Decisión nº 2246 de Juzgado de Primera Instancia Tránsito y Agrario de Merida (Extensión El Vigia), de 26 de Septiembre de 2014

Fecha de Resolución26 de Septiembre de 2014
EmisorJuzgado de Primera Instancia Tránsito y Agrario
PonenteAgnedys Hernandez
ProcedimientoHomologacion - Desistimiento

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA.- El Vigía, veintiséis de septiembre de dos mil catorce.

204° y 155°

Vista la solicitud de homologación de convenimiento y sus anexos, formulada mediante escrito presentado en fecha 18 de septiembre de 2014, por el abogado S.B.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.499.674, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 142.402, en su carácter de Defensor Público Segundo Agrario, extensión El Vigía Estado Mérida, actuando por requerimiento previo de la ciudadana A.M.C.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.282.941, con domicilio en el SECTOR KILÓMETRO 51, VÍA EL TAPAL FUNDO SAN MIGEL, PARROQUIA R.B., MUNICIPIO A.A.D.E.M., el Tribunal admite la misma cuanto ha lugar en derecho.

Expone el apoderado judicial del solicitante en el escrito de Homologación parcialmente lo siguiente:

… Llegado el día 27 de mayo de 2014, fecha de la Inspección Técnica fijada, se traslado este despacho defensoril, al predio objeto del presente asunto, ubicado en el sector Sector kilómetro 51, vía el Tapal Fundo San Miguel, Parroquia R.B., Municipio A.A.d.e.M., con el apoyo de la técnico Ing Agrícola. F.C.,, así mismo se contó con la presencia de los involucrados, ciudadana A.M.C.D., USUARIO DEL DESPACHO Y R.O.P., portador de la cedula de identidad 4.701.698, como parte interesada en el presente asunto por ser hijo de la denunciante. De igual Manero la parte denunciada ciudadano J.O.P., portador de la cedula de identidad Nº 3.962.425, del mismo domicilio y bebidamente asistido en este acto por la abogado N.M.M.Q., portadora de la cedula de identidad Nº 9.028.242 e INPRE 57192, con domicilio procesal en la ciudad de el Vigía, Municipio A.A.d.e.M., y hábil seguidamente se procedió a sostener una reunión entre los involucrados quienes deciden poner fin al conflicto de manera pacifica, llegando al siguiente acuerdo: PRIMERO: El ciudadano J.O.P., propone ceder un área de terreno ubicado adyacente a la parcela ocupada por la usuaria ciudadana A.M.C.D., antes identificada, a fin de que amplié el área de su parcela, por concepto del área correspondiente a la herencia dejada por su difunto padre M.O.C., quien fallece ab intesto el 05/10/1965, para lo cual se trazara una línea divisoria que va desde el árbol de rabo de ratón que sirve de estantillo y de la cerca del potetero, ubicado de Nº 18 con referencia al lindero de la parcela ocupada por la usuario de aquí a buscar un cedro ubicado perpendicularmente al fundo de la parcela de la usuario SEGUNDO: la ciudadana A.M.C.D., usuario del despacho acepta la propuesta hecha por la parte denunciada, ciudadano J.O.P., antes identificado quedando conforme con lo aquí acordado, no quedando mas a que reclamar por ningún otro concepto referente a la herencia dejada por su difunto padre, con relación al predio objeto del presente asunto. TERCERO; El ciudadano J.O.P. antes identificado se compromete en este acto a solicitar la REVOCATORIA, del titulo de adjudicación otorgado por el Director del Instituto Nacional de Tierras a su favor, a fin de que se reste el área acordada en este acto. En consecuencia, esta Defensa Pública Segunda Agraria, solicita muy respetuosamente a este d.T., previo cumplimiento de las formalidades de ley que en el caso amerite, HOMOLOGUE el presente convenimiento, de conformidad con el Capitulo II del Código de Procedimiento Civil

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El Tribunal para decidir sobre la homologación solicitada por el referido abogado observa:

Los métodos o medios alternativos de solución de conflictos son mecanismos que surgen como una herramienta paralela a la administración de justicia estatal para resolver los conflictos que se presentan en la sociedad.

