Sentencia nº RC.00765 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 14 de Noviembre de 2008

Dispone el artículo 1.185 del Código Civil, lo siguiente: (...)

Pudiendo definirse el daño como el deterioro, perjuicio o menoscabo que por la acción de otro se recibe en la propia persona o en los propios bienes; el cual puede provenir de dolo, de culpa e inclusive de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o causalidad entre el acto y el efecto del mismo. Por otra parte, el daño, constituye un presupuesto de la responsabilidad civil. Por lo que para que proceda la reparación, en material civil, es indispensable la existencia del daño.

El Daño, ya sea moral o material, en los casos del artículo 1.185 del Código Civil, es la consecuencia del hecho ilícito; así provenga este de un acto voluntario o culposo; o que el daño reclamado (moral o material) tuvo su origen en alguno de los supuestos en que existe el hecho ilícito, contemplados en el referido artículo. No se trata, pues, de una simple calificación de la acción, ya que siempre sería ésta por indemnización de daños, morales o materiales, sino de establecer la causa, el origen de esos daños, cuestión esencialmente de hecho y no de derecho tal como señala E.C.B. en sus comentarios al Código Civil Venezolano.

En efecto, dispone el artículo 1.185 del Código Civil, que el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo; de lo que se desprende que, el hecho ilícito da lugar a la responsabilidad civil denominada extra-contractual. La palabra “responsabilidad” en materia civil, se define como la situación jurídica en que queda el patrimonio de aquél que ha causado un daño injusto a otro, proveniente del incumplimiento de una obligación contractual o de un hecho ilícito, que originan la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, la cual tiene lugar cuando una persona causa un daño a otra por un hecho ilícito propio, o los daños causados por personas, animales y cosas sometidas a su guarda, sin que en esa acción lesiva existían vínculo jurídicos anteriores con la victima del daño, o sea independiente todo contrato, extendiéndose a todo daño moral o material, de conformidad con lo establecido en el artículo 1196 ejusdem, normas estas invocadas por la parte demandante.

Respecto al hecho ilícito, el citado Tratadista E.C.B. (2004), en sus comentarios al Código Civil Venezolano, ha señalado lo siguiente:

“…Hecho Ilícito. Ilícito proviene del latín ilicitum: “no permitido”, “prohibido”; por extensión: ilegítimo… En fuentes jurídicas illicitum se entiende como lo que no está permitido por el Derecho o la costumbre o bien como lo que no es válido… La expresión hecho ilícito… connota la idea, profundamente arraigada en el lenguaje ordinario (y recogido por la dogmática) de un acto disvalioso o perjudicial que provoca el repudio de la comunidad. De ahí que ésta recurra a la técnica del castigo (motivación indirecta) para impedir que estos hechos se multipliquen. Pues bien, los hechos que acarrean una sanción jurídica (prevista por una norma jurídica) son hechos ilícitos. El hecho ilícito es una de las fuentes de las obligaciones…”

Desde el punto de vista doctrinal, se ha dificultado definir lo que significa el hecho ilícito, sin embargo éste se ha entendido como el hecho culposo que produce un daño, asi como también se le ha definido como las acciones u omisiones culposas que causan daño y que son prohibidas por el ordenamiento jurídico positivo.

Según A.M.B. (2000), en su obra titulada Obligaciones Civiles II, señala que las fuentes de las obligaciones son: el contrato, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito y la ley; siendo el hecho ilícito civil la obligación que asume la persona que causa un daño a otra, por un hecho ilícito propio o bien por el hecho de personas, animales y cosas, sometidas a su cuidado o guarda, por no haber ejercido la debida vigilancia. El primer supuesto o la primera obligación da lugar a la responsabilidad civil extra-contractual ordinaria por el hecho ilícito propio, y las segundas a las responsabilidades civiles extra-contractuales especiales, por el hecho de personas, animales y cosas sometidas a guarda.

Al analizar esta definición es importante resaltar que, el contenido del artículo 1185 del Código Civil sustantivo comprende tanto el daño causado a otro intencionalmente, como el daño causado por culpa, es decir, imprudencia o negligencia. Esta norma es de carácter sumamente amplio, ya que comprende todos los casos de responsabilidad civil extra-contractual ordinaria derivada del hecho ilícito propio, si se quiere es una de las normas con mayor vigencia en nuestro ordenamiento jurídico positivo.

También señala que el agente material del daño al cometer intencional o culposamente el hecho ilícito se convierte en deudor, y la víctima se hace acreedora del agente material para que le resarza los daños y perjuicios que con su conducta culposa o intencional le haya causado.

