Sentencia nº 75 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 24 de Abril de 2002

La parte recurrente interpuso por ante esta Sala Electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con los artículos 235, 236, 237, 238 y 239 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y 59 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical, recurso contencioso electoral conjuntamente con acción de amparo constitucional cautelar contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 011002-315 de fecha 2 de octubre de 2001, dictada por el C.N.E., mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Jerárquico por ella interpuesto en fecha 31 de agosto de 2001, contra el “acto denegatorio tácito” que operó en virtud de la negativa en que incurrió la Comisión Electoral Interna del Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (SINTRACOMSIGUA), de decidir el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 22 de agosto de 2001, contra los actos de postulación de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C. y L.B., que fueron publicados en fecha 17 de agosto de 2001, con el objeto de participar -formando parte de la Plancha Nº 2- en el proceso de elecciones que debió efectuarse el día 20 de septiembre de 2001, a fin de elegir la nueva Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA. Mediante el acto impugnado el C.N.E. ratificó la inclusión de los señalados ciudadanos en el Registro Electoral del sindicato, no reconoció la validez de las elecciones celebradas en fecha 20 de septiembre de 2001 y fijó nueva oportunidad para ello

Antes de pasar a desarrollar los fundamentos de su escrito, la recurrente, como punto previo, expuso los aspectos relativos a su legitimidad en el proceso y el agotamiento de la vía administrativa, a fin de determinar la admisibilidad del recurso interpuesto.

Seguidamente, pasó a relatar los hechos que originaron la interposición del presente recurso en los términos siguientes:

Comenzó señalando que en fecha 11 de enero de 2001, los ciudadanos A.M., J.R., C.C., J.Á.G., P.R., J.A., RONALD RIVAS, A.B., I.C. y L.B., solicitaron por ante la Inspectoría del Trabajo en la Zona del Hierro del Estado Bolívar, la reestructuración de la Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA, anexando a la solicitud el Acta de una supuesta Asamblea celebrada en fecha 10 de enero de 2001 junto a listado de firmas de cuarenta y un (41) trabajadores de la empresa Complejo Siderúrgico Guayana (COMSIGUA). Que dicha Asamblea supuestamente trató como punto único la situación existente dentro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (SINTRACOMSIGUA), derivada de la renuncia del ciudadano B.A., como Secretario General de dicha organización, así como la supuesta elección de una nueva Junta Directiva, conformada de la manera siguiente:

Secretario General: J.G., C.I.: 12.649.189

Secretario de Organización: A.M., C.I.: 10.061.576

Secretario de Finanzas: J.R.M., C.I.: 10.925.244

Secretario de Trabajo y Reclamos: J.M., C.I.: 11.998.774.

Secretario de Actas y Corresp.: C.C.R., C.I.: 8.939.295.

Secretario de Cultura y Deportes: P.R., C.I.: 13.995.595.

Secretario de Higiene y Seguridad: J.G.A., C.I.: 9.952.203.

Primer Vocal: J.G., C.I.: 10.931.496.

Segundo Vocal: P.R., C.I.: 12.003.434.

Que mediante auto de fecha 2 de febrero de 2001 la Inspectoría del Trabajo declaró procedente dicha solicitud y además acordó a los señalados miembros de la Junta Directiva del sindicato, la inamovilidad prevista en los artículos 449 y 451 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que en fecha 7 de febrero de 2001 comparecieron ante la Inspectoría del Trabajo los nueve (9) ciudadanos integrantes de la Junta Directiva del sindicato ya identificados y consignaron un proyecto de convención colectiva de trabajo con carácter conciliatorio, a fin de ser discutido con la empresa COMSIGUA, proyecto que fuera admitido por el órgano administrativo del trabajo mediante auto de esa misma fecha.

Que en virtud de la presentación de dicho proyecto de convención colectiva de trabajo y con fundamento en el artículo 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, los ciudadanos J.A., RONALD RIVAS, A.B., I.C. y L.B. (no integrantes de la Junta Directiva del sindicato) fundamentan su inamovilidad.

Que en fecha 12 de febrero de 2001 compareció ante la Inspectoría del Trabajo el ciudadano B.A., actuando en su carácter de Secretario General de SINTRACOMSIGUA e interpuso recurso de reconsideración contra el auto dictado por la Inspectoría del Trabajo en fecha 2 de febrero de 2001, mediante el cual se admitió la reestructuración de la Junta Directiva del sindicato, alegando la falsedad tanto de la Asamblea celebrada en fecha 10 de enero de 2001, como de su renuncia al cargo que desempeñaba en dicha organización sindical, negando en consecuencia, que se haya elegido una nueva Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA. Luego, en fecha 16 de febrero de 2001, solicitó a ese órgano administrativo del trabajo, la verificación de cada una de las firmas de los trabajadores que suscribieron el acta de la, a su decir, supuesta asamblea, así como, que se dejara constancia sobre la declaración del personal de vigilancia acerca de la realización de la supuesta asamblea, consignando además en dicha oportunidad, constancia médica de incapacidad temporal, a los fines de evidenciar su imposibilidad de estar presente en la mencionada asamblea.

Continúa relatando la recurrente que la Inspectoría del Trabajo en fecha 19 de febrero de 2001, se trasladó a la sede de la empresa COMSIGUA y tomó declaración a veinticuatro (24) trabajadores, quienes aparecían en la lista de firmas que fue anexada al acta de la supuesta Asamblea fechada 10-01-01. Que de la actuación anterior se levantó Informe fechado 20 de febrero de 2001, del cual se desprende que dieciocho (18) de los trabajadores entrevistados manifestaron que no hubo tal Asamblea y que la lista que firmaron correspondía a la aprobación de un proyecto de convención colectiva de trabajo. Añade la recurrente que de tal informe se desprende que el acta de asamblea de fecha 10-01-01 “... se encontraba viciada de invalidez en virtud de la manera fraudulenta como fueron recolectadas las firmas de los trabajadores que allí aparecen ...”.

Que en virtud de lo anterior, en fecha 21 de febrero de 2001, la Inspectoría del Trabajo dictó auto mediante el cual declaró procedente y con lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano B.A., revocó el auto dictado por ese despacho en fecha 2 de febrero de 2001, restituyendo la Junta Directiva del sindicato encabezada por éste y declaró que no gozan de inamovilidad quienes se arrogaron la condición de nuevos miembros de la Junta Directiva del sindicato y nulos los actos cumplidos por éstos, incluyendo la presentación de proyecto de convención colectiva de trabajo. Añadió la recurrente que habiéndose dictado tal auto revocatorio en fecha anterior a los despidos de los ciudadanos que más adelante reseña, se demuestra fehacientemente que éstos ciudadanos no gozaban de inamovilidad para el momento de tales despidos.

A continuación señala que los ciudadanos J.A.G., J.A., RONALD RIVAS, I.C., A.M., C.C., P.R., A.B., J.R. y L.B. prestaron servicios para la empresa COMSIGUA, hasta que fueron injustificadamente despedidos en fechas 22 de febrero de 2001 los cuatro (4) primeros, 23 de febrero de 2001 los cuatro (4) siguientes, 26 de febrero de 2001 el antepenúltimo y 1 de marzo de 2001 el último de los nombrados, de allí que la empresa procedió a determinar los montos correspondientes a la liquidación de sus prestaciones sociales sobre la base del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales los ex-trabajadores se negaron a recibir.

