Sentencia nº 1739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Diciembre de 2013

EN SALA CONSTITUCIONAL

Expediente n.¡ 13-0855

Magistrada Ponente: GLADYS MARêA GUTIƒRREZ ALVARADO

Consta en autos que, el 19 de septiembre de 2013, los ciudadanos ISAIC LîPEZ y VILYEC MOSQUEDA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad nœmeros 13.336.002 y 14.114.038, en su condici—n de Secretario General y Secretario de Organizaci—n de la Junta Directiva de la Organizaci—n Sindical denominada Uni—n Sindical de Empleados y TŽcnicos de la Entidad de Trabajo Suramericana de Aleaciones Laminadas C.A. (Sural C.A.) (UNISINEMPLESUR), respectivamente, mediante la representaci—n de los abogados JosŽ De Jesœs D’az y J.J. D’az, titulares de las cŽdulas de identidad nœmeros 9.947.888 y 18.078.147 e inscritos en el Instituto de Previsi—n Social del Abogado bajo los nœmeros 49.544 y 138.315, respectivamente, representaci—n que se acreditan mediante documento poder que fue otorgado ante la Notar’a Pœblica Segunda de Puerto Ordaz, Estado Bol’var, anotado bajo el n.ro 32, Tomo 264, del 29 de agosto de 2013, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notar’a, intentaron, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripci—n Judicial del Estado Anzo‡tegui, pretensi—n de amparo constitucional contra la INSPECTORêA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS SIMîN RODRêGUEZ, MONAGAS, MIRANDA, GUANIPA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOçTEGUI, para cuya fundamentaci—n denunciaron la violaci—n de sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por un juez natural y a la obtenci—n de oportuna y adecuada respuesta, que se reconocen en los art’culos 26, 49 y 51 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela.

El 19 de julio de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripci—n Judicial del Estado Anzo‡tegui se declar— incompetente, en raz—n de la materia, para el conocimiento de la presente demanda de protecci—n constitucional y, por tanto, declin— la competencia en la jurisdicci—n contencioso administrativa.

El 27 de agosto de 2013, el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripci—n Judicial de la Regi—n Nor-Oriental juzg— sobre la pretensi—n que fue interpuesta y la declar— inadmisible.

El 2 de septiembre de 2013, la representaci—n judicial de los accionantes apel— -pura y simplemente- contra la decisi—n de primera instancia constitucional y, el 6 del mismo mes y a–o, el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo, a que se hizo referencia supra, oy— la apelaci—n en un s—lo efecto y, mediante oficio n.¡ 13-843 del 6 de septiembre de 2013, orden— la remisi—n de la causa a esta Sala Constitucional, para el conocimiento del recurso.

DespuŽs de la recepci—n del expediente de la causa se dio cuenta en Sala, por auto del 24 de septiembre de 2013, y se design— ponente a la Magistrada Gladys Mar’a GutiŽrrez Alvarado.

El 17 de octubre de 2013, en virtud de la licencia otorgada al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero L—pez, se reconstituy— la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys Mar’a GutiŽrrez Alvarado, en su condici—n de Presidenta, Magistrado Juan JosŽ M.J., como Vicepresidente, y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamu–o, M.T.D. Padr—n, C.Z. de Merch‡n, Arcadio de Jesœs Delgado Rosales y L.F.D.B., segœn consta del Acta de Instalaci—n correspondiente.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA PRETENSIîN DE LA PARTE ACTORA

1. Los legitimados activos alegaron que:

   1.1 El 9 de octubre de 2012, Òpresenta[ron] pliego por ante (sic) la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ de Puerto Ordaz, Estado Bol’var, de conformidad [con] lo establecido en el art’culo 168 del Reglamento de la Ley Org‡nica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras, debido a un conjunto de incumplimientos y la negativa por parte de la Entidad de Trabajo SURAL C.A., de dar cumplimiento a la cl‡usula N¡ 2 de la Convenci—n Colectiva 2012-2014, homologada en fecha 22 de marzo del 2012, lo que llev— a los trabajadores y trabajadoras en Asamblea General Extraordinaria a autorizar a la Junta directiva de UNISINEMPLESUR, a presentar Pliego de Peticiones con Car‡cter Conflictivo ante la Inspector’a de [su] jurisdicci—n, de conformidad con lo estatuido en el art’culo 513 de la LOTTT -Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores- y 30 de la Ley Org‡nica Procesal del Trabajo, al que le asignaron el nœmero de Expediente 051-2012-05-00020, nomenclatura de la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ, con sede en Puerto Ordaz, Estado Bol’varÓ.

