El Alba quiere legislar sobre la propiedad intelectual
¿Qué ley se aplica en materia de propiedad intelectual si Venezuela ya no forma parte de la Comunidad Andina? En el Gobierno no hay consenso sobre el tema: un lado fija posiciones ideológicas contrarias al modelo capitalista, otro alega argumentos jurídicos que se aproximan a las corrientes que sobre la materia predominan internacionalmente.
Entre un grupo de abogados expertos en el área se sigue de cerca cualquier posición que fije la ex magistrada Hildegard Rondón de Sansó, en principio, por su trayectoria en esta disciplina del Derecho, de la cual ha sido docente por años, pero ahora también se considera que sus razonamientos jurídicos tienen peso en el Gobierno por formar parte del equipo de asesores de Petróleos de Venezuela y sus nexos por afinidad con el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
Después de abril de 2006, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez decidió el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, Rondón de Sansó defendió la vigencia de la normativa de la CAN como parte de las leyes del país, incluida la referida a propiedad industrial. Recurrió al artículo 153 de la Constitución, que dice: "Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán considerados parte integrante del ordenamiento legal vigente".
El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, sin embargo, anunció a finales de 2008 que la normativa andina quedaba en desuso y restituyó la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial aprobada en 1955, justo a mediados de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
"El órgano administrativo actuó como si fuese un órgano legislativo, ya que puso en vigencia una ley que estaba derogada parcialmente", criticó Rondón de Sansó en una conferencia que dio sobre la materia días después de que el SAPI emitió su criterio legal. "El órgano administrativo ignoró que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la única entidad que puede hacer interpretaciones vinculantes de los regímenes jurídicos", agregó.
La abogada ha reiterado argumentos similares posteriormente, pero el detalle está en que el TSJ sigue en mora con dos recursos que se introdujeron: uno de interpretación, entregado en 2006 en el que se solicita al máximo tribunal que se pronuncie sobre la vigencia de la normativa andina dentro del régimen legal venezolano; y el otro de nulidad, presentado en 2009 contra la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial que ordenó el SAPI.
"La propiedad intelectual se...
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