Decisión nº 765 de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 25 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución25 de Marzo de 2014
EmisorJuzgado Superior Agrario
PonenteIvan Ingnacio Bracho Gonzalez
ProcedimientoSolicitud De Medida De Proteccion

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCÓN.

I

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo (2°) del artículo 243 de la norma adjetiva, aplicable supletoriamente por remisión expresa del artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pasa éste Tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:

BENEFICIARIO DE LA MEDIDA: INDUSTRIAS DIANA C.A empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación según Decreto Presidencial No. 8.090 de fecha 01 de marzo de 2011, y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.626 de la misma fecha y debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. G-20009614-4

ABOGADO DEFENSOR: J.D.D.P., venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nro.91.231, en su orden, ambos domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

SUJETOS PASIVOS DE LA MEDIDA: CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE ATENTE CONTRA LA ACTIVIDAD AGRARIA DESPLEGADA POR EL FUNDO DENOMINADO “MONTE VERDE” UBICADO EN EL SECTOR KM 15, PARROQUIA EL MORALITO, MUNICIPIO COLON DEL ESTADO ZULIA.

MOTIVO: SOLICITUD DE MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA

EXPEDIENTE Nº 1081

Vista la solicitud de Medida Autónoma de Protección a la Actividad Agraria en atención al artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, éste Juzgado Superior Agrario antes de establecer los motivos de hecho y de derecho que lo conducirán a emitir su decisión en relación a la admisibilidad y procedencia de la misma, procede a continuación a señalar las partes y sus apoderados, así como la breve reseña de los antecedentes procesales:

II

BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES

En la presente causa, se evidencia que en fecha diecisiete (17) de marzo de 2014, fue propuesta ante este Juzgado Superior Agrario, solicitud de MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN, de conformidad con el articulo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, presentada por el Defensor Público Agrario Indígena No. 02 de la Extensión S.B.d.Z., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 91.231 actuando en representación del ciudadano C.N.E., ya identificado en su carácter de Coordinador de PALMERAS D.D.L., quien se encuentra en posesión del fundo denominado “MONTE VERDE” ubicada en el kilómetro 15, parroquia el Moralito, Municipio Colón del Estado Zulia, conformada por un área aproximada de cuatrocientas noventa y tres hectáreas con ocho mil setecientos quince metros cuadrados (493 HAS CON 8.715 m2) y comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Terrenos ocupados por Hacienda B.S.: Terrenos ocupados por el Fundo El Rhin y San José; Este: Caño y Terrenos ocupados por el fundo San José y Oeste: Carretera el Vigía S.B.. Alegando en su escrito de solicitud de medida cautelar lo siguiente:

…OMISSIS… Dado que en Materia Agraria, el Juez tiene el poder Cautelar Genérico, con fundamento a la Ley y puede dictar providencias, resoluciones, autos de cautela, conservativas o de garantías del proceso definitivo, sustancial y tendientes a la protección de los fines deque se ha expuesto, de conformidad con el artículo 588 Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, el Juez agrario, exista o no Juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción Agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización o ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para tolas autoridades públicas, en acatamiento del Principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, dicte como p.C., la protección a la Actividad agrícola y pecuaria que viene desarrollando la compañía “Industrias Diana”, oficiando lo conducente a los órganos competentes respectivos.

Evidentemente ciudadano Juez, que la medida aquí solicitada llena los extremos referidos al periculum in mora, el fumus bonis, iuris y el periculum in dami, puesto que respecto del primero es evidente existe el riesgo cierto de que quede ilusoria la ejecución del fallo dada la conducta desplegada por las personas que integran las cooperativas COMANDANTE PARA SIEMBRE RS Y REVOLUCIÓN BONITA RS; quienes resultan indiferentes al ordenamiento jurídico, donde cada día que pasa concretan más y más conductas y acciones que vinculados a la tardanza propia del proceso judicial, podrían afectar de manera definitiva los derechos y la ejecución de un eventual fallo que favorezca a la empresa..

Respecto al segundo requisito, consigno como medio de prueba o indico, la documental de donde se infiere el derecho sobre el referido lote de terreno a la empresa estatal “Industrias Diana” debidamente otorgado por el Instituto Nacional de Tierras, que consigno en copias fotostáticas. Respecto al tercer requisito, resulta a todas luces evidente, ciudadano Juez, el temor fundado de que los ocupantes ilegales en el devenir del tiempo pueden causar lesiones graves o de difícil reparación a esta empresa del estado, lo cual pueden materializar mediante la continuación o proliferación de RANCHOS, OCUPACIONES ILEGALES DE TERCEROS Y CONTINUACIÓN DE CERCAS Y DEFORESTACIONES o cualquier otra edificación y parcelamiento en el lote de terreno y la consecuente introducción de más personas al referido lote de terreno y que consecuencialmente no podrían ser separadas, lo cual lesionaría el derecho a la tutela judicial efectiva del solicitante.

Por tal motivo, solicito a este d.T. se sirva trasladarse y constituirse con la urgencia del caso, en el lote de terreno propiedad del Instituto Nacional de Tierras…

Omissis…

TERCERO

Una vez constatada la situación real en la que se encuentra el fundo “Monte verde”, solicito a este d.t. Decrete Medida de Protección a la Producción Agroalimentaria, a la Biodiversidad y al Ambiente sobre el referido lote de terreno.

