Decisión nº PJ0022010000220 de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 28 de Junio de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL

CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO D.A.

Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado D.A.

Tucupita, 28 de Junio de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2010-000796

ASUNTO : YP01-P-2010-000796

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL

JUEZ: ABG. A.Y.E.; Juez Segunda de primera instancia en función de control del Circuito Judicial Penal del estado D.A., con sede en la ciudad de Tucupita.

SECRETARIA: ABG. ROMELYS MEDINA

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

FISCALIA: Dra. M.A.L., Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado D.A., con sede en la ciudad de Tucupita.

VICTIMA: LA COLECTIVIDAD.

DEFENSOR PUBLICO: DRA. D.P., Defensora Pública Quinta penal adscrita a la Unidad de la defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado D.A., con sede en la ciudad de Tucupita.

IMPUTADOS: E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924 y M.D.V.R., venezolana, natural de la Horqueta Estado D.A., nacido en fecha 03-03-1980, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio del hogar, hijo de L.R. (f) residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 16.698.555

DELITO: Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 31 primer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

EL HECHO IMPUTADO

Celebrada la audiencia de presentación a que se contrae el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el ciudadano Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público, Dr. M.A.L., imputo a los ciudadanos E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924 y M.D.V.R., venezolana, natural de la Horqueta Estado D.A., nacido en fecha 03-03-1980, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio del hogar, hijo de L.R. (f) residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 16.698.555, el hecho suscitado el día 15-06-2010, cuando funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, practicaron Visita Domiciliara en la Avenida principal de Guasina, vía vertedero de Basura, casa sin número, elaborada en barro, pintada de color amarillo y azul, delimitada por cerca de alambre de púas, Tucupita, Estado D.A., donde habita un ciudadano conocido como COYOTE, y en dicho procedimiento se incautaron objetos y sustancias de las consideradas ilícitas, específicamente en la primera habitación en el bolsillo delantero del pantalón tipo jeans, un teléfono celular marca Motorilla, modelo W385, serial 01205385496, color negro y gris, una bolsa plástica transparente contentiva de nueve envoltorios de material sintético, cinco (05) color amarillo y negro, atados con pabilo color blanco, tres (03) color negro, atados con hilo color amarillo y un (01) envoltorio verde que en su interior contenía un polvo de color blanco, presunta droga cocaína, la cantidad de ciento veintisiete bolívares en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, en una mesa un radio trasmisor portátil, marca Motorilla, modelo RADIUS P110, serial 188FTJ8108, de color negro con su respectiva batería, un (01) cartucho calibre 12 mm., color amarillo, una (01) chaqueta color negra y naranja, marca MEGA SPORT, talle XXL, de igual manera en la sala se encontraba aparcada un vehículo tipo moto marca Bera, modelo Jaguar, color negro, año 2009, tipo Paseo, placas AC6P31D, los cuales fueron colectados para sus respectivas experticias, dicho procedimiento se practico en presencia de un testigo quien quedo identificado como E.R.B.L., titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.863.543, quien de acuerdo al acta de entrevista pudo verificar que el mismo se llevo a cabo dando cumplimiento a las disposiciones y garantizando el respeto a todos los ciudadanos que se encontraban en la misma. En dicho procedimiento quedo detenida la ciudadana M.D.V.R., quien era la persona que se encontraba en la vivienda junto con sus tres hijos en el momento del allanamiento, ya que su pareja el ciudadano E.J.M., no se encontraba en ese momento en la vivienda. Estando en la Oficina del CICPC, se procedió a verificar la sustancia utilizando una pesa electrónica propiedad de la institución, marca PIXYS TM, modelo CR2032, sin serial visible, arrojando los envoltorios un peso bruto de 0,007 kilo, contentivo de una sustantiva de polvo de color blanco, que por sus características se presume que se trata de droga, esto fue localizado en el bolsillo delantero de un pantalón de uso masculino Jeans de color azul, en la primera pieza de a vivienda allanada. Una vez que se realizo el procedimiento se apersono ala delegación el ciudadano E.J.M., manifestando ser la pareja de la ciudadana M.D.V.R., quedando detenido.

Precalificando la Fiscal del Ministerio Público el delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el articulo 31 primer aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Solicito que la presente causa sea tramitada por la vía del Procedimiento Ordinario, asimismo por la magnitud de la pena a aplicar solicito la aplicación de una Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad conforme al articulo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar las resultas de un juicio.

ACREDITACION DE LOS ARTÍCULOS 251 Y 252 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL

Corresponde a esta Juzgadora emitir los pronunciamientos respectivos en atención a las solicitudes realizadas por las partes en la presente audiencia, la cual se hace en los siguientes términos:

En relación a la solicitud de la Vindicta Pública de aplicación del procedimiento ordinario en la investigación que se adelanta en la causa seguida a los ciudadanos E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924, al respecto, se observa esta fase prevista por el legislador como de investigación es con la finalidad de la búsqueda de la verdad de los hechos, previstas así en el contenido de los artículos 257 y 13 del Texto fundamental y del cuerpo adjetivo penal patrio, respectivamente es la de “…establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho…”, previendo en tal sentido la norma del artículo 280 ejusdem, que el objeto de la primera fase del proceso penal es la de preparar el juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan al Fiscal del Ministerio Público, presentar su acto conclusivo, de igual manera establecen las normas del proceso, que deberá el Fiscal en el curso de la investigación no solo elementos y circunstancias para fundar la inculpación de los imputados, en el presente caso, que se trata de uno de los delitos de drogas, de lesa humanidad, resulta de importancia la práctica de diligencias de investigación que permitan el establecimiento de la verdad de los hechos en los cuales quedo detenido el ciudadano E.J.M., el día quince (15) de junio del año dos mil diez (2010), en virtud de haberse llevado a cabo orden de allanamiento en la vivienda donde habita el precitado ciudadano y haberse incautado en la misma sustancias de las consideradas ilícitas, requiriendo el ciudadano Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público la aplicación del procedimiento ordinario, es por lo que vista la necesidad de que se obtenga el mayor cúmulo de pruebas que permitan al investigar acceder a la verdad de los hechos de manera incontrovertible, para una verdadera aplicación de la justicia,; este Tribunal, de conformidad con el artículo 373, último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 ejusdem, ordena se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Y ASÍ SE DECIDE.

Corresponde ahora emitir pronunciamiento en relación a la solicitud presentada por la representante del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal requirió a este juzgado la imposición de la medida judicial privativa preventiva de libertad al ciudadano E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924, indicando en su exposición por ante la sala de audiencias que se encuentra llenos los extremos previstos en la norma adjetiva penal para dictar la medida de privación de libertad, señalando que estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, que el hecho no esta prescrito, que existen suficientes elementos para estimar que el ciudadano, plenamente identificado en líneas anteriores, es el autor o responsable de la comisión del hecho típico descrito, de igual manera ha señalado que se presume el peligro de fuga, en la obstaculización de la investigación, correspondiendo ahora a quien decide realizar analizar la solicitud presentada por el fiscal y determinar si efectivamente se encuentra llenos los extremos señalados por el fiscal a verificar:

A los fines de emitir el pronunciamiento respectivo en atención a la solicitud realizada por la representante de la Vindicta Pública, se hace necesario hacer algunos señalamientos en relación a principios generales y derechos consagrados en nuestra Constitución y en Convenios y Pactos internacionales debidamente suscritos por nuestro país.

Uno de estos derechos se encuentra consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como derecho civil inviolable, el de la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Ahora bien este derecho considerado, tiene sus excepciones establecidas en el mismo artículo 44 de la norma constitucional, cuando señala “…(ominisis)… Será Juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.(ominisis)…” estas excepciones están previstas en la norma adjetiva penal, la cual debe ser interpreta de manera restrictiva por los órganos del poder publico, ya que si bien el ser jugado en libertad el principio fundamental y un derecho Constitucional, este derecho como ya fue señalado tienen sus excepciones, previstas en el Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, en un Título destinado a la regulación de las medidas de coerción personal, en estricta sintonía y correspondencia con principios constitucionales y el esquema del sistema acusatorio que rige el proceso penal venezolano, consagrando en tal articulado el estado de libertad, la proporcionalidad que ha de ser atendida a los fines de la imposición de una medida cautelar, la interpretación restrictiva respecto de la disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, los requisitos de procedencia de la privación preventiva de libertad así como los supuestos de su improcedencia, las medidas cautelares sustitutivas a dicho decreto judicial de privación de libertad, las modalidades en que éstas pueden presentarse para su aplicación, y el imperativo de aplicación de medidas de posible cumplimiento y revisión de las impuestas en los términos expresamente señalados; todo lo cual, en definitiva, reafirma la regla general de la libertad y la excepción representada en cuanto a la privación o restricción de la misma. En tal sentido, si bien el Texto Fundamental en su artículo 44 consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente consagrado en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República y que como tal adquiere jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, igualmente el legislador patrio autoriza, con carácter excepcional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico. Con el fin de que mediante estas medidas se asegure el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique sacrificar los derechos del imputado y, fundamentalmente, su status de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria. Así pues, y como se señalara supra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal consagran el derecho civil inviolable de la libertad personal y su garantía, establecen como regla el juzgamiento en libertad y someten sus restricciones o las medidas de coerción personal a parámetros precisos que prevén su excepcionalidad, proporcionalidad, interpretación restrictiva, judicialidad, temporalidad, provisionalidad y ejecución humanitaria; todo lo cual se corresponde con el principio de inocencia establecido en el artículo 49 numeral 2 del mismo Texto Fundamental y en el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio. En consecuencia, los lineamientos trazados en esta materia extreman el celo por la afirmación de la libertad en el proceso penal y limitan al mínimum las restricciones a dicho derecho, por lo que, sólo de manera excepcional, por exigencias de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es el de la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental a la libertad y que están destinadas a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor siendo que la imposición de estas medidas de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es, debe atenderse a la relación existente entre la medida a ser aplicada, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los f.d.p. para que, en definitiva, sus consecuencias se garanticen, sin que se desnaturalicen en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento. Así, en razón de la necesidad y de la proporcionalidad, únicamente cuando una medida de coerción personal específica es exigida por el proceso, debe imponerse para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, y deberá ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso in concreto así lo indique. Y, constituye otra nota característica de estos mecanismos cautelares, su provisionalidad y temporalidad, lo cual impone que las medidas de coerción personal se mantengan vigentes durante el proceso atendiendo a la permanencia o variación de las circunstancias que le sirvieron de fundamento – regla rebus sic stantibus -, por lo que, de verificarse un cambio o modificación en las condiciones, procede la sustitución de la medida en cuestión, previendo en tal sentido el artículo 264 del instrumento adjetivo penal la obligación del Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y sustituirlas por otras menos gravosas cuando lo estime prudente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, así como la facultad que tiene el imputado para solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. Asimismo, dado el carácter excepcional de las medidas de coerción personal, debe por tanto procurarse la imposición de medidas distintas a la privación de libertad, que resulten menos lesivas de los derechos del procesado.

En este orden de ideas, diferentes instrumentos de carácter internacional consagran la posibilidad de que en el desarrollo de un proceso penal puedan aplicarse al imputado medidas de coerción personal dirigidas a evitar la privación de libertad y asegurar su comparencia al juicio, verbigracia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 9 dispone que “...la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo...”, contemplando, por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7,5, que “...toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio...”; previendo, en igual sentido, la normativa legal patria vigente disposiciones atinentes al establecimiento de la libertad como regla o principio del proceso penal y la viabilidad de la aplicación de medidas de coerción personal, al exclusivo servicio de los fines procesales, cuando concurren los presupuestos para su imposición, siendo recogidos estos principios y facultades en normas expresamente contenidas en la Carta Magna y en el texto adjetivo penal patrio, a saber:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 44. “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…(omissis)” (resaltado del Tribunal)

Código Orgánico Procesal Penal:

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado del tribunal)

Artículo 243. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.” (resaltado del Tribunal)

Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, no exceder del plazo de dos años...(omissis) (resaltado del tribunal)

Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados. ..(omissis)

Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente. (resaltado del tribunal)

Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…(omissis)…Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.

Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.

En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.

Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…” (resaltado del Tribunal)

Artículo 251. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;

3- La magnitud del daño causado;

4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;

5- La conducta predelictual del imputado.

Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...(omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado (resaltado del tribunal).

Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: 1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción; 2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia (resaltado del tribunal)

Ahora bien, revisadas las normas de rango constitucional y las procesales para la imposición o no de las medida solicitada por la Fiscal del Ministerio Público, corresponde ahora la revisión del caso en concreto, establece el artículo 250, que debe existir un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y que no este prescrito, el hecho expuesto por el ciudadano Fiscal y objeto de la presente investigación evidentemente es un hecho punible ya que de las actas del proceso y de la misma declaración de la imputada, se evidencia que presuntamente nos encontramos ante uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, que es un delito que afecta a toda la colectividad, que es un hecho punible, que tiene sanción corporal y que no esta prescrita, ya que la detención e incautación de la supuesta droga se realizado en fecha quince (15) de junio del año dos mil diez (2010), de las actas de investigación se evidencia que el ciudadano E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924, pusiesen ser el autor o responsables de la comisión del tipo penal, y la presunción razonable del peligro de fuga, el cual de conformidad con el artículo 251 señala que para este criterio debe tomarse en cuenta el arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, la pena que pudiera llegar a imponerse, la magnitud del daño causado, por lo realizada como fuera una revisión exhaustiva y minuciosa de las diversas actuaciones cursantes a la investigación, así como atendidas las exposiciones hechas por la parte fiscal, la defensa y de la misma declaración del imputado, por lo que es criterio de esta Juzgadora que han quedado cubiertos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para la procedencia del decreto de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano E.J.M., toda vez que existen elementos que conducen a que el hecho suscitado en fecha quince (15) de junio del año dos mil diez (2010), en el cual quedaron se incauto sustancias de las consideras presuntamente ilícitas se corresponde a un esquema de delito, cual es, el tipo penal de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la LEY ORGÁNICA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, hecho punible que prevé pena de prisión, no encontrándose prescrita la acción penal por cuanto el hecho ocurrió el día 15 de junio del año dos mil diez (2010); deviniendo tal acreditación de las siguientes actuaciones: Orden de Allanamiento emitido por el Juez primero de primera instancia en función de control de este mismo Circuito Judicial Penal y sede, la cual va dirigida a un ciudadano conocido como COYOTE, distinguida con el Nro. 025-2010 de fecha 10 de junio del año 2010, del acta de visita domiciliaria, suscrita por los funcionarios actuantes en el procedimiento y del testigo del mismo, levantada en el mismo lugar de los hechos, del acta Policial, de fecha quince (15) de Junio del año dos mil diez (2010), suscrita por el funcionario M.D. adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, penales y Criminalísticas, delegación D.A., en la cual se deja constancia de todas las circunstancias en las cuales se desarrollo la visita domiciliaria en la vivienda ubicada en la calle principal vía Guasina, sentido vertedero de basura, vivienda unifamiliar de barro, pintada de color amarillo y azul delimitada por cerca de alambre de púa, Tucupita y de las sustancias así como de los objetos y dinero allí incautados, inspección técnica criminalística Nro. 573, suscrita por el funcionario F.S. en la cual se deja constancia que se trata de un sitio de suceso cerrado, describe la vivienda en la cual se llevo a cabo la visita domiciliaria, así como los objetos encontrados, el dinero y la sustancias incautadas, acta de entrevista realizada al ciudadano E.R.B.L., titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.863.543, en la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el día 15 de junio del año 2010, quien entre otras cosas señalo: “… y entramos a la vivienda donde me percate que dentro de esta habían tres personas, entre estas una señora y dos niñas, aproximadamente de 12 y 14 años de edad, luego comenzamos a revisar la casa e ingresamos en el primer cuarto y uno de los funcionarios reviso un pantalón jeans de color azul, donde se encontraba un teléfono celular y en los bolsillos de la parte de adelante una bolsa plástica transparente y dentro de ella habían nueve envoltorios pequeños con un polvo de color blanco, un radio transmisor y una chaqueta de color negro con anaranjado parecida a los que usan los funcionarios de la Policía Municipal…” acta de investigación penal de fecha 15 de junio del año 2010, realizada de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la cual señala el funcionario F.C., el peso que arrojo la sustancias incautada así como las características, del mismo, reconocimiento legal Nro. 142, suscrita por el funcionarios F.S., realizado en fecha 15 de junio del año 2010, a los objetos y piezas incautados, registro de cadena de custodia físicas Nro. 279, de fecha 15/06/2010, suscrita por el funcionario F.S. a las prendas de vestir encontradas, registro de cadena de custodia de evidencias físicas, Nro. 280, realizado en echa 15/06/2010, por el funcionario F.S. a los objetos encontrados, teléfono celular, Radio Transmisor, cartucho para arma de fuego, billetes, registro de cadena de custodia de videncia física Nro. 278, de fecha 15/06/2010, realizado por el detective F.S.d. las sustancias ilícitas, incautadas, experticia realizado al vehículo moto placas AC6P31D, color negro, marca Bera, valorada en seis mil bolívares fuertes. Así pues, del conjunto de actuaciones antes indicadas se concluye que, el ciudadano E.J.M., pudiese ser autor o responsable del hecho imputado por el ciudadano fiscal Auxiliar del Ministerio Público, el día quince (15) de junio del año dos mil diez (2010), en los cuales presuntamente se encontró una sustancia ilícita en un pantalón de uso masculino ubicado en la primera habitación de la vivienda ocupada por el hoy imputado.

Llenos, por tanto, los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y visto que la razón que motiva la privación judicial preventiva de libertad, esto es, el aseguramiento del imputado a los fines de someterse al proceso, en el caso en particular, por razones de posible pena a ser impuesta así como la magnitud del daño ocasionado, no puede ser satisfecha con la aplicación de otra medida menos gravosa de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que permita alcanzar los f.d.p. establecidos en el artículo 13 ejusdem con el juzgamiento en libertad de los imputados E.J.M., titular de la cedula de identidad N° V-15.335.924, este Tribunal a los fines de garantizar la presencia del mencionado ciudadano en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad del ciudadano E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924; de conformidad con los artículos 9, 243, 244, 247, 250, 251 numerales 1, 2 y 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que los imputados deberán permanecer en el Reten Policial de Guasina a la orden de este Tribunal. Y ASÍ SE DECIDE. Líbrese la respectiva boleta de encarcelación.

En relación a la solicitud de medida judicial privativa preventiva de libertad, solicitada por el Fiscal a la ciudadana M.D.V.R., venezolana, natural de la Horqueta Estado D.A., nacido en fecha 03-03-1980, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio del hogar, hijo de L.R. (f) residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 16.698.555, este tribunal considera que la investigación realizada por los funcionarios actuantes esta dirigida a una persona apodada COYOTE, en la misma no se señala a la ciudadana M.D.V.R., y si esta orden emana de una investigación realizada por los funcionarios actuantes y esta ciudadano tuviese que ver en los hechos investigados debió ser señalada igualmente en la orden de allanamiento requerida, considera esta juzgadora, que no concurren los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en relación a la precitada ciudadana, pudiendo esta ser juzgada en libertad conforme s alo previsto en nuestra Constitución, ya que la ciudadana tiene arraigo en el país, no dispone d medios suficientes para abandonarlo, la pena que podría llegar a imponerse no supera los diez años en su límite máximo, no tiene conducta predelictual y lo que es más importante en que la investigación no fue dirigida hacia ella, por lo que este tribunal va a imponer medidas cautelar sustitutiva de libertad de las contenida en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente esta en la presentación cada ocho (08) días por ante la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, debiendo consignar fotografía de frente y fotocopia de cédula de identidad personal para que sea agregada al libro de presentaciones que al efecto se lleva por la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, permaneciendo la medida hasta tanto el Fiscal del Ministerio Público presente acto conclusivo y en caso de ser una acusación hasta la celebración del juicio oral y público o hasta que se emita un nuevo pronunciamiento, todo ello con la finalidad de garantizar el derecho establecido en nuestra Constitución especialmente lo previsto en el artículo 44 de la Carta Magna, y desarrollado en los artículo 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, como es el derecho al juzgamiento en libertad y la presunción de inocencia.

DISPOSITIVA

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO D.A. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY:

PRIMERO

Acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, en atención al contenido de los artículos 13 y 372 ejusdem, y 257 de la Carta Magna.

SEGUNDO

Atendiendo a la normativa adjetiva legal patria y el articulado atinente a las medidas de coerción personal, su finalidad y procedencia en el desarrollo del proceso penal, aunado a la solicitud que en tal sentido planteara el representante fiscal, este Tribunal a los fines de garantizar la presencia de los investigados en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad del ciudadano E.J.M., venezolano, natural de Tucupita Estado D.A., nacido en fecha 02-02-1978, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero en el matadero municipal, hijo de E.M. (v) y I.M.M. (v), residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 15.335.924; por encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, encontrarse acreditada la existencia del tipo penal del Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la LEY ORGÁNICA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, merecer tal hecho punible pena privativa de libertad y no estar prescrita la acción penal, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que el referido imputado ha sido partícipe en la perpetración del delito y existir una presunción razonable de peligro de fuga; pronunciándose tal decreto judicial de conformidad con los artículos 9, 243, 244, 247, 250, 251 numerales 1, 2, 3, todos del texto adjetivo penal vigente, por lo que el imputado deberá permanecer en el Reten Policial de Guasina de esta ciudad de Tucupita a la orden de este Tribunal, librándose la boleta de encarcelación correspondientes.

TERCERO

Se declara sin lugar la solicitud de privación judicial privativa preventiva de libertad en relación a la ciudadana M.D.V.R., venezolana, natural de la Horqueta Estado D.A., nacido en fecha 03-03-1980, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio del hogar, hijo de L.R. (f) residenciado en el sector el Delta ven, sector Los Almendrones, calle principal, casa de zinc, sin número, Tucupita Estado D.A., titular de la cedula de identidad N° 16.698.555, en virtud de que no se encuentran llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, no se verifica el peligro de fuga ni de obstaculización de la libertad, por lo que se le imponen medidas cautelares sustitutiva de libertad consistente esta en la presentación cada ocho (08) días por ante la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 numeral 3 de la norma adjetiva penal.

Regístrese, publíquese, notifíquese, déjese copia de la presente decisión, remítase la causa al Ministerio Público.

LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL,

A.Y.E.

LA SECRETARIA

Abg. ROMELYS MEDINA