Que en fecha 2 de marzo de 2001, los prenombrados ex-trabajadores, interpusieron por ante la Inspectoría del Trabajo, solicitud de reenganche y pago de los salarios dejados de percibir, alegando la inamovilidad prevista en los artículos 451 y 520 de Ley Orgánica del Trabajo.

Continua narrando la recurrente que posteriormente, en fecha 8 de marzo de 2001, los ciudadanos J.G., A.M., J.R., J.M., C.C., P.R., J.A.G. y P.R. interpusieron por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con acción de amparo constitucional cautelar, contra el auto dictado por la Inspectoría del Trabajo en fecha 21de febrero de 2001, que declaraba la inexistencia de inamovilidad de los supuestos miembros de la Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA.

En fecha 15 de marzo de 2001, el referido Tribunal declaró parcialmente con lugar el amparo constitucional cautelar en los siguientes términos: “... existen suficientes indicios para que proceda a la suspensión del acto administrativo recurrido, lo cual involucra el hecho de que la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro deba abstenerse de darle curso a cualquier solicitud relacionada, directa o indirectamente, con el acto administrativo en cuestión.”

En este orden de ideas continuó señalando la recurrente, que a su decir, el fallo de dicho Tribunal se refería a la abstención de darle curso normal a la solicitud de reenganche interpuesta por un grupo de ex-trabajadores hasta tanto se definiera la nulidad o validez del acto administrativo dictado el 21 de febrero de 2001, con respecto al cual tenía relación directa aquel proceso. De seguidas señaló que la Inspectoría del Trabajo hizo caso omiso a dicho fallo ya que mediante auto de fecha 6 de abril de 2001, ordenó el reenganche de los ex-trabajadores a sus puestos de trabajo, así como el pago de los salarios dejados de percibir durante el procedimiento.

Prosigue relatando la recurrente que la empresa COMSIGUA solicitó a la Inspectoría del Trabajo, la declaratoria de nulidad absoluta de su orden de reenganche, sobre la base de los efectos del amparo cautelar ya referido, por lo que en fecha 17 de abril de 2001 el órgano administrativo del trabajo revocó su decisión de fecha 06-04-01 y en su lugar ordenó la suspensión de la solicitud de reenganche hasta tanto sea decidido el recurso de nulidad interpuesto contra el acto de fecha 21 de febrero de 2001.

Contra esta nueva decisión de la Inspectoría del Trabajo los ex-trabajadores intentaron recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional cautelar, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, acción cautelar que fue declarada parcialmente con lugar en fecha 12 de julio de 2001, en virtud de lo cual fueron suspendidos los efectos del referido acto revocatorio. Con respecto a esta situación destaca la recurrente que, “... dicha medida cautelar no puede entenderse como una nulidad de la referida actuación, nulidad ésta que constituye en sí el objeto del juicio principal y la cual aún no ha sido decidida de manera definitiva, por lo que debemos concluir que cada una de las actuaciones administrativas se mantienen vigentes, entendiéndose que su suspensión no involucra ninguna circunstancia que en principio afecte la validez de dicha decisión revocatoria”.

En fechas 25 de julio y 14 de agosto de 2001, la Inspectoría del Trabajo en la Zona del Hierro y la Inspectoría del Trabajo en Ciudad Bolívar (ambas en el Estado Bolívar) respectivamente, se inhibieron de conocer la solicitud de reenganche interpuesta por los ex-trabajadores, por lo que fue remitido el expediente a la Inspectoría del Trabajo en Puerto Ayacucho (Estado Amazonas), la cual mediante auto de fecha 5 de septiembre de 2001 negó la ejecución del acto administrativo de fecha 06 de abril de 2001 (orden de reenganche), sobre la base del fallo emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de fecha 15 de marzo de 2001, que prohíbe a la autoridad administrativa del trabajo dar curso a cualquier trámite o solicitud relacionada directa o indirectamente con el acto administrativo cuya nulidad conoce (21-02-01).

En otro orden de ideas continuó señalando la recurrente, que en fecha 23 de julio de 2001, los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B., solicitaron ante la Comisión Electoral Interna de SINTRACOMSIGUA, su inclusión en el registro electoral, solicitud supuestamente aprobada por dicha Comisión Electoral Interna y presentada por ante la “Coordinación Nacional Electoral del Estado Bolívar” (sic), y a su decir, dictada con usurpación de funciones, ya que la única que puede aprobar o no la afiliación de una persona al sindicato es el mismo sindicato.

Continuó indicando la recurrente que en fecha 13 de agosto de 2001 la Coordinación Electoral Sindical del C.N.E. en el Estado Bolívar, publicó el Registro Preliminar del sindicato en el cual se incluyó como electores a los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B., aún cuando a su decir ellos no forman parte de la nómina de afiliados que fue presentada por los miembros de SINTRACOMSIGUA en la oportunidad de solicitar su incorporación al Registro Electoral de Organizaciones.

Señala a continuación que en fecha 14 de agosto de 2001 la recurrente, conjuntamente con el Secretario General de SINTRACOMSIGUA, ciudadano M.M., interpusieron recurso de reconsideración ante la Comisión Electoral contra el Registro Preliminar del sindicato, la cual no dio respuesta oportuna a dicho recurso, teniendo lugar en consecuencia negativa tácita, por lo que en fecha 20 de agosto de 2001 interpusieron recurso jerárquico por ante la Coordinación Electoral Sindical del C.N.E. en el Estado Bolívar.

Añade que el 17 de agosto de 2001 la Comisión Electoral del sindicato, publicó el listado de las planchas postuladas para participar en el proceso electoral, conformado por dos (2) planchas identificadas con los números 1 y 2, respectivamente, estando la plancha N° 2 conformada por los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B..

Continúa señalando la recurrente que en fecha 22 de agosto de 2001, ella y el Secretario General del sindicato, ciudadano M.M., interpusieron por ante la Comisión Electoral Interna de SINTRACOMSIGUA, recurso de reconsideración contra las postulaciones de todos los integrantes de la Plancha Nº 2 y que en esta misma fecha ellos, en representación de la Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA dirigieron una comunicación a la Comisión Electoral del sindicato, expresando su rechazo a la forma deliberada como se estaba llevando a cabo el proceso de elecciones, señalando expresamente su rechazo a las postulaciones de los ciudadanos antes nombrados, dado que a su decir estos ciudadanos no se encontraban afiliados al sindicato. Ante el silencio administrativo negativo por parte de la Comisión Electoral para decidir el recurso de reconsideración interpuesto el 22-08-91, la recurrente señala que en fecha 31 de agosto de 2001 interpuso recurso jerárquico por ante la Coordinación Electoral Sindical del C.N.E. en el Estado Bolívar, la cual en fecha 3 de septiembre de 2001 declaró con lugar el recurso jerárquico interpuesto en contra de la admisión de las postulaciones, ordenando la exclusión de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B. delR.E. de SINTRACOMSIGUA, sobre la base que estos ciudadanos habían perdido su condición de afiliados por haber dejado de cancelar las cotizaciones sindicales desde el mes de febrero de 2001.

Continúa señalando que en fecha 9 de septiembre de 2001, los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B., interpusieron por ante esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada contra la decisión de fecha 3 de septiembre de 2001, mediante la cual la Coordinación Electoral Sindical del C.N.E. en el Estado Bolívar declaró con lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la admisión de las postulaciones de los integrantes de la plancha N° 2. La Sala declaró mediante decisión de fecha 17 de septiembre de 2001 inadmisible la acción de amparo y ordenó al C.N.E. decidir el recurso jerárquico referido antes del 20-09-01 (día fijado para la celebración de las elecciones), por ser el órgano competente para ello.

