Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 23 de Octubre de 2013

SIN LUGAR el a.c. interpuesto por JIN QIANG FENG, de nacionalidad China, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E.-81.943.080, de este domicilio contra la decisión de fecha 19 de marzo de 2.013 dictada por el Juzgado Segundo del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

se suspende la medida cautelar innominada decretada y comunicada en fecha 29/07/2013 al Juzgado querellado, consistente en la suspensión de los efectos de la decisión de fecha 19/03/2013 en la causa KP02-V-2011-3967. Líbrese oficio.

no hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. (folios 256 al 245)

En fecha 13 de agosto de 2013, la apoderada judicial de la parte querellante ratificó la apelación (folio 252), por lo que el a quo en fecha 17 de septiembre de 2013, oyó la apelación en un solo efecto, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, por lo que ordenó expedir copias certificadas a la URDD CIVIL a fin de que fueren distribuidas entre los Juzgados Superiores (folio 253).

Correspondiéndole las actuaciones a este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil del Estado Lara, según el orden de distribución, recibiéndose en fecha 19 de septiembre de 2.013, y en fecha 23 de septiembre de 2.013 se le dió entrada y se fijó para decidir dentro de los treinta días siguientes de conformidad a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. En fecha 10 de octubre de 2013, el ciudadano JINQUIANG FENG, asistido por su apoderado judicial, presentó escrito en el cual fundamentó su apelación; en fecha 11 de octubre 2013, el apoderado judicial de la parte querellante, solicitó a este despacho se sirviera solicitar que se remitiera el expediento original de Amparo, signado con el Nº KP02-0-2013-000093, a este Juzgado. Llegada la oportunidad para decidir, este Tribunal observa:

DE LA COMPETENCIA

Antes de proceder este Juzgador a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto en el presente recurso de a.c.; se declara competente para conocer de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en virtud que de acuerdo al artículo 35 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, al ser este Juzgado el Superior Funcional Jerárquico Vertical, al Juzgado de Primera Instancia que conoció en la primera instancia de la presente acción de a.c. contra dicha decisión judicial, así lo establece.

MOTIVA

Corresponde a este juzgador determinar si la decisión dictada por el a quo constitucional en el cual declaro Sin Lugar la Acción de A.C. de autos, está o no ajustada a derecho, y para ello dado a que el Amparo es contra Sentencia, dicho análisis se ha de hacer basado en los requisitos de procedencia de la Acción de Amparo establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, el cual es del siguiente tenor:

…Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva…

A cuyos supuestos de hecho se ha de subsimir los hechos señalados por la parte querellante como constitutivos de la lesión de los Derechos Constitucionales denunciados como conculcados en la sentencia impugnada en Amparo y la conclusión que arroje este análisis compararlo con la del a quo constitucional para ver si coinciden o no y en base a ello, proceder a emitir el pronunciamiento sobre el recurso de apelación y sus efectos sobre la Sentencia recurrida, y a tal efecto tenemos que el querellante en la audiencia constitucional alegó lo siguiente:

Con respecto a la Sentencia de A.C. lo que se cuestiona es que se violaron Derechos y Garantías constitucionales donde la Juez, incurrió en extralimitaciones de sus funciones como operadora del sistema judicial venezolano, violó el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y el principio de la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lleva intrínsico lo que debe contener una sentencia, en tal sentido violó los artículos 2, 26, 57 y 299 de la Constitución, creando un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes plantearon sus pretensiones, concediendo mas o menos o concediendo pretensiones distintas a las solicitadas lo que denomina la Sala Constitucional como injusticia es así que se viola al derecho a la tutela judicial efectiva, en tal sentido la sentencia impugnada concede mas de lo pedido por la parte actora, en su escrito libelar, al condenar a mi representada al pago de una suma de daños y perjuicios de Mil Setecientos Bolívares, desde el mes de mayo del año 2010, hasta que la sentencia este definitivamente firme, nótese ciudadana Juez que la acción principal de la parte actora, fue que se condenar a la suma única y exclusivamente de Mil Setecientos Bolívares, es decir, que la Juez incurrió en ultrapetita violando así los derechos constitucionales antes nombrados, igualmente desvió los planteamientos planteados en la litis, es lo que la doctrina de la Sala Constitucional conoce como incongruencia omisiva, cuando hace un análisis en su sentencia de argumentos que fueron esgrimidos en la acción subsidiaria y no en la acción principal igualmente los estima, los valora y los condena en su sentencia, a pesar que en el mismo dispositivo de la sentencia que hoy se impugna, alega en cuanto a la acción pretendida como subsidiaria al ser declarada la acción principal con lugar esta Juzgadora se abstiene de su pronunciamiento y así se decide, nótese ciudadana Juez Constitucional que ese argumento fue expuesto en la acción subsidiaria mas no en la acción principal, igualmente viola el principio de la seguridad jurídica, en el sentido de que la Juez en su sentencia en cuanto establece los daños y perjuicios y el análisis de los cánones de arrendamiento, señala que el monto a cancelar no es el que las consignaciones arrendaticias que hace el demandado, cuestión esta ciudadana Juez constitucional que este punto fue alegado en la acción principal tanto por la parte actora como por la parte demandada en su contestación, y solo se limita a decir que los cánones de arrendamiento que se encuentran depositados no tienen un efecto deliberatorio, dejando de pronunciarse cual va ser el destino de esos cánones de arrendamiento que se encuentran depositados desde mayo del 2010, por todo lo antes expuesto es la presente acción de A.C., que se ejerce en contra la sentencia del Juzgado Segundo del Municipio Iribarren la Circunscripción Judicial del Estado Lara, vulnera flagrantemente derechos y garantías constitucionales al haber incurrido la Juez en extralimitación de sus funciones como operadora del sistema judicial venezolano, es por eso que pido que declare con lugar el Amparo y anule la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Municipio del Estado Lara, que declaro con lugar la demanda de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento con Prorroga Legal, en contra de mi representado. Es todo”. En este estado toma la palabra el Abogado asistente del tercero interesado en los siguientes términos: “Sobre el punto previo referido a la no representación del ciudadano Á.A.F., en primer lugar consigno copia de la declaración de únicos y universales herederos donde consta que el precitado ciudadano es además de varias personas conjuntamente con su madre M.d.l.C.A.d.F., miembros de la Sucesión J.F.F., en la demanda se señala que la ciudadana M.d.l.C.A.d.F., actúa en nombre de la sucesión de J.F.F., y el no es mas que uno de ellos, por lo cual vale tanto la actuación de ella como la de cualquier otro miembro en este caso la de él, a quien hoy asisto. No puedo tampoco dejar de señalar que no es fácil determinar si estamos en presencia de un recurso propiamente como tal como medio de impugnación de una actuación judicial, o de una acción propia para evitar precisamente esa discusión fue por eso que le pedí al Sr. Freitez, viniera y así evitar si el poder apud-acta que corre dentro de las actuaciones que me fuera acordado, fuera valido. En todo aso caso señalo que mi real saber y entender, y salvo mejor criterio todo medio de impugnación propio e impropio forma parte de un recurso, por lo cual todo lo que persiga la impugnación de una sentencia tendría carácter recursivo y no se carácter autónomo, o acción de principal, que si seria el caso, fuera de las actuaciones judiciales, pero ese es mi criterio. Sobre los puntos de amparo en el escrito de amparo existen dos únicos hechos alegados, una incongruencia omisiva por parte del Tribunal, por considerar la parte recurrente que la defensa por ella opuesta de la inepta acumulación, fue opuesta en la acción subsidiaria y no en la principal, por lo cual el juez error en la colocación en su análisis, eso daría lugar a una revisión de otra naturaleza, pero no existe una violación constitucional, toda vez que pronunciamiento hubo errado o no, la Sala constitucional y no la civil, ha señalado que los juicios de incongruencia que pidieran hacer prosperar un recurso de amparo es el silencia absoluto, de un medio defensa o de prueba, no se trata de un silencio en este caso, simplemente se trata talvez de un error de colocación, pero eso no da lugar a una vía excepcional como lo es el amparo, el amparo para que pueda prospera la violación tiene que ser flagrante, no simplemente que le correspondió en la pagina dos y no la cuatro, en cuanto al segundo hecho narrado en la querella de amparo, que es la seguridad jurídica violentada, según la recurrente por silenciar el destino de los cánones de arrendamiento consignados, señalamos en primer lugar sobre la seguridad jurídica no creo que pueda ser la vía escogida la que pueda reestablecer su situación, adicionalmente la juez se pronuncio señalando que las consignaciones no tenían efecto liberatorio, porque a su juicio estaban indebidamente realizadas, si los recurrentes consideran que eso les produce un prejuicio pudieron plantear en el lapso de cumplimento voluntario o de ejecución, los debidos planteamientos, para que el juez se pronunciara antes de realizar al mandamiento de ejecución, nada señalo al momento del cumplimiento voluntario, ni nada indico hasta el momento en el tribunal de ejecución sobre la condena en dinero, además del desalojo, ordenado por el tribunal, fíjese o nótese que el articulo 532, ordinal 2º, del Código de Procedimiento Civil, establece la posibilidad que el ejecutado alegue haber cumplido mediante el pago la obligación demandada, es decir, es una incidencia de ejecución,. Las incidencias de ejecución son muy comunes, ordinarias se realizan a través de un cuaderno separado, hasta casación si la cuantía lo permite, ese cuaderno separado existe, pero ello no da lugar a un a.c., porque existe en este caso un procedimiento establecido en donde se podría o puede realizar cualquier incidencia, así que cualquier incidencia sobre dentro de la ejecución, el legislador previo hasta le procedimiento a seguir que serial el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil, aquí se trata fundamentalmente una demanda por cumplimiento de contrato por vencimiento de prorroga, las violaciones constitucionales que deben ser alegadas deberían atacar el ejercicio de esa acción que elementos no fueron analizados, o no se tomaron en cuenta para que el cumplimiento de lo pretendido fuera desvirtuado, que hecho modifica la naturaleza de los demandado, nada de eso ha sido señalado, un amparo no es el remedio procesal, para vicios o errores materiales que una sentencia puede y generalmente contiene, es una vía excepcional que debe ser utilizada solo para la protección de derechos flagrantemente violentados, y los cuales a los ojos del juez constitucional que de no haber existido hubieran podido hacer posible la defensa o las pruebas en este caso del demandado o recurrente en amparo en ningún momento señala y por ultimo que argumento o que medio de prueba no realizo el juez que hubiera destruido la pretensión que fue declarada con lugar, que prueba no fue analizada, de eso nadase dice, nada se nombra, y trae como irremediable consecuencia que el presente amparo debe ser desechado, como así formalmente lo solicito”. Es todo.

Ahora bien, dado a los términos de la litis establecida en la Audiencia Constitucional supra transcrita y ante la no aplicación de la admisión de los hechos establecida en la parte in fine del artículo 23 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales por la no concurrencia a dicha audiencia del Juez a cargo del Tribunal emitente de la Sentencia impugnada en amparo, este jurisdicente procede a emitir su pronunciamiento sobre la decisión del a quo Constitucional en los siguientes términos:

Respecto a la afirmación del querellante en la supra referida audiencia, de que el fallo aquí impugnado en Amparo le lesionó los Derechos Constitucionales del Derecho a la Defensa, a la Tutela Judicial Efectiva y del Principio de la Seguridad Jurídica consagrado en el artículo 299 que lleva intrínsico lo que debe contener la Sentencia, violando los artículos 2, 26, 57 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por cuanto incurrió en ultrapetita al haber condenado a pagar por daños y perjuicios desde el mes de mayo de 2010, hasta la sentencia definitivamente firme, cuando en la acción principal la parte actora había solicitado se condenara a la suma única y exclusivamente la cantidad de MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.700), este Juzgador disiente del a quo Constitucional, quien en la Sentencia recurrida referido a este punto estableció:

…El demandante en la causa KP02-V-2011-3967 luego de solicitar la entrega del inmueble objeto del arrendamiento, solicitó la indemnización por daños y perjuicios o lo que es igual, el pago del canon de arrendamiento. Su fórmula fue la siguiente:

Demandamos por daños y perjuicio (sic) una suma igual al último canon mensual por no darnos entrega en forma oportuna el inmueble, el cual es de MIL SETECIENTOS MIL (Sic) BOLÍVARES (1.700,00) mensuales.

Podría entrarse en un debate para concluir si se solicitaron o no las pensiones arrendaticias debido a que el inicio del párrafo pareciera indicar que se trata de un único canon mientras que al final se pluraliza la solicitud al hablar de MIL SETECIENTOS BOLÍVARES mensuales. Aun si pudiera surgir alguna duda al respecto, quien Juzga considera apropiada la conclusión del Tribunal querellado, primero por lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil donde se establece que los actos cuando presenten omisión ambigüedad u otro, serán de la soberana interpretación de los jueces quienes se atendrán a la intención de las partes, así como a la equidad y justicia. Entendiendo que el canon de arrendamiento es la justa contraprestación por el uso de un inmueble y siendo que el querellado concluyó había sido usado por el querellante en vigencia de la relación, interpretó que la solicitud abarcaba el pago de las mensualidades vencidas. En conclusión, fue un acto de juzgamiento apegado a las facultades conferidas por el legislador y que de ninguna manera, la inconformidad puede interpretarse como agravio constitucional, no es grotesco ni aplicado con abuso de autoridad, entre otros… (Sic)

Y en su lugar establece lo contrario, es decir, que el tribunal querellado al haber condenado en la Sentencia aquí impugnada a pagar “TERCERO: se condena a la parte demandada plenamente identificada a cancelar por concepto de daños y perjuicios la cantidad de UN MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.700,00) mensuales desde el mes de Marzo del 2010, hasta que la presente sentencia quede definitivamente firme”, sí incurrió en ultrapetita en virtud de lo siguiente: Por cuanto el accionante en el libelo de demanda del juicio en el cual se emitió la Sentencia impugnada en Amparo en lo que respecta a la acción principal y específicamente en cuanto al particular de la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, en ningún momento señaló como causa de éstos a los cánones de arrendamiento insolutos, sino que señaló por tal concepto el no haberle entregado en forma oportuna el inmueble arrendado y así se evidencia del escrito del libelo de demanda cursante al folio 36 cuando establece: “2) Demandamos por daños y perjuicios una suma igual al ultimo canon mensual por no darnos entrega en forma oportuna el inmueble el cual es de UN MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.700,00) mensuales.” (Subrayado de este tribunal), lo cual evidencia que dicho tribunal al haber condenado al accionado y aquí querellante por motivos y conceptos no demandados no solo violó el artículo 12 del Código Adjetivo Civil el cual obliga al Juez que en su decisión debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos no alegados ni probados, extralimitándose con ello en sus funciones, sino que también incurrió en ultrapetita, lo cual vició de nulidad la Sentencia de acuerdo al artículo 244 eiusdem, y con ello a su vez originó en la Sentencia la incongruencia denunciada por el querellante, por lo que la violación del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, se da por probado en el caso de autos, lo cual hace innecesario el análisis de las demás denuncias de violación de Derechos Constitucionales, obligando como consecuencia procesal a declarar CON LUGAR la Apelación interpuesta por la abogado A.C., abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 64.751, en su condición de Apoderada Judicial del querellante JINQUIANG FENG, de nacionalidad China, mayor de dad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.943.080, contra la decisión de fecha 07 de agosto del corriente año, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, REVOCÁNDOSE en consecuencia la misma, declarándose CON LUGAR, LA Acción de A.C. interpuesta por el querellante JINQUIANG FENG, contra la decisión de fecha 19 de Marzo del 2013, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, la cual se ANULA al igual que todas las actuaciones subsiguientes a ella, ordenándose al Tribunal al cual le corresponda conocer de la causa, proceda a emitir una nueva Sentencia sin incurrir en el vicio aquí señalado, y así se decide.

Finalmente se le hace saber al A quo Constitucional, que el criterio de la Sala Constitucional de nuestro M.T.S.d.J. respecto a la remisión del expediente a que hace mención el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, es de que cuando sea declarado Sin Lugar el Amparo, se debe remitir al Juzgado superior que ha de conocer la apelación interpuesta es el expediente original, no copia de éste como ocurrió en el caso de autos, por cuando al no haber actuación Judicial o medida cautelar que ejecutar, pues es innecesario sacar copias fotostáticas y certificarlas, con perjuicio para el recurrente y perdidas de horas hombre al Tribunal, y así se decide.

DISPOSITIVA

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

• PRIMERO: CON LUGAR la Apelación interpuesta por la abogado A.C., abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 64.751, en su condición de Apoderada Judicial del querellante JINQUIANG FENG, de nacionalidad China, mayor de dad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.943.080, contra la decisión de fecha 07 de agosto del corriente año, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, REVOCÁNDOSE en consecuencia la misma.

• SEGUNDO: CON LUGAR, la Acción de A.C. interpuesta por el querellante JINQUIANG FENG, supra identificado, contra la decisión de fecha 19 de Marzo del 2013, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, la cual se ANULA al igual que todas las actuaciones subsiguientes a ella.

• TERCERO: Se ordena al Tribunal al cual le corresponda conocer de la causa, proceda a emitir una nueva Sentencia sin incurrir en el vicio aquí señalado.

De conformidad a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada del presente fallo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil del Estado Lara, en Barquisimeto a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de dos mil trece (2.013). Años: 202° y 153°

El Juez Titular,

Abg. J.A.R.Z..

La Secretaria

Abg. Natali Crespo Quintero.

Publicada en esta misma fecha, siendo las 12:21 p.m. queda asentada en el Libro Diario bajo el Nº 03.

La Secretaria

Abg. Natali Crespo Quintero.

JARZ/NCQ/mavg.