Omissis…

Los solicitantes acompañaron la presente solicitud con los siguientes recaudos: 1) original del acta de requerimiento, por ante la Defensa Publica, 2) Copia simple del Contrato de Comodato celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS e INDUSTRIAS DIANA 3) Copia Simple del Plano de Mensura, 4) anexos fotográficos en 7 folios útiles; y 5) Relación de producción de leche, en treinta y tres (33) folios útiles, dirigida al Juez de este Tribunal.

En fecha veinte (20) de marzo de 2014, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, ordenando la formación del presente expediente, actuando conforme al criterio implementado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha nueve (09) de Mayo de 2006, Exp. 03-0839, con ponencia del Magistrado Dr. F.A.C.L., caso CERVECERIAS POLAR LOS CORTIJOS C.A, con el voto salvado del Magistrado Dr. J.E.C.R.. Asimismo y en lo que respecta a la inspección judicial solicitada en el Fundo MONTE VERDE”, suficientemente identificada, se dejo constancia que una vez aperturada la articulación probatoria establecida en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, habría pronunciamiento acerca de su procedencia o no:

III

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Todo Juez o Jueza Agrario a quien corresponda tomar una decisión en un controvertido o en un futuro conflicto, cuyo sustrato se encuentre regido por disposiciones de orden público, en particular, en materia agraria se encuentra obligado a reflexionar sobre determinadas cuestiones a saber:

Tal es la preocupación del legislador, de semejante aspecto de derecho material, que en la mencionada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el artículo 186 ejusdem, no es otra cosa que el Desarrollo Constitucional de la Garantía de Seguridad Alimentaría que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305, que dispone lo siguiente:

El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades publicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional

El objeto de estos articulados antes transcritos, es la pretensión cautelar, que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial.

Ahora bien, en el Procedimiento Cautelar Agrario se contempla la posibilidad de que el Juez o Jueza agrario pueda dictar oficiosamente MEDIDAS AUTÓNOMAS PROVISIONALES ORIENTADAS A PROTEGER EL INTERÉS COLECTIVO. Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables. ASÍ SE ESTABLECE.

Estas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. ASÍ SE ESTABLECE.

Como ya se ha señalado “supra” la anterior disposición legal va en plena armonía con lo previsto en el artículo 305 de la Carta Magna, cuando expresamente establece que la Seguridad Alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuarias, pesquera y acuícola. En este orden la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ. Se pronunció y es necesario traer a colación extractos de la sentencia que recayó en el expediente número 203-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), cuando declaró que es constitucional el artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (ahora, luego de su última reforma en fecha veintinueve (29) de julio del 2010, según Gaceta Oficial Nº 5.991, artículo 196) en donde textualmente estableció que:

…En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del juez o jueza agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada.

Efectivamente, siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaría, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso-administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad.

Con ello, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara…

.

A su vez se desprende, de esta sentencia del m.T. de la Republica, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario incrementa el poder cautelar general del juez y le establece al Juzgador una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el proceso, a los fines de proteger el interés colectivo, cuando advierta que está amenazada la continuidad del proceso agroalimentario o se ponen en peligro los recursos naturales renovables, SIN QUE EL OPERADOR DE JUSTICIA DEBA CEÑIRSE A REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD CAUTELAR, sino que es el análisis del juez el que le permite determinar, dentro del proceso, que puede decretar medidas autónomas, tomando en consideración la situación fáctica concreta para dictaminarlas, todo ello orientado a proteger los derechos del productor, los bienes agropecuarios, y en fin, el interés general de la actividad agraria. ASÍ SE ESTABLECE.

ii

Vista que la solicitud del ciudadano C.N.E., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.972.802, actuando como Coordinador General de PALMERAS D.D.L. formulada por medio del Defensor Público Agrario Indígena No. 02 de la Extensión S.B.d.E.Z., abogado J.D.D.P., INPREABOGADO bajo el No. 91.231; se fundamentó en el articulo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de acuerdo a su última reforma del veintinueve (29) de julio de 2010, referida a las Medidas Autónomas, en éste contexto, pasamos a reproducir parcialmente, jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se hace un análisis del artículo 207, actualmente 196 ejusdem:

(…) resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad.

Por tanto, siendo que la competencia contenida en el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solamente puede ser ejercida por el juez o jueza agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir esta Sala que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo.

En consecuencia de lo anterior, la norma circunscribe el poder preventivo a la adopción de medidas en cuatro supuestos específicos, para obtener dos resultados perfectamente delimitados, con lo cual debe desestimarse el argumento según el cual el artículo recurrido es una norma en blanco, que propugna la actuación arbitraria, pues no sólo se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez o jueza agrario a actuar en un determinado sentido, sino que además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que hizo referencia supra y así se declara.

Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre el artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem.

Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez o jueza agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual trasgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Sentencia Nº 962, del 09 de mayo de 2006, Caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A. y otros., Magistrado Ponente F.A.C.L.). (Subrayado Nuestro).

Del criterio jurisprudencial parcialmente descrito, en concomitancia con la norma en análisis, a juicio de éste Operador de Justicia Agrario, resulta concluyente que:

En primer lugar, la norma en comentario, confiere al Juez o Jueza Agrario como garante del mantenimiento de la Seguridad Agroalimentaria de la Nación, y del aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, principio y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, trasladados (artículo 1) y desarrollados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; un poder para acordar las medidas que estime pertinentes, en el entendido, que tal actuación del Juez o Jueza agrario se encuentra ciertamente delimitada por el texto normativo.

En segundo lugar, de la norma en comentario se desprenden: Cuales son las situaciones jurídicas objeto de las medidas, así: 1. “la interrupción de la producción agraria” y 2. “La preservación de los recursos naturales renovables”. Los supuestos de peligro que la medida está destinada a contrarrestar, como son: “se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción” y finalmente, los efectos jurídicos, que se traducen en el dictado de medidas pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción.

En tercer lugar, medida adoptada por el Juez o Jueza agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual trasgresión del principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley.

De ésta manera, advierte la jurisprudencia, que la medida a ser acordada comporta celeridad e inmediatez en su dictado, vale decir, una urgencia, que a nuestro juicio, su graduación esta implícita en las situaciones jurídicas a tutelar, asimismo, son decretadas inaudita parte, quedando el ejerció de la defensa a quien se vea afectado por la misma, a su oposición.

En sustentación con lo arriba señalado, compartimos la afirmación de M.G.S., que “existe una serie de situaciones fácticas en las que se conjuga la mayor dosis de urgencia y la necesidad de prevenir y asegurar derechos o libertades medulares, aquellos que registran reforzada protección constitucional: la vida, la salud, la calidad de ella (…) Las situaciones que plantean estas hipótesis registran la máxima tensión entre el valor eficacia y el valor igualdad de las partes. La balanza se inclina decididamente a favor del primero: la urgencia es extrema, la restricción del contradictorio es inevitable, la calidad de los derechos afectados es evidente y especialísima” (Medidas Autosatisfactivas: La Excepcionalidad de su procedencia. Aproximaciones para su caracterización. Particularidades de su Trámite, Buenos Aires: Argentina, p. 276).

Esta medida conlleva la necesidad de prevenir y asegurar el principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho ambiental, consagrados en nuestra Carta Magna, y vista su fundamental importancia, comportan una gran dosis de urgencia. Muestra de ello, pasamos a ilustrar acerca del principio de la Seguridad Agroalimentaria, así:

se trata de un cometido estatal el cual se debe lograr en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación, a la población venezolana

. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 1258 del 31 de julio de 2008).

Así, este principio se encuentra íntimamente unido al de la Soberanía y Seguridad Nacional, a derechos humanos de tercera generación tales como el Derecho al Desarrollo, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asimismo, al Derecho a la Alimentación que tiene cada ser Humano y que pertenece a la clasificación de los derechos humanos de segunda generación.

Importa destacar, que el Sistema Socio Económico de la República Bolivariana de Venezuela, se funda entre otros principios en justicia social, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la humanidad (Articulo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que precisamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución de parte de los mismo, implanta como su objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este, como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario…asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (artículo 1), y a tales fines la ley impone a los Jueces Agrarios el deber de velar por su resguardo, dotándolos de unos poderes para el dictado de las medidas que estime pertinentes en su amparo.

También señala la Jurisprudencia, que el procedimiento a aplicar es el previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, que a juicio de éste Órgano Jurisdiccional, si bien tiene una restricción del contradictorio, toda vez que no prevé una audiencia previa, ello, tiene lugar por la singularidad del bien jurídico tutelado, que resulta evidente y especialísimo, y que impone un pronunciamiento inmediato “urgente, para la inevitable frustración del derecho que habría de devenir si no se considera ya la tutela.

En cuarto lugar, no se refiere a una norma en blanco, que propugna una actuación arbitraria por parte del Juez o jueza agrario, toda vez que, se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez o jueza agrario a actuar en un determinado sentido, además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que se hizo referencia supra.

La expresión “debe dictar oficiosamente las medidas pertinentes”, a juicio de este Juzgador, son claros rasgos de consagración de poder discrecional. Y es precisamente, en el marco de estas potestades o poderes, que el Juez o jueza agrario cuando su prudencia lo aconseje, podrá fijar un límite temporal a la medida que dicte.

Se observa, que la discrecionalidad en el marco de esta norma, viene dada para interpretar razonablemente y de modo finalista, si se relacionan los presupuestos que la condicionan, principalmente por tratarse de la evaluación de situaciones que configuran conceptos amplios, jurídicamente indeterminados. Igualmente, se encuentra extendida esta discrecionalidad, a la selección de la medidas mas adecuadas –medidas pertinentes- para asegurar la tutela dispensable -evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables-, por lo que, el Juez o Jueza Agrario, podría dictar una medida distinta de la que se propone, o limitarla para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios a quien debe soportarla. Empero, esta discrecionalidad que implica apreciación subjetiva y cierta dosis de flexibilidad, bajo ningún concepto justifica la arbitrariedad, para ello, la decisión debe contener las razones en que sustenta la convicción suficiente del Juez.