Ante la imposibilidad del máximo órgano comicial de dar respuesta antes de la fecha fijada, acordó suspender las elecciones sindicales por un lapso de cinco (5) días, decisión que la Comisión Electoral Interna no acató dado que procedió a realizarlas el 20 de septiembre de 2001, encontrándose, a su decir, viciadas de nulidad, ya que por una parte estaba suspendido el proceso electoral y por la otra, en el Cuaderno de Electores se encontraba anexa una página en la cual constaba el nombre de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B. como electores, quienes no formaban parte del Registro Definitivo aprobado por el C.N.E.. Asimismo, indica que la boleta electoral contenía las dos (2) planchas y en principio, mientras no se pronunciara definitivamente el C.N.E., ésta solo debía contener a la plancha N° 1, todo conforme se evidencia de Inspección Judicial que fuera evacuada a tales efectos.

Finaliza la recurrente señalando que en fecha 2 de octubre de 2001 el C.N.E. declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico que ella interpusiera en fecha 31-08-01 en contra de la admisión de las postulaciones, ratificando la inclusión de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C. y L.B. en el Registro Electoral de SINTRACOMSIGUA, así como su postulación como integrantes de la Plancha Nº 2, siendo éste el acto administrativo impugnado.

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La parte recurrente fundamentó el presente recurso de nulidad en los términos siguientes:

Como primer alegato expuso la recurrente, que el C.N.E. al dictar la decisión impugnada incurrió en falso supuesto de derecho, al desconocer los artículos 14 y 27 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical así como el artículo 5 del Decreto de Medidas para Garantizar la L.S., dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, que establecen:

Artículo 14.- Son electores todos los afiliados de la respectiva organización sindical inscritos hasta la fecha de cierre del Registro de Afiliados correspondientes,…

.

Artículo 27.- Las organizaciones sindicales con ocasión de su solicitud de incorporación al Registro de Control ante el C.N.E. y a los fines de la formación del registro Electoral de Organizaciones, deberán presentar los siguientes recaudos:

a) El acta constitutiva y sus estatutos con las respectivas modificaciones debidamente registradas.

b) Nómina actualizada de sus afiliados. (…)

Artículo 5.- La lista o padrón electoral estará constituida por todos los trabajadores activos y jubilados y pensionados, obreros, empleados, trabajadores rurales …

En este sentido, destacó que los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C. y L.B. no se encuentran afiliados a SINTRACOMSIGUA, ni son trabajadores activos de COMSIGUA, de allí que no formaban parte de la nómina de afiliados que fue consignada al momento de la presentación de la solicitud de incorporación de SINTRACOMSIGUA al Registro de Control por ante el C.N.E., por lo que no son electores a la luz de los citados artículos, y en consecuencia, tampoco podían postularse para ser elegidos a los fines de integrar la Junta Directiva de la referida organización sindical.

Señaló igualmente, que el criterio que adoptó el C.N.E. para dictar la decisión impugnada, se fundó en que “…los aludidos ciudadanos son trabajadores hasta tanto ocurra sentencia definitivamente firme que los desconozca como tales.”, por lo que a su decir, dado lo anterior, el C.N.E. incurrió en falso supuesto “... al pretender sostener que la suspensión de efectos del acto que revocó el reenganche de los extrabajadores implica que éstos se consideran trabajadores, pues la suspensión de los efectos de un acto administrativo no implica su nulidad”.

De seguidas señaló que los actos administrativos son ejecutivos y ejecutorios y en tal sentido se presumen legítimos, por lo que el acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo en fecha 17 de abril de 2001, que revocó la orden de reenganche y suspendió el proceso administrativo de calificación de despido, es legítimo hasta tanto se declare su nulidad, si fuera el caso. Que dicha situación no se modifica con la suspensión de sus efectos pues la suspensión no revierte el acto sino que paraliza los trámites tendientes a su ejecución. La suspensión de los efectos de un acto administrativo no puede implicar su nulidad, pues un pronunciamiento sobre tal circunstancia corresponde hacerse en la definitiva del fallo. Considerar esto llevaría al absurdo de desconocer el principio de legitimidad que tienen los actos administrativos y que cada vez que se dicte una suspensión de efectos de un acto éste desaparece del mundo jurídico, al considerar equivalentes los efectos de la suspensión con los de la nulidad, lo cual en modo alguno ha sido la intención del legislador.

Mas adelante señala la recurrente, que el órgano jurisdiccional al declarar parcialmente con lugar el amparo constitucional cautelar mediante el cual se suspenden los efectos del acto administrativo de fecha 17-04-01 que revoca la orden de reenganche, no conlleva la validez de la orden de reenganche ni su posibilidad de ejecutarla, dado que el propio tribunal negó el pedimento de los solicitantes en el sentido de ordenar la ejecución de tales reenganches.

Por todo lo anterior afirma la recurrente que el acto impugnado se encuentra viciado por falso supuesto de derecho, “... al desconocer el sentido y alcance de la suspensión de los efectos decretada, atribuyéndole los efectos propios de la anulación del acto, y así solicito sea declarado”.

Añade la recurrente que siendo que la suspensión de efectos dictada no implica la nulidad del acto administrativo en cuestión, resulta insostenible lo aducido en el acto impugnado respecto de los referidos ciudadanos en el sentido que al estar incursos en un juicio laboral, no se concluye que los mismos estén definitivamente despedidos de la empresa. Lo cierto es que los ex-trabajadores fueron despedidos y actualmente no son trabajadores de COMSIGUA, y si en un futuro eventual hubiere una declaratoria judicial que ordenara su reenganche la situación sería distinta, pero lo cierto es que para la presente fecha el hecho que existan procesos tendientes a su reenganche no podía llevar al C.N.E. a declarar “arbitrariamente” que estos ciudadanos son trabajadores de COMSIGUA hasta tanto se desconozcan como tales, pues a su decir, ello carece de toda fundamentación lógica y legal. Sostener esto llevaría al absurdo de considerar que cada vez que un trabajador sea despedido y solicite su reenganche sigue siendo trabajador y en consecuencia debería seguir laborando y obteniendo remuneración hasta que se decida si el despido fue ajustado a derecho. Adicionalmente también llevaría al absurdo de pensar que trabajadores despedidos puedan postularse para las elecciones sindicales, ganar las elecciones y que la empresa tendría la obligación de negociar colectivamente con estos y en consecuencia suscribir la convención de trabajo con ellos, aún cuando posteriormente un tribunal decida que no tienen derecho al reenganche.

Como segundo alegato denunció la recurrente que el acto impugnado se encuentra viciado de nulidad absoluta, por violación al derecho de defensa, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Comenzó señalando el contenido del artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República a fin de sostener que mediante la decisión impugnada se le imposibilitó defenderse contra los actos de postulación de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C. y L.B..

Que si bien acudió ante el C.N.E. y alegó y demostró, entre otras cosas, que los referidos ciudadanos no cotizaban al sindicato desde el mes de febrero de 2001 y que no formaban parte de la nómina de COMSIGUA, el C.N.E. hizo caso omiso a dichos alegatos y a las pruebas aportadas, emitiendo una decisión arbitraria y cercenadora de su derecho a la defensa.

Que la jurisprudencia nacional ha establecido que la violación al derecho a la defensa se produce fundamentalmente cuando se restringe la posibilidad de ejercer los medios de defensa necesarios para hacer valer los derechos, pero también ha señalado que existe violación al derecho a la defensa cuando a los medios de defensa ejercidos no se les otorga la eficacia debida acorde con la precisión constitucional, citando además como fundamento de ello el contenido del artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud que en el caso que nos ocupa, el C.N.E. no analizó ni valoró las pruebas promovidas tendentes a demostrar el hecho que los referidos ciudadanos no pagaron las cotizaciones sindicales, alegato que a su decir resultaba suficiente para declarar con lugar el recurso jerárquico interpuesto.

Continúa señalando la recurrente que conforme al artículo 14 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical, son electores los afiliados a la organización sindical para el momento del cierre del Registro respectivo y los ex–trabajadores actualmente no son afiliados a SINTRACOMSIGUA, aún cuando alguna vez lo fueron, pues perdieron dicha condición desde el momento que fueron despedidos y dejaron de pagar las cotizaciones sindicales, con fundamento en los artículo 4 y 30 de los Estatutos del sindicato que establecen, entre otras obligaciones de los miembros, pagar puntualmente las cotizaciones ordinarias y como causal de exclusión del sindicato tanto dejar de pagar cuatro (4) cotizaciones ordinarias consecutivas como quedar cesantes en el trabajo, respectivamente. Que en virtud de lo anterior, aún en el supuesto negado que la Sala considere que los ex–trabajadores por estar incursos en un juicio laboral, deben ser considerados trabajadores afiliados a SINTRACOMSIGUA, igualmente habrían perdido su condición de miembros por no haber cancelado las cotizaciones respectivas desde las fechas de sus despidos, ya que tal circunstancia no obstaba para que dichos ciudadanos cancelaran las cotizaciones por un medio distinto al descuento por nómina.

Luego de reiterar la argumentación ya planteada, la recurrente adicionalmente señala que el acto impugnado igualmente omitió pronunciarse sobre el argumento expuesto en el sentido que el único órgano competente para afiliar a nuevos miembros de SINTRACOMSIGUA es la misma organización sindical, por cuanto a su decir, si bien el Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical prevé que la Comisión Electoral abrirá un proceso de actualización del Registro de Afiliados, es la organización sindical la que posee la facultad de admitir o rechazar la solicitud de afiliación de nuevos miembros, planteamiento éste que fue formulado con ocasión de la solicitud que hicieron los mencionados ciudadanos en fecha 23 de julio de 2001, con el objeto de lograr su inclusión en el proceso electoral, inclusión que fue aprobada por la Comisión Electoral, a pesar que el sindicato nunca accedió a conformar tales afiliaciones, por el contrario impugnó la inclusión de los mencionados ciudadanos en el Registro Preliminar.

III

DEL INFORME DEL C.N.E.

El apoderado judicial del C.N.E., en la oportunidad de presentar el informe requerido por la Sala, expuso:

Que los antecedentes administrativos del presente caso están conformados por las actuaciones cumplidas por ante dicho órgano electoral, con ocasión del proceso de renovación de las autoridades sindicales del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA (SINTRACOMSIGUA), los cuales consignó en original.

Continuó exponiendo que conforme se evidencia de los antecedentes administrativos, SINTRACOMSIGUA, a objeto de cumplir con el mandato expresado en el Referéndum Sindical celebrado el 3 de diciembre de 2000, procedió a efectuar las diligencias para la renovación de dichas autoridades sindicales, y al respecto señaló que durante la fase de postulación, la hoy recurrente, en fecha 22 de agosto de 2001, interpuso por ante la Comisión Electoral Interna recurso contra los actos de postulación de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C., L.B. y P.R. y que vista la negativa de decidir por parte de la Comisión Electoral, la hoy recurrente, en fecha 31 de agosto de 2001, interpuso recurso por ante la Coordinación Electoral Sindical del C.N.E. en el Estado Bolívar, la cual en fecha 3 de septiembre de 2001, declaró con lugar dicho recurso y ordenó la exclusión de los ciudadanos antes mencionados del Registro Electoral de la organización sindical ya identificada.

Prosigue indicando que en fecha 13 de septiembre de 2001, los citados ciudadanos interpusieron por ante esta Sala Electoral acción de amparo constitucional contra la decisión de la Coordinación Electoral en el Estado Bolívar, acción que mediante fallo de fecha 17 de septiembre de 2001 fue declarada inadmisible, pero que sin embargo, ordenó al C.N.E. abocarse al conocimiento del asunto y tomar las medidas a que hubiere lugar respecto al recurso interpuesto por la hoy recurrente ante la Comisión Electoral.

Que visto el fallo anterior, el máximo órgano comicial, en fecha 19 de septiembre de 2001 acordó suspender el proceso electoral de SINTRACOMSIGUA por un lapso de cinco (5) días hábiles, a los fines de emitir el pronunciamiento respectivo, el cual se produjo a través de la Resolución que en este proceso se impugna, que ratificó la inclusión de los ciudadanos antes mencionados y decidió no reconocer la validez de las elecciones celebradas el 20 de septiembre de 2001, fijando como nueva fecha para dicho acto electoral el 15 de octubre de 2001.

Con relación al recurso interpuesto expuso, que con la impugnación de la Resolución Nº 011002-315 del 02-10-2001, la recurrente persigue la anulación de la ratificación de la inclusión de los ciudadanos arriba identificados, como candidatos en la Plancha Nº 2, por cuanto en criterio de la misma, no se encuentran afiliados a SINTRACOMSIGUA y por cuanto, en criterio de la recurrente, la decisión impugnada está supuestamente viciada de falso supuesto al pretender sostener que la suspensión de efectos del acto que revocó el reenganche de los ex-trabajadores, implica que éstos se consideren trabajadores, lo cual ella rechaza. El apoderado judicial del C.N.E. expuso que se desprende de la documentación consignada en el expediente, que los ciudadanos arriba indicados, fueron despedidos de la empresa COMSIGUA, por razones inherentes a disputas sindicales, por lo que “...intentaron los procedimientos laborales correspondientes...”, obteniendo como respuesta del órgano competente, la orden de reenganche y pago de salarios dejados de percibir, acto éste que según el dicho de la recurrente, fue revocado por el mismo órgano administrativo en fecha 17 de abril de 2001, lo que originó que los referidos ciudadanos intentaron contra este último acto recurso de nulidad, emitiéndose en fecha 12 de julio de 2001 medida cautelar “...‘determinándose en este sentido la suspensión de los efectos del referido acto revocatorio’…”.

Que en virtud de lo anterior señala que inicialmente existió orden de reenganche para los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C., L.B. y P.R. y a pesar de que dicha orden fue revocada por el propio órgano que la dictó, ésta revocatoria quedó suspendida hasta tanto se emitiera fallo definitivamente firme, de lo que concluye el apoderado judicial del C.N.E., que la orden de reenganche estaba vigente, sin que consten en autos elementos que permitan establecer, como pretende la recurrente, que los nombrados ciudadanos no son trabajadores de la empresa COMSIGUA, sin prejuzgar ni pronunciarse en relación a la situación de fondo que originó el conflicto, lo cual escapa de la esfera y competencia del C.N.E..

Por otra parte señaló, con relación a la condición de afiliado o no a SINTRACOMSIGUA de los mencionados ciudadanos, que es necesario reproducir parte del contenido de la Resolución impugnada, que al respecto estableció: “…es la Junta Directiva del Sindicato la única facultada para decidir quien es afiliado o no … no cursa en los recaudos pronunciamiento alguno de la Junta Directiva acerca de la condición de afiliación de los ciudadanos en cuestión; y el hecho cierto de aparecer éstos en el registro preliminar de electores y haber sido admitidas sus postulaciones, sin que haya mediado intervención alguna por parte de la Junta Directiva para desvirtuar sus aspiraciones, ello conlleva a presumir la buena fe de sus actuaciones…”. Además de lo anterior señaló que en autos constan copias de las planillas de afiliación de dichas personas al sindicato, sin que se evidencia revocatoria de las mismas.

