Decisión nº 1786 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 17 de Noviembre de 2010

En la resolución del contrato de arrendamiento…

A pagar por vía subsidiaria conforme al contrato o convenio definitivo en su cláusula cuarta, establecida como Cláusula Penal….

A pagar por vía subsidiaria, el cumplimiento de la mencionada cláusula cuarta del convenio….

Se ordene la indexación judicial….

A pagar las costas procesales.

Por su parte, los ciudadanos R.E.G. y M.P.d.G., partes demandadas, a través de sus apoderados judiciales abogados X.P. y F.E.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº21.950 y 31.919, en la contestación al fondo de la demanda, exponen:

 Oponemos en nombre y representación de nuestros mandantes la cuestión previa [sic] en el artículo 346 del Código e [sic] Procedimiento Civil, Ordinal 1º, por existir LITISPENDENCIA…, por decisión que debe proferir del Juzgado Tercero de Primera Instancia.., por juicio de Nulidad de Documento incoado contra el ciudadano Jose [sic] F.M. Cepeda….

 Oponemos la cuestión previa establecida en el artículo 346, Ordinal 8º del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la cuestión previa de la existencia de una Cuestión Prejudicial que debe resolverse en proceso distinto….

 Oponemos al actor la cuestión previa establecida en el Ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, esto es la Prohibición de la Ley de Admitir la acción propuesta….

 Oponemos a la parte actora, la cuestión previa de la Acumulación de Acciones Excluyentes, contenida en el Ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la acumulación de acciones prohibida por el artículo 78 eiusdem….

 Rechazamos, negamos y contradecimos en todas y cada una de sus partes tanto en los hechos como el derecho explanado e invocados por la parte actora, por tratarse de una demanda infundada….

 Rechazamos, negamos y contradecimos en todas y cada una de sus partes, que nuestros representados deban pagar a la parte actora las cantidades contenidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 peticionados en el libelo de la demanda….

 Rechazamos, negamos y contradecimos e impugnamos en todos [sic] y cada una de sus partes el contenido del particular segundo, tercero, cuarto y quinto, ya que la solicitud de Cláusula Penal e indexación es totalmente improcedente….

 Impugnamos el documento que riela del folio 15 al 17 en razón de que dicho documento es objeto de la acción de Nulidad de Documento que cursa por ante el Juzgado Superior Primero de esta circunscripción judicial.

 Impugnamos los documentos que riela a los folios 18 al 22 por ser documentos emanados de la parte actora como comprobantes de pagos de los meses a que hace referencia los mismos y no una notificación de no renovación del contrato….

 Rechazamos negamos y contradecimos en todas y cada una de sus partes y no es cierto que la prórroga legal este [sic] vencida….

 Impugnamos los documentos que rielan a los folios 23 y 24 por ser autorizaciones privadas no oponibles a terceros….

 Rechazamos negamos, contradecimos y no es cierto en todas y cada una de sus partes, que surjan para nuestros poderdantes las obligaciones contenidas en el llamado convenio definitivo autenticado por ante la Notaría tercera de Mérida, de fecha 06 de Marzo 2007….

 Rechazamos negamos y contradecimos en todas y cada una de sus partes lo alegado por el demandante como fundamento legal de la supuesta acción de resolución de contrato de arrendamiento y cumplimiento de la cláusula penal….

 En nombre de nuestros poderdantes formalmente impugnamos la sediciente [sic] Inspección Judicial que obra a los folios 24 al 47 por tratarse de una inspección extralitis….

 Tachamos los documentos reconocidos por ante el Juzgado Primero de los Municipios…, según solicitud N°6731, que riela a los folios 120 al 141 y folios 142 al 180….

 Impugnamos todos y cada uno de los fundamentos jurídicos y las supuestas obligaciones que les impone arbitrariamente el demandante….

 Impugnamos en todas y cada una de sus partes el libelo de la demanda cabeza de estas actuaciones ya que el actor no estimo [sic] el valor de la demanda ni en bolívares ni en unidades tributarias….

 …estamos en presencia de un fraude procesal…, en aplicación del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil….

Trabada la litis esta Juzgadora procede a dirimir la controversia planteada, bajo el análisis del libelo de la demanda y su contestación junto a las pruebas promovidas por las partes, de conformidad al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que reza:

‘Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho……Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados………’

Pero antes de ello, esta Juzgadora procede a resolver como punto previo de la sentencia la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento suscrito y determinar si corresponde a los contratos a tiempo determinado o a tiempo indeterminado para así establecer la correcta o incorrecta fundamentación legal realizada por el actor al incoar la presente acción.

PUNTO PREVIO:

Esta Juzgadora entra al análisis del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, para determinar si estamos en presencia de un contrato a tiempo determinado o se convirtió a tiempo indeterminado. Ello vista la exposición realizada por la parte demandada, al expresar:

‘…en su extensa y confusa relación de los hechos, entre otras cosas sostiene que en fecha 18 de enero del 2002 se otorgó contrato de arrendamiento por ante la Notaría Pública Primera de Mérida y se firmó un documento de finiquito por ante la notaría tercera de Mérida…, no se infiere que se les haya notificado a nuestros mandantes la no renovación del contrato de arrendamiento que se les vincula con el actor desde el 01 de octubre de 2001’.

En atención a lo previsto en el único aparte del artículo 12 del Código, ya citado, reza:

‘En la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe’.

Al respecto, procedemos a su análisis de la forma siguiente:

El Tribunal procede, para el referido análisis, a transcribir la cláusula Tercera del Contrato de Arrendamiento autenticado en fecha 18 de Enero de 2002, en la que se estableció la duración del contrato de la forma lo siguiente:

‘Cláusula Tercera: La duración de este contrato, es de un (1) año, contado a partir del Primero de Octubre de 2001, prorrogable por períodos iguales y sucesivos. Las prórrogas, se consideran como de plazo fijo, a menos que una de las partes, diere a la otra un aviso por escrito con no menos de sesenta días de anticipación a la fecha de vencimiento del término correspondiente, manifestando su voluntad de no prorrogar más el contrato. La notificación de No Renovación de este contrato será por telegrama o por escrito, bastando con notificar Al Arrentadario [sic]’.

Esta Juzgadora observa que la cláusula Tercera del contrato establece prórrogas iguales y sucesivas que deben ser consideradas dichas prórrogas como de fecha fija o término fijo, manifestando la voluntad de celebrar dicho contrato a tiempo determinado.

Igualmente se observa, que se estableció la coletilla: ‘prorrogable’, ‘salvo que una de las partes manifiesten su voluntad de no prorrogarlo’, lo cual debemos entender que son prórrogas sucesivas hasta que una de las partes manifiesten su voluntad de no continuar en la relación contractual arrendaticia suscrita.

De lo establecido en dicha cláusula y suscrito por las partes podemos indicar, que el artículo 1.159 del Código Civil, al respecto expresa:

‘Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley’

Y el artículo 1.160 y 1.166, sobre la materia, también señala:

‘Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos......’

‘Los contratos no tienen efectos sino entre las partes contratantes.....’

En este orden de ideas, se observa entonces que el contrato de arrendamiento fue suscrito por vía de autenticación en fecha 18 de Enero de 2002, pero en la cláusula tercera del mismo indica que la relación contractual arrendaticia se inició a partir del 01 de Octubre de 2001, siendo un contrato de arrendamiento suscrito a tiempo determinado y la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios regula la materia cuando los contratos son a término fijo y cuando se convierten en indeterminado, y siendo que en el referido contrato es a término fijo y se ha procedido a su notificación por vía de notaría de la no renovación del contrato, al ser sometido a su análisis se observa que el mismo debe ser declarado nulo porque obliga al arrendatario, aquí parte demandada, a entregar el inmueble en un plazo de un año, violentando el ordenamiento legal que establece el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, referente a la prórroga legal arrendaticia que deben disfrutar los arrendatarios; entonces, conforme al artículo 7 de la referida ley, que ordena a que ‘declare nula toda acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de los derechos’ a los arrendatarios, en consecuencia, esta Juzgadora así lo declara.

Partiendo de ello, esta Juzgadora establece entonces, que la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento en cuestión es un contrato a término, o a tiempo fijo con prórrogas renovables hasta que una de las partes manifieste su voluntad de no prorrogarlo; en consecuencia, continúa vigente el contrato de arrendamiento suscrito por la ilegalidad practicada en la notificación al indicar que deben hacer entrega del inmueble, objeto del presente litigio, en un año violando derechos legales y constitucionales del arrendatario, aquí parte demandada, y por ello generando confusión en la propia notificación y la fecha en que debe operar la prórroga legal y consecuencialmente, en la entrega del inmueble y ASI [sic] SE DECIDE.

En atención a lo expuesto, la Sala de Casación Civil con ponencia de la Magistrada, I.A.P.E., transcribe decisión dictada por la Sala Constitucional en fecha 24 de Abril de 2002, sentencia Nro. 834, Expediente Nro. 02-570....., en la cual señaló en relación a los contratos de arrendamientos, lo siguiente:

‘Es criterio de la Sala, .......; lo ajustado a derecho era declarar que la acción que incoò el demandante si era contraria a derecho, por cuanto la misma no encuentra ningún apoyo en el ordenamiento jurídico, toda vez que no existe la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento, cuando el mismo es a tiempo indeterminado. En efecto, la acción escogida por el demandante no resultaba idónea para su pretensión, en razón de la naturaleza jurídica del contrato….

Por su parte, el demandado.... si cumplió con la demostración de la contrariedad a derecho de la demanda cuando argumentó que el contrato de arrendamiento objeto de la demanda no era por tiempo determinado, sino por tiempo indeterminado, este alegato fundamental ha tenido que ser apreciado por el Tribunal de la causa, pues este tiene que verificar la procedencia de la acción escogida por el demandante antes de darle curso a la misma. (Lo destacado es del Tribunal).

Así mismo [sic], dicha Sala en decisión Nro. 1391, de fecha 28 de Junio de 2005, Expediente Nro. 04-1845, señaló:

‘........Al respecto, es necesario precisar que el cumplimiento del contrato de arrendamiento se exige sólo en aquellos casos en los cuales este [sic] determinado el tiempo de duración del contrato de arrendamiento, ya que allí sólo se está solicitando el cumplimiento de la obligación tal como ha sido contraída, pacto sunt servanda, de forma que la voluntad unilateral del arrendador de solicitar el cumplimiento o la desocupación no obedece a la voluntad unilateral de éste, sino a lo previsto y consentido por ambas partes en el contrato....., pero visto que en el caso planteado la relación arrendaticia se había convertido a tiempo indeterminado, no podía ser válida la notificación unilateral del arrendador...., la única vía para solicitar el desalojo en contratos sin determinación de tiempo es demandar de conformidad con alguna de las causales previstas en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios’

De los criterios jurisprudenciales transcritos, se desprende que un contrato de arrendamiento a tiempo determinado la única vía es demandar por Resolución de Contrato de Arrendamiento, o vencimiento de la prórroga legal arrendaticia de conformidad con lo previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

En atención a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que la parte actora no subvirtió el procedimiento pautado para el caso planteado, no infringió reglas de orden público y no viola el debido proceso y, por ende, el derecho a la defensa; por tanto, no se considera procedente en derecho la tutela constitucional invocada por el demandado y ASI [sic] SE DECIDE.

En atención a lo expuesto, esta Juzgadora considera que lo ajustado a derecho es declarar que la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento suscrito es a tiempo determinado y por tanto, encuentra apoyo en el ordenamiento jurídico. En efecto, la acción escogida por el demandante resulta idónea para su pretensión, en razón de la naturaleza jurídica del contrato, pues al ser éste a tiempo determinado y aún vigente, lo procedente es intentar la acción por Resolución del Contrato de Arrendamiento y no una acción distinta. Igualmente, el demandado al contestar la demanda aunque cumplió con la demostración de la contrariedad a derecho de la demanda cuando argumenta que el contrato de arrendamiento objeto de la demanda se encuentra aún vigente porque los demandados aún no han sido notificados, lo alegado es apreciado por el Tribunal y por tanto, el contrato de arrendamiento suscrito es a tiempo determinado y se encuentra en vigencia y se resuelve como punto previo lo solicitado y ASI SE DECIDE.

Determinada la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, en ser un contrato de arrendamiento a tiempo determinado y vigente, ahora entramos al análisis de las cuestiones previas opuestas por la parte demandada y desvirtuada por la parte actora de conformidad al artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y ASI [sic] SE DECIDE.

Se procede a resolver como punto previo las cuestiones previas opuestas alegadas por las partes demandadas en su escrito de contestación, el cual paso a resolver de la forma siguiente.

CUESTIONES PREVIAS:

PUNTO PREVIO Nº1

OPONE LA CUESTION [sic] PREVIA ORDINAL 1º DEL ARTICULO [sic] 346 DEL CODIGO [sic] DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR EXISTIR LITISPENDENCIA.

La parte demandada al contestar el fondo de la demanda opone la Cuestión Previa del Ordinal 1º contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, alegando existir Litispendencia, el cual debe resolverse en un juicio diferente como es la decisión que debe proferir el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Estado Mérida, quien posteriormente conoce el Juzgado Primero de Primera Instancia de esta circunscripción judicial, en el juicio de nulidad de documento incoada en contra del ciudadano J.F.M.C.. En oposición a ello, la parte actora consigna escrito de rechazo a la oposición de la cuestión previa interpuesta alegando ‘que no existen dos procesos con causas idénticas, que sean referidas a los mismos sujetos, el mismo objeto y el mismo título, para que el juez deseche la causa…’.

Al respecto, el Tribunal procede al análisis de la forma siguiente:

1) En opinión del autor L.E.C.E., en su obra ‘Las Cuestiones Previas’, sobre la Litispendencia expresa:

‘Este es uno de los casos de terminación anormal del proceso, en razón de no permitirse, que una misma controversia, sea tramitada y decidida más que una sola vez, por disposición del artículo 272 del Código e [sic] Procedimiento Civil, en consecuencia, subsiste únicamente el proceso en el cual se haya citado primero.

Requisitos para su procedencia:

1. Es necesario que ambos procesos estén en curso, es decir que ninguno de los procesos tenga sentencia definitivamente firme.

2. y, que se trate de la misma causa, es decir que haya identidad absoluta de: sujetos, objeto y causa’.

2) Esta Juzgadora observa que la parte demandada alega que interpuso la acción de Nulidad de Documento de fecha 27 de junio de 2008 contra la parte actora y el Juzgado Primero de Instancia [sic] de esta Ciudad de Mérida, quien conoció de la acción, dictó la perención de la instancia la cual fue apelada y conoce en alzada el Juzgado Superior Primero de esta circunscripción judicial.

3) Siguiendo este orden de ideas, esta juzgadora observa que si bien es cierto que la parte demandada introduce acción contra la parte actora por nulidad de documento de finiquito suscrito en fecha 27 de junio de 2008, se observa que aunque haya identidad de sujetos no la hay en el objeto y la causa; porque la acción que conoce esta juzgadora está referida a una acción por resolución de contrato de arrendamiento y no por nulidad de documento de finiquito de fecha 27 de junio de 2008.

4) En consecuencia, esta Juzgadora observa que no hay litispendencia de la presente causa respecto a la que cursa que por vía de apelación conoce el Juzgado Superior Primero del Estado Mérida, por lo que debe ser declarada sin lugar la cuestión previa opuesta y ASI [sic] SE DECIDE.