Para la procedencia de la acción pretendida por el accionante, se ha determinado que es necesario la ocurrencia de tres elementos que deben concurrir como condiciones para que exista el hecho ilícito, estos son: el daño, la culpa y la relación de causalidad entre la conducta culposa del agente material y el daño sufrido por la víctima.

En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 0008, en fecha diecisiete (17) de febrero del año 2005 (...) respecto al hecho ilícito, dejó establecido lo siguiente:

…La doctrina y la jurisprudencia venezolanas han sostenido que el hecho ilícito como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, es generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia, mala fe, abuso de derecho e inobservancia del texto normativo por parte de una persona (agente), que tiene por contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona (víctima o perjudicado), por una conducta contraria a derecho. Así pues, que lo antijurídico es todo acto, hecho o conducta que es contraria o violatoria del ordenamiento legal. Asimismo, la ley y la jurisprudencia han considerado como una conducta antijurídica el abuso en el ejercicio de un derecho, sea objetivo o subjetivo, mediante el cual se irrespeta el derecho de los demás, por excederse de los límites y fronteras, consagrados normativamente, a veces, por el derecho, y otras por las fuentes del derecho, la costumbre, los principios generales, derechos que han sido concedidos en interés del bien particular, en armonía con el bien de todos… Ahora bien, tanto la doctrina patria como la jurisprudencia han señalado como elementos constitutivos del hecho ilícito: 1) El carácter culposo del Incumplimiento; 2) que el incumplimiento sea ilícito, o sea, viole el ordenamiento jurídico positivo; 3) que se produzca un daño y 4) La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito, actuando como causa y el daño figurando como efecto

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El autor A.M.B. señala que el daño proviene del latín “Damnum” y que su efecto es dañar o causar un perjuicio a otro. Es la característica propia de la responsabilidad civil, ello significa que es necesario que exista el daño para que proceda la reparación en materia civil, sin el daño no hay víctima en el ilícito civil; el daño originado al acreedor.

Según Balza, no basta con que la víctima (demandante) alegue ante el juez un daño; sino que debe determinar en que consiste el mismo y su extensión. El daño reclamado por el accionante en el presente caso, es un daño que consiste en una pérdida de su patrimonio, y dentro de este tipo de daños existe el daño emergente y el lucro cesante; en el primero la pérdida que experimenta la víctima en su patrimonio. Por el contrario hay lucro cesante, cuando se priva a la víctima o al acreedor de una obligación, de un incremento patrimonial que a su vez es consecuencia directa, inmediata de la conducta culposa del agente o deudor, según sea el caso.

En este sentido, se evidencia que la relación causa-efecto se encuentra presente en el caso sub examine, puesto que, analizadas y valoradas como fueron las pruebas, promovidas por las partes, el accionante demostró: 1) a través de la acción de amparo constitucional que curso por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, que fue objeto de confiscación de una acción de una acción de las emitidas por el CENTRO RECREACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (C.R.P.U.), dada la violación de la seguridad jurídica, la legalidad de los actos, el debido proceso y el derecho a la defensa; proceso confiscatorio que fue declarado nulo y sin ningún efecto por inconstitucional; el carácter culposo del acto confiscatorio; 2) Que el acto confiscatorio fue ilícito; 3) que el daño producido fue culpa del CENTRO RECREACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (C.R.P.U.); y respecto al último elemento, es decir, a la relación de causalidad, considera este Sentenciador, que no basta con que exista un hecho ilícito y un daño para que surja la obligación de reparar; se requiere además, que el daño sea un efecto del ilícito. En el caso sub-judice, la relación de causalidad entre el hecho culposo y el daño generado, consistente en los honorarios profesionales del abogado que asistió a dicho ciudadano en el referido juicio.

En efecto, en el caso sub-judice, quedó demostrado que efectivamente el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en el expediente No. 14.256, en fecha 30 de enero de 2001, declaró con lugar el recurso de amparo constitucional que interpuso el ciudadano V.A., contra el CENTRO RECREACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (C.R.P.U.), declarando nulo el proceso confiscatorio de la acción No. 1353, realizado por el referido centro, contra el ciudadano V.A., en su condición de propietario; el cual adquirió cualidad de cosa juzgada. Observándose asimismo que en el escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional, aparece expresamente la estimación de los honorarios profesionales del abogado que asistió a dicho ciudadano en el referido juicio, los cuales fueron estimados en la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 50.000,00), constituyendo ésta, el monto de los daños materiales estimados por la demandante.

Del análisis realizado, se concluye, que la parte actora demostró haber sufrido disminución en su actividad económica, y en consecuencia, disminución patrimonial; por cuanto los honorarios adeudados al intimante, lo son como consecuencia del precitado juicio de amparo constitucional incoado por el ciudadano V.A., contra el CENTRO RECREACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (C.R.P.U.), quedando probada la existencia del daño material, lo que hace procedente la indemnización de daños materiales, razón por la cual la presente apelación no puede prosperar, Y ASI SE DECIDE.

