Sentencia nº 753 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2015

Como consecuencia de la anterior declaratoria, ANULA el fallo dictado el 1° de noviembre de 2012, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy.

ORDENA remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, a fin de que sea distribuido a una Sala de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, y dicte nueva sentencia prescindiendo de los vicios que originaron la presente nulidad’”.

Que “[e]n fecha 16 de julio de 2015 se celebró nuevamente la Audiencia oral y pública en la Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy, se constituyeron los Jueces Superiores Abog. M.A., Abog.Reinaldo (sic) Rojas Requena (Ponente), Abog. J.A., se oyeron las disertaciones de las partes y una vez concluido el acto, se informó a las partes que el tribunal colegiado se acogía al lapso de 10 días para decidir”.

Que “[c]on gran sorpresa reciben las victimas (sic) y el Ministerio Público la notificación que en fecha 27 de agosto del año 2015 emitió decisión la Corte de Apelaciones del estado Yaracuy, declarando Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto ante la misma y declarando la nulidad del fallo declarado en extenso en fecha de 13 de abril de 2012 por el tribunal de Juicio Unipersonal N° 2 del circuito judicial penal del Estado Yaracuy; además ordena que un juez de juicio distinto al que emitió el fallo anulado realice un nuevo Juicio Oral y Público con prescindencia del vicio señalado según la Corte”. (Folios 3 al 24 de la pieza única del expediente).

III

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

Los argumentos expuestos por la solicitante para que esta Sala de Casación Penal se avoque al conocimiento de la causa seguida contra el ciudadano J.C.M.O., son los siguientes:

Que “[a] continuación procedemos a señalar la normativa violentada por la Corte de apelaciones (sic) del estado Yaracuy con la decisión emanada en fecha 27 de agosto del año 2015 citada con anterioridad.

1- En primer lugar violenta el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente además establece que el estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; de todo lo planteado en los hechos podemos observar que luego de un primer avocamiento en el que el tribunal supremo corrige una serie de circunstancias que fueron creadas en el proceso, luego de haber cumplido con un proceso en el que fueron respetados todos los derechos y garantías de un acusado y luego condenado en primera instancia y hasta en segunda instancia en la primera oportunidad llegamos a la discusión de un recurso de Casación en el cual declarara con lugar una de las denuncias referidas a un vicio de motivación en la sentencia recurrida emanada de la Corte de Apelaciones de fecha 01 de noviembre de 2012, referida al procedimiento por admisión de los hechos y muy específicamente hace referencia a que aunque la Corte en la sentencia recurrida señalaba que el lapso para acogerse al procedimiento había precluido para la fecha en que citan el acta en que según la defensa debía aparecer dicha imposición, cuando la corte hizo referencia al derecho a la defensa no lo hizo en los términos denunciados por los mismos, se basa la Sala en ese hecho para considerar con lugar la segunda denuncia que fue admitida para su conocimiento y anuló el fallo recurrido, ordenando remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, a fin de que fuera distribuido a una Sala de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, y dicte nueva sentencia prescindiendo de los vicios que originaron dicha nulidad, podemos verificar en la sentencia emanada por la Corte de Apelaciones posterior a lo indicado en la sentencia de la Sala de Casación Penal, como muy lejos de establecer orden o corregir un vicio de motivación crea una situación terriblemente escandalosa que llena de indignación a las víctimas que hoy solicitan Avocamiento toda vez que han decidido en violación a normas constitucionales y a criterios jurisprudenciales con carácter vinculante.

2- Han decidido anular el fallo emanado del tribunal Segundo en funciones de Juicio de fecha 13 de abril de 2012, basados en una presunta violación al derecho a la defensa que no existió y lo han hecho sencillamente manifestando que en el acta de fecha de 13 de mayo de 2011 no se encontraba la imposición del acusado de dicho procedimiento por admisión de hechos tal parece que olvidó por completo que el artículo 65 del COPP hoy derogado establecía que era de la competencia del tribunal mixto el conocimiento de las causas por delitos cuyas penas fueran mayor de cuatro años en su limite (sic) maximo (sic), también olvidaron el artículo 164 del mismo Código que establecía que realizadas efectivamente dos convocatorias, sin que se hubiere constituido el tribunal mixto por inasistencia o excusa de los escabinos o escabinas, el juez o jueza profesional constituiría el tribunal de forma Unipersonal, como efectivamente sucedió en este proceso y lo mas (sic) grave es que no tomaron en cuenta lo que realmente se encontraba establecido en el 376 del Código Orgánico Procesal Penal derogado que si se encontraba vigente para esa fecha según el cual el Procedimiento por Admisión de los hechos procedería en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate (este último en los casos del procedimiento abreviado y así se ha confirmado jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de Justicia) pero es además bastante específico el artículo cuando en su segundo aparte establecía que en los casos que el juzgamiento correspondía a un tribunal mixto, el acusado o acusada podría solicitar el procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal, como a juzgar por lo que se observa en la normativa antes citada era lo que correspondía en la presente causa, violentando la Corte por esta vía las normas mencionadas al sentenciar sin tomar el cuenta el criterio manejado por el legislador en cuanto a la oportunidad procesal para admitir hechos en el caso que estaba siendo objeto de su estudio.

3- Nuevamente violan la Tutela Judicial Efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que debe ser garantizada por el Estado aun en la emisión de sus sentencias, si solo han revisado el acta que fuera señalada por la defensa del ciudadano J.C.M., también debemos preguntarnos donde queda la imparcialidad, la igualdad de las partes, la autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones señalamientos encontrados en el mismo artículo, es decir no verificaron el acta de fecha 18 de febrero del año 2011 mencionada en el capítulo de los hechos presentado en esta solicitud, donde (sic) el juez de juicio impuso efectivamente al ciudadano J.c.M.d. procedimiento por Admisión de los hechos conforme a la normativa vigente para ese momento que ha sido citada en este capítulo con anterioridad, lo irónico es que la Corte demostró antes de esta decisión e indistintamente del error de motivación por el que fue anulado el fallo anterior, es que la misma si (sic) estaba en conocimiento que el juez había hecho la imposición cuando debía hacerla y con respecto a esto no hubo duda ni manifestó la Sala de Casación estar en contra de esta interpretación que se había dado al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal derogado, en la oportunidad en que fue discutido el Recurso de Casación, considerando que era lógico que no lo hiciera debido a que había sido bastante claro el legislador en ese artículo al hacer la distinción en el momento oportuno para admitir los hechos de acuerdo al procedimiento.

4- Citan para tratar de darle apoyo a su decisión una Jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales que hace ciertas referencias al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal derogado y que muy lejos de fundamentar su decisión lo que si (sic) se percibe al observar dicha jurisprudencia es como en varias ocasiones hace la distinción del momento oportuno para acogerse al procedimiento de admisión de los hechos de acuerdo al procedimiento que corresponda en cada caso, es decir, el procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario en otras palabras y como era de esperarse, lo hicieron tomando en cuenta la normativa de forma articulada, lógicamente establecida en el Código Orgánico Procesal Penal vigente para el momento.

5- Es del conocimiento de los querellantes que una sentencia de la Corte de Apelaciones que ordene la realización de un nuevo juicio no es recurrible a través de un Recurso de Casación, pero si es perfectamente viable un Avocamiento del Tribunal Supremo de Justicia que pueda corregir semejante injusticia con una sentencia que viola una serie de normas incluidas normas constitucionales y que a todas luces lesiona los derechos de las víctimas y que constituye una escandalosa violación al ordenamiento jurídico que perjudica ostensiblemente la imagen del poder judicial. Y como negarlo? cuando estos jueces se atreven en la misma sentencia aun y cuando hasta el momento mantienen la privativa de libertad a exhortar al juez de juicio que le corresponda conocer de la causa por instrucciones de la Corte a evaluar una posible revisión de medida, cuando de quien estamos hablando es de una persona que viene de ser sentenciado en primera instancia por el delito de Homicidio Calificado por motivos fútiles e innobles en la persona de su esposa delito previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 3° (sic), literal ‘a’, con pena privativa de libertad de 28 a 30 años de prisión y que vale decir que indistintamente de lo que ha hecho la Corte de Apelaciones del estado Yaracuy en su último fallo en esta causa, hasta la presente fecha podemos observar que posterior a la Sentencia en primera instancia jamás ha estado en duda ni discusión su culpabilidad, es decir, que estaríamos ante una posible medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad que nos dejaría en una situación mucho más grave que la creada por la ciudadana abog. R.D. quien ejerciera por un tiempo funciones como Juez Tercera de Control del Circuito Judicial Penal del Estado M.E.V.d.T. y le concediera una medida sustitutiva en una Audiencia Preliminar al ciudadano J.C.M.O. posterior a la admisión de la Acusación Fiscal y la Querella, acontecimiento al que se hace referencia en el capítulo de los hechos en la presente solicitud y que se convirtió en uno de los motivos que dio lugar al avocamiento del TSJ en la fase intermedia de esta causa. Toda vez que también resulta una medida a todas luces contraria a derecho conforme a lo establecido por el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal en el artículo 406 específicamente en su último aparte.

6- Ante todos estos acontecimientos se encuentran alarmadas las víctimas por extensión cuando observan la violación de sus derechos constitucionales a partir de la decisión de [la] Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en el que pretenden conforme a la sentencia de fecha 27 de agosto de 2015 mencionada con anterioridad celebrar un nuevo juicio”. (Folios 53 al 55 de la pieza única del expediente).

Finalmente, la abogada querellante solicitó que la Sala de Casación Penal se avoque al conocimiento de la causa, se anule el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy del 27 de agosto de 2015, y sea ratificada la decisión del Tribunal Segundo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy del 13 de abril de 2011.

Anexo a la solicitud de avocamiento, la mencionada abogada presentó copia del Acta de Apertura de Juicio Oral y Público del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy del 20 de octubre de 2015. (Folios 61 al 67 de la única pieza del expediente).

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia procede a analizar la admisibilidad de la Solicitud de Avocamiento sobre la base de las consideraciones siguientes:

El artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente:

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

Según el texto anteriormente transcrito, se sigue que serán inadmisibles las solicitudes de avocamiento en los casos siguientes:

1. Cuando la solicitud no verse sobre un conflicto que, para el momento en que se introduzca y se examine la petición, no esté siendo tramitado ante un órgano judicial; es decir, que serán inadmisibles los requerimientos atinentes a procesos que ya hubiesen culminado, y en los cuales exista una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada.

2. Cuando el solicitante no esté legitimado para solicitar el avocamiento por tener interés en la causa, o cuando sea manifiesta la falta de representación o de mandato de quien afirma actuar en nombre de otra persona.

3. Cuando las irregularidades que se alegan no hubiesen sido oportunamente reclamadas en instancia a través de los medios ordinarios, o cuando tales reclamos satisficieron la pretensión interpuesta, sea que hubiese sido estimada en cuanto a lo pedido, o que hubiese sido respondida, pues en ambos supuestos se cumple con lo que reclama el derecho de petición.

En primer lugar, la causa cuyo avocamiento se solicita está siendo tramitada ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy y, según lo señalado en la solicitud, se realizó la apertura del Juicio Oral y Público el 20 de octubre de 2015, por lo que se trata de un proceso que se encuentra en curso y aun no ha culminado, es decir, podría formularse, en cuanto a dicho juicio, un planteamiento como el presentado en esta oportunidad.

En segundo lugar, y continuando con el examen de las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala observa que la petición la realiza la ciudadana J.C.P.U., quien en su condición de Abogada Querellante representa al ciudadano J.C.U.S. en su carácter de víctima, según consta de las copias certificadas anexadas al expediente, de las cuales se concluye que la referida abogada ha representado al mencionado ciudadano.

En tercer lugar, de la norma contenida en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo citada se advierte que el avocamiento será admisible cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o recurso ante cualquier instancia competente; siendo así, se concluye que las partes están obligadas a ejercer los recursos procesales existentes y adecuados para el restablecimiento del derecho presuntamente lesionado.

La Sala de Casación Penal, en diversas oportunidades, ha expresado que el objeto de la figura procesal del avocamiento no es hacer disponible una nueva instancia judicial, ni sustituir los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses de los justiciables.

En tal sentido, ha establecido en diversas sentencias, como en la decisión número 18, del 29 de enero de 2014, que “… el avocamiento será admisible cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a ejercer todos los recursos procesales existentes”.

Ahora bien, en la solicitud de avocamiento, la abogada J.C.P.U. denuncia que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy dictó sentencia el 27 de agosto de 2015, en la que declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del 13 de abril de 2012, que condenó al ciudadano J.C.M.O. a cumplir la pena de Veintiocho (28) años y diez (10) meses de prisión por la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto en el artículo 406, numeral 3, del Código Penal, en perjuicio de Yoleyda Urdaneta de Martínez quien en vida fuera su conyugue.

En sus alegatos, la abogada querellante señaló que el fallo dictado por la alzada vulneró el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indicando que “… la sentencia emanada por la Corte de Apelaciones posterior a lo indicado en la sentencia de la Sala de Casación Penal, como muy lejos de establecer orden o corregir un vicio de motivación crea una situación terriblemente escandalosa que llena de indignación a la víctimas que hoy solicitan Avocamiento toda vez que han decidido en violación a normas constitucionales y a criterios jurisprudenciales con carácter vinculante”.

En este sentido, la solicitante manifestó que la Corte de Apelaciones, al anular la sentencia del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy del 13 de abril de 2012, no tomó en cuenta lo señalado en el artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento de los hechos) que asignaba a un Tribunal Mixto la competencia para conocer de las causas por delitos cuyas penas fuesen mayores de cuatro años, así como lo señalado en el artículo 164 del mismo código relacionado con la conformación del Tribunal Unipersonal (en caso de que no se hubiere constituido el Tribunal Mixto por inasistencia o excusa, de los escabinos o escabinas, jueces y juezas).

