Decisión nº 205-14 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 29 de Septiembre de 2014

Exp. 48.048/J.R

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

PARTE DEMANDANTE: B.E.T.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.645.300, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: D.C.C. y Z.P.V., venezolanos, mayores de edad, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 168.780 y 21.491, respectivamente y domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

PARTE DEMANDADA: M.L.C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-935.023, domiciliado en el Estado Miranda.

DEFENSOR AD LITEM DE LA PARTE DEMANDADA: REIDELMIX BARRIOS MATHEUS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula identidad No. V-9.114.672, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 43.468, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

FECHA DE ADMISIÓN: 02 de Febrero de 2012.

MOTIVO: DIVORCIO.

I

RELACIÓN DE LAS ACTAS

Proveniente del Órgano Distribuidor, es admitida la presente demanda de DIVORCIO, intentada por la ciudadana B.E.T.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.645.300, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, debidamente asistida por el profesional del derecho D.C.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-20.441.230, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 168.780, de igual domicilio, contra el ciudadano M.L.C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-935.023, domiciliado en el Estado Miranda, fundamentando su acción en la causal Segunda, del artículo 185 del Código Civil Venezolano que trata sobre el abandono voluntario.

En fecha 02 de Febrero de 2012, este Tribunal admitió la presente demanda, ordenando la notificación de la Fiscal Trigésimo (30) del Ministerio Público y la citación de la parte demandada.

En fecha 13 de Febrero de 2012, la parte actora otorgó poder Apud –Acta, a los profesionales del derecho DANEIL CONTRERAS COLMA y Z.P.V., inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 168.780 y 21.491, respectivamente.

En fecha 12 de marzo de 2012, el Alguacil del Tribunal, agregó a las actas la boleta de notificación de la Fiscal designada en la presente causa.

Por diligencia de fecha 13 de marzo de 2012, el representante judicial de la parte actora, solicitó los recaudos de citación de la parte demanda de conformidad con lo preceptuado en el artículo 345 del Civil, siendo proveído lo solicitado por auto de fecha 14 de Marzo del mismo año.

Por diligencia de fecha 03 de Julio de 2012, la apoderada judicial de la parte actora, consigno a las actas los recaudos de citación de la parte demandada, exponiendo el Alguacil del Tribunal comisionado del Estado Miranda, no haber localizado al mismo.

Por auto de fecha 09 de Julio de 2012, la parte actora solicitó la citación de la parte demandada por medio de carteles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, siendo proveído lo solicitado por auto de fecha 09 de Julio de 2012.

Por auto de fecha 01 de Agosto de 2012, se agregó a las actas los carteles de citación publicados en los diarios El Universal y Nacional.

Por diligencia de fecha 02 de Agosto de 2012, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó comisionar al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de que la secretaría de ese juzgado diera cumplimiento a las formalidades contenidas en el artículo 223 del Código Civil, siendo agregadas la referida comisión en fecha 01 de marzo de 2013.

Por diligencia de fecha 30 de Abril de 2013, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó la designación del defensor ad-litem a la parte demandada.

Por auto de fecha 02 de mayo de 2013, este Tribunal, designó como defensor ad-litem, al abogado en ejercicio REIDELMIX BARRIOS, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 43.468.

En fecha 09 de mayo 2013, se agregó a las actas la boleta de notificación del defensor ad-litem.

Por diligencia de fecha 10 de mayo de 2013, el defensor ad-litem, aceptó el cargo recaído en su persona y prestó el juramento de ley.

En fecha 17 de Junio de 2013, se agregó a las actas el recibo de citación del defensor ad-litem.

En fecha 05 de Agosto de 2013, se llevó a cabo el PRIMER ACTO CONCILIATORIO, con la presencia de la demandante ciudadana B.E.T.D.C., asistida por el profesional del derecho D.C.C., dejando constancia de la comparecencia del defensor ad-litem de la parte demandada y no asistencia de la Fiscal del Ministerio Público designada.

En fecha 11 de junio de 2013, se realizó el SEGUNDO ACTO CONCILIATORIO compareciendo la demandante ciudadana B.E.T.D.C., asistida por el profesional del derecho D.C.C., manifestando su insistencia en la continuación del presente litigio, dejando constancia de la comparecencia del defensor ad-litem y la no asistencia de la Fiscal del Ministerio Público, fijando el quinto (5°) día de despacho para llevar a efecto la contestación de la demanda.

En fecha 04 de noviembre de 2013, la parte actora estuvo presente en el acto de contestación a la demanda e insistió en la continuación del proceso; e igualmente se verifica de las actas la comparecencia del defensor ad-litem de la parte demandada, quien negó cada uno de los términos expuestos en el libelo de demanda.

Ahora bien, abierto el proceso a pruebas, la parte actora y el defensor ad-litem promovieron sus escritos de pruebas los cuales fueron agregadas a las actas en fecha 20 de diciembre de 2013, y admitidas cuanto ha lugar en derecho, en fecha 13 de enero de 2014.

En tal sentido a los fines de evacuar los testigos promovidos por la parte actora ciudadanos: M.J.A.D.N., N.L.M.C., e Y.M.U.D.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No. V-1.654.679, V-2.884.493, y V-3.115.177, respectivamente, domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, se comisionó a cualquier Juzgado de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo remitido el referido despacho de pruebas por este Tribunal, en fecha 13 de Enero del presente año, bajo el oficio No. 0023-2014.

En fecha 31 de Marzo de 2014, se agregó a las actas el despacho de pruebas, proveniente del Juzgado Décimo de los Municipio Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Una vez narrados los hechos en la presente causa, pasa este Tribunal a realizar las siguientes consideraciones y observa:

II

COMPETENCIA

Dispone el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los jueces conocerán de las causas de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil establece que los jueces administrarán justicia en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer determinado asunto.

Por su parte, el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil estatuye que el Juez competente para conocer de los juicios de divorcio, es aquel que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. A este respecto, observa este Tribunal que la parte actora manifiesta en su libelo, que una vez celebrado el acto matrimonial, fijaron su domicilio conyugal en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, localidad en la cual este Tribunal tiene competencia territorial.

Además dispone el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

"Son deberes y atribuciones de los jueces de primera instancia, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones: …omissis...”.

2. EN MATERIA CIVIL:

   1. Conocer en la primera instancia de todas las causas civiles que les atribuya el

   Código de Procedimiento Civil”.

   Por lo que conforme el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal se declara competente para el conocimiento de la presente causa. ASÍ SE DETERMINA.-

   III

   ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

   Manifiesta la parte actora ciudadana B.E.T.F., que en fecha 23 de Julio de 1971, contrajo matrimonio civil por ante el extinto Juzgado Quinto de la Parroquia de Caracas, hoy Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el ciudadano M.L.C.A., según se evidencia del acta de matrimonio signada con el No. 211 y que luego de contraído el prenombrado matrimonio fijaron su último domicilio en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, donde todo transcurría normal cumpliendo cada unos con los deberes que impone el matrimonio; sin embargo con el transcurrir del tiempo comenzaron a surgir entre ellos diferencias profundas hasta el punto que su cónyuge sin motivo alguno abandono el hogar conyugal que ambos habían fomentado como pareja desde hace más de veinte años, sin que hasta la presente fecha regresara al mismo, razón por la cual, la ciudadana B.E.T.F., de conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 185 del Código Civil, que trata sobre el Abandono Voluntario, demanda por DIVORCIO al ciudadano M.L.B.A., ambos ya identificados, en consecuencia solicita se declare disuelto el vínculo conyugal que los une.

   IV

   ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

   El ciudadano M.L.C.A., no compareció a la celebración de los actos conciliatorios de manera personal, por lo cual se le designó al abogado en ejercicio REIDELMIX BARRIOS MATHEUS, venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 43.468, como defensor ad-litem, quien en la oportunidad legal contradijo la demanda en todas sus partes.

   V

   ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

   DOCUMENTALES:

   • Copia certificada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos M.L.C.A. y B.E.T.F., signada con el No. 211, llevada por el antiguo Juzgado Quinto de la Parroquia de Caracas, hoy Juzgado Décimo Cuarto de los Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expedida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

   Por cuanto esta Juzgadora observa que el documento ante descrito constituye documento público, y por cuanto no fue impugnado por la parte contraria de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, le otorga pleno valor probatorio a lo expresado en el mismo. ASÍ SE VALORA.

   TESTIFICALES:

   La parte actora, promovió a los ciudadanos M.J.A.D.N., N.L.M.C. e Y.M.U.D.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-1.654.679, V-2.884.493 y V-3.115.177, respectivamente, domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, como testigos en la presente causa, siendo evacuados por ante el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

   Bajo esta perspectiva, esta operadora de justicia de las declaraciones de los ciudadanos antes mencionados infiere los siguientes hechos: 1) Que conocen a los ciudadanos M.L.C.A. y B.E.T.D.C.; 2) Que les consta el abandono conyugal producido por el ciudadano M.L.C.A., desde hace más de veinte años 3) Que si saben y le consta que hasta la presente fecha el ciudadano M.L.C.A., haya regresado al hogar conyugal.(Subrayado del Tribunal).

   Ahora bien, de las testimoniales rendidas por los ciudadanos anteriormente identificados, considera esta Juzgadora que las mismas no entraron en contradicciones, aunado a que las testigos manifiestan conocer los hechos y sobre todo el abandono del hogar producido, por el ciudadano M.L.C.A..

   En tal sentido, es importante para esta sentenciadora, traer a colación el criterio Jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 17 de noviembre de 1988 (caso: A.C.K. c/ B.A.G.d.C.) en la que se expresó lo siguiente: “…La doctrina de casación considera, en primer lugar que los únicos limites a la facultad de apreciación de la prueba de testigos, dentro del contexto del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, son aquellos que resultan de las disposiciones legales expresas, tales como las que precisan el monto de las obligaciones que pueden ser probadas por testigos, o exigen formalidades específicas o limitan la admisión de la prueba.

   En virtud de lo anteriormente expuesto, es por lo que esta sentenciadora considera que lo procedente en derecho es estimar en todo su valor probatorio las testimoniales que anteceden, a tenor de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ DE SECIDE.

   VI

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Precluidos los lapsos en el presente proceso, pasa este Órgano Jurisdiccional a dictar sentencia en base a las siguientes consideraciones:

   Según M.O. (1986) el vocablo matrimonio tiene su etimología en las voces latinas matriz y munium, que significan “Oficios de la madre” aunque con más propiedad se debería decir “carga de la madre”, porque es ella quien lleva de producirse el peso mayor antes del parto, en el parto y después del parto; así como el “oficio del padre” (patrimonio) es o era el sostenimiento económico de la familia. El diccionario de la Academia define el matrimonio: unión de hombre y mujer concretada de por vida mediante determinados ritos y formalidades legales. La doctrina establece que el vínculo matrimonial puede disolverse:

1. Por muerte de uno de los cónyuges y B) Por divorcio. (Emilio calvo Baca; 1997; Tomo I; 203). Divorcio. Procede del latín “divortium”, del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado. Puede definirse el divorcio, como una forma de la disolución del vínculo matrimonial, por decisión judicial y por las causales determinadas por la ley. (Emilio Calvo Baca; 1990; 500).

   El artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos es el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”.

   Por otra parte el artículo 185 del Código Civil establece que: “Son causales únicas de divorcio: 2° El abandono voluntario…” (Cursivas, negritas y subrayado propio). Respecto a esta causal el autor A.E.G.F. (2003) establece que el abandono voluntario “…constituye el incumplimiento grave, intencional e injustificado, por parte de uno de los cónyuges de los deberes de cohabitación, asistencia, socorro o protección que impone el matrimonio”.

   Asimismo, señala el autor mencionado, que para que haya abandono voluntario, la falta cometida por alguno de los cónyuges debe cumplir tres condiciones: ser grave, intencional e injustificada.

   Citando al Doctor L.A.R., en su Obra denominada Comentarios al Código Civil venezolano, colección No. 3, páginas 80, 81,82 y 83, respectivamente lo siguiente:

   …“CARACTERÍSTICA DEL ABANDONO VOLUNTARIO

   Para que realmente el abandono voluntario pueda se apreciado como tal, y por ende constituir una causal de divorcio, se requiere que sea:

   1. Importante

   2. Injustificado

   3. intencional

      Debemos tomar en cuenta que la decisión sobre si los hechos probados por las partes llegan a configurar o no esta causal será un asunto facultativo del Juez. Será él quien decidirá si están realmente dados los supuestos del abandono voluntario. Por tanto deberá haber razones de importancia para ser argumentadas. Por ello decimos que, el abandono voluntario debe ser:

   1. Importante: cuando la actitud asumida por uno de los cónyuges es producto de una decisión tomada. No de algún disgusto pasajero que una conversación pueda arreglar. Se trata de algo con trasfondo. Lo que pudiéramos llamar la gota que colmó el vaso. Pudo haber algunas incidencias de mayor o menor importancia en la vida diaria del matrimonio; pero, en un momento determinado uno de los dos se formó una decisión definitiva sobre la razón en sí del matrimonio, o del rol que hasta ese momento jugó. De allí en adelante se suscita el abandono traducido en el incumplimiento de los deberes conyugales. Volvemos a destacar que dentro de esos deberes está el débito conyugal por ser una de las razones del matrimonio, igualmente el socorro, y la asistencia mutua, la ayuda en cualquiera de los campos en los que sea posible brindarla, y recibirla en forma mutua. Muchas veces el exceso de tolerancia constituye un permiso táctico para que el cónyuge prosiga en sus acciones u omisiones de abandono, todo lo cual puede llegar a ser considerado como demostrativo de que la actitud del otro no era realmente importante para quien, en ligar de reclamar el abandono, consintió en el.

   2. Injustificado. El incumplimiento de los deberes conyugales puede tener su raíz en una circunstancia totalmente justificada. Puede ser que por enfermedad, por ejemplo, uno de los cónyuges no pueda cumplir sus deberes sexuales, o por exceso de trabajo deje de compartir circunstancialmente la vida familiar. Pero si no existe la justificación en sí, tendremos que concluir que se ha incurrido en abandono injustificado. Uno de los aspectos más importantes del abandono voluntario es el relativo al socorro mutuo. Muchas personas al contraer el vínculo matrimonial se vuelven anímicamente dependientes del cónyuge, a veces en una forma realmente exagerada; pero si esa fue la tónica que se le dio a la unión matrimonial al principio de ser contraída, ésta no puede ser cambiada intespectivamente sin que se configure un sentimiento de soledad y frustración en el otro cónyuge que se siente abandonado, al punto de que puede conformarse para él/ella la figura del abandono voluntario. Quedará al juez la determinación, de acuerdo a lo argumentado y probado por las partes, de decidir si hubo el abandono, o simplemente se produjo un exceso de susceptibilidad en quien confundió un cambio de ánimo, o actitud conyugal, con el abandono en sí.

   3. Intencional: Puede que el abandono sea realmente importante al extremo que se configure lo que hemos dicho en cuanto a la importancia de los hechos; pero puede que se haya producido sin la intención del cónyuge actor. Puede darse el caso de que su carácter le haga desapegado en muchos momentos importantes de la vida. Sin embargo, personalmente opinamos que quien está en realidad en capacidad para intuir que existe el abandono es el propio abandonado, ya que debió existir desde el principio una base de compenetración entre los dos que les dotara a ambos de cierta capacidad para medir el grado de la unión que estaban formando, o que habían formado. En todo caso también será el juez quien deba decidirlo…” (Cursivas del Tribunal).

      Con relación al abandono voluntario La Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en fecha 18 de diciembre de 2003, Exp. No. C-03-1700, se dejó sentado:

      “La causal de abandono voluntario se caracteriza, por dejar a un lado los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual.

      Según doctrina contenida en sentencia del 14 de noviembre de 1997, dictada por el extinto Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expediente N° 10.908, A. GUDIÑO contra V. BASTIDAS. (Jurisprudencia Ramírez & Garay, Tomo 145, folios 101 y 102), ese concepto: “(…) consiste en el incumplimiento grave, intencional o injustificado de los deberes de cohabitación, asistencia, socorro o protección que impone el matrimonio y está integrada por dos elementos esenciales, uno material, que consiste en la ausencia del hogar conyugal y el otro moral que consiste en la intención de no volver, y por abandono puede entenderse no simplemente el alejamiento del hogar común, sino el abandono de los deberes de vivir juntos y socorrerse materialmente (…) se caracteriza por el abandono voluntario e intencional de los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual en las diferentes circunstancias de la vida (...)". (Cursivas del Tribunal).

      En el caso bajo estudio, la parte actora ciudadana B.E.T.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.645.300 y de este domicilio, alega en el libelo de demanda, que contrajo matrimonio en fecha 23 de Julio de 1971, por el antiguo Juzgado Quinto de Parroquia de Caracas, hoy Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con el ciudadano M.L.C.A., y con el transcurrir de tiempo surgieron entre los dos grandes diferencias desestabilizando el equilibrio como pareja, lo que trajo como consecuencia, que su cónyuge sin motivo alguno abandonó el hogar desde hace más de veinte años, sin que hasta la presente fecha regresara al mismo, desatendiendo así por completo las con las obligaciones que impone el matrimonio, razón por la cual considera esta operadora de justicia, que con las testimoniales rendidas las cuales quedaron contestes, se comprueba el abandono voluntario producido por el ciudadano M.L.C.A., alegado por la parte actora.

      En consecuencia, y de acuerdo a lo antes expuesto, esta juzgadora estima que lo procedente en derecho es declarar con lugar la demanda de DIVORCIO intentada por la ciudadana B.E.T.F. contra el ciudadano M.L.C.A., y así quedará establecido en el dispositivo del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.

      VII

      DISPOSITIVO

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR LA DEMANDA DE DIVORCIO propuesta por la ciudadana B.E.T.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.645.300, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, contra el ciudadano M.L.C.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-935.023, de igual domicilio, la cual fue basada en la causal SEGUNDA del artículo 185 del Código Civil. En consecuencia, QUEDA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que ellos habían contraído el día 23 de Julio de 1971, por el antiguo Juzgado Quinto de Parroquia de Caracas hoy Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área de Caracas, según el acta de matrimonio signada con el No. 211, que corre inserta en las actas en los folios 2 y 3 del presente expediente. ASÍ SE DECLARA.

      No hay pronunciamiento sobre hijos, por cuanto no fueron procreados durante la relación conyugal.

      Se deja expresa constancia, que los profesionales del derecho D.C.C. y Z.P.V., venezolanos, mayores de edad, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 168.780 y 21.491, respectivamente, domiciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, obraron como apoderados judiciales de la parte demandante.

      Se deja expresa constancia, que el abogado en ejercicio ciudadano REIDELMIX BARRIOS, venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 43.468, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, obró como defensor Ad-Litem de la parte demandada.

      Se condena en costas a la parte demandada por haber sido vencida totalmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

      Déjese por Secretaría copia certificada del presente proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

      REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFIQUESE.

      Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

      LA JUEZ:

      DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO

      LA SECRETARIA:

      ABG. LORENA RODRÍGUEZ

      En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley y siendo las nueve (09:00) de la mañana, se dicto y publico el fallo que antecede, bajo el No. 205-14.-

      LA SECRETARIA:

      ABG. LORENA RODRÍGUEZ