Decisión nº PJ0022009000474 de Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro, de 18 de Diciembre de 2009
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Control |
| Ponente | Xiomara Sosa |
| Procedimiento | Negativa De Revision De Medida |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado D.A.
Tucupita, 18 de Diciembre de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : YP01-P-2006-000820
ASUNTO : YP01-P-2006-000820
Visto el escrito presentado por la Defensora Pública Abg. D.M., actuando como defensor del imputado G.J.F.G., venezolano, titular de la cedula de identidad numero V-21.386.882, con fecha de nacimiento 02/03/1987, de ocupación u oficio; Agricultor, con grado de instrucción de segundo grado, hijo de la ciudadana; C.G. (V) y del ciudadano; J.G.F. (V), residenciado JOBURE, municipio A.D., casa de madera, cerca de la construcción de la iglesia que queda como a cincuenta metros, Tucupita Estado D.A., por su presunta participación en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el articulo 405 en relación con el articulo 406 numeral primero ambos del Código Penal Venezolano, en perjuicio de A.R. (OCCISO), en el cual solicita de conformidad con los artículos 137 y 141 numerales 2° y 3° de las Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, artículos 3,8,9 y 10 del Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y artículos 1 y 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas, revisión de medida privativa de libertad, para lo cual esta Juzgadora antes de emitir un pronunciamiento observa:
En fecha 03 de Noviembre del 2009, este Tribunal decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con los artículos 250, 251 y artículo 252, todos del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la comparecencia del mismo a los actos del proceso, las posibles resultas del mismo y la finalidad del proceso que no es otra que la establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justa aplicación del derecho, a lo cual atendió la decisión adoptada, una vez se hizo efectiva la orden de aprehensión librada en su contra.
En el mismo orden de ideas, este Tribunal observa, que si bien es cierto, toda medida de coerción implica una limitación al derecho de libertad establecido en nuestra Carta Magna, no es menos cierto, que la Ley establece los caso en los cuales es procedente la aplicación de las mismas; y en este caso en particular, existe la comisión de un hecho punible, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, que merece pena privativa de libertad, tomando en consideración la magnitud del daño ocasionado, ya que el delito precalificado por el titular de la acción penal, es un delito Contra las personas, que ocasionó la muerte de manera violenta de la víctima de autos, donde resulto vulnerado el derecho a la vida, por las circunstancias que rodearon la comisión del hecho, así mismo considerando los elementos de convicción presentados, que hicieron estimar o presumir la participación del hoy imputado en la comisión del hecho punible investigado.
Por otra parte, si bien es cierto, que en el proceso penal la privación de libertad debe ser proporcional a la gravedad del daño y demás circunstancias señaladas, el Juez puede por vía de excepción acordar la referida medida, considerando la pena posible a aplicar, el daño causado y las circunstancias que rodean la comisión del hecho, no es menos cierto, que existe una Legislación de Pueblos y Comunidades Indígenas, que protegen la condición especial de dichos pueblos, condición esta, que no consta en las actas procesales, aun cuando esta Juzgadora de manera diligente oficio lo conducente a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas, así mismo, en virtud que no existe un centro de reclusión especial para los indígenas, tal como lo señala el artículo 141 numeral 3° ejusdem, por lo que se ordena permanezca privado preventivamente de su libertad en el Reten Policial de Guasina, con las seguridades del caso, por lo que el Tribunal declara improcedente la revisión de medida cautelar solicitada por la defensa a favor de su representado, de conformidad con le artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide
Por todas las razones expuestas, este Tribunal estima necesario mantener dicha medida de coerción personal de conformidad con el artículo 250 en, artículo 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; en consecuencia se declara sin lugar la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a favor del imputado, considerando la pena posible a aplicar, el daño causado y las circunstancias que rodean la comisión del hecho, aunado a que no riela en las actuaciones el correspondiente informe socio-antropológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 140 de la Ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado D.A., Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la solicitud de la defensa y acuerda mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con los artículos 250, artículo 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal al imputado G.J.F.G., venezolano, titular de la cedula de identidad numero V-21.386.882, con fecha de nacimiento 02/03/1987, de ocupación u oficio; Agricultor, con grado de instrucción de segundo grado, hijo de la ciudadana; C.G. (V) y del ciudadano; J.G.F. (V), residenciado JOBURE, municipio A.D., casa de madera, cerca de la construcción de la iglesia que queda como a cincuenta metros, Tucupita Estado D.A., por su presunta participación en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el articulo 405 en relación con el articulo 406 numeral primero ambos del Código Penal Venezolano, en perjuicio de A.R. (OCCISO), considerando la pena posible a aplicar, el daño causado y las circunstancias que rodean la comisión del hecho, aunado a que no riela en las actuaciones el correspondiente informe socio-antropológico, de conformidad con lo señalado en el artículo 140 de la Ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, quien deberá permanecer detenido a las ordenes de este Tribunal en el Reten de Gusina con las seguridades del caso. SEGUNDO: Ratificar oficios 1968, de fecha 03-11-2009, con la urgencia del caso. TERCERO: En virtud que no existe un centro de reclusión especial para los indígenas, tal como lo señala el artículo 141 numeral 3° ejusdem, por lo que se ordena permanezca privado preventivamente de su libertad en el Reten Policial de Guasina, con las seguridades del caso, ordenando oficiar al Director de dicho Centro, para que tome las medidas pertinentes y garantice la integridad del mismo. Así se decide, regístrese, publíquese y notifíquese a las partes, déjese copia de la presente decisión.
LA JUEZ SEGUNDO DE CONTROL
ABG. X.S.D..
EL SECRETARIO
ABG. MIGUEL ESCALONA
