Decisión nº PJ602016000435 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 27 de Septiembre de 2016
| Fecha de Resolución | 27 de Septiembre de 2016 |
| Emisor | Juzgado Superior Contencioso Tributario |
| Ponente | Frank Fermin Vivas |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis
206º y 157º
ASUNTO: BP02-U-2012-000271
Visto el Recurso Contencioso Tributario, recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha veintidós (22) de octubre del 2012, interpuesto por la ciudadana R.O.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.566.305, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente COMERCIAL RAFA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 45, Tomo A-57 de fecha 19 de diciembre del año 1996, siendo su ultima acta de Asamblea Extraordinaria en fecha 15 de septiembre de 2008, bajo el Nº 28, Tomo A-87, en fecha 09 de octubre de 2008, en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-304027451, domiciliada Sector O.P., Avenida La Costanera, Calle 3, Casa Nº 4-24, Barcelona, Municipio S.B., Estado Anzoátegui, asistido por el abogado J.C.G.G., venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nº V-3.671.13, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 109.018, contra la Resolución Culminatoria Nº 012-2012 de fecha 23 de abril de 2012, la cual declaró INADMISIBLE el Recurso Jeráquico interpuesto por la ciudadana R.O.R., en su carácter de representante legal de la contribuyente antes mencionada en contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Multa Nº 227-11-2011, de fecha 04/11/2011, mediante la cual impuso sanción por concepto de multa por la cantidad de BOLÍVARES FUERTES CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CÉNTIMOS (Bs.F 4.560,00) dictada por la Alcaldesa del Municipio S.B.d.E.A..
En fecha 25-10-2012, se dictó auto mediante el cual se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario. Asimismo, se ordenaron las notificaciones de Ley dirigidos a la Fiscal Vigésima Segunda de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sindico Procurador de la Alcaldía del Municipio S.B.d.E.A., y a la Alcaldesa del Municipio S.B.d.E.A.; Librándose en esta misma fecha boletas de notificación y oficio Nros 2102/2012, 2103/2012 y 2104/2012. (Folios 22 al 25).
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Vistas las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal Superior observa que es deber de las partes impulsar el proceso desde su inicio hasta su culminación. Siendo este un principio fundamental enmarcado en la Carta Magna, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido normas para sancionar la no actuación de los interesados a saber:
El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 265 lo siguiente:
Artículo 265: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.
Sin embargo conviene destacar, que el Tribunal Supremo de Justicia en innumerables decisiones ha fijado posición, en relación a los casos en los cuales es aplicable la figura de la Perención de la Instancia y la falta de interés procesal.
En efecto, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en reiteradas jurisprudencias que el interés procesal se traduce en la manifestación de la voluntad del administrado en resolver el conflicto en el cual se encuentra incurso, sin embargo es necesario establecer que la pérdida del interés procesal viene dada solo en dos etapas del procedimiento a saber: antes de la admisión del Recurso y después que el Tribunal de la causa diga vistos (etapa de sentencia), mientras que la perención de la instancia ocurre cuando la causa ha sido paralizada luego de la admisión del recurso y antes que entre en etapa de sentencia definitiva. Así dispuso la Sala Constitucional en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó su criterio en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), lo siguiente:
…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Resaltado de la sentencia).
En razón de lo anterior, este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, le otorga al recurrente el derecho a solicitar al Juez competente solventar la controversia, por lo tanto surge una nueva carga procesal para el administrado, que consiste en manifestar el interés de continuar con la acción, esto quiere decir que al haber transcurrido un tiempo prudencial (más de un año), sin que el recurrente accione o impulse el procedimiento por ante el Tribunal de la causa, debe entenderse que no tiene interés en que se resuelva la controversia. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se le imparte una carga al Tribunal del proceso, esta carga debe ser compartida con el administrado a los fines de resolver la causa.
