Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 13 de Agosto de 2010

Versa el recurso de apelación sobre la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, dictada por el Juez Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, toda vez que los recurrentes consideran que aunque se entienda que la libertad del imputado es la regla, esta tiene determinadas excepciones de ley; que los imputados fueron aprehendidos por la autoridad policial bajo circunstancias que hacen presumir con fundamento que son co-autores en la ejecución de los delitos de inducción a la corrupción en lo que respecta al ciudadano H.A.C.P. y porte ilícito de arma de fuego, en lo que respecta al ciudadano J.E.R.F.; que el juzgador no tomó en cuenta que la decisión resulta desproporcionada en relación a la pena que se pudiera aplicar a los imputados, a la magnitud del daño causado y más aun al daño causado a la administración de justicia y a la administración pública con la conducta asociativa y criminal; que el Juez de Control, debió analizar cuidadosamente las circunstancias del caso; que es grave la influencia de la ocurrencia del hecho en la colectividad y en los mismos funcionarios adscritos a la policía del estado Táchira, quienes fueron objeto del ofrecimiento hecho por el imputado H.A.C.P., con el fin de evitar el procedimiento de aprehensión y lograr la devolución de su arma de reglamento; que con decisiones como la tomada por el Tribunal Tercero de Control, puede generar una especie de incertidumbre para futuros procedimientos en los cuales preferirían recibir dinero y acceder a la pretensión del trasgresor, al no observar la efectividad de la administración de justicia al tratar los casos.

Analizado lo anterior, esta Corte considera necesario destacar primeramente que el artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9, 243, 247, 250, y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, están referidos al principio de la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, de donde se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme, a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto en el ámbito internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como en el ámbito interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal.

De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.

También, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

Asimismo, ha establecido la Sala que en ese orden de ideas, no escapa la responsabilidad del Juez de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y que cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que se le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe a.c.s. están o no, cumplidos los extremos de ley, por cuanto su resolución versa sobre el más trascendental de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Revisadas las actuaciones, esta Alzada observa, que el día 17 de abril de 2010, siendo las 06:40 horas de la tarde, funcionarios adscritos a la comisaría policial de La Tendida, visualizaron que en la calle 5 con avenida 1 frente a la parrillera “La Estrella”, un vehículo marca Ford, modelo Fiesta Power, color gris, placas MFS-70Y, impactó contra un árbol, quedando accidentado en el sitio; que del vehículo se bajaron cuatro ciudadanos, entre los cuales, uno de ellos vestía un uniforme policial y poseían armas de fuego, corriendo en diferentes direcciones; que los efectivos policiales interceptaron a un ciudadano, a quien le realizaron la respectiva inspección corporal, encontrándole en la cintura del lado derecho de la pretina del pantalón una pistola color negro marca WALTHER P99QA, serial 501652, con un proveedor contentivo de 14 proyectiles; que al momento del traslado hacia el comando policial se apersonó el ciudadano que se encontraba con vestimenta policial, manifestando que dicha pistola era de su propiedad y que era policía activo del estado Mérida con el grado de Sub-Inspector, no presentando carnet de identificación que lo acreditara como funcionario policial; que dicho ciudadano dialogó con el Agente 3512 D.U., a quien le indicó que la pistola era de su uso personal y que la daría 3000 bs. para que se la entregara; que debido a tal situación y en virtud, que dicho ciudadano coincidía con las características de uno de los sujetos que se bajó del auto que colisionó, se procedió a dejarlo detenido, quedando identificado el primero de ellos, el cual poseía el arma de fuego, como J.E.R.F. y el segundo, quien dice ser funcionario policial, quedó identificado como H.A.C.P.; que posteriormente fue recibida llamada telefónica por parte de un ciudadano que no quiso identificarse, informando que G.T., conocido como “El Dentista”, había recibido varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, siendo el caso que los sujetos descritos guardaban las mismas características de los incursos en el hecho de la colisión del vehículo.

Con base a las circunstancias descritas en el acta policial, la representación fiscal elabora la precalificación jurídica que según su criterio, merecen los hechos ocurridos. En tal sentido, al celebrarse la audiencia de calificación de flagrancia la representación fiscal atribuye a los imputados J.E.R.F. y H.A.C.P., la presunta comisión del delito de porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, para el primero de los nombrados y, para el segundo, la presunta comisión del delito de inducción a la corrupción, previsto y sancionado en el artículo 63 en concordancia con el artículo 62 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción.

Vista la petición fiscal, en audiencia de calificación de flagrancia, celebrada en fecha 19 de abril de 2010, el juez a-quo estimó que era procedente decretar medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de J.E.R.F. y H.A.C.P., por cuanto se encontraban llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y al considerar igualmente, que con tal privación se aseguraría el cumplimiento de los imputados con las diferentes partes del proceso, aunado a la pena que podría llegar a imponerse y la magnitud del daño causado.

Posteriormente, en fecha 05 de mayo de 2010 el Juez a quo, en virtud del escrito presentado por el abogado R.S., con el carácter de defensor de los ciudadanos J.E.R.F. y H.A.C.P., quien solicitó el examen y la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad recaída sobre los mencionados imputados, decidió lo siguiente:

(Omissis)

DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL Y DEL PRECEPTO JUIDICO APLICABLE

Una vez que este tribunal considera la CALIFICACION (sic) DE (sic) LA (sic) FLAGRANCIA (sic) y por ende la aprehensión del (sic) ciudadano (sic) J.E.R.F. y H.A.C.P., se otorga (sic) una medida cautelar de privación judicial preventiva de la libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de (sic) que para el aseguramiento del cumplimiento por parte de los imputados con las diferentes fases del proceso y de la pena que se ha de imponer por los delitos presuntamente cometidos. El día 19 de abril cuando se dio la audiencia de presentación física e imposición de medida de coerción personal en contra de los imputados J.E.R. y H.A.C.P., por la presunta comisión de los delitos de PORTE (sic) ILICITO (sic) DE (sic) ARMA (sic) DE (sic) FUEGO (sic) E (sic) INDUCCION (sic) A (sic) LA (sic) CORRUPCION (sic), previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del orden público e INDUCCION (sic) A (sic) LA (sic) CORRUPCION (sic), previsto y sancionado en el (sic) 63 en concordancia con el artículo 62 numeral 2° (sic) de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Estado Venezolano. Ya que para que prospere la imposición de una Medida (sic) de Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de la Libertad (sic) deben verse calificados los siguientes requisitos:

(Omissis)

En cuanto al presente caso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé como principio de juzgamiento en libertad, pero por excepción y razones determinadas en la ley y además de ello apreciadas por el juez y para asegurar el proceso se permite una medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad así contemplado en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta Medida (sic) Cautelar (sic) privativa de la libertad conocido es que procede cuando las demás medidas cautelares no garantizan la finalidad del proceso.

En el caso que nos ocupa tenemos que los ciudadanos J.E.R.F. y H.A.C.P., fueron presentados en la audiencia de calificación de flagrancia en fecha 15 de diciembre de 2009 con una precalificación de hechos delictivos de PORTE (sic) ILICITO (sic) DE (sic) ARMA (sic) DE (sic) FUEGO (sic) E (sic) INDUCCION (sic) A (sic) LA (sic) CORRUPCION (sic), previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del orden público e INDUCCION (sic) A (sic) LA (sic) CORRUPCION (sic), previsto y sancionado en el 63 (sic) en concordancia con el artículo 62 numeral 2° (sic) de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del Estado Venezolano.

Como se puede observar es un delito que por el bien jurídico tutelado y la pena a aplicar la cual excede en su límite superior de los tres años de prisión no puede otorgarse una Medida (sic) Cautelar (sic) Sustitutiva (sic) de la Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de libertad, para el aseguramiento del imputado a la sujeción del proceso de forma automática, ya que específicamente el delito de PORTE (sic) ILICITO (sic) DE (sic) ARMA (sic) DE (sic) FUEGO (sic) alcanza un límite superior de los cinco (05) años de prisión así mismo la pena impuesta en el artículo 62 N° (sic) 2 de la Ley Contra la Corrupción, el cual se cito (sic) como concordante con el artículo 63 de la misma ley.

Con un análisis exhaustivo de todos los elementos que rodean la situación jurídica de los ciudadanos J.E.R.F. y H.A.C.P., como lo son la no existencia de la obstaculización de la investigación, la no existencia de peligro de fuga por haber disminuido considerablemente la posibilidad de aplicar una pena menor, el domicilio fijo que estos poseen, como ha sido evidenciado a través de los documentos consignados por la defensa, la expresión de voluntad de someterse al proceso, es por lo que este juzgador tiene el criterio de que dichos ciudadanos pueden ser juzgados en libertad a través de la aplicación de Medida (sic) Cautelar (sic) Sustitutiva (sic) a la Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de la Libertad (sic), sin que exista incumplimiento en el proceso por parte de los mismos o frustración en la celebración de un posible juicio oral, así como las medidas alternativas de prosecución del proceso que pudiera tomarse ante el mismo juzgador correspondiente.

Considera este mismo juzgador que con el acuerdo de la Medida (sic) cautelar Sustitutiva (sic) a la Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de Libertad (sic), se lograría un punto de equilibrio entre los derechos de los justiciables y la posibilidad de no quedar impune ninguno de los delitos que se señalan a objeto de establecer el orden, lo que conllevaría a la vez a la posibilidad de la no utilización del derecho como medio de represión de forma automática, sin tomar en cuenta lo diferencial que existe en cada caso. Se debe optar es por la finalidad que se persigue en el proceso en resolución del conflicto y en ningún caso la anticipación de la aplicación de una sensación o pena, teniendo en cuenta a la vez la proporcionalidad en cada uno de dichos casos.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgador (sic) considera procedente Revisar (sic) la Medida (sic) Cautelar (sic) de Privación (sic) Judicial (sic) Preventiva (sic) de Libertad (sic) impuesta en fecha 19 de abril de 2010 y en consecuencia de la situación descrita por su defensor privado en su escrito de SOLICITUD (sic) DE (sic) EXAMEN (sic) Y (sic) REVISION (sic) DE (sic) MEDIDAS (sic) IMPUESTAS (sic)...

Las medidas de coerción personal, son instrumentos procesales que se imponen en el desarrollo del proceso penal, para restringir el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales del imputado, con la finalidad de evitar los peligros de obstaculización al proceso y asegurar el efectivo cumplimiento de la posible sanción.

La privación judicial preventiva de libertad como medida cautelar, sólo es aplicable si existe un hecho punible cuya acción penal no esté evidentemente prescrita; existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión de ese hecho punible; exista una presunción razonable de fuga, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación; requiriéndose además la debida motivación tal como lo exige expresamente el artículo 254 de la norma adjetiva penal.

Ahora bien, la revisabilidad como característica de las medidas de coerción personal, significa que su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varía si las circunstancias que la motivaron sufrieron modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su sustitución o revocación.

En este sentido, al examinar las actas que guardan estrecha relación con el recurso ejercido, el a quo para decretar la privación judicial preventiva de libertad fundamentó el peligro de fuga, indicando que con la privación de libertad, se aseguraría el cumplimiento de los imputados con las diferentes fases del proceso, señaló además, la pena que podría llegar a imponerse en virtud que se imputaba la presunta comisión del delito porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, para el ciudadano J.E.R.F. y la presunta comisión del delito de inducción a la corrupción, previsto y sancionado en el artículo 63 en concordancia con el artículo 62 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción, para el ciudadano H.A.C.P., (delitos endilgados por el Ministerio Público en la audiencia de calificación de flagrancia); sin embargo, en el auto que revisó la medida privativa de libertad y la sustituyó por una medida cautelar, señaló sencillamente que para el momento no existía obstaculización en la investigación, ni peligro de fuga, sin explicar las razones por las cuales consideró tal aseveración, pasando a indicar que los imputados tienen domicilio fijo, voluntad de someterse al proceso, la no frustración en la celebración de un posible juicio oral y las medidas alternativas de prosecución del proceso que pudieran tomarse ante el juzgador correspondiente.

Al respecto observa la Sala, que el Juzgador no cumplió a cabalidad con la responsabilidad de razonar debidamente la decisión mediante la cual decretó la medida cautelar sustitutiva, puesto que para decidir debe a.d.s. las circunstancias por las cuales se decretó la privación judicial preventiva de libertad, variaron para el momento de realizarse la revisión de esa medida.

Así mismo, en el caso de autos, debe ponderarse que la conducta humana presuntamente desplegada por el imputado J.E.R.F., referida al porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, prevé una pena de tres (03) a cinco (05) años de prisión; y la conducta del ciudadano H.A.C.P., referida al delito de inducción a la corrupción, previsto y sancionado en el artículo 63 en concordancia con el artículo 62 numeral 2 de la Ley Contra la Corrupción, prevé una pena de uno (01) a cuatro (04) años de prisión, aunado a esto, el hecho de señalar que los imputados tienen domicilio fijo, voluntad de someterse al proceso, la no frustración en la celebración de un posible juicio oral y las medidas alternativas de prosecución del proceso que pudieran tomarse ante el juzgador correspondiente, no desvirtúa de alguna forma el peligro de fuga y obstaculización en la búsqueda de la verdad.

En consideración a lo antes analizado, al no haber realizado la actividad jurisdiccional a la que está obligado el Juez, apartándose de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de las disposiciones legales citadas para mantener, sustituir o revocar la medida de coerción personal, esta Corte estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocar la decisión impugnada, debiendo el a quo librar las correspondientes órdenes de captura; y así se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decide:

Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados Jeam C.C.G. y Y.J.O.A., adscritos a la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, contra la decisión dictada en fecha 05 de mayo de 2010, por el abogado R.H.C., Juez de Primera Instancia en Función de Control N° 3 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual revisó la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta a los ciudadanos J.E.R.F. y H.A.C.P., y, en consecuencia, otorgó medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256, numerales 3, 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal.

Revoca la decisión señalada en el punto anterior

Ordena al a quo librar las correspondientes órdenes de captura.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los trece (13) días del mes de agosto de 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

Los Jueces de la Corte

E.F.D.L.T.

Presidente

L.F.A.L.P.R.

Jueza Temporal Ponente

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ

Secretario

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ

Secretario

Aa-4200/LPR/Neyda