(...) por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 30 de noviembre de 2006, el abogado M.J.I.T., en su carácter de apoderado judicial del CENTRO RECREACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (C.R.P.U.), contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2.006, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Daños Materiales y Morales, incoada por V.L.A., contra el CENTRO RECREACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (C.R.P.U.). En consecuencia, se condena a la parte demandada, a pagar a la parte actora, la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 50.000,00), por concepto de daños materiales.

Queda así CONFIRMADA la sentencia objeto de la presente apelación.

Se condena en costas a la parte apelante, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil...” (Destacados del fallo recurrido).

Asimismo, el artículo 1.185 del Código Civil, establece lo siguiente:

El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, esta obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

La interpretación del artículo 1.185 del Código Civil, por parte de esta Sala es la siguiente:

....El actor-recurrente sostiene que el pronunciamiento de la recurrida que consideró no configurado el abuso de derecho que se le imputa a la empresa Microsoft Corporation, con ocasión de la medida cautelar que causó los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se reclama a través de la pretensión deducida en el libelo de demanda, generó la infracción por falta de aplicación del artículo 1.185 del Código Civil.

Ahora bien, la figura que la doctrina y la jurisprudencia conciben como “abuso de derecho” se encuentra recogida en la parte final del artículo 1.185 del Código Civil, que se refiere al exceso en que se puede incurrir, en el ejercicio de un derecho, por mala fe o por violación de la finalidad social que se persiga.

Asimismo, el artículo 1.185 del Código Civil, establece lo siguiente: (Omissis).

En fundamento a la norma anteriormente transcrita, no existe culpa ni responsabilidad civil, cuando se ejerce un derecho sin abuso, aunque se cause un daño; de manera que el ejercicio de un derecho no resulta abusivo, sino cuando hay mala fe o violación del objeto por el cual se otorgó ese derecho. Del último párrafo del artículo 1.185 del Código Civil, se desprende que el ejercicio de un derecho no acarrea responsabilidad cuando su titular actúa de buena fe y en armonía con la finalidad social del derecho. En tal sentido, este M.T. ha establecido que, para que el ejercicio de un derecho ‘...engendre responsabilidad civil..., debe haberse actuado en forma abusiva, pues tratándose del ejercicio facultativo de un derecho... sólo si se procediere de mala fe o si se excediese el particular en el uso de esa facultad..., sólo en este caso, lógicamente, podría darse entonces la posibilidad legal de indemnización...

(Sentencia del 13 de agosto de 1987 de la Sala Político-Administrativa).

Haciendo una apreciación integral del artículo anteriormente citado, se contemplan dos situaciones completamente distintas y naturalmente se fijan los elementos que diferencian la una de la otra. El primer parágrafo del artículo corresponde a una de esas situaciones en la que se trata de probar que el daño causado fue producto de un hecho intencional, negligente o imprudente de otro, lo cual pareciera sencillo y hasta elemental. En cambio, el segundo caso que corresponde al último parágrafo del artículo en el que se sostiene: “debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho”; presenta una situación grave y hasta complicada que representa un delicado y complejo problema jurídico, el cual se refiere a: “precisar cuando se ha hecho uso racional de un derecho, y cuando se ha abusado del mismo” o cuando el ejercicio de ese derecho excede “los límites fijados por la buena fe o por el objeto por el cual ha sido conferido ese derecho...”

(Sentencia de esta Sala Nº 363 de fecha 16 de noviembre de 2001, en el juicio seguido por Cedel Mercado de Capitales, C.A., contra Microsoft Coporation, expediente N° 00-132).

Ahora bien, establecida la existencia del hecho ilícito, por parte del Juez de la recurrida, y verificando el mismo la ocurrencia de conductas que puedan ser consideradas como representativas de abuso de derecho o mala fe por parte del afirmado agente del daño o subsumibles en los supuestos fácticos del artículo 1.185 del Código Civil, esta Sala de Casación Civil determina que bajo estas circunstancias de hecho, el Juez de Alzada no erró al considerar que en el caso de autos es procedente la aplicación de la responsabilidad civil por daños materiales establecida en el mencionado artículo 1.185 del Código Civil, lo cual conduce a determinar la improcedencia de la presente denuncia, por errónea interpretación. Así se decide.