En este sentido se observa que en fecha 25/10/2012, fue la ultima actuación de la Abogada R.R., Apoderada Judicial de la contribuyente COMERCIAL RAFA, C.A. Visto lo anterior, se desprende de un estudio minucioso de las actas que comprenden el presente asunto que desde el día 25/10/2012, hasta el día de hoy 19/09/2016, ha transcurrido tres (03) años, diez (10) meses y veinticinco (25) días, no evidenciándose interés procesal por parte del representante de la contribuyente COMERCIAL RAFA, C.A, en darle continuidad al procedimiento visto que hasta la fecha no se ha impulsado las Boletas de Notificación ni se ha manifestado la voluntad por parte del administrado en la prosecución de la controversia.
Así las cosas, este Juzgador considera que el interés procesal surge de la necesidad que tienen los administrados en que se le reconozca un derecho y se le evite un daño innecesario, por lo que si bien es cierto que el interés procesal se manifiesta con tan solo la voluntad e interposición del Recurso sea en sede administrativa o por vía judicial, no es menos cierto que dicho interés debe ser manifiesto, expreso y continuo a lo largo de la controversia y hasta su culminación, ya que la pérdida del interés o la falta de impulso en el mismo conllevaría a sanciones coercitivas tales como el decaimiento y la extinción de la acción. Y así queda establecido.-
Ahora bien, habiendo establecido lo anterior y visto que en el caso de marras, se observa que hasta la presente fecha no ha habido actuación alguna por parte de la contribuyente que ponga en manifiesto algún interés en darle continuidad al presente procedimiento, por cuanto el asunto se encuentra en etapa de notificación de la Boleta dirigida a la Fiscal Vigésima Segunda de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sindico Procurador de la Alcaldía del Municipio S.B.d.E.A., y a la Alcaldesa del Municipio S.B.d.E.A., con los Nros. 2102/2012, 2103/2012 y 2104/2012, para luego proceder a la admisión del presente Recurso Contencioso Tributario. Siendo entonces, que la Recurrente no le ha dado el impulso procesal necesario a la referida Boleta de Notificación, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara EXTINGUIDA LA ACCION por Pérdida Sobrevenida del Interés Procesal del Recurso Contencioso Tributario recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha veintidós (22) de octubre del 2012, interpuesto por la ciudadana R.O.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.566.305, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente COMERCIAL RAFA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 45, Tomo A-57 de fecha 19 de diciembre del año 1996, siendo su ultima acta de Asamblea Extraordinaria en fecha 15 de septiembre de 2008, bajo el Nº 28, Tomo A-87, en fecha 09 de octubre de 2008, en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, debidamente inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-304027451, domiciliada Sector O.P., Avenida La Costanera, Calle 3, Casa Nº 4-24, Barcelona, Municipio S.B., Estado Anzoátegui, asistido por el abogado J.C.G.G., venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad Nº V-3.671.13, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 109.018, contra la Resolución Culminatoria Nº 012-2012 de fecha 23 de abril de 2012, la cual declaró INADMISIBLE el Recurso Jeráquico interpuesto por la ciudadana R.O.R., en su carácter de representante legal de la contribuyente antes mencionada en contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Multa Nº 227-11-2011, de fecha 04/11/2011, mediante la cual impuso sanción por concepto de multa por la cantidad de BOLÍVARES FUERTES CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CÉNTIMOS (Bs.F 4.560,00) dictada por la Alcaldesa del Municipio S.B.d.E.A.. Así se decide.-
Se ordena notificar a las partes de la presente decisión y se ordena librar Boleta de Notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Igualmente se ordena comisionar al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Caracas, a los fines de que el Alguacil del Juzgado a que corresponda la presente comisión se sirva practicar la Boleta de Notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo a la contribuyente COMERCIAL RAFA C.A. Líbrense oficios con las inserciones pertinentes.
Se insta a la parte interesada se sirva consignar los fotostatos relacionados con la mencionada Sentencia, a fin de ser certificadas y anexadas a la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela. Conste.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior, igualmente se ordena el archivo del presente asunto, cumplido como sean los lapsos de ley.
Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso
Tributario de le Región Oriental. Barcelona, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año 2016. Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
EL JUEZ,
F.A.F.V.
LA SECRETARIA,
YARABIS POTICHE.
Nota: En esta misma fecha (27-09-2016), siendo las 10:00 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA.
YARABIS POTICHE
FAFV/YP/dr