En quinto lugar, el poder del Juez o Jueza Agrario para la adopción de la medida a objeto de “evitar la interrupción de la producción agraria” y “garantizar la preservación de los recursos naturales renovables”, que se traducen en resguardo de la seguridad agroalimentaria y el derecho ambiental, solo procede en cuatro supuestos específicos de peligro, a saber, “paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción”.

En sexto lugar, al expresar la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el Juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo (…). Por lo cual, nos encontramos con medidas que por la naturaleza del bien tutelado, son un fin en si mismo, se agotan con su dictado, toda vez que, no penden de la existencia de un procedimiento previo.

Vale señalar que, exista o no un juicio, el Juez o Jueza Agrario en resguardo de la situación jurídica tutelada por la norma, de oficio o a solicitud de instancia de parte, se encuentra en el “deber” de decretar la medida que estime pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. En el entendido, que la Ley impone al Juez o Jueza Agrario el deber de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, que constituyen principios y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

iii

En éste sentido, resulta cardinal destacar que para el Decreto de las Medidas Autónomas se hace necesario evaluar o hacer un exhaustivo análisis de los requisitos establecidos en el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil siendo estos la comprobación de del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (fumus boni iuris); y que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) es fundamental profundizar señalando, que sobre el (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva.

En cuanto al primero de los requisitos mencionados, esto es, el fumus boni iuris o la presunción grave del derecho que se pretende, su verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente que haya una apariencia de buen derecho, debido a que en el momento en que es acordada la tutela cautelar le está vedado al Juez prejuzgar sobre el fondo del asunto controvertido. En efecto, se trata de un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Con referencia al segundo de los requisitos, el periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Accesoriamente, el legislador exige al solicitante, la presentación de un medio de prueba que constituya presunción grave de tales supuestos, ello con la finalidad de proveer al Examinador de los elementos necesarios para obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado y así determinar la procedencia del decreto de la medida solicitada.

Sentado lo anterior, resulta necesario analizar si en el caso de autos la Medida Cautelar solicitada cumple con las condiciones legales que determinan su procedencia, por lo cual se hace forzoso ilustrar al foro por un lado, parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y la solicitante de la Medida de Protección Agraria, ésto es, Industrias Diana C.A. En tal sentido del estudio de las actas procesales y los medios probatorios consignados por la peticionante que, el contenido del referido de Contrato de Comodato entre el INTI y INDUSTRIAS DIANA C.A, resulta a todo evento, un Documento Administrativo, en el cual se observa que el Ente Funcionalmente de Derecho Público con competencia en materia Agraria, es decir, el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS hace entrega a la Compañía INDUSTRIAS DIANA el lote de terreno denominado “MONTE VERDE (HACIENDA SAN JOSÉ DE LA MENSURA, C.A)”, para la puesta en marcha del Proyecto de Desarrollo de un modelo Socialista Agroproductivo y estimular los nuevos procesos y estrategias como base del Desarrollo Agrario y los proyectos que consideren necesario para el fortalecimiento de la soberanía agroalimentaria, otorgándole sin lugar a dudas a este Juzgador una apreciación particular, como Documento Administrativo, ya que evidentemente ha sido emanado de un Ente Administrativo. A continuación se puede evidenciar del folio cinco (05) al folio diez (10) el enfatizado acuerdo entre ambas instituciones, debiendo advertir éste Examinador que se mostrará como cuestión significativa parte de su contenido:

“…Entre, el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), creado según Decreto No. 1.548 de fecha 09 de noviembre de 2011, publicado en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.323, de fecha 13 de noviembre de 2001 reformado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinariamente de fecha 29 de julio de 2010, representado por su Presidente encargado, el ciudadano Lic. JUAN CARLOS LOYO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio, titular d3e la cédula de identidad N° V-7.138.349, según designación que constan en Decreto N° 7.509 de fecha 22 de junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de la misma fecha, debidamente facultado para este acto; de conformidad con los artículo 2 y 126 ejusdem, “EL COMODANTE” por una parte y por la otra, la Compañía; “INDUSTRIAS DIANA C.A”, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación según Decreto Presidencial N° 8.90 de fecha 1 de marzo de 2011 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39. 626 de la misma fecha y debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° G -20009614-4, omissis… quien a los efectos de este acto se denominará “LA COMODATARIA”, se ha convenido a celebrar el presente Contrato de Comodato, el cual regirá las cláusulas siguientes:

OMISSIS….

PRIMERA

“EL COMODANTE”, da en comodato a “LA COMODATARIA” TRES (3) lotes de terrenos denominados …omissis…LOTE 2 “MONTE VERDE (HACIENDA SAN JOSÉ DE LA MENSURA, C.A” con una superficie de CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES HECTÁREAS CON OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS (493 Has con 8.715 m2) ubicado en el Municipio Colón, Parroquia Moralito, Sector Km. 15 del Estado Zulia, con los siguientes linderos NORTE: Terrenos ocupados por la Hacienda Bolívar, SUR: Terrenos ocupados por el fundo Rhin y Fundo San José; ESTE: Caño y Terrenos ocupados por el fundo San José; OESTE: Carretera el Vigía S.B.….”

Sin embargo, resulta elemental al mismo tiempo extraer parte de la delación expuesta por parte del Defensor Publico Agrario ante éste Tribunal Superior conjuntamente con la solicitud de Medida Autónoma, de fecha diecisiete (17) de marzo del presente año, y en la cual se evidencia los hechos que acontecen alrededor de esta, a quien aparentemente se le ha perturbado las actividades agrarias desplegadas en la misma, razón por la cual es incuestionable la solicitud de protección ante éste d.T.; así las cosas, se resalta de la delación propuesta textualmente lo siguiente:

(…)Evidentemente ciudadano Juez, que la medida aquí solicitada llena los extremos referidos al periculum in mora, el fumus bonis, iuris y el periculum in dami, puesto que respecto del primero es evidente existe el riesgo cierto de que quede ilusoria la ejecución del fallo dada la conducta desplegada por las personas que integran las cooperativas COMANDANTE PARA SIEMBRE RS Y REVOLUCIÓN BONITA RS; quienes resultan indiferentes al ordenamiento jurídico, donde cada día que pasa concretan más y más conductas y acciones que vinculados a la tardanza propia del proceso judicial, podrían afectar de manera definitiva los derechos y la ejecución de un eventual fallo que favorezca a la empresa..

Respecto al segundo requisito, consigno como medio de prueba o indico, la documental de donde se infiere el derecho sobre el referido lote de terreno a la empresa estatal “Industrias Diana” debidamente otorgado por el Instituto Nacional de Tierras, que consigno en copias fotostáticas. Respecto al tercer requisito, resulta a todas luces evidente, ciudadano Juez, el temor fundado de que los ocupantes ilegales en el devenir del tiempo pueden causar lesiones graves o de difícil reparación a esta empresa del estado, lo cual pueden materializar mediante la continuación o proliferación de RANCHOS, OCUPACIONES ILEGALES DE TERCEROS Y CONTINUACIÓN DE CERCAS Y DEFORESTACIONES o cualquier otra edificación y parcelamiento en el lote de terreno y la consecuente introducción de más personas al referido lote de terreno y que consecuencialmente no podrían ser separadas, lo cual lesionaría el derecho a la tutela judicial efectiva del solicitante.

(…)

Sobre la base de lo previamente esbozado se puede establecer como cuestión cardinal que es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario el instrumento jurídico normativo que incrementa el poder cautelar general del juez. Así, como se ha señalado según el mencionado y tan referido precepto legal 196, el Juez o Jueza Agrario se encuentra debidamente facultado y obligado por el ordenamiento jurídico a decretar habiendo o no juicio medidas pertinentes, (es decir que se adecuen al caso en concreto) destinadas asegurar la no interrupción de las actividad agraria o desarrollo rural, preservar los recursos naturales renovables, contentivas de ordenes que hagan cesar cualquier amenaza de peligro, daño, destrucción, paralización, ruina o desmejora de las mismas, buscando así el mantenimiento de la Seguridad Agroalimentaria de la República Bolivariana de Venezuela, la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. ASÍ SE ESTABLECE.

En consecuencia, habiendo observado y a.l.d. consignada por la peticionante a los efectos del decreto de una Medida de Protección y de demostrar los extremos que establece el ordenamiento jurídico, es imprescindible explanar que ciertamente, como arriba se mencionó de modo breve, la valoración conferida por éste Sentenciador al Contrato de Comodato entre el INTI e INDUSTRIAS DIANA C.A, es el de Documento Administrativo, motivo por el cual se hace indispensable traer a colación la sentencia dictada en fecha once (11) de julio de 2007 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, publicada en fecha doce (12) de julio de 2007, bajo el Nº 01257, expediente 2006-0694, al formular en el caso un obiter dictum, se dejó sentado lo siguiente:

“…En nuestro país, si bien la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no establece definición alguna de “expediente administrativo”, si regula esta figura, pudiendo resaltarse entre esa regulación, las disposiciones siguientes:

Artículo 31: De cada asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de éste y de la decisión respectiva, aunque deban intervenir en el procedimiento oficinas de distintos ministerios o institutos autónomos.

Artículo 32: Los documentos y expedientes administrativos deberán ser uniformes de modo que cada serie o tipo de ellos obedezca a iguales características. El administrado podrá adjuntar, en todo caso, al expediente, los escritos que estime necesarios para la aclaración del asunto.

Artículo 34: En el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en que estos fueron presentados. Sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada, el jefe de la oficina podrá modificar dicho orden, dejando constancia en el expediente.

La administración racionalizara sus sistemas y métodos de trabajo y vigilara su cumplimiento. A tales fines, adoptará las medidas y procedimientos más idóneos.

Artículo 51: Iniciado el procedimiento se procederá a abrir expediente en el cual se recogerá toda la tramitación a que de lugar el asunto.

De las comunicaciones entre las distintas autoridades, así como de las publicaciones y notificaciones que se realicen, se anexara copia al expediente

. (Negrillas de la Sala)

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, observa la Sala que el expediente administrativo puede definirse como el conjunto ordenado de todas las actuaciones realizadas en el decurso del procedimiento administrativo que le sirven de sustento a éste; es decir, el expediente es la materialización formal del procedimiento.