En razón de lo antes expuesto, el apoderado judicial del órgano electoral señala, con vista a la documentación que conforma el expediente administrativo del caso, que no existen elementos que le permitan a ese órgano excluir a los ciudadanos A.M., J.R., C.C., A.B., J.A., P.R., J.G., I.C., L.B. y P.R. como candidatos por la plancha N° 2 en la elección de las autoridades de SINTRACOMSIGUA, en razón de lo cual solicitó sea declarado sin lugar el presente recurso contencioso y se confirme la Resolución impugnada.

Con relación al reconocimiento de la validez de las elecciones, celebradas en desacato de la decisión de este órgano de suspenderlas indicó, que los Considerandos Tercero y Cuarto de la Resolución impugnada se encuentran fuera de toda controversia, ya que nada alegó e impugnó la recurrente sobre su contenido.

IV

DE LAS CONCLUSIONES DE LA RECURRENTE

En la oportunidad de Conclusiones la parte recurrente reiteró los argumentos explanados en el escrito recursivo.

V

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Señaló la recurrente en primer término, que el C.N.E. incurrió en falso supuesto de derecho en la Resolución impugnada, al desconocer lo dispuesto en los artículos 14 y 27 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical, emanado del mismo órgano comicial, así como el artículo 5 del Decreto de Medidas para Garantizar la L.S., dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, que establecen:

ARTÍCULO 14.- Son electores todos los afiliados de la respectiva organización sindical inscritos hasta la fecha de cierre del Registro de Afiliados correspondiente, sin menoscabo de la revisión que del mismo pueda realizar el C.N.E. para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

ARTÍCULO 27.- Las organizaciones sindicales con ocasión de su solicitud de incorporación al Registro de Control ante el C.N.E. y a los fines de la formación del Registro Electoral de Organizaciones, deberán presentar los siguientes recaudos:

a) El acta constitutiva y sus estatutos con las respectivas modificaciones debidamente registradas.

b) Nómina actualizada de sus afiliados. (…)

.

ARTÍCULO 5.- La lista o padrón electoral estará constituida por todos los trabajadores activos y jubilados y pensionados, obreros, empleados, trabajadores rurales …

.

Tal afirmación la sustenta la recurrente en el hecho que los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C. y L.B., no se encontraban afiliados a SINTRACOMSIGUA, ni eran trabajadores activos de COMSIGUA para el momento de la presentación de la solicitud de incorporación de SINTRACOMSIGUA al Registro de Control por ante el C.N.E., por lo que a su decir, no son electores a la luz de los citados artículos y, en consecuencia, tampoco podían postularse para ser elegidos a los fines de integrar la Junta Directiva de la referida organización sindical.

En este orden de ideas señaló, que el criterio que adoptó el C.N.E. para dictar la decisión impugnada, se fundó en que “…los aludidos ciudadanos son trabajadores hasta tanto ocurra sentencia definitivamente firme que los desconozca como tales.”, fallo que no se ha verificado hasta la fecha de interposición del presente recurso.

Por su parte, la representación judicial del C.N.E. expuso que conforme consta de la documentación consignada en el expediente, los ciudadanos arriba indicados, fueron despedidos de la empresa COMSIGUA, por razones inherentes a disputas sindicales, por lo que “... intentaron los procedimientos laborales correspondientes ...”, obteniendo como respuesta, de la Inspectoría del Trabajo competente, la orden de reenganche y pago de salarios dejados de percibir, acto éste revocado por ese mismo órgano administrativo en fecha 17 de abril de 2001, en virtud de lo cual los mencionados ciudadanos intentaron contra este último acto recurso de nulidad, conjuntamente con amparo cautelar que fuera declarado parcialmente con lugar “... determinándose en este sentido la suspensión de los efectos del referido acto revocatorio …”, por lo que existió orden de reenganche para los ex-trabajadores y que a pesar de que fue revocada la decisión, ésta revocatoria quedó suspendida hasta tanto se emitiera fallo definitivamente firme, de lo que concluye el apoderado judicial del C.N.E., que la orden de reenganche estaba vigente.

Con vista a los argumentos antes referidos, esta Sala considera necesario referirse a la figura del falso supuesto de derecho, invocado por la recurrente como vicio de la Resolución impugnada, y en tal sentido resulta oportuno señalar lo que en este sentido estableció la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia N° 474 de fecha 2 de marzo de 1999, en la cual expresó: “... cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto”.

Ello así, el falso supuesto de derecho supone entonces, que a un determinado hecho le ha sido aplicada la consecuencia prevista en una norma jurídica para un supuesto de hecho distinto a aquél al que tal consecuencia se imputa, incidiendo esta decisión negativamente en la esfera jurídica subjetiva de aquellas personas a quienes tal decisión involucra.

Ahora bien, resulta indiscutible que conforme a la normativa citada por la parte recurrente, aplicable al caso de autos, se desprende la necesaria condición de “afiliado” de todo aquél trabajador que pretenda participar en la elección de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (SINTRACOMSIGUA), la cual, a su vez, viene dada por la inscripción en dicho Sindicato antes de la fecha de cierre del Registro de Afiliados correspondiente, debiendo entenderse éste como el Registro elaborado con fines electorales por el órgano competente, sirviendo de base inicial para el mismo la nómina actualizada de sus afiliados.

En este sentido, a los fines de emitir el pronunciamiento correspondiente, esta Sala estima necesario entrar a analizar si los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R., a quienes se refiere el acto administrativo impugnado, ostentaban la cualidad de trabajadores de la Empresa Complejo Siderúrgico de Guayana (COMSIGUA) y, por ende, pueden ser considerados afiliados al Sindicato de Trabajadores de dicha Empresa a la fecha de cierre del Registro de Afiliados correspondiente, para así determinar su condición de electores, conforme lo previsto en el Artículo 14 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical, lo cual hará de seguidas con vista a las pruebas pertinentes que cursan en autos.

Consta en autos copia simple del Auto dictado en fecha 17 de abril de 2001, por la Inspectoría del Trabajo en la Zona del Hierro, la cual es apreciada por la Sala con fundamento en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. De dicha copia de documento público se desprende que la Inspectoría del Trabajo en la Zona del Hierro, en la referida fecha, a petición de la ciudadana M.E.P.S., Jefe de Personal de la empresa COMSIGUA, revocó los autos dictados por ese despacho en fechas 3, 5 y 6 de abril de 2001, todos relacionados directamente con el acto administrativo igualmente dictado por ese despacho en fecha 21 de febrero de 2001, cuyos efectos fueron suspendidos mediante cautela judicial. De la relación de actuaciones contenidas en la decisión se desprende que ese órgano administrativo del trabajo, al identificar el auto que dictara en fecha 6 de abril de 2001, se refirió a la orden de reenganche a sus puestos de trabajo en la empresa COMSIGUA y el pago de los salarios dejados de percibir, de los ciudadanos J.A., RONALD RIVAS, J.R., OMAR SERRANO, A.B., A.M., J.G., I.C., C.C., L.B. y P.R., por lo que tal fue la decisión de esa fecha objeto de revocatoria (folios 237 al 233, Exp. Administrativo 1).

