Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Septiembre de 2012

El recurso de hecho constituye una garantía del derecho a la defensa, en el que está comprendido el recurso de apelación, es la impugnación a la negativa de apelación o cuando éste se admite en el sólo efecto devolutivo. En este sentido ha señalado la jurisprudencia que el recurso de hecho, es sin duda alguna el medio establecido por el legislador para que no se haga nugatorio el recurso de apelación. Ceñido al presente postulado, el recurrente pretende la procedencia del medio recursivo, en función de ello expresó:

(…) Sobre la base de los razonamientos explanados en el presente escrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 305 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y con arreglo a lo establecido en el artículo 123 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se solicita respetuosamente que este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas:

PRIMERO: Realice lo conducente para DAR ENTRADA al presente recurso, a tenor de los establecido en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. Esto en virtud de que han sido solicitadas ante el Tribunal de la causa copias certificadas de las actas del expediente concerniente, las cuales serán consignadas ante esta Alzada una vez que sean expedidas y tramitadas por el referido despacho. SEGUNDO: Declare CON LUGAR el presente Recurso de Hecho, planteado contra el auto dictado el 9 de julio de 2.012 por el Juzgado Décimo Primero (11º) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual NEGÓ EL RECURSO DE APELACIÓN introducido por esta representación judicial contra la Sentencia Definitiva proferida en el señalado Juicio de Desalojo. TERCERO: REVOQUE el auto recurrido; y en consecuencia, ORDENE al tribunal de la causa OÍR EN AMBOS EFECTOS el recurso de apelación ejercido…

5. DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PARA CONOCER DEL RECURSO EJERCIDO.-

   Conforme la Resolución Nº 2009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2009, mediante la cual modificó a nivel nacional la competencia de los Juzgados de Municipio, para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, estableciendo su competencia para conocer en primera instancia, de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, así como de la interpretación de ésta, realizada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión dictada en fecha 10 de marzo de 2010, expediente Nº AA20-C-2009-000673, con ponencia de la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, donde se expresó:

   ...Ante cualquier otra consideración, es necesario señalar que existe reciente Resolución de la Sala Plena de éste Supremo Tribunal, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, que modifica a nivel nacional las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, dichas modificaciones se suscitaron en virtud de que tal y como la mencionada Resolución lo dispone en uno de sus considerando: “...Los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus recursos disponibles atendiendo asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tales como inspecciones, notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de p.m., títulos supletorios, rectificaciones de actas y partidas, solicitudes de divorcio o separaciones de cuerpo amigables, entre otros asuntos de semejante naturaleza...”, sin embargo estas modificaciones surtirán sus efectos a partir “...de su entrada en vigencia, y no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo en los asuntos nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia...”.

   ...Omissis...

   De la jurisprudencia supra transcrita, se desprende que las competencias de los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, se redistribuyó mediante Resolución emanada de la Sala Plena de este M.t., determinando que a los Juzgados de Municipio corresponderá la competencia para conocer en primera instancia; de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, siendo que por vía de consecuencia, las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas por los referidos Juzgados de Municipio, los cuales actuarán como jueces de primera instancia, deberán ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece al Juzgado de Municipio.

   En cuanto a las condiciones de aplicabilidad, se estableció que la misma comenzaría a surtir efectos a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de abril de 2009, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela...

   . (Subrayado de este tribunal).

   Dada la redistribución de competencias efectuada por la Sala Plena del M.T. de la República, conforme a la Resolución y fallo citado, se constata en lo que respecta a las condiciones de aplicabilidad, que la misma quedó supeditada a los asuntos cuya fecha de interposición sea posterior al 02 de abril de 2009, fecha en la cual fue publicada en Gaceta Oficial la referida Resolución. Ahora bien, en la sentencia fechada 20 de junio de 2012, que riela a los autos se constata en su parte narrativa que la demanda por Desalojo, fue incoada por los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-4.580.760 y V-5.653.593, respectivamente, en contra del ciudadano I.E.U.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.694.998, en fecha 23 de junio de 2010; es decir, posterior a la fecha supra señalada; con fundamento en ello, este Juzgado Superior asumió por auto de fecha 27 de julio de 2012 la COMPETENCIA para conocer del presente recurso de hecho. Así se establece.