…omisis…

Del valor probatorio del expediente administrativo.

Respecto al valor probatorio del expediente administrativo, esta Sala ha establecido que:

Asimismo, pudo apreciarse que el Ministerio de Infraestructura no remitió el expediente administrativo que le fuera solicitado por este Tribunal mediante oficios números 2.329 y 1.780 de fechas 21 de septiembre y 24 de octubre de 2000, respectivamente.

El expediente administrativo está constituido por el conjunto de actuaciones previas que están dirigidas a formar la voluntad administrativa, y deviene en la prueba documental que sustenta la decisión de la Administración. Por tanto, sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante.

(…)

En este orden de ideas, ya la Sala ha establecido en anteriores fallos (sentencia No. 300 del 28 de mayo de 1998) que la especialidad del documento administrativo lo configura como una tercera categoría de prueba instrumental. En efecto, esta especial clase de documento escrito no puede asimilarse al documento público definido en el artículo 1.357 del Código Civil, pues no participa del carácter negocial que caracteriza a este último. Sin embargo, su carácter auténtico deviene del hecho de ser una declaración emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Así, conforme al criterio sostenido por la doctrina nacional mayoritaria, con el cual coincide esta Sala, el expediente administrativo (rectius: documento administrativo) se asemeja a los documentos privados reconocidos o tenidos por reconocidos (artículo 1.363 eiusdem), pero sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad. (Sentencia de esta Sala No. 00692 de fecha 21 de mayo de 2002) (Negrillas de la decisión)

Del fallo parcialmente transcrito, se desprende con meridiana claridad que las copias certificadas del expediente administrativo remitidas por el ente público que corresponda, constituyen una tercera categoría de prueba documental, asimilándose en lo que atañe a su valor probatorio a los instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, en los términos consagrados en el artículo 1.363 del Código Civil, toda vez que hacen fe del hecho material de las declaraciones en ellos contenidas, hasta prueba en contrario.

Sin perjuicio de lo expuesto, no debe confundirse el valor probatorio de las copias certificadas del expediente administrativo como una unidad íntegra, es decir, como un conjunto de actuaciones administrativas debidamente documentadas, con las actas que lo conforman individualmente consideradas, puesto que dichas actas poseen su valor probatorio propio según el tipo de documento que se trate.

Dentro de este contexto, por ejemplo, un instrumento público que haya sido agregado en copia certificada a un expediente administrativo no pierde su carácter de público y su fuerza probatoria por estar inserto dentro del expediente, ya que deberá ser valorado conforme lo disponen los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil. También pueden encontrarse dentro de un expediente administrativo elementos que no comportan el carácter de prueba instrumental.

Por lo tanto, esta Sala considera prudente precisar que el valor probatorio de las copias certificadas del expediente administrativo como instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, se refiere a la autenticidad que emana de la certificación efectuada por el funcionario público, de que los antecedentes administrativos remitidos al Tribunal son una copia fiel y exacta de su original, es decir, que ese conjunto ordenado de actas son el cúmulo de actuaciones previas dirigidas a formar la voluntad de la Administración, que el particular recurrente pretende que sea revisada en la jurisdicción contencioso –administrativa.

Las afirmaciones expuestas traen como consecuencia que la impugnación del expediente administrativo como un todo o alguna de las actas que lo conforman, debe referirse a la falta de adecuación entre las copias certificadas del expediente administrativo que constan en autos y las actuaciones que conformaron ese expediente administrativo, bien porque algún acta haya sido mutilada, sustraída, no conste en el expediente remitido o por cualquier otro motivo, para lo cual la parte impugnante deberá producir la prueba en contrario que demuestre la veracidad de sus alegaciones, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, en concordancia con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

…omisis…

Delimitado lo anterior, no puede esta Sala pasar por alto que de acuerdo con la persona que incorpore algún acta al expediente administrativo, se pueden dar tres supuestos, a saber: i) Los documentos emanados de los funcionarios públicos sustanciadores del procedimiento administrativo, en ejercicio de sus atribuciones legales, los cuales constituirán documentos administrativos; ii) Los documentos emanados de los particulares interesados en el procedimiento y; iii) Los documentos emanados de terceros, distintos a las partes involucradas, entendiendo como partes a la autoridad administrativa sustanciadora del expediente y a los legítimos interesados en el procedimiento; tales como informes emanados de organismos públicos o privados necesarios para la resolución de la controversia, en los términos consagrados en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos…