De igual forma, no se evidencia en este caso, que el Juez de la recurrida en la construcción de la premisa mayor del silogismo judicial, haya realizado el establecimiento de una falsa relación entre los hechos en principio correctamente establecidos y el supuesto de hecho de la norma, por lo cual la conclusión a la que arribó en la construcción de la premisa menor del silogismo judicial, es correcta, al haber interpretado y aplicado correctamente los supuestos establecidos en la misma al caso. Por lo cual se hace improcedente la presente denuncia, por falsa aplicación. Así se decide.

En consideración de los razonamientos antes expresados, esta Sala declara improcedente esta denuncia de infracción de ley, así como sin lugar este recurso extraordinario de casación, intentado por la parte demandada. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, en contra la sentencia proferida en fecha 14 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Se condena en costas del recurso a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Particípese dicha remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

_________________________

Y.A. PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado-Ponente,

____________________________

L.A.O.H.

Magistrado,

___________________

C.O.V.

Magistrado,

_______________________

A.R.J.

Secretario, ________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

Exp. AA20-C-2008-000277.

Magistrado CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, procede a consignar su “voto concurrente” en relación con la decisión que antecede, pues comparte la conclusión a que arriba la ponencia, pero difiere en un aspecto de la motivación de la sentencia para llegar a su dispositivo, lo cual desarrolla así:

En el folio 11, primer párrafo, se expresa un concepto de falsa aplicación de norma jurídica que no comparto. En efecto, se señala que “…la falsa aplicación consiste en el establecimiento de una falsa relación entre los hechos en principio correctamente establecidos por el juez, y el supuesto de hecho de la norma, también correctamente interpretada, que conlleva a que se utilice una norma jurídica no destinada a regir el hecho concreto…” (Resaltado propio).

Considero que tal definición es incompleta y, por lo tanto, no engloba en su totalidad el concepto de falsa aplicación. A simple vista, si los hechos fueron establecidos correctamente y el supuesto de hecho de la norma fue correctamente interpretada, no habría infracción de ley. Se aplicó una norma jurídica a un hecho correctamente establecido. Falta un elemento en la definición: El hecho pudo ser correctamente establecido, pero mal calificado, y al ser mal calificado por el Juez, aplicó una norma extraña a la verdadera situación fáctica demostrada en autos.

Me explico: luego de establecer el hecho, el Juez debe examinar cómo ese hecho trasciende a la esfera jurídica, observar sus peculiaridades y matices que importan al Derecho y, a través del raciocinio, darle ese “barniz” jurídico que le permite individuarlo y hacerlo trascender a un nivel superior, que importa a la norma. Si el Juez establece correctamente el hecho, pero lo califica mal, lo subsumirá en el supuesto de hecho de una inadecuada norma jurídica y terminará aplicando una norma equivocada: falseará su aplicación. Aplicará una norma jurídica que contiene un supuesto de hecho que no encaja con los hechos establecidos. Para tratar de visualizarlo de alguna manera gráfica, es como colocar un zapato en el pie de una persona con una talla distinta.

Veamos el siguiente ejemplo: Pedro le entregó a J.B.. 5.000. Eso es un hecho. El demandante insiste que ese dinero fue entregado como pago de una obligación. El demandado, por su parte, sostiene que eso fue una donación.

Cuando el Juez señala que Pedro entregó a J.B..5.000, está estableciendo un hecho. Cuando señala que Pedro pagó a J.B.. 5.000, ya está calificando ese hecho, lo hace trascender del mundo fáctico y lo lleva a la questio iuris: se produjo el pago y, por tanto, podría aplicar la norma atinente al pago y consecuente extinción de las obligaciones, por ejemplo, el artículo 1.283 del Código Civil. Si en casación viene el demandado e insiste que el hecho de la entrega de dinero fue calificado mal, pues no hubo pago sino donación, entonces, debería denunciar la falsa aplicación del artículo 1.283 del c.c., pues se aplicó una norma a un supuesto de hecho falso: no hubo pago, hubo donación, el hecho fue calificado mal.

Por ello, estimo que la Sala en la motiva del fallo que antecede, utilizó una redacción incompleta para definir el vicio de falsa aplicación y quien concurre su voto, estima que debió completarse ese concepto, quizás de la siguiente manera: “…la falsa aplicación consiste en el establecimiento de una falsa relación entre los hechos en principio correctamente establecidos por el juez, pero mal calificados y que generan en consecuencia una inadecuada subsunción de esos hechos en un supuesto fáctico inadecuado, falso, utilizando en consecuencia una norma jurídica no destinada a regir el hecho concreto…”.

Dejo de esta manera expresado los fundamentos de mi voto concurrente. Fecha ut supra.

Presidenta de la Sala,

_________________________

Y.A. PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado-Ponente,

____________________________

L.A.O.H.

Magistrado,

___________________

C.O.V. Magistrado,

_______________________

A.R.J.

Secretario,

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

Exp. AA20-C-2008-000277.