha realizado el examen de fondo, al inicio del proceso, sin oír a la otra parte

.

De igual manera en sentencia más reciente de fecha 09 de Octubre de 2003 de la Sala Constitucional sobre las declaraciones in limine litis en las decisiones la Sala hizo las siguientes reflexiones:

…En consecuencia, al poseer el accionante otra vía idónea ordinaria, para atacar la medida decretada, esta Sala considera que, la acción de amparo debió ser declarada inadmisible.

Debe expresar la Sala que, en la sentencia consultada, la Corte de Apelaciones erró al declarar improcedente in limine litis la acción de a.c..

Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in limine litis, en el sentido de que resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso iniciar ese procedimiento, puede declararse in limine litis la improcedencia de la acción; lo cual es distinto a la inadmisibilidad de la acción, que se configura cuando se da alguno de el supuesto establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, cuando no se cumple con alguno de los requisitos que prevé el artículo 18 ejusdem, o cualquier otro supuesto previsto expresamente por la referida ley.

Por lo que, la declaración in limine litis va dirigida únicamente a la improcedencia y en la oportunidad de la admisión, mientras la inadmisibilidad puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por obedecer a las causales de orden público, o a vicios esenciales.

En este sentido, se determina que la decisión objeto de la presente consulta debió ser declarada inadmisible por cuanto el caso de autos se subsume en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, razón por la cual, esta Sala constitucional confirma en los términos expuestos, la decisión dictada por la Corte de apelaciones del circuito Judicial Penal del Estado Vargas, ya que a pesar del yerro al haber declarado la improcedencia y no la inadmisibilidad, la motivación del fallo es congruente con el de la presente decisión, y así expresamente se decide

.

En atención a la jurisprudencia previamente señalada y constatado en autos que pudo haberse agotada la vía ordinaria correspondiente, que no han sido violadas de manera directa normas de orden constitucional, y en miras a salvaguardar el principio de celeridad y economía procesal debe este Tribunal declara Inadmisible in limine litis de la acción de a.c. propuesta. Así se establece.

-IV-

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL ESTADO MÉRIDA, actuando en sede constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

1. - INADMISIBLE la ACCION DE A.C. interpuesta por las ciudadanas S.C.C.V., A.C.A.V., C.E.R.N., A.L.O. y ZALLI S.T.H. en contra de la Zona Educativa del Estado Mérida y el Plantel Jardín de Infancia Rural Escolar 021.

2. - NO HAY CONDENATORIA en costas en virtud de la naturaleza del fallo dictado.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría.

Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Audiencias de este Tribunal Primero de Primera Instancia del Trabajo del Estado Mérida. Remítase en Consulta. el Original del Presente Expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de lo Contencioso Administrativo de la Región de los Andes con sede en la ciudad de Barinas. En Mérida, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años 203° de la Independencia y 153° de la Federación.

El Juez,

Abg. A.O.

La Secretaria,

Abg. Y.G.

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede siendo las tres y dos minutos de la tarde (3:02 p.m.)

Sria,

Abg. Y.G.