Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 26 de Noviembre de 2013

(Folio 07-10) En original INSTRUMENTO PODER debidamente autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio Autónomo Z.d.E.M. en fecha 20 de junio de 2013, e inserto bajo el No. 32, Tomo 110 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; a través del cual se acredita a los abogados E.V.V. y E.R.R.M., como apoderados judiciales del ciudadano J.M.G.B., parte demandante en el presente juicio seguido por partición de bienes de la comunidad conyugal. Ahora bien, siendo que el instrumento público aquí analizado no fue tachado en el decurso del proceso, quien aquí decide le confiere pleno valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil.- Así se establece.

(Folio 11-12) En copia certificada ACTA DE MATRIMONIO signada con el No. 134, debidamente suscrita por la Dirección de Registro Civil de la Parroquia L.M., en fecha 25 de agosto de 1976; a través de la cual los ciudadanos J.M.G.B. y S.M.V., contrajeron matrimonio civil. Ahora bien, siendo que se trata de un acto de estado civil el mismo tiene carácter de auténtico respecto a los hechos presenciados por la autoridad que lo suscribió, ello conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Registro Civil; y por ende se tiene como demostrativo del vínculo conyugal que contrajeron las partes intervinientes en el presente proceso en el año 1976.- Así se establece.

(Folio 13-15) En copia certificada SENTENCIA proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de junio de 2008, a través de la cual se disolvió el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos J.M.G.B. y S.M.V. desde el 25 de agosto de 1976, ello con motivo de la solicitud de divorcio formulada por los prenombrados el 26 de junio de 2007, ello conforme a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil. Ahora bien, en vista que el documento público en cuestión merece plena fe de su contenido por cuanto fue otorgado por un funcionario autorizado, aunado a que no fue tachado en el decurso del proceso, quien aquí decide le otorga pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil y lo tiene como demostrativo que ciertamente en fecha 25 de junio de 2008, fue disuelto el vínculo conyugal que unía a los ciudadanos J.M.G.B. y S.M.V..- Así se establece.

(Folio 16-19) En copia certificada DOCUMENTO DE COMPRA VENTA debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Z.d.E.M. en fecha 25 de abril de 1989, e inserto bajo el Nº 13, Tomo 04, Protocolo Primero; a través del cual el ciudadano LOURENCO J.D.O. dio en venta pura y simple a la ciudadana S.M.V., un inmueble constituido por un lote de terreno situado en la calle Concepción, de la ciudad de Guatire Distrito Zamora, Estado Miranda, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00). Ahora bien, en vista que el documento público en cuestión merece plena fe de su contenido por cuanto fue otorgado por un funcionario autorizado, aunado a que no fue tachado en el decurso del proceso, quien aquí decide le otorga pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil y lo tiene como demostrativo de que la demandada adquirió en el año 1989, la propiedad del referido bien.- Así se establece.

(Folio 20-26) En original INSPECCIÓN OCULAR practicada por la Notaría Pública del Municipio Autónomo Z.d.E.M. en fecha 21 de febrero de 2013, previa solicitud del ciudadano J.G. y realizada sobre un terreno ubicado en la calle Concepción de la ciudad de Guatire Distrito Zamora, Estado Miranda; a través de la cual se dejó constancia de los siguientes particulares: “(…) la construcción del mencionado inmueble tiene aproximadamente 20 años y donde convivieron los ciudadanos: J.G. y S.M.V. su unión matrimonial. (…) que es cierto que la ciudadana: S.M.V., titular de la cédula de identidad Nº V.-4.357.907, habita el inmueble desde hace aproximadamente 30 años (…) se deja constancia y se da fe pública que es cierto que la señora S.M.V., cambió las cerraduras del referido inmueble sin el consentimiento del ciudadano J.G. (…)”. Precisado lo anterior, quien aquí decide verifica que la inspección ocular en cuestión fue practicada por la Notaría Pública del Municipio Autónomo Zamora, lo cual impidió el control de la contraparte con respecto a su evacuación; sin embargo, este Tribunal considera necesario apreciarla como indicio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil, ello en virtud que a diferencia de las fuentes de prueba, las fuentes de presunciones o indicios no se prestan a análisis ni clasificaciones debido a que de la naturaleza propia de éstas puede el Juez deducir mediante la regla de experiencia el hecho a probar; de esta manera, se infiere del contenido de la probanza en cuestión, que ciertamente sobre el lote de terreno situado en la calle Concepción de la ciudad de Guatire, Distrito Zamora, Estado Miranda, al cual se hizo referencia en el particular anterior, se construyó una vivienda hace aproximadamente veinte años.- Así se precisa.

(Folio 27) En original CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO No. 27041273 expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 25 de febrero de 2008, al ciudadano J.M.G.B., con respecto a: Un vehículo: clase camioneta, tipo Pick Up, año 1972, Modelo: F-100, color Rojo, Marca: Ford, Placa: 770-MBJ, Serial de Carrocería: AJFI0M36406, Serial del Motor V-8, Uso: Carga. Ahora bien, en vista que el documento público administrativo bajo análisis no fue tachado en el decurso del proceso, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio como demostrativo que el demandante adquirió en febrero del año 2008, la propiedad sobre el referido vehículo.- Así se establece.

PARTE DEMANDADA:

Conjuntamente con el escrito de contestación, la parte demandada consignó las siguientes documentales:

(Folio 44-52) En copia fotostática DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE LA COMPAÑÍA “EMPRESA EXCAVACIONES GLEISYMAR C.A.” debidamente registrado por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 08 de mayo de 1996, contentivo de los estatutos e inventario de dicha compañía; ahora bien, siendo que el documento público bajo análisis no fue impugnado en el decurso del proceso, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio como demostrativo que las partes intervinientes en el presente proceso, a saber, los ciudadanos J.M.G.B. y S.M.V.D.G., constituyeron en el año 1996, una compañía anónima para la realización de actividades del campo, construcción, vialidad, movimientos de tierra, mantenimiento de vías agrícolas, pavimentación, impermeabilización, casas y cualquier otra actividad de lícito comercio referente al campo de la construcción, cuyo capital es de ochocientas diez (810) acciones.- Así se establece.

(Folio 53) En copia fotostática CERTIFICACIÓN DE DATOS No. INTTT-GRT-29361 expedida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, al ciudadano J.M.G.B., con respecto a: Un vehículo clase: camioneta, modelo: c-10, marca: chevrolet, tipo: pic-up, color: verde, placa: 028MAI, año: 1971, serial motor: MO412PTA, serial carrocería: c1734c112740, capacidad: 3 puestos, uso: carga, peso: 1200; y de cuyo contenido se desprende que la última operación sobre el vehículo fue realizada el 26 de junio del 2006. Ahora bien, en vista que el documento público administrativo bajo análisis no fue impugnado en el decurso del proceso, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio como demostrativo que la propiedad del referido vehículo fue adquirida durante la vigencia de la comunidad conyugal que existió entre las partes intervinientes en el presente proceso.- Así se establece.

(Folio 54) En copia fotostática CERTIFICACIÓN DE DATOS No. INTTT-GRT-28539 expedida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, al ciudadano J.M.G.B., con respecto a: Un vehículo clase: camión, modelo: N-3, marca: fiat, tipo: volteo, color: rojo, placa: 952ACA, año: 1976, serial motor: 015760, serial carrocería: 003105, capacidad: 8000 kilos, uso: carga, peso: 5000; y de cuyo contenido se desprende que la última operación sobre el vehículo fue realizada el 27 de noviembre de 2007. Ahora bien, en vista que el documento público administrativo bajo análisis no fue impugnado en el decurso del proceso, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio como demostrativo que la propiedad del referido vehículo fue adquirida durante la vigencia de la comunidad conyugal que existió entre las partes intervinientes en el presente proceso.- Así se establece.

(Folio 55-56) En copia fotostática DOCUMENTO DE COMPRA VENTA debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Octava del Municipio Chacao del Estado Miranda en fecha 24 de abril de 1995, e inserto bajo el Nº 59, Tomo 49 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; a través del cual el ciudadano J.A.C. dio en venta pura y simple al ciudadano J.G., un tractor con las siguientes características: MARCA: JOHN DEERE, MODELO: JD-410, SERIAL Nº 272455. Ahora bien, en vista que el documento público bajo análisis no fue impugnado en el decurso del proceso, quien aquí suscribe le confiere pleno valor probatorio como demostrativo que el demandante adquirió en abril de 1995, la propiedad sobre el referido bien mueble.- Así se establece.

CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

En el presente proceso el ciudadano J.M.G.B. procedió a demandar a la ciudadana S.M.V. por PARTICIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, todos plenamente identificados en autos; sosteniendo para ello que estuvo unido en matrimonio con la demandada desde el día 25 de agosto de 1976, y aún cuando dicha unión conyugal fue disuelta mediante sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de junio de 2008, los bienes adquiridos durante la vigencia de la misma no han sido objeto de partición; a saber, un lote de terreno y la casa sobre el construida, situada en la calle Concepción, Municipio Z.E.M., cuyo valor aproximado es de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (950.000,00), y un vehículo clase camioneta, tipo Pick Up, año 1972, Modelo: F-100, color Rojo, Marca: Ford, Placa: 770-MBJ, Serial de Carrocería: AJFI0M36406, Serial del Motor V-8, Uso: Carga, el cual tiene un valor aproximado es de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00).

Por su parte, la accionada sin hacer oposición a dicha partición, manifestó que también deben incluirse dentro de la comunidad de gananciales los siguientes bienes: 1.- Las acciones en la firma mercantil EXCAVACIONES GLEISYMAR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 51, Tomo 99-A-Pro, de fecha 08 de mayo de 1996, cuyo valor aproximado de cada acción representa un valor de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES (Bs. 7.591,00); 2.- Un vehículo CLASE: CAMIONETA, MODELO: C-10, MARCA: CHEVROLET, TIPO: PIC-UP, COLOR: VERDE, PLACA: 028MAI, AÑO: 1971, SERIAL MOTOR: MO412PTA, SERIAL CARROCERÍA: C1734C112740, CAPACIDAD: 3 PUESTOS, USO: CARGA, PESO: 1200, con un valor aproximado de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00); 3.- Un vehículo CLASE: CAMIÓN, MODELO: N-3, MARCA: FIAT, TIPO: VOLTEO, COLOR: ROJO, PLACA: 952ACA, AÑO: 1976, SERIAL MOTOR: 015760, SERIAL CARROCERÍA: 003105, CAPACIDAD: 8000 KILOS, USO: CARGA, PESO: 5000, con un valor aproximado de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00); y 4.- Un tractor MARCA: JOHN DEERE, MODELO: JD-410, SERIAL Nº: 272455, con un valor aproximado de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,00).

Así las cosas, habiéndose analizado el acervo probatorio traído a los autos por las partes intervinientes en el presente proceso, y vistos los términos en los cuales quedó fijada la controversia, seguidamente, a los fines de resolver acerca del asunto planteado, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la partición de bienes de la comunidad conyugal interpuesta en base a las siguientes consideraciones:

Primeramente, quien aquí suscribe considera pertinente establecer que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de M.O., la partición es definida de la siguiente manera:

Partición.- “El concepto genérico conocido es el de división o reparto en dos o más partes o entre dos o más partícipes. II Más en especial en el mundo jurídico, la distribución o repartimiento de un patrimonio -singularmente la herencia o una masa social de bienes- entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin."

De allí, tenemos que la partición de bienes comunes comprende un proceso de separación de bienes que tiene por finalidad otorgar a cada una de las personas, que tiene derechos sobre una serie de bienes indivisos, la parte material o porción que realmente le corresponde. En nuestra legislación el procedimiento de partición por su naturaleza, consiste en un juicio que se rige bajo la normativa jurídica contenida en el Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil; al tal efecto, tenemos que el artículo 777 eiusdem textualmente dispone lo siguiente:

Artículo 777.- “La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. Si de los recaudos presentados, el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación."

Del artículo antes transcrito se colige que la demanda de partición o división de bienes comunes, debe promoverse por la vía del juicio ordinario; no obstante a ello, del artículo que le prosigue se desprende que:

Artículo 778.- “En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes (…)."

Sobre el tema in comento, nuestro más alto Tribunal fijó el siguiente criterio:

(…) El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; (...) En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso

. (…) Para el Dr. F.L.H., en su obra ‘Derecho de Sucesiones’: (…omissis…) En este orden de ideas, es oportuno destacar que al no existir oposición, tal supuesto puede equipararse a un convenir de los demandados, de manera que en este estado de cosas, la labor del juez, en esta fase del proceso denominada “contradictoria”, debe limitarse a emplazarlas para que designen al partidor, quien en definitiva, posee la potestad de realizar la división sobre los bienes de la partición y liquidación que no fueron objeto de oposición, fijando para ello las cuotas que corresponderán a cada heredero, dentro de la segunda etapa del procedimiento llamada “ejecutiva”. Debe enfatizarse, el hecho de que no es al juez a quien corresponde pronunciarse sobre las proporciones en las que deban liquidarse los bienes integrantes del acervo hereditario, su función es la de decidir sobre la procedencia o no de la partición, pues, se repite, esa labor corresponde al partidor que al efecto y por mandato del sentenciador, deberán nombrar las partes (…)” (Vd. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 2000. Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ) (Negrita y subrayado de este Tribunal)

Como corolario de lo anterior, este Tribunal se permite traer a colación el criterio expuesto por la misma Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 00442, dictada en fecha 29 de junio de 2006, con ponencia de la magistrada: ISBELIA P.D.V., expediente N° 06098, quien con relación a las etapas que pueden devenir en el juicio de partición judicial, expresó lo siguiente:

(…) Así, en el procedimiento de partición, disciplinado en los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se distinguen dos etapas. La primera, contradictoria, en la que se disipa el derecho de partición y la contradicción relativa al dominio común o cuota de los bienes a partir, cuyo trámite se sigue por el procedimiento ordinario, siempre y cuando en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a dicha partición; la segunda etapa del proceso comienza con la sentencia que ponga fin a la primera fase del proceso de partición y es la partición propiamente dicha, en ella se designa un partidor quien realiza la distribución de los bienes. Ahora bien, cabe acotar, que el proceso de partición judicial puede ser de forma contenciosa o graciosa, ello se deriva del contenido de la norma rectora de dicho proceso, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, cuando se prevé a las partes la oportunidad para discutir los términos de la partición haciendo oposición, sin la cual o si se presenta extemporánea, no hay controversia ni discusión y el juez debe considerar procedente la partición. Así, si no se hace uso de ese medio de defensa o se ejerce extemporáneamente, no hay controversia y el juez debe considerar ha lugar la partición (…)

. (Negrilla y subrayado de este Tribunal)

Partiendo de las normas antes transcritas, en concordancia con los criterios jurisprudenciales referidos en los párrafos precedentes, podemos afirmar que si en el acto de contestación la parte demandada se opone a la partición, es decir, que si los interesados proceden a discutir o impugnar los términos de la partición, el procedimiento debe sustanciarse por los trámites del juicio ordinario, para que una vez resuelto el juicio que embarace la partición, se emplace a las partes para el respectivo nombramiento del partidor; por otra parte, si al contestar la demanda de partición no existe oposición o discusión sobre el carácter o la cuota que pretenden los interesados, y además la acción se sustenta en un instrumento fidedigno que demuestre que realmente hay una comunidad de bienes indivisos ésta –tal como ocurre en el caso de marras-, el Juez procederá a emplazar a las partes para el acto de nombramiento del partidor.

En efecto, siendo que en el caso de marras la demandada no hizo oposición a la partición de los bienes señalados en el libelo, y en virtud que la serie de bienes que la prenombrada solicitó incluir en la partición, tampoco fue objetada de alguna manera por el actor, en consecuencia puede quien aquí decide afirmar que en el presente proceso no existe la necesidad de tramitar un procedimiento ordinario que permita la creación de un juicio cognoscitivo, el cual conduzca a determinar la procedencia o improcedencia de la acción propuesta; ello en razón de que las partes están de acuerdo en realizar la división de todos los bienes que fueron adquiridos durante la vigencia de la comunidad conyugal.- Así se precisa.

En este sentido, siendo que a través del presente procedimiento se persigue la partición de bienes que integran una comunidad conyugal, quien aquí decide se permite traer a colación el contenido del artículo 148 del Código Civil, siendo que la referida norma textualmente dispone lo siguiente:

Artículo 148.- “Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.”

De la norma in comento, puede establecerse que la comunidad conyugal en lo referente a las relaciones patrimoniales surge con motivo del matrimonio, siendo una asociación por medio de la cual, salvo convención en contrario, cada uno de los contrayentes, marido y mujer, son beneficiarios de las ganancias y beneficios que obtengan mientras subsista el vínculo y cuya partición está sometida a una reglamentación especial.

Por su parte, establecen los artículos 149 y 173 del mismo Código Civil, lo siguiente:

Artículo 149.- “Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula.”

Artículo 173.- “La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales. Si hubiere mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos, a los contrayentes. También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges, y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código. (omissis).” (Negrita y subrayado del Tribunal)

De lo anterior podemos evidenciar claramente que la comunidad conyugal de gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio y cualquier estipulación al contrario es absolutamente nula; de esta misma manera, podemos afirmar que una vez disuelto el vínculo matrimonial, se termina la comunidad conyugal, pero a esta sustituye, ipso facto, una comunidad ordinaria sobre todos los bienes que pertenecieron a la comunidad. Así, los ex cónyuges quedan como copropietarios de esos bienes comunes en la misma proporción que les correspondía anteriormente, y consecuentemente de las utilidades, rentas e intereses que éstos produzcan mientras no se realice la liquidación y división de la comunidad ordinaria.

Fijado lo anterior, y en vista que todos los bienes cuya partición se persigue a través del presente proceso fueron adquiridos durante la vigencia de la comunidad conyugal, ello en virtud que las partes intervinientes contrajeron matrimonio ante el Registro Civil de la Parroquia L.M. en fecha 25 de agosto de 1976, y no fue sino hasta el 25 de junio de 2008, cuando quedó disuelto dicho matrimonio mediante sentencia proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consecuentemente este Tribunal debe declarar PROCEDENTE la presente partición.- Así se establece.

Siendo la comunidad un derecho singular que sobre un objeto determinado tienen atribuido varias personas, en el cual a nadie puede obligársele a permanecer de conformidad con lo previsto en el artículo 768 del Código Civil, y en virtud que en el caso que nos ocupa estamos ante una comunidad pro indivisa entre los ciudadanos J.M.G.B. y S.M.V., debido a que el vínculo conyugal que los unía fue disuelto mediante decisión proferida en fecha 25 de junio de 2008, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin que se hubiese realizado hasta los momentos la respectiva partición de los bienes que formaban parte de dicha comunidad de gananciales, consecuentemente, con vista a los conceptos citados a lo largo de esta sentencia, las normas legales que rigen la materia y partiendo de la revisión minuciosa de las actas que conforman el presente proceso, quien aquí decide considera que la PARTICIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL que dio origen al presente proceso debe ser declarada CON LUGAR, tal como se dejará sentado en el dispositivo del presente fallo.- Así se establece.