PUNTO PREVIO Nº2

OPONE LA CUESTION [sic] PREVIA ORDINAL 8º DEL ARTICULO [sic] 346 DEL CODIGO [sic] DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR EXISTIR UNA CUESTION [sic] PREJUDICIAL.

La parte demandada al contestar el fondo de la demanda opone la Cuestión Previa del Ordinal 8º contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, alegando la existencia de una Cuestión Prejudicial, el [sic] cual debe resolverse en un proceso diferente. Pues alega que la decisión que debe proferir el Juzgado Superior Primero de Primera Instancia del Estado Mérida, por apelación al juicio de nulidad de documento incoado en contra del ciudadano J.F.M.C., existe una cuestión prejudicial vinculado con la controversia de la causa, por cuanto la pretensión reclamada en el juicio de nulidad está íntegramente [sic] vinculada con esta causa. Contrario a ello, la parte actora, consigna escrito de rechazo a la oposición de la cuestión previa interpuesta alegando que ‘no existe subordinación de una causa a la otra…’.

Al respecto, el Tribunal procede al análisis de la forma siguiente:

1) El autor L.E.C.E., ya citado, sobre la Cuestión Prejudicial, comenta:

‘Al respecto Alsina (1958), expresa:

‘Para que una cuestión tenga carácter prejudicial en sentido propio, debe fundarse en una relación substancial independiente de la que motiva la litis y cuyo conocimiento corresponde, por disposición de la ley o por la naturaleza jurídica de la cuestión y en juicio autónomo a otro tribunal, la decisión del cual deberá influir con efecto de cosa juzgada en la resolución final a dictarse respecto de aquella’.

Y agrega este autor, que existe cuestión prejudicial cuando debe ser resuelta antes de la cuestión principal porque constituye un antecedente lógico de la sentencia.

En otras palabras, existen dos relaciones jurídico materiales dependientes una de la otra; por lo tanto, para decidir la relación dependiente, se requiere que previamente sea decidida la relación independiente; cuyo dispositivo por tener fuerza de cosa juzgada, tendrá que ser acogido en la sentencia respecto a la relación dependiente’.

2) En este orden de ideas, esta Juzgadora observa que la parte demandada alega que de declararse con lugar la nulidad del documento de finiquito de fecha 27 de junio de 2008, conlleva el efecto inmediato de cosa juzgada que influye de forma determinante en la decisión final del presente juicio. Al respecto, debemos indicar que en el punto previo de la motiva del presente fallo se analizó la naturaleza jurídica del contrato determinando que el mismo continúa vigente porque lo suscrito en el documento de finiquito de fecha 27 de junio de 2008, viola derechos legales y constitucionales y por tanto, se considera no suscrito lo allí indicado como lo ordena el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios pero en nada determina la presente acción incoada para que sea declarada con o sin lugar.

3) Es importante destacar, que de declararse con o sin lugar la acción de nulidad interpuesta contra el referido documento de finiquito por la parte demandada contra el actor por el superior, en nada desvirtúa o influye sobre la sentencia a dictarse en la presente acción, para lo cual debe declarársele sin lugar la cuestión previa opuesta y ASI [sic] SE DECIDE.

PUNTO PREVIO Nº3

OPONE LA CUESTION [sic] PREVIA ORDINAL 11º DEL ARTICULO [sic] 346 DEL CODIGO [sic] DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LA PROHIBICION [sic] DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCION [sic] PROPUESTA.

La parte demandada al contestar el fondo de la demanda opone la Cuestión Previa del Ordinal 11º contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, alegando La Prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta. Pues alega que ‘la parte actora en su petitorio del libelo solicita la resolución del contrato de arrendamiento por estar vencida la prórroga legal…, y que de los recaudos no se infiere que se les haya notificado a nuestros mandantes la no renovación del contrato de arrendamiento…’. Contrario a ello, la parte actora, consigna escrito de rechazo a la oposición de la cuestión previa interpuesta alegando que ‘estos alegatos no son pertinentes…, no se ajusta a los presuntos [sic] que contiene esta cuestión…, lo que hace es tratar de retardar el proceso…’.

Al respecto, el Tribunal procede al análisis de la forma siguiente:

1) El autor L.E.C.E., ya citado, sobre la Prohibición de la Ley de Admitir la Acción Propuesta, comenta:

‘El ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, prevé dos hipótesis para la procedencia de esta cuestión previa: a) cuando la ley prohíbe admitir la acción propuesta y b) cuando la ley permite admitir la acción propuesta, sólo por determinadas causales, de manera que si no se invocan en la demanda, esas causales señaladas en la ley, la demanda es improponible.

En el primer supuesto de esta cuestión previa, cuando la ley prohíbe admitir la acción propuesta, señala Rengel (1991), que existe ‘carencia de acción’ y la define ‘como la privación del derecho a la jurisdicción, ya por caducidad de la acción, o bien por prohibición de la ley de admitir la acción propuesta.

En el segundo supuesto de esta cuestión previa, cuando la ley sólo permite admitir la acción por determinadas causales, sí existe el derecho de acción para el demandante, pero está limitado para su ejercicio’.

2) Esta Juzgadora observa que la parte demandada alega que el actor al interponer la acción solicita la resolución del contrato de arrendamiento por estar vencida la prórroga legal, lo cual hace confusa la relación de los hechos. Al respecto, debemos indicar que en el punto previo de la motiva del presente fallo se analizó la naturaleza jurídica del contrato determinando que el mismo continúa vigente porque lo suscrito en el documento de finiquito de fecha 27 de junio de 2008, viola derechos legales y constitucionales y por tanto, se considera no suscrito lo allí indicado como lo ordena el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios pero en nada determina la presente acción para no ser admitida por estar prohibida por la ley.

3) Es importante destacar, que de declararse con o sin lugar la acción de nulidad interpuesta contra el referido documento de finiquito por la parte demandada contra el actor por el superior, en nada desvirtúa o influye sobre la sentencia a dictarse en la presente acción, para lo cual debe declarársele sin lugar la cuestión previa opuesta y ASI [sic] SE DECIDE.

PUNTO PREVIO Nº4

OPONE LA CUESTION [sic] PREVIA ORDINAL 6º DEL ARTICULO [sic] 346 DEL CODIGO [sic] DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LA ACUMULACIÓN [sic] DE ACCIONES EXCLUYENTES.

La parte demandada al contestar el fondo de la demanda opone la Cuestión Previa del Ordinal 6º contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, alegando La Acumulación de Acciones Excluyentes. Pues alega que ‘el demandante actor pretende acumular y tramitar conjuntamente, asuntos para los cuales se han establecido procedimientos diferentes y autónomos… La Resolución del Contrato de Arrendamiento y pagar por vía subsidiaria conforme al convenio definitivo firmado…’. Contrario a ello, la parte actora, consigna escrito de rechazo a la oposición de la cuestión previa interpuesta alegando que ‘el petitorio del libelo de la demanda en la presente causa no es incompatible, pues el cobro de la cláusula penal es derivada del mismo contrato de arrendamiento y del finiquito o convenio definitivo sobre la desocupación y entrega del local comercial Nº8 dado en arrendamiento y la misma se solicitó en forma subsidiaria’.

Al respecto, el Tribunal procede al análisis de la forma siguiente:

1) El autor L.E.C.E., ya citado, sobre La Acumulación de Acciones Excluyentes, comenta:

‘Al Tratar el tema de la clasificación de la demanda, señala De Santo (1981), que las demandas pueden ser complejas:

‘En la demanda simple la cuestión que se somete a juicio es una sola; en la compleja, varias, y a su vez puede ser:

1) Acumulativa, cuando se acumulan distintas pretensiones, con el objeto de que todas ellas prosperen…

2) Alternativa, cuando la acumulación se efectúa para que prospere una de las varias pretensiones y en defecto de ella la o las otras, en orden sucesivo….