6. DE LA TEMPESTIVIDAD DEL ANUNCIO DEL RECURSO DE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de hecho debe ser interpuesto ante el tribunal de alzada dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del auto recurrido, en el caso bajo estudio, se recurre de hecho de la providencia del 09 de julio de 2.012, que negó la apelación ejercida en fecha 22 de junio de 2012, ratificada en fechas 26 de junio de 2012 y 03 de julio del mismo año, en el juicio que por Desalojo, siguen los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., en contra del ciudadano I.E.U.G.. Ahora bien, por cuanto se aprecia de la c.d.D. del 18 de julio de 2012, efectuada por ante el Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que se indicó expresamente el cómputo de los días de despacho transcurridos por ante dicha unidad, entre la fecha del auto recurrido y el ejercicio del recurso de hecho, donde estableció que transcurrieron cuatro (4) días de despacho, de lo que colige este juzgador su tempestividad. En consecuencia, este tribunal considera tempestivo el recurso de hecho interpuesto por la representación judicial de los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., parte actora en el juicio que por Desalojo, siguen en contra del ciudadano I.E.U.G.. Así se decide.-

7. DEL MÉRITO DEL RECURSO DE

Establecido lo anterior y verificado los extremos del recurso, toca a esta Superioridad determinar si el recurso de apelación que intentó el abogado J.J.C.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 87.508, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., en fecha 22 de junio de 2012, ratificado en fechas 26 de junio de 2012 y 03 de julio del mismo año, en contra del auto en fecha 09 de julio de 2012, debió oírse en ambos efectos; pues, denuncia el recurrente, que el auto apelado negó dicho recurso cimentado en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y la Resolución Nº 2009-0006 de fecha 18/03/2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 39152 de fecha 02 de Abril de 2009, por lo que denuncia su ilegalidad, pues señala dicha providencia que las pretensiones sustanciadas por el procedimiento breve, cuyas cuantías no excedieran de quinientas unidades tributarias, (500 U.T.), se tramitarían ante una única instancia y por lo tanto resultaban inapelables; en razón de ello toca a este tribunal analizar su contenido y sustento jurídico, con la finalidad de demostrar la suerte del recurso de hecho, en tal sentido se aprecian sus términos:

(…) Ahora bien, de la norma antes transcrita se evidencia claramente que el lapso para la interposición del recurso de apelación en el procedimiento que nos ocupa es de tres (3) días de despacho, contados a partir de la notificación de las partes ordenada en el fallo proferido, toda vez que se está en presencia de un juicio breve, en tal sentido y en atención a lo dispuesto en el artículo antes aludido, este Juzgado observa que si bien es cierto que la representación judicial de la parte actora ejerció en tiempo hábil tal y como lo prevé la norma antes citada , no menos cierto es que la pretensión que nos ocupa se estimó en la cantidad de DOCE MÍL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 12.000,00), equivalentes CIENTO OCHENTA Y CUATRO UNIDADES TRIBUTARIAS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (184,62 U.T) y en atención a lo previsto en el artículo 2 de la Resolución 2009-0006 de fecha 18/03/2009, dictada por la sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39152 de fecha 02 de Abril de 2009, en la cual se le otorgó la nueva competencia a los Tribunales de Municipio, se estableció que las pretensiones sustanciadas por el procedimiento breve y cuyas cuantías no excedieran de Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), se tramitarían en una sola instancia, al no prever recurso de apelación en contra de los fallos definitivos que en ellas se dictaren; y siendo que tales supuestos procesales se esta en presencia de una causa sustanciada por el procedimiento breve, y su cuantía no excede de Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T). En consecuencia por las razones arriba expuestas, este tribunal NIEGA el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte actora.(…)

Con respecto a los fundamentos del auto recurrido y con la finalidad de apuntalar el presente medio recursivo, indicó que debía considerarse la derogatoria del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999, dispuesta por la nueva Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria Nº 6.053, de fecha 12 de noviembre de 2011, que estableció en su Disposición Derogatoria Única; que se derogaban todas las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Nº 427 de Arrendamiento Inmobiliario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999, destinadas, relacionadas o vinculadas con el arrendamiento inmobiliario de vivienda; que la nueva Ley regía con vigencia inmediata a partir de su publicación; lo que incidía directamente sobre el procedimiento judicial donde surge el presente recurso de hecho, según se desprende de la Disposiciones Finales, al establecerse en la Disposición Cuarta que la presente Ley entraría en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; y en las Disposiciones Transitorias, en su cláusula Primera, se estableció que los procedimientos administrativos o judiciales que estén en curso, continuarían hasta su culminación definitiva por las disposiciones establecidas en la Ley en comento; que siendo que el régimen jurídico aplicable, se encontraba en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; resultaba imperativo reconocer la modificación establecida por esta nueva Ley con respecto al recurso de apelación negado ejercido en contra de la sentencia definitiva, innovación contenida en su artículo 123, que estableció que la sentencia definitiva debe ser oída la apelación en ambos efectos, independiente de su cuantía; debiendo ser propuesta dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a la publicación del fallo; que con la entrada en vigencia de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, es procedente el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia en los juicios de desalojo, que dicha impugnación debe ser oída en ambos efectos sin considerar la cuantía de la demanda; que sobre la base de lo anterior, quedaba claramente demostrado que no sólo no existía una prohibición expresa que impidiera ejercer el recurso de apelación negado, sino que además el ejercicio de dicha impugnación era un derecho expresamente concedido en la ley, razón por la cual afirma que la recurrida contravino directamente preceptos de orden público con la consecuente vulneración de derechos fundamentales.

Al respecto constata este juzgador que la recurrida para negar el recurso de apelación ejercido por el abogado J.J.C.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 87.508, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., en contra de la sentencia dictada por el JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en fecha 20 de junio de 2012, en el juicio de Desalojo, que siguen los referidos ciudadanos, en contra del ciudadano I.E.U.G., se basó en el no cumplimiento del requisito de la cuantía imperante para acceder a la segunda instancia según lo dispuesto en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, en conjunción con la Resolución 2009-0006 de fecha 18/03/2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39152 de fecha 02 de Abril de 2009, que estableció que las pretensiones sustanciadas por el procedimiento breve y cuyas cuantías no excedieran de Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T) se tramitarían en una sola instancia, no previendo recurso de apelación en contra de los fallos definitivos que en ellas se dictaren, cuando no se cumpla la cuantía habilitante. Siendo ello así, observa este sentenciador que riela a los folios 22 al 27 del presente expediente, copia certificada del escrito libelar de Desalojo, suscrito por el abogado J.J.C.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 87.508, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., en contra del ciudadano I.E.U.T., fechado 23 de junio de 2010, donde se desprende que la demanda incoada por los referidos ciudadanos, versa sobre un “bien inmueble destinado a vivienda”, constituido por un Apartamento signado bajo el número y letra “9-A”, ubicado en el piso 9º del Edificio “RESIDENCIAS URACOA”, construido sobre la parcela Nº 12, Sector “F” de la Urbanización S.P., constituida por las secciones S.L., S.T. y S.P.d.C., Calle la Trinidad, Jurisdicción del Municipio Baruta, Distrito Sucre del Estado Miranda; tal como se desprende del contrato de arrendamiento autenticado por ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Baruta del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 12 de septiembre de 2003, inserto bajo el Nº 106, Tomo 39, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, que se acompañó como instrumento fundamental de la demanda y en atención a lo indicado, esto es, que la demanda donde surge el medio recursivo, trata de un desalojo sobre un inmueble destinado a vivienda, resulta imperioso para este jurisdicente traer a colación lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley y Reglamento para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, vigente para la fecha de la interposición del recurso de apelación en contra de la sentencia de mérito que dispone:

(…De la sentencia definitiva se oirá apelación en ambos efectos, independiente de su cuantía; debiendo ser propuesta dentro de los cinco días de despacho siguientes a la publicación del fallo…)

(Negrita subrayado y cursiva de este Tribunal).-

Con fundamento en dicha disposición por demás de orden público, debe este tribunal declarar CON LUGAR EL RECURSO DE HECHO, propuesto por el abogado J.J.C.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 87.508, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., en contra del auto dictado por el JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en fecha 09 de julio de 2012, que negó la apelación ejercida en fecha 22 de junio de 2012, ratificada en fechas 26 de junio de 2012 y 03 de julio del mismo año, en contra de la sentencia proferida el día 20 de junio de 2012, en el juicio que por Desalojo, siguen los ciudadanos A.R.P.T. y M.E.A.H., en contra del ciudadano I.E.U.G.; conforme a lo dispuesto en la referida Ley, ello por cuanto el tema subyacente recae sobre un inmueble destinado a vivienda, en consecuencia debe revocarse el auto recurrido; ordenando al tribunal de la causa oír en ambos efectos el recurso de apelación ejercido, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley y Reglamento para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, con la advertencia, de ser necesario aplique lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Así expresamente se decide.-

8. DISPOSITIVA.-

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: