Decisión de Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 28 de Septiembre de 2004

Fecha de Resolución28 de Septiembre de 2004
EmisorJuzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control
PonenteAldo Ramon Gonzalez Arias
ProcedimientoEntrega De Vehiculo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas

Barinas, 28 de Septiembre de 2004

194º y 145º

ASUNTO PRINCIPAL : EP01-S-2004-003434

ASUNTO : EP01-S-2004-003434

AUTO ORDENANDO ENTREGA DE VEHÍCULO

Visto el escrito y sus anexos (folios 2 al 11) de fecha 20 de julio de 2004 presentado por el ciudadano G.L.R., mediante el cual le solicita a este Tribunal ordene le sea entregado a su persona un vehículo que asegura es de su propiedad y que tiene las siguientes características: Marca: Ford; Clase: Automóvil; Tipo: Sedán; Modelo: Zephir; Color: Blanco; Año: 1979; Placas: AX887T; Serial de carrocería: AJ32VT57685; Serial motor: 6 cilindros; Uso: Transporte Público.

El Tribunal con vista de las actuaciones consignadas resuelve la petición bajo las siguientes observaciones:

1º.- El vehículo fue retenido por funcionario adscrito al Puesto de T.N.. 53 en Barinas, en un procedimiento efectuado el día 18 de junio de 2004 justamente en la sede del puesto de tránsito cuando A.L. llevó dicho vehículo hasta allí a los efectos de revisarlo para los trámites ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (I. N. T. T. T.) determinándose que presenta cambio de compacto con los alfanuméricos “AJ92UL23136” no presentando factura de compra y el serial ubicado en el cortafuego se encuentra con soldadura no siendo la utilizada por la planta ensambladora y presentando su conductor la documentación original que acredita la tradición legal de la propiedad del mismo. Todo esto se desprende del acta policial que consta a los folios 23 y 24 de las presentes actuaciones;

  1. - Al folio 25 está presente el oficio mediante el cual remiten el vehículo en calidad de depósito al estacionamiento “Mayoral” de aquí de Barinas;

  2. - A los folios del 29 al 35 cursa en copia simple dicha documentación mediante la cual y debidamente autenticada se trasmite la propiedad del bien de su primer propietario hasta G.L.R.; y, en ese folio 35 está copia del Certificado de Registro de Vehículo expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de fecha 18 de junio de 1996 que acredita a J.G.R.H. como el propietario del vehículo, siendo ésta persona la que aparece como el primer vendedor de dicho bien. Ninguna parte de esta documentación ha sido desconocida ni impugnada por ningún particular ni por ningún organismo público;

  3. - Al folio 37 riela experticia practicada sobre el vehículo en cuestión por parte de expertos al servicio del C. I. C. P. C. de Barinas que arrojó las siguientes conclusiones: 4.1) La chapa que identifica el serial de carrocería AJ32VT57685 ubicada en la parte superior del tablero se encuentra suplantada por cuanto su fijación no corresponde al utilizado por la planta ensambladora; 4.2) La chapa que identifica el serial de carrocería AJ32VT57685 ubicada en la puerta se encuentra en su estado original; 4.3) La chapa body donde se lee el orden de producción 57685 del vehículo se encuentra incorporado, por cuanto se observa lluvia de neutrones y protones (soldadura); 4.4) El serial de compacto AJ32UL23136 se encuentra en su estado original.

  4. - Al folio 51 riela copia de factura de una venta de respuestos en la cual se dice que F.R. el 10 de enero de 2000 compró un compacto de faimo (sic) usado completo J-A92UL23136;

  5. - Al folio 56 cursa escrito presentado por el solicitante asistido de abogada en fecha 30 de agosto en el cual además de ratificar su petición, aclara que el nombre de G.L.G. que aparece en el documento notariado donde adquiere este vehículo en realidad se trata de un error que fue aclarado por la misma notaría en la parte posterior del mismo documento informando que ciertamente el nombre es G.L.R., lo cual fue corroborado por el Tribunal con vista del documento presentado. (vuelto del folio 60).

Verificándose que no presenta solicitud alguna y si registra por el I.N.T.T.T .

Sea oportuno destacar lo que nuestra ley procesal fija en casos como el presente: Así tenemos que el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que: “El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.

El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal”.

También tenemos que es verdad que debe tenerse presente con vista de las actuaciones que rielan en la causa que se infiere que tal vez podríamos estar en presencia de la presunta violación a tipos penales expresamente previstos y sancionados por nuestro ordenamiento jurídico de evidente orden público relacionados con la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores o Contra la Conservación de los Intereses Públicos o Privados (Código Penal), los cuales por mandato constitucional le compete al Ministerio Público investigarlos, descubrir a los culpables y solicitar su enjuiciamiento para que mediante un debido proceso sean declarados responsables y sancionados.

Sin embargo, es clarificadora la circunstancia que dos de los seriales del vehículo se encuentran en estado original y que el mismo registra por ante el I. N. T. T. T y no presenta solicitud alguna;

Y desde luego, no consta que el solicitante sea autor o partícipe de esos presuntos hechos punibles.

Sea oportuno ahora el comentario que con respecto al artículo 311 del COPP tiene el respetado autor cubano-venezolano E.P.S. en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el cual es del tenor siguiente: “Esta norma está encaminada a disminuir el número de piezas de convicción en poder de los tribunales. El procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos. Esto es particularmente necesario en los casos de vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. En estos casos, como en todos, los jueces están obligados a proteger el principio “possesio vaux titre”, consagrado en el artículo 794 del Código Civil. De ahí que aún en aquellos casos donde se evidencie adulteración de seriales en los vehículos u otros signos que pudieran hacer presumir la existencia de delito, los jueces vienen obligados a proteger al poseedor de buena fe”.

Tal artículo 794 del Código Civil venezolano enseña que: “Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles.

Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de que este último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya recibido.”

En este mismo sentido corroborando lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 13-08-01, expediente No. 01-0575 estableció expresamente lo siguiente: “Ahora bien observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 (ahora 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no son indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las Autoridades Administrativas de Tránsito o que puedan probar su derecho por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala, que acreditada sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.”

Al tener en su poder y posesión el original de la documentación que acredita la tradición legal de la propiedad del vehículo atribuida por quien prima facie tenía la facultad de ceder tales derechos (por ser presuntamente expedido a su favor y por parte del organismo que en Venezuela tiene atribuida tal cualidad) a su persona; así como la restante documentación ya analizada y parcialmente ya referida que acredita al solicitante para interponer la presente petición o solicitud de entrega o devolución de vehículo y en atención a que el artículo 1.359 del Código Civil señala que el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado; 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído; y que el artículo 1360 eiusdem establece que el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación; y, tomando en cuenta el Tribunal que la documentación no ha sido desconocida, es decir, que no se ha probado lo contrario de la verdad de la declaración que expresan tales documentos y tampoco se ha alegado por nadie la simulación, es por lo que con fundamento en el ya transcrito artículo 794 del Código Civil y en el principio de que la buena fe se presume, entonces lógicamente que debe otorgarse el pleno valor que dicha documentación o instrumentos públicos tienen y producen a favor del solicitante, es decir, hacia G.L.R..

Y por cuanto tal vehículo no aparece solicitado y registra por ante I. N. T. T. T. , en opinión del Tribunal el referido bien no es indispensable para la investigación; aunado a que tal indispensabilidad no ha sido declarada motivadamente por el Ministerio Público.

G.L.R. alega ser el propietario de dicho vehículo. Lo que significa que él da a entender que entiende a su vez que adquirió de buena fe dicho bien mueble, lo cual no ha sido contradicho por nadie; por lo que con fundamento en lo preceptuado en el transcrito artículo 794 del Código Civil que consagra y protege la posesión de buena fe, él debe ser tratado.

Además no consta que haya alguien más reclamando derechos sobre el mismo vehículo.

Lo que hace que se genere en el Tribunal la convicción de que quien tiene mejor derecho a poseer el vehículo es, precisamente, G.L.R. sin que ello signifique que este Tribunal se esté pronunciando definitivamente sobre la propiedad del mismo, que por lo demás, se repite, no está sujeta a discusión, por lo menos en esta instancia judicial.

Por lo que estima el Tribunal que la solicitud de devolución o entrega debe considerarse con lugar, aunque en la modalidad de la figura jurídica del depósito. Así se declara.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de control No. 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de entrega del vehículo efectuada y en consecuencia, SE ORDENA al propietario, administrador, encargado o a quien haga sus veces, del estacionamiento “MAYORAL” de Barinas, Estado Barinas a que haga entrega inmediata a la persona de G.L.R., venezolano, mayor de edad, domiciliado en Barinas, titular de la Cédula de Identidad No. 6.714.631, del vehículo MARCA: Ford; MODELO: Zephir; CLASE: Automóvil; TIPO: Sedán; COLOR: Blanco; PLACAS: AX887T; AÑO: 1979; SERIAL DE MOTOR: 6 cilindros; SERIAL DE CARROCERÍA: AJ32VT57685; USO: Transporte Público, el cual se encuentra en el mencionado estacionamiento según se desprende del oficio No. 047 de fecha 19 de junio de 2004 y orden de depósito de vehículos que rielan a los folios 25 y 26 de estas actuaciones.

Tal entrega lo es condicionada en el sentido que no deberá G.L.R. realizar actos de disposición sobre el bien aquí entregado (venderlo, alquilarlo, etc.); no deberá efectuarle reparaciones que impliquen transformaciones importantes en su estructura, tales como cambio de motor, de carrocería, de color, de chasis, sin previamente advertir al Tribunal y obtener la autorización respectiva de este despacho judicial y una vez, eventualmente efectuada dicha reparación o transformación deberá entonces consignar lo conducente en estas actuaciones; y deberá presentarlo cada sesenta (60) días por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) o ante la Oficina de Atención al Público (OAP) de este Circuito Judicial Penal de Barinas, mientras y hasta tanto se aclare definitivamente la situación jurídica sobre el mismo, para lo cual se ordena igualmente remitir estas actuaciones en su debida oportunidad a la fiscalía primera del Ministerio Público de Barinas.

En cumplimiento de la resolución tomada por la Presidencia del Circuito Judicial Penal debido a los numerosos casos de falsificaciones de entrega de vehículos presentadas por particulares en los distintos estacionamientos, es por lo que se acuerda constituir el Tribunal el día Martes cinco (5) de octubre de 2004 a las cinco de la tarde (5 pm) en la sede del estacionamiento “Mayoral” a los fines de personalmente ordenar y presenciar la entrega del vehículo aquí acordada.

Notifíquese esta decisión al solicitante y al Ministerio Público (fiscalía primera), de conformidad con el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Ofíciese al estacionamiento a los fines legales pertinentes. Cúmplase.

Dada, sellada, firmada y publicada en la sede del Tribunal de Primera Instancia Penal en función de Control No. 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2004.

EL JUEZ DE CONTROL No.5

A.G.A.

LA SECRETARIA

ABG. YUSBEY GUERRERO MORA

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