Consta en autos copia simple de la decisión dictada en fecha 12 de julio de 2001 por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, apreciable por la Sala igualmente con fundamento en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. De dicha copia de documento público se desprende, que el referido Tribunal declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional cautelar interpuesta por los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R., en los siguientes términos:

Revisadas minuciosamente las actuaciones que rielan a los folios de este expediente, específicamente las copias certificadas de los actos administrativos tantas veces referidos, esta juzgadora pudo constatar que efectivamente existen dos (2) autos de fecha 06 de abril del año en curso, que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos de los solicitantes, a saber: el primero, declara con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por los ciudadanos J.A., RONALD RIVAS, J.R., OMAR SERRANO, A.B., A.M., J.G., I.C., C.C., L.B. y P.R., y el segundo, declara con lugar la calificación de despido solicitada por el ciudadano ROJAS P.J.. Sin embargo, revisado el auto de la Inspectoría del Trabajo en la Zona del Hierro, de fecha 17 de abril de 2001, cuyos efectos se solicitan sean suspendidos, se colige con meridiana claridad que el mismo revoca el acto administrativo emitido en fecha 6 de abril de 2001, que ordena el reenganche y pago de salarios caídos de los ciudadanos J.A., RONALD RIVAS, J.R., OMAR SERRANO, A.B., A.M., J.G., I.C., C.C., L.B. y P.R., mas no hace alusión alguna al acto administrativo de igual fecha que beneficia al ciudadano ROJAS P.J., razón por la cual, la acción de amparo cautelar que nos ocupa, en el supuesto que prospere, versará únicamente sobre los quejosos supra identificados, excluyéndose de la misma al prenombrado ciudadano ROJAS P.J.. ASÍ SE ESTABLECE. (...).

Revisado el acto administrativo de fecha 17 de abril de 1001, así como los alegatos expuestos por los accionantes en su escrito libelar y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo de la pretensión de la causa principal, esta juzgadora, ante la presunta violación de normas y derechos de rango constitucional, considera procedente la suspensión de los efectos del acto recurrido, toda vez que efectivamente emerge del mismo un riesgo para los accionantes de no acordarse la suspensión de sus efectos. ASÍ SE ESTABLECE. (...).

... En consecuencia, la situación jurídica que poseían los accionantes antes de emitirse el acto administrativo recurrido, permanece incólume como consecuencia de la suspensión del acto en cuestión.

(folios 114 al 110, Anexo 1 y recaudo “J”, Anexo 2). Así se establece.

De los dichos de la parte recurrente y de las documentales antes referidas observa la Sala, que quedó demostrado que los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R. eran todos trabajadores de la empresa COMSIGUA y que igualmente todos se encontraban afiliados al Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (SINTRACOMSIGUA) para el día en que cada uno fue injustificadamente despedido, del 22 de febrero al 1 de marzo de 2001. Además de ello, también quedó demostrado que todos los trabajadores despedidos comparecieron ante la Inspectoría del Trabajo en la Zona del Hierro a solicitar su reenganche y pago de salarios caídos y que ese órgano administrativo del trabajo, mediante dos (2) resoluciones de igual fecha, declaró procedente las solicitudes y ordenó los reenganches y pagos de salarios caídos de todos los solicitantes. Igualmente existe prueba en autos que habiendo mediado solicitud de parte del patrono, la Inspectoría del Trabajo revocó, entre otras, la orden de reenganche que había proferido a favor de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R., sin pronunciarse respecto de la orden de reenganche y pago de salarios caídos que había proferido a favor de P.R.. Finalmente quedó comprobado, que en virtud de solicitud de cautela judicial por vía de amparo constitucional, el juez del trabajo suspendió los efectos del acto revocatorio dictado por la Inspectoría del Trabajo, hasta tanto hubiese un pronunciamiento sobre el mérito de la causa, lo cual, con vista a los autos, no ha tenido lugar aún.

Ahora bien, observa esta Sala que la sentencia de amparo cautelar antes señalada, determina con total claridad, el alcance de la acordada suspensión de efectos, al establecer: “En consecuencia, la situación jurídica que poseían los accionantes antes de emitirse el acto administrativo recurrido, permanece incólume como consecuencia de la suspensión del acto en cuestión.”, efecto ex-tunc, propio de la suspensión de efectos de un acto administrativo, conforme reiterada doctrina y jurisprudencia nacional.

Con respecto a este punto, ha sido insistente la recurrente en el argumento que la suspensión de los efectos del acto no conlleva la nulidad del mismo, por lo que sus consecuencias no pueden ser idénticas. Visto este planteamiento la Sala observa que ciertamente suspensión de efectos y nulidad del acto no son conceptos o situaciones jurídicas equivalentes, sin embargo, como consecuencia de la decisión judicial que acuerda la suspensión de los efectos de un acto administrativo, a éste se le priva provisionalmente de su ejecutoriedad. Es decir, que si bien el acto existe y goza de la presunción de legalidad que le caracteriza, en virtud del decreto cautelar sus efectos se encuentran suspendidos hasta que esa decisión cautelar sea revocada en forma incidental y expresa o hasta que tenga lugar un pronunciamiento definitivo y firme que declare la validez del acto impugnado. Para el caso que la decisión judicial determine la nulidad de acto, los efectos del mismo cesaran en oportunidades distintas, dependiendo de lo que al efecto señale la decisión de mérito que la declare, según considere que los efectos de la nulidad decretada deban ser ex-tunc o ex-nunc.

Además de lo anterior puede decirse, que el decreto cautelar de suspensión de efectos del administrativo tiene como finalidad, como ya se dijo, privarlo de su ejecutoriedad en forma temporal, pero además en aquellos casos que fuese dictado como consecuencia de la interposición de una acción de amparo constitucional, al tener el juez constitucional amplias facultades para tomar todas las providencias que considere necesarias a fin de restablecer la situación jurídica infringida, esa suspensión de efectos puede ir acompañada de medidas o decisiones complementarias tendentes a restituir situaciones jurídicas, tal como lo hizo en forma expresa, en el caso que nos ocupa, la Juez del Trabajo que actuó en sede constitucional, al señalar como complemento de la suspensión de efectos del acto impugnado que decretó, que “... la situación jurídica que poseían los accionantes antes de emitirse el acto administrativo recurrido, permanece incólume ...”, ello como mecanismo efectivo para evitar los perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva que el acto impugnado traería aparejado, sin menoscabo, se repite, de la presunción de legalidad que caracteriza a todo acto administrativo.

Es así como en consecuencia, la situación jurídica que poseían los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R., antes de que la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro dictara el acto revocatorio de fecha 17 de abril de 2001 y que por orden judicial debe quedar incólume mientras se decida el fondo del recurso de nulidad, no es otra que la situación que fue revocada por el acto que ha quedado suspendido, es decir, la orden de reenganche y el pago de los salarios caídos a favor de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R., así como también la orden de reenganche y pago de salarios caídos decretada a favor del ciudadano P.R., que no fue objeto de revocatoria alguna, todo lo cual deriva a favor de los prenombrados ciudadanos, en el reconocimiento temporal de la vigencia de sus respectivos vínculos de trabajo con la empresa COMSIGUA, en las mismas condiciones que tenían para el momento de haber sido despedidos. Así se declara.

Aunado a lo anterior, es necesario destacar, que si bien los ciudadanos antes mencionados, una vez transcurrido el lapso de tres (3) meses a que se contrae el literal c) del artículo 436 de la Ley Orgánica del Trabajo, computado a partir de cada despido, dejaron temporalmente de formar parte del Sindicato, esa separación no obedeció a una renuncia expresa a su condición de afiliados al mismo, sino como consecuencia de haber sido excluidos en virtud de la cesantía sufrida por ellos por voluntad unilateral del patrono, por lo que al quedar temporalmente sin efecto tales despidos, como consecuencia de la vigencia temporal de la orden de reenganche y pago de salarios caídos decretada, tal circunstancia trae aparejado a que en derecho se les consideren como trabajadores de la empresa COMSIGUA y afiliados a SINTRACOMSIGUA, independientemente que no presten servicios en forma efectiva, ni reciban el pago del salario como contraprestación por ello.

Establecido lo anterior, esta Sala advierte que la fecha de cierre del Registro de Afiliados del Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (SINTRACOMSIGUA), inicialmente prevista para el día 6 de agosto de 2001, conforme aprobado Cronograma elaborado para la realización del proceso eleccionario de dicho Sindicato que consta en autos (folio 136, Exp. Administrativo y Anexo 1), fue prorrogada hasta el día 10 de agosto de 2001, según consta de prórroga dictada por la Comisión Electoral Interna de SINTRACOMSIGUA (recaudo “E”, Anexo 2), fecha ésta para la cual se encontraba vigente la medida de suspensión de efectos acordada por el órgano jurisdiccional (12-07-01), del acto administrativo que revocó la orden de reenganche en COMSIGUA de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R., e igualmente se encontraba vigente la orden de reenganche no revocada dictada a favor del ciudadano P.R.; por lo cual concluye la Sala, que para la fecha de cierre del Registro de Afiliados acordada por la Comisión Electoral de SINTRACOMSIGUA, los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R. deben ser considerados como trabajadores de COMSIGUA y afiliados a SINTRACOMSIGUA y por virtud de ello como electores y elegibles, con fundamento en el artículo 14 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical.

En virtud de las consideraciones precedentes, el falso supuesto de derecho alegado por la recurrente como causal de nulidad de la Resolución impugnada, sustentado en la errónea aplicación de los artículos 14 y 27 del Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical, y 5 del Decreto de Medidas para Garantizar la L.S. dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, derivado de “... pretender sostener que la suspensión de efectos del acto que revocó el reenganche de los extrabajadores implica que estos se consideren trabajadores, ....” y por ende, no estar afiliados al Sindicato, no se configura, pues, como quedó establecido, los prenombrados ciudadanos, mientras no se dicte decisión definitivamente firme que permita o reconozca la ruptura formal de sus respectivos vínculos de trabajo con COMSIGUA, no pueden ser considerados formalmente ex–trabajadores, ni pueden desconocerse los derechos que derivan de su condición de trabajadores sindicalizados, razón por la cual esta Sala desestima el alegato bajo análisis y así se decide.

Como complemento de la anterior decisión debe señalarse, que en el supuesto que la decisión del órgano jurisdiccional que conoce del recurso de nulidad interpuesto contra el acto de fecha 17 de abril de 2001, que a su vez se relaciona con el recurso de nulidad interpuesto contra el acto de fecha 21 de febrero de 2001, ambos dictados por la Inspectoría del Trabajo en la Zona el Hierro; establezca en forma definitiva que los prenombrados ciudadanos no gozaban de la inamovilidad que invocaron y en consecuencia de ello podían ser despedidos sin justa causa por su patrono, y éste persiste en su propósito de despedir, es que podrá considerarse que dichos ciudadanos han perdido en forma sobrevenida su condición de afiliados a SINTRACOMSIGUA, vencido que sea el lapso de tres (3) meses a que se contrae el literal c) del artículo 436 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en consecuencia deberán tener lugar las sustituciones respectivas, en caso de ostentar la condición de miembros de la Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA, con vista a sus Estatutos.

Como segundo alegato denunció la recurrente, que el máximo órgano electoral en la Resolución impugnada, incumplió lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establece que “El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que hubiesen sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación”, en virtud de que aún cuando alegó y demostró que los mencionados ciudadanos no cotizaban al sindicato desde febrero de 2001, y que no formaban parte de la nómina de COMSIGUA, el órgano comicial hizo caso omiso a dichos alegatos y pruebas y declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico interpuesto en fecha 31 de agosto de 2001, vulnerando en forma flagrante, manifiesta y directa su derecho a la defensa, imposibilitándole defenderse de unos actos de postulaciones que no con cumplen con las exigencias legales necesarias.

Con relación a este alegato, esta Sala observa que la Resolución objeto del presente recurso, estableció lo siguiente:

En este orden de ideas, los otros elementos invocados por la recurrente, en cuanto a la no condición de afiliados por no ser cotizantes, y que es la Junta Directiva del Sindicato la única facultada para decidir quien es afiliado o no, se observa que, no cursa en los recaudos pronunciamiento alguno de la Junta Directiva acerca de la condición de afiliación de los ciudadanos en cuestión; y el hecho cierto de aparecer éstos en el registro preliminar de electores y haber sido admitidas sus postulaciones, sin que haya mediado intervención alguna por parte de la Junta Directiva para desvirtuar sus aspiraciones, ello conlleva a presumir la buena fe de sus actuaciones (Resaltado de la Sala).

Cabe agregar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se refiere a los derechos de participación que tienen los trabajadores y las trabajadoras, lo hace sin distinción alguna e invoca la protección contra todo acto de discriminación o de ingerencia contrario al ejercicio de este derecho, y lo que la Ley no distingue no le está dado al intérprete hacerlo.

El C.N.E., como garante de los principios constitucionales establecidos en los artículos 63 y 95, y que los procesos electorales para la elección de las autoridades de las organizaciones sindicales se realicen en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, considera improcedente la solicitud de exclusión de los integrantes de la Plancha N° 2, invocada por la recurrente, y así se decide.

(Resaltado del escrito).

De la cita anteriormente transcrita, resulta evidente para la Sala, que no resulta cierta la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que el órgano electoral, en la Resolución impugnada, haya hecho caso omiso a los alegatos y pruebas formulados por la parte recurrente, en cuanto a la no condición de afiliados de los mencionados ciudadanos, por no haber cotizado al sindicato desde febrero de 2001. Contrariamente a tal afirmación advierte la Sala, que el C.N.E. en el cuerpo de la Resolución cuestionada, expuso argumentos de hecho y de derecho en base a los cuales desestimó dicho alegato, formulado en sede administrativa por la recurrente, brindando así la posibilidad de que ésta desvirtuara, en el presente proceso contencioso electoral, todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la administración electoral para adoptar su decisión, por lo que mal podría considerarse vulnerando en forma flagrante, manifiesta y directa su derecho a la defensa, imposibilitándole defenderse de unos actos de postulaciones que no con cumplen con las exigencias legales necesarias, razón por la cual esta Sala debe desestimar el presente alegato. Así se decide.

En otro orden de ideas observa la Sala que la recurrente planteó, en forma subsidiaria, lo siguiente:

... en el supuesto negado que esta sala considere que los extrabajadores por estar incursos en un juicio laboral deben ser considerados trabajadores y en consecuencia que nunca dejaron de estar afiliados a SINTRACOMSIGUA, igualmente habrían perdido su condición de miembros por no haber cancelado las cotizaciones sindicales respectivas desde la fecha de su(s) despido(s)

.