3) Subordinada, en la cual la acumulación se efectúa en una relación de dependencia tal que es necesario que una pretensión principal prospere para que abra el derecho a la pretensión subordinada’.

El artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, por razones de economía procesal, faculta al demandante para que en una sola demanda acumule varias pretensiones, es decir, intente una demanda compleja.

Sin embargo, el artículo 78 del mismo código, establece algunas limitaciones para efectuar dicha acumulación de pretensiones: a) que no sean incompatibles, por resultar excluyentes o contrarias entre sí, b) que la competencia por la materia, le permita conocer al mismo Tribunal de todas las pretensiones; c) que los procedimientos no sean incompatibles; y, d) que aún siendo incompatibles las pretensiones, se propongan una como subsidiaria de otra, siempre que el procedimiento sea compatible’.

2) Esta Juzgadora observa que la parte demandada alega que el actor al interponer la acción solicita la resolución del contrato de arrendamiento y pagar por vía subsidiaria conforme al convenio definitivo…, petitorios estos, que por sí solo representan dos acciones autónomas e independientes…’. Al respecto, debemos indicar que en el punto previo de la motiva del presente fallo se analizó la naturaleza jurídica del contrato determinando que el mismo continúa vigente porque lo suscrito en el documento de finiquito de fecha 27 de junio de 2008, viola derechos legales y constitucionales y por tanto, se considera no suscrito lo allí indicado como lo ordena el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y por ello, lo solicitado por el actor en el petitorio de su libelo respecto, al pago de la cláusula penal suscrito en el contrato o documento finiquito, no procede y en nada determina que la acción no debe ser admitida por la acumulación de acciones excluyentes.

3) Es importante destacar, que el juez puede no satisfacer íntegramente el petitorio del libelo interpuesto por el actor, porque puede declarar parcialmente la acción y por tanto, rechazar lo solicitado en el petitorio del libelo por resultar excluyente de la acción misma; en consecuencia lo aquí señalado en nada desvirtúa o influye sobre la sentencia a dictarse en la presente acción, para lo cual debe declarársele sin lugar la cuestión previa opuesta y ASI [sic] SE DECIDE.

4) En atención a lo anteriormente expuesto, esta Juzgadora declara sin lugar la cuestión previa opuesta y ASI [sic] SE DECIDE.

Cumplido el análisis de las cuestiones previas opuestas y declaradas todas sin lugar, esta Juzgadora procede al análisis de las pruebas promovidas por las partes y ASI [sic] SE DECIDE.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL ABOGADO JOSE [sic] F.M. [sic] CEPEDA, PARTE ACTORA, ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN [sic].

Documentales.

Con el objeto de probar la relación arrendaticia, solicito se le de valor jurídico al Contrato de Arrendamiento otorgado ante la Notaría Pública Tercera de la ciudad de Mérida….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa a los folios 9 al 13 del expediente, que el Contrato de Arrendamiento suscrito entre el abogado Jose [sic] F.M.C. y los ciudadanos R.E.G. y M.P.d.G., tiene pleno valor probatorio, por ser un documento autenticado que cumple con las formalidades de ley y el mismo es conducente y pertinente para demostrar la relación contractual arrendaticia existente y ASI [sic] SE DECIDE.

Con el objeto de probar las debidas y oportunas notificaciones que el Arrendador Jose [sic] F.M.C. efectuó por escrito al Arrendatario R.E.G. [sic] y M.P. [sic] de Gonzalez [sic], como lo indica la cláusula tercera…, cuyos comprobantes de pago del canon de arrendamiento están debidamente firmados, quedando notificados dichos ciudadanos….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa a los folios 18 al 22 del expediente, recibos de pago realizado por los ciudadanos R.E.G. y M.P.d.G., por la cantidad de Bs.650,oo, la [sic] cual tiene pleno valor probatorio porque no fueron impugnados ni desconocidos por su adversario. Sin embargo, para esta Juzgadora dichos recibos de pago no determinan que se encuentran legalmente notificados en virtud de que lesiona derechos legales y constitucionales al establecer la entrega del inmueble en un plazo de un año, además lo suscrito generó en ambas partes confusión y oscuridad en el término de la entrega del inmueble por tanto, dichos recibos para demostrar la eficacia de notificación realizada no tiene valor alguno y ASI [sic] SE DECIDE.

Valor y mérito jurídico al convenio definitivo firmado ante la Notaría Pública Tercera de la ciudad de Mérida…, de fecha 06 de marzo de 2007…, para probar y ratificar la no renovación del contrato de arrendamiento y la entrega del local Nº8….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa a los folios 15 al 18 del expediente, documento suscrito por varios arrendatarios con el arrendador firmado por ante la Notaría Pública Tercera de la Ciudad de Mérida en fecha 06 de marzo de 2007, para notificarles la no renovación del contrato de arrendamiento y la entrega de varios locales comerciales. Al respecto debo señalar, que esta Juzgadora no le otorga pleno valor probatorio porque lo allí suscrito es violatorio de derechos legales y constitucionales al establecer un término de un año para la entrega de los locales que ocupan en calidad de arrendatarios violando lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que regula el beneficio de la prórroga legal de que disponen los arrendatarios. En este sentido, el artículo 7 de la mencionada ley establece: ‘Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos’. De manera pués [sic], que el contrato de arrendamiento continúa vigente y en consecuencia, no han sido legalmente notificados para que estos puedan determinan la prórroga legal que les corresponde por ley, lo cual es un derecho irrenunciable; en consecuencia, lo aquí promovido carece de eficacia probatoria y ASI [sic] SE DECIDE.

Con el objeto de probar que el ciudadano arrendatario R.E.G. y M.P.d.G. como Fiadora Solidaria, consignan los cánones de arrendamiento devengados por el local comercial Nº8, quedando inalterable conforme a lo establecido a la cláusula tercera de dicho convenio definitivo…, ante el Tribunal Primero de los Municipios en el expediente Nº377….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa a los folios 48 al 115 del expediente, copia certificada del expediente de consignación que realizan los arrendatarios a favor del arrendador Jose [sic] F.M.C., el cual tiene pleno valor probatorio y ASI [sic] SE DECIDE.

Con la finalidad de probar y de establecer que las autorizaciones son ciertas y emanan de mi esposa Hilda de las N.R. de Méndez, solicito de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, se digne citar a la ciudadana Hilda de las N.R. de Méndez…, para que como testigo ratifique los documentos consignados con el libelo de la demanda, sobre las Autorizaciones relativas al arrendamiento del local comercial Nº8 y sobre el derecho de usufructo de dicho local….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que se cumplió con lo solicitado, y aperturó día y hora para que tenga lugar el acto de reconocimiento sobre los documentos consignados en el libelo de la demanda por la ciudadana Hilda de las N.R. de Méndez y presentándose al acto reconoció dichos documentos que le fueron presentados a la vista; en consecuencia, conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, a dichos documentos se le otorga pleno valor probatorio y ASI [sic] SE DECIDE.

Con la finalidad de probar la existencia del matrimonio entre la ciudadana Hilda de las N.R. de Méndez y el ciudadano J.F.M.C., arrendador del local comercial Nº8, consigno copia certificada del acta de matrimonio, así como las partidas de nacimiento de nuestros hijos….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que los documentos aquí promovidos tienen pleno valor probatorio pero en nada ilustra a esta Juzgadora sobre la controversia planteada y ASI [sic]SE DECIDE.

Con la finalidad de probar la existencia del derecho de Usufructo sobre el inmueble, situado en la avenida 4 Bolívar, Nº25-46 de la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del estado Mérida, dentro del cual está ubicado el local comercial Nº8, a favor de la ciudadana Hilda de las N.R. de Méndez….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que el documento de propiedad que riela a los folios 212 al 214 del expediente, tiene pleno valor probatorio y ASI [sic] SE DECIDE.

Para probar que el inmueble con uso comercial, situado en la avenida 4º Bolívar, Nº25-46 de la ciudad de Mérida…, donde está ubicado el local comercial Nº8, los propietarios del inmueble…están de acuerdo con la acción judicial intentada…, en virtud de que dicho inmueble va a ser remodelado totalmente por mis hijos….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que lo señalado tiene pleno valor probatorio, pero es deficiente para demostrar la pretensión esgrimida y ASI SE DECIDE.

Para probar que el inmueble con uso comercial donde está ubicado el local comercial Nº8, se encuentra en franco deterioro como lo establecen los informes presentados con el libelo de la demanda, debidamente reconocidos en los Tribunales, por los profesionales ciudadanos: Ingeniero J.L.A.B. y el Ingeniero J.G.B. Terán…, cuyos informes obran en el expediente….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa a los folios 120 al 173 del expediente, dos Informe [sic] Técnico [sic] de evaluación de las condiciones generales y actuales para uso de los locales comerciales realizados por dichos ingenieros los cuales tiene valor probatorio y los mismos son conducentes y pertinentes para demostrar la pretensión esgrimida por el actor y ASI [sic] SE DECIDE.

Inspección Ocular. Con la finalidad de probar la violación de la cláusula décima séptima del contrato de arrendamiento, solicito se le [de] valor y mérito jurídico a la Inspección Extrajudicial realizada por la Notaría Pública Tercera de la ciudad de Mérida, en fecha primero del mes de octubre de 2008, la cual consta en el expediente, consignada con el libelo de la demanda, realizada de conformidad con el artículo 1429 del Código Civil….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa a los folios 32 al 46 del expediente inspección ocular sobre el inmueble objeto del presente litigio, realizada por la Notaría Tercera del Estado Mérida para dejar constancia de las condiciones físicas del referido inmueble. Se observa que la parte demandada impugna dicha inspección alegando ‘que el promovente de la prueba no estableció la condición de procedencia y la necesidad de la misma….’ Al respecto, es importante señalar que la inspección ocular fue practicada por un funcionario público competente dejando constancia de lo observado y para la práctica de la misma el arrendatario permitió el acceso al mismo adquiriendo en consecuencia, pleno valor probatorio. Igualmente, se observa que se acompañó fotografías que ilustran las condiciones físicas en que se encuentra el inmueble, requiriendo reparaciones urgentes y necesarias para la mejor prestación de los servicios que ofrecen los locales comerciales que integran el inmueble; en consecuencia lo aquí promovido posee pleno valor probatorio y el mismo es conducente y pertinente para demostrar su pretensión y ASI [sic] SE DECIDE.

Inspección Judicial. De conformidad con los artículos 472 y 889 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de verificar y con el objeto de probar los hechos relacionados con la composición del inmueble con uso comercial donde está ubicado el local comercial Nº8, objeto de la acción judicial propuesta en la presente causa y conforme a los hechos establecidos en el libelo de la demanda, solicito del Tribunal se digne trasladarse y constituirse en el inmueble…, con la finalidad de dejar constancia de los siguientes….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que dicha prueba fue admitida y evacuada, fijando día y hora para la práctica de la misma. El Tribunal se constituyó en el inmueble y practicó la inspección judicial con la presencia de las partes contendientes, en términos generales el tribunal deja constancia que el inmueble se encuentra en regulaciones [sic] condiciones de habitabilidad y para la prestación de servicios, requiriendo para ello reparaciones y mantenimiento de pintura en general; en consecuencia lo aquí promovido tiene pleno valor probatorio y conducentes para demostrar la pretensión del actor y ASI [sic] SE DECIDE.

De conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicito se designe solicitar informe a los representantes de la compañía Aguas de Mérida C.A., sobre el estado de la cuenta Nº03-0190-10800 relativa al servicio de agua de uso comercial, perteneciente al inmueble FRANHILKA situado en la avenida 4 Bolívar Nº25-46 de la Ciudad de Mérida, Estado Mérida, donde funciona el local comercial Nº8, todo de acuerdo con la cláusula quinta del contrato de arrendamiento que obra en el expediente como prueba, el cual establece que deben tener pagos los servicios públicos al día, sin vencimientos.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido admite dicha prueba y oficia a la empresa Aguas de Mérida C.A., para que remita informe o facturación del consumo de agua del local Nº8, ubicado en el inmueble FRANHILKA. La empresa Aguas de Mérida C.A., cumplió con lo solicitado y remite el informe sobre el consumo realizado y al respecto señala: Desde 11/12/2009 26/12/2009 20/01/2010 04/02/2010= 391,53; es decir que se adeuda la cantidad de Bs.391,53, por consumo de agua; en consecuencia lo aquí promovido tiene pleno valor probatorio y el mismo es conducente y pertinente para demostrar su pretensión y ASI [sic] SE DECIDE.

Con la finalidad de probar que efectivamente mis hijos: F.J., M.A. [sic] y M.M.R., propietarios del inmueble con uso comercial…, presento constancias de las planillas del uso Conforme, Permiso de Construcción e Inspecciones, conforme la tramitación del proyecto de remodelación y demolición debidamente firmada y sellada por SAMAT de la Alcaldía del Municipio Libertador …, motivado a los daños materiales que se le han ocasionado a dicho inmueble, para el otorgamiento del permiso definitivo, para la posterior remodelación total del mismo.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa el permiso de construcción y remodelación del inmueble, objeto del presente litigio, expedido por la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Mérida, el cual tiene pleno valor probatorio y el mismo es conducente y pertinente para demostrar su pretensión y ASI [sic] SE DECIDE.

Con la finalidad de probar que efectivamente el Juzgado Primero de Primera Instancia declaró la Perención de la Instancia del expediente que habían demandado la nulidad del finiquito o convenio definitivo….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa copia certificada expedida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del estado Mérida, el [sic] cual posee pleno valor probatorio pero en nada ilustra a esta Juzgadora sobre la controversia planteada porque dicho documento fue anulado en el presente juicio por presentar cláusulas violatorias de derechos legales y constituciones de los arrendatarios en atención a lo establecido al artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; en consecuencia, lo aquí promovido carece de eficacia probatoria para demostrar su pretensión y ASI [sic] SE DECIDE.

De conformidad con el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil solicito se le de valor jurídico a la prueba que presento, relativa a un disco cuyo contenido presenta un video en formato DVD, grabado el día domingo 07-12-2008, en horas de la mañana, en la cual se evidencia que del inmueble… se extraían escombros de construcción…, sin autorización del arrendador…, se puede observar el estado deplorable del inmueble….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido debe indicar que aunque fue admitida dicha prueba no fue posible su observación debido a que no posee los instrumentos necesarios para ello; en consecuencia, lo aquí promovido se desecha por la imposibilidad de su observación y ASI [sic] SE DECIDE.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LOS CIUDADANOS RAMON [sic] E.G. [sic] Y M.P. [sic] DE GONZALEZ [sic], PARTES [sic] DEMANDADAS, A TRAVES [sic] DE SUS APODERADOS JUDICIALES ABOGADOS X.P. Y F.E.P..

Invoco y reproduzco el valor jurídico de los argumentos fácticos y jurídicos de la Contestación a la Demanda así como las cuestiones previas contenidas en el expresado escrito, que fue consignado con fecha 3 de febrero de 2010 y que riela al presente expediente 7517.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido debe indicar que la contestación de la demanda realizada no constituye prueba alguna en virtud, de que ‘la demanda es el acto procesal del demandado, mediante el cual éste ejercita el derecho de defensa y da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda’. (A. Rengel Romberg. ‘Tratado de Derecho Procesal Civil’. P.112).