Por tanto, los bienes que deberán tomarse en cuenta para la partición, siendo que efectivamente quedó comprobado que el mismo integró la comunidad conyugal que existió entre la parte actora, ciudadano J.M.G.B. y la demandada, ciudadana S.M.V., son los siguientes: 1) Un lote de terreno, y la casa sobre el construida en bloques, frisada y pintada, con la distribución y comodidad de una vivienda familiar, incluyendo un garaje, situada en la calle Concepción, Municipio Z.E.M., cuyas mediciones son: Siete metros con Cincuenta Centímetros (7,50 mts) de frente, por veintisiete metros (27 mts) de fondo y tiene los siguientes linderos: NORTE: Con casa que es o fue de M.A.; SUR: Con casa de V.P.; ESTE: Que es su frente, calle Concepción; OESTE: Con terreno propiedad municipal; 2) Un vehículo: clase camioneta, tipo Pick Up, año 1972, Modelo: F-100, color Rojo, Marca: Ford, Placa: 770-MBJ, Serial de Carrocería: AJFI0M36406, Serial del Motor V-8, Uso: Carga; 3) Las acciones en la firma mercantil EXCAVACIONES GLEISYMAR C.A. debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 08 de mayo de 1996, la cual alcanza un total de ochocientas diez (810) acciones; 4) Un vehículo CLASE: CAMIONETA, MODELO: C-10, MARCA: CHEVROLET, TIPO: PIC-UP, COLOR: VERDE, PLACA: 028MAI, AÑO: 1971, SERIAL MOTOR: MO412PTA, SERIAL CARROCERÍA: C1734C112740, CAPACIDAD: 3 PUESTOS, USO: CARGA, PESO: 1200; 5) Un vehículo CLASE: CAMIÓN, MODELO: N-3, MARCA: FIAT, TIPO: VOLTEO, COLOR: ROJO, PLACA: 952ACA, AÑO: 1976, SERIAL MOTOR: 015760, SERIAL CARROCERÍA: 003105, CAPACIDAD: 8000 KILOS, USO: CARGA, PESO: 5000; y 6) Un tractor MARCA: JOHN DEERE, MODELO: JD-410, SERIAL Nº: 272455. En virtud de lo antes resuelto, se emplazará a las partes para el nombramiento de partidor, el cual tendrá lugar a las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del décimo día de despacho siguiente a que quede definitivamente firme la presente sentencia, ello de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.

CAPITULO V

DISPOSITIVA.

Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR la demanda de PARTICIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL incoada por el ciudadano J.M.G.B. contra la ciudadana S.M.V., todos ampliamente identificados en autos.

Como consecuencia de la anterior declaratoria se ORDENA la partición de los bienes que conformaron la comunidad conyugal existente entre los ciudadanos J.M.G.B. y S.M.V., a saber: 1) Un lote de terreno, y la casa sobre el construida en bloques, frisada y pintada, con la distribución y comodidad de una vivienda familiar, incluyendo un garaje, situada en la calle Concepción, Municipio Z.E.M., cuyas mediciones son: Siete metros con Cincuenta Centímetros (7,50 mts) de frente, por veintisiete metros (27 mts) de fondo y tiene los siguientes linderos: NORTE: Con casa que es o fue de M.A.; SUR: Con casa de V.P.; ESTE: Que es su frente, calle Concepción; OESTE: Con terreno propiedad municipal; 2) Un vehículo: clase camioneta, tipo Pick Up, año 1972, Modelo: F-100, color Rojo, Marca: Ford, Placa: 770-MBJ, Serial de Carrocería: AJFI0M36406, Serial del Motor V-8, Uso: Carga; 3) Las acciones en la firma mercantil EXCAVACIONES GLEISYMAR C.A. debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 08 de mayo de 1996, la cual alcanza un total de ochocientas diez (810) acciones; 4) Un vehículo CLASE: CAMIONETA, MODELO: C-10, MARCA: CHEVROLET, TIPO: PIC-UP, COLOR: VERDE, PLACA: 028MAI, AÑO: 1971, SERIAL MOTOR: MO412PTA, SERIAL CARROCERÍA: C1734C112740, CAPACIDAD: 3 PUESTOS, USO: CARGA, PESO: 1200; 5) Un vehículo CLASE: CAMIÓN, MODELO: N-3, MARCA: FIAT, TIPO: VOLTEO, COLOR: ROJO, PLACA: 952ACA, AÑO: 1976, SERIAL MOTOR: 015760, SERIAL CARROCERÍA: 003105, CAPACIDAD: 8000 KILOS, USO: CARGA, PESO: 5000; y 6) Un tractor MARCA: JOHN DEERE, MODELO: JD-410, SERIAL Nº: 272455. Lo cual se hará conforme a lo dispuesto en esta sentencia, en base a los bienes que en ella se especifican y con arreglo a las disposiciones del vigente Código Civil y Código de Procedimiento Civil.

Se EMPLAZA a las partes para el nombramiento del partidor, el cual tendrá lugar a las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del décimo día de despacho siguiente a que quede definitivamente firme la presente sentencia; nombramiento que deberá realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en Los Teques, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-

LA JUEZ,

Z.B.D..

LA SECRETARIA,

JAIMELIS CÓRDOVA MUJICA.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia previo anuncio de Ley, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.)

LA SECRETARIA,

Exp. No. 20.301