Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 12 de Noviembre de 2010

Observa esta Corte de Apelaciones que el abogado D.E.D., en fecha 25 de octubre del 2010, interpuso recurso de recusación contra el Juez de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio, abogado J.H.O., adscrito a este Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. El referido recusante alega que el Juez adscrito a ese despacho, celebró audiencia para la cual no fue citada la defensa ni su defendido, realizándose una audiencia especial, con la sola presencia del fiscal, y que dicha actuación dio origen al auto de enero 2010, mediante el cual se decretó privación judicial de libertad en contra de su defendido Díaz Valera J.G.. En la misma audiencia se escuchó la petición fiscal, donde solicitó privación de libertad para el acusado de marras; y por celebrar audiencia con una sola de las partes, lo que constituyó una causal de recusación prevista en el numeral 6 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

Que la audiencia de presentación del imputado se celebró el 30 de septiembre de 2010 y en la misma se le otorgó al imputado una medida cautelar, sustituyendo la medida de privación de libertad decretada anteriormente. Se observa que en esa oportunidad con presencia del imputado y de todas las partes, el tribunal a quo, fijó el acto de celebración del juicio oral y público, para el día 26 de octubre de 2010. Por lo cual la recusación es presentada el 25 de octubre con el fin de impedir la celebración del juicio oral con el juez recusado.

Agregó además el recusante, que en el decreto que otorga el 05 de octubre del corriente, una media cautelar, el juez de instancia decretó la no prescripción de la acción penal correspondiente al hecho y que ello es adelantar opinión, ya que la prescripción es materia de fondo. Y que el Juez no se había pronunciado sobre el decaimiento de la medida.

Se observa además, que en la misma fecha 25 octubre de 2010, el Juez recusado emitió un informe mediante el cual no se inhibe del conocimiento de la causa, sino que expone que la recusación es temeraria y de mala fé; que de la causa se desprenden un cúmulo de apelaciones interpuestas por la parte acusada, lo que ha producido retardo procesal; que el tribunal ya se había pronunciado sobre la negativa del decaimiento de la medida porque el retardo procesal es imputable al acusado; y que se declare inadmisible la recusación por contener una pretensión infundada.

Al respecto, esta Corte observa que el 05 de octubre del 2010, el Juez si se pronunció sobre el decaimiento de la medida, declarando sin lugar la petición de la defensa. Que los alegatos del recurrente en su oportunidad al capturarse al acusado y al celebrarse la audiencia de presentación en fecha 30 de septiembre de 2010, fueron resueltos oportunamente por el juez, al constatar el error material y sustituir la privación de libertad por una medida cautelar en la audiencia especial. Que el recusante al recusar el 25 de octubre de 2010, se refiere a una audiencia celebrada el 13 de enero de 2010. Que la causal de recusación invocada expresamente contenida en los numerales 6 y 7 del artículo 86 de Código Orgánico Procesal Penal, establece que:

Artículo 86. Causales de inhibición y recusación. Los jueces y juezas profesionales, escabinos O escabinas, los las Fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e Intérpretes y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes: Omisis…

6. Por haber mantenido directa o indirectamente, sin la presencia de todas las partes, alguna clase de Comunicación con cualquiera de ellas o de sus abogados o abogadas, sobre el asunto sometido a su conocimiento.

7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido corno fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza; …”

El espíritu del legislador o el propósito de la figura de la recusación y de la inhibición es asegurar la imparcialidad del juzgador o de los funcionarios judiciales. Que cuando se invoca una causal se debe examinar si efectivamente la conducta desplegada por el juez o el funcionario recusado efectivamente afecta su imparcialidad en el conocimiento de la causa de manera que sea inminente separarlo del conocimiento de la misma.

La recusación es el acto por medio del cual se exige la exclusión del juez del conocimiento de la causa, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella y no haber dado cumplimiento a su deber de inhibición…” (Rengel-Romberg, tomo I).

Para que la recusación sea procedente debe estar fundamentada, no en generalidades, sino en hechos concretos que impidan al funcionario recusado el conocimiento de la causa, alegando la relación de causalidad entre el hecho y la causal señalada, a los fines de analizar su procedencia.

Así lo expreso la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 19 de marzo de 2003, al señalar:

…Lo anterior nos lleva a tres conclusiones fundamentales que el recusante debe tener en cuenta para que prospere su pretensión: i) debe alegar hechos concretos; ii) tales hechos deben estar directamente relacionados con el objeto del proceso principal donde se generó la incidencia, de tal manera que afecte la capacidad del recusado de participar en dicho juicio, y iii) debe señalar el nexo causal entre los hechos alegados y las causales señaladas, pues en caso contrario, ello impediría en puridad de derecho, la labor de subsunción del juez, ya que hacerlo bajo tales circunstancias, implicaría escudriñar en lo que quiso alegar el recusante, lo cual constituye una suplencia en la defensa de éste que va en detrimento del derecho a la defensa de la otra...

Así pues, la recusación es el acto mediante el cual se rechaza a un juez o funcionario, para que conozca de una causa por dudas en su imparcialidad. No obstante, la recusación no constituye un medio de cuestionamiento de las actuaciones judiciales, o de los criterios de los jueces, a menos que aquellos se encontrasen dentro de los supuestos taxativos previstos en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, o dentro de los supuestos señalados por la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Es oportuno referir, en este sentido que el fundamento constitucional de la recusación se encuentra en el artículo 49, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra dentro de las garantías inherentes al debido proceso, el derecho a ser juzgado por un Juez imparcial.

Articulo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. …omisis…

Asimismo, el artículo 26 de nuestra carta magna, obliga al estado a garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.

Articulo 26. omisis…

El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles..

Es menester destacar la sentencia Nº 370, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de Marzo del año 2008, cuya Ponente es la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, que estableció la definición de lo que en sí es una recusación, y es del tenor siguiente:

…la recusación es el medio procesal ordinario e idóneo para hacer valer las reclamaciones que sobre la imparcialidad de un juez, desde el punto de vista subjetivo, tenga alguna de las partes, permitiendo así a los mismos cuestionar la capacidad subjetiva del Juez para resolver la controversia, por encontrarse incurso en alguna de las causales de inhibición…

En sintonía con lo anterior, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Número 19 de fecha de 26 de junio de 2002, en el expediente Número 02-00029-1, con Ponencia del Juez Dirimente Magistrado ANTONIO GARCIA GARCIA, señaló textualmente lo siguiente:

…Analizados como han sido los alegatos esgrimidos por las partes en la presente causa en relación con la incidencia planteada, se observa:

La competencia subjetiva del Juez en la controversia se adecua a la circunstancia de que no existan vinculaciones de tipo personal con las partes o con la causa, por ello, la ley ha dispuesto el medio procesal de la recusación para garantizar la absoluta idoneidad del juez en el conocimiento de una causa concreta. En tal sentido, la institución de la recusación obedece a un acto procesal, a través del cual, y con fundamento en causales legales taxativas, las partes, en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva, pueden separar al juez del conocimiento de la causa, al estimar comprometida su imparcialidad en la decisión que tenga que ser emitida.

Ahora bien, el cuestionamiento de la parcialidad del juez debe estar fundada en hechos concretos que creen en el ánimo del operador jurídico decisor de la incidencia la concreción del supuesto de hecho establecido en la norma, ello, en razón de que la labor decisoria amerita la verificación del cumplimiento del supuesto de hecho previsto en el norma, para aplicar la consecuencia jurídica preceptuada.

La misma regla se aplica a la incidencia de la recusación, en donde es necesario que se señale por qué la parte recusante considera que los hechos por él afirmados son subsumibles dentro del supuesto de recusación, ya que la afirmación de circunstancias genéricas va en contra de la naturaleza misma de dicha institución, creada para demostrar hechos o circunstancias concretas en la cual pudiera estar incurso el titular del órgano decisor al que se le cuestiona su parcialidad. (…Omissis…)…

Criterio éste, reiterado y sostenido por la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sentencia Nº 3192 de fecha 25 de Octubre de 2005, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales, la cual señalo:

“….Así las cosas conviene destacar que la recusación constituye un acto procesal cuyo efecto es la exclusión del Juez del conocimiento de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. Para que la recusación proceda debe cumplir con ciertos requisitos de forma y encuadrarse dentro de alguna de las causales previstas en la ley. (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.214 del 17 de Septiembre de 2002, caso: G.A.G.L.).

La imparcialidad es una garantía constitucional para la materialización de la justicia a través del debido proceso, y se concreta en el requisito del juez natural, por tanto se trata de un requisito impretermitible para la actividad jurisdiccional y la ley en el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal fija como una obligación del juzgador inhibirse de saberse incurso en alguna de las causales del artículo 86 ejusdem, e incluso la violación a este deber amerita la apertura de un proceso disciplinario para la destitución del juez que estando afectado en su objetividad, no lo declare mediante la inhibición. Pero, si bien es cierto que resulta absolutamente condenable que un juez maliciosamente y a sabiendas de que no puede tener imparcialidad en una causa, no lo declara, también cierto es, que resulta igualmente criticable que los litigantes imputen a los jueces la existencia de motivos de inhibición. De tal modo que cuando se recusa al funcionario judicial, el recusante está en el deber de contar con medios probatorios de hechos directos, o cuando menos de situaciones que sanamente observadas lleven al convencimiento que existe un interés oculto del magistrado a favor de una de las partes en el proceso.

Así púes, en la presente causa se observa, que el juez no celebró una audiencia, sin la presencia del acusado, sino que al constatar la no presencia de todas las partes no pudo celebrar la audiencia, pues sólo estaba presente la parte fiscal y que por ello la fiscal solicitó la privación del contumaz. Que el Tribunal la decretó al considerar que el imputado había incurrido en incumplimiento, con base a informe de la oficina del alguacilazgo; pero que una vez capturado el acusado y evidenciada las presentaciones el Tribunal revoca la orden de captura y otorga una medida cautelar, restituyendo la situación jurídica derivada de un error material de la constatación de la presentaciones. Con lo cual el juez no demostró la parcialidad hacia la fiscalía.

Al respecto considera esta Corte, que no constituye el supuesto de comunicarse con una parte, sin la presencia de la otra; cuando el Juez abre el acto de la audiencia y constata la presencia de una sola parte, quien le formula una petición de implementar un mecanismo que conlleve a la comparecencia del acusado, para que se cumplan los f.d.p. y se celebre el acto previsto. Acordar las solicitudes fiscales, es parte del ejercicio jurisdiccional, sin que pueda interpretarse como una conducta que afecte la imparcialidad del juez.

El Código Orgánico Procesal Penal, permite que aún sin audiencia, la fiscalía solicite al juez la captura de un acusado, cuando se den los requisitos de ley. Y que la búsqueda de la verdad se efectúa durante todo el proceso, aún en el debate de juicio oral; de manera que al no acudir el acusado a su juicio oral constituye una obstaculización a la búsqueda de la verdad, por lo que en caso de contumacia del acusado a comparecer a los actos del proceso, da la posibilidad que la fiscalía solicite la privación de libertad. Incluso el Juez de oficio puede decretar la privación cuando el imputado o acusado incumpla sus condiciones.

Que una de las principales condiciones establecidas en la Ley, y en las actas de compromiso que firman los imputados cuando se les otorga una medida cautelar, es la de comparecer a los actos del proceso, siendo una obligación del imputado o del acusado, estar pendiente de la fijación de los actos procesales de su causa y acudir el día de los actos, por estar a derecho.

Por lo cual, la revocatoria de una medida cautelar y el decreto de privación de libertad a petición fiscal, no significan que el juez “atienda a una parte” a espaldas de la otra. Se trata sólo del cumplimiento de la obligación del juez, de asegurar la comparecencia del imputado a los actos con el fin de evitar dilaciones y retardos procesales para que la justicia se imparta en forma oportuna.

Considera esta Corte, que el decreto de privación judicial de libertad a petición del fiscal, no viola su imparcialidad para resolver sobre el fondo de la causa. Pues este es un auto que sólo hace cosa juzgada formal, y que el mismo juez restituyó la libertad al acusado inmediatamente a lo que fue capturado. Que desde enero, fecha en que se dictó la medida hasta octubre, en que se restituyó su situación, el acusado estaba en libertad y no dio muestras de comparecer ante el tribunal a solicitar la nueva fijación de la audiencia de su juicio.

Siempre que se decrete una media de privación de libertad o medida cautelar, es requisito obligatorio examinar si la acción está o no prescrita, y esa revisión se hace por mandato legal, de manera que al establecer que la acción no ha prescrito no afecta la imparcialidad del juez para conocer. Y Así se decide.

La presente recusación impidió que se celebrará la audiencia del juicio oral, con lo cual se observa que la única razón que mueve al recurrente con la presente recusación y con las anteriores apelaciones, denuncias, amparos y demás incidencias, es su intención de retardar el proceso, con tácticas dilatorias en abusivo uso de su derecho, en perjuicio del cumplimiento de los f.d.p., y de la realización de la justicia. Por lo cual lo procedente es que de inmediato se fije la audiencia de juicio y la misma se celebre.

Con respecto a la recusación de la fiscal y de la secretaria dispone el Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

Articulo 97. Fiscales. La inhibición y recusación de los o las fiscales del Ministerio Público se regirán por las disposiciones de este Código y las de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Articulo 98. Secretario. Si el inhibido o inhibida, o recusado o recusada es el secretario o secretaria del tribunal, el Juez o Jueza nombrará un sustituto o sustituta en el mismo día o en el siguiente; y de igual forma se procederá cuando se trate de otros funcionarios o funcionarias judiciales.

Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Publico establece en su artículo 57, lo siguiente:

Artículo 57. La recusación podrá ser presentada por cualquiera de las partes ante el Fiscal General de la República, o ante el Fiscal Superior, según el caso, por escrito razonado, con indicación de las causales en que se fundamente. En el caso de que haya sido presentada ante el Fiscal Superior‚ éste la remitirá al Fiscal General de la República, dentro de un lapso no mayor de doce horas, a los fines del procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y esta Ley.

Igualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que:

Artículo 53. De la inhibición o recusación de los secretarios y alguaciles, así como también en los asociados, jueces, comisionados, asesores; y de los peritos, prácticos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales y auxiliares judiciales conocerá en los tribunales colegiados al presidente; y en los unipersonales el juez.

De los anterior se desprende que esta Corte, no tiene materia sobre la cual decidir, por no ser competencia de ésta Instancia jurisdiccional tramitar o decidir recusaciones de secretarios de instancia ni de fiscales. Y Así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones, en su única sala, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA.

Declara SIN LUGAR la recusación interpuesta por el abogado D.E.D., en su condición de defensor privado del ciudadano Díaz Valera J.G., contra el Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 01 del Circuito Judicial del Estado Táchira, abogado J.H.O., por el conocimiento de la causa N° 1JU-817-04, por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal, vigente para la fecha de comisión del hecho punible.

Se ordena que se prosiga la causa y se celebre audiencia de juicio oral y público.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

E.F.D.L.T.

Presidente

L.A.H.C.L.P.R.

Juez Ponente Juez de Sala

M.E.G.F.

Secretario

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

M.E.G.F.

Secretario

1-Rec-4327/LAHC/yraidis