Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Mayo de 2007
| Fecha de Resolución | 30 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A |
| Ponente | Mirna Egle Marquina |
| Procedimiento | Sentencia Por Admisiòn De Hechos |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SECCION DE ADOLESCENTES
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA
TRIBUNAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Mérida, treinta (30) de mayo de 2007
CAUSA: C1-1655- 06
ASUNTO: SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISION DE HECHOS
JUEZA M.E.M.
FISCALIA DECIMA SEGUNDA D.R.
ADOLESCENTES: OMITIDA
VICTIMA LACRUZ MONTES DULCE
DEFENSA J.L.
DELITOS: ROBO IMPROPIO
MOTIVACION
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
Fijada la oportunidad de la audiencia preliminar, verificada la presencia de las partes se da inicio a la audiencia ORAL Y PRIVADA, comenzando por cederse el derecho de palabra a la Fiscal del Ministerio Público, quien expuso formal acusación en contra del adolescente R.E.A. acusado por los siguientes hechos: En fecha 09 de noviembre del año dos mil cinco (2005) aproximadamente a las dos y treinta de la tarde (2:30 a.m.) en la evenida 8 conn calle 24 frente a la escuela de enfermeria despoja de unos lentes ARNETTE los cuales llevaba puestos la victima produciendo reacción eretosama a nivel del pardo superior de naturaleza contusa.; hechos estos que califican el delito de ROBO IMPROPIO, previsto en el artículo 417 del Código Penal y pide como sanción las medidas contempladas en artículo 620 literales “b” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, solicita la medida cautelar establecida en el artículo 581 letra “f”; señalando los fundamentos de la acusación relativos a modo, lugar, tiempo y demás circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La fiscal del Ministerio Público promueve los siguientes medios de prueba:
-
Expertos: Yako Jugo Varela, para que deponga sobre la avalúo comercial No. 856 y junto a G.G. para que deponga sobre la inspección ocular No. 5359, manifestando la pertinencia y la necesidad de la misma. A.B.R., para que deponga el Reconocimiento Medico Legal No. 3975 indicando su pertinencia y necesidad.
Acordando la exhibición de los referidos informes para la ratificación en su contenido y firma.
-
Testigos: L.C.D. y Mejias N.P. funcionarios policiales, J.G.R.A. testigo presencial y D.M.L.M. (victima), indicando su necesidad y pertinencia.
Solícita se admita la acusación y las pruebas y, se ordene el enjuiciamiento del mencionado adolescente como autor por los delitos de ROBO IMPROPIO previsto en el artículo 417 del Código Penal LESIONES INTENCIONALES LEVISIMAS previsto en el artículo 456 del Código Penal, y pide como sanción la establecida en el artículo 620 letra “b” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y como medida cautelar la establecida en el artículo 582 letra “c” eiusdem. Así mismo, se reserva el derecho de preguntar y repreguntar a la defensa. Concluida la exposición de la representación fiscal, se le cedió el derecho de palabra a la defensora pública, quien indicó, que el adolescente le había manifestado la voluntad de declarar.
A continuación, el Tribunal le explica al adolescente de manera clara sencilla y educativa de los hechos que el Fiscal le acusa, así como, el derecho que tiene a declarar lo que considere en su defensa libre de juramento y en caso de no hacerlo está amparado por el precepto Constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5º de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que lo autoriza para abstenerse de declarar en causa propia, no será tomada su abstención como elemento de convicción en su contra; al mismo tiempo, se le explicó de las garantías fundamentales tales como la dignidad, el derecho a ser oído, juicio educativo, confidencialidad, presunción de inocencia, establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niño y del Adolescente. Impuesta de estos derechos el adolescente antes identificado manifestó que quería declarar exponiendo: “Admito los hechos, que me acusa la ciudadana fiscal del Ministerio Público. Es todo.”; oído lo expuesto por el adolescente, el tribunal considera necesario preguntarle si entendió los hechos por los que le acusa la Fiscal del Ministerio Público, contestando que sí.
HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS.
Este tribunal procede a delimitar los hechos que efectivamente aparecen probados en autos en concordancia con la declaración del adolescente, valorando las pruebas según los artículos 601 de la ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal.
El Ministerio Público acusa al adolescente MENCIONADO por la comisión del delito de robo impropio, previsto en el artículo 456 del Código Penal
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
Para determinar la conducta desplegada por el adolescente mencionado en el delito de robo impropio, previsto en el artículo 456 DEL Código Penal, se hace necesario el análisis de los elementos que conforman el delito, siguiendo la concepción tripartita en cuanto a la ACCIÓN la existencia de un comportamiento humano, externo, voluntario, positivo, que produce un resultado; como quedó determinado el adolescente realizó un hecho positivo conforme; acto que consistió en apoderarse de unos lente que poseía la victima.
Para determinar la relación de causalidad, se aplica lo que en doctrina se conoce como la conditio sine qua non, considera que el comportamiento humano es causa, si ha sido una condición del resultado; no obstante, debe realizarse una operación mental abstracta e imaginaria, donde al eliminarse el comportamiento queda también eliminado el resultado. Aplicando esta formula y eliminando la conducta desplegada por el acusado, se aprecia que produce resultado, que consistió en apoderarse de los lentes en forma violenta, por cuanto esta causa se encuentra íntimamente ligada a su actuar ya que ha quedado evidenciado con los elementos de prueba que corre en autos y la admisión de los hechos, por parte del adolescente mencionado, quedando demostrado con ello el nexo CAUSAL, porque el resultado deriva como efecto causal del comportamiento.
En cuanto el segundo elemento la TIPICIDAD, observa el Tribunal que el Ministerio Público encuadra el delito dentro del tipo penal de ROBO IMPROPIO, previsto en el artículo 417 del Código Penal
Observa el Tribunal que de las probanzas que consta en autos se evidencia efectivamente que el adolescente actúo con la intención de APODERARSE DE LOS BIENES PROPIEDADA DE LA VICTIMA; por lo tanto, el adolescente actúo como autor del hecho por realizar actos esenciales para la consumación del resultado hecho probado en autos y adminiculado con la admisión de los hechos del adolescente. Queda entonces satisfecho el segundo elemento del delito.
En cuanto a la ANTIJURICIDAD se configura dicho elemento cuando la acción típica atribuida al agente es contraria a derecho (antijuricidad formal) y en la cual no existan causas de justificación (antijuricidad material).
En cuanto a la IMPUTABILIDAD los adolescente en su condición de ser humano en desarrollo se encuentran en una situación jurídica diferente, no está en capacidad de conocer la valoración de la norma primaria la cual va dirigida al ciudadano - hacer juicios de valor - tiene capacidad de entender la norma primaria de determinación del cual es destinatario, encontrándose en condiciones de normalidad motivacional; por ende, el adolescente es imputable, hay un proceso de maduración que permite reprocharles el daño social que ocasione, pero diferenciada al de los adultos en cuanto a la consecuencia jurídica del tipo penal establecidos en la parte especial. El principio de la responsabilidad del adolescente comprende el binomio severidad-justicia cuya finalidad primordial es educativa y lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente; no por ello, el adolescente no responda por los hechos ilícitos cometidos en la medida de su culpabilidad. Se aprecia de las pruebas que corren en autos y la admisión de hechos de la adolescente que tenían el animus de portar; esta juzgadora, considera que la conducta desplegada por el ciudadano acusado de auto, se configura es en tipo delictual descrito, atendiendo las circunstancias de su perpetración; considera que está demostrada la responsabilidad del adolescente mencionado ya que lesionó el bien jurídico de la paz y seguridad social, la cual es relevante para el derecho penal, por éstos razonamientos la sentencia debe ser CONDENATORIA y así se decide.
DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SANCIÓN
Esta juzgadora procede a imponer la medida correspondiente al delito por el cual se le condena al adolescente. Por ser el delito ROBO IMPROPIO, previsto en el artículo 417 DEL Código Penal cuya sanción no amerita medida privativa de libertad de conformidad con el artículo 628 parágrafo segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Las medidas, tiene un carácter esencialmente educativo en la fijación y ejecución de las sanciones, cuya decisión debe respetar los derechos humanos del adolescente y promover una integridad en el aprendizaje del mismo, orientado en la búsqueda de la futura prevención en una adecuada convivencia social. Autores como C.R. han llegado a afirmar con base a la prevención especial socializadora que la pena para jóvenes ha de determinarse de tal modo que resulte posible el efecto resocializador. Para Mir Puig, la medidas de seguridad, las que se le imponen a los adolescentes, buscan es la prevención especial a través de las medidas educativas que se imponen a los adolescentes caracterizada por sus particularidades derivadas del interés superior del niño y la protección integral de este, expresadas como principio educativo.
De conformidad con el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de la admisión de los hechos manifestada en la Sala de audiencia por el Adolescente y valorada las pruebas que corren en autos, queda comprobado el acto delictivo y la existencia del daño causado, así como su participación en el hecho punible, no le permiten cumplir otras medidas que no sean la L.A., cuya medida es racional e idónea con el fin que se persigue, que es la educación y socialización. Deberá asistir ante la siquiatra de esta sección contados a partir del ejecútese, tiene la sanción un plazo de ocho (08) meses. Por tal razón, se considera que es proporcional e idónea con el delito por el cual se le condena, no siendo por ello procedente la sanción solicita por la fiscal del Ministerio Público.
DISPOSITIVA
Este Tribunal en funciones de Control Nº 01 de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley decide:
CONDENA como coautor al adolescente OMITIDA, por la comisión del delito de ROBO IMPROPIO, previsto en el artículo 456 DEL Código Penal, sancionado en el artículo 620 literal “D” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente a cumplir la sanción de L.A. que comprende la obligación de hacer de acudir ante la siquiatra de esta sección, tal como se mencionó anteriormente.
Se declara la cesación de las medidas cautelares dictadas por este tribunal.
En atención al principio Constitucional de gratuidad de la Justicia no se condena al pago de las costas procesales de conformidad al artículo 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Del texto completo de la sentencia quedan legal y formalmente notificados los presentes. Así se decide.
Dada, sellada, firmada y refrendada en la Sala de audiencia del Tribunal de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida a los treinta días del mes de mayo del año dos mil siete (30-05-2007), año 196º de la Independencia y 148º de la Federación.-
LA JUEZ PROFESIONAL EN FUNCIONES DE CONTROL
M.E.M.
SECRETARIA
¬¬¬¬¬¬¬¬ALBERTINA SANTIAGO
En la misma fecha se público la anterior sentencia.
Sría
MEM/
