Decreto N° 9.043, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)

A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, son sujetos de transferencia todas las formas de organización de base del Poder Popular, y en especial:

1. Las comunas;

2. Los consejos comunales;

3. Las organizaciones socioproductivas bajo régimen de propiedad social, comunal, o mixtas; y

4. Las nuevas formas de organización popular reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente, creadas o que se crearen con el fin de desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales, implementadas a nivel de las parroquias, comunidades, barrios y vecindades, bajo el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales.

Los sujetos de transferencia, a efectos de asumir la transferencia de la gestión y administración de bienes, recursos y servicios del Poder Nacional y de las entidades político territoriales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Poseer la suficiente honestidad y responsabilidad para administrar recursos públicos de manera eficaz y eficiente.

2. Demostrar un buen nivel de organización en el desarrollo de planes y programas en el área del servicio o actividad que le sería transferida.

3. Tener la disposición y capacidad para asumir o someterse al proceso de formación en el área relacionada con servicio o actividad que Le sería transferida. Dicha formación debe ser continua y permanente por parte de la entidad territorial que transfiere, sin menoscabo de otras instancias formativas.

4. Contar con acompañamiento técnico de parte de la entidad territorial que transfiere o cualquier organismo competente en la materia del servicio o actividad transferida.

5. Disponer de Planes a corto, mediano y largo plazo que determinen los pasos para la transferencia y posterior asunción de las responsabilidades correspondientes.

El sujeto de transferencia es el encargado de discutir y solicitar la transferencia de los servicios, actividades, bienes o recursos, cuando esté en capacidad y disposición de asumirlos autogestionariamente o corresponsablemente con el gobierno local o estadal, previo cumplimiento de las condiciones a ser acordadas entre el sujeto de transferencia y el ente responsable de transferir el servicio. A tales efectos, los órganos y entes del Poder Nacional y las entidades político territoriales relacionados con el objeto de la transferencia, instrumentarán las medidas conducentes que coadyuven a la misma.

El sujeto de transferencia, de manera democrática y participativa, en coordinación con los órganos de planificación centralizada previstos en la Ley, creará las estructuras organizativas internas necesarias para darle cumplimiento a los objetivos de las transferencias de servicios, actividades, bienes y recursos que solicite, en sincronía con los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal.

El Consejo Federal de Gobierno, a través de su Secretaría, será el órgano encargado de resolver los conflictos que se presenten entre los sujetos de transferencia y los estados, municipios y órganos del Poder Público Nacional, en relación a las solicitudes de transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretarla del Consejo Federal de Gobierno podrá solicitar a las entidades políticos territoriales, las propuestas y planteamientos para la transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, de éstas a los sujetos de transferencia establecidos en el presente Decreto con Rango y Valor de Ley Orgánica.

La Iniciativa de transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, a los sujetos de transferencia, corresponderá a los voceros de dichos sujetos. Sin que ello obste para que, por cuenta propia, cualquier entidad político territorial restituya al pueblo soberano la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Los mecanismos, lapsos y demás elementos para la implementación de la iniciativa de transferencia por parte de los sujetos de transferencia, se regirán por lo previsto en el Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y por los lineamientos que a tal efecto dicte el Consejo Federal de Gobierno.

Los órganos y entes del Poder Nacional y las entidades político territoriales podrán transferir directa y progresivamente la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, a los sujetos de transferencia, atendiendo a las necesidades de gestión y a las potencialidades y capacidades de cada sujeto, garantizando el acompañamiento técnico y el recurso financiero inherente a la actividad transferida, de conformidad con los convenios que se hubieren establecido y las disposiciones del Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, así como los lineamientos dictados por el Consejo Federal de Gobierno a tal efecto.

Una vez comprobado los requisitos previstos en el artículo 7 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, referente a los Sujetos de Transferencia, los órganos y entes del Poder Nacional y las entidades político territoriales podrán transferir de forma directa y progresiva la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos a dichas formas organizativas, tomando en cuenta la escala de graduación de la gestión, administración y prestación de los servicios, actividades, bienes o recursos a ser transferidos.

