Decisión nº OP01-P-2005-003925 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio N° 3 de Nueva Esparta, de 15 de Febrero de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta

Tribunal Tercero de Juicio

La Asunción, 15 de Febrero de 2011

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2005-003925

ASUNTO : OP01-P-2005-003925

SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS

JUEZA: ABG. M.L.M..

SECRETARIA: ABG. SEIMA F.C..

FISCALÍAS 5° y 2° DEL MINISTERIO PÚBLICO: DRA. B.A. y DRA E.A..

DEFENSA PÚBLICA: DRA. M.R.B..

ACUSADO: J.J.N.: Venezolano, natural de Cumana, estado Sucre, nacido en fecha 21-09-1970, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad personal Nº 13.052.768, de estado civil Soltero, residenciado en la Calle Marcano, Tasca la Preferida, Porlamar, estado Nueva Esparta.

DELITOS: HURTO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 3°, en concordancia con los artículos 80 y 82, ambos del Código Penal y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 6°.

Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, emitir la publicación de la Sentencia por Admisión de los Hechos producida en la Audiencia de Juicio Oral y Público, efectuada en fecha 28 de enero del año 2011, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 364, 367 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

I

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

El día 28 de enero del año 2011, se dio inicio a la Audiencia de Juicio Oral y Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, formulando las representaciones de las Fiscalías Quinta y Segunda del Ministerio Público, las respectivas acusaciones en contra del ciudadano Y.J.N., a quien en primer lugar la Fiscalía Quinta del Ministerio Público le imputó la comisión del delito de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 3° en relación con los artículos 80 y 82 todos del Código Penal, por los siguientes hechos: “…el día 2 de julio de 2005, en horas de la tarde, la ciudadana SLEIDY WILLIEMINA PIÑA TAVERA, se encontraba saliendo de su residencia…momento en el cual se percata que de la vivienda de su hermano la cual está ubicada justo al lado de la residencia antes mencionada, sale a velóz carrera un sujeto desconocido portando en sus manos dos cavas de color rojo, pasando inmediatamente por el lugar una comisión policial, la cual luego de que la referida ciudadana le manifestara la situación, procedieron a la persecución y aprehensión del hoy imputado, incautándole al momento dos (02) cavas de color rojo, las cuales una vez que se presentó al lugar el ciudadano W.S.A.P.T., fueron reconocidas como de su propiedad.” Hechos que fundamentó en los medios de prueba ofrecidos de la siguiente manera: 1) Declaración de los Funcionarios Policiales: J.C.F. y M.G.L., adscritos a la Brigada Motoriza.d.I.N.d.P.; 2) Declaración de los Expertos: D.M. y Emilis Gómez, adscritos a la División de Apoyo a la Investigación Penal del Instituto Neoespartano de Policía; 3) Declaración de los ciudadanos: W.S.A.P.T. y Sleidy Williemina Piña Tavera, víctima y testigo de los hechos; y 4) Exhibición y lectura de: Experticia de Reconocimiento Legal N° 384-05. Finalmente la representante de la Fiscalía Quinta solicita en la audiencia efectuada, la admisión del escrito acusatorio presentado en la audiencia, sí como de las pruebas ofrecidas por se las mismas útiles, legales y pertinentes y con posterioridad el inicio del contradictorio a fin de demostrar el grado de responsabilidad del acusado, para lo cual requirió la recepción de los medios de prueba, la declaratoria de culpabilidad del mismo y como consecuencia de ello el pronunciamiento de la correspondiente sentencia condenatoria.

En segundo lugar la Fiscalía Segunda del Ministerio Público le imputó al ciudadano Y.J.N. la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 6° del Código Penal, por los siguientes hechos: “En fecha 15/04/2009, siendo aproximadamente las 4:30 horas de la madrugada, funcionarios adscritos a la Brigada Ciclística de la Policía del Estado (Inepol), en labores de patrullaje por la jurisdicción del Municipio Mariño, Estado Nueva Esparta, recibieron llamada telefónica de la central de telecomunicaciones de Inepol, a los fines de trasladarse a la calle Maneiro de Porlamar, Edificio Z.L.,. Apto. 13, frente al Edificio Guaraguao, donde se había cometido un hurto de documentos personas y un teléfono celular propiedad del ciudadano A.J.C.V., quien aportó las características del autor del hecho punible, de contextura delgada, estatura normal, vestido de blue jeans, camisa color roja; cuando la comisión policial se trasladaba al lugar indicado, específicamente por la calle libertad con San Nicolás logran avistar a un ciudadano con la misma característica aportada por la víctima, procediendo la comisión a darle la voz de alto, practicando la aprehensión del ciudadano, quien quedó identificado como J.A.C., procediendo…a realizarle una revisión de personas logrando incautarle un teléfono celular…una billetera de caballero…en donde se encontraba: un cheque del banco Provincial, una cédula de identidad que le corresponde el número V-9.426.430, un certificado médico, una licencia de conducir vehículos de tercer grado, dos tarjetas bancarias del banco provincial y Venezolano de Crédito, todos a nombre de A.J.C.V., asimismo se le incautó una cartera de color azul contentiva en su interior de dos cédulas de identidad, un permiso de circulación, una tarjeta Makro, todo a nombre de M.d.J.L.M., posteriormente reciben llamada telefónica al teléfono celular incautado donde dialogan con el ciudadano A.J.C.V., titular de la Cédula de Identidad N° V-9.426.430, , quien indicó ser la víctima en el presente caso; trasladando al imputado a la sede del órgano Policial conjuntamente con los objetos recuperados y los puso a la orden del Ministerio Público, es oportuno señalar que cuando se produjo la aprehensión del imputado se identificó como J.A.C., siendo su verdadero nombre Y.J.N., según los archivos Alfabéticos Fonéticos y decadactilares del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de este Estado, asimismo se trasladó un funcionario policial a la residencia de la víctima a los fines de practicar una inspección técnica donde se observa que en una de las ventanas elaborada con marcos de metal y cristal (corredizas) con una tela de color rosado, carece de sistema de seguridad apreciándose desprovista del cilindro de seguridad.” Hechos que fundamentó en los medios de prueba ofrecidos de la siguiente manera: 1) Declaración de los Funcionarios Policiales: R.H. y P.C., adscritos a la Brigada Ciclística de Instituto Neoespartano de Policía; 2) Declaración de los Expertos: J.V. y L.D., adscritos a la División de Apoyo a la Investigación Penal del Instituto Neoespartano de Policía; 3) Declaración del ciudadano: A.J.C.V., víctima de los hechos. Finalmente la representante de la Fiscalía Segunda solicita en la audiencia efectuada, la admisión del escrito acusatorio presentado en la audiencia, sí como de las pruebas ofrecidas por se las mismas útiles, legales y pertinentes y con posterioridad el inicio del contradictorio a fin de demostrar el grado de responsabilidad del acusado, para lo cual requirió la recepción de los medios de prueba, la declaratoria de culpabilidad del mismo y como consecuencia de ello el pronunciamiento de la correspondiente sentencia condenatoria.

Igualmente este Tribunal le cedió la palabra a la defensa pública de autos, representada por el DRA. M.R.B., quien manifestó que en conversaciones sostenidas con su patrocinado éste le ha manifestado su deseo de acogerse a una de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso como lo es la admisión los hecho, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando se aplique la rebaja efectiva establecida en el mencionado artículo, así como la rebaja establecida en los artículos 74 y 482 del Código Penal, en virtud de que el bien afectado no es de gran magnitud, asimismo solicito a este Tribunal como punto previo solicito la revisión de la Medida de privación por una medida cautelar Sustitutiva de Libertad de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la pena a imponer sería menor de cinco años de prisión; solicitando por último que se le otorgare la palabra a su defendido para que a viva voz admitiera los hechos.

Siguiendo con el desarrollo de la audiencia de juicio efectuada en fecha 22 de noviembre del año que discurre, y en virtud de tratarse de dos procedimientos abreviados, el Tribunal procedió a admitir las acusaciones presentadas por las representaciones del Ministerio Público, ya que al ser revisadas detenidamente las mismas, se evidencia que cumplen con los requisitos exigidos por el Legislador Penal en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las pruebas ofrecidas en dichos escritos acusatorios, por ser éstas útiles, legales y pertinentes, conforme lo indica el numeral 9° del artículo 330 ejusdem, para demostrar los hechos controvertidos.

A continuación el Tribunal procedió con la imposición del ciudadano Y.J.N. de los derechos y garantías que les asisten, así como del contenido del precepto constitucional previsto en el Artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los delitos por los cuales se le acusa y del uso de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, en especial la del Procedimiento Especial por Admisión de los hechos, explicándole detalladamente cada uno y de una manera clara y precisa para el entendimiento del acusado, por lo que posteriormente se le cedió la palabra al ciudadano mencionado ut supra, quien libre de todo apremio, juramento y coacción, manifestó lo siguiente: “Admito los hechos, y renuncio al lapso de Apelación. Es todo”.

II

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Observa este Tribunal que el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforma uno de los Procedimientos Especiales, en donde el acusado renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la auto incriminación compulsoria, su derecho a juicio y derecho a carearse con sus acusadores, renuncia esta voluntaria garantizada no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal, sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificados por la República; a razón del Principio de la Economía Procesal, la cual evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso.

En doctrina estos Procedimientos Especiales, también pueden percibirse como reales alternativas procesales que permitan la resolución más efectiva y expedita de los conflictos de naturaleza penal, de forma que podríamos decir que ellos procuran abreviar y simplificar el procedimiento ordinario, para la autora M.T.S. (p.186/Cuartas Jornadas UCAB) “… expresa que los procedimientos especiales se nos presentan como útiles medios procesales, que nos permiten adaptar y allanar el proceso penal…”.

Corolario de lo anterior, verificada la admisión de los hechos conlleva en definitiva a simplificar el proceso penal de modo tal que, le ahorra al Estado costos y tiempo para abonarlos a otros procesos para su adecuada respuesta. De hecho la finalidad del proceso penal, es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal destacándose que el Juez debe atender a esta finalidad para la toma de su decisión.

En consecuencia debe el juez para juzgar, tomar en cuenta los nuevos principios que orientan y facilitan el acto de sentenciar, los cuales y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y vigente, nos encontramos con el artículo 26 del texto indicado y adminiculado con el artículo 2 “Ejusdem”, los cuales imponen al Juez amplios, reales y efectivos poderes para dirigir el proceso en forma eficaz, pero con un sólo objetivo y tal como lo expresa I.C.R.: “… la solución de conflictos con vista al caso concreto tomando en cuenta la verdad verdadera y dentro de los principios de congruencia, igualdad, equidad, buena fe, y sin permitirle quedarse sólo en los límites de la consideración de aspectos formales, por eso la constitución es determinante al establecer que el Estado garantiza una justicia sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles…”.

Sentado lo anterior, este decisor discurre, que ciertamente el principio de la legalidad adjetiva, nos conmina a ceñirnos por las normas procedimentales contenidas en el Ordenamiento Jurídico; no obstante existen exclusiones al principio de la legalidad, cuando el mismo legislador autorizó en el artículo 257 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que el aplicado de la ley para la realización de la justicia, debe no sacrificarla por los excesos de formalismo; así las leyes procesales establecerán simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites adoptando un procedimiento breve y oral; ello comporta el Principio de Celeridad Procesal el cual, sirve de objetivo como un ente acelerador de lograr una decisión de manera rápida y oportuna la cual revestida de justicia y equidad, beneficiara a todos, es decir, al Estado, a la sociedad y al condenado.

En este mismo orden de ideas, la figura de la Admisión de los Hechos, en donde el imputado o acusado puede consentir libre de todo apremio y coacción de solicitarle al Juez la no culminación de todos los pasos de la fase del proceso, admitiendo de manera clara, precisa y voluntaria los hechos imputados por el Ministerio Público. La respuesta procesal dada por el legislador penal venezolano, a este procedimiento especial está basado, precisamente en uno de los criterios acogidos por los sistemas modernos del derecho procesal penal, denominados “persecución selectiva”, los cuales han generado respuestas procesales ante la necesidad del estado de no sobrecargarse de trabajo, por cuanto ha comportado dilaciones indebidas que han conllevado a sentir, que el estado es impune ante los delitos, que no resuelve, que no da respuesta.

Ante esta circunstancia, contempló mecanismos de simplificación procesal para arribar a la sentencia, los llamados procesos monitorios por el autor Binder, en donde la idea básica consiste en que, sí el acusado admitió los hechos y además ha manifestado su consentimiento para la realización de este tipo de procedimiento, SE PUEDA PRESCINDIR DE TODA LA FORMALIDAD DEL DEBATE Y DICTARSE SENTENCIA DE UN MODO SIMPLIFICADO.

En atención a la verificación de los requisitos de la Institución del Proceso de la Admisión de los Hechos, los cuales se encuentran referidos: 1) Voluntariedad en la declaración, 2) Comprensión de la Declaración y 3) Exactitud de su declaración, para en definitiva proceder a aplicar la pena de forma inmediata. Fueron dichos requisitos debidamente a.y.c.t. como se refleja en el acta de Juicio antes indicada, lo cual conllevó a la decisora a la plena convicción que la Admisión de los Hechos, fue voluntaria, exacta y comprendida por parte del imputado, trayendo consigo la imposición de la pena inmediata y consistente en DOS (02) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRISION, mas la pena accesoria de ley contemplada en el artículo 16 del Código Penal.

Vista igualmente la solicitud efectuada por la defensa respecto al pronunciamiento previo por parte de la Juez, respecto a la revisión de la medida de privación de libertad que pesa sobre su representado, este juzgado no consideró procedente el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, toda vez que es competencia del Tribunal de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, la realización del computo de la pena y la forma del cumplimiento de la misma.

III

DE LA PENALIDAD

Vista la admisión de hechos realizada por el acusado Y.J.N., este Tribunal pasa a imponer la pena correspondiente, en aplicación a lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y en ese sentido observa que el representante del Ministerio Público estableció en su Acusación como calificación dada a los hechos objeto del presente proceso, la comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 3°, en concordancia con los artículos 80 y 82, ambos del Código Penal y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 6°, siendo de conformidad con el contenido del artículo 88 del Código Penal Venezolano el que acarrea pena mas grave el delito de Hurto Calificado, el cual establece una pena de CUATRO (04) A OCHO (08) AÑOS DE PRISION, partiendo como base para el cálculo de la pena del límite mínimo, es decir, CUATRO (04) AÑOS. Ahora bien, estatuyendo el delito de Hurto Calificado, una pena de CUATRO (04) A OCHO (08) AÑOS DE PRISION, partiendo como base para el cálculo de la pena del límite mínimo, es decir, CUATRO (04) AÑOS, mas al haber sido imputado el mismo en grado de frustración, debe hacer esta juzgadora la respectiva rebaja conforme el artículo 82 del Código Penal, quedando la misma en DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES y en aplicación del contenido del artículo 88 del Código Penal Venezolano, como ya se ha mencionado, se toma la mitad del tiempo correspondiente a este delito, siendo ello UN (01) AÑO Y CUATRO (04) MESES, que junto a la pena que fuere impuesta por el delito de Hurto Calificado, queda la pena a imponer en CINCO (05) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRISION, procediendo a continuación quien suscribe a efectuar la rebaja de la mitad de la misma, de conformidad con el contenido del artículo 376 de la Ley Adjetiva Penal, quedando la pena a imponer al ciudadano Y.J.N. de DOS (02) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRISION, mas la pena accesoria de Ley contemplada en el artículo 16 del Código Penal; pena ésta que cumplirá el acusado en la forma y lugar que determine el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, encontrándose el ciudadano Y.J.N. actualmente recluido en el Internado Judicial Región Insular. De igual manera, se exonera al ciudadano Y.J.N. del pago de las costas procesales de conformidad con el artículo 26 primer aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASI SE DECIDE.-

IV

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE JUICIO Nº 03 DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA Y EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: Vista la admisión de los hechos realizadas por el ciudadano J.J.N., quien es Venezolano, natural de Cumana, estado Sucre, nacido en fecha 21-09-1970, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad personal Nº 13.052.768, de estado civil Soltero, residenciado en la Calle Marcano, Tasca la Preferida, Porlamar, estado Nueva Esparta, este Tribunal procedió a declararlo CULPABLE y en consecuencia se le CONDENA a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRISION, mas la pena accesoria de Ley contemplada en el artículo 16 del Código Penal, pena ésta que cumplirá el acusado en la forma y lugar que determine el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, encontrándose el mismo actualmente bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad. SEGUNDO: Se exonera al condenado al pago de las costas procesales de conformidad con el artículo 26 primer aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: Se ordena notificar a las partes sobre la publicación de la presente sentencia condenatoria. Remítase el presente asunto en su oportunidad legal al Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, habiendo renunciado el acusado al lapso de Apelación. Cúmplase.-

Dada, firmada y sellada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio Nº 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, a los QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011.-

LA JUEZ TERCERA DE JUICIO

ABG. M.L.M.

LA SECRETARIA,

ABG. SEIMA F.C.

En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior Sentencia.

LA SECRETARIA,

ABG. SEIMA F.C.

10:55 AM