   1.2 El 10 de octubre de 2012, Òla Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ de Puerto Ordaz, Estado Bol’var, orden[—] a la Junta Directiva de UNISINEMPLESUR, subsanar 4 puntos del referido Pliego de Peticiones, por lo que acata[ron] lo ordenado por el Ente Administrativo a pesar que ciertos petitorios no estaban establecidos dentro del marco legalÓ.

   1.3 El 11 de octubre de 2012, Òpresenta[ron] ante la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ de Puerto Ordaz, Estado Bol’var, las subsanaciones del Pliego de PeticionesÓ. Que Òla Inspectora del Trabajo in comento, lo recibi— y orden— suspender el despacho ese d’a, y en horas de la tarde la ciudadana ISBELIZ GUTIƒRREZ, en su car‡cter de Inspectora del Trabajo (É), se pronuncian (sic) INHIBIƒNDOSE DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS (48) INCOADOS POR LOS TRABAJADORES Y LA ORGANIZACIîN SINDICAL UNISINEMPLESUR que representa los mismos (É), [q]ue cursaban ante la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ de Puerto Ordaz (É)Ó. Que, Òse CERCENA[RON] LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTêCULOS 49 Y 51 DE [L]A CARTA MAGNA A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFECTADOS Y AFECTADAS, Y A LA ORGANIZACIîN SINDICAL UNISINEMPLESUR, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE EL DERECHO A SER JUZGADO POR LOS JUECES NATURALES Y A TENER RESPUESTA OPORTUNA DE LOS îRGANOS COMPETENTESÓ.

   1.4 Ò[E]n en dicho auto -de inhibici—n- la ciudadana Inspectora supra identificada manifiesta que Ôun grupo aproximado de 20 trabajadores de la Entidad de Trabajo SURAL C.A., entre ellos ISAIC LîPEZ Y VILYEC MOSQUEDA irrumpieron intempestivamente en la[s] instalaciones de la Inspector’a del Trabajo vociferando palabras amenazantes, en contra de [su] persona y contra el ministerioÕÓ. Que, Òsi [se] observa el nœmero de causas que rielan ante es[a] Inspector’a (É) [se] da[r‡n] cuenta que son 48 -trabajadores- para ese momento, como es que esta (sic) ciudadana inspectora se inhibe de todas las causas aun de aquellos trabajadores que no formaban parte del supuesto maltratoÓ. Que rechaza[n] tal afirmaci—n y n[iegan] categ—ricamente que se haya maltratado a la mencionada funcionaria, lo que s’ es cierto que la misma se extralimit— en sus facultades y con ABUSO DE PODER vulner— los derechos constitucionales antes citadosÓ.

   1.5 Ò[A]un cuando [la] funcionari[a] que se inhib[i—] deb[’a] tener un suplente o en su defecto (É) el Coordinador debi— designar un INSPECTOR AD HOC para resolver ese nœmero significativos (sic) de procedimientos que cursaban para ese momento de los trabajadores de SURAL C.A., y que deb[er’an] cursar en la Inspector’a del trabajo ÔA.M.Õ, tanto los procedimientos de los trabajadores de manera individual como los colectivos, intentado por el sindicato UNISINEMPLESUR, o en su defecto remitir dicho procedimiento a otras Inspector’as que se en[contraban] en la jurisdicci—n del Estado Bol’var adscritas a la Coordinaci—n del Estado Bol’var, entre ellas la sede ubicada en San FŽlix, Ciudad Bol’var y Guasipati, sin embargo decidi[—] arbitrariamente desprenderse con un acto inconstitucional de las causas que por mandato expreso de [la] Carta Magna es de su exclusivo conocimiento, y procedi[—] a enviar los expedientes antes mencionados a LA COORDINACIîN DE LA ZONA NOR-ORIENTAL DE LA INSPECTORêA DEL TRABAJO DEL ESTADO ANZOçTEGUI, UBICADA EN PUERTO LA CRUZ y posteriormente [Žsta] le asign[—] a la INSPECTORêA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS SIMîN RODRêGUEZ, MONAGAS, MIRANDA, GUANIPA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOçTEGUIÓ, para el conocimiento de los mencionados expedientes.

   1.6 En efecto, Òse le cercena el acceso a la justicia al dŽbil jur’dico como lo es el trabajador, por cuanto deb[’an] trasladarse a una jurisdicci—n distinta a donde presta[ban] su[s] servicio[s] y t[en’an] fijado[s] su[s] domicilio[s], VIOLENTANDO FLAGRANTEMENTE LO ESTATUIDO EN EL ARTêCULO 49 DE LA CONSTITUCIîN DE LA REPòBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, el cual est‡ desarrollado en el art’culo 30 de la Ley Org‡nica Procesal del Trabajo concatenado con el art’culo 513 de la LOTTT -Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores-, por cuanto por mandato expreso de las normas citadas es el trabajador por ser el dŽbil jur’dico quien escoge el domicilio donde se interpone la reclamaci—n y es cuya (sic) autoridad quien debe decidir dicha petici—n.

