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265 víctimas esperan reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana

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Vincent

Cuando la agente del Estado María Auxiliadora Monagas admitió ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de Venezuela por las desapariciones forzadas de personas durante la tragedia de Vargas, también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas. Alejandra Iriarte, esposa de uno de los desaparecidos, le contestó: Yo no quiero gestos, yo quiero justicia.A pesar del allanamiento del Estado, no se cumplió nada de lo dispuesto en la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005: ni la exigencia de investigación y sanción efectiva a los responsables de los excesos policiales y militares, ni las reparaciones pecuniarias ni lo más grave las medidas para garantizar que no se repitan las violaciones de derechos humanos.La contumacia se ha man tenido hasta el presente, con el agravante de que el 10 de septiembre entra en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resuelta hace un año por el fallecido presidente Hugo Chávez. Venezuela se aparta del sistema regional de derechos humanos y se pierde la jurisdicción de la Corte Interamericana con una deuda por pagar a 265 víctimas que fueron amparadas por el máximo tribunal hemisférico, después de fracasar en el intento de lograr la reparación de los daños sufridos en los juzgados nacionales. Sólo por concepto de indemnizaciones establecidas en 13 de las 15 sentencias condenatorias, se deben $ 9.771.998,95.La principal deuda está aso ciada a la impunidad. En todos los casos sigue pendiente el de ber de investigar y sancionar a los responsables de los atropellos. En 11 de las 15 sentencias, la Corte Interamericana demostró la violación de los derechos a garantías y protecciones judiciales.En seis fallos se condenó al Estado por violación de los derechos a la vida y la integridad personal. Los daños en casos de muertes son irreversibles, sin embargo, la reparación se orienta a evitar que se repitan los hechos lesivos mediante la adopción de medidas correctivas y preventivas. En esta materia el incumplimiento es total.Ni siquiera los dos primeros casos El Amparo y El Caracazo han servido para que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los estándares internacionales, específicamente en el uso proporcional y progresivo de la fuerza.En otros cuatro casos fue comprobada la violación de la libertad de expresión y en tres más la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces venezolanos.La única...

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