Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Enero de 2008

Conoce esta superioridad en REENVÍO de las presentes actuaciones, en virtud de la apelación ejercida el 25 de septiembre de 2002 por una de las apoderadas judiciales de la parte demandada, SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL C.A., en contra de la decisión judicial definitiva proferida en fecha 19 de diciembre de 2001 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró CON LUGAR la demanda indemnizatoria que en su contra interpuso la sociedad mercantil CASA DE REPOSTERÍA YOLANDA, C.A., quedando condenada la accionada a pagar, además de las costas procesales, los siguientes conceptos y cantidades: A) Bs. 16.508.931,97, por concepto “…del valor de las mercancías siniestradas…”. B) Los intereses corrientes del mercado calculados a la tasa del 12% anual, causados “…desde el día en que ocurrió el siniestro, es decir, desde el 01 de julio de 1998, hasta la fecha definitiva del pago, los cuales serán calculados mediante experticia complementaria del fallo…”. C) La corrección monetaria del monto total de la suma demandada “…en base a los índices inflacionarios que establezca el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de la interposición de la demanda, es decir, desde el día 2 de Agosto de 1999 hasta la fecha definitiva del pago, los cuales serán calculados mediante experticia complementaria del fallo…”.

El referido medio recursivo aparece oído en ambos efectos, mediante auto dictado en fecha 30 de septiembre de 2002, que ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, y una vez cumplido el correspondiente procedimiento de insaculación, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial quedó asignado para su conocimiento y decisión.

Por auto fechado 24 de enero de 2003 se le dio entrada al expediente, luego de lo cual en fecha 07 de febrero de 2003 su Juez Titular se avocó a su conocimiento y por auto de esa misma fecha quedaron fijadas las oportunidades correspondientes para la presentación de los escritos de informes y observaciones en alzada por parte de los sujetos procesales intervinientes en el presente debate procesal.

Seguidamente, aparece tempestivamente consignado en fecha 02 de abril de 2003 escrito de informes suscrito por la parte actora, exponiendo alegatos de fondo en pro de la recurrida que declaró procedente la confesión ficta alegada por dicho sujeto procesal. Lo propio hizo la parte demandada, quien entre otros alegados de fondo solicitó la declaratoria de nulidad de la sentencia y su revocatoria, por haber violado fundamentales derechos constitucionales de la defensa y debido proceso. De igual modo, ambas partes hicieron uso tempestivo de su derecho de presentar escrito de observaciones a los informes de su contraparte.

En fecha 02 de julio de 2003 fue dictada sentencia definitiva por el Juzgado Superior Primero de esta misma competencia por la materia y territorio, que declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta por la sociedad mercantil demandada en contra de la decisión de primera instancia fechada 19 de diciembre de 2001; CON LUGAR la demanda indemnizatoria incoada, condenando a la accionada a pagar a la parte actora y “…sin plazo alguno, …la cantidad de …(Bs. 16.508.931,97), por concepto de indemnización del siniestro de incendio que la actora sufriera…”; acordó el ajuste por inflación la cantidad demandada desde la fecha de interposición de la demanda -29 de junio de 1999- hasta la fecha de cancelación de la obligación condenada.

Anunciado recurso de casación en contra de la referida sentencia por la parte demandada, el mismo quedó admitido por auto fechado 12 de agosto de 2003 que ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Tramitado y sustanciado dicho recurso extraordinario, el mismo fue declarado CON LUGAR por dicha Sala del M.T. en sentencia proferida el 06 de julio de 2004, anulando la sentencia de segunda instancia, estimando que “…efectivamente al tener otorgadas dos (2) oportunidades para dar contestación al fondo de la demanda, tal como se explicó, y haberse acogido la demandada a la primera de ellas, no debió habérsele considerado confesa, pues su intención fue claramente la de dar contestación a la demanda, actuación que por lo demás, ésta M.J. estima tempestiva…”.

Remitido el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el juez a cargo procedió a inhibirse según consta de acta que aparece suscrita en fecha 29 de julio de 2004, a tenor de lo dispuesto en el ordinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Cumplidos los trámites de distribución, correspondió el conocimiento de la inhibición al Juzgado Superior Quinto de esta misma competencia por la materia y territorio, el cual la declaró con lugar mediante sentencia fechada 25 de agosto de 2004.

Nuevamente distribuido el expediente para su conocimiento en segunda instancia conforme al procedimiento en reenvío, correspondió su decisión al Juzgado Superior Quinto ya señalado que por auto fechado 24 de septiembre de 2004 ordenó la notificación del avocamiento del juez a las partes y luego de ello haber quedado cumplido, en fecha 28 de abril de 2006 profirió sentencia definitiva que declaró SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia dictada en fecha 19 de diciembre de 2001, así como también declaró CON LUGAR la demanda indemnizatoria incoada por CASA DE REPOSTERÍA YOLANDA C.A. en contra de SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL C.A., la cual quedó condenada a pagar los conceptos y sumas demandas.

Anunciado por la parte demandada recurso de casación en contra de tal fallo proferido y asumido el conocimiento por la juez temporal designada, en fecha 29 de junio de 2006 dicho recurso quedó admitido ordenándose la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que luego de haber quedado tramitado y sustanciado el mismo, en fecha 27 de febrero de 2007 emitió su fallo definitivo declarando de oficio CASADA la sentencia impugnada, ordenando al juez superior que corresponda dictar nueva sentencia corregir el vicio de inmotivación por contradicción incurrido en infracción de lo dispuesto en el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en lo siguiente:

…, la Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, al detectarse una infracción le es dable a la Sala ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

…(Omissis)…

…, la Sala en otros fallos ha establecido, que la inmotivación se produce: a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, y; d) Cuando hay una contradicción en los motivos, que es lo ocurrido en el presente caso…

…(Omissis)…

… se evidencia que el juez de la recurrida señala en su narrativa que la parte demandada, en la oportunidad de contestación de la demanda rechaza, niega y contradice una serie de hechos entre los que se encuentran la ocurrencia de un siniestro cubierto por la póliza de seguros suscrita por la actora con la parte demandada, así como también que en el supuesto negado de que haya existido algún siniestro, niega que el mismo se encuentra cubierto por el seguro suscrito por la actora con Seguros Caracas de Liberty Mutual.

En el mismo orden de ideas, el ad quem en sus motivaciones para decidir señala como hechos aceptados, la cobertura del siniestro por la póliza de seguros suscrita entre las partes, sin señalar fundamentos por las cuales considera que dichos hechos fueron aceptados por la parte demandada.

Y por último en el capítulo del mérito de la causa, expresa lo indicado por la parte demandada en la oportunidad de la contestación de la demanda, sin mención alguna de lo establecido en la parte narrativa de la sentencia respecto a lo señalado en la contestación, en lo que se refiere a la contradicción de los hechos.

Ahora bien, en el caso sub iudice es evidente la contradicción entre los motivos del fallo, por cuanto el Juzgador de Alzada en un capítulo da por aceptado determinados hechos –la cobertura del siniestro por la póliza de seguros suscrita entre las partes-, y por otro lado señala que los mismos hechos fueron negados, rechazados y contradichos en la contestación…

De esta forma, la Sala declara que lo establecido por la recurrida en el fallo resulta a tal punto contradictorio que sus fundamentos se destruyen unos a otros, pues de lo dicho por la recurrida se desprende que los hechos considerados por esta como aceptados, son los mismos señalados por la misma como contradichos por la demandada, lo cual hace evidente la contradicción en los motivos del fallo…

Aunado a lo anterior, …la contradicción evidenciada respecto a los hechos aceptados y/o contradichos, dependía la actividad probatoria de las partes, ya que si la demandada contradijo dichos hechos tenía la carga de probarlos conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pues de lo contrario, si estos hechos fueron aceptados por el demandado lógicamente los mismos no debían ser probados…

(Resaltado de la Sala)

Remitido el expediente por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y recibido éste por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, su juez titular procedió a inhibirse de seguir conociendo la causa, por lo que nuevamente remitido el expediente para su distribución, correspondió a esta superioridad el conocimiento para la decisión de la apelación ejercida en contra de la sentencia de primera instancia proferida por auto fechado 04 de junio de 2007, se ordenó la notificación a las partes del fallo emitido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, así como también advirtió a las mismas que luego de quedar cumplidos los trámites señalados en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, transcurriría el lapso de 40 días para sentenciar que el artículo 522 eiusdem señala.

En fecha 06 de agosto de 2007 por auto estampado en el expediente quedó diferido por 30 días calendarios el lapso para sentenciar.

De esta manera concluyó el trámite en segunda instancia conforme al procedimiento de reenvío, por lo que este sentenciador pasa a decidir la causa luego de primeramente presentar el resumen de los acontecimientos procesales trascendentes que se producen en el presente juicio.

II

ITER PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- DEMANDA: Se inicia el presente juicio por cumplimiento de contrato de seguro, mediante demanda interpuesta en fecha 29 de junio de 1999 por la sociedad mercantil CASA DE REPOSTERÍA YOLANDA C.A., en contra de la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL C.A., en donde pretendió lo siguiente: A) El reconocimiento de la vigencia y validez de la póliza de Seguros contra Incendio No. 75-65-2200074 para la fecha del siniestro sufrido en fecha 01 de julio de 1998 en su depósito ubicado en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta. B) El reconocimiento del pago de todos los daños sufridos “…por no alcanzar estos daños a la cantidad asegurada, que es de… (Bs. 33.000.000,oo)…”. C) El pago de la suma de Bs. 20.000.000,oo por concepto de daños sufridos con ocasión del siniestro de incendio, consistentes en la destrucción de toda la mercancía y del mobiliario que se encontraba en el sitio del siniestro. D) El pago de intereses calculados a la rata del 1% mensual sobre la suma pretendida en pago, “…hasta el día del definitivo pago…”.

Esta demanda aparece admitida por el Juzgado Segundo de los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual por auto fechado 30 de junio de 1999 ordenó el emplazamiento de la sociedad mercantil demandada para dar contestación. Acto seguido, la apoderada judicial de la parte actora diligenció en fecha 29 de julio de 1999 solicitando la declinatoria de competencia a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil con jurisdicción en la ciudad de Caracas por así haberse excluido cualquier otra jurisdicción en el condicionado general del contrato de seguro fundamental de la demanda; todo lo cual aparece acordado por auto fechado 02 de agosto de 1999, que declaró la declinatoria de competencia en razón del territorio.

Asignado el conocimiento de la causa al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por auto fechado 09 de diciembre de 1999 su juez provisoria le dio entrada al expediente avocándose al mismo, ordenando el emplazamiento de ley.

Posteriormente, en fecha 10 de diciembre de 1999 la representación judicial de la parte actora consignó escrito de reforma total de la demanda, la cual quedó redactada con la exposición de los siguientes alegatos: 1) Que en horas de la mañana del día 01 de julio de 1998 -9,15 minutos aproximadamente- el local donde funciona el depósito de mercancías del negocio llevado por la parte actora sufrió un siniestro de incendio, ubicado dicho local en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, que destruyó “…totalmente las existencias de mercancías y el mobiliario del establecimiento, que allí se encontraba…”. 2) Que las partes tienen contratada una póliza de Seguros contra el riesgo de incendio, signada 75-652200074, expedida el 03 de marzo de 1998, encontrándose la misma vigente y pagada su prima para el día del siniestro, según consta de anexo “B” del libelo reformado consistente en el original del recibo de pago de prima. 3) Que según consta de anexos “G”, “H” e “I” del libelo reformado, la accionante agotó toda gestión extrajudicial de cobro, por lo que a los fines de interrumpir la prescripción de la acción de reclamo judicial de pago es que demandó con el libelo reformado. 4) Fundamentó su demanda en lo previsto en los artículos 558, 560, 563 y 108 del Código de Comercio. 5) Pretendió lo siguiente: A) El pago del valor de las mercancías siniestradas, las cuales ascienden según el último inventario anexo al libelo reformado, a la cantidad de Bs. 16.508.931,97. B) El pago “…del interés corriente en el mercado del doce por ciento anual (12%) desde el día de la ocurrencia del siniestro hasta la fecha definitiva del pago…”. C) El pago de la indexación o corrección monetaria del monto total de la suma demandada, en base a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela, “…incluyendo los intereses calculados desde la fecha de la interposición de la presente demanda hasta la fecha de la total y definitiva cancelación de la misma…”.

Esta reforma de demanda quedó admitida mediante auto de fecha 14 de diciembre de 1999 que ordenó el emplazamiento de la demanda para dar contestación a la misma, dándose inicio a los trámites de citación personal las cuales resultaron fallidas, procediéndose su trámite mediante citación por correo certificado con aviso de recibo, cuyas resultas aparecen recibidas en fecha 20 de marzo de 2000, así como también la correspondiente certificación secretarial de haberse quedado cumplidas las gestiones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil.

2.-CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: En la oportunidad tempestiva para dar contestación a la demanda incoada en su contra -24 de abril de 2000- la sociedad mercantil accionada mediante escrito que aparece consignado en los autos, solicitó la declaratoria de perención de la instancia por no haber cumplido la actora con su obligación de citar dentro del plazo estipulado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, así como también opuso las siguientes cuestiones previas, siempre para “…el supuesto negado que el Tribunal declare improcedente la solicitud de declaratoria de perención del presente documento…”: A) La establecida en el ordinal 3° del artículo 346 eiusdem, o de la ilegitimidad de la persona del apoderado o representante del actor por ilegalidad en el otorgamiento del poder, por no cumplir éste con los requisitos señalados en el artículo 155 ibidem. B) La caducidad de la acción prevista en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

El planteamiento de esta incidencia aparece resuelta mediante sentencia interlocutoria de fecha 27 de julio de 2000 que declaró sin lugar la perención de la instancia, sin lugar la cuestión previa opuesta a tenor de lo previsto en el ordinal 3° exartículo 346 y, sin lugar, la caducidad de la acción opuesta, ordenándose la notificación de las partes por haber sido dictada fuera del lapso legal correspondiente. Apelada dicha sentencia por la parte demandada, por auto fechado 24 de enero de 2001 el tribunal de la causa oyó a efecto devolutivo dicha apelación, ordenando su trámite, el cual quedó en conocimiento del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que mediante sentencia definitivamente firme proferida el 09 de mayo de 2001 declaró sin lugar a la apelación interpuesta, confirmando la sentencia interlocutoria de primera instancia.

Paralelamente y avocado en fecha 10 de octubre de 2000 el juez suplente designado, constando en los autos cumplida la notificación ordenada, y luego que una de las apoderadas judiciales de la parte demandada apeló en fecha 14 de diciembre de 2000 de la decisión interlocutoria proferida, aparece consignado en fecha 21 de diciembre de 2000 escrito presentado en el nombre de la accionada con el carácter de “…contestación al fondo de la demanda…” alegando estar dentro del lapso señalado en el ordinal 2° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; escrito éste en donde aparecen expuestos los siguientes alegatos y defensas: 1) Que por haber sido totalmente reformada la demanda, la litis solo podría quedar trabada entre los alegatos expuestos en dicha reforma y la contestación de la demanda, los cuales configuran un planteamiento insuficiente de los hechos por lo que se ve obligada la sociedad mercantil accionada en hacer referencia a los hechos alegados en el libelo original, para el evento que judicialmente se considere que el escrito de reforma de la demanda se un complemento del libelo original y no una reforma total, como así lo expresó su reformante. 2) Negaron, rechazaron y contradijeron los hechos ausentes y el derecho invocado en la reforma total de la demanda y, en especial: negaron, rechazaron y contradijeron el acontecimiento del siniestro cubierto por la póliza de seguros “…suscrita por la actora con nuestra representada…”; negaron, rechazaron y contradijeron que en el supuesto negado de haber acontecido tal siniestro –no alegado en la reforma total de la demanda- el mismo haya estado amparado por dicha póliza; negaron, rechazaron y contradijeron que con ocasión de tal supuesto siniestro, la demandada haya evadido pagar el monto indemnizatorio; negaron, rechazaron y contradijeron que la demanda haya sido interrumpida del lapso de caducidad para el reclamo judicial de tal pago indemnizatorio del supuesto siniestro no alegado en la reforma de la demanda; negaron, rechazaron y contradijeron que la demandada se haya negado pagar con ocasión del supuesto siniestro no alegado en la reforma libelar; negaron, rechazaron y contradijeron que la demandada deba ser condenada a pagar la suma de Bs. 16.508.931,97 por concepto de valor de las mercancías siniestradas “…tal y como se refleja en el último inventario cursante en autos, ya que la parte actora en el escrito de reforma del libelo de la demanda no alegó la ocurrencia de siniestro alguno…”; negaron, rechazaron y contradijeron que la demandada deba ser condenada a pagar el interés corriente del mercado -12% anual- desde el día de la ocurrencia del supuesto siniestro hasta la fecha definitiva de pago, “…ya que la parte actora en el escrito de reforma del libelo de la demanda no alegó la ocurrencia de siniestro alguno…”; negaron, rechazaron y contradijeron que la demandada sea condenada al pago de indexación o corrección monetaria de la suma demandada, “…ya que la parte actora en el escrito de reforma del libelo de la demanda no alegó la ocurrencia de siniestro alguno…”; negaron, rechazaron y contradijeron que la demandada sea condenada al pago de costas procesales, “…ya que la parte actora en el escrito de reforma del libelo de la demanda no alegó la ocurrencia de siniestro alguno…”; negaron, rechazaron y contradijeron los hechos y el derecho invocado que se pretende derivar del libelo de la demanda original, por cuanto dicho escrito libelar “…fue reformado en su totalidad mediante escrito de reforma del libelo de la demanda, … el 10 de diciembre de 1999, y sobre el cual presentamos alegatos con anterioridad…”. 3) Que “…a pesar de la insuficiencia de la reforma…”, la sociedad mercantil accionada rechazó la reclamación formulada, mediante comunicación fechada 12 de enero de 1998, “…en virtud de que no se pudo determinar la supuesta pérdida conforme al análisis que se hace en la mencionada correspondencia, que arrojó como resultado la cantidad negativa de …(Bs. 7.167.691,23) de existencias negativas, correspondencia ésta…” agregada al escrito libelar original y “…la cual no se hizo valer en la reforma del libelo de la demanda…”; que tal rechazo se hizo en virtud de lo arrojado por la empresa C.A. VENEZOLANA DE AJUSTES (CAVEAJUSTES) en su informe contable, el cual se hizo en base a lo siguiente: A) Al análisis de las existencias de inventario al cierre de los ejercicios 1995, 1996 y 1997, que reveló que al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 1997, arrojó un inventario por la cantidad de Bs. 20.105.450,10 y que ello tuvo que ser tomado en cuenta en el informe dado que la sociedad mercantil actora no reflejaba en sus libros legales las cantidades físicas de las mercancías inventariadas, sus referencias de identificación, las firmas de las personas responsables del inventario, el método utilizado para valorar las existencias. Por tanto, la compañía ajustadora tuvo que efectuar su examen de las adquisiciones de mercancías “…bajo riesgo de acuerdo a los soportes documentarios suministrados por el asegurado…” durante el período comprendido entre el 1° de enero de 1998 al 30 de junio de ese mismo año, partida ésta denominada “mercancías bajo riesgo”, por lo que fueron tomados en cuenta todas las facturas emitidas por los proveedores salvo los “pedidos” y las “notas de entrega” que no son soportes documentarios conforme a ley y a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Que de un total de 158 documentos de operaciones de compras, 13 eran soportados en notas de entrega, pedidos y presupuestos –por lo que fueron excluidas en el informe- y 3 facturas “…se encontraban en situación irregular…” -igualmente excluidas- quedando solo 142 facturas que totalizan la suma de Bs. 27.889.063,96 por concepto de “…compras efectuadas desde el 1° de enero de 1998 al 30 de junio de 1998…”. Que los ajustadores encontraron la existencia de cuentas por pagar a los proveedores acreditadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997, por la cantidad de Bs. 15.000.000,oo, las cuales según dicho informe “…originaron unas compras infladas en el citado ejercicio, al igual que un inventario final sobrevaluado en este mismo año, pues dichas operaciones no eran consistentes con las ventas realizadas…”, alegando la demandada que sumado a ello, “…dicha cantidad no estaba debidamente soportada por los documentos aportados por Casa de Repostería Yolanda C.A. …” por lo que la cantidad de Bs. 15.000.000,oo también fue rechazada por la compañía ajustadora “…a los efectos del establecimiento de las pérdidas ocasionadas por el incendio acaecido el 1° de julio de 1998…” . Que con ocasión de dicho rechazo, la accionante solicitó reconsideración y consignó facturas soportes para sustentar sus supuestas compras a crédito, por lo que se levantó un informe contable complementario fechado 20 de septiembre de 1999, el cual evidenció que la sumatoria de dichas facturas de compras a crédito, alcanzaba la cantidad de Bs. 14.954.945,92 “…incompatible con la cantidad de …(Bs. 15.000.000,oo)…”, además de configurarse otra irregularidad pues dicho monto se encontraba en el “…saldo por pagar al 31 de diciembre de 1997…” cuando revisados dichos recaudos, se evidenció que “…las condiciones de pago de las mismas eran a estricto contado a quince (15) y treinta (30) días…”. Que también se evidenció que además de la cantidad de Bs. 11.048.625,37 por concepto de facturas canceladas en el año 1997, restaba un total de Bs. 3.096.632,55 al cierre de dicho ejercicio. Que todo ello no aparece reflejado en los libros legales llevados por la actora, reflejando lo contrario pues aparece “…como si tales créditos no fueron cancelados ya que aparecen afectando el saldo al 30 de junio de 1998, resultando contrario a la revisión de las facturas de proveedores que reveló condiciones de pago de contado a quince (15) y treinta (30) días…”, por lo que todas estas irregularidades y contradicciones no permitieron obtener un control confiable del estado financiero llevado por la demandante, razón por la cual fue rechazada la cantidad de Bs. 15.000.000,oo “…por no tener soporte documentario…”, quedando solo como monto disponible de mercancías bajo riesgo, aquellas que se encontraban ubicadas en el local depósito, por la suma de Bs. 32.994.514,06. B) Al análisis de las ventas de las mercancías bajo riesgo, correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 1998 al 31 de junio de 1998, que según los libros legales asciende a Bs. 28.476.975,oo, de los cuales tan solo fue posible validar un 32% -Bs. 9.075.423,oo- haciendo no confiable el registro de la actora y que, sin embargo, la demandada consideró la totalidad del monto de dichos ingresos a los fines de poder establecer las pérdidas, por lo que restando a dicho monto el pasivo registrado –Bs. 22.963.832,64- y la utilidad rendida –Bs.5.513.142,36- se determinó que por concepto de mercancías existentes pre-siniestro, correspondía la suma de Bs. 10.030.681,42. C) De la revisión del inventario post-siniestro conforme a dos visitas ejecutadas los días 02 y 23 de junio de 1998, se contabilizó un total de 69.238 artículos valorados en la suma de Bs. 17.198.372,65, estimando la compañía ajustadora que la “diferencia” de valor en mercancía encontrada por Bs. 5.545.542,95 se debía por la “subestimación de los costos unitarios” aplicados por la parte actora, por lo que “…los costos de referencias utilizados para la valorización del inventario post-siniestro se obtuvieron mediante el procesamiento de …(142) facturas de proveedores validadas correspondientes al período 1° de enero de 1.998 al 30 de junio de 1.998, obteniéndose como costo unitario promedio de los artículos la cantidad de … (Bs. 55,40)…”, determinándose que la verificación de las mercancías inventariadas post-siniestro, tan solo se verificó el 53% -Bs. 9.082.616,oo- como similares a los rubros adquiridos durante dicho período. También se determinó, que tan solo del 45% restante –Bs. 8.115.656,65- el 2% presenta características similares a los ítems incluidos en el inventario al 31 de diciembre de 1997, por lo que el porcentaje restante no pudo ser determinado. D) Que todo ello resta confiabilidad al inventario post-siniestro suministrado por la actora, información ésta no suministrada mediante aprobación auditada, por lo que la omisión o mal manejo de las partidas repercute directamente sobre la determinación de toda pérdida. E) Que restando al monto del inventario pre-siniestro –Bs. 10.030.681,42- el monto del inventario post-siniestro –Bs. 17.198.372,65- , se obtiene una diferencia negativa de Bs. 7.167.691,23 correspondiente a “existencias negativas”, razón por la cual la sociedad mercantil demandada rechazó la reclamación indemnizatoria reclamada, “…liberándose así de toda responsabilidad…” lo cual hace improcedente tal reclamo por discrepancia entre las cantidades presentadas por la actora y las presentadas por la compañía ajustadora, por lo que solicitaron la declaratoria de sin lugar de la demanda intentada. 4) Alegaron para el evento que las defensas anteriores se declarasen improcedentes, el incumplimiento por parte de la parte actora de lo establecido en la cláusula séptima del condicionado general de la póliza de seguros “Liberty Empresa”, lo que releva a la demandada del pago indemnizatorio. Que habiendo sido notificada la demandada en fecha 01 de julio de 1998 por el productor de seguros L.V. –productor No. 1913- de la ocurrencia del siniestro, y recibida de la actora dicha notificación, CAVEAJUSTES fue designada para ajustar las pérdidas y verificar tal reclamación conforme establece la cláusula octava de dicho condicionado general. Que en fecha 03 de julio de 1998, el perito designado levantó un inventario de bienes siniestrados. Que el 06 de julio de 1998 la compañía ajustadora presentó un informe preliminar indicando los documentos faltantes requeridos para levantar el informe de pérdida de mercancías aseguradas. Que el 09 de julio de 1998 tal requerimiento fue hecho por la compañía ajustadora a la demandada. Que el 23 de julio de 1998, el perito designado por la compañía ajustadora efectuó una segunda visita al lugar del siniestro, recolectando muestras de los productos, reajustando el inventario fechado 03 de julio de 1998, así como igual visitó al Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva Esparta. Que el 29 de julio de 1998, la demandada recibió de la compañía ajustadora comunicación fechada 27 de julio de 1998 –suscrita por el analista de siniestro- informando no haber podido enviar el informe definitivo pues al 27 de julio de ese año no había recibido la documentación requerida: A) Carta narrativa de los hechos; B) Informe del Cuerpo de Bomberos actuante; C) Relación detallada de la pérdida; D) Facturas originales de adquisición de mercancías afectadas; E) Balance de comprobación y Estado de Ganancias y Pérdidas al 01 de julio de 1998; F) Inventario físico de cierre detallado y valorizado al 31 de diciembre de 1997; G) Comprobantes físicos de la contabilidad para los ejercicios 97 y 98; H) Libros de contabilidad originales actualizados; I) Últimas dos declaraciones de impuesto sobre la renta; J) Última declaración de activos empresariales; K) Balance General al 01 de julio de 1998; L) Mayor analítico de los ejercicios 96 y 97 y, LL) Gastos de importación y mano de obra sobre la reparación. Que en fecha 25 de noviembre de 1997 la compañía ajustadora le envía a la demandada un informe contable y análisis de falla. Que el 12 de febrero de 1999, la demandada comunica a la accionante no poder dar curso a su reclamación por no poder determinar la pérdida conforme al análisis detallado y le informó no haber recibido informe del Cuerpo de Bomberos actuante que determine las causas del incendio, documento indispensable para dar curso al reclamo. Que la cláusula séptima del condicionado general –aceptado por la actora y aprobado por la Superintendencia de Seguros el 11 de agosto de 1997, No. 005509- establece las obligaciones que el asegurado debe asumir a la ocurrencia de la pérdida o daño, quedando relevada la aseguradora de la obligación de indemnizar “…, si El Asegurado incumpliere cualquiera de los deberes establecidos en esta Cláusula, a menos que el incumplimiento se deba a causa de fuerza mayor u otra que lo exonere de responsabilidad, y que el caso de ser alegadas por él deberá probar…”. Que la demandada notificó tempestivamente la ocurrencia del siniestro. Que la demandada designó tempestivamente al perito ajustador de pérdidas. Que fue varias veces requeridos los recaudos antes señalados a la demandada –oralmente y mediante comunicación fechada 12 de enero de 1999- quien no presentó el reporte pericial del Cuerpo de Bomberos actuante, así como tampoco las facturas soportes de las compras y ventas realizadas por la demandada; ambos recaudos indispensables para la “…veracidad de las operaciones comerciales de la empresa…”. Que debido a este incumplimiento, la accionada está relevada de cumplir con el pago indemnizatorio. 5) Que la demandante incumplió lo establecido en la cláusula décima séptima del condicionado general de la póliza de seguros “Liberty Empresa”, por lo que la accionada está relevada de cumplir con el pago indemnizatorio, siendo que dicha cláusula –aceptada por la asegurada y aprobada por la Superintendencia de Seguros No. 00509, el 11 de agosto de 1999- obliga al asegurado a “…llevar los libros de contabilidad conforme a la Ley…” así como también obliga lo dispuesto en el artículo 32 del Código de Comercio, ya que dichos libros contables constituyen plena prueba a los fines de establecer de manera veraz y certera las pérdidas sufridas y poder indemnizar. Además, que todos los asientos deben estar físicamente soportados por los documentos que originan las transacciones a los fines de poder determinar la pérdida ocurrida. Que luego de ser presentado a la demandada el informe fechado 25 de noviembre de 1998 por la compañía ajustadora, la actora tardó aproximadamente un año en la entrega de los requisitos necesarios, determinándose en el informe definitivo una serie de irregularidades en torno a los registros contables llevados por la asegurada, careciendo la información suministrada de: A) Cantidades físicas de las mercancías inventariadas; B) Costos unitarios de los rubros inventariados; C) Referencias para identificar las mercancías; D) Firmas de las personas responsables de la toma de dicho inventario y, E) Método utilizado para valorar las existencias. Que del análisis efectuado sobre el Libro de Contabilidad, en cuanto al análisis de las ventas efectuadas en el período 01 de enero de 1998 al 31 de julio de 1998, existe una diferencia por el orden de Bs. 19.401.552,oo que no fueron posibles validar contra facturas, pudiendo solo la ajustadora validar el 32% de dichos asientos de ventas. Que se hallaron facturas de ventas en blanco y otras faltantes, no siendo utilizados los talonarios de forma correlativa. Que del análisis de compras para el mismo período, se halló una diferencia de Bs. 15.000.000,oo, lo que evidencia un inventario final sobrevaluado para el año 1997. Que todo ello evidencia falta de control sobre el inventario, compras y ventas por parte de la accionada, lo que demuestra incumplimiento en sus obligaciones contables y crea incertidumbre sobre la veracidad del monto de las pérdidas en razón del siniestro, todo lo cual releva a la accionada a dar cumplimiento al pago indemnizatorio. 6) Que resulta improcedente la pretensión de cobro de intereses moratorios, primero por estar relevada la demandada de pagar por incumplimiento de la demandada; segundo, por cuanto la accionada solo está obligada a pagar las sumas aseguradas; tercero, para el evento que judicialmente se declare procedente, por cuanto estos intereses no se generan a partir de la fecha del siniestro, sino una vez vencido el lapso contractual para la aseguradora a los fines de dar cumplimiento a su obligación de pagar el reclamo indemnizatorio. Que resulta improcedente el pago de cantidades indexadas, primero por estar relevada la accionada de cumplir debido al incumplimiento actor; segundo, por cuanto el pago se encuentra contractualmente limitado al monto asegurado; tercero, por cuanto resultó imposible determinar cierta y verazmente el monto de las pérdidas respecto de las cuales se demanda pago indemnizatorio; cuarto, para el evento que judicialmente se determine las pérdidas, aun en dicho caso la accionada está relevada de pagar por el incumplimiento de la actora en sus obligaciones contractuales.

3.- PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA mediante escrito que aparece consignado en fecha 30 de enero de 2001:

• Promovió el mérito favorable de los autos, y muy especialmente de lo siguiente: A) Del inventario levantado por la compañía ajustadora, anexo “E” del escrito libelar original, pretendiendo evidenciar la comparecencia tempestiva de dicha ajustadora al lugar del siniestro, conforme dispone la cláusula octava del condicionado general de la póliza de seguros “Liberty Empresa”. B) Original de la comunicación fechada 12 de enero de 1999 –acompañada al escrito libelar original- en virtud de la cual la accionada notifica a la demandante del rechazo de la reclamación indemnizatoria formulada por no haber podido determinar la supuesta pérdida, al haber arrojado un resultado negativo por Bs. 7.167.691,21 de existencias negativas.

• Promovió las siguientes DOCUMENTALES, a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil: A) Original del condicionado general y particular de la póliza de seguros “Liberty Empresa”, emitida por la accionada y debidamente aprobado el 20 de mayo de 1997 por la Superintendencia de Seguros por oficio signado 003448, anexo “A” del escrito probatorio, pretendiendo evidenciar lo siguiente: i) Que conforme a la cláusula séptima, el asegurado se obligó a suministrar a la demandada aseguradora “…dentro de los …(15) días hábiles siguientes a la fecha del siniestro o dentro de cualquier otro plazo mayor que le hubiere concedido La Compañía: I. …; II. …; y III. Los informes, comprobantes, libros de contabilidad, planos, proyectos, facturas, actas y cualquier documento justificativo que La Compañía directamente o por mediación de sus representantes, considere necesario con referencia al origen, la causa, circunstancias o determinación del monto de la pérdida o daño reclamado a cuya indemnización hubiere lugar…”. ii) Que las cláusulas décima séptima y décima octava de dicho condicionado, obligan a la accionante asegurada a llevar los libros de contabilidad conforme a la ley. iii) Que la cláusula octava obliga a la accionada a designar de ser necesario un representante o ajustador de pérdida. B) Original del informe contable levantado en fecha 25 de noviembre de 1998 por la compañía ajustadora CAVEAJUSTES, en virtud del cual se dirige a la accionada y que acompaña marcado “B”, pretendiendo evidenciar lo siguiente: i) Que las pérdidas acusadas por la actora –Bs. 16.508.931,97- no ascendían a dicha cantidad sino que por el contrario, se arrojó una cantidad por concepto de existencia negativa equivalente a Bs. 7.167.691,23. ii) Que del análisis de las existencias de inventario, los libros legales carecían de informaciones tales como cantidades físicas de las mercancías inventariadas, costos unitarios de los rubros inventariados, referencias para identificar las mercancías, firmas de las personas responsables del inventario, método utilizado para valorar las existencias; todo lo cual incumple lo dispuesto en la cláusula décima séptima del referido condicionado general. iii) Que quedaron excluidas 16 documentos presentados como facturas pero que fueron notas de entrega, pedidos y presupuestos, así como 3 facturas irregulares, del lote de 158 facturas presentadas por la actora; todo lo cual incumple lo dispuesto en la cláusula décima séptima del referido condicionado general. iv) Que del análisis de las ventas, sólo fue posible convalidar el 32% de los asientos, por lo que las cifras presentadas por la actora carecen de confiabilidad. B) Original del informe complementario levantado por la compañía ajustadora en fecha 20 de septiembre de 1999 con motivo de la reconsideración del rechazo, anexo “C” al escrito probatorio. C) Original de la notificación del siniestro recibida del productor de seguros, L.E.V., anexo “D” al escrito probatorio. D) Copia del acta de inspección No. 01-98-310 fechada 03 de julio de 1998, levantada por CAVEAJUSTES y dejando constancia de haber levantado el informe post-siniestro, anexo “E” al escrito probatorio. E) Original del informe preliminar fechado 06 de julio de 1997, suscrito por CAVEAJUSTES, solicitando documentación para levantar el informe final. F) Copia del acta de inspección No. 01-98-310 fechada 23 de julio de 1998, dejando CAVEAJUSTES constancia de su segunda visita al sitio del siniestro, así como al Cuerpo de Bomberos actuante y a Elecentro, como también dejando constancia de la realización de reajustes del inventario levantado en fecha 03 de julio de 1998, anexo “G” al escrito probatorio. G) Original de correspondencia fechada 27 de julio de 1998 suscrita por CAVEAJUSTES y dirigida a la accionada, recibida en esa misma fecha, donde comunica no haber podido levantar el informe definitivo de pérdidas por no haber recibido la documentación requerida.

• Prueba de EXHIBICIÓN de los siguientes documentos en poder de CAVEAJUSTES, a tenor de lo dispuesto en el artículo 437 del Código de Procedimiento Civil: i) Acta de inspección No. 01-98-310 fechada 03 de julio de 1998; ii) Acta de inspección No. 01-98-310 fechada 23 de julio de 1998.

• Prueba de INFORMES para requerir de CAVEAJUSTES, la constancia de sus comunicaciones fechadas 25 de noviembre de 1998 y 20 de septiembre de 1999, en cuanto al levantamiento de los informes contable y análisis de falla, así como del informe contable complementario. También, de comunicaciones dirigidas al productor de seguros de la sociedad mercantil actora, requiriendo documentación.

• Prueba TESTIMONIAL ratificatoria –conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil- del ciudadano J.C.Á., a los fines de ratificar los documentos promovidos con las letras “B”, “C” y “F”.

• Prueba TESTIMONIAL ratificatoria del ciudadano F.R., a fin de ratificar el documento promovido con la letra “H”.

• Prueba TESTIMONIAL ratificatoria de la ciudadana I.B.G., a fin de ratificar los documentos promovidos con las letras “B” y “C”.

• Prueba TESTIMONIAL del ciudadano L.E.V.F.

Todos los medios probatorios promovidos fueron admitidos por el Tribunal de mérito, conforme consta de auto fechado 13 de febrero de 2001, así como también fue proveído lo conducente para la evacuación de la comisión, conforme auto fechado 06 de marzo de ese mismo año.

En virtud de escrito que aparece consignado en fecha 27 de marzo de 2001, la parte actora solicitó del Tribunal la declaratoria de confesión ficta de la demandada, alegando que dicho sujeto procesal contestó extemporáneamente la demanda, así como también requirió se declarase de extemporánea la presentación de su escrito de promoción probatoria, al no haber promovido dentro del lapso de quince días de despacho que le correspondía, esto es, dentro de los días de despacho 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 28 de febrero y 1 y 5 del mes de marzo de 2001.

Solo la parte demandada hizo uso de su derecho de presentar informes en la primera instancia -22 de mayo de 2001- luego de lo cual aparece consignado en fecha 11 de junio de 2001 escrito suscrito por el apoderado judicial de la parte actora, en virtud del cual insiste en la confesión ficta alegada.

Igualmente, consta en autos la sentencia dictada en fecha 09 de mayo de 2001, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la demandada contra la decisión dictada por el a quo de fecha 27 de julio de 2000, que declaró sin lugar la solicitud de perención de la instancia y desechó la cuestión previa opuesta.

Acto seguido el juez a quo dictó sentencia definitiva en fecha 19 de diciembre de 2001, declarando CON LUGAR la demanda interpuesta por la sociedad mercantil CASA DE REPOSTERÍA YOLANDA C.A. en contra de la sociedad mercantil SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL C.A., condenando consecuencialmente a la accionada al pago de las cantidades reclamadas por la parte actora.

III

ITER PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Tal y como ha sido reseñado en los antecedentes del presente fallo, la sentencia proferida en primera instancia fue apelada por la representación judicial de la parte demandada, por lo que una vez oído dicho recurso en ambos efectos, quedó asignado para su conocimiento el Juzgado Superior Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el cual dictó sentencia en fecha 02 de julio de 2003, que declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta por la sociedad mercantil accionada y CON LUGAR la demanda incoada por la parte actora; recurrida dicha sentencia mediante el anuncio del recurso de casación por parte de la sociedad mercantil accionada, el mismo quedó admitido y remitido al expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que por sentencia de fecha 06 de julio de 2004 declaró NULO el fallo de primera instancia y CON LUGAR el recurso de casación ejercido.

Remitido el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el juez a cargo procedió a inhibirse por lo que nuevamente fue ordenada la distribución del expediente para el conocimiento del recurso de apelación mediante el procedimiento en reenvío, correspondiendo al Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas conocer la referida inhibición, declarando CON LUGAR la misma.

Posteriormente fue remitido el respectivo expediente al Juzgado Superior de Turno, quedando asignado al conocimiento de la causa por reenvío, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que por sentencia fechada 28 de abril de 2006 declaró CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en contra del fallo de primera instancia y SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato de seguro interpuesta por la parte actora; sentencia ésta que igualmente quedó casada por nuestro M.T. en Sala de Casación Civil –por haber incurrido el fallo de alzada en contradicción entre sus partes motiva y dispositiva- mediante sentencia de fecha 27 de febrero de 2007. Remitido nuevamente el expediente al Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, el juez del referido despacho procedió a inhibirse con fundamento a lo previsto en el ordinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, remitiéndolo nuevamente el Tribunal Distribuidor de Turno, por lo que para la solución judicial de la apelación ejercida quedó asignada esta superioridad para su conocimiento en reenvío.

Por auto de fecha 04 de junio de 2007, se ordenó la notificación a las partes de la sentencia recurrida, y una vez notificadas éstas, se defirió el pronunciamiento de la sentencia por treinta (30) días consecutivos siguientes al 06 de agosto de 2007, quedando de esta forma agotado su trámite conforme al procedimiento en segunda instancia para los juicios en reenvío, encontrándose en la fase decisoria que ahora nos ocupa.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Procede este Juzgado Superior a dictar el fallo correspondiente, lo cual se cumple con sujeción a los razonamientos y las consideraciones que de seguida se exponen:

Es deferido el presente caso al conocimiento de esta Alzada, en razón del recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 25 de septiembre de 2002 por una de las apoderadas judiciales de la parte demandada, SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL C.A., en contra de la decisión judicial definitiva proferida en fecha 19 de diciembre de 2001 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró CON LUGAR la demanda indemnizatoria que en su contra interpuso la sociedad mercantil CASA DE REPOSTERÍA YOLANDA C.A.; fallo que en extracto, se fundamentó en lo siguiente:

…En el fallo in comento se declaró; PRIMERO: Sin lugar la Perención de la Instancia; SEGUNDO: Sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 3º del artículo 346… y TERCERO: Sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 10 ejusdem.

Revisadas las actuaciones… se observa, que la apoderada judicial de la parte demandada, una vez notificadas las partes, interpuso… Recurso de Apelación…

Ahora bien, corresponde precisar, …, la oportunidad en que debió de producirse la contestación de la demanda, en este sentido el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil establece…

…(Omissis)…

De la norma…transcrita, se desprende con claridad que en el caso de marras, la contestación de la demanda debió de haberse efectuado dentro de los cinco días de Despacho siguientes a aquél en que el Tribunal se pronunció oyendo la apelación, lo cual tuvo lugar el día 24 de Enero de 2001, … Sin embargo, el escrito de contestación fue presentado por las apoderadas judiciales de la parte actora el día 21 de Diciembre de 2000, es decir antes que el Tribunal se pronunciara sobre la apelación interpuesta, de forma anticipada…, …; en consecuencia dicha contestación se realizó en contravención al artículo 358, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil. Y así lo considera el tribunal.

Por haberse presentado anticipadamente la contestación… y no haber sido ratificada con posterioridad, este tribunal debe considerar que el demandado faltó al emplazamiento, pero para declarar si existe o no confesión ficta debe examinar los extremos legales exigidos para tal fin, a saber: si la demanda no es contraria a derecho y si el demandado nada probó que lo favoreciera.

… La parte actora acompañó a su libelo de demanda tanto la Prima debidamente cancelada, como la Póliza de seguro de incendio, documentos privados que no fueron tachados ni impugnados por la parte demandada, …, hacen plena fe sobre las declaraciones allí contenidas, en consecuencia quedó plenamente demostrado en autos, que la parte actora suscribió Póliza de Seguros… Y así lo considera el Tribunal.

Igualmente quedó demostrado la ocurrencia del siniestro y que el mismo no se debió a causas imputables a la parte actora…, este hecho fue aceptado por la …demandada pues, nunca fue rechazada por ella la ocurrencia del siniestro, sino que rechazó el monto del reclamo después de obtener el informe contable de la empresa …(CAVEAJUSTES), por lo que en realidad, el punto discordante, es el monto del reclamo. Y así lo considera el Tribunal.

…(Omissis)…

Observa quien aquí decide que la pretensión de la parte actora no resulta contraria a la ley, ni a las buenas costumbres, en consecuencia la misma no está prohibida por la ley, en virtud de lo cual se encuentra presente el segundo requisito para la procedencia de la confesión ficta. Y así lo decide el Tribunal.

Igualmente cabe destacar, que durante la secuela del proceso la parte demandada nada probó que la favoreciera…; …, …; por lo tanto …, encontrándose presente el tercer elemento exigido para la procedencia de la Confesión Ficta. Y así lo decide el Tribunal…

Ahora bien, antes de indicar este ad quem los límites en que ha quedado circunscrito el thema decidendum, primeramente deberá determinar la naturaleza de la reforma de la demanda presentada por la parte actora la cual está contenida en escrito que aparece consignado en fecha 10 de diciembre de 1999, y en donde su apoderado judicial expresamente aseveró se trata de una reforma total de la demanda originalmente presentada.

En este sentido, analizado el texto en cuanto a su alcance, constata quien aquí sentencia que, en efecto, la parte actora declaró en el mismo que el libelo de demanda original tan solo fue presentado a los fines de “…interrumpir la prescripción…”, invocando a su favor los anexos “G”, “H” e “I” que acompañaron a ese libelo original a los fines de evidenciar haber agotado toda gestión extrajudicial de cobro indemnizatorio ante la sociedad mercantil accionada, es decir, no solo manifestó su voluntad de modificar totalmente los hechos narrados en el libelo original, sino que también modificó las pretensiones judiciales contenidas en la misma. Inicialmente, buscó declaratoria judicial en cuanto a que se reconozca la vigencia y validez de la Póliza de Seguros contra Incendio No. 75-65-2200074 para la fecha del siniestro sufrido en fecha 01 de julio de 1998 en su depósito ubicado en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta; que se reconozca el pago de todos los daños sufridos “…por no alcanzar estos daños a la cantidad asegurada, que es de… (Bs. 33.000.000,oo)…” y, finalmente, pretendió el pago de la suma de Bs. 20.000.000,oo por concepto de daños sufridos con ocasión del siniestro de incendio, consistentes en la destrucción de toda la mercancía y del mobiliario que se encontraba en el sitio del siniestro, más el pago de intereses calculados a la rata del 1% mensual sobre la suma pretendida en pago, “…hasta el día del definitivo pago…”. Estas pretensiones judiciales quedaron totalmente reformadas cuando solicitó la accionante en su escrito fechado 10 de diciembre de 1999 el pago del valor de las mercancías siniestradas que estimó ascienden a la cantidad de Bs. 16.508.931,97 según el último inventario anexo al libelo reformado, así como el pago “…del interés corriente en el mercado del doce por ciento anual (12%) desde el día de la ocurrencia del siniestro hasta la fecha definitiva del pago…”, siendo que sobre la suma indemnizatoria demandada también pretendió el pago de la indexación o corrección monetaria con base a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela, “…incluyendo los intereses calculados desde la fecha de la interposición de la presente demanda hasta la fecha de la total y definitiva cancelación de la misma…”.

Es el caso que el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, establece textualmente lo siguiente:

… El demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación…

Y siendo que dicho dispositivo legal confiere al demandante el derecho de reformar la demanda sin limitación alguna, pudiendo incluso cambiar los hechos sobre los cuales sustenta su pretensión, así como el derecho invocado y, por supuesto, cambiar las propias pretensiones, limitando únicamente tal derecho a ser ejercido en y por una sola oportunidad, ni señalar en qué consiste o puede consistir el contenido de la reforma de la demanda, con tal que la parte demandada no haya contestado la misma; y siendo que no le es dable a este juzgador interpretar más allá de lo que fue la voluntad expresada por el reformante actor, cual fue la de efectuar una reforma total y no parcial del libelo original tal y como así lo señaló: “…y como consecuencia de la presente reforma el libelo original queda reformado totalmente y queda redactada la demanda reformada así…”, refiriéndose tan solo a dicho escrito libelar en cuanto a que agotó la gestión extrajudicial de cobro así como también invocando el valor probatorio del inventario de mercancías anexo para sustentar su pretensión de cobro indemnizatorio e invocando el anexo “B” del libelo original alegando en su reforma haber pagado totalmente y para el momento del siniestro la prima de seguro, es por lo que este juzgador establece que tan solo los hechos narrados en el escrito de reforma de la demanda serán tomados en cuenta a los fines de determinar los hechos que trabaron la litis en el caso sub iudice por lo que los restantes hechos alegados en el libelo original como contradichos en la contestación de la demanda referidos a ésta, quedan fuera del debate judicial resultando impertinente todo medio probatorio promovido para su demostración y, así se establece.

Así pues, el thema decidendum en el presente caso se refiere únicamente a la pretensión actora de que la sociedad mercantil accionada le pague la suma de Bs. 16.508.931,97 que afirmó correspondía al monto de las mercancías totalmente siniestradas en el local depósito ubicado en la ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta, con ocasión del incendio sufrido el día 01 de julio de 1998 a las 9,15 minutos, aproximadamente, mercancías éstas que se encontraban aseguradas según contrato de póliza de seguros contra riesgo de incendio que las partes tenían suscrito con el No. 75-652200074, el cual fue expedido el día 03 de marzo de 1998 y se encontraba vigente así como pagada su correspondiente prima. También pretendió el pago del interés corriente al 12% sobre el monto de lo demandado, desde el día del siniestro -01 de julio de 1998- hasta la fecha definitiva de pago y, finalmente, que tanto la indemnización demandada como sus intereses fuesen debidamente indexados, desde la fecha de interposición de la demanda hasta la cancelación de lo adeudado, por lo que ello igualmente fue pretendido en pago.

Ello, aparece negado y contradicho de manera muy puntual por la demandada, quien detallada y sistemáticamente negó, contradijo y se excepcionó en la forma siguiente: ** Negó que el siniestro de incendio aludido estuviese cubierto por la póliza que tenía suscrita con la accionante; afirmó que la actora no alegó en su reforma el siniestro, por lo que negó la ocurrencia del mismo; negó haber evadido pagar el monto indemnizatorio; negó que se haya interrumpido el lapso de caducidad para el reclamo judicial del pago indemnizatorio; negó adeudar el pago de lo pretendido –Bs. 16.508.931,97- por cuanto la actora no alegó el siniestro en su reforma; negó que tuviese que ser condenada al pretendido pago del interés corriente del mercado -12% anual- desde el día de la ocurrencia del supuesto siniestro hasta la fecha definitiva de pago, “…ya que la parte actora en el escrito de reforma del libelo de la demanda no alegó la ocurrencia de siniestro alguno…”; negó que deba pagar por concepto de indexación judicial “…ya que la parte actora en el escrito de reforma del libelo de la demanda no alegó la ocurrencia de siniestro alguno…”; negó tener que pagar las costas procesales por la misma razón. ** Alegó que rechazó el reclamo indemnizatorio mediante comunicación fechada 12 de enero de 1998, por cuanto se encontraba contractualmente liberada de pagar ya que no pudo ser determinado el monto exacto de la pérdida sufrida, por cuanto solo pudo determinarse la existencia negativa en mercancías por la cantidad de Bs. 7.167.691,23 siendo también evidenciado que la accionada no cumplía con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas además de no llevar conforme a ley el registro de sus operaciones en los libros legales, alegato éste de exención de responsabilidad que hace improcedente tal reclamo por discrepancia entre las cantidades presentadas por la actora y las presentadas por la compañía ajustadora, que soportó con base al informe contable elaborado por CAVEAJUSTES, donde afirmó se evidenció que la accionante no reflejaba en sus libros legales las cantidades físicas de las mercancías inventariadas, sus referencias de identificación, las firmas de las personas responsables del inventario y, el método utilizado para valorar las existencias; por tanto, se tuvo que efectuar el examen bajo riesgo, de acuerdo a los documentos entregados durante el período comprendido entre el 1° de enero de 1998 al 30 de junio de ese mismo año y que, del total de 158 documentos de operaciones compras, 16 tuvieron que ser rechazadas por ser 13 de ellas notas de entrega, pedidos y presupuestos, mientras que las 3 restantes eran facturas en situación “irregular”. Que de las 142 facturas válidas para dicho informe, se totalizó la suma de Bs. 27.889.063,96 correspondiente a compras efectuadas en el referido período pre-siniestro. Que además de ello, los ajustadores encontraron la existencia de cuentas por pagar a proveedores acreditadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1997, por la cantidad de Bs. 15.000.000,oo, las cuales según dicho informe “…originaron unas compras infladas en el citado ejercicio, al igual que un inventario final sobrevaluado en este mismo año, pues dichas operaciones no eran consistentes con las ventas realizadas…”, alegando la demandada que sumado a ello, “…dicha cantidad no estaba debidamente soportada por los documentos aportados por Casa de Repostería Yolanda C.A. …” por lo que la cantidad de Bs. 15.000.000,oo también fue rechazada por la compañía ajustadora “…a los efectos del establecimiento de las pérdidas ocasionadas por el incendio acaecido el 1° de julio de 1998…” . Que con ocasión de dicho rechazo, la accionante solicitó reconsideración y consignó facturas soportes para sustentar sus supuestas compras a crédito, por lo que se levantó un informe contable complementario fechado 20 de septiembre de 1999, el cual evidenció que la sumatoria de dichas facturas de compras a crédito, alcanzaba la cantidad de Bs. 14.954.945,92 “…incompatible con la cantidad de …(Bs. 15.000.000,oo)…”, además de configurarse otra irregularidad pues dicho monto se encontraba en el “…saldo por pagar al 31 de diciembre de 1997…” cuando revisados dichos recaudos, se evidenció que “…las condiciones de pago de las mismas eran a estricto contado a quince (15) y treinta (30) días…”. Que también se evidenció que además de la cantidad de Bs. 11.048.625,37 por concepto de facturas canceladas en el año 1997, restaba un total de Bs. 3.096.632,55 al cierre de dicho ejercicio. Que todo ello no aparece reflejado en los libros legales llevados por la actora, reflejando lo contrario pues aparece “…como si tales créditos no fueron cancelados ya que aparecen afectando el saldo al 30 de junio de 1998, resultando contrario a la revisión de las facturas de proveedores que reveló condiciones de pago de contado a quince (15) y treinta (30) días…”, por lo que todas estas irregularidades y contradicciones no permitieron obtener un control confiable del estado financiero llevado por la demandante, razón por la cual fue rechazada la cantidad de Bs. 15.000.000,oo “…por no tener soporte documentario…”, quedando solo como monto disponible de mercancías bajo riesgo, aquellas que se encontraban ubicadas en el local depósito, por la suma de Bs. 32.994.514,06. Que del análisis de las ventas de las mercancías bajo riesgo, correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 1998 al 31 de junio de 1998, que según los libros legales asciende a Bs. 28.476.975,oo, tan solo fue posible validar un 32% -Bs. 9.075.423,oo- haciendo no confiable el registro de la actora y que, sin embargo, la demandada consideró la totalidad del monto de dichos ingresos a los fines de poder establecer las pérdidas, por lo que restando a dicho monto el pasivo registrado –Bs. 22.963.832,64- y la utilidad rendida –Bs.5.513.142,36- se determinó que por concepto de mercancías existentes pre-siniestro, correspondía la suma de Bs. 10.030.681,42. Que de la revisión del inventario post-siniestro conforme a dos visitas ejecutadas los días 02 y 23 de junio de 1998, se contabilizó un total de 69.238 artículos valorados en la suma de Bs. 17.198.372,65, estimando la compañía ajustadora que la “diferencia” de valor en mercancía encontrada por Bs. 5.545.542,95 se debía por la “subestimación de los costos unitarios” aplicados por la parte actora, por lo que “…los costos de referencias utilizados para la valorización del inventario post-siniestro se obtuvieron mediante el procesamiento de …(142) facturas de proveedores validadas correspondientes al período 1° de enero de 1.998 al 30 de junio de 1.998, obteniéndose como costo unitario promedio de los artículos la cantidad de … (Bs. 55,40)…”, determinándose que la verificación de las mercancías inventariadas post-siniestro, tan solo se verificó el 53% -Bs. 9.082.616,oo- como similares a los rubros adquiridos durante dicho período. También alegó haberse determinado en dicho informe, que tan solo del 45% restante –Bs. 8.115.656,65- el 2% presenta características similares a los ítems incluidos en el inventario al 31 de diciembre de 1997, por lo que el porcentaje restante no pudo ser determinado. Que todo ello resta confiabilidad al inventario post-siniestro aportado por la actora, información ésta no suministrada mediante aprobación auditada, por lo que la omisión o mal manejo de las partidas repercute directamente sobre la determinación de toda pérdida. Que restando al monto del inventario pre-siniestro –Bs. 10.030.681,42- el monto del inventario post-siniestro –Bs. 17.198.372,65- , se obtiene una diferencia negativa de Bs. 7.167.691,23 correspondiente a “existencias negativas”, razón por la cual la sociedad mercantil demandada rechazó la reclamación indemnizatoria reclamada. ** Alegó la accionada, el incumplimiento actor de lo dispuesto en la cláusula séptima del condicionado general de la póliza de seguros “Liberty Empresa”, lo que releva a la demandada del pago indemnizatorio, por cuanto habiendo sido notificada la demandada en fecha 01 de julio de 1998 por el productor de seguros L.V. –productor No. 1913- de la ocurrencia del siniestro, y recibida por la actora dicha notificación, CAVEAJUSTES fue designada para ajustar las pérdidas y verificar tal reclamación conforme establece la cláusula octava de dicho condicionado general. Que en fecha 03 de julio de 1998, el perito designado levantó un inventario de bienes siniestrados. Que el 06 de julio de 1998 la compañía ajustadora presentó un informe preliminar indicando los documentos faltantes requeridos para levantar el informe de pérdida de mercancías aseguradas. Que el 09 de julio de 1998 tal requerimiento fue hecho por la compañía ajustadora a la demandada. Que el 23 de julio de 1998, el perito designado por la compañía ajustadora efectuó una segunda visita al lugar del siniestro, recolectando muestras de los productos, reajustando el inventario fechado 03 de julio de 1998, así como igual visitó al Cuerpo de Bomberos del Estado Nueva Esparta. Que el 29 de julio de 1998, la demandada recibió de la compañía ajustadora comunicación fechada 27 de julio de 1998 –suscrita por el analista de siniestro- informando no haber podido enviar el informe definitivo pues al 27 de julio de ese año no había recibido la documentación requerida: A) Carta narrativa de los hechos; B) Informe del Cuerpo de Bomberos actuante; C) Relación detallada de la pérdida; D) Facturas originales de adquisición de mercancías afectadas; E) Balance de comprobación y Estado de Ganancias y Pérdidas al 01 de julio de 1998; F) Inventario físico de cierre detallado y valorizado al 31 de diciembre de 1997; G) Comprobantes físicos de la contabilidad para los ejercicios 97 y 98; H) Libros de contabilidad originales actualizados; I) Últimas dos declaraciones de impuesto sobre la renta; J) Última declaración de activos empresariales; K) Balance General al 01 de julio de 1998; L) Mayor analítico de los ejercicios 96 y 97 y, LL) Gastos de importación y mano de obra sobre la reparación. Que en fecha 25 de noviembre de 1997 la compañía ajustadora le envía a la demandada un informe contable y análisis de falla. Que el 12 de febrero de 1999, la demandada comunica a la accionante no poder dar curso a su reclamación por no poder determinar la pérdida conforme al análisis detallado y le informó no haber recibido informe del Cuerpo de Bomberos actuante que determine las causas del incendio, documento indispensable para dar curso al reclamo. Que la cláusula séptima del condicionado general –aceptado por la actora y aprobado por la Superintendencia de Seguros el 11 de agosto de 1997, No. 005509- establece las obligaciones que el asegurado debe asumir a la ocurrencia de la pérdida o daño, quedando relevada la aseguradora de la obligación de indemnizar “…, si El Asegurado incumpliere cualquiera de los deberes establecidos en esta Cláusula, a menos que el incumplimiento se deba a causa de fuerza mayor u otra que lo exonere de responsabilidad, y que en caso de ser alegadas por él deberá probar…”. Que la demandada notificó tempestivamente la ocurrencia del siniestro y designó tempestivamente al perito ajustador de pérdidas. Que fue varias veces requeridos los recaudos antes señalados a la accionada –oralmente y mediante comunicación fechada 12 de enero de 1999- quien no presentó el reporte pericial del Cuerpo de Bomberos actuante, así como tampoco las facturas soportes de las compras y ventas realizadas por la demandada; ambos recaudos indispensables para la “…veracidad de las operaciones comerciales de la empresa…”. Que debido a este incumplimiento, la accionada está relevada de cumplir con el pago indemnizatorio. ** Además, la sociedad mercantil accionada arguyó que la demandante incumplió lo dispuesto en la cláusula décima séptima del condicionado general de la póliza de seguros “Liberty Empresa”, por lo que igualmente se encuentra relevada de cumplir con el pago indemnizatorio, siendo que dicha cláusula –aceptada por la asegurada y aprobada por la Superintendencia de Seguros, p.N.. 00509, del 11 de agosto de 1999- obliga al asegurado a “…llevar los libros de contabilidad conforme a la Ley…” así como también obliga lo dispuesto en el artículo 32 del Código de Comercio, ya que dichos libros contables constituyen plena prueba a los fines de establecer de manera veraz y certera las pérdidas sufridas y poder indemnizar. Que todos los asientos deben estar físicamente soportados por los documentos que originan las transacciones a los fines de poder determinar la pérdida ocurrida. Que luego de ser presentado a la demandada el informe fechado 25 de noviembre de 1998 por la compañía ajustadora, la actora tardó aproximadamente un año en la entrega de los requisitos necesarios, determinándose en el informe definitivo una serie de irregularidades en torno a los registros contables llevados por la asegurada, careciendo la información suministrada de: A) Cantidades físicas de las mercancías inventariadas; B) Costos unitarios de los rubros inventariados; C) Referencias para identificar las mercancías; D) Firmas de las personas responsables de la toma de dicho inventario y, E) Método utilizado para valorar las existencias. Que del análisis efectuado sobre el Libro de Contabilidad, en cuanto al análisis de las ventas efectuadas en el período 01 de enero de 1998 al 31 de julio de 1998, existe una diferencia por el orden de Bs. 19.401.552,oo que no fueron posibles validar contra facturas, pudiendo solo la ajustadora validar el 32% de dichos asientos de ventas. Que se hallaron facturas de ventas en blanco y otras faltantes, no siendo utilizados los talonarios de forma correlativa. Que del análisis de compras para el mismo período, se halló una diferencia de Bs. 15.000.000,oo, lo que evidencia un inventario final sobrevaluado para el año 1997. Que todo ello evidencia falta de control sobre el inventario, compras y ventas por parte de la accionada, lo que demuestra incumplimiento en sus obligaciones contables y crea incertidumbre sobre la veracidad del monto de las pérdidas en razón del siniestro, todo lo cual releva a la accionada a dar cumplimiento al pago indemnizatorio.** Arguyó que resulta improcedente la pretensión de cobro de intereses moratorios, primero por estar relevada la demandada de pagar por incumplimiento de la demandada; segundo, por cuanto la accionada solo está obligada a pagar las sumas aseguradas; tercero, para el evento que judicialmente se declare procedente, por cuanto estos intereses no se generan a partir de la fecha del siniestro, sino una vez vencido el lapso contractual para la aseguradora a los fines de dar cumplimiento a su obligación de pagar el reclamo indemnizatorio. ** Alegó la sociedad mercantil accionada que resulta improcedente el pago de cantidades indexadas, primero por estar relevada la accionada de cumplir debido al incumplimiento actor; segundo, por cuanto el pago se encuentra contractualmente limitado al monto asegurado; tercero, por cuanto resultó imposible determinar cierta y verazmente el monto de las pérdidas respecto de las cuales se demanda pago indemnizatorio; cuarto, para el evento que judicialmente se determinen las pérdidas, aun en dicho caso la accionada está relevada de pagar por el incumplimiento de la actora en sus obligaciones contractuales.

En los escritos alegatorios presentados por las partes con el carácter de informes en alzada, la accionante insistió en hacer valer la ocurrencia de confesión ficta por parte de la demandada, mientras que ésta última solicitó la declaratoria de nulidad de la sentencia y su revocatoria, por habérsele violado fundamentales derechos constitucionales de la defensa y debido proceso.

Así fijados los hechos controvertidos, corresponde a esta superioridad primero dilucidar la solicitud de declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida a pedimento de la parte demandada, luego de lo cual se resolverá lo atinente a la confesión ficta que la parte actora delató; finalmente y para el evento que esto último quede decidido como improcedente, serán resueltos todos y cada uno de los alegatos de fondo que han quedado controvertidos en el presente debate judicial.

En mérito de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: