Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución |
| Ponente | Rosiri Del Vecchio DÃaz |
| Procedimiento | Ejecuciòn De Sentencia Condenatoria |
ASUNTO PRINCIPAL: LP11-P-2010-000916
ASUNTO : LP11-P-2010-000916
EJECÚTESE DE SENTENCIA
Declarada en fecha 14-05-2010 definitivamente firme la Sentencia Condenatoria por el procedimiento especial de admisión de hechos, dictada el 27-05-2010 por el Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión EL Vigía, en contra del penado A.C.C., venezolano, cédula de identidad N° 9.471.098, natural de La Azulita, Estado Mérida, nacido en fecha 09-08-1963, de 46 años de edad, hijo de M.D.L.C.D.C. y C.C.N., de estado civil casado, de profesión u oficio Agricultor, residenciado en el Municipio J.C.S., vía Palmira, sector La Tigra, fundo" Paso del S.C.", Estado Mérida; sentenciado a cumplir la pena de: UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, más las penas accesorias de prisión, a tenor de lo establecido en el artículo 16 eiusdem. Así mismo, el pago en calidad de multa a favor del Estado Venezolano correspondiente a la cantidad de: UN MIL QUINIENTOS SIETE BOLÍVARES FUERTES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs.1.507,85), la cual deberá materializar por medio del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finazas (MPPEF), conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Contra La Corrupción (publicada en la Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del 07-04-2003); por la comisión del delito de: OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDADES EN ACTOS Y RECURSOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 72 de la Ley Contra La Corrupción (publicada en la Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del 7/4/2003), en perjuicio de El ESTADO VENEZOLANO; y recibido como ha sido por ante éste Despacho el presente Asunto Penal, este Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Ejecución N° 02, del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA el siguiente EJECÚTESE. PRIMERO: Se designa como lugar de reclusión para el penado A.C.C. antes identificado, el CENTRO PENITENCIARIO DE LA REGIÓN ANDINA, con sede en la población de San J.d.L.d.E.M.. Sin embargo de conformidad a lo previsto en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se consagra que el Estado Venezolano tiene como finalidad la rehabilitación y reinserción del penado, prefiriéndose el régimen abierto, el carácter de colonias agrícolas y las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad, antes que las medidas de naturaleza reclusoria; quien decide ordena mantener al penado en libertad hasta tanto se acuerde la fórmula alternativa de cumplimiento de pena correspondiente para el presente caso, para lo cual debe reunir los siguientes requisitos: Certificado de no poseer Antecedentes Penales, C.d.T., C.d.R., acudir ante la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario Nº 01 adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, con sede en el Edificio Hermes, Piso 03, diagonal a la Plaza Bolívar de la ciudad de M.E.M., para la realización del Informe Psico-Social, requisitos éstos que debe presentar el penado de autos a la brevedad posible. SEGUNDO: Al realizarse el cómputo actualizado de conformidad con lo establecido en los artículos 479, 482 y 484 del Código Orgánico Procesal Penal, se observa que el penado de autos no ha estado detenido, por lo cual le falta por cumplir la pena de: UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN.En virtud de lo anteriormente señalado, específicamente que la pena a cumplir NO EXCEDE DE CINCO AÑOS, el penado en mención puede optar al Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, luego de haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 494 y 495 del Código Orgánico Procesal Penal.TERCERO: Igualmente el penado A.C.C. deberá cumplir con la pena accesoria, establecida en el artículo 16 del Código Penal, la que específicamente establece: “1. La inhabilitación política durante el tiempo de la condena.” La misma produce como efecto, la privación de los cargos o empleos públicos o políticos que tenga el penado, así como la incapacidad durante la condena para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio, y también perderá toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo, tal y como lo establece el artículo 24 del Código Penal. En cuanto al numeral 2 de la misma norma penal, correspondiente a la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminada ésta; se exonera la misma en atención a decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en sentencia N° 940 del 21 de mayo de 2007 (caso: “A.C.S.”) donde efectúa un cambio de criterio, en relación con la pena accesoria del Código Penal relativa a la sujeción a vigilancia de la autoridad, siendo oportuno transcribir extractos de la misma:“…En efecto, a juicio de la Sala, la sujeción de vigilancia a la libertad obliga al penado a dar cuenta a los respectivos Jefes Civiles de Municipio sobre el lugar donde resida o por donde transite, lo que equivale a un régimen de presentación que limita, a todas luces, la libertad individual.Para la Sala, basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, por lo que, en conclusión, se estima, con la argumentación explanada, que se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil del penado A.C.S.. Así se decide…”. (Subrayado del Tribunal) Se evidencia de lo trascrito, la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 Código Penal. Del criterio anteriormente esbozado y en aras de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y de mantener la uniformidad de los criterios sentados por el m.T., se acuerda exonerar del cumplimiento de la pena accesoria del artículo 16 numeral 2 de la Ley Sustantiva Penal, a favor del penado de autos.CUARTO: Se impone al penado A.C.C., supra identificado, el pago en calidad de multa a favor del Estado Venezolano, la cantidad correspondiente a: UN MIL QUINIENTOS SIETE BOLÍVARES FUERTES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs.F.1.507,85), el cual deberá materializar por medio del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finazas (MPPEF), conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Contra La Corrupción (publicada en la Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del 07-04-2003). Así las cosas, este Juzgado de Ejecución a efecto de materializar la multa impuesta al penado, la misma deberá ser depositada en la cuenta bancaria a nombre del Fisco Nacional con la planilla de liquidación de multa por concepto de sentencia condenatoria. En consecuencia, se ordena oficiar a la Dirección General de Servicios Financieros, División de Contabilidad Fiscal del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, ubicado en el Edificio Norte, Piso 1, Esquina de Carmelita y Altagracia, Caracas, Distrito Capital, solicitando la referida planilla de liquidación; anexando a dicha misiva copia certificada de la sentencia condenatoria y del presente auto de ejecútese. Así mismo, notifíquese al abogado J.L.C.A., actuando en representación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, quien a su vez sustituye a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, tal como consta del Poder de fecha 10-03-2010 inserto al folio 527 de las actuaciones que conforman la causa, a los fines de que coadyuve en los trámites administrativos para la materialización de lo ordenado.QUINTO: Notifíquese a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público con Competencia en Ejecución de Sentencia y a la Defensa Pública. Cítese al Penado, a cuyo efecto se impondrá del presente ejecútese, en la sede de este Circuito Judicial Penal, sede del Tribunal el día miércoles 14 de julio de 2010 a las 9:00 a.m. SEXTO: Remítase con oficio copia fotostática debidamente certificada de la Sentencia y del presente Ejecútese a la División de Antecedentes Penales, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario Nº 01, adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, con sede en el Edificio Hermes, Piso 03, diagonal a la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, Estado Mérida, y líbrese oficio al C.N.E., haciéndole saber sobre la pena accesoria correspondiente a la inhabilitación política durante el tiempo de la condena en relación al penado de autos. Compúlsese y certifíquese por Secretaría las copias ordenadas. Cúmplase.
JUEZA DE EJECUCIÓN N° 02
ABG. ROSIRI DEL VECCHIO DÍAZ
SECRETARIA