   1.7 El 7 de noviembre de 2012, Òel ciudadano inspector de la INSPECTORêA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS SIMîN RODRêGUEZ, MONAGAS, MIRANDA, GUANIPA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOçTEGUI, mediante providencia administrativa signada con el nœmero R-137 (É), donde se [les] notifica [de] la providencia en la que se declara improcedente el pago de los salarios exigidos por los trabajadores, en virtud de la suspensi—n de labores dada[s] las condiciones inseguras en que se encontraban laborando (É)Ó. (Resaltado a–adido).

   1.8 Cabe destacar que, Òaun cuando en dichos expedientes reposa providencia administrativa emanada de INPSASEL, donde se constat— en el informe de inspecci—n del ocho (08) de Agosto del 2012 (É), la condici—n insegura y se emplaz[—] a la entidad de trabajo SURAL C.A., a hacer entrega de las indumentarias de seguridad y equipos de seguridad en plazo perentorio, aunado a ello una vez cumplido el mismo, el mencionado instituto se traslad[—] y se constituy[—] a los fines de verificar el cumplimiento por parte del patrono del mandato emanado del Ente encontr‡ndose que no hab’a subsanado tal irregularidad y orden— mediante informe de fecha cinco (05) de septiembre del 2012 (É), el pago de los salarios dejados de percibir por los trabajadores tomando como marco legal el articulo 53 ordinal 5¡ de la LOPCYMAT -Ley Org‡nica de Prevenci—n, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-Ó.

   1.9 De manera que, Òno s—lo se desconoci— la decisi—n emanada del Ente que regula la salud y seguridad laboral de los trabajadores, si no que m‡s aœn sin notificar a las partes a los fines que ejercieran el recurso con ocasi—n al traslado de una nueva autoridad para el conocimiento de la causa, [se] enc[uentran] en un estado de indefensi—n, pero no solo ello, si no que se puede observar en el folio cuatro (04) de la providencia administrativa N¡ R-137, que el ciudadano inspector en la narrativa manifiesta Ôdel folio 160 al 164 del expediente que riela en autos abocamiento suscrito por el abogado JUAN MOISƒS LîPEZ en su car‡cter de inspector jefe de la Inspector’a del Trabajo con sede en la Ciudad de El Tigre Estado Anzo‡tegui en cuyo contenido el funcionario del trabajo manifiesta abocarse al conocimiento de dicho reclamoÕÓ. Que, Ò[s]in haberse permitido a las partes para (sic) ejercer los recursos a que hubiere lugar e incluso, el de recusar, ya que no fueron notificados para dar continuidad al procedimiento administrativo por ante otro îrgano distinto al natural, y establecerle el plazo adecuado de tres d’as de conformidad con [el] ordenamiento jur’dico para ejercer dicho recurso, VIOLçNDOSE EL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESOÓ.

   1.10 Adem‡s, ÒDE MANERA EXPEDITA el inspector JUAN MOISƒS LîPEZ en su car‡cter de inspector jefe de la Inspector’a del Trabajo con sede en la Ciudad de El Tigre Estado Anzo‡tegui, en la providencia administrativa N¡ R-137 el inspector manifiesta Ôdel folio 160 al folio 164 riela auto de avocamiento (sic) suscrito por el abogado JUAN MOISƒS LîPEZ, en su car‡cter de Inspector Jefe de la Inspector’a del Trabajo con sede en la ciudad de El Tigre, Estado Anzo‡tegui, de fecha cinco (05) de Noviembre de 2012Õ, en cuyo contenido el funcionario del trabajo manifiesta avocarse (sic) al conocimiento del presente reclamo, y se pronuncia en fecha siete (07) de Noviembre de 2012, [puede] destacar[se] que en dos d’as (sic) de recibir el expediente declara improcedente y establece que cualquier desobediencia a la decisi—n se considera un desacato previsto en la Ley Org‡nica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (sic) en todos y cada uno de los procedimientos de reclamo por pago de salarios que cursan en los expedientes N¡ 051-2012-03-00732, N¡ 051-2012-030-00771, N¡ 051-2012-030-00733 y N¡ 051-2012-030-00808, nomenclatura de la Inspector’a del Trabajo A.M.d.P.O., Edo. Bol’var y segœn providencias administrativas emanadas de Žl signadas con los nœmeros y R-137 y R-139, respectivamenteÓ.

   1.11 As’, Òuna vez puesta en autos las CIRCUNSTANCIAS QUE DA[BA]N ORIGEN A LA PRESENTE ACCIîN DE AMPARO, y que a pesar de las diligencias que se ha[b’an] realizado a fin de tener una respuesta oportuna sobre los (cuarenta y cuatro) 44 procedimientos restantes que cursa[ba]n en la mencionada Inspector’a, los cuales se identificaron en el presente escrito supra, no h[ab’an] tenido respuesta algunaÓ. Como prueba de ello, Òacompa–[—] escrito dirigido al ciudadano inspector del Tigre Estado Anzo‡tegui recibido por Žl en fecha diecisŽis (16) de Enero del 2013 (É), donde se le exigi— al ciudadano Inspector la devoluci—n de todos y cada uno de los expedientes que fueron mencionados supra y que reposa[ban] en su despacho, que de manera detallada se plasmaron en el escrito y se acompa–— el mismo en copia certificada emanada de la Inspector’a del trabajo A.M., y ratificado segœn acta de fecha veinticuatro (24) de Mayo de 2013, el cual acompa–a[ron] en copia fotost‡tica constante de cuatro (04) folios (É), que riela en el expediente 024-2013-04-00001 de la Inspector’a del Trabajo de los Municipios Sim—n Rodr’guez, Monagas, Miranda, Guanipa e independencia del Estado Anzo‡tegui, con el objeto de que se orden[ara] que remit[ieran] de manera inmediata todos y cada uno de los expedientes donde se enc[ontraban] involucrados los intereses de los trabajadores y la organizaci—n sindical UNISINEMPLESUR, en virtud que el œnico Ente con competencia y jurisdicci—n para conocer y decidir todas y cada una de las acciones donde se enc[ontraban] involucrados los derechos de los trabajadores de conformidad con lo establecido en lo estatuido en el art’culo 49 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela desarrollada en el art’culo 30 de la Ley Org‡nica Procesal del Trabajo concatenado con el art’culo 513 de la LOTTT -Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores- es la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ, con sede en Puerto Ordaz, Estado Bol’varÓ.

   1.12 Insistieron en que, Òla supuesta causa que dio origen a la inhibici—n de la Inspector’a del trabajo ÔA.M.Õ, por la supuesta agresi—n a la ciudadana ISBELIZ GUTIƒRREZ, en su car‡cter de Inspectora del Trabajo (E) de la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ (É), ces— por cuanto la funcionaria CESî en sus funciones en los primeros d’as de Diciembre por cuanto quien ocupa el cargo desde fecha (sic) cinco (05) de diciembre de 2012, es la ABOG. MILAGROS CçRDENAS en su condici—n de Inspector del Trabajo Jefe de la Inspector’a del Trabajo ÔA.M.Õ (É)Ó. Que ÒQUIEN SE INHIBE ES EL FUNCIONARIO MAS NO EL îRGANO, SIN EMBARGO, [se] ENC[UENTRAN] QUE ARBITRARIAMENTE INHIBIERON EL îRGANO DE LA COMPETENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS INTENTADOS POR LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD DE TRABAJO SURAL C.A Y SU ORGANIZACIîN SINDICALÓ.