Los recursos para la gestión, administración o prestación de los servicios o actividades objeto de transferencia, deberán ser puestos a disposición del sujeto de transferencia receptor, hasta la terminación del ejercicio fiscal correspondiente, por las entidades político territoriales transferentes.

Así mismo, la entidad político territorial transferente tiene la obligación de realizar las correspondientes previsiones presupuestarias y provisiones financieras para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, la ejecución de la actividad o la provisión de bienes, objeto de transferencia, por parte del sujeto de transferencia, durante los ejercicios fiscales subsiguientes a aquel en el cual opera dicha transferencia. El Consejo Federal de Gobierno, a instancia de la Secretaría, podrá disponer la creación de apartados financieros adicionales en el Fondo de Compensación Interterritorial, a los fines de optimizar la asignación de los recursos necesarios para lograr el objeto del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, según lo dispuesto en la Ley del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento.

La transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos a los sujetos de transferencia se realizará a través de convenios, atendiendo a los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad, definiéndose los factores y términos de las transferencias de conformidad con lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

Dichos convenios deberán contener el objeto, alcance, cronograma y delimitación de la transferencia, los bienes transferidos y recursos financieros, así como las obligaciones y responsabilidades de las partes.

Los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales adoptarán las medidas necesarias para que los Sujetos de Transferencia gocen de prioridad y preferencia en los procesos de celebración y ejecución de los respectivos convenios, para la transferencia efectiva de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos.

La corresponsabilidad es el compromiso compartido derivado de los convenios y acuerdos que, de conformidad con la ley asumen los sujetos de transferencia conjuntamente con los órganos y entes del Poder Nacional, o las entidades político territoriales, para la gestión de los servicios o actividades transferidas y la administración de los bienes y recursos destinados a los mismos.

La corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que normen y regulen cada uno de esos ámbitos.

E proceso de transferencia es el mecanismo mediante el cual los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales restituyen a los sujetos de transferencia la gestión y administración de los servicios actividades, bienes y recursos que detentan en las materias, establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Se realizará de acuerdo a las fases y demás elementos operativos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, su Reglamento, y por los lineamientos que a tal efecto dicte el Consejo Federal de Gobierno.

El proceso de transferencia se desarrolla a través de cinco fases que se complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes:

1. Diagnóstico: En esta fase, la comunidad identificará los actores, necesidades, aspiraciones, recursos, potencialidades, relaciones sociales propias, así como su capacidad para ejecutar positivamente los proyectos de transferencia.

2. Plan de Transferencia: Determina las acciones, programas y proyectos que atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad ejecutar positivamente los proyectos de transferencia.

3. Presupuesto: Comprende la determinación de los costos y recursos financieros y no financieros necesarios para ejecutar positivamente los proyectos de transferencia.

4. Ejecución: Garantiza la concreción de la transferencia de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el Plan de Transferencia.

5. Contraloría Social: Es la vigilancia que involucra la acción permanente de prevención, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases de transferencia y en general, de la gestión realizada con ocasión a los servicios, actividades, bienes y recursos transferidos, ejercidas articuladamente por sus habitantes, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones socioproductivas y la Unidad de Contraloría Social.

El Plan de Transferencia deberá estar avalado y previamente aprobado por los sujetos de transferencia a través de sus Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas de la comunidad o comuna respectiva, en articulación con las entidades político territoriales, con el acompañamiento del Consejo Federal de Gobierno.

El control interno es la vigilancia que involucra la acción permanente de prevención, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases de transferencia y en general, de la gestión realizada con ocasión a los servicios, actividades, bienes y recursos transferidos, ejercidas articuladamente por sus habitantes, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones socioproductivas y la Unidad de Contraloría Social, en el seno de la estructura de la organización del sujeto de transferencia.

Es aquel que involucra la acción permanente de vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación en la gestión realizada con ocasión a los servicios, actividades, bienes y recursos transferidos, ejercida por los órganos de control fiscal dentro del ámbito de sus competencias a través de auditorías, estudios, análisis e investigaciones relacionadas.

Los resultados y conclusiones de las actuaciones que realicen los órganos de control fiscal serán comunicados a los sujetos de transferencia objeto de dichas actuaciones, al Consejo Federal de Gobierno y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de implementar las medidas correctivas necesarias.

Si de los resultados y conclusiones de las actuaciones que realicen los órganos de control fiscal externo, o la contraloría social, se evidenciaren algunas deficiencias o irregularidades en la ejecución de la gestión o administración transferidas, sin que los Sujetos de Transferencia hayan subsanado dichas faltas, los órganos y entes del Poder Nacional y las entidades político territoriales informarán al Consejo Federal de Gobierno, el cual emitirá su opinión al respecto, habilitando el inicio del proceso de reversión, cuando fuere procedente.

El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, regulará los demás supuestos de procedencia del mecanismo de reversión, así como las pautas, trámite y requisitos necesarios.

Los sujetos de transferencia que gestionen y presten servicios transferidos a tenor de lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, rendirán cuenta al Consejo Federal de Gobierno con una periodicidad mínima semestral, haciendo de su conocimiento especialmente, los avances y desarrollo en torno a tales servicios y sobre el empleo e inversión de los recursos asignados, de conformidad con la normativa aplicable.

Los órganos y entes del Poder Nacional y las entidades político territoriales podrán transferir a los sujetos de transferencia, a través de empresas comunales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas legítimas de organización popular de la comunidad, la gestión y administración comunitaria y comunal de servicios, actividades, bienes y recursos en las siguientes materias: el mantenimiento de los establecimientos de atención primaria de salud, mantenimiento de centros educativos, producción de materiales y construcción de vivienda, políticas comunitarias de deporte y mantenimiento de instalaciones deportivas, actividades culturales y mantenimiento de instaladoras culturales, administración de programas sociales, protección del ambiente y recolección de desechos sólidos, administración y mantenimiento de áreas industrias, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección comunal, construcción de obras comunitarias y administración y prestación de servicios públicos, prestación de servicios financieros y producción y distribución de alimentos y de bienes de primera necesidad, entre otras.

Cuando resulte necesario, conforme a la naturaleza y características de los servicios, actividades, bienes y recursos cuya gestión ha sido transferida, los Sujetos de Transferencia podrán conformar empresas comunales bajo régimen de propiedad social directa, dentro del ámbito de su territorio, las cuales asumirán las actividades materiales y técnicas para la efectiva ejecución de la gestión transferida. Estas empresas podrán asociarse con empresas estadales, municipales o nacionales, a fin de conformar empresas mixtas que faciliten procesos de cogestión.

Las empresas comunales son unidades económicas de patrimonio indivisible y de propiedad social comunal, que tienen por objeto la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad de realizar las actividades materiales y técnicas para hacer efectiva la gestión y administración de los servicios, actividades, bienes y recursos que han sido transferidos a la comunidad de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. Las empresas comunales serán constituidas mediante Documento Constitutivo Estatutario, acompañado del respectivo plan de transferencias, y adquirirán su personalidad jurídica una vez formalizado su registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en economía comunal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y su Reglamento.

A los fines de la implementación de lo previsto en el aparte anterior, el Ministerio del Poder Popular con competencia en economía comunal dictará la normativa de creación, regulación, condiciones, requisitos y demás aspectos del Registro de empresas comunales, quedando a cargo de su gestión, directamente, o a través de alguno de sus entes adscritos.

En la denominación de toda empresa comunal deberá indicarse tal carácter, bien mediante la mención expresa o abreviado mediante las siglas EC.

Serán aplicables a las empresas comunales las disposiciones sobre Empresas de Propiedad Social directa o indirecta comunal, contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y su Reglamento, y en el ordenamiento jurídico vigente, en cuanto a la naturaleza de éstas se adapte al espíritu, propósito y razón del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, e interpretándolas con arreglo a las normas y principios que se mencionan a continuación:

1. Las personas naturales y sujetos públicos o privados que formen parte de la empresa comunal no tienen derecho o participación sobre el patrimonio de la empresa, y el reparto de excedentes económicos, si los hubiere, se hará a través de la reinversión social de los excedentes para el beneficio de la colectividad a la que corresponda, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

2. Su objeto principal deberá corresponder a la realización de actividades materiales y técnicas específicas dirigidas a la ejecución de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos que han sido transferidos a la comunidad que conforma la empresa.

3. La estructura, organización interna y gestión de las empresas comunales debe estar en concordancia con el mandato constitucional de la participación protagónica, el cual se expresa en el control y gestión colectivos por parte de todos los sectores sociales involucrados en el proceso socioproductivo, en todas y cada una de las áreas de actuación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y su Reglamento, así como en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

4. Los mecanismos de toma de decisiones, así como la constitución de los órganos superiores de dirección y administración de la empresa comunal, deben estar sujetos a la voluntad popular, manifestada a través de Asambleas Populares, referendos y otras fórmulas de participación popular cuya transparencia y garantía de participación igualitaria de todos los miembros de la comunidad aseguren que la gestión quede efectivamente en manos del colectivo.

5. Las empresas comunales podrán agrupar otras empresas del mismo tipo, a manera de redes productoras o de servicios, pero no podrán incorporarse a dichas redes de empresas comunales sociedades mercantiles o compañías de comercio o, ni ninguna otra forma de sociedad civil o mercantil que modifique la naturaleza jurídica de la empresa socioproductiva o de servicio comunitario, en los términos desarrollados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

6. En todo aquello no contemplado en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, así como en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y su Reglamento, las empresas comunales se regirán por las normas especiales estableadas en el Reglamento del presente Decreto Ley, las disposiciones dictadas sobre el particular por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal y comunas y, supletoriamente, por el ordenamiento jurídico aplicable al régimen general de las empresas, en aquello que no contravenga el espíritu y razón del presente Decreto Ley.

7. En caso de la conclusión o disolución de la empresa comunal, si no existiere normativa específica establecida por el Ejecutivo Nacional conforme lo dispuesto en el numeral anterior, se procederá a su liquidación tomando en cuenta que los bienes resultantes de la liquidación, si los hubiere, no podrán ser apropiados por ninguna de las personas naturales o jurídicas que conforman la empresa, sino que los mismos conservarán la condición de bienes de propiedad social comunal directa o indirecta, según corresponda a la clasificación que se les hubiere otorgado para el momento de la constitución de la empresa.

Se establecen como mecanismos de participación los siguientes:

1. Establecimiento de estrategias de promoción de la participación ciudadana para coadyuvar en la ejecución de las actividades transferidas.

2. Promoción de la creación de nuevos sujetos transferencia y el apoyo a sus actividades.

3. Atención a las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación ciudadana en torno al proceso de transferencia objeto del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

4. Incentivo a la participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas comunales mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.

5. Promoción de mecanismos de control ciudadano en proyectos de Impacto económico, social y financiero.

6. Impulso a la creación de organizaciones del Poder Popular y empresas comunales de servicios como fuentes generadoras de trabajo liberador y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.

7. Promoción de políticas, estrategias y procedimientos para lograr el trabajo articulado entre las organizaciones comunitarias, la familia, el Estado y demás grupos sociales en la prestación de asistencia penitenciaria.

8. Diseño de las políticas públicas y modelos de gestión y administración de las transferencias de servicios, actividades, bienes y recursos.

Las relaciones fiscales entre las entidades político territoriales y los Sujetos de la Transferencia estarán regidas por los principios de integridad territorial, progresividad, coordinación, cooperación, sincronía, solidaridad ínter territorial y subsidiariedad.

El Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, podrán acordar la exoneración total o parcial del pago de los tributos de su competencia, a favor de los sujetos de transferencia, en el ejercicio de las gestiones transferidas.

Asimismo, los órganos y entes del Poder Nacional, Estadal o Municipal podrán, en el ámbito de sus competencias, acordar otras modalidades de incentivo fiscal destinadas a facilitar la gestión y administración de los servicios, actividades, bienes y recursos transferidos de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Los sujetos de transferencia deberán desarrollar acciones de trabajo comunitario, de manera organizada, coordinada y colectiva, como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, contribuyendo al desarrollo socialista comunal.

La forma que adopte el trabajo comunitario, así como el tiempo que se dedique al mismo se decidirá por el colectivo que conforma al sujeto de transferencia.