De la exégesis del criterio manejado por la Jurisprudencia Patria, es acertado revelar que en la presente causa, éste Órgano Jurisdicente evidencia que, indudablemente dicho Contrato de Comodato, no es un Documento Público, en consecuencia, éste Juzgador valora los mismos tal y como lo ha establecido la Sala, como un instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, teniéndose como indudable la existencia de perturbación según se desprende manifiestamente de la denuncia formulada por la actora a la actividad agraria desplegada por INDUSTRIAS DIANA C.A, en el lote de terreno denominado “MONTE VERDE”; por lo que además en base a lo mencionado conjuntamente con la precitada normativa y dado que éste Operador de Justicia debe velar por el interés general de la actividad agraria, resulta perceptible que se encuentran presentes los requisitos de procedibilidad para el decreto de la medida, ya que luego de haber constatado la realidad de los hechos y de que como fiel conocedor de la relevancia de la actividad agraria de interés nacional desplegada por INDUSTRIAS DIANA C.A en el Fundo MONTE VERDE”, vale decir que, se extreman los requisitos de ley para conceder la aludida Medida de Protección; así las cosas, el artículo 196 in comento ut supra, protege en forma directa, integral e inmediata, el bien en peligro, como es el derecho a la alimentación y a la bio-diversidad, lo cual justifica su carácter anticipativo. Su esencia es la actuación integral de los órganos jurisdiccionales en procura de restablecer una situación de daño a la colectividad, a través de una tutela preventiva, donde están involucrados intereses generales y razones de orden público, que fundamentan los poderes inquisitivos del juez agrario. ASÍ SE ESTABLECE.

Así las cosas, es forzoso expresar que los principios de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria envuelven el tema de la Alimentación, como derecho humano fundamental, así que mientras la Soberanía Alimentaria se centra en la producción de comida y en quienes de hecho trabajan la tierra, la Seguridad Alimentaria, implica garantizar que se produzca una cantidad adecuada de comida accesible a todas las personas, a diferencia de la Soberanía Alimentaria ya que la misma se enfoca en cuestiones como qué comida se produce, dónde se produce, cómo se produce y en qué escala, lo que hace denotar que ambas nociones nunca podrán estar apartadas y que al explorar un poco mas la referencia anterior, puede observarse que los componentes fundamentales de la Seguridad Alimentaria son: la disponibilidad, que es un tema relativo a la suficiencia de alimentos adecuados; el acceso, referido a la posibilidad física y económica de adquirir los alimentos en cantidad y calidad adecuada, y la calidad, precisamente como garantía nutricional de los alimentos e inocuidad. Y como corolario de ello, se deduce que, tanto la Seguridad como la Soberanía Agroalimentaria son los soportes jurídicos agrarios que indefectiblemente deben concurrir para establecer como lo expone el legislador las bases del desarrollo rural integral y sustentable, que le permita al sector agrario lograr un crecimiento verdaderamente importante que sea un impacto tangible para el desarrollo humano, económico, social y cultural de nuestro País.

Ocurre entonces que, la Cuestión Agroalimentaria en Venezuela a conducido a que el legislador venezolano preocupado y comprometido con el proyecto revolucionario, de lograr un Desarrollo Rural Sustentable, un Desarrollo Económico del Sector Agrícola y en fin, un Desarrollo Humano integral, construya apreciables instrumentos jurídicos, destinados a la protección y cumplimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaria como derechos sociales imprescindibles para la concreción de los mas altos f.d.E., se han creado algunas normas tales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria publicada en gaceta oficial extraordinaria Nº 5.889 del treinta y uno (31) de julio de 2008 según Decreto Nº 6.071 del catorce (14) de mayo de 2008 en el cual en su articulo 3 y articulo 5 respectivamente se definen los principios sociales de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la siguiente manera:

Articulo 3: “La Soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias especificas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizado el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población…”

Articulo 5: “La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el estado, en correspondencia con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento especial que garantiza el derecho a la alimentación…”

En efecto, de lo precedentemente esgrimido se desglosa que, consecuentemente el legislador patrio ha querido estimular la producción de alimentos en armonía con el plan nacional en materia alimentaria, entendiendo que el Derecho de Alimentos de las personas configura un derecho humano fundamental. Asimismo, que el Estado venezolano tiene la competencia (es decir no sólo la facultad sino la obligación) de definir sus propias políticas agrarias que permitan autoabastecerse fomentando el crecimiento de la economía en el sector rural y el desarrollo rural sustentable y sostenible.

Considerando entonces que el hambre es inaceptable en éste siglo, es por lo que insiste éste Órgano Jurisdiccional que en la presente causa, se vislumbran éstos principios o soportes sociales que en correspondencia a los preceptos jurídicos son derechos sociales, que la República Bolivariana de Venezuela conjuntamente con sus órganos y entes debe hacer cumplir, y que en aquellos casos en los cuales se pueda ver vulnerados, trasgredidos o lesionados, se ve obligado a garantizarlos mediante la aplicación de las medidas, correctivos y decisiones que de acuerdo a sus conocimientos, lógica, máximas de experiencia, y su hermenéutica jurídica considere pertinente para hacer cesar o evitar un daño real y efectivo a los derechos de la población, entre los que resaltan el derecho a la alimentación, a la salud, a un ambiente sano etc. por lo que, en virtud de los fundamentos previamente expuestos, éste Juez Superior Agrario a los fines de cuidar el cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y demás leyes o normativas jurídicas del ámbito Agrario y Ambiental que tengan relación con la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de la Nación, observa que la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es imperativa, en consecuencia obliga a éste Juzgador a declarar CON LUGAR la solicitud de MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA sobre la actividad desplegada por INDUSTRIAS DIANA C.A, en el Fundo denominado “MONTE VERDE”, ubicada en el kilómetro 15, parroquia el Moralito, Municipio Colón del Estado Zulia, conformada por un área aproximada de cuatrocientas noventa y tres hectáreas con ocho mil setecientos quince metros cuadrados (493 HAS CON 8.715 m2) y comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Terrenos ocupados por Hacienda B.S.: Terrenos ocupados por el Fundo El Rhin y San José; Este: Caño y Terrenos ocupados por el fundo San José y Oeste: Carretera el Vigía S.B.., representada legalmente por su Coordinador General C.N.E., ya identificado, debidamente asistido por el Defensor Público Agrario – Indígena No. 02 Extensión S.B.d.Z., abogado J.D.D.P., Inpreabogado No. 91.231, consistente en la ORDEN de ABSTENERSE todas las personas naturales y jurídicas a ejecutar cualquier acto que involucre la interrupción, desmejora, ruina o destrucción de la actividad agraria desplegada en el Fundo “MONTE VERDE”. ASÍ SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO

En virtud de lo anteriormente expuesto, éste Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Maracaibo y con competencia en el Estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara:

PRIMERO

CON LUGAR la solicitud de MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA sobre la actividad desplegada por INDUSTRIAS DIANA C.A, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación según Decreto Presidencial No. 8.090 de fecha 01 de marzo de 2011, y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.626 de la misma fecha y debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) BAJO EL No. G-20009614-4, sobre el Fundo denominado “MONTE VERDE”, ubicada en el kilómetro 15, parroquia el Moralito, Municipio Colón del Estado Zulia, conformada por un área aproximada de cuatrocientas noventa y tres hectáreas con ocho mil setecientos quince metros cuadrados (493 HAS CON 8.715 m2) y comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Terrenos ocupados por Hacienda B.S.: Terrenos ocupados por el Fundo El Rhin y San José; Este: Caño y Terrenos ocupados por el fundo San José y Oeste: Carretera el Vigía S.B.., representada legalmente por Coordinador General C.N.E., ya identificado, debidamente asistido por el Defensor Público Agrario – Indígena No. 02 Extensión S.B.d.Z., abogado J.D.D.P., Inpreabogado No. 91.231 Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Consistente en la ORDEN de ABSTENERSE todas las personas naturales y jurídicas a ejecutar cualquier acto que involucre la interrupción, desmejora, ruina o destrucción de la actividad agraria desplegada en el fundo “MONTE VERDE”.

SEGUNDO

En consecuencia del Particular Anterior, se ordena el APOSTAMIENTO MILITAR CONTINUO en el fundo “MONTE VERDE” ubicado en el kilómetro 15, parroquia el Moralito, Municipio Colón del Estado Zulia, conformada por un área aproximada de CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES HECTÁREAS CON OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS (493 HAS CON 8.715 M2) y comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Terrenos ocupados por Hacienda B.S.: Terrenos ocupados por el Fundo El Rhin y San José; Este: Caño y Terrenos ocupados por el fundo San José y Oeste: Carretera el Vigía S.B., con sede en la población del S.B.d.E.Z., para el resguardo del mismo; ordenando oficiar al Comandante del DESTACAMENTO No. 32 de la Población de S.B., con sede en S.B., a los fines de que se disponga lo conducente en lo referente de girar instrucciones para evitar que terceros a los administradores ingresen al fundo antes descrito y así colocar en resguardo de dicho fundo. Asimismo se le insta a que remita a esta Superioridad cada quince (15) días un informe detallado sobre el estado y condiciones en que se encuentra el referido fundo.

TERCERO

Se ORDENA notificar por oficio de la presente medida acompañado de las respectivas copias certificadas al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN en la persona de su Ministro, al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS en la persona de su Presidente, a la OFICINA REGIONAL DE TIERRAS DE LA ZONA SUR DEL LAGO con sede en la población de S.B., del Estado Zulia, a las FUERZAS ARMADAS BOLIVARIANAS, esto es, la GUARNICIÓN MILITAR DEL ESTADO ZULIA, COMANDANCIA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CORE 3, DESTACAMENTO Nº 32 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA con sede en S.B.d.E.Z., y la COMANDANCIA DEL DISTRITO MILITAR Nº 2 SUR DEL LAGO DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, con sede en S.B.d.Z., Municipio Colón del Estado Zulia. Estableciendo que dicha medida es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado.

CUARTO

Se fija como oportunidad para oponerse a las presentes medidas, el tercer (03) día de despacho siguiente a la notificación de la presente medida, de conformidad con lo establecido en sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha nueve (09) de mayo de 2006, Nro. 962, caso Cervecería Polar Los Cortijos, que ordena la sustanciación de la presente medida, conforme a el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, apercibiéndole que se le garantizará el derecho a la defensa y al debido proceso.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Y FALCÓN en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos Mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR

ABG. I.I.B.G.

LA SECRETARIA

ABG. ERICA ANAIS NAVARRO MONTIEL

En la misma fecha conforme a lo ordenado, siendo la dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), previo el anuncio a las puertas del Despacho, se dictó y publicó la presente sentencia, quedando anotada bajo el Nº 765, y se expidió la copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado.

LA SECRETARIA

ABG. ERICA ANAIS NAVARRO MONTIEL

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