   1.13 Se encuentran Òno s—lo con un ABUSO DE PODER de parte del ciudadano inspector de la INSPECTORêA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS SIMîN RODRêGUEZ, MONAGAS, MIRANDA, GUAMPA (SIC) E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOçTEGUI, cuando, de manera inexcusable recibe para su conocimiento un nœmero significativo de procedimientos administrativos (É) VIOLENTANDO EL ARTêCULO 25 DE [LA] CARTA MAGNA (É), y hasta la presente fecha no ha notificado a las partes a fin de ejercer los recursos a que hubiera lugar(É)Ó, por lo que, Òsiendo la acci—n de amparo regido (sic) por el principio de celeridad y urgencia, precisamente tiende a restablecer la situaci—n jur’dica infringida o amenazada y su efecto es devolver a los accionantes el pleno goce de su[s] derecho[s] constitucional[es] lesionado[s] o que se pretendi— lesionar, dada la flagrante violaci—n al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y EL DERECHO A SER JUZGADO POR SUS JUECES NATURALES (É) por el ciudadano INSPECTOR DEL TRABAJO ABOGADO JUAN MOISƒS LîPEZ EN SU CARçCTER DE INSPECTOR JEFE DE LA INSPECTORêA DEL TRABAJO CON SEDE EN LA CIUDAD DE EL TIGRE ESTADO ANZOçTEGUI, debido a que no solo no ha[b’a] dado respuesta a la petici—n formulada en fecha trece (13) de Enero del 2013, ratificada el veinticuatro (24) de Mayo del 2013, sobre los 48 expedientes que reposa[ban] en su despacho, entre ellos dos pliegos de peticiones, EL ABUSO DE PODER en que incurr[—] el mencionado funcionario VIOLENTANDO EL ARTêCULO 25 DE [LA] CARTA MAGNA decidiendo procedimientos administrativos de reclamos, lo que evidencia una flagrante violaci—n a los derechos constitucionales supra mencionados (É) las consideraciones que se establecieron en el cap’tulo de los hechos y la fundamentaci—n jur’dica concatenada con la jurisprudencia de Sala Constitucional (É) es por lo que acud[en] (É) a solicitarle (sic) EL REESTABLECIMIENTO DE MANERA E.D.L.D.C. a [sus] representados y a [su] organizaci—n sindical, y ordene a Žl agraviante el ciudadano INSPECTOR DEL TRABAJO ABOGADO JUAN MOISƒS LîPEZ EN SU CARçCTER DE INSPECTOR JEFE DE LA INSPECTORêA DEL TRABAJO CON SEDE EN LA CIUDAD DE EL TIGRE ESTADO ANZOçTEGUI (É) el cese de toda conducta que atente contra el ejercicio pleno de [sus] derecho[s]Ó.

2. Denunciaron:

   En primer tŽrmino, que la Inspectora Jefe (E) -ciudadana Isbeliz GutiŽrrez- de la Inspector’a del Trabajo A.M., en Puerto Ordaz, Estado Bol’var, se hab’a Òextralimit[ado] en sus facultades y actu— con ABUSO DE PODERÓ cuando, al inhibirse del conocimiento de cuarenta y ocho (48) procedimientos que hab’an sido incoados por los trabajadores y la referida organizaci—n sindical UNISINEMPLESUR, en vez de remitir las reclamaciones laborales a otras Inspector’as que se encontraban Òen la jurisdicci—n del Estado Bol’var adscritas a la Coordinaci—n del Estado Bol’var, entre ellas la sede ubicada en San FŽlix, Ciudad Bol’var y GuasipatiÓ, las envi— a la Coordinaci—n de la zona Nor-Oriental de la Inspector’a del Trabajo del Estado Anzo‡tegui, ubicada en Puerto La Cruz, que las distribuy—, posteriormente, a la Inspector’a del Trabajo de los Municipios Sim—n Rodr’guez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzo‡tegui, todo lo cual habr’a vulnerado sus derechos de acceso a la justicia, a la defensa, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, que se reconocen en los art’culos 26, 49 y 51 de la Constituci—n de la Repœblica Bolivariana de Venezuela, en contravenci—n con los art’culos 30 de la Ley Org‡nica Procesal del Trabajo y 513 de la Ley Org‡nica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que establecen la competencia funcional y territorial, por cuanto dichos procedimientos hab’an sido remitidos a un estado distinto al lugar donde prestaban sus servicios laborales y donde ten’an fijados sus domicilios.

   Los legitimados activos sostuvieron que el supuesto agraviante -ciudadano Juan MoisŽs L—pez, Inspector del Trabajo de los Municipios Sim—n Rodr’guez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzo‡tegui- no hab’a remitido a la Inspector’a del Trabajo de origen -Inspector’a del Trabajo A.M.d.P.O., Estado Bol’var- todos los expedientes en tr‡mite en los que se encontraban involucrados los intereses de los trabajadores que prestaban servicios en la empresa Suramericana de Aleaciones Laminadas C.A. (Sural C.A.), ni los que guardaban relaci—n con la Organizaci—n Sindical UNISINEMPLESUR, como sujeto colectivo o la representaci—n de la entidad de trabajo Sural C.A., en virtud de que ocurri— una causa sobrevenida, como era el hecho de que la Inspectora del Trabajo Jefe (E) -ciudadana Isbeliz GutiŽrrez-, de la Inspector’a del Trabajo A.M., Puerto Ordaz, Estado Bol’var, que se hab’a inhibido, ces— en sus funciones y dada la incompetencia territorial del legitimado pasivo debi— devolver todas las reclamaciones laborales a la tantas veces mencionada Inspector’a del Trabajo A.M..

3. Pidieron:

   ÒPRIMERO: Se declare CON LUGAR la pretensi—n de amparo constitucional en contra de la INSPECTORêA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS SIMîN RODRêGUEZ MONAGAS, MIRANDA, GUANIPA E INDEPENDENCIA DEL ESTADO ANZOçTEGUI.