Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 31 de Julio de 2013
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 2013 |
| Emisor | Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas |
| Ponente | Adelaida Silva Morales |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
203º y 154º
PARTE DEMANDANTE: ADMINISTRADORA TERRANOVA, C.A, la cual administra al Edificio denominado “RESIDENCIAS PUERTA DE HIERRO”, construido sobre las parcelas de terreno N° 20-06 y 20-07, ubicadas en la Segunda Etapa de la Urbanización Los Naranjos, Avenida Principal, Municipio El Hatillo del Estado Miranda.
APODERADO JUDICIAL LA PARTE DEMANDANTE: J.C.L.G., C.V. y Á.M. abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 33.897, 55.861 y 41.372, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: S.F.F., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.-11.668.858.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (REPOSICIÓN)
EXPEDIENTE ITINERANTE Nº 0357-12
EXPEDIENTE ANTIGUO Nº AH1A-V-2002-000097.
-I-
SÍNTESIS DE LA LITIS
Este proceso se inició por demanda incoada por la ADMINISTRADORA TERRANOVA, C.A, en fecha 17 de octubre de 2002, en contra del ciudadano S.F.F., por motivo de COBRO DE BOLÍVARES, mediante auto, de fecha 06 de noviembre de 2002 fue admitida la demanda, por el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folio 101); y en esa misma fecha se ordenó y se dio la apertura del cuaderno de medidas, decretándose medida de embargo ejecutivo sobre el bien inmueble signado con el Número y letra Quince raya D (15-D), que forma parte del Edificio denominado “Residencias Puerta de Hierro” (folio 01 del cuaderno de medidas).
En fecha 07 de marzo de 2003, el alguacil dejó constancia de la imposibilidad de citar a la parte demandada (folio 107).
En fecha 21 de abril de 2003, el tribunal ordenó desglosar la compulsa consignada por el alguacil, y que se le entregara nuevamente a los fines de agotar la vía personal de la citación (folio 112).
En fecha 12 de mayo de 2003, el Alguacil consignó compulsa, en la cual dejó constancia de la imposibilidad de citar al demandado (folio 113).
En razón a ello, en fecha 21 de mayo de 2003, el Tribunal ordenó la citación por carteles (folio 130).
En fecha 26 de mayo de 2003, el Tribunal Sexto de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, practicó medida de Embargo Ejecutivo sobre el bien identificado.
Luego, en fecha 08 de agosto de 2003, la Secretaria Titular de ese Juzgado dejó constancia del cumplimiento de todas las formalidades (folio 156).
En fecha 08 de agosto de 2003, el Depositario Judicial consignó escrito donde expone lo referente a sus emolumentos según lo establecido en la ley (folio 137).
En fecha 25 de febrero de 2004, la parte actora solicitó el nombramiento de un defensor judicial al demandado (folio 138). En razón a ello, en fecha 26 de febrero de 2004, el Tribunal acordó el nombramiento del defensor judicial (folio 139), quien se dio por citado en fecha 27 de septiembre de 2004 (folio 151); y consignó escrito de contestación de la demanda, en esa misma fecha (folio 153).
En fecha 26 de octubre de 2004, la parte actora consignó escrito de pruebas (folio 158), las cuales fueron admitidas en fecha 08 de noviembre de 2004 (folio 160).
En fecha 05 de mayo de 2006, la parte actora solicitó dictar sentencia a la presente causa (folio 162).
Mediante auto de fecha 13 febrero de 2012, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en acatamiento de la Resolución 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y previa revisión del expediente, ordenó la remisión del mismo a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo que la presente causa se encontraba en estado de sentencia fuera del lapso legal (folio 163). Con ello se ordenó librar el oficio respectivo con el Nº 2012-0137, haciéndole saber a la U.R.D.D. sobre la remisión del expediente.
En fecha 30 de marzo de 2012, mediante Nota de Secretaría, este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio cuenta de la entrada del presente expediente, asignándosele el Nº 0357-12, acorde a la nomenclatura llevada por el Tribunal (folio 165).
En fecha 04 de diciembre de 2012, este Tribunal Itinerante dictó auto en el cual se abocó al conocimiento de la causa la Juez Titular (folio 166).
En fecha 08 de julio de 2013, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se prorrogó la competencia de los Juzgados Itinerantes establecida por la Resolución 2011-0062 antes nombrada, se publicó en fecha 10 de enero de 2013 en el Diario Últimas Noticias Cartel Único de Notificación y de Contenido General, al que se refiere el artículo 2 de la nombrada Resolución 2012-0033, mediante el cual se dio notificación de los abocamientos de causas en los expedientes que se encuentran en estado de sentencia fuera de su lapso natural correspondiente para emitir decisión, se ordenó agregar al expediente copia del Cartel de Notificación librado en fecha 06 de diciembre de 2012 y del Cartel publicado en prensa el 10 de enero de 2013, así como su publicación en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia (folio 167 al 178).
Mediante Nota de Secretaría de éste Juzgado Itinerante de fecha 08 de julio de 2013, se dio cuenta del cumplimiento de las formalidades para las notificaciones de las partes según lo ordenado por la Resolución 2012-0033, con lo que se dejó constancia que los lapsos de reanudación de la causa, de recusación según lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y de sentencia se comenzarían a contar desde tal fecha (folio 179).
-II-
MOTIVA
De la revisión exhaustiva de las actas procesales, que conforman el presente expediente, se observa que en virtud de la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011 y de la Resolución Nº 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012 dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a través de la cuales se le atribuye a éste Tribunal competencia como Juzgado Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien suscribe el presente fallo, previo abocamiento efectuado, notificadas las partes, y estando en la oportunidad para decidir, lo hace con base a las siguientes consideraciones:
-PUNTO PREVIO: DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA-
Tal como se ha establecido en la síntesis de la litis, una vez interpuesta la demanda en fecha 17 de octubre de 2002, se procedió a realizar todas las diligencias pertinentes para lograr el llamamiento de la parte demandada al proceso. Sin embargo, al no haber sido posible la citación del demandado, ni por boleta de notificación mediante el trámite efectuado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, ni por medio de los carteles librados por el Tribunal de la causa, se designó a la parte demandada un Defensor Judicial, designación la cual se efectuó mediante auto de fecha 26 de febrero de 2004 y que recayó en el abogado en ejercicio O.C.M., inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 104.821. Tal profesional del derecho, aceptó su designación en fecha 11 de marzo de 2004, jurando ante el Juez cumplir bien y fielmente con su cargo. Cumplidas estas formalidades se abrió el lapso de comparecencia para la contestación de la demanda.
En efecto, en fecha 27 de septiembre de 2004, el Defensor Ad-Litem consignó escrito de contestación en donde dejó constancia de haber enviado comunicación por servicio de correo (IPOSTEL) al demandado en donde les notificaba de su designación.
Igualmente se nota de las actas que conforman el presente expediente, que una vez abierta la causa a pruebas, el Defensor Judicial no consignó escrito de promoción de pruebas en defensa de la parte demandada, hecho éste que quedó manifiesto en el auto de admisión de pruebas de fecha 08 de noviembre de 2004, en donde sólo se hace referencia a las pruebas promovidas por la parte actora.
En vista de estas circunstancias, es necesario para este Tribunal realizar unas consideraciones sobre el papel del Defensor Ad-Litem y cómo éste debe ejercer una efectiva defensa en pro de sus defendidos.
La figura del Defensor Ad-Litem, ha sido creada por la ley para garantizar la defensa del demandado, cuando éste no ha podido ser llamado al proceso a través de la citación y cuándo este no actúa en el proceso mediante apoderado privado. Tal institución cae dentro de la clasificación del representante judicial, esto es, el representante que le asigna el Juez a la parte, el cual se diferencia del representante convencional, al cual se le denomina normalmente apoderado.
Tal institución se ha establecido con la finalidad de: i) garantizar la defensa del demandado no presente; ii) satisfacer el derecho de acción ejercido por el demandante al establecer una relación jurídico-procesal sana que sea capaz de terminar en una sentencia definitiva de fondo; y iii) de beneficiar el orden social, al garantizar el buen desenvolvimiento de las instituciones del Estado.
Con ello vemos, que el Defensor Judicial o Ad-Litem, más que ser un defensor privado, es un verdadero auxiliar de justicia. En tal sentido, el Defensor Ad-Litem viene a hacer real y efectiva dentro del proceso, la garantía de defensa establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto al debido proceso. En tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 33 del 26 de enero de 2004, caso: L.M.D.F., Expediente Nº 02-1212, ha establecido lo siguiente:
“El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones).
La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.
(…) La función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal.
(…)
En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.
El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.
Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo. (Énfasis, Subrayado y Negritas nuestras).
Con ello vemos entonces, que la figura del Defensor Judicial no está prevista por la ley, simplemente para la finalidad de establecer un contradictorio que permita que el Juez emita una sentencia definitiva que resuelva el conflicto interpersonal de intereses, jurídicamente relevantes establecido por la parte demandante, sino que se convierte en una verdadera garantía de defensa para el demandado.
El Defensor Judicial tiene la obligación de ejercer mediante los medios que la ley le permite utilizar, una defensa efectiva en pro del demandado, que vaya desde alegatos y excepciones, pasando por los medios probatorios que auxilien el establecimiento de los mismos en el proceso y llegando hasta el ejercicio de los recursos de ley en contra de las decisiones desfavorables a su apoderado.
En el presente caso, observa esta Juzgadora que si bien el Defensor Judicial afirmó haberse tratado de comunicar con los demandados, y consignó al expediente comprobante de envío de la comunicación, éste Tribunal no tiene certeza de si fue realmente recibida por los demandados.
Es el hecho, de que en aras de garantizar realmente el derecho a la defensa de los demandados, el Defensor Judicial debió haber tratado de entrar en contacto directo con ellos a fin de ejercer mejor su defensa, máxime cuando consta en las actas que tal Defensora conocía una dirección personal de los demandados la cual se encontraba en éste mismo domicilio, tal y como se extrae del recibo o documento de guía emitido por IPOSTEL y acompañado al acto de contestación.
El Defensor Judicial pudo haber cumplido con la obligación de localizar a sus defendidos, tal y como lo señala la citada jurisprudencia, cuando se desprende de las actas del expediente que la dirección de la demandada estaba dentro de esta misma circunscripción judicial.
Igualmente se aprecia de las actas del expediente, que si bien el Defensor consignó escrito de contestación a la demanda, impidiendo así la confesión ficta, fue negligente en la continuación de la defensa de los accionados al no haber promovido pruebas que apoyara la posición procesal de sus defendidos.
En vista de las anteriores consideraciones, y al haber sido lesionado el derecho a la defensa de la parte demandada, por la defensa ineficiente del Defensor Ad-Litem, se da un motivo suficiente para la reposición de la causa según lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, ésta Juzgadora al notar que la designación y juramentación de la Defensora Ad-Litem fue realizada correctamente, alcanzando dichas actuaciones fines legales y respetando lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, establece que tal reposición sólo se puede ordenar al estado de renovación del acto de contestación.
Es por ello, que a esta Juzgadora, en ejercicio de las atribuciones que como directora del proceso y garante del sistema de justicia y de la tutela judicial efectiva que le otorga a los Jueces los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Civil, como garante de la integridad de la Constitución, y notando que la negligencia del Defensor Ad-Litem designado en éste proceso, deviene en una violación al derecho a la defensa del demandado, le corresponde reponer la causa al estado de que el Defensor Ad-Litem conteste la demanda. Y así expresamente se decide.
-V-
DISPOSITIVA
En vista de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, pasa a dictar el dispositivo, en el presente juicio, declarando lo siguiente:
ÚNICO: LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado de que el Defensor Ad-Litem conteste la demanda en nombre de su representado, y en consecuencia, quedan anuladas todas las actuaciones cursantes en las actas procesales posteriores a la designación del Defensor Ad-Litem, manteniéndose válidas todas las actuaciones procesales efectuadas desde la admisión de la demanda, hasta la designación del Defensor Ad-Litem realizada en fecha 11 de marzo de 2004.
Se ordena librar oficio y remitir el presente expediente al Tribunal de origen, a los fines de la continuación de la causa.
Por la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.
Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de J.d.D.M.T. (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
LA JUEZ TITULAR
Dra. A.C.S.M.
LA SECRETARIA ACC.
Abg. B.A..
En esta misma fecha siendo las 2:00 p.m., se registró y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA ACC.
Abg. B.A.
Exp. Itinerante Nº: 0357
Exp. Antiguo Nº: AH1A-V-2002-000097
ACSM/BA/Emilio
