Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 17 de Diciembre de 2007

La abogada Z.M.G.C., en representación de la ciudadana R.M.G. (víctima), interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en fecha 13 de junio de 2006 por el juzgado Quinto en función de juicio de este circuito judicial penal, alegando inicialmente que el Ministerio Público no cumplió con las mínimas garantías de representación a la víctima y que los hechos narrados en la denuncia no se correspondieron con lo determinado en la sentencia; así mismo, denuncia que existe incongruencia e ilogicidad con respecto al delito, por cuanto al decir de la apelante, el Ministerio Público no realizó una verdadera investigación, lesionando de esa forma los derechos de la víctima.

Ante el anterior argumento, esta Sala debe advertir a la recurrente, que en el presente caso, quien tuvo la facultad de impulso procesal fue el Ministerio Público, sujeto procesal encargado de ordenar el inicio y dirigir la investigación, y de acuerdo a los elementos de convicción recabados, es quien presenta ante el juez correspondiente el escrito de acusación, el cual debe adecuarse absolutamente a los resultados de las pesquisas, pudiendo las otras partes del proceso, solicitar las diligencias que consideren pertinentes a los fines de lograr el total esclarecimiento de los hechos. En tal sentido, a esta Alzada le está vedado inmiscuirse en la investigación que la Vindicta Pública realizó, y sólo pudiera resolver el mérito de algún planteamiento que fuere hecho en virtud de violaciones o quebrantamientos de orden constitucional o legal, cuestión que no está propuesta en el presente recurso.

Por otra parte, la impugnante estima que entre las declaraciones de los testigos, los imputados y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron partidos los vidrios y el día en que se produjo la detención del ciudadano R.L.R.M., existe en la motivación del fallo una considerada laguna, por lo que solicita a esta Corte, que se de un sentido justo y legal a la sentencia con respecto a la inmotivación, relacionada con los vicios de contradicción e ilogicidad establecidos en el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

Conforme a la anterior denuncia, deviene forzoso instruir a la apelante sobre los presupuestos inherentes a los vicios contextualizados en nuestra norma penal adjetiva, como falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, toda vez que cada uno de ellos persisten por sí solos y son excluyentes uno de otro.

En efecto, se aprecia el evidente error por parte de la recurrente en su formalización, al plantearla por conducto de los referidos supuestos normativos que no constituyen su cauce procesal idóneo. Al respecto, es necesario señalar a las apelantes que el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé cinco causales de apelación de sentencia definitiva, a saber: (1) Por “falta de motivación en la sentencia”, (2) por “contradicción en la motivación de la sentencia”, (3) por “ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia”, (4) por estar fundada la sentencia en prueba obtenida ilegalmente, y (5) por estar la sentencia fundada en prueba incorporada con violación a los principios del juicio oral.

Debe precisarse en primer orden, que el vicio de ilogicidad se manifiesta en la motiva de la sentencia, constituido por la violación a los principios de la lógica humana en donde el silogismo no se corresponde con las premisas, que genera la operación mental. Ahora bien, estos principios de la lógica son: 1) principio de identidad, en donde el concepto sujeto tiene que guardar correspondencia con el concepto predicado; 2) principio de no contradicción, de dos juicios contradictorios de los cuales uno afirma y el otro niega la misma cosa, del mismo concepto y en las mismas circunstancias, no puede ser verdadero; 3) principio de tercero excluido, se refiere a dos juicios opuestos, no pueden ser ambos falsos necesariamente uno es verdadero, por tanto, uno de ellos es válido y el otro carece de ello; 4) principio de razón suficiente, todo tiene su razón de ser, todo juicio para que sea verdadero necesita una razón suficiente que lo explique.

En este sentido, observa la Sala que la recurrente no sustenta algunos de los supuestos que constituye el vicio de ilogicidad de la sentencia, por el contrario al señalar que no es clara la sentencia al determinar los hechos, entre lo depuesto por los testigos y las versiones de los acusados, se evidencia que las recurrentes pretenden denunciar el vicio de inmotivación de sentencia, al afirmar que el análisis y concatenación de las pruebas no fue hecho aplicando la lógica y las máximas de experiencia, además de utilizar el juez la indebida valoración de las pruebas que impide abordar el hecho acreditado, cual constituye un requisito intrínseco de la sentencia, conforme al artículo 364.3 del Código Orgánico Procesal Penal, tal cual lo sostiene el criterio jurisprudencial dictado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01 de abril de 2003, sentencia N° 117.

En cuanto al vicio de contradicción, debe precisarse igualmente que este se constituye, cuando existe un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutralizan.

