Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Julio de 2008

La defensora ad litem solicitó la reposición de la causa por cuanto en los carteles de citación librados al demandado no se identificó el objeto de la pretensión, impidiendo que el demandado tuviera pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra, según lo dispone el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, se observa que el día 16 de enero de 2007 el juez de la causa libró cartel de citación al demandado J.L.I.V., el cual aparece publicado en los diarios “El Nacional” y “El Universal”, los días 10 y 14 de febrero de 2007. Pues bien, luego de una lectura al preindicado cartel se evidencia que ciertamente en él no se identificó el objeto de la pretensión, tal y como lo exige el artículo 223 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, considera el Tribunal que si bien es cierto se incurrió en una omisión consistente en la falta de identificación del objeto de la pretensión en el aludido cartel, no es menos cierto que en estas actas se desprende claramente cuál es el objeto de la pretensión deducida por la demandante, maxime cuando en el telegrama enviado al accionado por la defensora ad litem designada se le informa la causa objeto de la acción impetrada en su contra con indicación del número de expediente en el cual se sustancia la misma. De manera que, a pesar de la omisión señalada, el demandado tuvo la oportunidad de conocer el tipo de acción que se ejerció en su contra y el órgano jurisdiccional ante el cual debía acudir, en virtud de lo cual la preindicada omisión no constituye per se vulneración al derecho a la defensa de la parte accionada, y además la defensora designada ejerció oportunamente sus derechos resultando inoficiosa la reposición peticionada.

En adición a lo anterior, siendo el proceso un medio para la obtención de la justicia, más no para su obstaculización exigiendo formalidades indebidas o innecesarias con interpretaciones que atenten contra el enunciado del primer aparte del artículo 26 Constitucional, el cual dispone:

…El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles...

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Principios éstos sobre los cuales nuestro M.T. en sentencia de fecha 06 de marzo de 2003, señaló:

“… Es así que en sentencia del N° 388, de fecha 21 de septiembre de 2002, expediente N° 00-213, se expresó:

… el recién aprobado texto constitucional establece que el proceso es el medio utilizado para hacer efectiva la justicia, donde no debe verse este, como un conjunto de actividades que van en defensa de un fin particular, sino como aquel que tiene como objetivo ir en procura de salvaguardar los intereses de la colectividad como institución fundamental de la sociedad, porque este, en ningún caso puede estar supeditado a formalismos que subordinen la justicia al proceso, menoscabando los intereses del colectivo.

De igual forma, en sentencia del 07 de marzo de 2002, ratificando el criterio expuesto y ampliando aún más su contenido manifestó:

En numerosas decisiones de este alto Tribunal, se ha explicado la necesidad de que las reposiciones acordadas, además de corregir vicios efectivamente ocurridos en el trámite del juicio, persigan una finalidad útil, esto es, que restauren el equilibrio de las partes en el proceso, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del vigente Código de Procedimiento Civil… (…)

De lo expuesto se desprende, que los administradores de justicia no procederán a decretar reposiciones cuando de las mismas se desprenda que serían inútiles, máxime si los fallos han cumplido con el principio finalista para el ejercicio del derecho a la defensa reconocido en un estado democrático y social de derecho y de justicia social consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 2…

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Por todo lo antes expuesto, este Tribunal desecha la solicitud de la reposición de la causa peticionada en el presente caso. Así se decide.

Adujo la defensora ad litem del accionado que en el sub lite operó la prescripción de la acción de cobro de los cánones de arrendamiento intentada por la demandante, por cuanto desde la fecha en que quedaron insolutos los cánones arrendaticios reclamados hasta el día 11 de julio de 2007, data en la cual fue citado el demandado transcurrieron más de tres años de conformidad con lo establecido en el artículo 1.980 del Código Civil.

Por su parte, el representante judicial de la actora mediante escrito 30 de julio de 2007 rebatió la defensa invocada por la defensora ad litem del demandado argumentando que el objeto de la pretensión principal es la resolución del contrato de arrendamiento debido al incumplimiento de pago de los cánones arrendaticios, y que en forma subsidiaria se demandan los daños y perjuicios que se han causado a su defendida por el incumplimiento del inquilino a sus obligaciones contractuales con apoyo en los artículos 1.167 y 1.264 del Código Civil, y por tanto, la prescripción alegada no está fundamentada.

Esta institución está consagrada y definida con precisión en nuestro Código Civil, al determinar que “es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley” (artículo 1.952). Esta disposición, con toda su simplicidad, fue utilizada por el legislador para comprender dos grandes materias, como son: a) Todo lo relativo a la vigencia de los derechos de crédito y b) las formas de adquisición o pérdida de derechos reales sobre cosa ajena; está última muy ligada al concepto de posesión, las acciones que de ésta figura derivan y el no uso del derecho de propiedad. Pero además de lo enunciado, hay una estrecha vinculación con el transcurso del tiempo, y el hecho objetivo de la falta de ejercicio de derechos que conlleven a su pérdida; siempre sujeta esta inacción a “las condiciones determinadas por la ley“. Ello quiere decir que el simple paso del tiempo no es suficiente para que opere ipso facto la prescripción.

La doctrina calificada (Messineo, Ricci, Sanojo, Dominici, entre otros) son contestes en afirmar que la prescripción regula exigencias de orden social, en interés de la certeza de las relaciones jurídicas, para que no existan acciones y pretensiones eternas, especialmente dirigidas a instituir sobre los ciudadanos la carga de ejercer sus derechos, de manera que si éstos no los han ejercitado durante un tiempo marcadamente largo, debe considerarse que ha habido una renuncia del titular, donde su negligencia, como característica preponderante, es castigada por la ley.

No trataremos en esta oportunidad lo concerniente a la perdida o adquisición de derechos reales por no ser materia del presente juicio que sustancia la resolución de un contrato de arrendamiento ante el incumplimiento de pago por parte del inquilino, la cual está comprendida en los derechos de crédito.

Todo lo relacionado con la extinción de una obligación, donde se pretenda aplicar supuestos fácticos de prescripción, el operador de justicia debe atender, conforme a la clasificación legal establecida por el Código Civil, si se trata de una “prescripción ordinaria” o de una “prescripción presuntiva”, en virtud de que el tratamiento para ambos casos, sobre todo para calificar la conducta del titular del derecho, tiene matices que merecen establecimiento y valoración distinta.

En las prescripciones ordinarias la inercia del sujeto titular del derecho, tiene consecuencias fatales, dado que para estos casos el legislador estableció lapsos muy largos. El ejemplo palmario es el tiempo de prescripción de las acciones personales, de diez (10) años, que en nuestro concepto es demasiado prolongado para mantener viva cualquier pretensión. También puede mencionarse el lapso de cinco (5) años para que se extinga un préstamo de dinero o la prescripción de la acción que proviene de una ejecutoria, que dura veinte (20) años. Todos estos plazos son en extremo holgados y no dejan margen para determinar que si no son utilizados por los sujetos activos para ejercer sus derechos, demuestran una incontestable negligencia que debe ser castigada con la pérdida de los mismos.

Por otra parte, las llamadas “prescripciones breves” se establecieron como una opción que beneficia a cierto tipo de deudores para no someterlos a extensos períodos de tiempo y para diferenciar esa clase de acreencias, señaladas de manera específica en la ley, de la aplicación de prescripción ordinaria o propiamente liberatoria, estableciendo una presunción (iuris tamtun) de pago, cuando se trata de créditos originados de retribuciones periódicas o causadas por el cumplimiento de una prestación. Este es el caso de las prescripciones breves o presuntivas provenientes de relaciones contractuales abarcadas en el artículo 1.980 del Código Civil, que dispone expresamente lo siguiente:

Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos

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La norma transcrita consagra el momento cuando comienza a transcurrir el lapso de prescripción, que hace depender la presunción de pago de los atrasos del precio de los arrendamientos que se hayan causado, del estado del pleito. Es por ello, que el legislador estableció una excepción general que impide el transcurso de la prescripción, sometiéndola a la pendencia o no de la litis.

En cuanto a la prescripción, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 07 de noviembre de 2003, ha establecido lo siguiente:

…la prescripción es un derecho que puede hacerse valer o renunciarse, la caducidad no puede renunciarse por la parte a quien beneficia; los términos de prescripción pueden ser interrumpidos o no correr contra o entre determinadas personas (menores, entredichos o comuneros), en tanto que la caducidad es un término fatal, es decir no sujeto a interrupción ni suspensión y obra contra toda clase de personas; la caducidad puede ser pactada convencionalmente, mientras que ello no es posible para los lapsos de prescripción que son de estricta reserva legal. En la prescripción, no es únicamente el tiempo lo que fundamenta la extinción de la obligación, sino que también lo es la inercia del acreedor, que al ser susceptible de quedar cubierta con actos interruptivos, incluso los extrajudiciales que pudieran ser ignorados por el Juez, constituye fundamento suficiente para la imposibilidad de su declaratoria de oficio, al contrario de la caducidad que es de orden público y puede ser suplida oficiosamente

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En síntesis, la negligencia, la inacción, la desidia del acreedor, cuando se trata del ejercicio de derechos que tengan por objeto hacer cumplir obligaciones de las señaladas en el artículo 1.980 del Código Civil, es de vital importancia para establecer y aplicar las prescripciones presuntivas contenidas en esa norma. En el sub lite, ha quedado evidenciada la inactividad de la demandante para reclamar el cobro de los cánones de arrendamiento, verificándose que desde el día 30 de agosto de 2003 hasta el día 11 de julio de 2007, data en la cual se produjo la citación del accionado, transcurrieron tres (03) años, seis (6) meses y once (11) días, esto es, transcurrió sobradamente el lapso a que alude la norma citada, y siendo ello así este Juzgador declara procedente la defensa opuesta por la defensora judicial del demandado, por lo que el derecho al cobro por daños y perjuicios con base a los cánones de arrendamiento insolutos reseñados en la reforma de la demanda se declara prescrita, y Así se decide.

Despejado lo anterior, debe este sentenciador a fin de dilucidar el mérito de la causa, realizar un análisis previo de los medios probatorios aportados por la parte actora, evidenciándose que el accionado no promovió pruebas en este caso.

PARTE DEMANDANTE: Con el libelo consignó los siguientes documentos:

• Copia simple del contrato de arrendamiento, suscrito entre Administradora El Clavo, C.A. y el ciudadano J.L.I.V., S.A., celebrado en fecha 15 de abril de 1990, instrumental que riela a los folios 06 y 07 del presente expediente, constando que el mismo aparece suscrito entre las partes en forma privadan y no consta que el mismo haya sido impugnado, por lo que se declara fidedigno y se valora a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y demuestra la relación arrendaticia cuya resolución se demanda. Así se declara.

En el lapso probático, la parte demandante hizo valer el mérito del contrato de arrendamiento anexado al libelo de la demanda marcado con la letra “C”, suscrito entre su representada y el ciudadano J.L.I.V., en fecha 15 de abril de 1990, cuyo instrumento ya fue valorado precedentemente por este sentenciador.

Cumplida la tarea valorativa de las pruebas y a los fines decisorios, este Tribunal pasa a pronunciarse con respecto al fondo de la presente causa.

Trabada la litis en los términos ya expuestos, se infiere que el punto neurálgico de este asunto gira en torno a la pretensión contenida en la reforma del libelo por resolución del contrato locativo el cual aparece suscrito en fecha 15 de abril de 1990, entre la sociedad mercantil Administradora El Clavo, C.A., quien dió en arrendamiento al ciudadano J.L.I.V. un inmueble constituido por el apartamento distinguido con el Nº 12, situado en el primer piso del Edificio Residencias Magally, ubicado en la calle Sanabria con Los Samanes, Urbanización El Paraíso, Municipio Libertador, Caracas, alegando que el demandado incumplió con la cláusula segunda del contrato dado que dejó de pagar los cánones de arrendamiento, así: a) Del 15 de diciembre de 2001 al 30 de marzo de 2002, a razón de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,oo) por cada mes, conforme a los aumentos pactados, por lo que asciende a la cantidad de Un Millón Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.050.000,ºº), b) Del 15 de abril de 2002 al 15 de abril de 2003, a razón de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,oo) por cada mes, lo que arroja la cantidad de Tres Millones Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 3.600.000,oo), c) Del 15 de abril de 2003 al 30 de agosto de 2003, a razón de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,oo) por cada mes, lo que arroja la cantidad de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,oo); y en consecuencia afirma que el demandado adeuda la cantidad dineraria total de Seis Millones Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 6.150.000,oo) por cánones de arrendamiento insolutos, y además que el accionado abandonó el inmueble en fecha 30 de agosto de 2003, requiriendo en el petitorio de la reforma la resolución del contrato.

Asimismo, se desprende de estos autos que el accionado no desconoció el contrato celebrado entre las partes, quedando probada la relación locativa y las obligaciones del arrendador y arrendatario y la forma de pago del canon fijado. De otro lado, se observa que el accionado no probó el pago de las pensiones arrendaticias oportunamente en la forma alegada por la actora en la reforma, es decir, no cumplió con la carga establecida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que ante la falta de prueba que evidencie el cumplimiento tempestivo de su obligación, debe tenerse como cierto el incumplimiento, independientemente de la declaratoria de prescripción del derecho al cobro por concepto de daños y perjuicios. Así se declara.

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, dejó establecido lo siguiente:

“…En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, esta obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocara a el la prueba correspondiente.

De tal manera que, desde el punto de vista procidemental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció:

… Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regulara la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quien corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que este puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos…

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Estatuye el artículo 1.579 del Código Civil, que establece:

El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga pagar a aquélla...

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El artículo 1.594 eiusdem dispone:

El arrendatario debe devolver la cosa tal como la recibió, de conformidad con la descripción hecha por él y el arrendador, excepto lo que haya perecido o se haya deteriorado por vetustez o por fuerza mayor

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Asimismo, el artículo 1.160 íbidem establece:

…Los contratos deben ejecutarse de buen fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley…

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De lo anterior se infiere que el deudor de una obligación contractual debe cumplirla de la misma forma como debe cumplir las leyes, todo ello en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes.

Por otra parte el artículo 1.592 del Código Civil, establece:

…El arrendatario tiene dos obligaciones principales:

1° Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el contrato, o, a falta de convención, para aquél que pueda presumirse, según las circunstancias.

2° Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos.

Dichas obligaciones son del mismo tenor para los subarrendatarios, ya que al celebrar el contrato de subarrendamiento, quedan subrogados en los mismos derechos y deberes que los arrendatarios.-

Por otra parte el artículo 1.167 del Código Civil ha pautado:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello…

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De la norma antes transcrita se puede definir la acción resolutoria, como la facultad que tiene una de las partes en un contrato bilateral de pedir la terminación del mismo y en consecuencia ser liberada su obligación, si la otra parte no cumple a su vez con la suya. De allí se tiene que, para que proceda la acción resolutoria es necesario que concurran ciertas condiciones, a saber: 1) Que el contrato sea bilateral; 2) Que el incumplimiento de una de las partes de su obligación sea de tipo culposo; 3) Que la parte que intente la acción de resolución, haya cumplido u ofrezca cumplir con su obligación.

Adicionalmente, el artículo 1.585 del Código Civil, establece las obligaciones del arrendador, dentro de las cuales se destaca la de entregarla cosa arrendada al arrendatario y mantenerlo en el goce de la cosa durante el tiempo que dure el contrato y este de conformidad con los artículos 1.592 y 1.594 eiusdem, tiene el deber de pagar el precio del canon de arrendamiento en los términos pactados en el contrato y devolver la cosa tal como la recibió.

En relación a la pretensión deducida, este juzgador considera oportuno traer a colación el criterio expresado por el autor G.G.Q., en su obra titulada “La Resolución del Contrato”, así:

“...A la luz de nuestra legislación es de considerar que cuatro son los requisitos más importantes que deben existir, o deben cumplirse, para el ejercicio de la acción resolutoria, a saber:

1. Que se trate de un contrato

2. Se requiere el incumplimiento

3. Es esencial que el actor haya cumplido u ofrecido cumplir

4. Se requiere la declaración judicial.

...Por consiguiente, la acción por resolución sólo compete al contratante que ha cumplido sus obligaciones. Pero puede darse el caso de que esa parte contractual ha querido cumplir y realizado una actividad orientada a ejecutar su obligación, pero la otra parte incumple. En tal caso, la parte que pretende y desea cumplir no ha cumplido en virtud, suponemos, de que por el efecto retroactivo de la resolución, si cumple, es posible que luego no obtenga la repetición o recuperación de la prestación cumplida.

A fin de proteger sus intereses no es incorrecto sostener que esa parte contratante pueda ofrecer eficazmente cumplir, pero en forma garantizada para así protegerse del otro contratante, en todo caso. Claro que esta forma de “ofrecer cumplir eficazmente”, debe ser solamente en determinados casos, puesto que si no se ha cumplido mal se puede pretender la obtención de la resolución del contrato...

De modo, pues, que no puede intentar la acción resolutoria quien no ha cumplido u ofrecido eficazmente cumplir, máxime cuando ‘...debe considerarse que, una vez impuesta la demanda de resolución, no sea lícito a la parte incumplíente pretender dar todavía ejecución al contrato, obligando a la parte que ha cumplido a sufrirla tardíamente...(Bola fió-Rocco-Vivante. “Derecho Comercial” (estudio sobre la venta), Tomo 2, (TARTUFARI), Pág. 240, sexta edición, 1948)...” (Remarcado del autor, pp. 248, 268-269).

En el sub examine, la demandante probó la relación contractual y el incumplimiento de la obligación que motivó la pretensión impetrada, especialmente con apoyo en la cláusula segunda del contrato de arrendamiento, que expresa lo siguiente: “…La pensión de arrendamiento mensual ha sido convenida en la cantidad de Nueve Mil Bolívares (Bs. 9.000,oo) mensuales y cuya cantidad está conforma con la fijación hecha por el organismo competente que “EL ARRENDATARIO” conoce, y la cual consta en el presente contrato. La pensión de arrendamiento empieza a regir desde la fecha de la firma de este contrato. El día último del mes de la firma de este contrato, se cobrarán los días transcurridos hasta esa fecha y de allí en adelante la pensión de arrendamiento se cobrará por mes calendario vencido. El canon de arrendamiento convenido será pagado puntualmente por “EL ARRENDATARIO” en las oficinas de “EL ARRENDADOR” en la ciudad de Caracas, o a sus empleados autorizados y hasta que “EL ARRENDATARIO” devuelva el inmueble arrendado completamente desocupado y en el perfecto estado de aseo y conservación en que hoy lo recibe”, en tanto que el accionado no solamente no aportó al proceso prueba alguna para desvirtuar el incumplimiento de la obligación contraída, sino que además abandonó el inmueble; por lo que resulta, en opinión de este juzgador, que lo procedente es la declaratoria parcial de la pretensión deducida de resolución locativa por el incumplimiento del demandado al contrato de arrendamiento suscrito el día 15 de abril de 1990, debiendo resolverse el contrato locativo in comento y condenar al accionado a efectuar la entrega material del inmueble completamente libre de bienes y personas, confirmándose en este punto lo decidido por el a quo, y así se decide.

Por último, en cuanto al pedimento de indexación judicial realizado en la reforma a la demanda para ser aplicado a las cantidades demandadas, el Tribunal la desecha en virtud de haber prosperado la prescripción de la acción de cobro por daños y perjuicios con base a los cánones de arrendamiento. Así se decide.

Congruente con lo narrado, resulta forzoso para este sentenciador declarar sin lugar el medio recursivo ejercido, y en consecuencia, confirmar la decisión recurrida que declaró parcialmente con lugar la demanda impetrada, y así se resolverá de manera expresa, positiva y precisa en la sección dispositiva de este fallo. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2007, por el abogado J.L.T. actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora sociedad mercantil ADMINISTRADORA EL CLAVO, S.R.L., contra la decisión proferida En fecha 25 de octubre de 2007, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda por resolución de contrato de arrendamiento incoada por la preindicada empresa contra el ciudadano J.L.I.V., la cual se confirma con la motivación aquí expuesta.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por resolución de contrato de arrendamiento impetrada por la sociedad mercantil ADMINISTRADORA EL CLAVO, C.A. contra el ciudadano J.L.I.V., plenamente identificados ut supra, al no haber prosperado la pretensión de cobro por daños y perjuicios con base a los cánones de arrendamiento insolutos que se declararon en el presente fallo prescrito. En consecuencia, se declara RESUELTO el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en fecha 15 de abril de 1990, y se condena a la parte demandada en hacer entrega material a la parte actora del inmueble que le fue arrendado y constituido por el apartamento distinguido con el Nº 12, situado en el primer piso del Edificio Residencias Magally, ubicado en la calle Sanabria con Los Samanes, Urbanización El Paraíso, Municipio Libertador, Caracas, completamente libre de bienes y personas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la parte apelante.

Por cuanto la presente decisión se publica fuera de la oportunidad prevista en la Ley, de conformidad con los artículos 233 y 251 eiusdem, se ordena notificar a las partes.

Expídase por Secretaría copia certificada de la presente decisión, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este juzgado, tal y como lo prevé el artículo 248 ibidem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil ocho (2008).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

En esta misma fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15p.m.), se publicó, registró y agregó al presente expediente la anterior decisión, constante de quince (15) folios útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente Nº 08-10115

AMJ/MCF/rf