Entonces promover como prueba la contestación de la demanda realizada carece de eficacia probatoria por cuanto la ley pone a cargo de ambas partes la prueba de sus respectivas afirmaciones de hecho. Al respecto, el tratadista A. Rengel Romberg, ya citado, comenta:

‘que el derecho de defensa no se agota…para el demandado, con la contestación de la demanda, sino que garantiza a las partes el ejercicio de sus legítimas facultades procesales para cumplir las cargas, aprovechar las posibilidades y realizar las expectativas que el proceso comporta…’.

En consecuencia, lo aquí promovido carece de eficacia probatoria y en nada desvirtúa la pretensión del actor y ASI [sic] SE DECIDE.

Invoco y reproduzco el valor jurídico del libelo de demanda como valor probatorio de la confesión judicial por parte del actor en lo que se refiere a la parte del VIII al referirse al petitorio la parte actora en el Numeral Primero, en la Resolución del Contrato de Arrendamiento de fecha 18 de enero de 2002…, del cual demanda el supuesto vencimiento de la prórroga legal y la supuesta violación de la cláusula décima séptima que conlleva la obligación de la entrega del local Nº8…. Y al mismo tiempo en el numeral segundo demanda el pago de la cláusula penal establecida en el convenio definitivo…, petitorios estos, que por sí sólo representan dos acciones autónomas e independientes, que deben tramitarse, sustanciarse y decidirse separadamente.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido debe indicar, que la Confesión ‘es la declaración que hace una parte sobre los hechos propios, o el conocimiento que tiene de los hechos ajenos, y que perjudican o favorecen a la contraparte’. (Parra Quijano, citado por H.B.T., en su obra ‘Tratado de Derecho Probatorio’,p.5). En este sentido, esta Juzgadora observa que no existe tal confesión del actor que desvirtúe la pretensión esgrimida por éste; en virtud de que si bien es cierto que el actor en el libelo de la demanda esgrime dos acciones que se excluyen mutuamente, la misma fue admitida sólo por Resolución del Contrato de Arrendamiento y así fue tramitada y sustanciada. Respecto a la exigencia del pago de la cláusula penal suscrita por convenio definitivo, esta Juzgadora ha comentado up supra que la misma es nula por violar derechos legales y constitucionales conforme a lo previsto a [sic] la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, quien [sic] en su artículo 7 ordena que sea declarada nula y así fue establecida; por tanto lo aquí promovido carece de eficacia probatoria para desvirtuar la pretensión del actor en relación a la Resolución del Contrato de Arrendamiento y ASI [sic] SE DECIDE.

Invocamos y reproducimos el valor y mérito del juicio que por Nulidad de Documento iniciado el veintisiete de junio de 2008, por ante el tribunal Tercero de Primera Instancia del Estado Mérida, y que actualmente cursa por ante el Tribunal Superior Primero del Estado Mérida, según se evidencia de expediente signado con el Nº5027….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido debe señalar, que un juicio por Nulidad de Documento iniciado el 27-06-2008 y que cursa por ante el Juzgado Superior Primero de esta Circunscripción Judicial no constituye prueba para desvirtuar la pretensión del actor; en virtud de que esta Juzgadora ya a.a.e.l. particulares anteriores up supra, de que no existe prejudicialidad en ambos casos por cuanto el objeto y la causa son diferentes; en consecuencia, lo aquí promovido carece de eficacia probatoria y por tanto es impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Invocamos y reproducimos el valor jurídico del juicio de las copias certificadas del libelo de demanda de Nulidad de Documento iniciado el 27-06-2008, por ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia del Estado Mérida y que actualmente cursa por ante el Tribunal Superior Primero del Estado Mérida…, se evidencia de expediente signado con el Nº5027….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido debe indicar, que el mismo ya fue valorado y a.e.e.p. anterior; por tanto lo aquí promovido carece de eficacia probatoria y en nada desvirtúa la pretensión del actor y ASI [sic] SE DECIDE.

Solicito muy respetuosamente de este despacho que de acuerdo al artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se sirva solicitar a la oficina del Concejo de Protección del N.N. y del Adolescente del Municipio Libertador del estado Mérida, que informe a este Tribunal lo siguiente: 1) Si por ese despacho cursa expediente 1153-2008, de fecha primero de octubre de 2008; 2) Así como también informe la causa o motivo que origino [sic] la investigación; 3) Igualmente informe quien realizó la denuncia; 4) que informe quien es la víctima; 5) que informe quien es el agresor; 6) igualmente se sirva solicitar, si la providencia dictada en ocasión del cumplimiento de la providencia antes nombrada se envió oficio…; 7) De la misma manera informar si en la providencia dictada en ocasión del cumplimiento de la providencia antes nombrada se envió oficio de fecha primero de octubre de 2008, a la ciudadana R.S.C., médica psiquiátrica [sic] a fin de que le prestara ayuda al n.R.J. [sic] Gonzalez [sic] Perez.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que cumplió con lo solicitado y ordenó oficiar a la Oficina del Concejo de Protección del Niño [,] Niña o [sic] Adolescente del estado Mérida a que informe sobre lo solicitado por la parte demandada. Pero no reposa en las actas procesales respuesta alguna del referido Concejo de Protección a lo solicitado por este Tribunal. Sin embargo, la promovente de la prueba consignó copia certificada de actas y denuncias y notificación, el [sic] cual tienen pleno valor probatorio pero en nada ilustra a esta Juzgadora sobre la controversia planteada y por ende, no desvirtúa la pretensión del actor; en consecuencia lo aquí promovido carece de eficacia probatoria y ASI [sic] SE DECIDE.

Solicito muy respetuosamente de este despacho que de acuerdo al artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se sirva solicitar a la oficina de la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia Intrafamiliar Dirección General de Policía de la Gobernación del estado Mérida, para que informe a este Tribunal si por ese despacho cursa expediente signado con el Nº0484, aperturado en ocasión de la denuncia que hace la ciudadana M.P.d.G. [sic], en contra del ciudadano Jose [sic] F.M. [sic] Cepeda, y del cual se emitió boleta de citación de fecha 2 de octubre de 2008.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que se cumplió con lo solicitado y ordenó oficiar a la Oficina de la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia Intrafamiliar Dirección General de Policía de la Gobernación del estado Mérida, a que informe sobre lo solicitado por la parte demandada. Pero no reposa en las actas procesales respuesta alguna de la referida oficina a lo solicitado por este Tribunal; en consecuencia lo aquí promovido se desecha por ser ilegal e impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Invocamos y reproducimos el valor y mérito jurídico de la denuncia realizada por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística Sub Delegación Mérida, signada con el Nº872776, de fecha 10 de Octubre de 2008, realizada por la ciudadana M.P. [sic] de Gonzalez [sic], en su condición de legítima madre del n.R.J. [sic] Gonzalez [sic] Perez [sic], por la agresión y maltrato en contra de su hijo por el ciudadano Jose [sic] F.M. [sic] Cepeda.

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que se cumplió con lo solicitado y ordenó oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística [sic] de Mérida, a que informe sobre lo solicitado por la parte demandada. Pero no reposa en las actas procesales respuesta alguna de la referida oficina a lo solicitado por este Tribunal. Sin embargo, la promovente de la prueba consignó boleta de la denuncia efectuada ante el referido cuerpo policial, el cual tienen pleno valor probatorio pero en nada ilustra a esta Juzgadora sobre la controversia planteada y por ende, no desvirtúa la pretensión del actor; en consecuencia lo aquí promovido carece de eficacia probatoria y ASI [sic] SE DECIDE.

