Decisión nº 0194 de Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Barinas, de 14 de Diciembre de 2005

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS

195° y 146°

Asunto: EP11-R-2005-000056

I

DETERMINACION DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS

DEMANDANTE:

J.A.A., titular de la cedula de identidad No. V.-.2.473.555

APODERADOS:

D.T., L.F.C. y C.A.R., inscritos en el IPSA bajo los Nos.28.278, 51.674 y 83.723

DEMANDADO:

Municipio E.Z.d.E.B.

APODERADOS:

L.M.C.V., inscrito en el IPSA bajo el No.89.916

En la demandada intentada por el abogado D.T., actuando en representación del ciudadano J.N.A.P., contra el Municipio E.Z.d.E.B., por cobro de beneficios laborales contemplados en la Ley Programa de Alimentación, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en fecha 28 de Septiembre de 2005, dicto sentencia en la cual declara sin lugar la demandada, contra la cual la parte demandante interpuso el recurso de apelación, oído en la oportunidad legal fue fijada por esta alzada la audiencia oral y pública.

Recibido el expediente por esta alzada, en fecha 08 de Noviembre de 2005

Por auto fechado 15 de Noviembre de 2005, se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria, para el décimo quinto día hábil siguiente, a las 10:00 a.m. Correspondiendo tal oportunidad procesal el día 05 de Diciembre de 2005.

Celebrada la audiencia, en el día y la hora indicada, fue proferida su sentencia en forma inmediata, pasándose reproducir el texto integro de la misma en los términos siguientes:

II

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

En fecha 07 de octubre de 2002 (Folios 1 al 8), el abogado D.T.P. actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano J.A.A., plenamente identificado, señala en su escrito de demanda que desde la fecha 01 de Enero de 1979, su representado presta labores como obrero municipal fijo en la nómina de personal del Municipio Autónomo E.Z.d.E.B., y solicita que el cobro del beneficio laboral contemplado en la Ley Programa de Alimentación desde el 04 de Enero de 1999 hasta el día 13 de Septiembre de 2002, para un total de 948 días, a razón de el cero punto cincuenta unidades tributarias (0,50 UT), para el primero de marzo de 2002 por un monto de bolívares siete mil cuatrocientos (Bs. 7.400,00) cada una, que multiplicados por, dan un total de Siete Millones Quince Mil Doscientos Bolívares (Bs. 7.015.200,00); estimando la demanda en ésta cantidad, y solicitando la indexación de la referida cantidad.

Admitida la demanda por auto de fecha 17 de octubre de 2002, se realizaron los trámites citatorios.

Llegada la oportunidad para contestar la demanda, la demandada presenta escrito en fecha 19 de mayo de 2003 (folios 40 al 45), que la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.538, de fecha 14 de Septiembre de 1998, entró en vigencia para el sector privado a partir del 1 de Enero del año 1999 y no para el sector público, pues dicha Ley entrara en vigencia para el mismo en la medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria (Artículo 10); que su representada el municipio E.Z.d.e.B. no contaba hasta el primero de enero de año 2003, con la necesaria disponibilidad presupuestaria para otorgar a sus trabajadores el beneficio consagrado en la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, que la disponibilidad la logra el municipio a partir del 1 de enero del año 2003, fecha a partir de la cual se le está otorgando a sus empleados y obreros sus respectivos ticket mensuales; que el valor del ticket es de 0.25 UT que el 0.50 UT es para empresas de gran capital y producción o municipios de áreas metropolitanas, no para alcaldías de escasos recursos.

Que el Alcalde de conformidad con el artículo 10 de la Ley Programa de Alimentación para los trabajadores, no podía conceder el beneficio pues no contaba con la disponibilidad presupuestaria en forma fáctica y legal, que no se puede adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Que la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores entrará en vigencia para el sector público a medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria.

Abierta como fuera la articulación probatoria, ambas partes ejercieron su derecho a promoverlas: promoción de la demandada 22 de mayo de 2003 (folio 49 al 140) y promoción del demandante 26 de mayo de 2003 (folio 141 al 334), providenciándoseles por auto de fecha 09 de junio de 2003 (folio 336), realizándose su evacuación.

III

LIMITES DE LA CONTROVERSIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA

CARGA PROBATORIA

Oída la exposición de la parte apelante y revisada la sentencia apelada, el punto sometido a consideración es determinar si la Ley Programa de Alimentación era de obligatorio cumplimiento en el Municipio E.Z.d.E.B. a partir del 01 de Enero de 1999 o por el contrario la misma era exigible a partir de 01 de Enero de 2003 dada la previsión presupuestaria para la cancelación de dicho beneficio. Es por ello, que la demostración de la disponibilidad presupuestaria del ente municipal para el pago del beneficio reclamado es crucial para establecer el momento a partir del cual la Ley Programa de Alimentación entro en vigencia en el Municipio E.Z.d.E.B..

En la contestación de la demanda señala la representación de la demandada que el Municipio E.Z. no contaba con disponibilidad presupuestaria para cancelar el beneficio de la Ley Programa de Alimentación a partir del 01/01/2003

Pues bien de la forma en que fue contestada la demanda, le corresponde la carga de la prueba a la demandada, ya que en esos términos la Sala de Casación Social al analizar el régimen de distribución de la carga de la prueba en Sentencia del 11 de Mayo de 2004 Caso J.R.C.D.S., contra la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DE PESCADO LA PERLA ESCONDIDA, C.A, se reiterada en el caso M.Á.U.D.R. contra C.A ULTIMAS NOTICIAS y C.A. EL MUNDO de fecha 20 de Julio de 2005 el siguiente criterio:

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

Así las cosas, le corresponde al demandado demostrar la falta de disponibilidad presupuestaria del ente Municipal para el pago del Beneficio contemplado en la Ley Programa de Alimentación y bajo esa orientación se revisaran las pruebas presentadas, especialmente el Decreto de Distribución Presupuestaria correspondientes a los año 1999, 2000, 2001 y 2002.

IV

PRUEBAS CURSANTES EN LAS ACTAS

Del Actor:

1. - Copia fotostática simple de nominas de empleados al servicio del Servicio Autónomo E.Z. (folio 144), la misma no se le atribuye valor probatorio por cuanto carecen del requisito de existencia del documento privado por no contener firmas ni sellos por el obligado, por lo cual esta alzada la desecha, mas aun cuando la misma no constituye el hecho controvertido en el presente proceso. Así se establece.

2. Legajos de recibos de pago (folios 143 al 334). Los referidos instrumentos conforme lo establece el artículo 1.368 del Código Civil, carecen del requisito de existencia del documento privado por no contener firmas ni sellos por el obligado, por lo cual este Tribunal desecha del proceso; por otra parte, la demostración del salario devengado por el demandante no es hecho controvertido en el proceso. Así se establece.

3. - Copia fotostática de reclamo dirigido al Alcalde del Municipio E.Z.d.E.B., del pago de cesta ticket (folios 17 al 19) y constancia de trabajo (folios 15 y 16). En relación a éstos documentos el Tribunal los aprecia de conformidad con el artículo 508 de Código de Procedimiento Civil, ya que el primero de ello demuestra que el reclamante es obrero del ente municipal demandado y el segundo demuestra el agotamiento de la gestión conciliatoria prevista en el artículo 32 de la Ley Organica de Procedimiento y del Trabajo. Así se aprecia

   De las pruebas del Ente Municipal demandado:

1. - Copia certificada de Acta marcada “A” y Decreto Nº 11 marcado “C” (folios 52 y 53; 76 y 77). Documentos administrativos que dentro de los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, carecen de la firma del funcionario que los suscribe, tal como se constata de la copia certificada de Inspección Judicial marcada “K” (folio 131 al 140). Lo cual demuestra la ineficacia de los referidos instrumentos. Asimismo, el acta marcada “A” la cual fue agregada en copia certificada en la oportunidad procesal de promoción de pruebas no se corresponde con la copia simple presentada en la audiencia de apelación. Con base a lo anterior se desechan las anteriores pruebas. Así se establece.

2. - Copia simple de Acta marcada “B” (folio 54 y 55). Documento que no se le atribuye valor probatorio alguno, por ser copia simple ilegible en la cual no se observa contenido alguno y los sujetos participantes en la misma, salvo que solo se puede observar un sello húmedo de la Alcaldía del Municipio Zamora. Así se establece.

3. - Copia simple de e Convención Colectiva celebrada Conciliatoriamente entre la Alcaldía del Municipio E.Z.d.E.B. y Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía y Juntas Parroquiales del Municipio Autónomo E.Z.d.E.B. (folios al 56 al 75). Al respecto, se señala que la Convención Colectiva tiene carácter normativo y por lo tanto no es objeto de prueba, tal y como ha venido reiterando desde la Sentencia 535/2003 de la Sala de Casación Social. Así se aprecia.

4. - Original marcado “D”, Informe Técnico Financiero (folios 78 al 85). El mismo constituye un instrumento publico administrativo al cual se el atribuye pleno valor probatorio, ya que el mismo no es desvirtuado con otras probanzas cursantes en la actas, y de el mismo se evidencia la falta de disponibilidad presupuestaria para el pago el cumplimiento de la Ley Programa de Alimentación durante los año 1999, 2000, 2001 y 2002 por parte del ente Municipal demandado, ya que de su lectura se evidencia que el Municipio no presupuesto el pago de este beneficio dada la insuficiencia de los recursos asignados. Así se decide.

5. - Copias certificadas de Decretos de Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de los años 1999, 2000, 2001 y 2002, del Municipio E.Z.d.E.B. marcados “E”, “F”, “G” y “H” (folios 86 al 115). Documentos administrativos que goza de veracidad, legitimidad y autenticidad, que al no ser desvirtuados por prueba en contrario, por tanto se tienen como cierto su contenido y se les atribuye valor probatorio, dado que el decreto de Distribución Presupuestaria se limita a repartir por partidas el monto aprobado en la Ordenanza de presupuesto del Municipio. De la revisión de los mismos se observa que el Municipio E.Z.d.E.B. no presupuestó el beneficio contemplado en la Ley Programa de Alimentación (la cesta ticket) para sus trabajadores durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002. Por otra parte, estos decretos están publicados en la Gaceta Municipal y el documento agregado a los autos es una copia certificada certificada por la secretaría de Cámara Municipal, la cual no fue atacada en modo alguno por la parte demandante, razón por la cual tiene pleno valor probatorio. Así se aprecia.

6. - Copias certificada de Decreto de Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos del año 2003, Municipio E.Z.d.E.B., marcado “I” (folios 116 al 130). Documento administrativo que goza de veracidad, legitimidad y autenticidad, que al no ser desvirtuado por prueba en contrario se tiene como cierto su contenido y se le atribuye valor probatorio, con la cual queda evidenciado que la demandada incluyó para el año 2003 el beneficio de cesta ticket bajo la denominación de complemento por gastos de alimentación tanto para empleados como para obreros. Así se aprecia.

7. - Copia certificada de Inspección Judicial marcada “K” (folio 131 al 140), la cual fue practicada por el Juzgado del Municipio E.Z. y A.E.B.d.E.B., donde dejó constancia y tiene pleno valor probatorio que el Decreto 11 de fecha 06 de julio de 2000, emitido por el Alcalde del Municipio E.Z., que al final de dicho asiento falta la firma del profesor S.P.a. para esa fecha; que de la revisión del Libro de Actas del año 2000 signado con el Nº 1 que a los folios 240 al 254 aparece asentada Acta de Sesión Ordinaria Nº 18, de fecha 6 de julio de 2000, la cual en el asiento hecho al folio 254 específicamente a partir de la línea 24 aparece con enmendaduras que no están salvadas al final de la misma y tampoco dicha acta tiene la firma autógrafa del profesor S.P.A.. Así se aprecia.

   V

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   Una vez determinado los hechos controvertidos y la actividad probatoria de las partes, es necesario dilucidar el momento a partir del cual la Ley Programa de Alimentación entre en vigencia en el Municipio E.Z.. En tal sentido, dispone expresamente el artículo 10 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, que:

   Esta Ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 1999, salvo para el sector público, para el cual entrará en vigencia a medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria

   .

   De la norma anterior, podemos inducir que el Legislador estableció para la administración pública un sistema de entrada vigencia condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria para que los trabajadores puedan exigir el pago de este beneficio, ya que es la disponibilidad presupuestaria lo que determina el nacimiento del derecho en cabeza del trabajador, ya que dicha política legislativa es consona con los principios de disciplina fiscal. Ello nos lleva a concluir, que no puede exigirse el pago de un beneficio no contemplado en una norma que no se encuentre vigente.

   Sobre este particular el sentenciador de instancia señala lo siguiente:

   Para decidir el Tribunal observa: si bien es cierto que el artículo 1 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, tiene por objeto crear un programa de alimentación para mejorar el estado nutricional de los trabajadores, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades profesionales y propender a una mayor productividad laboral y el artículo 2 eiusden establece que a los efectos del cumplimiento del Programa de Alimentación del Trabajador, los empleadores del sector privado y del sector público que tengan a su cargo más de cincuenta (50) trabajadores otorgarán a aquellos que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos mensuales el beneficio de provisión total o parcial de una comida balanceada durante la jornada de trabajo.

   Asimismo, el artículo 10 eiusdem, establece “… Esta Ley entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 1999, salvo para el sector público, para el cual entrará en vigencia a medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria…” (Negrillas del Tribunal)

   De las normas mencionadas, se puede inferir, que la referida Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, la cual tiene por objeto crear un programa de alimentación para mejorar el estado nutricional de los trabajadores, contempla una excepción para el sector público en lo que respecta el cumplimiento del pago de éste beneficio laboral, cuya vigencia está supeditada hasta que haya disponibilidad presupuestaria, y esto deviene del principio de disciplina fiscal.

   En este sentido, del análisis de las pruebas presentadas por la parte demandada, se evidenció a través de los Decretos de Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de los años 1999, 2000, 2001 y 2002, del Municipio E.Z.d.E.B. marcados “E”, “F”, “G” y “H” (folios 87 al 116), que la Alcaldía del Municipio E.Z.d.E.B. no tenía la disponibilidad presupuestaria para el pago del beneficio de la cesta ticket para sus trabajadores paras los años 1999, 2000, 2001 y 2002; y que tal disponibilidad la obtuvo a partir del año 2003, incluyendo el referido beneficio de cesta ticket bajo la denominación de complemento por gastos de alimentación tanto para empleados como para obreros, según el Decreto de Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos del año 2003 marcado “I” (folios 117 al 122).

   Pues bien, conforme a las pruebas señaladas y lo estipulado en el artículo 10 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, necesariamente este Juzgador debe concluir, que la cancelación de este beneficio laboral para los años sucesivos a la entrada en vigencia de ésta Ley, no se puede establecer como deuda adquirida por la Alcaldía del Municipio E.Z.d.E.B. para con sus trabajadores, por cuanto, si bien es cierto que en el artículo 2 de la Ley consagra el derecho a percibir el beneficio del Programa de Alimentación del Trabajador, también no menos cierto que la misma Ley contempla una excepción para el sector público, como es el hecho de otorgarlo cuando éste tenga la disponibilidad presupuestaria, es decir, que en el sector público la entrada en vigencia de la Ley está condicionada al establecimiento de la respectiva disponibilidad presupuestaria.

   En consecuencia, la solicitud de la parte actora del beneficio laboral como es la cesta ticket a razón de 948 días laborados desde el 4 de enero del año 1999 hasta el 13 de septiembre del año 2002, no es procedente por cuanto no se puede condenar a pagar un beneficio laboral, que aún cuando éste deviene por imposición de Ley, también es cierto, que el cumplimiento de éste beneficio, la misma Ley lo condiciona a que el ente tenga la disponibilidad presupuestaria y la demandada la obtuvo para el año fiscal del 2003, por lo que los años anteriores no puede considerarse como deuda por parte de la Alcaldía del Municipio E.Z. para con sus trabajadores por disposición de Ley. Y así se establece.

   Esta alzada igualmente constata, que en las actas procesales obra un informe emanado de la Dirección de Hacienda Municipal y la respectiva Gaceta Municipal de E.Z. se publica el Decreto sobre Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos para los años 1999 al 2002, en los cuales se evidencia la falta de disponibilidad presupuestaria para la cancelación de este beneficio laboral.

   Es de hacer notar que el articulo 6 de la ordenanza sobre gaceta municipal establece claramente “que se tendrán como publicados y en vigencia, las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos que aparezcan en la Gaceta Municipal, salvo disposición legal en contrario y en consecuencia, las autoridades públicas y particulares quedan obligados a su cumplimiento y observancia. La Gaceta Municipal se tendrá como documento publico a todos los efectos legales”. Con ello, lo publicado en Gaceta Municipal goza de una presunción de veracidad y será carga procesal de aquel que pretenda cuestionar la misma, efectuar la actividad probatoria necesaria para que sea desvirtuar la misma. Y en las actas procesales, no se evidencia que el demandante haya efectuado alguna en esos términos.

   Por otra parte, al vuelto de la copia de la Gaceta Oficial se observa sellos húmedos en los cuales se lee:

   Republica Bolivariana de Venezuela. Estado Barinas. Municipio Autónomo E.Z.. Secretaría de Cámara.

   S.B.E.B.

   Con lo cual se satisface lo cuestionado por el apelante, quién señalo que esas copias no estaban certificadas por la Secretaría de Cámara y de las actas se constata lo contrario.

   Es necesario resaltar, que la publicación en Gaceta Municipal del Decreto de Distribución de Gastos para el ejercicio fiscal del municipio, dota como se dijo con anterioridad de una presunción de certeza de lo allí publicado y con ello se da cumplimiento al principio de seguridad jurídica del ordenamiento jurídico.

   Al respecto, la Sala Constitucional en Sentencia de 15/12/2004 (Caso TECNOAGRÍCOLA LOS PINOS TECPICA, C.A), establece lo siguiente:

   Por otra parte Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.

   Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán.

   Es por lo anterior, que considera esta alzada que las copias de la gaceta oficial del Municipio E.Z. constituyen medio de prueba idóneo para demostrar la falta de disponibilidad presupuestaria para la cancelación de la Ley Programa de alimentación.

   Una vez constatada la falta de disponibilidad presupuestaria durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002, se genera como consecuencia jurídica que la ley entra en vigencia a partir del 01 Enero de 2003. En ese mismo sentido, la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 15 de Noviembre de 2004 (Caso C.A.G. contra Gobernación del Estado Apure) estableció que:

   Comprobada la falta de disponibilidad presupuestaria de la demandada, siendo un órgano del Sector Público, la consecuencia jurídica inmediata conlleva a la aplicación de la norma in commento y por tanto el supuesto en ella contenido, de manera tal, que si en los años 1999, 2000 y 2001 no se encontraba vigente la referida ley de alimentación tampoco podían generarse las obligaciones en ella previstas.

   Con base a lo antes expuesto, demostrada como ha sido la falta de disponibilidad presupuestaria por parte de la administración municipal para la cancelación de este beneficio se puede concluir que la precitada ley entro en vigencia el 01 de Enero de 2003 y por tanto a partir de allí era exigible el pago de dicho beneficio. En consecuencia, se declara sin lugar la apelación interpuesta y confirma la sentencia apelada. Así se decide.

   VI

   DECISIÓN

   Este Juzgado Primero Superior del Trabajo del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

Se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación intentado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Juicio del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 28 de septiembre de 2005.

SEGUNDO

Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 27 de Septiembre de 2005, que declaro Sin Lugar la acción intentada.

TERCERO

REMITASE la presente causa al Juzgado de origen a los fines de su archivo definitivo.

CUARTO

No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se ordena la notificación de la presente decisión al Sindico Procurador Municipal del Municipio E.Z.d.E.B. y una vez que conste en autos la mencionada notificación comenzarán a transcurrir los lapsos para interponer los recursos a que hubiere lugar contra la misma.

Publíquese, Notifíquese y Regístrese.

Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado a los catorce (14) días del mes de Diciembre de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.-

La Juez

Dra. Honey Montilla

La Secretaria

Abg. Arelis Molina

En la misma fecha, se publicó la presente Sentencia siendo las 02:50 pm; conste.-

La Secretaria

Abg. Arelis Molina