Decisión nº 383 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 28 de Julio de 2011

Fecha de Resolución28 de Julio de 2011
EmisorCorte de Apelaciones
PonenteMaría Ysabel Rojas Grau
ProcedimientoInadmisibilidad De La Acción De Amparo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelación Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas

Maturín, 28 de Julio de 2011

201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-O-2011-000022

ASUNTO : NP01-O-2011-000022

PONENTE : ABG. M.Y.R.

En fecha 14 de julio del año que discurre, interpusieron de forma oral por ante esta Corte de Apelaciones la Acción de A.C., los ciudadanos S.A. y F.B.G.D., abogados en ejercicio, con domicilio Procesal en el Edificio Chianne, Piso 02, Oficina No. 15 y 16, Calle 01 Entre Carreras 06 Y 07, Maturín Estado Monagas; actuando en este acto como abogados privados y de confianza de la ciudadana C.D.R.P.Z., actuaciones que se formaron y las cuales fueron signadas bajo el N° NP01-O-2011-000022, siendo el centro de la denuncia la violación del lapso legal determinado para fijar la celebración de la Audiencia Prelimar, la cual se difirió del día 22-06-2011 para el lunes 18-07-2011, lo que a su parecer el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de Monagas, a cargo, para el momento, de la Abg. M.E.P.A.d.V., violentó el debido proceso, vulnerando el lapso establecido en el Artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando por lo tanto el recurrente en amparo que el mencionado Tribunal violó flagrantemente, La Tutela Judicial Efectiva, establecido en el en el numeral 1° del Art. 49° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Se dio entrada al presente asunto, siendo designada como ponente la Abogada M.Y.R.G., quien con tal carácter suscribe este pronunciamiento, y a fin de verificar dicha denuncia se solicitó el asunto principal donde consta el acta del diferimiento realizado, llegado a esta Corte de Apelaciones constituida como Tribunal Constitucional, y, estando dentro del lapso legal establecido, se pasa a decidir en los siguientes términos:

I

DE LA COMPETENCIA

Previo a la exposición del pronunciamiento a que haya lugar emitir en este asunto, debe este Tribunal Colegiado examinar su competencia en el conocimiento de esta acción tutelar, de la cual se puede puntualizar que revisado como ha sido la acción de amparo presentado, de manera verbal, ante esta Corte de Apelaciones, en fecha 14-07-2011, por la ciudadana abg. S.A., en compañía del abg. F.G., en representación de la acusada C.D.R.P.Z., incoado en contra del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, se desprende de su contenido que la conducta presuntamente lesiva ocasionada en la causa signada con el N° NP01-P-2010-009645, son atribuidas por el recurrente, a un Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas; circunstancia ésta por la cual, atendiendo al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual se ha sostenido reiteradamente que, en los casos en los cuales se tramiten acciones de amparo en los que se señale como agraviante a un Tribunal de Primera Instancia, debe conocer de esa acción el Tribunal Superior competente por la materia afín y, habida cuenta que según la situación jurídica denunciada como infringida, es éste el Tribunal Superior competente por la materia afín del Tribunal al cual se le atribuye la presunta injuria constitucional –a saber, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control-, es la razón por la cual, este Órgano Jurisdiccional Superior se DECLARA COMPETENTE para conocer y decidir la presente Acción de Amparo en Primera Instancia Constitucional, contra la decisión emitida por un Tribunal de Primera Instancia Penal. Ello así además, en atención y acatamiento del carácter vinculante que tiene ese criterio tanto para las otras Salas de nuestro M.T., así como para los demás Tribunales de la República, por aplicación del Artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así expresamente se Declara.

II

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

Determinada como fue precedentemente la competencia, este Tribunal Colegiado, actuando en Sede Constitucional, observa que, la presente Acción de Amparo, según los argumentos esgrimidos por los ciudadanos S.A. y F.B.G.D., en representación de la acusada C.D.R.P.Z., es interpuesta, por cuanto presuntamente la juez a-quo violentó los lapso establecidos en el Articulo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, configurándose la violación de la Garantía Constitucional de la Tutela Judicial Efectiva, establecida en el numeral 1° del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obliga al Estado a garantizar la aplicación de una justicia idónea, transparente y sin disposiciones inútiles; toda vez que –a su parecer- con tal proceder la jueza irrespeta con su actuación los lapsos de ley; razón por la cual interponen esta acción de amparo, a fin de que se tomen los correctivos pertinentes.

De otro lado este Tribunal Colegiado solicitó al Tribunal Cuarto de Control, el asunto principal de esta incidencia a fin de verificar el contenido del auto, donde presuntamente existía la violación invocada, el cual se encuentra es del tenor siguiente: “…En el día de hoy, Miércoles 22-06-2011, se encontraba fijada Audiencia Especial de conciliación, y como quiera que este Tribunal se encontraba en una audiencia especial de Acuerdo Reparatorio, en la causa N° NP01-P-2011-003869, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA; en consecuencia se imposibilito la realización de la misma; aunado a ello se pudo verificar que el traslado de la imputa(sic) no se hizo efectivo desde su domicilio por tener una Detención Domiciliaria, y de la verificación de las actuaciones no consta las notificaciones de las victimas, por lo que este Tribunal acuerda diferir LA AUDIENCIA ESPECIAL DE CONCILIACION, para el día LUNES 18 DE JULIO DE 2011, A LAS 10:30 HORAS DE LA MAÑANA. Se acuerda notificar a las partes. Líbrese traslado a la imputada para que efectué el traslado desde su domicilio. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman…” (sic).

III

ALEGATOS DE ACCIONANTE

Se desprende de los folios del uno (01) al dos (02) de la presente acción de amparo interpuesta por los profesionales del derecho S.A. y F.B.G.D., en su condición de defensor Privado de C.D.R.P.Z. presentado en los siguientes términos:

“… En el día de hoy Jueves catorce (14) de Julio de 2011, siendo las tres horas de la tarde (03:00) se constituye Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.… en virtud de la comparecencia, ante esta Instancia, los Abogados FRANK GARCÍA… y S.A.,… quien expone: Actuando en este acto como Defensores de la ciudadana C.D.R.P., a quien se le sigue causa ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, bajo la nomenclatura interna NP01-P-2010-009645, acudo ante este Tribunal Colegiado, en Sede Constitucional, a los fines de interponer Acción de Amparo en contra de la Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de esta sede Judicial, Abogado M.E.d.V., por estar presuntamente incursa en flagrante violación del debido proceso en el asunto penal alfanumérico NP01-P-2010-009645, por lo que a objeto en darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.S.d. y garantías Constitucionales, procedemos a identificar tanto a la agraviante como al agraviado, la agraviante ciudadana M.A.d.V. que puede ser ubicada en la sede del Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, en cuanto a la agraviado ciudadana C.r.P.Z., quien se encuentra privada de su libertad en la calle San Ramón, casa N° 14-3, del Sector la Murallita, de esta ciudad de Maturín Estado Monagas, fundamentamos en que esta Juez se encuentra vulnerando el debido proceso en los siguientes términos, en fecha 22 de Junio del año que discurre se encontraba pautada la realización de la audiencia Preliminar en el asunto antes señalado, el cual fue diferido mediante auto para este Lunes 18 de Julio del año en curso, ahora bien establece el artículo 327 del nuestra norma adjetiva penal, que presentada la acusación por la vindicta pública, el Juez o la Jueza convocará a las partes a una audiencia oral la cual deberá realizarse dentro de un plazo, no menor de quince (15) días ni mayor de veinte (20), y que en caso de que la misma tuviese que ser diferida esta debería ser fijada nuevamente en un plazo que no exceda de diez días, por lo que de la revisión de las actuaciones se pudo evidenciar que existe una violación al debido proceso por parte de la juez cuarto de control, en razón de que la misma vulnera los lapsos establecidos en la Ley, por lo que a clara luces también violenta lo establecido en el artículo 49 numeral 1° de nuestro texto constitucional, así como la tutela judicial efectiva, por cuanto irrespeta con su actuación los lapsos de ley, lo que como consecuencia trae consigo, la vulneración flagrante en que incurre la jurisdicente en la aplicación del debido proceso; ahora bien a los fines de demostrar esta serie de irregularidades promovemos como medio de prueba el acta de diferimiento realizada mediante auto de la Audiencia preliminar que estaba pautada para el 22 de Junio de 2011, finalmente y ya para concluir solicitamos sea admitida la presente Acción de Amparo, tramitada conforme a derecho y sea declarado con Lugar en la definitiva. Es todo. Se deja expresa constancia que se encontraba la Corte de Apelaciones de esta Sede Judicial, debidamente constituida. Vista la solicitud realizada por los abogados F.G. y S.A., esta Corte de Apelaciones ordena su remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, a los fines de su distribución. (sic)(Cursiva de la Corte).

IV

PLATAFORMA JURÍDICA

Ahora bien, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, actuando en sede Constitucional, visto los argumentos invocados por los accionantes en amparo, hemos estimado que, resulta necesario citar y transcribir la disposición legal que constituye el motivo de la decisión que aquí se emite y que guarda vinculación con el asunto a resolver de acuerdo a la denuncias expresadas por los accionante, a saber:

El Artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, establece en su numeral 5° lo siguiente:

Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

1. Omisis..

2. Omisis..

3. Omisis..

4. Omisis..

5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…

(Negrillas de la Corte).

Transcrita como ha sido la disposición y legal que precede, la cual será concordada con el contenido de la denuncia y pretensión realizada por el accionante en el escrito respectivo, y visto los hechos establecidos en la acción de amparo pasa seguidamente este Tribunal Colegiado actuando en sede Constitucional, a establecer la argumentación que sustentará la resolución a que haya lugar respecto a la admisibilidad de la presente acción o su no admisión.

V

DE LA ADMISIBILIDAD

Ahora bien, esta Corte de Apelaciones, actuando en sede Constitucional como Tribunal de Primera Instancia, de acuerdo a lo argüido en el escrito contentivo de la presente Acción de Amparo, ha verificado que los argumentos del accionante giran en definitiva en la inconformidad que tiene con relación a la fijación del lapso para la realización de la audiencia preliminar una vez diferida por primera vez, por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, cuando en el auto de fecha 22-06-2011, presuntamente violentó los lapsos establecidos en el Articulo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, al diferir la audiencia para el día 18-07-2011; asunto éste que consideró el recurrente en amparo, que configuraba la violación de las garantías Constitucionales de la Tutela Judicial Efectiva, establecido en el numeral 1° del artículo 49, de de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Luego del análisis dispensado a tales elementos y vista la tutela constitucional que debe brindar este Tribunal Colegiado, es necesario hacer algunos señalamientos en relación a la acción de amparo que nos ocupa. En primer término, este Tribunal Constitucional verificó que, ha manifestado el accionante que, solicita por vía de A.C.D.J. que se conozca y por ende se anule el auto de fecha 22-07-2011, realizado por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Control, por cuanto que presuntamente violenta el debido proceso, dado que la a-quo difirió la audiencia preliminar del asunto principal NP01-P-2010-09645, fuera de los lapsos que establece la ley en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que, a criterio de esta Alzada, una vez revisado el mismo, cursante al folio doscientos veintiuno (221) de la fase intermedia, del asunto que fue solicitado en su oportunidad, observamos que se trata de un auto de mero tramite, por lo que claramente se observa que los accionantes tenían a su disposición el recurso de revocación previsto en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ello, cabe citar sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 15-19 de fecha 08-08-2006, dictada en el expediente Nº 05-0891, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, donde al interpretar la causal contenida en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, se dejó asentado lo siguiente:

“…resulta importante destacar que las causas de inadmisibilidad de la acción de a.c., pueden ser advertidas en cualquier estado y grado de la causa, al respecto, el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, señala lo siguiente:“(...) no se admitirá la acción de amparo: (...) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”.De modo que la acción de a.c. no será admisible, cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional del imputado, con la finalidad que ésta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados.-En tal sentido, dicha causal de inadmisibilidad del amparo ha sido interpretada por esta Sala Constitucional en el siguiente sentido: .- “(...) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo..-Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.- No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.”

Mencionándose igualmente en la decisión que se alude y hacemos nuestra por compartir lo en ella expresado que:

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría P.d.D., Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de M.N.)

(Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.369 del 23 de noviembre de 2001, caso: “Mario Téllez García y otros”).” (Negrillas y cursivas de la Corte)

De la decisión emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se desprende con toda claridad que, si el accionante en amparo, podía disponer de los recursos ordinarios previstos en la norma adjetiva penal, así los haya o no ejercido, debe ser declarada inadmisible la acción de amparo, y en este caso es claro que no fue utilizada esta vía ordinaria establecida para tal fin, consideramos que han debido los accionantes en amparo agotar los recurso establecidos antes de llegar a la vía extraordinaria, por lo tanto si el diferimiento y la fijación por parte del Tribunal Cuarto de Control de la nueva fecha en que se realizara la Audiencia Premilitar del asunto principal de esta incidencia, sobrepasa o violenta los lapso establecidos en la ley, como así lo señalaron, han debido estos de conformidad con lo previsto en el artículo 444 de la norma adjetiva penal invocar el recurso correspondiente de revocación, y en este sentido se trascribe el contenido de la normativa inherente a lo aquí planteado:

…ARTICULO 444. El recurso de revocación procederá solamente contra los autos de mera sustanciación, fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda

.

ARTICULO 446. Salvo en las audiencias orales, este recurso se interpondrá en escrito fundado, dentro de los tres días siguientes a la notificación.

El tribunal resolverá dentro del plazo de tres días y la decisión que recaiga se ejecutará en el acto…

Así las cosas y establecido que la decisión accionada en amparo era susceptible de ser resuelta a través de otra vía ordinaria, como resultaba ser el recurso de revocación, ante el Tribunal de Instancia, por tratarse el auto donde se encuentra la presunta violación de derecho de un auto de mera sustanciación, toda vez que se trata del diferimiento de un acto procesal y la fijación de la nueva fecha de su celebración, aprecia esta Corte de Apelaciones actuando en sede constitucional que, de acuerdo a los reiterados criterios emitidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según los cuales –específicamente los Jueces de la República debemos actuar bajo los siguientes parámetros: “…ante la interposición de una acción de a.c., los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente…por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.-La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino solo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian…” (La cursiva es de esta Corte de Apelaciones), y, en el entendido de que, como ya se señaló, el accionante podía disponer de los recursos ordinarios previstos en la norma adjetiva penal como se mencionó antes, por lo que debemos establecer que estamos en presencia de una causal de inadmisibilidad, por existir un mecanismo ordinario idóneo (recurso de revocación) que limita el accionar en amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la ley Orgánica de A.s.d. y garantías Constitucionales, consideramos que debe ser declarada inadmisble la acción de amparo en estudio. Y así se decide.

Así las cosas, debemos establecer que, los ciudadanos Abgs. F.B.G.D. y S.A., contaban (por existir) con una vía ordinaria que le permitía examinar y obtener de parte de la a-quo un restablecimiento del presunto derecho infringido, por lo que estimamos que, en relación a este argumento de la pretensión de amparo que nos ocupa, fundamentada en la violación de la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 49.1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta inadmisible a tenor de lo previsto en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, habida cuenta que, el imputado accionante que interpuso esta Acción de A.C., disponía de otro mecanismo ordinario distinto a esta acción extraordinaria, lo suficientemente eficaz e idóneo para justificar y alcanzar su pretensión; como es, ejercer el recurso de revocación, ante el Tribunal de Primera Instancia que emitió el auto de mera sustanciación donde denunciaron la presunta violación de derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 444 y 446 del Código Orgánico Procesal Penal, estándole en consecuencia vedado acudir a esta vía extraordinaria, si contaba con un medio eficaz y pertinente para el logro de su pretensión. Como consecuencia de todo lo anteriormente señalado, reiteramos que, el amparo solicitado por los accionantes, en sus condiciones de defensores Privados de C.D.R.P.Z., en contra del auto de diferimiento emitido por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica que regula la materia, debe ser declarado Inadmisible. Y así se decreta.

Igualmente, en atención a lo dispuesto en la sentencia Nº 1.307 de fecha 22-06-05, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.220 de fecha 01-07-05, la presente resolución judicial no deberá ser sometida a la Consulta de Ley establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. Y así se decreta.

VI

DISPOSITIVA

En mérito de las razones de hecho y de derecho que preceden expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, actuando en sede Constitucional como Tribunal de Primera Instancia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO

Se DECLARA COMPETENTE para conocer de la Acción de A.C.C.D.J. interpuesta por los ciudadanos S.A. y F.B.G.D., en su condición de defensores Privados de la ciudadana C.D.R.P.Z.; seguida en el Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal.

SEGUNDO

DECLARA INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO objeto del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en los términos señalados en la presente decisión.

TERCERO

NO SE SOMETE A LA CONSULTA DE LEY establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales LA PRESENTE RESOLUCIÓN, en atención a lo dispuesto en la sentencia N° 1.307 de fecha 22-06-05, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 01-07-05.

Publíquese, Regístrese, Notifíquese, Certifíquese por Secretaría, Guárdese copia y Remítase en su oportunidad legal las presentes actuaciones al órgano correspondiente. Cúmplase lo ordenado.

La Jueza Superior Presidente,

ABG. MILANGELA M.G.

La Jueza Superior, (Ponente) La Jueza Superior

ABG. M.Y.R.A.. D.R.M.B.

La Secretaria,

ABG. M.G.B.M.

MMMG/ MYRG/DRMB/MGBM/Jasmín.

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