Invocando el principio de la comunidad de la prueba, que establece que las pruebas que son aportadas por alguna de las partes no son de su exclusiva propiedad sino que pasan a ser del proceso; en este sentido invoco en todas y cada una de sus partes el valor jurídico favorable del documento convenio definitivo autenticado por ante la Notaría…, el cual [fue] formalmente impugnado en la contestación de la demanda….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido debe indicar, que esta juzgadora explicó amplia y suficientemente up supra que dicho documento no posee valor probatorio alguno por cuanto es declarado nulo como lo ordena el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por cuanto viola derechos legales y constitucionales de las partes, en especial a la parte demandada; en consecuencia, lo aquí promovido se desecha por ser impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Solicito muy respetuosamente de este despacho que de acuerdo con las normas contenidas en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, se sirva practicar inspección judicial sobre el expediente que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia del Estado Mérida, signado con el Nº22477….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que dicha prueba no fue admitida en virtud de haberse promovido en el último día de la evacuación de las pruebas y su no admisión no fue apelada en su oportunidad legal; en consecuencia, lo aquí promovido se desecha por ser ilegal e impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Solicito muy respetuosamente de este despacho que de acuerdo con las normas contenidas en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, se sirva practicar inspección judicial sobre el expediente que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia del Estado Mérida, signado con el Nº22562….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que dicha prueba no fue admitida en virtud de haberse promovido en el último día de la evacuación de las pruebas y su no admisión no fue apelada en su oportunidad legal; en consecuencia, lo aquí promovido se desecha por ser ilegal e impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Solicito muy respetuosamente de este despacho que de acuerdo con las normas contenidas en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, se sirva practicar inspección judicial sobre el expediente que cursa por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia del Estado Mérida, signado con el Nº22564 prueba que solicitamos debido a la inhibición del ciudadano juez de este tribunal J.C. Guevara….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que dicha prueba no fue admitida en virtud de haberse promovido en el último día de la evacuación de las pruebas y su no admisión no fue apelada en su oportunidad legal; en consecuencia, lo aquí promovido se desecha por ser ilegal e impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Solicito muy respetuosamente de este despacho que de acuerdo al artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se sirva solicitar a la oficina de la Fiscalía Pública de Salvaguarda del Patrimonio Público del Estado Mérida…, que informe que si por ante esa Oficina cursa denuncia incoada por M.P. [sic] de Gonzalez [sic]…, en contra del ciudadano abogado J.C.G. y Amahil Escalante Newman, Juez y Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa que se cumplió con lo solicitado y ordenó oficiar a la Fiscalía Pública de Salvaguarda de Patrimonio Público del Estado Mérida, a que informe sobre lo solicitado por la parte demandada. Pero no reposa en las actas procesales respuesta alguna de la referida Fiscalía a lo solicitado por este Tribunal; en consecuencia lo aquí promovido se desecha por ser ilegal e impertinente y ASI [sic] SE DECIDE.

Invocamos y reproducimos el valor jurídico [de] la denuncia incoada por la ciudadana M.P. [sic] de Gonzalez [sic] por ante la Prefectura del Poder Popular El S.d.E.M., de fecha 02-03-2009, signada con el Nº11, en contra del ciudadano Jose [sic] F.A.M. [sic] Cepeda….

El Tribunal al a.y.v.l.a. promovido observa copia certificada expedida por la Prefectura del Poder Popular El S.d.e.M. realizada en contra del ciudadano Jose [sic] F.M. [sic] Cepeda, el cual tiene pleno valor probatorio pero en nada ilustra a esta Juzgadora sobre el objeto principal de la controversia, resultando ser deficiente para desvirtuar la pretensión del actor; en consecuencia lo aquí promovido carece de eficacia probatoria para desvirtuar la pretensión del actor y ASI [sic] SE DECIDE.

EN CONCLUSIÓN :

Esta juzgadora observa que las partes promovieron y evacuaron pruebas a los fines de demostrar la pretensión esgrimida por el actor o para desvirtuarla por la parte demandada. En este sentido, todas las pruebas promovidas por las partes e incorporadas al proceso es denominado por la doctrina la carga de la prueba y, el tratadista R.R.M., en su obra ‘Las Pruebas en el Derecho Venezolano’, al respecto comenta:

‘...El principio denominado de la carga de la Prueba concierne en que, los procesos las partes, llevan sobre si la demostración de demostrar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación invocan. Normalmente en los litigios judiciales siempre hay una referencia factual. Por ello, es consustancial al proceso un referente de hechos y la prueba de los mismos ya que el juez no puede fallar por intuición, creencia o su conocimiento personal de los hechos que no estén probados en el proceso... En principio en el proceso civil recae, la carga de la prueba al demandante, no obstante entre nosotros se distribuye la carga de la prueba entre las partes a tenor de lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba surge como marco de la actividad probatoria de las partes limitada por los hechos controvertidos y alegados oportunamente por las partes’.

En este sentido, la carga de la prueba no sólo corresponde a la parte demandada, quien debe probar con hechos que su adversario no tiene razón legal para confrontarlo, sino también al demandante, quien debe probar el hecho y derecho que reclama. Y los hechos en lo [sic] que estén de acuerdo las partes, no son objeto de prueba de conformidad al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil.

Entonces esta Juzgadora observa que el actor promovió pruebas que denotan las condiciones físicas del inmueble que requiere de reparaciones urgentes y necesarias para la prestación del servicio. Aunque en el petitorio del libelo de la demanda el actor no indica expresamente las causas de la solicitud de resolución del contrato si lo expresa en toda la narración de los hechos, alegando el incumplimiento de los arrendatarios de las cláusulas Séptima, Décima Tercera y Décima Séptima; en consecuencia, por el análisis del libelo, la contestación y de todas las pruebas promovidas, es inexorable para esta juzgadora declarar parcialmente con lugar la demanda y ASI [sic] SE DECIDE.

Finalmente, respecto al Fraude Procesal invocado por los demandados, que sólo mencionan en el escrito de contestación al fondo de la demanda, se observa que dicha acción debe proponerse por vía autónoma o principal, ya que la misma sólo fue mencionada y no formalizada, aunque esta se haya realizado en forma incidental, como lo exige la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Magistrado Ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero, de fecha 19-07-2001 y, ASI [sic] SE DECIDE.

L A D I S P O S I T I V A.

Por fuerza de todos los razonamientos de hechos y de Derecho que han sido en forma pormenorizada y [sic] reseñados en la parte motiva del presente dictamen; este TRIBUNAL PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D.L.C. [sic] JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA [sic], ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

PARCIALMENTE CON LUGAR la Acción por Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoado por el abogado J.F.M.C., actuando en su propio nombre y representación, contra los ciudadanos R.E.G. y M.P.d.G..

Como consecuencia del anterior pronunciamiento se resuelve el contrato de arrendamiento suscrito entre el abogado J.F.M.C., en su carácter de Arrendador, y los ciudadanos R.E.G. y M.P.d.G., en su carácter de arrendatarios. Por tanto, se le ordena a los referidos ciudadanos a realizar la entrega del inmueble objeto del presente litigio y plenamente descrito en autos, al abogado J.R.M.C., o a la persona que este indique.

Sin lugar las cuestiones previas contenidas en el artículo 346, Ordinales: 1º, 8º, 11º y 6º, del Código de Procedimiento Civil, alegadas por los demandados en el presente litigio.

No se acuerda el pago de la cláusula penal suscrito en contrato de finiquito en virtud de que dichas cláusulas son nulas y desechadas por violar derechos legales y constituciones de los arrendatarios conforme al artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, de conformidad al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto la presente decisión se ha publicado fuera del lapso legal es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes intervinientes en el juicio, a los fines de ponerlos en conocimiento que una vez que conste en autos la última notificación que se haga, al dìa [sic] siguiente, comenzará a transcurrir el lapso establecido en la Ley, para interponer los recursos a que hubiere lugar…’ (sic). (Mayúsculas, cursivas, resaltado, subrayado y paréntesis del texto copiado; corchetes añadidos por esta Alzada)

1.8) Diligencia de fecha 27 de septiembre de 2010, mediante la cual el abogado J.F.M.C., en su carácter de parte actora, se dio por notificado y consignó escrito solicitando “…aclaratoria y ampliación del segundo numeral del dispositivo de la sentencia publicada el 20 de septiembre de 2010…” (sic) (folios 70 y 71).