Como corolario, el vicio de contradicción se manifiesta en la motiva de la sentencia, constituido por las argumentaciones fácticas o jurídicas que se debaten entre sí, llegándose a prescindir unas de las otras, ya sea en el ámbito in iure o en el in facti, y en este orden, vale la pena resaltar el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión número 468 de fecha 13 de abril de 2000, en la cual sostuvo:

…Esta Sala, en reiterada jurisprudencia ha establecido que existe manifiesta contradicción entre los hechos que se dan por probados, cuando por falta de claridad y determinación en cuanto a los hechos admitidos como probados, puede ofrecerse alguna duda racional que impida la afirmación o negación de un hecho principal e influyente, o cuando las contradicciones que en la exposición de los mismos resulta, sean tan manifiestas e importantes y tan incompatibles en sus términos que afecten a la unidad de dicha exposición y puedan surgir conclusiones contradictorias en el fallo…

De igual modo, la misma Sala, mediante sentencia número 507 de fecha 02 de mayo de 2002, sostuvo:

…el Juzgador a-quo incurrió en inmotivación por contradicción en relación a los hechos que declaró probados.

Efectivamente, el Juzgador a-quo, por una parte estableció los hechos y dio por probado el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en los artículos 407 en relación con el artículo 426 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano…; y por la otra, da por comprobados los hechos constitutivos de la culpabilidad del ciudadano…en el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 408 eiusdem, y lo condena por tal hecho (…)

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De lo anterior se desprende, que si bien es cierto, el escrito adolece de falta de técnica recursiva al exponer los fundamentos de su inconformidad, no menos cierto es, que la forma no predomina ante el derecho de la doble instancia que le asiste a las partes, es por ello que esta Corte entiende que la verdadera pretensión de la abogada Z.G. en representación de la víctima R.M.G., es denunciar la inmotivación del fallo.

Una vez despejada la verdadera intención de la impugnante, esta Sala advierte, que aunque se invocan controversias suscitadas conforme a los testimonios y elementos que constituyeron medios de prueba para crear la certeza en la juzgadora, debe resaltarse que esta Corte no está facultada para analizar las contradicciones que pueden existir en las declaraciones ofrecidas por los órganos de prueba, pues, si existen tales diferencias, el llamado a dirimirlas es el juez de juicio, quien es el soberano para establecer el hecho acreditado, mediante la sana crítica y conforme a la técnica de motivación, no siendo censurable el grado de certeza obtenido por el juez a-quo, pues sólo es reprochable la manera o el cómo abordó la certeza del hecho que consideró probado.

Ciertamente, si la Sala descendiera a los hechos para dilucidar las interrogantes planteadas por la apelante, en cuanto a las deposiciones efectuadas por los órganos de prueba durante el juicio oral, ello equivaldría a reexaminar la valoración de las pruebas que ya fueron apreciadas por el órgano competente, usurpando de esta manera una función que es exclusiva del Juez de Instancia, lo que quebranta los principios de inmediación, concentración y juez natural, garantizados en los artículos 16 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 020, dictada en fecha 09 de marzo de 2005, con ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, sostuvo:

El establecimiento de los hechos, “…en salvaguarda del principio de inmediación, previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, le está vedado a las C.d.A., por cuanto esa competencia le está asignada exclusivamente, al Juez de Juicio”.

Así las cosas, y atendiendo la función jurisdiccional a la que está obligada esta Corte, seguidamente se procede a examinar con detalle el fallo impugnado, en aras de establecer su adecuación o no a las normas de derecho en materia de motivación, pues el fundamento del fallo no debe elaborarse con los elementos deslindados de los hechos, razones y leyes; todo lo contrario, deben reflejarse armónicamente cada uno de ellos, abrazando la respectiva ilación que va a converger en una clara conclusión, traducida en la parte dispositiva de la sentencia, pero fortificada con una base blindada e impermeable, que ofrece seguridad y garantía jurídica a todas las partes que intervienen en el proceso.

En aras de ahondar en la materia, esta Corte procede a ilustrar su criterio respecto a tal indispensable requisito de la sentencia como lo es “la motivación del fallo”:

Con base a los anteriores señalamientos, necesario es destacar en primer orden, que la motivación de la decisión judicial, constituye un instrumento de garantía de orden constitucional que permite el ejercicio del derecho de defensa no sólo a favor del imputado y demás partes del proceso, sino también, garantiza el principio de la tutela judicial efectiva al que igualmente tiene derecho la víctima como sujeto pasivo del delito, y que en suma le va a permitir el ejercicio legítimo de los derechos y garantías que le corresponde como parte ofendida por el hecho criminoso.

Es obligación del Estado, propender y reparar el daño causado a la víctima de un hecho punible, conforme al artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la “apropiación” estatal del conflicto privado, de allí que, no le queda más a la víctima, que confiar en la efectividad del sistema judicial venezolano, esto es, en su eficacia y eficiencia tendente a evitar la impunidad del hecho criminoso, y por ende se cristalice la justicia como valor axiológico establecido en el artículo 2 eiusdem. De allí que, el único aparte del artículo 26 ibidem, establece el prisma axiológico bajo el cual debe girar el sistema de justicia, entre los cuales se destaca la idoneidad y transparencia, que entre otros valores, constituye la visión de la función jurisdiccional, siendo precisamente el Juez Venezolano protagonista de este moderno esquema inspirado en el novedoso Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia.

Una decisión inmotivada, sea que perjudique o favorezca, además de allanar el camino de la impunidad, frustra el sentir de justicia que clama el ciudadano común, y mas concretamente, ofende a la víctima directa del hecho criminoso, poniendo en peligro la credibilidad del sistema de justicia, ante la ineficacia que ofrece el acto jurisdiccional viciado de inmotivación.

A los fines de ilustrar en materia de motivación, se trae a colación la Sentencia dictada en el expediente 03-0534 de fecha 28 de septiembre de 2004, por la Magistrada Ponente Blanca Rosa Mármol de León, quien sostuvo:

…Omissis

La motivación que deben cumplir los sentenciadores de las C.d.A. cuando se les invoca el motivo de impugnación relativo a la falta de motivación, no puede limitarse a transcribir lo analizado por el tribunal aquo, y luego asentar su conformidad con lo dicho, pues ello no es suficiente para demostrar la culpabilidad o no del imputado, ni los hechos que constituyen los elementos materiales del delito. Es obligatorio verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 364 ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, ya que dichos requisitos son los que debe contener toda sentencia, a los fines de satisfacer las pretensiones de las partes.

Es cierto que los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, pero esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, y así lo ha establecido esta Sala de Casación Penal en reiteradas oportunidades, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que no debe faltar:

1.- la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes;

2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;

3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y

4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

Motivar una sentencia significa señalar la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, conforme el artículo 364 ejusdem, con el objeto de verificar la racionalidad del fallo impugnado. De modo que en este caso, no puede la Corte de Apelaciones resolver una cuestión que atañe a la motivación de la sentencia de la manera como lo hizo, cuando el propio Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 457 le da la facultad de ordenar la celebración de un nuevo juicio, cuando cualquiera de las situaciones de hecho que se cobijan bajo los supuestos de los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 452, hagan imposible un resultado justo, decisión que se logra luego del examen exhaustivo de las conclusiones establecidas por el juez a quo, así como tampoco, dejar de resolver puntos impugnados en el recurso de apelación, dado que, ello contraviene lo estipulado en el artículo 441 del mismo texto procedimental penal, que obliga a las C.d.A. a resolver el recurso que se le atribuye a su conocimiento, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados.

Al respecto, es conveniente advertir que en aras al principio de tutela judicial efectiva, según el cual, no sólo se garantiza el derecho a obtener de los tribunales una sentencia o resolución, y el acceso al procedimiento, a la utilización de recursos y la posibilidad de remediar irregularidades procesales determinantes de indefensión, éste también debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso mental conducente a su parte dispositiva…

Se ha reiterado, que motivar una sentencia, es aplicar la razón jurídica, en virtud de la cual se adopta determinada resolución. En tal sentido, se requiere discriminar el contenido de cada probanza, analizarlas, compararlas con las demás existentes en autos, y por último, según la sana crítica, establecer los hechos derivados. A fin de que las decisiones expresen clara y diáfanamente los hechos que el Tribunal considere probados, necesario es examinar todos y cada uno de los elementos probatorios, además cada prueba debe a.d.m.t. y completa, en todo cuanto pueda suministrar fundamentos de convicción.

Por su parte, el jurista R.D.S., sostuvo en su obra “LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO”, (Pág. 94), el siguiente párrafo referido a la libre convicción razonada:

…Algunos autores confunden el sistema de la “libre convicción” con el de la “íntima convicción”, por lo que es preferible denominarlo “libre convicción razonada” y se caracteriza por la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor que debe otorgársele a cada prueba, lo que no significa un arbitrio absoluto del juzgado, ya que se le impone también una obligación de explicar, razonar el porqué (sic) de esa valoración que le dio a cada prueba, debiendo hacerlo conforme a los principios de la “sana crítica racional”, siguiendo los lineamientos de la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica, que son las del recto entendimiento humano.

El juez no sólo debe expresar lo que da por probado y con qué medio se obtuvo ello en el juicio, sino también porque (sic) llegó él a ese convencimiento, lo que impide que el juzgador pueda decidir basado sólo en su capricho, en simples conjeturas, en su íntimo convencimiento. Además, es un derecho, inherente a la condición humana, que tienen las partes, fundamentalmente el imputado, y aun, el público, de saber el porqué de esa determinación

. (Negritas de la Sala).

En tal sentido, al a.e.c.s., observa esta Sala, que la juez a-quo procedió a dictar sentencia en fecha 13 de junio del año 2006, con base a lo debatido en el juicio oral y público celebrado en distintas audiencias. Se desprende así mismo del fallo que fueron valorados individualmente los testimonios de los ciudadanos A.F.M.G., S.H.M.G., LAYVY V.D.A., IRAMAR F.D.M., C.E.V.B., de lo que se desprende que la juez a-quo expresó el pronunciamiento referido a la operación mental y deducción que tuvo para valorar cada uno de los elementos de prueba; sin embargo, esta Corte atendiendo los alegatos de la recurrente, en el sentido que el juzgador discernió sobre el daño a la propiedad, considerando justificada la actuación de los acusados L.E.P. y H.E.C.C., afirmando la juez en el fallo, que los funcionarios acudieron al llamado en virtud que se estaba cometiendo un delito o acababa de ocurrir; procede a revisar minuciosamente el mecanismo abordado por la juzgadora para valorar las pruebas, así como el fundamento a través del cual expresó la certeza del hecho probado, lejos de apreciar esta Alzada, como anteriormente se aclaró, los hechos narrados por todos y cada uno de los medios de prueba, por ser función exclusiva del juez de juicio.

Tal y como emerge de las actas de debate, los testigos manifestaron en su orden:

A.F.M.G.:

…Que él era tío de la víctima, que el día 08-12-2002 (…), cuando recibió como a las cuatro de la tarde una llamada telefónica (…), notificándole que Leonardo había tenido un problema en casa de la abuela, que había roto los vidrios de una oficina anexa a la casa, (…), que Leonardo necesitaba ayuda psicológica (…), que ellas le contaron lo que Leonardo había hecho el día anterior, que había partido los vidrios de la calle porque Hebert lo había agredido con un rejo (…).

Que los vidrios los había quebrado el día anterior, que el día de la detención de Leonardo, Hebert les indicó a los funcionarios quién era Leonardo (…), que Leonardo no agredió a ninguno de sus familiares, que él no secuestró a la abuela dentro de la casa, que H.M. fue quien llamó a la policía, que él oyó cuando Hebert le dijo a los funcionartios que Leonardo era el que iba allá, que él vio cuando tomaron a Leonardo del sitio donde estaba sentado, que lo esposaron, que él les dijo a los funcionarios que él era su sobrino, que él se hacía responsable de él, que los funcionarios no tomaron en cuenta lo que él les decía.

(…), que los vidrios quebrados eran de una oficina anexa a la casa de H.M., que Leonardo fue a la casa de la abuela a pedir comida, que él no sabe los argumentos de la denuncia de Hebert, que cuando él llegó los policías estaban ahí (…), que él vio que aprehendieron a Leonardo y que no vio que lo hayan golpeado.

(…), que él le dijo a los policías que se hacia cargo de los vidrios rotos, que la presencia de los efectivos policiales obedecía a la llamada que hizo Hebert, que él no sabe porque llamó a la policía ese día, que los vidrios eran de una oficina anexa a la casa que es propiedad de Hebert, que a Leonardo lo detienen el día 09-12-02, (…), que cuando los funcionarios se llevaban detenido a Leonardo, él les dijo a los funcionarios que se haría cargo de Leonardo, que los funcionarios le respondieron que “eso no era mamadera de gallo”.

Posteriormente, la jurisdicente consideró:

(…), tiene el convencimiento pleno, que los hoy acusados de autos, actuaron conforme a la ley, llegaron al sitio porque se les llamó, a raíz de los acontecimientos que estaban ocurriendo en el sitio del suceso. R.L.R.M. estaba allí y así lo acredita el propio declarante cuando refiere que él lo llamó y no atendió a su llamado, el procedimiento resulta transparente, cuando el propio declarante manifiesta que a su sobrino no lo golpeó la comisión policial. Expresa que los funcionarios hicieron caso omiso cuando él les manifestó que se hacia cargo de los daños y de su sobrino, lo que ilustra a este Tribunal, para afirmar que si se cometió daño a la propiedad de H.M.G., y que su sobrino requería ayuda psiquiátrica

Luego declaró el ciudadano S.H.M.G., quien expresó:

…Nos tenía secuestrados desde el día domingo, nos amenazaba con un palo, con el cual partió los vidrios. Yo llamé a mis hermanos pero no me prestaron atención. Tenía miedo por mi integridad física. Y es cuando el día lunes llamé a un amigo de Defensa Civil, para que por favor llamara a la policía. Yo estaba adentro, no supe que pasó afuera.

(…), que él no tenía conocimiento que haya tenido problemas psicológicos, que él llamó a su amigo para que llamara a la policía porque afuera se encontraba Leonardo quebrando los vidrios, tratando de entrar, que él llamó a sus hermanos y ninguno le puso cuidado, que él llamó al Comandante de defensa civil, éste quizás llamó a la policía que él llamó por teléfono.

Que a él le dio miedo porque Leonardo estaba quebrando los vidrios con un tuvo (sic), que estaba profiriendo ofensas, amenazas, de ahí fue que él llamó a la policía, que él habló con su hermana N.q. en vista de que Leonardo volvió nuevamente sus hermanos no le hicieron caso, él llamó al comandante de defensa civil, que gracias a la intervención de la policía fue que cesó la acción de Leonardo

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De seguidas, la juzgadora cuando elabora su valoración, explanó:

Cuando depone S.H.M. ante el tribunal mixto, lo hace en forma clara, expresa los problemas que se venían presentando que les decía a sus hermanos pero nunca actuaron. Para el tribunal la conducta que estaba presentando el hoy lamentablemente fallecido R.L.R.M., se estaba convirtiendo en agresiva, no le importó agarrar un palo y causar los destrozos que causó, y que de no haber sido por la actuación policial, esta situación tendría consecuencias mayores, es conteste en su declaración cuando expresa que sus hermanos no acudieron al llamado que les hizo, que por el miedo que tenía llamó a su amigo en Defensa Civil, quien quizás llamó a la policía. Que luego que se llevaron a su sobrino fue a la Dirección de Seguridad y Orden Público y colocó la denuncia. Para la juzgadora queda evidenciado que si hubo daños a la propiedad, al igual que la conducta agresiva que presentó en ese momento el hoy occiso

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En su orden, la ciudadana LAYVY V.D.A., manifestó:

Que ella tenía un negocio de vidrios denominado “Cristalería Carabobo” (…), que llegó el joven Leonardo que ella conocía desde hace años por el sector, a solicitar los servicios para la reparación de unos vidrios (…), que al otro día Leonardo llegó a su negocio a las nueve de la mañana y le dijo que necesitaba un favor, que necesitaba poner unos vidrios de unas ventanas que había dañado en la residencia de su tío, que se fue el empleado y Leonardo a tomar las medidas, las cuales se tomaron y se sacó el presupuesto (…). Que él quería colocar los vidrios porque su tío Hebert lo quería meter preso, que Leonardo se fue hacia donde la abuela, que lo ve que se regresa, cruza la avenida y se sienta en una banca, que como a los diez minutos llegaron unos motorizados, que se lo llevó la policía en una camioneta que de ahí no supe nada más (…).

Que el día domingo 8-12-3002 (sic) Leonardo fue a su casa a las 09:00 de la noche, que ella estaba durmiendo, que al día siguiente 09-12-2002 fue a las nueve de la mañana a solicitar los servicios, porque le había hecho un daño a su tío Hebert, que le había quebrado todos los vidrios, que fue el empleado y tomó las medidas de los vidrios, que ella no observó ningún incidente, que desde su negocio no se puede visualizar la casa de la abuela de Leonardo, que él le manifestó que el hecho ocurrió el domingo, que Leonardo se encontraba frente a su negocio cuando se lo llevaron detenido, que vio a tres motorizados lo montaron a una camioneta, que Leonardo tenía como media hora sentado, antes estaba donde la abuela, que era un muchacho muy educado, agradable, que nunca le faltó el respeto, que ella no considera que Leonardo estuviera cometiendo ningún hecho para que se lo llevaran detenido…

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Igualmente la ciudadana IRAMAR F.D.M., expresó:

(…), que en la tarde le dijo que había partido el día anterior, los vidrios del tío en la noche, que su negocio queda al frente de la casa de él, que le pidió prestado el teléfono para llamar a la abuela para que le abriera, (…), que ella cerró el negocio a las 03:00 de la tarde, que Leonardo se fue, que ella arrancó el carro y vio a Leonardo metido en la patrulla.

(…), que estuvo toda la tarde ahí con ella, que Leonardo dijo que el día anterior en la noche había quebrado los vidrios de su tío (…), que Leonardo estaba en el negocio de ella, (…), que ella vio cuando llegó la patrulla los funcionarios entraron al garaje, que ellos entraron rápido, que Leonardo estaba en el negocio, que cuando pasaron los funcionarios Leonardo estaba en su negocio, que ella no vio la detención de Leonardo.

(…), no se acuerda si Leonardo atravesó la avenida, que ella cerró el negocio a las tres de la tarde (…), que cuando ella se montó al carro Leonardo se fue hacia la avenida (…).

(…), que ella veía al señor Hebert discutir con Leonardo, que Leonardo le comentó que había mandado a cortar los vidrios, que ella vio los vidrios rotos, que ella vio a los funcionarios en la tarde minutos antes de ella cerrar el negocio, que ella no supo porque se habían llevado detenido a Leonardo, que ella vio a las personas midiendo los vidrios antes del mediodía

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Y por su parte, el ciudadano C.E.V.B., depuso:

Que el conocimiento que tiene, es que él está por el caso de un muchacho, que fue al negocio donde él trabaja para que se le tomaran las medidas para colocar unos vidrios, que eso fue en el año 2002, que fue un día lunes alrededor de las 09:00 de la mañana, que eso fue lo que le encomendó la jefa, que fue hasta la casa y tomó las medidas.

Que él laboraba (…), Cristalería Carabobo (…), que el joven se presentó un día lunes a las nueve de la mañana (…), que la dueña lo mandó para que tomara las medidas, que él fue hasta la casa (…), que ella llamó al hijo y que él le indicó los vidrios, que tenía una actitud normal (…), que él no vio nada anormal, que él no vio ningún funcionario cuando estaba tomando las medidas, que él se enteró que se lo habían llevado detenido (Leonardo) supuestamente por los vidrios, pero que él no vio nada.

(…), que salió la señora Rosalba y que ella llamó al muchacho con el nombre de Leo, que eran como 5 vidrios (…), que no recuerda si habían vidrios quebrados, que cuando tomó las medidas él no vio ningún policía.(…), que él fue con el hijo de la señora, que no había nadie cuando estaba tomando la medida, que nadie se le acercó para hacerse responsable por el pago de los vidrios, que no puso los vidrios, que él no supo nada del problema cuando fueron quebrados los vidrios, que no recuerda muy bien, pero que eran ventanas panorámicas, que él habló con la mamá de Leonardo el día que fue a tomar las medidas

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La juzgadora valoró de forma conjunta estas tres deposiciones, fundamentando lo siguiente:

Los tres últimos deponentes, los considera el tribunal como testigos referenciales de los acontecimientos, ya que como ellos lo expresan no vieron nada, y se enteraron del problema por el propio Leonardo, quien se lo contó a la ciudadana que atiende el negocio de repuestos y a la dueña del negocio, al cual acudió Leonardo para que fueran a colocar los vidrios que él había partido. Sólo la ciudadana IRAMAR, expresa que ella, cuando pasaba frente al parque vio que a Leonardo lo tenían en la patrulla pero no sabe más nada. Que Leonardo le dijo que no podía entrar a la residencia de la abuela. Y el último de los declarantes de manera precisa dice no tener conocimiento de nada, que tan sólo se limitó a cumplir la orden que le dio su jefa de ir hasta la casa con el muchacho y tomar las medidas de los vidrios que había roto. No se prueba con sus dichos el delito que les imputa el Ministerio Público a los acusados

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Del resultado de la apreciación efectuada por la jurisdicente, acreditó el hecho de la siguiente forma:

(…), quedó evidenciado plenamente, que el ciudadano R.L.R.G., se presentó a la residencia del ciudadano H.M.G. y causó daños a la misma, que el agraviado llamó a sus hermanos para comunicarles lo que acontecía, pero que ninguno le hizo caso, optó por llamar a un amigo suyo de Defensa Civil, presumiéndose que ésta haya sido la persona que solicitó ayuda al 171 para que enviaran una comisión policial al sitio, lo que efectivamente ocurrió, y cuando llegaron pudieron observar que efectivamente se habían causado daños a la propiedad en ese momento o que acababa de ocurrir. Igualmente quedó demostrado en el debate que se vulneró el derecho de propiedad del ciudadano S.H.M.G.. Aunado a ello se tiene la declaración del propio tío de R.L.R.M. (hoy occiso) el ciudadano FARNESIO MOLINA GARCIA, quien se apersonó ante la comisión policial que practicaba el procedimiento, y les manifestó que él se hacia responsable de su sobrino y de los daños que había ocasionado. Lo cual a juicio de esta sentenciadora resulta contundente para demostrar que los funcionarios actuaron conforme a las atribuciones que le confiere la Ley, no aparecieron en el sitio a motus propio, sino que fueron llamados ante los acontecimientos que allí se presentaban. Practicando la detención del ciudadano R.L.R.M., y de la cual su propio tío es testigo presencial, y manifiesta que el mismo no fue golpeado. Hechos éstos que el tribunal estima acreditados con lo acontecido en el debate oral y público. El hoy occiso de autos, acudió al negocio denominado VIDRIOS CARABOBO, para solicitar sus servicios, en el sentido de que colocaran unos vidrios en la residencia de H.M.G.. Quedó igualmente establecido que le dijo a la ciudadana que atiende el negocio de repuestos, que había partido los vidrios de la oficina de su tío

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Ahora bien, sin involucrarse esta Alzada en los hechos que narraron los testigos, considera que conforme a lo manifestado por el ciudadano A.F.M.G. y la apreciación aportada a su dicho, la juez a-quo hizo una extracción de elementos que sólo excusaban la aprehensión de R.R.M., dando por asentado que se cometió daños a la propiedad, lo cual igualmente se observa en el análisis de las declaraciones rendidas por las ciudadanas Layvy V.d.A., Iramar F.d.M. y C.E.V.B., a quienes consideró la juzgadora como testigos referenciales, por cuanto se enteraron del problema por el propio Leonardo, tal y como lo refleja en su valoración. Sin embargo, luego de oídos los testigos y al momento de elaborar la jurisdicente la correspondiente apreciación de estas pruebas, se observa que estuvo orientada siempre al acontecimiento de los vidrios que el ciudadano R.L.M. presuntamente destruyó; hecho éste que a todas luces nunca fue controvertido, sino que más bien, refieren los deponentes que en efecto R.M. partió los vidrios de la ventana y así mismo, la propia juzgadora determina: “y se enteraron del problema por el propio Leonardo quien se lo contó a la ciudadana que atiende el negocio de repuestos y a la dueña del negocio, al cual acudió Leonardo para que fueran a colocar los vidrios que él había partido”; sin que situara su discernimiento en las circunstancias de la detención producida.

Tampoco tomó en cuenta la jurisdicente lo narrado por estos testigos, en el sentido de establecer a ciencia cierta cuándo se produjo el hecho de los vidrios, ya que tal y como se desprende de las actas del juicio oral y público, ellos señalan que el hoy extinto R.R.M. rompió los vidrios el día anterior, por el enfrentamiento que tuvo con su tío S.H.M.G., y que dicho ciudadano se dirigió a Vidrios Carabobo justamente con la intención de reparar el daño que había causado el día antes. Contrariamente la ciudadana Juez analizó: “lo que efectivamente ocurrió, y cuando llegaron pudieron observar que efectivamente se habían causado daños a la propiedad en ese momento o que acababa de ocurrir”.

No obstante, la deducción soberana de la juez de juicio, a quien legalmente corresponde valorar las pruebas conforme a los principios de inmediación, oralidad, publicidad, concentración y contradicción, hay que significar que también es obligación de ésta, elaborar ese concienzudo examen atendiendo el mecanismo de apreciación, de acuerdo a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, para poder llegar a conclusiones que satisfagan el fin único del proceso, que se traduce en la realización de la justicia.

En el caso de marras, esta Sala observa que el fundamento esgrimido por la juez a-quo para absolver a los acusados L.E.P. y H.E.C.C., fue elaborado acogiendo únicamente la versión aportada por el ciudadano S.H.M.G., y como anteriormente se explicó, su motivación estuvo orientada al daño que presuntamente había producido el occiso, para así justificar la actuación policial; sin embargo, para esta Alzada resulta censurable el mecanismo que adoptó la juez de juicio para llegar a la conclusión, en virtud que partió de un falso supuesto al estimar que el daño a la propiedad se causó en el momento que se apersonaron los funcionarios policiales o que acababa de ocurrir, deslindando su análisis de los presupuestos de motivación, pues no comparó en su conjunto los señalamientos que hicieran los testigos que comparecieron a deponer, y tampoco explicó la razón por la que desvirtuó o desechó el dicho del ciudadano A.C. y los testigos C.V., Iramar Ferrer y Layvy Vera, quienes, tal y como se observa de las actas de debate, sostuvieron que los vidrios fueron partidos el día anterior a la detención del interfecto R.R.M..

Del mismo modo, la ciudadana juez toma a los ciudadanos mencionados ut supra como testigos referenciales –del daño a la propiedad-, y no como testigos de la detención, circunstancia que primordialmente era el objeto del debate y conforme a la cual suministraron sus testimonios los ciudadanos A.C. y Layvy Vera, quienes tal y como emerge de las actas, afirmaron que R.R. se encontraba en la avenida Carabobo, sentado en un banco cuando la policía lo interceptó, mientras que Iramar Ferrer afirma que Leonardo estuvo con ella la tarde de su detención, luego ella se disponía a retirarse, cuando lo vio en la patrulla y C.V. fue la persona que tomó la medida de los vidrios, también estuvo con R.R. el día de la detención, y manifiesta que se enteró de su aprehensión; sin embargo, la recurrida no hizo la valoración y comparación de estos testimonios para concluir si la detención del ciudadano R.L.M. era justificada o no.

Como puede observarse, las pruebas fueron apreciadas individualmente sin que la jurisdicente aplicara los mecanismos idóneos de comparación e ilación de los medios que sirvieron de base para sustentar su decisión, así como también se observa que el fallo carece del análisis fundamental a través del cual no acogió las versiones de los testigos nombrados en incisos anteriores, tomando en cuenta que la apreciación soberana de los mismos es una facultad jurisdiccional y no discrecional que forma parte de la función judicial a la que está sometido el juez por mandato constitucional.

Con base a este análisis, hay que destacar que el falso supuesto corresponde a una variante del vicio de inmotivación que en el presente caso se está examinando, por lo que, respecto a este punto específico, la Sala observa que le asiste la razón a la apelante, pues ciertamente resulta reprochable la operación que utilizó la juzgadora para llegar a la certeza sobre la comparación de las pruebas.

Indudablemente la parte motiva del fallo recurrido carece del mecanismo que obligatoriamente debe aplicar el juez, en el sentido de verificar la ilación de las probanzas, adminicularlas entre sí, reflejar concretamente y de manera separada los fundamentos que considera importantes, inherentes y que no arrojen ningún tipo de fluctuación al momento de determinar que en efecto los ciudadanos L.E.P. y H.E.C.C. ciertamente son inocentes del ilícito atribuido.

Con base a los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada Z.M.G.C. en representación de la ciudadana R.M.G., por falta de motivación, de conformidad con los artículos 452, numeral 2, y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia anula la decisión recurrida, reponiendo la causa al estado que un juez distinto del que profirió el fallo anulado, celebre nueva audiencia oral y pública y dicte sentencia con prescindencia del vicio observado. Y así se decide.

De igual forma, en virtud que esta Sala entró a conocer y pronunciarse sobre el mérito planteado con base al numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta estéril, proceder a emitir pronunciamiento alguno en cuanto a las restantes denuncias, toda vez que el efecto de la declaratoria con lugar del recurso interpuesto es celebrar un nuevo juicio, abstrayendo dicha decisión las demás circunstancias delatadas. Y así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones en su Sala Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Z.M.G.C., en representación de la víctima R.M.G., en contra de la sentencia dictada por el juzgado quinto de juicio, en fecha 13 de junio de 2006, a través de la cual absolvió a los ciudadanos L.E.P. y H.E.C.C., de la comisión del delito de PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el artículo 177 en concordancia con el 176, ambos del Código Penal (vigente para la fecha del hecho).

ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de junio de 2006, mediante la cual absolvió a los ciudadanos L.E.P. y H.E.C.C., de la comisión del delito de PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el artículo 177 en concordancia con el 176, ambos del Código Penal (vigente para la fecha del hecho), y en consecuencia se ordena que un juez de la misma categoría, pero distinto del que profirió el fallo anulado, celebre nuevo juicio oral y público y dicte sentencia para resolver la situación jurídica de los referidos ciudadanos, con prescindencia del vicio observado.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los 17 días del mes de diciembre de 2007. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE,

E.J.P.H.

Juez Presidente-Ponente

IKER ZAMBRANO CONTRERAS NELIDA IRIS MORA CUEVAS

Juez Juez Suplente

JUAN CARLOS CHONA SILVA

Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

Juan Carlos Chona Silva

Secretario

As-1132-07*mcp