Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 28 de Octubre de 2011

Fecha de Resolución28 de Octubre de 2011
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control
PonenteLeila - Ly de Jesús Ziccarelli De Figarelli
ProcedimientoMedida Privativa De Libertad

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto

Barquisimeto, 28 de Octubre de 2011

201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2011-022149

ASUNTO : KP01-P-2011-022149

FUNDAMENTACION DE MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Celebrada como fuera la Audiencia Oral a que se contrae el Artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal; corresponde a este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara en Funciones de Control Nº 2, fundamentar por escrito la decisión que de forma oral fuera dictada y notificada a las partes, en atención a lo previsto en los Artículos 173 y 175 eiusdem, en los siguientes términos:

  1. - Recibido Como fuera escrito procedente de la Fiscalía 27º del Ministerio Público en el Estado Lara, contentivo de presentación de detenido, se convocó a la audiencia oral correspondiente y la misma solicitó para los ciudadanos N.A.N.C. y W.A.N.C.; la medida privativa de libertad contenida en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y que la causa se siga por el procedimiento ordinario, además de que se decrete como flagrante la aprehensión del mismo, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 149 en relación con el articulo 163 nral 11 de la Ley Orgánica de Droga.

  2. - Los imputados N.A.N.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.686.022, DE 30 años de edad, fecha de nacimiento 31/03/81, estado civil casado, natural de Coloncito Estado Táchira y residenciado en la Inavis, vereda 2, casa sin numero, Estado Táchira, casado con Marbelys Ramírez, Teléfono Nro.0275-4112102. De la revisión del sistema Jurisi, no presenta otro asunto por este Circuito. Y W.A.N.C., titular de la Cedula de Identidad Nº 18.720.225, de 25 años de edad, fecha de nacimiento 02/03/86, estado civil casado, natural de Coloncito Estado Tachira, residenciado en la Inavis, Vereda 02, Casa Sin Numero, Coloncito Estado Tachira. Casado- con Dairelys Ruiz, Teléfono Nro. 0416-1140399. De la revisión del sistema Jurisi, no presenta otro asunto por este Circuito, luego de ser impuestos del precepto Constitucional contemplado en el numeral 5° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los hechos, calificación jurídica y medida solicitada por el Ministerio Público, manifestaron lo siguiente:

    N.A.N.C., “Si deseo declarar. Yo tengo que decir me entregaron el carro en Carora para que lo entregara en el peaje de Guacara, y que allí lo estaban esperando, no sabia que eso iba allí yo no hice resistencia a la guardia, ni estaba nervioso. El procedimiento duro 5 horas. Solicito copia del presente asunto, es todo. Pregunta la Fiscal del MP: Me lo entrego en Carora un tipo no se nombre. Mi mama tiene una finca en Táchira en Coloncito y alli nos hicimos amigo y me dijo que tenia un carro PATRA vender y necesitaba pasarlo de Carora a Valencia. Mi mamá se llama A.D.C.. El carro me lo entregaron en toda la entrada de Carora. Me dijeron que en Valencia me llamaban para entregarlo. La persona que yo le iba a entregar el carro me entregaría el dinero. Esa es una zona ganadera y uno se hace amigo pero no conoce los nombres. El señor me dijo que fueron a Carora a buscarlo, la persona es catira, de 40 y pico de años, como de 1, 60 metros, un tipo atlético. Me llamarían a mi celular y no se me el nro y este se perdió. El celular era de la compañía Digitel, tenia llamada restringida. En guaraca me esperarían a la hora que llegara. No llegue a Guacara no me llamo. Pregunta la Defensa: no tiene preguntas. Pregunta la Juez: Estábamos mi hermano y yo en el vehiculo circulando. Yo iba manejando. Era un camión un Silverado. No iba cargado. Llevaba una copia de la documentación del vehiculo, mas no documentación original. Yo tenia conociendo al Señor que me entrego el camión desde hace dos meses de vista. Yo lo que te diga es mentira, no se si es vendedor de camiones ese Señor. El tipo ese solo vehiculo para vender. No me dieron especificación en cual de los dos tanques debía echar gasolina, no me dijeron nada. Yo salí de Táchira como a las 10 de la mañana. Llegue a Carora como a las 6 y 30 de la tarde. El procedimiento comenzó como a las 8:30 de la noche. Pararon a varios carros. Es todo.”

