Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Abril de 2007

La decisión que no indicó el procedimiento a seguir quedó definitivamente firme al no ser impugnada en la fase investigativa por parte de la defensa.

La causa se sustanció y se decidió conforme a la reglas del procedimiento ordinario, el cuál es más garante que el procedimiento abreviada, por cuanto cuenta con lapsos más largos así como más oportunidades para preparar la defensa, de los cuales hizo uso la defensa de la acusada; de modo que la reposición de la causa causaría grave perjuicio a la acusada.

Por disposición de la ley no se puede reponer en fase de juicio a la fase de investigación (Vid. Art. 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal).

Como precedente judicial podemos citar un caso análogo en el que este Tribunal Colegiado negó la reposición de la causa para que el asunto se sustanciara mediante las normas del juicio abreviado por considerarlo una reposición inútil; lo cual fue llevado al conocimiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, convalidándose el criterio sustentado, que fue ratificado por esa misma instancia constitucional en sentencia de fecha 15 de Febrero de 2007, expediente N° 06-1392, cuyo extracto se cita:

…4. No obstante ello, se observa que en el presente caso la acción de amparo constitucional se interpone contra el fallo dictado el 21 de diciembre de 2005 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, el cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por los aquí quejosos contra el auto dictado el 28 de julio de 2005, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial, mediante el cual se decretó la aprehensión en flagrancia y se ordenó la tramitación conforme al procedimiento ordinario.

1. En tal sentido, expresaron los quejosos, que la referida Corte de Apelaciones vulneró su derecho constitucional al debido proceso, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, ‘(…) a pesar de que señala textualmente de que existió una infracción a la ley’.

2. Ahora bien, del estudio de las actas procesales se observa que el delito por el cual se imputa a los aquí quejosos se refiere al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En tal sentido, se observa que mediante auto del 28 de julio de 2005 el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, ordenó la detención en flagrancia de los aquí quejosos, sin embargo, ordenó la tramitación de la causa conforme al procedimiento ordinario, toda vez que la misma se encontraba en fase de investigación.

3. Al respecto, la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial expresó que ‘(…) pese asistirle la razón al recurrente en cuanto a la infracción procedimental cometida por el Tribunal a quo al decretar la aplicación del Procedimiento Ordinario tras haber solicitado la Vindicta Pública la aplicación del procedimiento abreviado y haber calificado éste (el A Quo) como Flagrante la aprehensión de los hoy acusados, no le asiste la razón en cuanto al efecto solicitado tras la ocurrencia de tal infracción, en virtud del evidente perjuicio material que se causaría a los imputados de marras, cuya actual situación procesal se encuentra ya mas (sic) adelantada, bajo pautas procedimentales diferentes, pero tan o mas (sic) garantista inclusive, que las autorizadas para tales supuestos procesales, ello en aplicación de la garantía de Tutela Judicial Efectiva evitando reposiciones inútiles a tenor de lo preceptuado en el artículo 26 Constitucional (…)’.

4. En tal sentido, observa la Sala que conforme al artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal ‘En los casos de flagrancia se aplicará el procedimiento especial previsto en el Título II del Libro Tercero’. Asimismo, se desprende de las actas procesales -folios 233 al 242 del presente expediente-, que efectivamente el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón acordó la aprehensión en flagrancia de los aquí quejosos, la cual fue solicitada por el Ministerio Público, no obstante ello, ordenó la tramitación de la causa conforme al procedimiento ordinario, por considerar que el mismo se encontraba en fase de investigación (resaltado actual, por la Sala).

5. No obstante ello, de las actas procesales que conforman el presente expediente se observa que la presente causa ya fue remitida al juez de juicio, que a su vez, ordenó la conformación del Tribunal con escabinos. Ello así, es claro para la Sala que el establecimiento del procedimiento ordinario no comporta una desmejora en la posición procesal de los quejosos por el contrario, dicho proceso permite a los imputados entre otras cosas preparar una mejor defensa de sus derechos (resaltado actual, por la Sala).

6. Al respecto, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:

7. ‘Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

8. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’.

9. Ello así, siendo que la presente acción de amparo constitucional tiene por objeto la nulidad del fallo dictado por la referida Corte de Apelaciones y que en consecuencia se ordene la tramitación de la causa conforme al procedimiento abreviado, advierte esta Sala que tal situación constituiría una reposición inútil, que por demás demoraría la tramitación de un proceso penal que ya está en curso, causando perjuicio a los imputados.

10. De tal forma, no se desprende del estudio de las actas procesales vulneración de los derechos de los quejosos que amerite la protección constitucional solicitada, toda vez que no se observa que el Juzgado presuntamente agraviante haya actuado fuera del ámbito de sus competencias, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

11. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe declarar la improcedencia in limine litis de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que la pretensión de los quejosos no podría prosperar, por entrañar en si misma una desmejora para su situación procesal. Así se decide…

Por las razones precedentes se desecha el presente motivo de denuncia. Y así se decide.

2. Otra de las violaciones en las que incurrió el A quo en criterio de los recurrentes, radica en el quebrantamiento de lo previsto en el ordinal 2° y 5° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a algunas afirmaciones hechas por el Juez relacionadas con los hechos que dieron lugar a esta causa y la negativa a declarar de la acusada.

   A tales fines procedió a citar parcialmente la decisión apelada en los términos siguientes:

   …El caso que le ha correspondido analizar a este órgano colegiado, como hecho criminal al fin, ha sido complejo, en virtud de lo subrepticio de las intenciones de la acusada M.F.M., en pretender esconder la verdad de su actividad y tratar de distorsionar la realidad de los hechos con circunstancias que realmente no sucedieron o al menos no se comprobaron en el decurso del debate oral y público. La defensa, sostuvo desde el inicio del juicio que su defendida había sido victima (sic) de un accidente de salud al complicarse el embarazo que venía desarrollando desde hacia ocho meses, es decir, que ya estaba pronto al acto del alumbramiento, según sostuvo la defensa desde el discurso de apertura, que la condición de su defendida se había complicado y que el día de los hechos fue victima (sic) de una abrupta expulsión del producto del embarazo, esto es, el feto, y que al salirse de su vientre había caído y el golpe que se había propinado había sido la causa de la muerte, no interviniendo su representada en el deceso del recién nacido.

   Aunque la estrategia de la defensa trató de explicar los hechos ocurridos respeto a la muerte del infante, sin ningún fundamento probatorio, por su parte, la acusada quien había vivido tal experiencia no quiso declarar en ningún estado del juicio, claro está para los miembros de este tribunal que el hecho de no declarar no puede reputarse como prueba que le incrimine en los hechos, aunque sin embargo, una corriente de la doctrina penal sostiene que ese evento es un indicio o cuando menos una presunción, ya que quien alega y sostiene su inocencia estaría interesado en aportar hechos y circunstancias que servirían para clarificar el suceso, sin embargo, en nuestro caso no sucedió así, pero no deja de apreciar esta instancia que la defensa si ubicó a su patrocinada en el lugar de los hechos como protagonista de los mismo (sic) y que por razones de estrategia trató de persuadir al tribunal acerca de su verdad la cual no se correspondió con las pruebas científicas que hablaron y determinaron la verdad...

   Partiendo de lo transcrito supra, la defensa señala que el A quo dejó por sentado hechos que no fueron demostrados en el desarrollo del debate, es decir la intención de la acusada de acabar con la vida del infante, denunciando por otra parte, la presunta intención del Juez para que la misma se declarase en su contra.

   Para decidir, esta Corte de Apelaciones denota:

   Forma parte de las normas que ciñen a los sujetos procesales a uno de los axiomas procesales frecuentemente vulnerado por éstos, cual es el deber de los litigantes de obrar de buena fe; como consecuencia de ello, los litigantes no deben interponer alegatos cuando éstos sean evidentemente infundados de suerte de que el órgano judicial pueda atender otros asuntos que pudieran merecer mejor mérito.

   En el presente motivo de denuncia, los recurrentes aducen que el Tribunal Mixto valoró la negativa de declarar de la acusada como un elemento de convicción en contra de ella, lo cual luce inexacto si traemos a colación lo afirmado por el Tribunal lo cual es objeto de la denuncia; a tales efectos en la recurrida se asentó:

   …Aunque la estrategia de la defensa trató de explicar los hechos ocurridos respeto a la muerte del infante, sin ningún fundamento probatorio, por su parte, la acusada quien había vivido tal experiencia no quiso declarar en ningún estado del juicio, claro está para los miembros de este tribunal que el hecho de no declarar no puede reputarse como prueba que le incrimine en los hechos, aunque sin embargo, una corriente de la doctrina penal sostiene que ese evento es un indicio o cuando menos una presunción, ya que quien alega y sostiene su inocencia estaría interesado en aportar hechos y circunstancias que servirían para clarificar el suceso, sin embargo, en nuestro caso no sucedió así, pero no deja de apreciar esta instancia que la defensa si ubicó a su patrocinada en el lugar de los hechos como protagonista de los mismo y que por razones de estrategia trató de persuadir al tribunal acerca de su verdad la cual no se correspondió con las pruebas científicas que hablaron y determinaron la verdad…

   De modo que es falso que el A quo haya obrado en detrimento de la garantía del debido proceso que exime a la acusada de declarar en contra de si misma, por el contrario el Tribunal dejó claro que a pesar de existir una corriente doctrinaria que mantiene lo contrario, no estimaba tal negativa como prueba en su contra, concluyendo finalmente que el alegato defensivo esgrimido por la defensa no logró rebatir las pruebas científicas aportadas el debate.

   Por lo tanto, se debe declarar con lugar el precedente motivo de denuncia y así se decide.

3. La defensa señala que el Tribunal de Instancia no observó los criterios de valoración establecidos en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que no analizó la totalidad de los elementos en el contexto en que se verificaron los hechos. A tales fines, indican que durante el desarrollo del debate no se pudo demostrar cuál fue el objeto contundente que pudo ocasionar la muerte del infante, aún y cuando el Juez se atrevió a apuntar que fue utilizado el puño de la acusada; sin apreciar que un objeto fijo como la base de la letrina también puede considerarse un objeto contuso.

   De la misma forma acotan con relación a la sustancia que fue encontrada en el bolso donde estaba el bebe fallecido, que la misma era una solución hemática, sin precisar algún otro particular, como por ejemplo si dicha solución era humana o animal.

   Asimismo, cuestionan el valor probatorio acreditado a las declaraciones rendidas por los ciudadanos B.R.A. y R.R.A., quienes no fueron testigos presenciales, sino que solo observaron los restos de la aludida sustancia hemática en la letrina.

   Por último, el Fiscal Décimo del Ministerio Público en forma genérica reseñó que puede evidenciarse de la lectura del texto íntegro de la sentencia, que la valoración se hizo con apego a las normas constitucionales y procesales, en virtud del análisis detallado y pormenorizado de los medios de prueba incorporados al debate, explicando la manera como quedaron acreditados los hechos que determinan la responsabilidad penal de la acusada.

   Para decidir, esta Cote observa:

   Subsumen los recurrentes varios motivos de denuncia que serán resueltas individualmente, de la siguiente manera:

   En primer lugar, afirman los recurrentes que el Tribunal determinó que fue con el puño de la acusada la que causó la muerte al infante; lo cual resulta falso por cuanto el A quo al fijar los hechos que consideró como demostrado determinó que fue con un objeto contundente, de la manera como a continuación se extracta:

   …A los fines de dar cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 364 en su ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal procede a la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que estima acreditados.

   El Tribunal Mixto Primero de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Falcón con sede en Coro, estima que en el debate oral y público quedó plenamente comprobado con todos y cada uno de los órganos de pruebas que fueron evacuados, que el día 01 de febrero de 2005, en horas de la madrugada en el sector de San J. deG., vía Capatarida, Municipio Buchivacoa del estado Falcón, la ciudadana M.F.M., quien tenía aproximadamente 8 meses de embarazo, estando en las letrinas o pozos sépticos destinados al depósito de necesidades humanas ubicadas en la parte posterior de la Iglesia Cristiana “Cristo Vive”, interrumpió su embarazo utilizando para ello un objeto externo contundente con el que provocó su propio parto sacando de su vientre el producto del embarazo, es decir, un bebé, que respiró al nacer y cuyas características era entre otras las siguientes: 48 centímetros, el cual se encontraba dentro de los parámetros normales y sin signos de prematuridad, al cual golpeó con un objeto contundente produciéndole hundimiento de la región frontal, hematoma en cuero cabelludo en región frontal izquierda de 4 cms de diámetro. Hematoma periorbitario izquierdo de 1,2 centímetros de perímetro cefálico y excoriaciones en muñeca izquierda, de cuyas lesiones le sobrevino la muerte siendo su causa la Fractura del hueso frontal a predominio del lado izquierdo, hemorragia cerebral subaracnoidea e intraparenquimatosa de lóbulos frontales bilateral y bitemporal. Edema cerebral severo. Una vez que le produjo la muerte a su hijo, se retiró hacia su residencia dejando rastros de sangre en ambas letrinas y gotas en caída libre de esa misma sustancia en dirección hacia su casa.

   Igualmente quedó acreditado que posteriormente al hecho criminal la acusada llegó referida desde el ambulatorio de Capatarida al Hospital de Dabajuro donde ingresó siendo aproximadamente entre las 11 y 12 del mediodía, siendo atendida por el galeno E.M., quien le practicó los primeros auxilios entre ellos el curetaje médico de rigor pudiéndose percatar el médico que llevaba un bolso tipo morral impregnado de sangre en cuyo interior se hallaba el cadáver del recién nacido….

   (Resaltado de la Corte de Apelaciones).

   A su vez, al momento de determinar esto, la recurrida hizo un análisis con auxilio de las máximas de experiencias y los conocimientos científicos, en el que concluyó que a falta de colección de un objeto que sirviera de medio de comisión de la lesión causada, de la consideración del experto sobre el medio de comisión, se derivó que se utilizó ya sea el puño o el marco de cemento que bordea la letrina; por lo tanto se encuentra satisfechos los extremos de la motivación sobre la existencia del medio de comisión y la valoración de las pruebas a través de la sala crítica, cuando en la recurrida se expresó:

   …En resumen, según explicó el experto la lesión frontal pudo haber sido una sola producida con un objeto contundente que lesionó la región frontal del cráneo y a su vez el área periorbital izquierda, ello dada la vecindad de ambas regiones anatómicas y lo pequeño de la cabeza de un bebé, que bien, un puño, considerado frente a la debilidad de la humanidad de un recién nacido, un objeto contundente, perfectamente puede cubrir ambas regiones y es capaz de producir una lesión de la magnitud que presentó el cadáver o bien con un instrumento sólido piedra, listón, palo etc, sin embargo, ningún objeto contundente se halló durante la inspección y colección de evidencias lo que orienta a pensar que la acusada una vez que se provoca el alumbramiento, es decir, que interrumpe el decurso o desarrollo normal de su embarazo, se sacó de su vientre al neonato y posteriormente lo golpeó con su puño o lo estrelló con el marco de cemento que bordeaba la letrina, en ambos casos la lesión de la muñeca –excoriación- encuentra su justificación con el roce del piso de cemento que es una superficie irregular, rugosa y áspera, de allí que se explica el desbordamiento de la sangre entre una y otra de las letrinas cuya caída dejan ver que la acusada luego de matar a su hijo transitó entre una y otra letrina y luego se trasladó hasta su casa con el cadáver en mano el cual derramaba sangre en caída libre y con orientación al inmueble de la criminal donde lo depositó en un morral que fue el examinado por las expertas R.N. y R.Z., que aún y cuando no pudieron determinar la especie de la sustancia si demostraron científicamente su naturaleza dejando claro que se trataba de sustancia hemática, es decir, sangre, tal omisión o imposibilidad respecto a la identificación de la especie de la sangre a juicio de estos juzgadores no es relevante ya que las máximas de experiencias indican conforme a la justicia que la misma pertenecía al recién nacido, es decir, que era sangre humana, ya que durante el desarrollo de los hechos no estuvo involucrado otro ser vivo, humano o animal.

   Como refuerzo de la conclusión de estos juzgadores y desvanecimiento de la estrategia de la defensa, la máximas de experiencias y el sentido común humano revela que de haber sido cierto que fue un accidente lo ocurrido, todo ser humano y aún más una madre, ante un evento de esa naturaleza donde un recién nacido se golpeé como consecuencia de una caída no provocada intencionalmente es innato que se pida auxilio de inmediato indistintamente de las circunstancias en la que una persona se encuentre, incluso en un hecho tan grave se le pediría auxilio hasta al enemigo, repito porque es innato, es un reflejo, ya que se trata de salvar una vida, la vida de un hijo que sufre un accidente inesperado, esto no sucedió simplemente porque la intención era dar muerte al recién nacido y no dejar rastros del abominable hecho, tal es así que siendo la comunidad de San J. deG., tan pequeña, donde según explicaban los testigos B.R. y P.R., es una comunidad de hermanos cristianos, solidarios entre si, e incluso familias y amigos, donde todos se conocen ellos que eran los pastores de la iglesia donde acudía M.F., no tenían conocimiento que estuviese embarazada, lo que deja más claro que el embarazo era ocultado y que jamás fue revelado a la comunidad seguro porque el hecho se tenía previsto cometerlo desde mucho antes…

   Se observa que la construcción argumentativa carece del vicio denunciado toda vez que si se determinó que la lesión que produjo la muerte del neonato fue un objeto contundente fijo, ya sea el puño de la madre o el marco de cemento de la letrina.

   Por lo tanto se desecha el motivo anterior de denuncia.

   Esgrimen los recurrentes con relación a la sustancia que fue encontrada en el bolso donde estaba el bebe fallecido, que la misma era una solución hemática, sin precisar algún otro particular, como por ejemplo si dicha solución era humana o animal.

   Para decidir, esta Corte observa:

   De la lectura de la recurrida, se deriva que la misma determinó que la sangre colectada en al escena del delito era humana, respaldando esta conclusión a la ausencia de otras evidencias que determinaran la presencia animales en la zona, pero acotando que tal determinación no era relevante; lo anterior se extrae de la recurrida en el siguiente compendio:

   Omissis……. de allí que se explica el desbordamiento de la sangre entre una y otra de las letrinas cuya caída dejan ver que la acusada luego de matar a su hijo transitó entre una y otra letrina y luego se trasladó hasta su casa con el cadáver en mano el cual derramaba sangre en caída libre y con orientación al inmueble de la criminal donde lo depositó en un morral que fue el examinado por las expertas R.N. y R.Z., que aún y cuando no pudieron determinar la especie de la sustancia si demostraron científicamente su naturaleza dejando claro que se trataba de sustancia hemática, es decir, sangre, tal omisión o imposibilidad respecto a la identificación de la especie de la sangre a juicio de estos juzgadores no es relevante ya que las máximas de experiencias indican conforme a la justicia que la misma pertenecía al recién nacido, es decir, que era sangre humana, ya que durante el desarrollo de los hechos no estuvo involucrado otro ser vivo, humano o animal…

   De modo que si medió la debida valoración del acervo probatorio a través de las reglas de la sana crítica auxiliada por las reglas científicas, la lógica y las máximas de experiencias.

   Por lo tanto se desecha el anterior motivo de denuncia.

   Asimismo, cuestionan los apelantes el valor probatorio acreditado a las declaraciones rendidas por los ciudadanos B.R.A. y R.R.A., quienes no fueron testigos presenciales, sino que solo observaron los restos de la aludida sustancia hemática en la letrina.

   De la revisión del texto de la recurrida se desprende que en ningún momento los juzgadores colegiados valoraron la declaración de estos dos ciudadanos para determinar cómo ocurrieron los hechos, puesto que sus dichos sirvieron para determinar el descubrimiento de los rastros de sangre en el lugar de los hechos, que la acusada vivía en el mismo sector y que se desconocía que estaba embarazada. Lo anterior se contextualiza de los siguientes párrafos que a continuación se detallan:

   …La declaración de la ciudadana B.R., se valora en virtud de tener conocimiento de los hechos y por tanto contribuye con el descubrimiento de la verdad. Se trata de una de las vecinas del sector Geviro de S.R. vía Capatarida Jurisdicción del estado Falcón y según explicó tuvo conocimiento por parte de un feligrés de la religión que ella profesa llamado Pedro que en las letrinas ubicada detrás del templo o iglesia había un pozo de sangre por lo que ella se trasladó hasta el lugar y pudo comprobar con sus ojos que se trataba de esa sustancia por lo cual decidió llamar a la policía. En otro sentido se aprecia este testimonio para comprobar que dentro de esa comunidad vivía la ciudadana acusada y que según esta testigo no sabía que la misma se encontraba embarazada.

   Omissis….

   La declaración de este ciudadano P.R.R. se valora en virtud de ser testigo presencial de los hechos y contribuir al descubrimiento de la verdad de los hechos objeto del debate. Su testifical es perfectamente armónica y concordante con el dicho de la ciudadana B.R., explicando que él fue el primero que observó la mancha de sangre en las letrinas que sirven de baño a los feligreses que acuden al templo religioso y que posteriormente a este hecho dio parte a la ciudadana B.R. en virtud de ser la Pastora de la iglesia. Igualmente señaló conforme lo que dijo B.R., que inmediatamente ella llamó a las autoridades dejando en sus manos la conducción de las averiguaciones. Del mismo modo, señaló este testigo que al lugar de los acontecimientos llegaron dos (2) funcionarios y que estos luego fueron hasta la casa de la ciudadana M.F., por cuanto del lugar donde estaba la mancha de sangre, es decir, las letrinas, las gotas de esas sustancias estaban orientadas hasta la casa de la acusada. Por último, es igualmente coincidente con B.R., en el sentido de señalar que no conocía que la acusada estuviese embarazada pero que si la conocía e incluso que era colaborada con la comunidad y con la iglesia….

   De modo que no se tratan de testigos referenciales puesto que la valoración dada por medio de la sana críticas relevaron hechos esenciales al proceso que percibieron por medio de sus sentidos y no como lo refirieron los impugnantes. Por lo que se desecha el anterior motivo de denuncia.

   Por todos los argumentos anteriores, es que esta Corte de Apelaciones declara sin lugar el recurso de apelación anteriormente analizado.

   Observación a la instancia:

   Se observa que el juzgador al momento de calcular la pena que debe cumplir la acusada, una vez estimado la pena media resultante de promediar la suma de los términos mínimo y máximo previsto en el tipo penal, procedió a rebajar la misma al término mínimo ante la presencia de una atenuante, luego aumentó la pena en seis (6) meses por apreciar una agravante de la pena; lo cual es violatorio de lo establecido en el encabezado del artículo 37 del Código Penal Sustantivo que ordena que las agravantes u atenuantes deben ser compensados, de modo que lo conducente era compensar las mismas y aplicar el término medio de la pena. No obstante, esto no se hace de oficio por cuanto perjudicaría a la acusada a favor de quien se impugnó el fallo condenatorio, en virtud de la prohibición de la reforma en perjuicio consagrada en el artículo 442 del Código Penal Adjetivo.

   DECISIÓN

   Por las consideraciones que anteceden, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

   SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Sentencia Definitiva incoado por los Abogados JUBALDO J.L. y NEUDO PEROZO, contra la decisión publicada por el Juzgado Primero de Juicio de este Circuito Judicial el 29 de enero de 2007, en la causa IP01-P-2005-000313, la cual declaró culpable a la ciudadana M.M.F.M., por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO (FILICIDIO).

   Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

   La Presidenta Accidental

   Abg. G.O.R.

   Jueza Titular

   Abg. R.M.C.

   Juez Titular Ponente

   Abg. B.R. deT.

   Jueza Suplente

   La Secretaria

   Abg. A.M.P.

   En esta fecha se cumplió con lo ordenado.

   La secretaria

   Resolución Nº IG0120070000 200