Para dar respuesta a este planteamiento la Sala ha tenido a la vista los Estatutos del SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA (folios 94 al 57, Anexo 1 y recaudo “B”, Anexo 2), y de los mismos se desprende que la expulsión o desafiliación del sindicato, motivada por el incumplimiento del pago de cuatro (4) cotizaciones ordinarias consecutivas sin causa justificada, prevista en el numeral 1. del artículo 30, es una sanción de tipo disciplinaria de aquellas previstas en el artículo 32, de allí que para ser impuesta debe necesariamente mediar un procedimiento de tipo disciplinario a ser sustanciado y decidido por el Tribunal Disciplinario del sindicato, en los términos establecidos en el encabezado del artículo 32 y del artículo 29 de los Estatutos, que señalan lo siguiente:

Artículo 32. Sanciones Disciplinarias.

Se faculta al Tribunal Disciplinario de SINTRACOMSIGUA, en su carácter de único órgano autorizado para aplicar sanciones disciplinarias que sean procedentes, ... (subrayado de la Sala).

Artículo 29. Tribunal Disciplinario de la organización.

El Tribunal Disciplinario de SINTRACOMSIGUA, es el órgano facultado para administrar disciplina a nivel de todos los miembros de la organización. A tal fin, procesará, mediante investigaciones, las causales de falta que puedan cometer o que cometan los miembros de la organización, previa conclusión de esos procesos, aplicarán las sanciones disciplinarias que sean procedentes, de acuerdo al nivel de cada caso y de conformidad con estos Estatutos. El Tribunal Disciplinario está sujeto y se rige por las siguientes reglas: ...

4. El Tribunal Disciplinario de SINTRACOMSIGUA, está obligado a dictar sentencia dentro de un marco del más amplio espíritu de justicia e imparcialidad, garantizando de esa manera que el único basamento probatorio que prive en las resoluciones de sanciones, cualquiera que sea su nivel, sea el producto sumarial que emane de investigaciones y pruebas expresadas en el expediente respectivo y que en ningún caso, se de lugar a sentencias de sanciones disciplinarias amañadas, cuyo origen sea la obediencia o defensa de intereses distintos a los postulados de estos Estatutos, que justifican y califican la importancia de este valioso órgano de la organización.

5. Salvo expresas disposiciones de estos Estatutos, o la negativa voluntaria de defenderse, todos los miembros de SINTRACOMSIGUA, tienen la facultad del derecho (sic) de defenderse, por si mismos o por apoderado, ante acusaciones, ante acusaciones o sanciones emanadas del Tribunal Disciplinario, y acciones jurídicas, cuando se trate de miembros que no formen parte de la Junta Directiva, y por ante las Asambleas Generales cuando se trate de integrantes de la Junta Directiva, quienes están facultados para ordenar revisiones de los casos y solicitar que la sanción sea indultada, disminuida o confirmada. (...).

7. Los órganos y miembros de SINTRACOMSIGUA, que sean acusados y sancionados por el Tribunal Disciplinario, tienen derecho para designar defensores, hasta un máximo de tres (3), que necesariamente deben ser miembros de la organización, bien sean Directivos o no, e incluso dirigentes de la Federaciones a las cuales esté afiliada la organización

.

La regulación anterior está en total sintonía con los principios y garantías que en materia de procesos e imposición de sanciones o condenatorias conforman el ordenamiento jurídico venezolano, no así la posición de la recurrente, al considerar que la sola falta de pago de cuatro (4) cotizaciones sindicales consecutivas derivan de pleno derecho en la sanción de expulsión o desafiliación, por el contrario se insiste, que es solo el Tribunal Disciplinario de SINTRACOMSIGUA el órgano disciplinario encargado de imponer tal sanción, mediante decisión motivada que en el supuesto de haberse producido no consta en autos, de allí que mal pueda considerar la Sala procedente el argumento de la recurrente de considerar desafiliados a los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R. por falta de pago de las cotizaciones sindicales, ni apreciar en consecuencia las documentales, testimoniales e informes que fueron promovidos en fase de pruebas tendentes a sustentar tal alegato. Así se decide.

Por último, alegó la parte recurrente que los mencionados ex-trabajadores, solicitaron en fecha 23 de septiembre de julio 2001 por ante la Comisión Electoral Interna, ser incluidos en el proceso electoral a efectuarse el día 20 de septiembre de 2001, a los fines de elegir la Nueva Junta Directiva de SINTRACOMSIGUA, obteniendo como respuesta de dicha Comisión su conformidad y aceptación a la pretendida solicitud, atribuyéndose, a su decir, dicha Comisión facultades que no tiene para acordar o no la afiliación de una persona determinada como miembro del sindicato SINTRACOMSIGUA, ya que el único órgano facultado para ello es el mismo sindicato, el cual, en fecha 22 de agosto de 2001, manifestó su rechazo a la inclusión de los mencionados ciudadanos en el proceso eleccionario.

En este sentido, la Sala observa que la solicitud a la Comisión Electoral Interna del Sindicato de fecha 23 de julio, a que hace referencia la parte recurrente, se fundamenta en una orden de reenganche solicitada por ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro de fecha 6 de abril de 2001 que, aún cuando fuera revocada en fecha 17 de abril del mismo año por ese mismo despacho, ha quedado temporalmente incólume en virtud de la Sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que en fecha 12 de julio de 2001 declaró parcialmente con lugar la solicitud de amparo cautelar, suficientemente desarrollada en el presente fallo. En tal sentido, era obligación ineludible de la Comisión Electoral Interna del sindicato acatar la referida decisión judicial y cumplir el mandato contenido en ella, en el sentido de permitir a los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R. participar en el proceso eleccionario que dirigía, por lo que habiendo sido constatado que la decisión de la aludida Comisión Electoral Interna obedeció a un mandato judicial, mal podría ser considerada su decisión de incluir a dichos ciudadanos en el Registro de Afiliados como una atribución de facultades que no le corresponden, por lo que ineludiblemente debe esta Sala desechar el alegato formulado en este sentido por la parte recurrente y así se decide.

Por último, advierte nuevamente esta Sala que como se puede apreciar, la normativa invocada e interpretada en el presente fallo pertenece simultáneamente tanto al Derecho Administrativo como al Derecho del Trabajo, lo que indica que efectivamente el “contencioso social electoral”, cuyo surgimiento como una especialidad dentro del contencioso electoral fue advertido en sentencia N° 91 de fecha 19 de julio de 2001 de esta Sala Electoral, está cada día adquiriendo su perfil propio, dado los problemas que se presentan en los procesos electorales de las organizaciones sindicales, que exigen para su eficaz resolución la aplicación de normas laborales inspiradas en principios sociales, distintos de aquellos que conforman el contencioso electoral.

VI DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Electoral interpuesto por la ciudadana F.O. contra la Resolución N° 011002-315, de fecha 02 de octubre de 2001, dictada por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso jerárquico interpuesto por la mencionada ciudadana ante la Comisión Electoral Interna del Sindicato de Trabajadores del Complejo Siderúrgico de Guayana (SINTRACOMSIGUA), con ocasión de la admisión de la postulación a cargos directivos de los ciudadanos A.M., J.R., C.C., P.R., J.G., J.A., A.B., I.C., L.B. y P.R..

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil dos (2002). Años 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

El Presidente-Ponente,

__________________________

A.M.U.

El Vicepresidente,

_________________________

L.M.H.

Magistrado,

_____________________________

R.H. UZCATEGUI

El Secretario,

___________________________

A.D.S.P.

Exp. Nº 2001-000146

En veinticuatro (24) de abril del año dos mil dos, siendo la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 75.

El Secretario