Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 2 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Gervis Alexis Torrealba |
| Procedimiento | Divorcio |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 2 de mayo de 2013
203º y 154º
ASUNTO: AP11-V-2012-000275
PARTE DEMANDANTE: Ciudadana N.J.V.Q., venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-6.172.156.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: abogados J.L.H. y M.E.S.V., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 41.739 y 77.859, respectivamente .
PARTE DEMANDADA: Ciudadano L.E.S.A., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V-5.682.508.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyo en autos apoderado alguno.
MOTIVO: DIVORCIO CONTENCIOSO
I
En fecha 15 de marzo de 2012, se da por recibida para su distribución por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la presente demanda, y efectuado el correspondiente sorteo, correspondió su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia. En la misma fecha la parte actora consignó los recaudos correspondientes a la actual controversia.
Posteriormente, mediante auto de fecha 20 de Marzo de 2012 el Tribunal admitió cuanto a lugar en derecho la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada y la notificación de la Representación del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. En la misma fecha se dejó constancia del requerimiento de los fotostátos necesarios para proveer.
Por diligencia de fecha 10 de abril de 2012, suscrita por el abogado J.L.H., consignó dos (02) juegos de copias simples del libelo de la demanda y auto de admisión, a los fines de que se librará la compulsa correspondiente y la notificación al Representante Judicial del Ministerio Público.
Posteriormente, por auto de fecha 13 de abril de 2012, el Tribunal ordenó librar la compulsa correspondiente y la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha 24 de abril de 2012, el ciudadano J.F.C., consignó en un (1) folio útil, copia de la boleta de notificación debidamente firmada en la Fiscalia 91 del Ministerio Público.
En fecha 30 de abril de 2012, mediante diligencia por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, compareció la abogada Y.D.O., Fiscal Nonagésima Primera del Ministerio Público, se dio por notificada, alegando estar atenta al procedimiento.
En diligencia de fecha 02 de mayo 2012, suscrita por el abogado en ejercicio J.L.H., alegó que la boleta de notificación librada a la parte demandada, cita al mencionado abogado como demandado y no al ciudadano L.E.S.A., siendo que por auto de fecha 03 del mismo mes y año, se negó la notificación del Representante del Fiscal del Ministerio Público, por resultar inoficioso.
En diligencia de fecha 23 de mayo de 2012, realizada por el representante judicial de la parte actora, solicito nuevamente la notificación del Ministerio Público, y por auto de fecha 25 de mayo de 2012, el Tribunal le hizo saber que en fecha 03 de mayo de 2012, se había pronunciado con respecto a su pedimento.
En fecha 18 de Junio de 2012, compareció el representante de la parte actora, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, consignando los emolumentos para la práctica de la citación de la parte demandada.
En fecha 02 de julio de 20012, el ciudadano O.o., en su condición de Alguacil Titular de este Circuito Judicial, consignó la compulsa librada a la parte demandada, alegando la imposibilidad de su práctica.
En diligencia de fecha 07 de agosto de 2012, el representante de la parte actora, suministro la dirección para la práctica de la citación del demandado, siendo que por auto de fecha 13 de agosto se acordó el desglose de la compulsa, dejándose constancia por Secretaria en esta misma fecha.
En fecha 24 de octubre de 2012, compareció el representante de la parte actora, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, consignando los emolumentos para la práctica de la citación nuevamente de la parte demandada.
En fecha 06 de noviembre de 20012, el ciudadano J.D.R., en su condición de Alguacil Titular de este Circuito Judicial, consignó la compulsa librada a la parte demandada, alegando la imposibilidad de su práctica, siendo agregada a los autos por auto de fecha 09 de noviembre de 2012.
En fecha 14 de diciembre de 2012, el abogado J.L.H., solicitó al Tribunal la citación de la parte demandada, por cartel de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 18 de diciembre de 2012, el Tribunal negó la citación por cartel, en virtud de lo alegado por los ciudadanos O.O. y J.D.R., en su condición de Alguaciles de este Circuito Judicial, en diligencias de fecha 02 de julio y 06 de noviembre del año 2012, respectivamente.
En fecha 16 de enero de 2013, compareció el representante de la parte actora, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, solicitó la citación de los carteles por prensa y fijación en la morada de la parte de la parte demandada, siendo que por auto de fecha 22 de enero de 2013, el Tribunal acordó oficiar al Servicio de Administración de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y al C.N.E., solicitando el movimiento migratorio del ciudadano L.E.S.A., con oficios Nros. 13-0060 y 13-0061, respectivamente.
Posteriormente en fecha 12 de marzo y 21 de marzo de 2013, respectivamente fueron agregados a los autos los oficios provenientes del Servicio de Administración de Identificación Migración y Extranjería (Saime) y del C.N.E..
En diligencia 26 de abril del año en curso, el abogado J.L.H., solicito, se oficiará al Tribunal correspondiente del Estado Aragua, a los fines de citar al demandado.
II
Para decidir el Tribunal observa:
Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidencia que desde el día 13 de abril de 2012, fecha en que el Tribunal procedió a librar la compulsa, hasta el 18 de Junio de 2012, fecha de la consignación de los emolumentos respectivos al alguacil para la practica de la citación, transcurriendo más de treinta (30) días, sin que se demuestre que la parte interesada proporcionara lo exigido por la Ley vigente dentro del lapso, a los fines de llevar a cabo la citación ordenada, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado, y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre, que en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
Ahora bien, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 436 de fecha 06/07/2004 (Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ), dejó sentado lo siguiente:
... que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.
(Énfasis del Tribunal)
En este orden de ideas, considera este Tribunal pertinente transcribir en forma parcial la Sentencia N° 991-04 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del T.d.Á.M.d.C. de fecha 28 de junio de 2004, expediente N° 02-8642, en el caso del ciudadano E. Quintero contra el ciudadano D. Valera, con ponencia del Juez Frank Petit Da Costa, la cual es del tenor siguiente:
…“La perención breve prescrita por el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad.”… …“Resulta claro que el citado criterio judicial está en contradicción sobrevenida con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional del año 1999, específicamente en su artículo 26, que establece la gratuidad de la justicia. Sin embargo, no puede entenderse que esta disposición, constitucional abroga la disposición legal del artículo 267, numeral 1°, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto es bien sabido que son muchas las demandas que se interponen sin que el actor se ocupe de la citación. En criterio de quien sentencia, las obligaciones que le impone la Ley, a que alude el artículo 267, ordinal 1°, no debía limitarse a entenderlas como el solo pago de aranceles judiciales, sino que debería interpretarse como la actividad que realiza el actor, para que se expida la compulsa y le sea entregada al Alguacil. Se dice que esa actividad es propia del tribunal y resulta cierto, pero quienes han actuado en foro judicial, como jueces y/o abogados litigantes saben muy bien que si la parte actora no se moviliza para la obtención de las copias que han de certificarse para la compulsa, la citación no se adelanta. Luego así se hable, de la gratuidad del proceso, el actor tiene la carga de (i) proveer las copias del libelo que se han de certificar o compulsar y (ii) de indicar la dirección o lugar de ubicación del demandado para citarlo (st. 24-03-2003, caso: Corp. B.P., Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del T.d.C.). Estas son cargas del actor, so riesgo de la aplicación de la perención breve a que alude el ordinal 1° del artículo 267. Da mayor fuerza a esta afirmación, el supuesto de suspensión del proceso a que alude el artículo 228, previendo dicha disposición que el proceso estará suspendido hasta que el actor solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Por la consecuencia que tiene, dejar sin efecto todas las actuaciones, significa que se retrotrae a la admisión de la demanda y expedición de nuevas compulsas, por lo que si el actor no impulsa la citación, diligenciando en ese sentido, su inacción pudiera dar lugar a la aplicación de la perención del ordinal 1° del artículo 267. En conclusión, la perención breve prescrita por el articulo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad, ya que mantiene su vigencia si se entiende que la carga del actor no es sólo el pago de los aranceles judiciales, sino el dejar constancia de haber proveído las fotocopias del libelo e indicando el lugar de ubicación del demandado. Por otra parte, se debe admitir que es verdad que en materia laboral no se aplica esta disposición y se niega en forma absoluta la posibilidad de este tipo de perención breve, esto es, la que se da por el hecho de impago de aranceles judiciales en un lapso de tiempo determinado, -treinta días después de la admisión de la demanda-, sin que, como lo ha dicho la sentencia citada del 10-03-1998 de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, pueda reabrirse dicho lapso de perención breve. Sin embargo, las muy respetables razones que han sostenido los jueces laborales, tienen que ceder frete a la implementación de los juicios orales laborales en los que no se puede dejar que una acción interpuesta quede sin impulso y se haya de esperar el año para aplicar la perención anual. Igual habrá de suceder cuando se implementen los juicios orales civiles. Bajo tales parámetros se observa: 1. Que habiendo sido admitida la demanda el 19-11-2001, se ordenó la intimación del demandado y el libramiento de compulsas. 2. Por auto del 05-12-2001 se abre el cuaderno de medidas y se decreta medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un bien inmueble propiedad de la parte demandada. Y se libró el oficio correspondiente. 3. El 25-02-2002 la parte actora diligencia consignando copias simples del libelo y del auto de admisión, a los fines que sean compulsados. Así las cosas, se observa que entre el 19-11-2001, oportunidad en que se admite la demanda y estampa la constancia secretarial de no haber librado la compulsa por la falta de consignación de copias simples –fecha de inicio del cómputo del lapso de perención- al 25-02-2002, fecha en que se impulsa nuevamente la citación, consignando las copias simples del libelo y auto de admisión para ser compulsados, transcurrió más de treinta días sin que las partes hubieran impulsado el proceso. Treinta días, que como lo ha establecido la Sala Constitucional en su fallo aclaratorio del 09-03-2001, se computan por días continuos y no por día de despacho, como pareciera inferirse que fuera el alegato del actor cuando solicitó cómputo de los días de despacho transcurridos en el juzgado de la causa. Luego comparte esta alzada el criterio de la primera instancia, de que las partes no han impulsado el proceso y que esa falta de impulso excede el lapso de treinta días que la ley exige para que se produzca la perención de la instancia. En efecto, desde el 19-11-2001 –constituido en el último acto procesal realizado en el expediente- al 25-02-2002 –cuando se impulsa la actuación- hay un período de inactividad procesal de cincuenta y tres días, que excede el tiempo establecido por el legislador procesal civil en su artículo 267.1. De suerte, pues, que estando la presente causa, con una inactividad procesal de cincuenta y tres días, procede la declaratoria de perención breve, a que alude el artículo 267.1 del mencionado Código. Así se declara”… (Énfasis del Tribunal)
En el caso de estos autos la omisión de actuación del demandante durante más de treinta (30) días, al no dar cumplimiento con su obligación de dejar constancia en autos de haber colocado a la orden del alguacil los recursos o medios necesarios para la practica de la citación del demandado, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en las sentencias parcialmente transcritas como en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada.
En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés del actor por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.
III
En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el procedimiento que por DIVORCIO CONTENCIOSO intentó la ciudadana N.J.F.V.Q. contra el ciudadano L.E.S.A., ampliamente identificados en el encabezamiento de esta decisión. Así se decide.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
EL JUEZ,
J.C.V.R..
LA SECRETARIA Acc.
A.M..
En la misma fecha, siendo la 01: 03 de la tarde, se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.-
LA SECRETARIA Acc.
A.M.