    W.A.N.C., “No deseo declarar, es todo.”

    Asimismo, se le explicó el momento en el cual puede hacer uso de las formas alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos.

  3. - Por su parte, en la oportunidad legal correspondiente se le cedió la palabra a la defensa quien expuso sus argumentos manifestando lo siguiente: “Ciudadana Juez esta la defensa esta de acuerdo con la petición del Ministerio Público, en cuanto al procedimiento Ordinario, establecido en el artículo 280 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, y de conformidad con el artículo 125 y siguientes me reservo, a los fines de solicitar las diligencias que considere pertinente. En cuanto a la medida de privación, y si es cierto que estamos en un delito grave, no obstante no estoy de acuerdo de considerarlo como de lesa humanidad, en caso de que se acuerde la Medida de Privación de Libertad, solicito que visto que el Centro Penitenciario de Uribana se encuentra como ya sabemos que es evidente, se acuerde como sitio de reclusión la Comandancia de la FAP o el Internado Judicial de San Felipe, es todo”.

  4. - A los fines de legalizar la detención del imputado de auto, realizada sin la existencia de orden judicial previa conforme a lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se califica como flagrante la aprehensión de los ciudadanos N.A.N.C. y W.A.N.C., antes identificados, por estar llenos los extremos del Artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, según consta en acta policial Nº 2696, de fecha 22 de octubre de 2011, suscrita por los funcionarios aprehensores adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, y de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la tramitación de la presente causa por las vías del procedimiento penal ordinario, por cuanto del análisis de las actas que integran la presente causa se estima que existen circunstancias que aclarar, por cuanto se evidencia que en fecha 22 de octubre de 2011, los funcionarios aprehenden a los mencionados ciudadanos en un vehículo marca Chevrolet modelo C3500, color blanco, placas A51AJ3V, año 2100, clase camión, tipo chasis, uso carga, serial carrocería 8ZC3KZCG4BV319473, aproximadamente a las 08:00 horas de la noche en el punto de control móvil ubicado en el sector Hispopal, ubicado en el eje carretero Lara-Zulia, en cuyo segundo tanque de gasolina fueron incautdas cincuenta y cinco panelas contentivas de una sustancia que según la prueba de orientación susctrita por la toxicólogo de guardia adscrita al CICPC, resultó ser droga de la conocida como cocaína, los primeros 34 envoltorios con un peso neto de 33.983 gramos gramos y los 21 restantes con un peso neto de 20.943,3 gramos. Ello se desprende de los recaudos que acompañan la solicitud fiscal, a saber acta policial, planilla de registro de cadena de custodia y prueba de orientación suscrita por el experto del CICPC y entrevistas tomadas a los testigos del procedimiento.

  5. - En cuanto a la medida de coerción personal, con fundamento en los alegatos de las partes y tomando en consideración los recaudos que acompañan la solicitud fiscal, que fueron mencionados con anterioridad, esta juzgadora estima que se encuentran llenos los supuestos contenidos en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se trata de un hecho punible que merece pena privativa de libertad cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es en éste caso la presunta comisión del delito TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 149 en relación con el articulo 163 nral 11 de la Ley Orgánica de Droga.

    En segundo lugar, que existen suficientes elementos de convicción para presumir fundadamente que los imputados de autos han sido autores en la ejecución del punible objeto de la presente, lo cual se desprende del análisis de las circunstancias bajo las cuales se produjo la aprehensión de los mismos y la incautación de la evidencia objeto del proceso que constan detalladamente en las actas citadas, es decir, acta policial en la que se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la aprehensión y la incautación de la evidencia descrita en la planillas de registro de cadena de custodia, en la prueba de orientación y las declaraciones de los testigos.

    Por último, existe presunción legal de peligro de fuga, tomando en consideración la magnitud del daño causado, y la pena que pudiera llegar a imponerse, la cual excede en su límite máximo de diez años, y que el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 09 de noviembre de 2005 ha establecido en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, que el delito de tráfico de estupefacientes, es un delito de lesa humanidad, (a los efectos del derecho interno) y de la imposibilidad para quienes estén siendo enjuiciados por dicho delito a obtener medidas cautelares sustitutivas de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y que tan sólo se debe considerar una excepción al principio de juzgamiento en libertad dada la magnitud de dichos delitos y el bien jurídico tutelado en el tipo penal.

    En igual sentido, la sentencia Nº 1728 de fecha 10/12/2009 emanada de la Sala Constitucional, señala: “…Tampoco podría pensarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al instituir en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, estaría derogando el principio de la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud del daño que dichos delitos conlleva y del bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es la salud pública o colectiva en tanto derecho social fundamental conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que deben los jueces y juezas presumir, como se señaló, el “peligro de fuga” en los imputados por dichos delitos. La negativa judicial a otorgar beneficios procesales obedece a la necesidad de impedir que se obstaculice la investigación y que tales delitos puedan quedar impunes.

    Así entonces, con base en la referida prohibición la Sala reitera que, para efectos de los delitos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional –delitos de lesa humanidad-, no es aplicable el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII, del Libro Primero del referido Código Adjetivo; sin que ello suponga una presunción de culpabilidad de quien está siendo juzgado por la comisión de un delito de tal carácter, pues la imposición de una medida privativa preventiva de libertad, requiere el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 250 del señalado texto adjetivo penal, entre las cuales está la de comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencien la presunta comisión del hecho punible, así como la presunta participación de la persona imputada en su comisión, y por último la existencia de “peligro de fuga” o de “obstaculización de la investigación”, tal y como lo disponen los artículos 251 y 252 ambos del texto adjetivo penal, que establecen entre otras circunstancias que se ha de estimar la posible pena a imponer y el daño ocasionado, todo ello con el fin de garantizar la prosecución del proceso, sin que necesariamente concluya con una sentencia condenatoria contra la persona que se investiga…”

    Por otra parte, si bien es cierto, que el Artículo 44 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de que la persona será juzgada en libertad, no es menos cierto que dicho artículo también expresa y así debe ser su lectura, que ese juzgamiento en libertad tiene excepciones, y que las razones están determinadas en la Ley y éstas que serán apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

    Pues bien, en el proceso penal seguido a los imputados de autos, la medida de privación judicial preventiva de libertad procede por el monto de la pena que pudiera llegar a imponerse, la gravedad del daño, el peligro de fuga, tal como quedó expresado anteriormente, estimándose llenos los extremos del artículo 250 en sus numerales 1, 2 y 3 y el artículo 251 parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo se considera que dicha medida es proporcional en los términos expresados en el Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se afirma la naturaleza cautelar de la medida de privación judicial preventiva de libertad, a los fines de asegurar las resultas del proceso. Así se decide.

  6. - Por las razones expuestas, este Tribunal de Control Nº 2, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de acuerdo a las previsiones legales contenidas en el Artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda imponer la medida de privación judicial preventiva libertad a los ciudadanos N.A.N.C. y W.A.N.C., antes identificados; por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILÍCITO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 149 en relación con el articulo 163 nral 11 de la Ley Orgánica de Droga, en atención a lo pautado en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal a ser cumplida en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) a solicitud de la defensa. Asimismo, se ordena la tramitación de la causa por las vías del procedimiento penal ordinario. De conformidad con el articulo 183 del COPP, se acuerda la incautación preventiva del vehiculo, marca CHEVROLETH, modelo C3500, color BLANCO, placas A51AJ3B, año 2011, clase CAMIÓN, serial de carrocería 8ZC3KZCG4BV319473, el cual esta descrito en el acta de cadena de custodia. Líbrese los oficios respectivos. Se acordó el traslado de los imputados al CICPC, a los fines de la toma de muestra de APENDICES PILOSO, para el día 25-10-2011 a las 8:00am, antes de ser trasladados al CEPELLA. . Por último, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de protección de victima y demás sujetos procesales, este Tribunal acuerda tachar las direcciones de los testigos del procedimiento que aparecen en acta. Se acordaron las copias solicitas por las partes. Las partes quedaron notificadas. Publíquese. Cúmplase.

    La Juez

    Abg. Leila-Ly De Jesús Ziccarelli De Figarelli

    La Secretaria

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