1.9) Diligencia de fecha 29 de septiembre de 2010, mediante la cual el Alguacil del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida, devolvió boleta de notificación librada a los ciudadanos M.P.D.G. y R.E.G. y/ o a su apoderada judicial, abogada X.P., por cuanto en la oportunidad en que se trasladó al Centro Comercial Franilka, ubicado en la avenida 4, entre calles 25 y 26, fue atendido por la ciudadana M.P.D.G., quien se negó a firmar la misma (folios 72 y 73).

1.10) Diligencia de fecha 30 de septiembre de 2010, mediante la cual la abogada X.P., en su carácter de co-apoderada judicial de los ciudadanos M.P.D.G. y R.E.G., parte demandada, se dio por notificada y apeló de la decisión dictada en fecha 20 de septiembre de 2010, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida (folios 74 y 75).

1.11) Auto de fecha 1º de octubre de 2010, mediante el cual el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida (folios 76 al 78), declaró con lugar la solicitud de ampliación de la sentencia dictada en fecha 20 de septiembre de 2010, en los términos que parcialmente se reproducen a continuación:

(Omissis):…

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA (sic) BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE ME OTORGA LA LEY, DECLARA: CON LUGAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION (sic) DE LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010, dictada [sic] por este Juzgado, solicitada por el abogado J.F.M.C.; en consecuencia, SE ORDENA SU AMPLIACION (sic) DE LA FORMA SIGUIENTE:

En el Numeral Segundo del Dispositivo del Fallo, debe expresar:

‘SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento se resuelve el contrato de arrendamiento suscrito entre el abogado J.F.M.C., en su carácter de Arrendador, y los ciudadanos R.E.G. y M.P.d.G., en su carácter de Arrendatarios. Por tanto, se le ordena a los referidos ciudadanos a realizar la entrega del inmueble objeto del presente litigio y plenamente descrito en autos, consistente en un local comercial signado con el Nº 8, ubicado dentro del inmueble con uso comercial, situado en la av. 4º [sic] Bolívar, con la nomenclatura municipal Nº 25-46 de la Ciudad de Mérida’, al abogado J.F.M.C.. Y ASI [sic] SE DECIDE…

(sic). (Mayúsculas, resaltado y subrayado del texto copiado; paréntesis de esta Alzada)

1.12) Diligencia de fecha 04 de octubre de 2010, mediante la cual el abogado J.F.M.C., en su carácter de parte actora, manifestó que “…se evidencia a la presente fecha que transcurrieron los tres (3) días para declarar firme definitivamente la sentencia dictada por este Juzgado. Igualmente, el recurso de apelación intentado el 30 de septiembre de 2010 no es procedente, conforme a las decisiones que [ha] dictado y publicado este Juzgado…” (sic).

1.13) Escrito de fecha 04 de septiembre de 2010, mediante el cual el abogado J.F.M.C., en su carácter de parte actora, solicitó de conformidad con lo establecido en el artículo 892 del Código de Procedimiento Civil, se decretara la ejecución de la sentencia dictada en fecha 20 de septiembre de 2010, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida (folio 80).

1.14) Diligencia de fecha 04 de octubre de 2010, presentada por la abogada X.P., en su carácter de co-apoderada judicial de la parte demandada, mediante la cual ratificó la apelación presentada en diligencia de fecha 30 de septiembre de 2010 (folio 81).

1.15) Auto de fecha 06 de octubre de 2010 (folios 82 y 83), mediante el cual el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida, declaró inadmisible el recurso de apelación formulado por la abogada X.P., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada en fecha 20 de septiembre de 2010, en los términos siguientes:

(Omissis):…

Vista la diligencia suscrita por la ciudadana Abogada X.P., en su condición de Apoderada de la parte demandada, de fecha 04 de octubre del corriente año, que obra al folio 511 del presente expediente, en la cual apela de la decisión dictada por este Juzgado de fecha 20 de septiembre de 2010, que obra a los folios 456 al 500, el Tribunal para decidir, hace la siguiente consideración:

UNICO [sic]: En aplicación a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Adjetiva Civil, que establece ‘la Ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la Ley anterior’, y en virtud de que la resolución dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2009, entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en su artículo 5, esto es en fecha 02 de abril de 2009; resulta aplicable la referida Resolución Nº 2009-0006, de conformidad o [sic] dispuesto en el [sic] artículo [sic] 2 y 4 de la Resolución dictada, siendo que para la fecha en que fue interpuesta la presente demanda y admitida la misma, vale decir, 18 de febrero de 2010, se encontraba vigente la Resolución Nº 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, en la cual se estableció que para anunciar el recurso de apelación se requiere que el interés principal del asunto exceda de QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (500,00 U.T.), igualmente es de destacar el criterio sustentado por el destacado Jurista venezolano Dr. F.P.D.C., en sentencia de fecha 21 de mayo de 2010, contenida en el exp. Nº 10.10240, dictada en el JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO [sic] DE LA CIRCUNSCRIPCION [sic] JUDICIAL DEL AREA [sic] METROPOLITANA DE CARACAS y dado que en caso que nos ocupa la demanda no fue estimada en UNIDADES TRIBUTARIAS. Es por lo que resulta forzoso concluir que el presente recurso debe ser declarado INADMISIBLE tal como se señalará en la parte dispositiva de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.

D E C I S I Ó N

Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE, el RECURSO DE APELACION [sic] interpuesto en fecha cuatro de los corrientes, por la ciudadana X.P., en su condición de apoderada de la parte demandada, contra la decisión dictada por este Juzgado de fecha 20 de septiembre de 2010. ASI [sic] SE DECIDE…

(sic).

1.16) Diligencia de fecha 06 de octubre de 2006, presentada por la abogada X.P., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada, mediante la cual formalmente “anunció” el recurso de hecho a que se contrae la presente incidencia (folio 84).

1.17) Diligencia de fecha 07 de octubre de 2010, mediante la cual el abogado J.F.M.C., en su carácter de parte actora, solicitó copia certificada de los folios 456 al 500, 502 al 504, 506 al 508, 512 al 515, 517 y 518 (folio 85).

2) Copia simple del libro de entrada de causas llevado por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d.l.C. Judicial del Estado Mérida (folios 87 y 88).

Este es el historial de la presente causa.

III

MOTIVACIÓN DEL

Planteada la controversia en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, el Tribunal para decidir observa:

Tal como se expresó en el encabezamiento de la presente decisión, el recurso de que conoce esta Superioridad, es el de hecho consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente: “Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos…” (sic).

Así, el recurso de hecho que la disposición precedentemente transcrita consagra, es un medio o mecanismo que nuestro ordenamiento procesal civil establece en garantía del recurso ordinario de apelación, el cual conforme al expreso contenido de dicha norma, procede en dos supuestos: 1°) Cuando el Tribunal de la causa niegue sin motivo legal la admisión de dicho medio de impugnación; y 2°) Cuando oiga la apelación en un solo efecto, debiendo oírla en ambos efectos.

La primera cuestión a dilucidar ante esta Alzada, consiste en determinar si debió admitirse en uno o en ambos efectos la apelación formulada contra la referida providencia de fecha 20 de septiembre de 2010, cuya copia certificada obra a los folios 25 al 69, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D.L.C. JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en la cual declaró:

“(Omissis):…