De igual modo, denunció que la alzada incurrió en un grave error al no tomar en cuenta lo señalado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal derogado, esgrimiendo que “… el Procedimiento por Admisión de los hechos procedería en la audiencia preliminar una vez admitida la Acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate (este último en los casos que el juzgamiento correspondía a un tribunal mixto, el acusado o acusada podría solicitar el procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal, como a juzgar por lo que se observa en la normativa antes citada era lo que correspondía en la presente causa, violentado la Corte por esta vía las normas mencionadas al sentenciador sin tomar el (sic) cuenta el criterio manejado por el legislador en cuanto a la oportunidad procesal para admitir hechos en el caso que estaba siendo objeto de su estudio”.

Por otra parte, señaló que “… posterior a la Sentencia en primera instancia jamás ha estado en duda ni discusión su culpabilidad, es decir, que estaríamos ante una posible medida cautelar sustitutiva a la privativa que estaríamos ante una posible medida cautelar sustitutiva a la privada de libertad que nos dejaría en una situación mucho mas (sic) grave que la creada por la ciudadana abog. R.D. quien ejerciera por un tiempo funciones como Juez Tercera de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy y le concediera una medida sustitutiva en una Audiencia Preliminar al ciudadano J.C.M.O. posterior a la admisión de la Acusación Fiscal y la Querella…”.

Tomando en cuenta lo reseñado anteriormente, la Sala de Casación Penal observa que en la presente causa se encuentra pendiente la realización del juicio oral y público, oportunidad procesal en la cual la Defensa Privada podrá presentar los alegatos que considere pertinentes para tramitar los recursos que corresponda y subsanar los presuntos vicios denunciados.

Por otra parte, la Sala de Casación Penal observa que la representación legal de las víctimas afirmó que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en el que se ordenó la celebración de un nuevo juicio oral y público contra el ciudadano J.C.M.O., supone una violación al debido proceso, a pesar de que, al mismo tiempo, hace referencia que se trata de la resolución de un recurso ordinario ejercido por una de las partes, por lo que la Sala observa que, del dicho de la solicitante, no se evidencia que esté haciendo referencia a flagrantes violaciones a la tutela judicial efectiva o al derecho de acceso a la justicia que mancillen el ordenamiento jurídico venezolano, requisito indispensable para la procedencia del avocamiento (artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

Así las cosas, no puede albergar la solicitante la expectativa de que a través de la figura del Avocamiento esta Sala de Casación Penal resuelva las incidencias que según su criterio han sido contrarias a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues las mismas son propias del proceso penal ordinario y deben ser resueltas por los órganos judiciales a los cuales les compete llevar adelante dicho proceso.

Tal criterio ha sido reiterado por esta Sala de Casación Penal en sentencia núm. 26 del 14 de febrero de 2013, en la que se estableció lo siguiente:

… la Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que el avocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes.

Esta excepcionalidad no puede convertirse en la regla y pretenderse el avocamiento ante cualquier violación del ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente. Tal excepción al procedimiento ordinario, que ocupe al M.T. en materia de instancia, debe ser por lo demás ejercido prudencialmente en los casos extremos y siempre que se den los requisitos concurrentes a que hace referencia la ley, por ello, debe prevalecer un sano criterio restrictivo, que respete ese carácter extraordinario e impida desafueros en el uso de dicha figura procedimental

.

Siendo, pues, el avocamiento una figura procesal de carácter absolutamente excepcional, esta Sala de Casación Penal debe declarar inadmisible la solicitud interpuesta. Así se establece.

V

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por la abogada J.C.P.U., en su carácter de Representante Legal del ciudadano J.C.U.S. (víctima), en la causa penal seguida contra el ciudadano J.C.M.O., por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles, previsto en el artículo 406 del Código Penal en perjuicio de Yoleida J.U. de Martínez (occisa).

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente al tribunal de la causa.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTISIETE (27) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil quince. Años 205° de la Independencia y 156º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL J.M.P.

La Magistrada Vicepresidenta,

F.C.G.

Ponente

La Magistrada,

D.N.B.

El Magistrado,

H.M.C.F.

La Magistrada,

E.J.G.M.

La Secretaria,

A.Y.C.D.G.

Exp. AA30-P-2015-000374

FCG

Los Magistrados Doctores Maikel J.M.P. y E.J.G.M., no firmaron por motivos justificados.