Decisión nº 11.052-DEF-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Abril de 2011

Con respecto a la Prescripción de la acción, alegada por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda, fundamentada en el hecho de que a su criterio los cánones de arrendamientos se encuentran prescritos, los mismos se discriminan así:

1. En relación a los meses entre Diciembre del 2003 a Diciembre a 2004, se verificó el 31 de Diciembre de 2007.

En éste particular, es preciso señalar el artículo 1952 del Código Civil, el cual dispone:

La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajos las demás condiciones determinadas por la Ley

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El artículo 1980 del Código Civil, establece:

Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen y, en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos

.-

El artículo 1969 del Código Civil, señala:

Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de una acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se requiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.

Para que la demanda judicial produzca interrupción deberá registrarse en la Oficina correspondiente antes de expirar el lapso de la prescripción copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso

.-

Del contenido de las normas antes citadas, se puede señalar que la prescripción en materia civil es en sentido amplio un derecho adquirido por el transcurso del tiempo, por ello se afirma que es un medio o recurso mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinadas condiciones contempladas en la Ley, su procedencia se fundamenta en razones de orden público, porque sería contrario al mismo permitir que los deudores y sus descendientes estuvieran sujetos a una obligación perpetua que comprometiera eternamente sus posibilidades económicas, y por considerarse la existencia de una presunción de pago, ya que se infiere que el acreedor ha sido pagado cuando durante un determinado tiempo no haya dirigido reclamación alguna de pago a su deudor.-

En el presente caso, se observa que consta en autos, copia certificada del Expediente No.AA20-C-2009-000407, que cursa a los folios 14 al 30, donde consta Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, de fecha 11 de Mayo de 2009, con motivo del juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesto por ADMINISTRADORA NAPOLITANO, S.R.L contra PANADERIA GUAYANA, S.A., en el Expediente No.09-10127, del cual se desprende que la parte actora dio inicio al referido proceso judicial, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, en fecha 09 de Noviembre de 2004, el 14 de Febrero de 2005, el Tribunal admite la demanda, y el 23 de Febrero de 2005, se corrige el error de tramitación de la demanda en que incurrió el referido Juzgado; el 13 de Julio de 2005, se citó a la Defensora Judicial, que se le designó a la parte demandada, y el 15 de Julio de 2005, comparece la parte accionada, y opone cuestiones previas y da contestación a la demanda. En síntesis, de las actuaciones practicadas por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia, aprecia ésta Juzgadora, que la prescripción se interrumpe en virtud de la una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, siempre que se hubiese efectuado la citación de la parte demandada antes de cumplirse el lapso de prescripción, a que se refiere el artículo 1980 del Código Civil.

En el caso bajo estudio, constata ésta Juzgadora, que la parte demandada en el juicio instaurado por la parte actora el 09 de Noviembre de 2004, por Resolución de Contrato de Arrendamientos, Daños y Perjuicios, quedó validamente citada el 13 de Julio de 2005, en la persona de su Defensora Judicial, y el 15 de Julio de 2005, la propia parte demandada procede a dar Contestación a la demanda, ejerciendo defensas previas, como las cuestiones previas contenida en los ordinales 6º y 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y dio contestación al fondo de la demanda. En sintonía, con lo explanado con las normas rectoras de la prescripción antes referidas, el cómputo de prescripción se inicia en Diciembre de 2003 y vencía en Diciembre 2006, por lo que a todas luces, éste Juzgado Superior, constata que no operó en ningún caso la prescripción alegada por la parte demandada, pues se desprende de los autos, que el proceso judicial, ejercido por la parte actora se realizó dentro del lapso de prescripción que alude el artículo 1980 de la Ley Sustantiva Civil, estando citada la parte demandada en tiempo hábil, por lo que tales gestiones, son suficientes para interrumpir la prescripción, por lo cual debe descartarse, pues en el presente caso, se ha demostrado, que en el transcurso de ese lapso, se ha producido el hecho o acto interruptivo de la prescripción, en cuya virtud ha de concluirse, que los cánones de arrendamientos demandados desde Diciembre de 2003, no se encuentran prescritos, siendo indefectiblemente forzoso para ésta Juzgadora determinar que efectivamente no se ha operado la prescripción extintiva en todas y cada una de las obligaciones reclamadas por la actora. En tal sentido, la defensa opuesta por la parte demandada, no se encuentra ajustada a derecho, y por consiguiente IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

En relación a la Inadmisibilidad de la demanda, alega la parte demandada, que la parte actora en el capítulo referido al petitorio, pretende ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero que Declaró Inadmisible la acción Resolución de Contrato ejercida en el Juzgado Segundo de Primera Instancia. Considera la parte accionada, que la relación arrendaticia que las une, es a tiempo indeterminada, existe por mandato del artículo 1600 del Código Civil, y no ha quedado resuelta, tal y como se evidencia de la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero, de manera que no está obligada a convenir en un hecho inexistente, ni el Tribunal tiene facultad, para condenarla en ese hecho.

Por otra parte aduce la parte accionada, que la demanda se fundamenta en el supuesto del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en ninguna de las causales a que se refiere el artículo 34, se fundamenta la acción ejercida.-

En éste sentido, considera ésta Juzgadora, en primer lugar, que la decisión dictada por el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, en fecha 11 de Mayo de 2009, se refiere a un pronunciamiento dictado con motivo de la apelación interpuesta en fecha 21 de Noviembre de 2008, por el Abogado M.M.R., en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PANADERIA GUAYANA S.A., contra la sentencia definitiva dictada el 17 de Octubre de 2008, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, que declaró Con Lugar la Pretensión de Resolución de Contrato de Arrendamiento y Daños y Perjuicios, incoada por la sociedad mercantil ADMINISTRADORA NAPOLITANO, S.R.L. contra la sociedad mercantil PANADERA GUAYANA S.A, por lo que dicho fallo, se encuentra dictado dentro del marco legal, por ser los Tribunales Superiores Civiles, el Tribunal de Alzada competente para conocer de los recursos ordinarios, que se interpongan contra las decisiones dictadas por los Tribunales de Primera Instancia Civiles.

Ahora bien, no consta en autos, que contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero, se haya ejercido recurso alguno, en el que pudiese evidenciar un pronunciamiento distinto al dictado por el Juzgado Superior Primero, de manera que, al no existir otra decisión que modifique la mencionada sentencia, en base a las reglas generales de la competencia atribuida a los Tribunales de la República, la decisión dictada por el Tribunal Superior Primero, es de estricto cumplimiento, y por ende la Declaratoria de indeterminación de la relación arrendaticia que une a las partes que integran ésta causa, es de carácter definitivo, produciendo los efectos legales correspondientes y ASI SE DECIDE.-

En segundo lugar, observa el Tribunal, de la revisión del libelo de demanda, que riela a los folios 03 al 07, que el objeto de la acción de Desalojo fundada en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, está referido al incumplimiento por parte de la demandada, con respecto al pago de las pensiones de arrendamientos, a la que está obligado de acuerdo a lo establecido en los artículos 1264 y 1592 del Código Civil, reclamo que se encuentra ajustado a derecho, y que está perfectamente autorizado por nuestro ordenamiento jurídico, a reclamar vía judicial, entendiéndose que dicho reclamo está referido al literal “a” del artículo 34 de la Ley Arrendaticia Vigente que dispone:

Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales:

a) Que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento a dos (2) mensualidades consecutivas

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Siendo así, el alegato formulado por la parte demandada referido a la Inadmisibilidad de la demanda es IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

Alega la parte demandada, la cuestión previa contenida en el ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la Prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda. Esgrime la demandada, que la acción de ejecución o la de cumplimiento no está prohibidas en la Ley, pero en el presente caso es inexistente. Considera la parte accionada, que no ha nacido a la vida jurídica, por ello esa pretensión del actor es inadmisible; y como la demanda no se fundamenta, en ninguna de los siete (7) causales prevista en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se cumple con el segundo supuesto del ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

De igual forma aduce, que la actora ha ejercido también la acción de Daños y Perjuicios, que él sustenta en un supuesta ocupación ilegal del inmueble, que esa ocupación no puede ser ilegal porque existe un contrato que la ampara, y hace ese pedimento fundamentado en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que no es aplicable a las ocupaciones ilegales del inmueble de donde se infiere que el segundo pedimento es también INADMISIBLE, porque los daños demandados carecen de causa.

Considera el Tribunal, que la Ley prevé ciertas normas legales que impedir la atendibilidad de una determinada pretensión, sin que las mismas cuestionen el derecho subjetivo substancial en que se fundamenta. Esta imposibilidad puede darse de forma absoluta, mediante una prohibición expresa de la norma, o de forma relativa, en los casos en que la causal que se invoca en el libelo de la demanda no este tipificada taxativamente en la Ley.

El autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, al referirse a las cuestiones previas contenidas en el artículo 346 ordinales 9, 10 y 11, el cual establece lo siguiente:

…Estas cuestiones muestran claramente que la inatendibilidad de la pretensión tiene un origen extra-juicio; constituyen un antecedente lógico, inexcusable al razonamiento, que forzosamente lleva a impedir intelectivamente, y por tanto legalmente, el pase a la discusión de la litis, y a la integración del contradictorio, con la contestación a la demanda (…) cuando el demandado alega una de estas cuestiones previas de inadmisibilidad, está aseverando que existe un impedimento legal para que sea dilucidada en el proceso la petición del demandante, postulada en su libelo. Ese impedimento obvia la contestación al mérito de la pretensión, a su procedencia, obvia la instrucción y la decisión de la causa.

De la posición doctrinaria expuesta con anterioridad, podemos extraer el carácter extrajudicial de las cuestiones previas de inadmisibilidad, contenidas en el artículo 346 ordinales 9, 10 y 11 del Código de Procedimiento Civil. Estas cuestiones son alegadas a fin de evitar que la pretensión sea dilucidada en el juicio en virtud de una condición externa al proceso, el cual impide que el controvertido sea esclarecido mediante una sentencia. Dichas cuestiones no tratan el mérito del controvertido, y su finalidad no deriva de una solución al conflicto entre las partes, sino que obstaculizan la admisión de la pretensión, impiden la atendibilidad de la misma a ser resuelta en un juicio.

Con respecto a ésta defensa previa, opuesta por la parte accionada, observa el Tribunal, que las cuestiones previas se definen como todo medio de defensa contra la acción interpuesta, fundado en hechos impeditivos o extintivos considerados por el Juez de la causa, cuando la parte accionada los invoca, siendo su naturaleza corregir los vicios y errores procesales, sin tocar el fondo del asunto que se debate.

Al respecto, constata el Tribunal tal y como quedó establecido en el capítulo segundo del presente fallo, la acción de Desalojo, interpuesta por la actora, es la vía idónea para ejercer su derecho, por considerar que existía incumplimiento contractuales, referido a la insolvencia que mantiene la parte accionada, pues, su interposición se origina por disposición de un fallo que dicto éste Juzgado, el cual estableció que la relación arrendaticia que unen a las partes en éste juicio, es a tiempo indeterminado, para lo cual los reclamos que pudieren surgir, tendrían que ser invocados por la Acción de Desalojo, que es la que nuestra legislación actual tiene prevista para estos casos, por lo que, si existen razones de carácter legal fundadas que soportan el ejercicio de esta acción, por estar en presencia de una relación arrendaticia a tiempo indeterminado. Dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil:

Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley…

En análisis a la norma legal antes referida, y el estudio de la presente causa, considera ésta Juzgadora, que la demanda interpuesta reúne los requisitos de admisibilidad, que dispone la norma antes citada, tal y como fue señalado por el Tribunal A-quo, de igual forma, el alegato referido a que la demandada considera, que la parte actora demanda la acción de Daños y perjuicios, que se sustenta en una supuesta ocupación ilegal del inmueble, cursa a los folios 15 y 16 contrato de arrendamiento, del cual se derivan obligaciones contractuales para las partes involucradas; En tal sentido, dicho pedimento, no puede prosperar, por cuanto es permitido por Ley, el reclamo judicial de daños y perjuicios, correspondiendo al Juez determinar, en su fallo de fondo verificar su procedencia o no. Por lo tanto, la cuestión previa opuesta por la parte demandada es IMPROCEDENTE y ASI SE DECIDE.-

De la Compensación.

La parte demandada, fundamenta ésta defensa, alegando que la administradora NAPOLITANA S.R.L. actúa en éste juicio, en su carácter de Administradora del Edificio Tiber, y la Tercera parte de este edificio, le corresponde con legítima propiedad a la Empresa INVERSIONES CIAMPI, C.A. y la empresa ADMINISTRADORA NAPOLITANA S.R.L., no le ha cancelado a la empresa CIAMPI C.A., la tercera parte de la renta del Edificio Tiber, durante cien (100) meses, desde el mes de Enero de 2002, hasta el mes de abril de 2010, esa tercera parte de la renta que durante cien (100) meses, le adeuda ADMINISTRADORA NAPOLITANA S.R.L.; Alega la parte accionada, que INVERSIONES CIAMPI, C.A.; le ha cedido dicho crédito a la empresa PANADERIA GUAYANA, C.A. hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.450.000,00). Señala la parte demandada, que es titular de un crédito cuyo deudor es la empresa Demandante, de conformidad con lo previsto en los artículos 1331 y 1332 del Código Civil, por lo que opone la compensación, a los fines de extinguir obligaciones no prescritas.

En cuanto a ésta defensa, opuesta por la accionada, observa el Tribunal que la compensación es un modo de extinguir una obligación, que tiene lugar cuando dos (2) personas son deudoras la una de la otra, por ministerio de Ley, de extinguir las dos (2) deudas hasta el importe menor. En el caso de autos, la parte accionada, hace valer la cesión que le realizó la empresa INVERSIONES CIAMPI, C.A a la parte demandada PANADERIA GUAYANA S.R.L., con motivo del crédito que mantiene la parte actora ADMINISTRADORA NAPOLITANA S.R.L. con la citada empresa: INVERSIONES CIAMPI, C.A., por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.450.000,00).

Con respecto a ésta defensa, considera ésta Juzgadora, que es requisito esencial de carácter legal, para poder hacer valer los derechos que deriven de un crédito por adquisición en cesión, que el mismo se haya notificado al deudor, en este caso, a la parte actora, tal y como lo dispone el artículo 1550 del Código Civil, tal y como lo estableció el A-quo en su fallo. En tal sentido, a los efectos de éste proceso, no puede la parte demandada hacer valer la cesión de crédito que le haría la empresa INVERSIONES CIAMPI, C.A., pues de las actas procesales, se observa que para el momento en que fue alegada la compensación, es decir, en la contestación de la demanda, la cual fue en fecha 27-07-2010, no constaba en autos que se hubiere realizado la notificación de la cesión a la deudora, que es la parte accionante; por lo que la notificación de la cesión practicada en fecha 30-11-2010 y traída a los autos en esta alzada en fecha 11-02-2011, no tiene valor, por lo que el alegato formulado por la accionada es IMPROCEDENTE Y Asi se decide.-

Del fondo de la controversia.

La controversia planteada en la presenta causa versa sobre la insolvencia de pago que alega la parte actora en su libelo de demanda, con respecto a los cánones de arrendamientos demandados, que van desde Diciembre de 2003, a razón de DOS MIL BOLIVARES (Bs.2.000,00), discriminados en el libelo de demanda, de lo cual la parte demandada durante la secuela del proceso, no trajo a los autos prueba alguna que demostrara el pago de la obligación que se le ha reclamado en ésta causa. Dispone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

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El artículo 1354 del Código Civil, señala:

Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

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En atención a las normas antes citadas, considera el Tribunal que la Prueba es la demostración de la verdad de un afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Tiende a la persuasión o convencimiento que debe producir en el Juez como Director del Proceso, a resolver el asunto que le ha sido puesto a su conocimiento, en base a lo planteado y discutido en el debate judicial. Merece especial acotación, que para el Derecho Procesal, la prueba es la demostración real y efectiva de la existencia de un hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas que la Ley prevé.

Ahora bien, observa esta Juzgadora que efectivamente quedó demostrado en el presente juicio, que las partes se encuentran vinculadas a través de un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado sobre el inmueble objeto del presente juicio, constituido por un (1) local comercial, ubicado en la planta baja del Edificio TIBER, el cual está situado en la Avenida Guayana con calle Las Américas de la Urbanización Las Acacias, Parroquia San Pedro, Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital. En consecuencia, por cuanto la parte demandada no aportó a los autos elementos de convicción que hagan concluir a quien aquí sentencia que ha cumplido debidamente con su obligación de pagar la pensión de arrendamiento en los términos que fue convenido en el contrato; conforme lo establecido en el articulo 1.592 del Código Civil; resulta forzoso declarar el incumplimiento injustificado respecto de la obligación contractual de pagar el canon de arrendamiento, al evidenciarse que desde el mes de Diciembre de 2003, ha dejado de cancelar los cánones de arrendamiento correspondientes a más de dos mensualidades consecutivas, por lo que resulta procedente la acción de desalojo interpuesta, de conformidad con el articulo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, generando como efecto inmediato la desocupación del bien y la entrega del mismo, y ASÍ SE DECIDE.

En consideración a los motivos de hecho y de derecho supra señalados, para esta juzgadora resulta forzoso concluir que el recurso de apelación no puede prosperar, en razón de lo cual la decisión recurrida debe ser Modificada, y ASI SE DECIDE.

D I S P O S I T I V A

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:

SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido en fecha 31 de Enero de 2011, por el Abogado M.M.R., en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada.

SE MODIFICA la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de Noviembre de 2010, sólo con respecto a la Improcedencia de la Prescripción de los cánones de arrendamientos demandados en la presente causa, alegada por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda, de fecha 27 de Julio de 2010.-

Se Declara SIN LUGAR la Prescripción de los cánones de arrendamientos demandados en el libelo de demanda, que van desde Diciembre de 2003, hasta Abril de 2010; SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; NO HA LUGAR A LA COMPENSACION DE LA DEUDA alegada por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda; y CON LUGAR la demanda de Desalojo incoada por la sociedad mercantil ADMINISTRADORA NAPOLITANO S.R.L. en contra de la sociedad mercantil PANADERIA GUAYANA S.A., identificados en la primera parte de la presente decisión.-

Se condena en costas del juicio y del recurso a la parte demandada apelante de conformidad con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el copiador de sentencias de éste Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese a las partes de la presente decisión.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los trece (13) días del mes de Abril de 2.011. Años 200° de la independencia y 152º de la Federación.

LA JUEZ,

Dra. I.P.B..

LA SECRETARIA,

ABG. MARIELA ARZOLA P.

En esta misma fecha, siendo las 2:00 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia.-

LA SECRETARIA.

DESALOJO

Materia: Civil.

IPB/ma/Jhonme.

Exp. Nº.11-10401.

SENTENCIA DEFINITIVA