Para M.J., la justicia por consenso es: “…aquella capacidad que surge entre individuos para resolver sus propios conflictos libre y pacíficamente. Ello puede ocurrir con o sin la intervención de un tercero. Cuando sucede mediante la voluntad de acatar la decisión de un tercero, solicitado y consentido por las partes, se está ante el arbitraje. Cuando sucede mediante la simple y llana búsqueda de un compromiso, a través de alguien que ayude a resolver la disputa, se está ante la mediación. Y la búsqueda de un acuerdo que sólo involucra a las partes del conflicto se define como negociación” (1996: 31-32).

La implementación de tales métodos o medios surgen en Venezuela con la finalidad de agilizar la justicia y permitir el acceso a ella del mayor número de personas; encontrando su fundamentación en una serie de artículos con rango constitucional y legislativo, siendo estos: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Arts. 253 y 258), Ley Orgánica de Justicia de Paz (Arts. 36-40 y 45-46), Ley de Arbitraje Comercial, Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (Arts. 308-317), Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Arts. 129,133,135 y 138-149), Reglamento de la Ley del Trabajo (Arts. 194 y 202) Ley Orgánica de Protección al Consumidor (Arts. 134-141), Código Orgánico Procesal Penal (Arts. 409 y 411), Código de Procedimiento Civil (Arts. 257-260-262, 388, 799-800) Código Civil (Art. 1982) y el Código de Comercio (Arts. 540,962,1005,1104,1110), entre otras. Y otros tratados suscritos por Venezuela, como por ejemplo: la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (New York, 1958), Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975), Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Internacional. La UNCITRAL posee reglas de conciliación, recomendadas por la Asamblea General de la ONU de 1980, y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y Convención para la solución de disputas de inversión entre Estados ciudadanos de otros Estados (Cfr. Franco, 2002). Ley de Tierra y Desarrollo Agrario (artículo 206). Ley de Defensa Pública (artículos 51 y 52).

Así pues, la Jurisdicción Agraria Venezolana posee medios de resolución de conflictos tales como la conciliación, la mediación y arbitraje. Cuando hablamos de conciliación estamos en presencia de un acto donde se pone de manifiesto el acuerdo de voluntades entre las partes en conflicto incitados por el Juez o un mediador.

La mediación consiste en la búsqueda de una solución al conflicto existente con la ayuda de un tercero; el cual funge como facilitador no pudiendo éste intervenir directamente.

Al hablar del arbitraje nos referimos a la capacidad que tienen los individuos de resolver sus propios conflictos con la intervención de un tercero solicitando y consentido por ellos acatando la decisión del mismo.

Ahora bien, en la disposición finales de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordinal tercero dispone de la creación de la Defensoría Especial Agraria, la cual es ejercida por la Defensa Pública, Institución ésta que defiende los derechos del campesino y campesina y que entre sus atribuciones de conformidad con los artículos 51, 52 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública permite a dichos funcionarios ejercer actividades de mediador para a través de este mecanismo lograr la solución de los problemas del sector campesino de una manera pacífica y extrajudicial permitiendo la agilización de la justicia y el acceso a la misma de un mayor número de personas.

De lo antes expuesto, la sentenciadora observa que la petición realizada por el Defensor Público Segundo Agrario, pretende es la homologación de un acto conciliatorio realizado por las partes en conflicto en presencia de él o de ella actuando como mediador y, en virtud que de conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, esta juzgadora observa que las partes tienen la capacidad para disponer del objeto de controversia y que dicho convenimiento no trata sobre materia sobre las cuales están prohibidas las transacciones es por lo que en consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, homologa el convenimiento, efectuado mediante acta de fecha 27 de mayo de 2014, la cual obra agregada a los folios 31 al 33 de la presente solicitud, por los ciudadanos A.M.C.D. y el ciudadano PAREDES C.J.O., impartiéndole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y consecuencialmente, da por terminada dicha solicitud. Así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría, para su archivo, copia fotostática certificada de la presente decisión.

La Jueza Provisoria,

Dra. Agnedys Hernández

La Secretaria,

Abg. A.T.N.C.

Sol. Nº 694

vrm.-

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