Decisión de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Abril de 2015
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2015 |
| Emisor | Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Bella Dayana Sevilla Jimenez |
| Procedimiento | Nulidad De Documento |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 24 de abril de 2015
205º y 156º
ASUNTO: AP11-V-2010-000625
PARTE DEMANDANTE: B.B.H.M., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Licenciado en Educación y titular de la cédula de identidad número V- 2.799.346.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: P.H. Y P.C., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 128.929 y 66.268, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: H.M.R., venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V- 13.136.554.
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadano L.A.G.C., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 113.768.
MOTIVO: NULIDAD DE DOCUMENTO
Vista la diligencia que antecede, suscrita por el abogado P.H., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 128.929, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó se declare confeso a la parte demandada, este Tribunal considera pertinente señalar el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 808, del 18 de junio de 2012, caso: Representaciones Agreda & Rojas C.A., citando el criterio contenido en la decisión n.° 33, caso: L.M.D.F., señaló lo siguiente:
En el presente caso, se pretende la revisión de la decisión dictada el 16 de mayo de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la demanda que por cobro de bolívares interpuso Seguros Nuevo Mundo C.A., contra Representaciones Agreda & Rojas C.A., y contra el ciudadano G.J.O., por cuanto no tuvieron conocimiento de dicho procedimiento y no pudieren ejercer una adecuada defensa, ya que se les designó una defensora ad litem que incumplió con su deber de proteger sus intereses e incluso, ni siquiera impugnó el fallo lesivo de sus derechos, dejándolos en estado de absoluta indefensión.
Ahora bien, esta Sala Constitucional en sentencia n° 33 del 26 de enero de 2004, caso: L.M.D.F. –criterio reiterado- respecto a la función del defensor ad litem, expuso lo siguiente:
(…) debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.
El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.
Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.
Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.
Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicio, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial -que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella.
En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara (…)
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Igualmente esta Sala, en sentencia n° 531 del 14 de abril de 2005, caso: J.R.G., expresó lo siguiente:
(…) la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado (…)
Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.
Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido (…)
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Así las cosas, y revisadas las actas del proceso se pudo constatar al folio 169, que la ciudadana H.M.R., parte demandada en este proceso, se encuentra representada en autos por el auxiliar de justicia L.A.G., quien fue designado defensor judicial de la demandada por auto de fecha 28 de marzo de 2011, aceptando el mismo el cargo el día 19 de mayo de 2011 y prestando el juramentote ley.
Ahora bien, acogiendo este Tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, el criterio jurisprudencial citado, el cual señala la obligación del defensor “ad litem” de procurar la buena defensa al contactar a su defendido, así como realizar todas las actuaciones tendientes a ejercer una defensa adecuada, siendo responsabilidad del Juez asegurar la defensa del demandado, procurando la continuidad de la causa, a todas luces resulta improcedente la solicitud efectuada por el abogado P.H., razón por la cual mal podría este Tribunal declarar la confesión ficta en la presente causa, por cuanto el demandado esta representado por un defensor “ad litem”, siendo forzoso para quien suscribe negar lo peticionado por la representación judicial de la parte actora. Así se declara.-
Siguiendo el mismo orden de ideas, en razón a lo antes decidido, este Juzgado, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y a fin de evitar futuras reposiciones de la causa, ordena notificar al defensor judicial L.A.G., del auto dictado en fecha 05 de diciembre de 2014, en el cual se fijo un lapso de veinte (20) días de despacho siguientes a esa fecha, para que la parte demandada diera contestación a la demanda u opusiera las defensas que considerara pertinentes, ello en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que se de por notificada del auto antes mencionado y una vez conste la secretaria deje constancia de haberse cumplido con las formalidades de ley comenzara a computarse el lapso de contestación de la demandada. Líbrese boleta de notificación.-
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2014. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. B.D.S.J..-
LA SECRETARIA,
ABG. J.V..-
En esta misma fecha, siendo las 10:25 AM,, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,
Abg. J.V..-
BDSJ/JV/LADY (05)
AP11-V-2010-000625
