Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012

En fecha 24-02-2012, se dio cuenta ante esta Corte de Apelaciones a cargo de los Jueces Superiores, abogados E.J. VELIZ FERNÀNDEZ, ANA SOFÌA SOLÒRZANO y A.S.M., se le dio entrada a la causa correspondiéndole por distribución el número 1Aa-2192-12, designándose como ponente al último de los mencionados.

Una vez transcurrido el lapso de ley en fecha 28-02-2012 esta Corte de Apelaciones, a los fines de resolver el Recurso de Apelación de auto planteado, observa que el mismo satisface los requisitos de impugnabilidad, legitimación y oportunidad exigidos por la ley, por lo que admite el recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

Luego de haberse efectuado el análisis respectivo a las actuaciones; esta Sala Única de la Corte de Apelaciones, estando dentro de la oportunidad procesal para dictar decisión, entra a analizar, examinar y observa lo siguiente:

II

ACTIVIDAD RECURSIVA

Las recurrentes Abgs. N.Z.S.P., actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta a Nivel Nacional con Competencia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y M.M.M.M., actuando en su carácter de Fiscal Décima Quinta del Ministerio Publico, presentaron escrito contentivo del Recurso de Apelación de Auto, constante de diez (10) folios útiles; interpuesto ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 19-01-2012; donde explanan sus alegatos de Ley esencialmente bajo las siguientes consideraciones:

… (OMISSIS)…

Ahora bien, de las actas procesales observan quienes suscriben, que la defensa técnica de los acusados, expresa que fue probado el –arraigo en el país de sus patrocinados- y por cuanto, es procedente el cambio de medida de conformidad a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal para lo cual consigno (sic) los documentos antes mencionados; siendo que la jueza se constituyo (sic) únicamente en la garantización de las resultas del proceso penal y el criterio de procedibilidad, así como la proporcionalidad a que se refiere, en la motivación de la decisión, ya que de la manera como esta plasmada pareciera que el A Quo, ni si quiera verificó la veracidad de tales documentos ni argumento (sic) en su decisión la existencia de alguna variación que pudiera permitir la sustitución de la privativa de libertad por una medida cautelar …(Omissis)… Ante tal fallo, es propicio resaltar, que el Juez de A-quo, no consideró en su decisión que los delitos por los cuales se le sigue proceso a los acusados de autos, es por de (sic) Legitimación de Capitales Doloso, lo cual ha expresado de una manera uniforme y reiterada, que no solo se considera delito de lesa humanidad, el delito de tráfico de sustancias ilícitas (drogas), sino también los delitos vinculados a este, y en el presente caso, el delito de Legitimación de Capitales, de igual forma desestabiliza el sistema financiero de un país, coadyuvando a la industria que se dedica al trafico (sic) de drogas, colaborando así a darle apariencia legitima (sic) a las ganancias obtenidas por tales organizaciones delictivas; por lo cual se hace necesario que personas de diferentes extractos (sic) sociales se presten para dicha actividad, y es por tal motivo que lo consideramos un delito derivado del narcotráfico, así como lo ha expresado el Tribunal Supremo de Justicia … (Omissis)… Aunado lo anterior, debe destacarse que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto presunción iuris tantum, implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad vale decir, hasta no se exhiba prueba en contrario; y tal principio rige desde el momento en que se le imputa a una persona la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva … (Omissis)… Así las cosas, en ningún momento se le esta violando el principio de presunción de inocencia a una persona cuando se le dicta una Medida Privativa De Libertad por la comisión de delitos cuyas penas en su limites (sic) máximos (sic) sea igual o mayor de 10 años, sino que esto corresponde a la excepción de la regla, debido a que estos son delitos que atentan gravemente a (sic) la sociedad …(Omissis)… En el caso sub examine, es evidente apreciar que la decisión recurrida, por encontrarse a la espera del inicio de la Fase de Juicio para la oportunidad procesal que haya lugar en la referida fase en su celebración,-(sic) no justifica tal determinación-, porque es lógico considerar que existiendo acto conclusivo como lo es la acusación fiscal, ha de estimarse que existen fundados elementos de convicción y los requisitos exigidos por nuestra ley adjetiva penal para el enjuiciamiento público de los acusados plenamente identificados; existiendo la excesiva cantidad de dinero extranjero –incautado, al momento de su aprehensión, como los(sic) son SETENTA MIL CIEN DOLARES AMERICANOS ($70.100), y a su vez que pretendan ilógicamente aparentarlos como una forma legal (sic) de bienes o haberes de dichos ciudadanos, considerando quienes suscriben el presente Recurso, que dicha cantidad pueden ser obtenidos (sic) de actividad (sic) ilícitas considerados (sic) como derivadas a (sic) delitos vinculados con la delincuencia organizada y en consecuencia conduce a la comisión de los delitos que conllevaron a las imputaciones por parte del Ministerio Publico (sic) … (Omissis)… Ahora bien a la luz de la razón y de los hechos narrados, es menester resaltar la existencia de un principio de excepción previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y el Juez en Funciones de Control, lo advirtió cuando dictó la privación judicial preventiva de libertad en la audiencia de presentación de imputados en fecha 30/09/2011; por sastifacer los extremos del artículo ante (sic) mencionado y de los artículos 251 y 252 ejusdem; más aún al interponer el Fiscal del Ministerio Público una acusación, nos preguntamos con supremo desasosiego es que acaso ¿cambian las circunstancias previstas por el legislador? (sic) ¿Es que por terminar una fase del proceso (Intermedia) cambian las circunstancias del peligro de fuga y la pena que se haya (sic) a imponer, siendo tomadas en cuenta por el recurrido? (sic)... (Omissis)… Con ello requiere el Ministerio Público, el aseguramiento de los acusados durante todo el proceso penal, pues existen como se evidencia fundados elementos en su contra de la comisión de los delitos de legitimación de capitales dolosa y asociación para delinquir, así como el temor fundado de no someterse a la persecución penal y tales hechos no han variado hasta la presente fecha. De manera que, el recurso que hoy ejercen estas Representaciones Fiscales conjunta, (sic) no solo no es infundado ni temerario, sino que no ha de consentir y mucho menos hacer permisivo que se ponga en peligro las resultas de un proceso en virtud de los delitos acusados por la excesiva cantidad de dinero manipulado y garantizar el debido proceso en cada una de sus fases y que exista justicia para una sociedad por ser víctima, ya que el norte constituyente del año 1999, sobre lo cual se inspiran los principios de justicia, son aquellos que se inclinan (sic) en la razón, la equidad, y la verdad, y en el presente caso la suerte de uno en consecuencia arrastraría a los demás casos por venir, produciendo esta circunstancia una suerte de precedente inadmisible por imperio de la Ley.(sic)

III

CONTESTACIÓN DEL RECURSO

Ante el presente recurso el abogado R.J.S.M. interpone la contestación del recurso de apelación es del tenor siguiente:

… (Omissis)…

Analizando lo anteriormente expuesto, se infiere en forma clara que no existe un peligro de fuga que pudiese acreditarse a mis patrocinados, por lo tanto se da por demostrado que ese queda desvirtuado… (Omissis)… Como bien puede apreciarse Honorable Magistrados, el hecho objeto de esta causa, consiste en la posesión de 70.000 dólares americanos, por parte de mi defendido YARDANI A.R.A.. Y este hecho en si, no causa ningún tipo de daño, pues estos habían sido adquiridos en forma legal en el país vecino; en donde no existe restricción cambiaria, y su uso en nuestro país estaba destinado a compra de bienes de lícito comercio, que requieren para una mejor economía el pago en moneda extranjera. Por lo tanto mal puede decirse que existe un grave daño causado por la conducta de mi defendido YARDANI A.R.A.. No me refiero a mi patrocinado A.M.G.G., por cuanto en la causa está demostrado, que el solamente cargaba 834 bolívares; y esto mucho menos puede causar algún daño, ni tampoco es delito… (Omissis)… Y que esto fue precisamente lo que solicitó la defensa al Tribunal que acordó la medida cautelar sustitutiva. Y que además, si bien es cierto que el cambio de una medida se suscita cuando existen circunstancias que deban ser tomadas en consideración para producir la misma, no es menos cierto que tal como lo explica N.S.M., en su obra Alternativas a la Pena Privativa de Libertad, refiriéndose a Roxin, C. Derecho Penal, parte general: “debemos adherirnos al acuerdo unánime de que el juez, al elegir entre las diversas posibilidades de significado, cumple una función creadora: la función interpretativa”. Y esto precisamente fue lo que hizo (sic) la ciudadana Juez de Juicio después de valorar las normas contempladas en los artículos 250, 251, 252, 256, 264 del Código Orgánico Procesal Penal, e interpretar en una forma creadora y justa, para así determinar que mis representados Ciudadanos A.M.G.G. Y YARDANI A.R.A., eran merecedores de una medida cautelar menos gravosa a la privación judicial preventiva de libertad. Por las razones anteriormente expuestas, esta defensa técnica se opone al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la decisión que otorgó la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad. Mis representados manifiestan una vez más, Honorables Magistrados, su voluntad a no sustraerse del proceso, y tengan Ustedes la completa seguridad de que ellos cumplirán con todos los actos a que se les convoquen, tal como ya lo vienen haciendo… (Omissis)… En las normas antes transcritas, se ratifica que durante el proceso la libertad debe ser regla y solo de manera excepcional podría restringirse. Teniendo estas afirmaciones como norte, la interpretación de las normas que regulan esta materia debe realizarse con criterio restrictivo, para lo cual no debe olvidarse el carácter excepcional, de las medidas que pudieran limitar la libertad durante el proceso. La interpretación, entonces, debe ser pro libértate, es decir, a favor de la libertad. Igualmente, en el Código Orgánico Procesal Penal se regulan los casos excepcionales que permiten mantener detenida a una persona durante el proceso, casos que en, nuestro criterio, se han ampliado en demasía en las diversas reformas que ese instrumento legal ha sufrido, lo que a veces nos hace concluir en que la regla pareciera ser privación de la libertad y la excepción el juicio en libertad, yendo en contravía a lo que la Constitución claramente establece… (Omissis)…

IV

DE LA DECISIÓN OBJETO DE IMPUGNACIÓN.

De los folios uno (01) al cuatro (04) del cuaderno de apelación, riela la motivación de la decisión recurrida, cuya dispositiva es a tenor siguiente:

… (Omissis)…

UNICO: sustituir la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que les fuere impuesta a los ciudadanos: YARDINI A.R.A. titular de la cedula(sic) de identidad N° 10.131.095 y A.M.G.G. titular de la cedula(sic) de Identidad N° 10.131.095, procesado por el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA Y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el(sic) articulo(sic) 4 y 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en perjuicio de la COLECTIVIDAD, por las Medidas Cautelares Sustitutiva a la Privación de Libertad contenidas en los ordinales 3° y 4° del articulo(sic) 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones a intervalos de cada treinta días entre una presentación y prohibición de salida del país, todo ello de conformidad a lo establecido en el articulo 264 ejusdem.

… (Omissis)…

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte de Apelaciones pronunciarse en relación con el recurso de apelación de auto interpuesto por las Abogadas N.S. y M.M., actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, respectivamente, contra la decisión (auto) emanada en fecha 20/12/11 del Tribunal Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, que sustituyó la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada contra los encartados YARDANI A.R.A. y A.M.G.G., otorgando medidas cautelares sustitutivas a dicha privación de libertad, en la causa penal que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de capitales y Asociación para delinquir.

El Ministerio Público funda su apelación, según conclusión a la que llega esta Corte del exhaustivo análisis de la argumentación contenida en el escrito impugnatorio, en el hecho de no haber variado las circunstancias que dieron origen al dictamen de la medida de privación de libertad por lo que no debía sustituírsele, considerando que el delito investigado amerita su mantenimiento para asegurar las resultas del proceso, lo cual deja ver la Fiscalía cuando dice (se cita):

Con ello requiere el Ministerio público (sic), el aseguramiento de los acusados durante todo el proceso penal, pues existe como se evidencia fundados elementos en su contra de la comisión de los delitos de legitimación de capitales dolosa y asociación para delinquir, así como el temor fundado de no someterse a la persecución penal y tales hechos no han variado hasta la presente fecha.

De manera que, el recurso que hoy ejercen estas Representaciones Fiscales conjunta (sic), no solo no es infundado ni temerario, sino que no ha de consentir y mucho menos hacer permisivo que se ponga en peligro las resultas de un proceso en virtud de los delitos acusados…

.

De igual forma considera la vindicta pública que “la jueza se constituyó únicamente en la garantización (sic) de las resultas del proceso penal y el criterio de procedibilidad, así como la proporcionalidad a que se refiere, en su orden, en (sic) los artículos 247 y 244 ejusdem, apreciándose una insuficiencia en la motivación de la decisión, ya que de la manera como esta (sic) plasmada pareciera que el A Quo, ni siquiera verificó la veracidad de tales documentos ni argumento (sic) en su decisión la existencia de alguna variación que pudiera permitir la sustitución de la privativa (sic) de libertad por una medida cautelar”.

En este sentido, esta Corte de Apelaciones se pronuncia:

Las medidas de coerción personal deben ser entendidas como mecanismos procesales de carácter precautelativo mediante los cuales el órgano jurisdiccional con competencia para ello, asegura las finalidades del proceso penal y la comparecencia del procesado a el, restringiéndole a este último el pleno ejercicio de determinados derechos, bien personales o patrimoniales. La Sala Penal de nuestro m.t. en sentencia Nro. 421 del 10/08/09, con ponencia de la Magistrada Dra. M.M., ha dicho al particular:

“Sobre la base de los artículos transcritos, la Sala observa que, las medidas cautelares son un medio para asegurar los f.d.p. penal: lograr establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la Justicia en la aplicación de la Ley. Así mismo, estas medidas han sido consideradas por la Sala Constitucional de este M.T. de la República como “…un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines…”. (Sentencia 1212 del 14 de junio de 2005). Doctrina que la Sala Penal confirma en esta oportunidad”.

Dentro de las características inmanentes de las medidas de coerción personal encontramos que las mismas deben ser dictadas solo en caso de estimarse necesarias, atendiendo siempre a criterios de proporcionalidad y excepcionalidad, estando el órgano jurisdiccional obligado a motivar suficientemente su dictamen al particular, estando sujetas además, a lo que en doctrina es conocido como regla rebus sic stantibus, que impone “que se mantengan vigentes durante el proceso, tomando en cuenta la permanencia o variación de las condiciones que le sirvieron de fundamento, de forma tal que solamente, en tanto y en cuanto no hayan variado las circunstancias que tienen que ver con la adopción de una medida de coerción, esta se mantendrá igual; y si han variado, como sería el caso de las circunstancias atinentes al peligro de fuga o de obstaculización del proceso, en relación a la privación judicial de libertad, esta medida cautelar máxima, será modificada o sustituida, independientemente del tiempo y de su provisionalidad” (Alberto Arteaga “La Privación de Libertad en el proceso penal venezolano”, Caracas, 2007, Pág. 41).

De lo anterior se colige que las medidas cautelares dictadas en el devenir del proceso penal pueden mutar, por haber variado igualmente las circunstancias que las originaron, siendo en este aspecto de importancia sublime la actividad que habrá de ser llevada a cabo por el juez a quien corresponda analizarlas, pues patentiza con este acto el control jurisdiccional a que debe someterse toda medida de coerción personal. De allí que, además de analizar la modificación o mantenimiento de los supuestos que ocasionan la providencia cautelar, también debe ejecutar un recorrido por el iter procesal, en examen de elementos que ocasionen que la decisión que se dicte sea apegada verdaderamente al concepto de Justicia, sin que con esto se pretenda desnaturalizar la función que le ha sido encomendada según la fase del proceso de que se trate, sino de evitar el trato igual a situaciones procesales desiguales, lo cual no hace sino profundizar la brecha existente e innegable entre los conceptos de derecho y Justicia, mismos que El Constituyente se ha empeñado en distinguir, tomándolos sin embargo como parte de un todo armónico, debiendo el jurisdicente considerar la preeminencia de esta sobre aquel, en loable búsqueda de verdadera tutela judicial para el justiciable.

No se trata, se repite, de que el juez adelante opinión sobre el hecho controvertido puesto bajo su conocimiento, sino que vea el proceso como un todo, que en su delicado ministerio analice en su contexto todo el cúmulo de situaciones que caracterizan un determinado asunto, y luego de sesudo razonamiento, dicte fundadamente su resolución, sin ambages, consciente de la realidad social, política, económica y cultural que vive el país, de las necesidades reales de los justiciables que hacen vida en el y sobre todo de la necesidad de coartar derechos para salvaguardar otros. La valentía, conocimiento y destreza del juez venezolano es indispensable para conseguir verdaderamente los f.d.p. penal, obviar las fórmulas sacramentales y el excesivo rigorismo positivista le hacen parte del conglomerado y le acercan a la verdadera finalidad del proceso penal, hacer justicia en beneficio del colectivo.

Tales asertos obedecen al alegato fiscal de criterio sostenido en jurisprudencia harto conocida y trajinada, originada en sentencia No. 128 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en fecha 19/02/09, en la cual se estipula la no procedencia de beneficios procesales o medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, arguyéndose en el escrito recursivo que los delitos imputados son de lesa humanidad, argumentando luego “que dicha cantidad –refiriéndose al dinero incautado- pueden ser obtenidos (sic) de actividades ilícitas considerados (sic) como derivadas a delitos vinculados con la delincuencia organizada y en consecuencia conduce a la comisión de los delitos que conllevaron (sic) a las imputaciones por parte del Ministerio Público”.

Como puede verse a grosso modo del escrito recursivo, el proceso instaurado contra los encartados lo es por delitos de delincuencia organizada, a saber, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, sin que se haya realizado el debate oral y público correspondiente, donde habrá de discutirse, de ser el caso, cuales fueron presuntamente las actividades llevadas a cabo por los encartados para legitimar capital y asociarse ilícitamente, no pudiendo subsumirse automáticamente la imputación realizada por tales delitos, en los supuestos de tráfico de drogas, pues en la norma sustantiva, o sea, la Ley contra la Delincuencia Organizada, existen diversos tipos penales considerados de delincuencia organizada, siendo el tráfico de sustancias estupefacientes uno de ellos, y no el único y exclusivo, por lo cual en la oportunidad procesal adecuada habrá de prestarse atención a tan delicado particular, debiendo ser aplicada irrestrictamente la jurisprudencia aquí comentada, cuando la imputación sea suficientemente clara al respecto, y no como efecto mecánico ni autómata de la interpretación limitada y elemental, ergo errada, de la norma sustantiva penal.

Retomando lo concerniente a las medidas de coerción personal, encontramos que la imposición, sustitución o modificación de las mismas deben satisfacer los presupuestos de motivación suficiente, alejando así el fallo de predios de la arbitrariedad o el capricho. La Sentencia Nro. 443 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia fechada 11/08/09; con ponencia de la Magistrada Dra. M.M., ha sostenido al particular:

“…la decisión por medio de la cual un juez sustituye la privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre un ciudadano por una de las medidas cautelares sustitutivas consagradas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal no está exenta del deber que tiene el juzgador de dar una motivación suficiente, la ausencia de estas razones constituye un atropello, objeto de nulidad según los artículos 190 y 191 “eiusdem””.

En el asunto sometido a consideración de esta alzada, puede observarse que la jueza a quo, describió las documentales que le fueron presentadas como soporte para la solicitud de imposición de medidas cautelares menos gravosas que la privación de libertad, las examinó y ejecutó sobre ellas un avalúo, considerando razonada y motivadamente que las mismas servían de fundamento suficiente para dar por modificados los supuestos que originaron inicialmente el dictamen de la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los acusados YARDANI RODRÍGUEZ y A.G., al haberse acreditado el arraigo de estos, considerando, en claro ejercicio de su potestad jurisdiccional, que las resultas del proceso penal que se les sigue podían verse satisfechas con la imposición de medidas cautelares sustitutivas, que, aunque limitativas de la libertad personal, resultan menos gravosas para los encartados.

En tal sentido, puede observar esta Alzada que el obrar de la jueza de juicio fue acertado, pues según consta de las actas procesales (Folios 55 y 56 de las actas) los procesados se encuentran dando cumplimiento a las medidas cautelares sustitutivas impuestas, en cuanto a las presentaciones periódicas, por lo cual se estima que la función de las mismas se está cumpliendo, al asegurarse el sometimiento de los acusados al proceso que se les sigue, por lo cual la decisión recurrida se encuentra ajustada a criterios racionales de suficiencia, consistencia y coherencia en cuanto a motivación se refiere, lo cual la hace ajustada a derecho. Así es decidido.

Ante las cuestiones planteadas por las recurrentes en cuanto a que aún persisten los requisitos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual no podía ser modificada ni sustituida la medida de privación de libertad, es menester mencionar en el presente fallo, que resulta innegable que deban existir tales requerimientos para dictar toda medida limitativa de la libertad personal, entre las que se incluyen las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, al ser ambas coercitivas y limitativas de derechos. En este sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional:

Así las cosas, para que proceda la aplicación de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad, antes tienen que estar satisfechos los extremos de procedencia de la medida privativa de libertad, tal como claramente deriva del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es que, en aquellos casos en los cuales sea procedente la medida privativa de libertad, porque estén satisfechos los requisitos del artículo 250 eiusdem, si el juez estimara que las finalidades del proceso –que son al fin y al cabo la única razón de ser de las medidas cautelares de coerción personal, según el artículo 243 ibídem- pueden ser garantizadas a través de una medida menos gravosa o menos aflictiva que la privativa de libertad, deberá dictarla. De allí que resulte obvio que las medidas cautelares sustitutivas tienen como requisito previo de procedencia, que estén satisfechas las exigencias legales para el decreto de la medida privativa. El legislador habla claramente de medidas sustitutivas de la privativa de libertad, de modo que sólo puede concebirse la posibilidad de una medida sustitutiva cuando es procedente la principal que habrá de ser sustituida. Así se declara

. (Sentencia 1383 del 12 de julio de 2006. Ponente: Magistrado Dr. P.R.H.).

Como colofón de las anteriores consideraciones, se permite esta Corte de Apelaciones citar el contenido de la preclara Sentencia Nro 136 del 06/02/07 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. P.R.h., cuyo contenido desarrolla ampliamente los argumentos reproducidos en el fallo que se dicta:

En el caso particular de las medidas cautelares de coerción personal, la propia ley procesal penal fundamental lleva la conclusión de que las sustitutivas de la privativa de libertad constituyen, sin duda, beneficios procesales. En efecto, se observa que, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas preventivas que el legislador estableció para la eventual sustitución de la privación de libertad suponen que estén actualizados los supuestos de procedencia de esta última; sólo que el Juez estima que, no obstante la pertinencia de dicha medida privativa, las finalidades del proceso pueden ser satisfechas a través de cautelas menos gravosas o aflictivas que aquélla y, debe, por tanto, hacerse primar el principio constitucional del juicio en libertad. En otros términos, aun cuando estén satisfechos los requisitos que reclama el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para el decreto judicial de privación de libertad, el artículo 256 eiusdem otorga al Juez la potestad para que, mediante decisión fundada de acuerdo con dicha disposición legal, someta al imputado a una situación más beneficiosa o favorable, en relación con su derecho fundamental a la libertad. Por consiguiente, no hay duda alguna de que son beneficios procesales las medidas cautelares de coerción personal que sustituyen a la de privación de libertad.

De la lectura a las normas antes transcritas, se concluye que las medidas de coerción personal que sean decretadas dentro del proceso penal, antes de la sentencia, son, como su denominación inequívocamente lo indica, cautelares, esto es, dirigidas a “prevenir, adoptar precauciones, precaver” (M. Ossorio: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1999, p. 171), lo cual significa que dichas medidas no constituyen un pronunciamiento extemporáneo, por anticipado, de culpabilidad. Las mismas constituyen legítimas excepciones al postulado del juicio en libertad y están meramente dirigidas al aseguramiento de la comparecencia del imputado a los actos de su proceso y, con ello, a que se haga efectiva la garantía fundamental de un juicio dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas. No debe olvidarse, además, que, en lo que concierne a los delitos de acción pública, el interés social concurre, con el de la víctima, a la exigencia de que las acciones delictivas sean efectivamente investigadas y, si es el caso, sean sancionados quienes hayan participado en la comisión de las mismas. En otros términos, junto con el de la víctima, existe un interés social preeminente en el aseguramiento de la eficaz y oportuna realización del proceso penal, lo cual constituye una razón fundamental adicional para la convicción de legitimidad de las medidas precautorias –entre ellas, las privativas o restrictivas de la libertad personal- que, dentro del proceso, autoriza la Ley, con base en el artículo 44 de la Constitución y acorde con los antes citados acuerdos internacionales.

2.2.3. La Sala advierte que, como desarrollo del artículo 44 de la Constitución, el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece que “toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sea insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Todo lo anterior motiva que, en apego estricto al Derecho, esta Corte de Apelaciones declare SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por las abogadas N.S. Y M.M., actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial y queda confirmada la decisión recurrida. Y ASÍ SE DECIDE

VI

DISPOSITIVA

Por lo anterior esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA