Decisión de Tribunal Quinto de Control de Monagas, de 26 de Febrero de 2014
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Quinto de Control |
| Ponente | Rosimar Perez |
| Procedimiento | Revisión De Medida |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control del Estado Monagas
Maturín, 26 de Febrero de 2014
203º y 155º
ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2013-017607
ASUNTO : NP01-P-2013-017607
RESOLUCIÓN N°: PJ0052014000584
AUTO NEGANDO REVISIÓN DE MEDIDA
Corresponde a este Tribunal Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA, interpuesta en fecha 30 de Enero de 2.014, POR EL representante de la Defensa Pública 9° DR. M.M. por el imputado J.J.D.M. Venezolano, de 22 años de edad, Estado Civil: Soltero, natural de Maturín Estado Monagas, nacido en fecha 09/06/1991, Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20404299, domiciliado en: Sector San Rafael calle 2, Terrazas del Oeste, casa s/n, cerca a la Bodega Punto Azul,, teléfono: 0416-7949546 (de mi tío de nombre A.M.)., a quien se le sigue causa por los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COUTORIA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 458 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 83, CÓDIGO PENAL, es por lo que este Tribunal una vez revisadas todas y cada una de las actas que conforman el presente asunto, antes de emitir pronunciamiento pasa a realizar las siguientes consideraciones:
La revisión solicitada se encuentra fundamentada en el cuanto a lo manifestado por el ciudadano el cual señala lo siguiente: “… que no se han acreditado por la parte contraria (el estado a través del ministerio público) ninguna de las circunstancias previstas en los artículos 237 y 238 del CODIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL y en consecuencia la defensa solicita se le acuerde a mi defendido una de las medidas cautelares previstas en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal y en tal sentido mi defendido tiene su domicilio fijo en Maturín Estado Monagas... segundo: tanto la jurisprudencia del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA como la ley adjetiva penal… tratándose de un hecho donde están presuntamente involucrados personas muy jóvenes como mis defendidos y primarios, considera la defensa que el tribunal debe modificar la situación procesal, acordándosele una medida menos onerosa a la privativa de la libertad y en el caso que nos ocupas dichas audiencias han sido fijadas no pudiéndose realizar dada las situaciones de todo orden siendo las ultimas oportunidades diferidas por incomparecencia de la victimas la ultima de fecha 23 de enero de 2014 y solicito a este honorable tribunal tener consideración humana y jurídica a las partes evitando causar violaciones en el debido proceso, por la cual solicita esta defensa se tomen las medidas necesarias para citar al ministerio público y a la victima, DADO QUE LA MAYORIA DE LAS AUDIENCIAS SE DIFIEREN POR INCOMPARECENCIA DE LA VICTIMA Y EL FISCAL y que se notifique a las partes para la audiencia próxima dentro de sus posibilidades ciertas a realizarse y en todo caso procurando una mayor consideración con las partes en esta situación planteada ...” (negrillas del tribunal), ahora bien, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar el mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.
El artículo 44, en su parte in fine establece; Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
El artículo 229 de la Ley Adjetiva Penal, es especifico al referirse al Estado de Libertad cuando establece: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Nuestro Constituyente y el Legislador patrio a través de los artículos citados pretenden, que las medidas preventivas y las restrictivas de la libertad tengan por norte ese carácter extremo y excepcional en cuanto a su aplicación; pues la libertad en el proceso debe ser la regla y ésta solo puede estar comprometida en ciertos casos excepcionales de extrema urgencia y comprobada necesidad.
Es oportuno citar el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional en ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M., asentado en la sentencia Nº 2.866, de fecha 29SEP05, Exp. 05-0547,”(…)Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado (…)”.
Conforme a la doctrina reiterada de la Sala Constitucional de nuestro M.T., que las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez dan lugar, originan, la aplicación por excepción de las medidas necesarias para asegurar los f.d.p.; una vez se estime concretado por él, las exigencias contenidas en los artículos 236 y 237 Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, como efectivamente se estimo en la audiencia de presentación de fecha domingo (14) de Julio de 2013 y cuyas circunstancias que dieron origen a su decreto, no han variado ni han sido desvirtuadas por el solicitante, debido a que ya existe una prorroga decretada por este mismo Tribunal en virtud de la gravedad de los delitos contenidos en la acusación, estimando el Tribunal acreditado los siguientes hechos:
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UN HECHO PUNIBLE QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y CUYA ACCIÓN PENAL NO SE ENCUENTRA EVIENTEMENTE PRESCRITA.
Ya que en el presente caso, se está en presencia de la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COUTORIA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 458 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 83, CÓDIGO PENAL.
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FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ESTIMAR QUE EL IMPUTADO HA SIDO AUTOR O PARTICIPÉS EN LA COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE, los que llevaron al Ministerio Público a interponer acusación por el mencionado delito.
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UNA PRESUNCIÓN RAZONABLE, POR LA APRECIACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO PARTICULAR, DE PELIGRO DE FUGA.
Dada, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 Parágrafo Primero de la Ley Adjetiva Penal, en virtud de que existe una presunción razonable de peligro de fuga por la pena que pudiera llegar a imponérsele dado que los delitos sobrepasan los diez años en su limite máximo.
Aunado a lo anteriormente manifestado el legislador ha sido conteste en señalar las LIMITACIONES establecidas en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece lo siguiente: “…No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas por una enfermedad en fase Terminal, debidamente comprobada…”
En la presente causa no pudieran verse satisfechas las resultas del proceso con una medida menos gravosa, toda vez, que está configurado el peligro de fuga, por la pena que pudiera llegar a imponerse. Razón por la que la suscrita advierte la necesidad del mantenimiento de la privativa. Y ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA
En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Quinto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensa Pública 9° DR. M.M. interpuesta en fecha 30 de Enero de 2.014, por el imputado J.J.D.M. Venezolano, de 22 años de edad, Estado Civil: Soltero, natural de Maturín Estado Monagas, nacido en fecha 09/06/1991, Titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20404299, domiciliado en: Sector San Rafael calle 2, Terrazas del Oeste, casa s/n, cerca a la Bodega Punto Azul,, teléfono: 0416-7949546 (de mi tio de nombre A.M.), a quien se le sigue causa por el delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COUTORIA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 458 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 83, CÓDIGO PENAL, en el sentido que se LE OTORGUE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA distinta a la que le fue dictada por un Tribunal de Control, debido a la necesidad de mantener las medida privativa de libertad, a los fines de evitar que quede enervada la acción de la justicia. Cúmplase. Notifíquese a las partes
JUEZA QUINTA DE CONTROL.
DRA. ROSYMAR P.C.
LA SECRETARIA DE SALA.
ABG. En esta misma fecha se cumplió lo ordenado.
LA SECRETARIA DE SALA.
ABG.
