Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Octubre de 2010

De seguidas este Tribunal procede a pronunciarse como punto previo con respecto al alegato de extemporaneidad de la contestación realizada por la representación judicial de la accionada MERLYS DEL COROMOTO S.T., abogado P.A.L.U., en la primera oportunidad en que actuó en autos, por lo que peticionó la actora al a quo que fuera desestimada la misma y que se declarara en consecuencia la confesión ficta de la accionada, por cuanto al haber actuado el en el expediente esa representación judicial en fecha 24 de marzo de 2008 –según se evidencia del folio 66 al 73-, se colige que dicha actuación conlleva a la citación tácita producida en el caso que nos ocupa, aduciendo el actor que la contestación a la demanda debió realizarse en fecha 28 de marzo de 2008, lo cual no ocurrió, para luego pasar a dilucidar el fondo de esta causa.

Ahora bien, corresponde a este juzgador emitir pronunciamiento con relación a este aspecto, por lo que es conveniente asentar lo que ha establecido la jurisprudencia sobre la litis contestación anticipada en los juicios breves:

(…) de allí que, en el caso del procedimiento breve la contestación de la demanda y la oposición de las cuestiones previas debe realizarse en el término específico de los dos (2) días luego de haber sido citada la parte demandada.. Ahora bien, esta Sala ha ido reiterando dicho criterio a través de su jurisprudencia pacifica, agregando recientemente que sería posible aceptar la interposición adelantada de la contestación de la demanda en el juicio breve pero solo si no se oponen cuestiones previas, pues en este último caso, si se lesionarían los derechos de la parte actora que no podría ejercer el contradictorio sobre ellas…

(ver entre otras decisión No. 981/2006, ratificada en la sentencia No. 1203/2007. ratificada en fecha, 05 de octubre de 2007 de la misma Sala Constitucional en ponencia del Magistrado Marco Tulio Dugarte. Exp. 06-1774”.

Adicionalmente vale señalar el criterio aplicado por la Sala Constitucional de nuestro M.T. en sentencia No. 981, de fecha 11 de mayo de 2006, caso: J.d.C.B. y otros, donde asentó:

... la figura de la confesión ficta que surge ante la falta de contestación de la demanda, cuando el demandado no probare nada que le favoreciere y cuando la petición del actor no sea contraria a derecho no podrá configurarse cuando el demandado conteste anticipadamente la demanda, sino sólo en aquellos casos en que el demandado no de contestación a la demanda o lo haga vencido el lapso legal respectivo.

Ahora bien, debe destacar esta Sala que el criterio anteriormente establecido es sólo aplicable a aquellos casos en que la contestación de la demanda se debe verificar dentro de un lapso establecido en la ley adjetiva, como es el caso del juicio ordinario, donde el demandado cuenta con un lapso de veinte (20) días de despacho para contestar la demanda, en forma indistinta, el cual en todo caso debe dejarse correr íntegramente en virtud de principio de la preclusividad de los lapsos procesales y no para el caso en que la contestación de la demanda deba verificarse en un término, como sería en el supuesto del juicio breve, donde la parte demandada debe contestar la demanda al segundo día de despacho siguiente a la citación y la parte actora podría ver vulnerado su derecho a la defensa cuando en esa oportunidad el demandado oponga cuestiones previas y la parte actora tiene oportunidad para contradecirlas.(...)

No obstante, se debe señalar que en sentencia No. 1904 del 11 de noviembre de 2006, en la cual se verificaron las mismas circunstancias, la Sala Constitucional determinó la validez de la contestación de la demanda de forma anticipada en un procedimiento breve, tal como lo constituye el juicio por resolución de contrato de arrendamiento y, dentro de esa perspectiva citó la sentencia No. 2973 del 10 de octubre de 2005, caso: “Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.”, y concluyó que:

Ahora bien, estima la Sala que en el presente caso, el adelantamiento en la contestación de la demanda, no constituyó per se perjuicio alguno a la parte actora, por cuanto la misma no se efectuó -tal como lo indicó la accionante- en detrimento, con aventajamiento, o en desmedro de los derechos de la demandante. En tal sentido, observa la Sala que a pesar de que el caso sub júdice se trata de un juicio breve, el mismo efectivamente se desarrolló en formas similares con las del juicio ordinario, ya que al no haber sido opuestas cuestiones previas por el demandado, de ninguna manera podría haber resultado afectada la parte actora; en consecuencia, la contestación de la demanda debió ser considerada tempestiva; y así se declara

.

Partiendo de ello, especialmente de los fallos transcritos parcialmente supra, este juzgador ha podido verificar que en el caso de autos, el adelantamiento en la contestación de la demanda, no causó ningún agravio a la parte actora, en virtud de que no fueron opuestas cuestiones previas por el demandado, y por cuanto a la contestación anticipada en materia de juicio breve, -como lo es precisamente el juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento cuya apelación nos ocupa-, no puede dársele el mismo tratamiento que la contestación anticipada en materia de juicio ordinario, conforme a la interpretación vinculante establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en los términos precedentemente expuestos, toda vez que, la oportunidad para la comparecencia del demandado prevista en el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil, consiste en un término y no en un lapso, por lo que debe quien sentencia acotar que la contestación realizada es totalmente efectiva, valida y tempestiva, y consecuencialmente no se produjo la confesión ficta alegada por la representación judicial demandada, y Así se decide.

Despejado lo anterior, pasa este sentenciador a dilucidar el mérito de esta causa, previo el análisis de los medios probatorios aportados por las partes en el presente proceso, lo cual se hace en el siguiente orden:

PARTE DEMANDANTE: Con el libelo consignó los siguientes documentos:

• Copia de documento de propiedad del inmueble objeto del contrato, protocolizado en fecha 2 de septiembre de 1993, bajo el No. 23, Tomo 57, Protocolo Primero, al cual al no haber sido objeto de tacha o impugnación alguna, este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, desprendiéndose de ésta el derecho de propiedad que ostenta la parte accionante sobre el inmueble descrito en autos y Así se decide.

• Contrato de arrendamiento privado suscrito entre las partes el cual entró en vigencia en fecha 18 de marzo de 2005. Este Tribunal observa que por cuando dicho documento no fue impugnado ni desconocido por la parte demandada, le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, desprendiéndose del mismo la existencia de la relación arrendaticia que vincula a las partes contendientes en el juicio de marras, que hoy se pretende ejecutar así como el término de duración de la misma y Así se declara.

• Contrato de arrendamiento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Baruta del Estado Miranda, de fecha 19 de agosto de 2005, bajo el No. 58, Tomo 42. Este Tribunal observa que por cuando dicho documento no fue impugnado ni desconocido por la parte demandada, le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, desprendiéndose del mismo la existencia de la relación arrendaticia que vincula a las partes contendientes en el juicio de marras, que hoy se pretende ejecutar así como el término de duración de la misma, la cual se evidencia fue pactada a 7 meses fijos, contados a partir del 1 de agosto de 2005 y Así se declara.

• Marcada “F” Notificación Judicial evacuada por la Notaría Pública Sexta del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 27 de febrero de 2007, la cual al cumplir con los extremos legales para su evacuación, este Tribunal le otorga pleno valor probatorio en cuanto a los hechos en ella descritos, conforme a lo preceptuado en el artículo 1.359 del Código Civil, desprendiéndose de la misma, la voluntad de la actora de conceder a la accionada la prorroga legal a partir del 01 de marzo de 2007 y Así se decide.

En el lapso probatorio le representación judicial actora promovió las siguientes probanzas:

• Marcado “A” comunicación de fecha 14 de septiembre de 2006, la cual la arrendataria se negó a firmar en presencia de los testigos M.I.C., titular de la cédula de identidad No. 11.566.451 y C.C. titular de la cédula de identidad No. 6.479.947, que rielan a los folios 106 al 108. Observa quien aquí decide, que dicho documento no guarda relación con lo debatido en esta causa, razón por la cual se desecha por impertinente. Así se declara.

• Comunicación emanada por la ciudadana E.M.d.C. suscrita por E.d.C., titular de la cédula de identidad No. 1.718.590, propietaria del apto. distinguido con el No. 14-A. Observa quien aquí decide, que dicho documento no guarda relación con lo debatido en esta causa, razón por la cual se desecha por impertinente. Así se declara.

• Planilla de denuncia por ante la División de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta, realizada por la ciudadana demandante A.B., de fecha 23 de abril de 2008. Observa quien aquí decide, que dicho documento no guarda relación con lo debatido en esta causa, razón por la cual se desecha por impertinente. Así se declara.

• Promovieron y opusieron para que surta sus efectos legales signada “I”, Certificado de Residencia, expedido por el C.M.d.M.B.d.E.B.d.E.M., y constante de 10 folios útiles copias de los pasaportes de su representada y su hija, de donde se evidencia el movimiento migratorio de las mismas, cual fue la razón para arrendar el inmueble por breve tiempo. Con relación a este material probatorio, observa quien aquí decide, que los mismos no guardan relación con lo debatido en esta causa, razón por la cual se desechan por impertinentes, y Así se declara.

LA PARTE DEMANDADA: Promovió pruebas en los siguientes términos:

• Comprobantes de depósitos consignados en la cuenta de ahorro No. 0108-0136-20-0200184130, del Banco Provincial, a nombre de la ciudadana Giulliana Feci de Botto, los cuales este Tribunal conforme a lo establecido por la doctrina reiterada del Tribunal Supremo de Justicia debe tomarlos como Tarjas conforme a lo establecido en el artículo 1.383 del Código Civil. Ahora bien, de los mismos se desprende que efectivamente se realizaron depósitos por el monto indicado en dicha cuenta a nombre de un tercero que no es parte en el presente juicio, empero por sí solas no permiten llevar a la convicción a éste Sentenciador que era la cuenta donde se debía realizar los depósitos de los cánones de arrendamiento, ni que la arrendadora ciudadana A.M.C.B.F., haya aceptado el pago de los cánones con posterioridad al vencimiento de la prorroga legal, motivo por el cual dichas probanzas en nada desvirtúan la pretensión ejercida en el presente juicio y Así se declara.

Cumplida la tarea valorativa de las pruebas y a los fines decisorios, este Tribunal pasa a pronunciarse con respecto al fondo de la presente causa.

Trabada la litis en los términos ya expuestos, se infiere que el punto principal de la discusión gira en torno a si la pretensión del cumplimiento del contrato de arrendamiento por vencimiento del término y de su prorroga, suscrito en fecha 19 de agosto de 2005, entre la ciudadana demandante A.M.C.B.F., en su condición de arrendadora, quien dio en arrendamiento a la ciudadana MARLYS DEL COROMOTO S.T., un inmueble del tipo apartamento constituido por un inmueble constituido por un (1) apartamento distinguido con los números y letra 14-A, ubicado en el piso 14, edificio denominado “SAYESITO I”, que forma parte integral del conjunto Parque Residencial “SAYESITO”, el cual se encuentra ubicado en la calle Loma Redonda, parcela No. 4, de la Urbanización Manzanares, en Jurisdicción del Distrito Sucre del Estado Miranda, suscrito en fecha 19 de agosto de 2005, y autenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, quedando anotado bajo el No. 58, Tomo 42, resulta procedente en derecho alegando que a la fecha de culminación del contrato locativo el accionado no cumplió con su obligación de entregar el inmueble.

Así, se desprende de estas actas, que el demandado no desconoció, ni impugnó el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en forma privada ni el suscrito posteriormente y autenticado en fecha 19 de agosto de 2005, por lo que ha quedado probada la relación locativa así como las obligaciones de la arrendadora y la arrendataria, sin embargo alegó que por cuanto la arrendadora cobró el canon correspondiente al mes de marzo de 2007, el contrato existente entre las partes había mutado, convirtiéndose en un contrato a tiempo indeterminado.

Al respecto considera este juzgador, que determinar cuando estamos en presencia de un contrato a tiempo determinado o no, es fácil de concretar, ya que el mismo se deriva del texto del contrato al estipularse en una forma clara y diáfana, la vigencia de la relación jurídica en el tiempo. En este sentido cabe destacar que en la CLAUSULA TERCERA del contrato de marras no se estipularon prórrogas al contrato suscrito, siendo aplicable el principio de la terminación del contrato, según lo establecido por el artículo 1.599 del Código Civil, terminado el día 28 de febrero de 2006, empero al haberse iniciado la relación arrendaticia el 18 de marzo de 2004, determina una duración de un (1) año y once (11) meses correspondiéndole una prorroga legal de un (1) año, conforme al literal “b” del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que comenzó a regir en fecha 01 de julio de 2006 y culminó en fecha 1 de marzo de 2007, lo cual operó de pleno derecho al mantenerse a tiempo determinado la relación arrendaticia que vinculaba a las partes y Así se decide.

Pero hemos de añadir que conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la interpretación de los contratos, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes. Y que de conformidad con lo previsto en el artículo 1.159 del Código Civil, los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes, no observando quien aquí decide que la actora haya incurrido en inepta acumulación de pretensiones por el hecho de haber demandado el cumplimiento del contrato y no la resolución como indica el accionado, y demandar el pago del último mes de prorroga legal y en forma subsidiaria los daños y perjuicios derivados de la cláusula penal por la demora en la entrega del inmueble objeto de arrendamiento y Así se decide.

De su parte, la accionada no probó haber cumplido con su obligación de realizar la entrega del inmueble tal y como había sido pactado, así como tampoco aportó elementos para desvirtuar la pretensión de la accionante, es decir, no cumplió con la carga establecida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, disposición legal según la cual:

…Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe, por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

.

En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, dejó establecido lo siguiente:

“…En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, esta obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocara a el la prueba correspondiente.

De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció:

… Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determinar a quien corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que este puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos…

Ahora bien, observa el Tribunal que en el presente caso son aplicables los supuestos normativos consagrados en las disposiciones siguientes:

El artículo 1.579 del Código Civil, que dispone:

…El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga pagar a aquella...

.

Asimismo, el artículo 1.160 eiusdem, que establece:

…Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley…

.

De lo anterior se infiere, que el deudor de una obligación contractual debe cumplirla de la misma forma como debe cumplir las leyes, todo ello en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Así, establece el artículo 1.599 del Código Civil que:

Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado, sin necesidad de desahucio.

Igualmente, el artículo 1.167 íbidem establece:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello…

.

De esta forma y del contenido de las normas citadas supra, se tiene que podemos conceptualizar la acción de cumplimiento, como la facultad que tiene una de las partes en un contrato bilateral de pedir el cumplimiento del mismo, y en consecuencia ser liberada de su obligación, si la otra parte no cumple a su vez con la suya. Siendo de esta forma, es forzoso entender que a los fines de procedencia de la acción de cumplimiento de contrato, se hace indefectible la concurrencia de ciertas circunstancias, tales como:

1. Que el contrato sea bilateral;

2. Que el incumplimiento de una de las partes de su obligación sea de tipo culposo;

3. Que la parte que intente la acción de cumplimiento, haya cumplido u ofrezca cumplir con su obligación “… el arrendamiento es un contrato bilateral mediante el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella…”.

Suplementariamente, el artículo 1.585 del mencionado Código Sustantivo Civil, establece las obligaciones del arrendador, entre las cuales se encuentra inequívocamente la de entregar la cosa arrendada al arrendatario y mantenerlo en el goce de la cosa durante el tiempo que dure el contrato.

Así, en el sub iudice se observa que la parte actora probó la relación contractual y el incumplimiento de la obligación que motivó la pretensión incoada, especialmente con apoyo en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, que dispone lo siguiente: “(…) El plazo de arrendamiento es de SIETE MESES FIJO, SIN PRORROGA DE NINGUNA NATURALEZA, contados a partir del 1 de Agosto de 2005 hasta el 28 de Febrero de 2006, por lo que al vencimiento de dicho lapso, este Contrato de Arrendamiento se considerará extinguido, sin necesidad de desahucio ni de notificación. Ambas partes declaran que en ningún caso operará la tácita reconducción del arrendamiento, pues la intención de las partes es que este Contrato en ningún caso se convierta a tiempo determinado. El vencimiento del plazo indicado en este Contrato da por concluido, de pleno derecho, la relación contractual y se hace exigible de inmediato la desocupación y entrega del apartamento arrendado, libre de personas y bienes. (…)”

De manera expresa se estableció, y así fue aceptado por la arrendataria, que el plazo de duración del contrato objeto de análisis, lo era de 7 meses, fijos e improrrogables, el cual comenzó a regir desde el 1 de agosto de 2005 y finalizó el 28 de febrero de 2006, sin que fuera necesaria la notificación de que el mismo había vencido.

Asimismo, del análisis probatorio realizado, se infiere que quedó probado en autos lo siguiente: 1) La contumacia por parte de la demandada en hacer entrega del bien inmueble, objeto de arrendamiento; 2) Que la arrendadora ciudadana A.M.C.B.F., aun cuando no era necesario, le manifestó en forma inequívoca mediante notificación judicial fechada 27 de febrero de 2007, la entrada en vigencia de la prorroga legal, 3) Que habiendo vencido el contrato de arrendamiento en fecha 28 de febrero de 2006, la prorroga legal comenzaba a correr de pleno derecho a partir del 1 de marzo de 2007 y la misma se contaría hasta el 1 de marzo de 2007, de donde se deduce que para la fecha de interposición de la presente demanda –esto es-, 29 de marzo de 2007, se encontraba vencido el lapso de prórroga legal concedido por la Ley, 4) Que en los actuales momentos, aún ocupa la arrendataria el inmueble arrendado, contra la voluntad de la arrendadora; 5) Que en la relación arrendaticia que nos ocupa no se produjo la tácita reconducción del contrato de arrendamiento, por lo que el mismo continuó siendo a tiempo determinado.

De lo anterior se constata el incumplimiento de la obligación contraída por parte de la arrendataria en lo concerniente a realizar la entrega del inmueble arrendado al vencimiento de la prorroga legal, -es decir-, en fecha 1 de marzo de 2007, la cual –vale acotar-, era de cumplimiento inmediato conforme se desprende de la cláusula ya citada, y dado el incumplimiento de la misma, por considerar que el contrato se había reconducido le correspondía a la accionada demostrar que el contrato se había indeterminado, lo cual no realizó y Así se decide.

Sobre este particular, cabe destacar que vencida la prorroga legal, se observa de actas que la demandante interpone su demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del termino y de su prorroga en fecha 29 de marzo de 2007, es decir vencida la prorroga legal de un (1) año que le correspondía a la arrendataria por imperio del literal “b” del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual es del siguiente tenor:

En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1º de este Decreto-Ley, celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestivamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas:

…b) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración mayor de un (1) año y menor de cinco (5) años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año….omissis…

Durante el lapso de la prórroga legal, la relación arrendaticia se considerará a tiempo determinado, y permanecerán vigentes las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes en el contrato original, salvo las variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento de regulación, o de un convenio entre las partes, si el inmueble estuviere exento de regulación

. (Énfasis de esta alzada).

De lo transcrito precedentemente se deduce que a la arrendataria le correspondía un tiempo máximo de 1 año por concepto de prorroga legal, contados a partir del 1 de marzo de 2006, por ser el contrato existente entre las partes –como ya se dijo-, a tiempo determinado en cuanto a su duración, por lo que opera de pleno derecho la prórroga legal, la cual finalizó el día 1 de marzo de 2007, por lo que se debe confirmar en este aspecto el fallo recurrido debiendo ser condenada la accionada a efectuar la entrega material del inmueble completamente libre de bienes y personas, confirmándose en este punto lo decidido por el a quo y Asi se declara.

Con relación a los daños y perjuicios demandados por la actora en forma subsidiaria, conforme al contrato de arrendamiento suscrito por las partes en su CLAUSULA DECIMA QUINTA, la cual establece: “…Si al termino del presente Contrato o al vencimiento del mismo o por cualesquiera de la causales de resolución establecidad (sic) en la Ley o en este Contrato, “La Arrendataria” no entregare completamente desocupado de bienes y personal el apartamento objeto de este Contrato, se establece como cláusula Penal a favor de “La Arrendataria” el pago de la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) por cada día transcurrido después del vencimiento del presente Contrato, mas los gastos de cobranza y honorarios profesionales de abogados a que hubiere lugar.”, considera este sentenciador que los mismos se encuentran ajustados a derecho como fueron acordados en la recurrida desde la fecha de admisión de la demanda exclusive hasta que se quede firme el fallo cuya apelación nos ocupa, por lo que deben prosperar lo cual se hará mediante experto nombrado por el tribunal de la causa, conforme a lo dispuesto en el articulo 249 del Código de Procedimiento Civil, de donde se deduce que lo peticionado no fue acordado en la forma solicitada en el libelo, así como tampoco se acordó lo demandado por concepto de canon de arrendamiento insoluto, correspondiente al mes de febrero de 2007, lo que implica que en el sub iudice no ha debido el a quo condenar en costas a la parte demandada, por cuanto no hubo vencimiento total en el proceso. No obstante, no puede esta alzada ordenar otros pagos so pena de incurrir en el vicio de “non reformatio in peius”, esto es, perjudicar la situación del único apelante, por lo cual se modifica la recurrida en el aspecto referente a la condenatoria en costas por resultar improcedente, y Así se declara.

Congruente con lo expuesto, resulta forzoso para este sentenciador declarar parcialmente con lugar la apelación y parcialmente con lugar el medio recursivo ejercido y parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del termino y de la prorroga legal, en virtud de la relación locativa existente entre las partes con ocasión del arrendamiento de un inmueble del tipo apartamento distinguido con los números y letra 14-A, ubicado en el piso 14, edificio denominado “SAYESITO I”, que forma parte integral del conjunto Parque Residencial “SAYESITO”, el cual se encuentra ubicado en la calle Loma Redonda, parcela No. 4, de la Urbanización Manzanares, en Jurisdicción del Distrito Sucre del Estado Miranda y en consecuencia, se modifica la decisión recurrida en apelación, con las motivaciones explanadas en el cuerpo del presente fallo, tal y como será dispuesto de manera expresa, positiva y precisa en la sección in fine de esta sentencia y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 14 de junio de 2010, por el abogado J.R.L. VILLANUEVA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada MERLYS DEL COROMOTO S.T. contra la decisión proferida en fecha 21 de abril de 2010, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda modificada con la motivación expuesta en el presente dictamen.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del termino y de su prorroga legal, incoada por la ciudadana A.M.C.B.F. contra la ciudadana MERLYS DEL COROMOTO S.T., en consecuencia se condena a lo siguiente: A.- Realizar la entrega del inmueble arrendado constituido por un (1) apartamento distinguido con los números y letra 14-A, ubicado en el piso 14, edificio denominado “SAYESITO I”, que forma parte integral del conjunto Parque Residencial “SAYESITO”, el cual se encuentra ubicado en la calle Loma Redonda, parcela No. 4, de la Urbanización Manzanares, en Jurisdicción del Distrito Sucre del Estado Miranda, B.- Al pago de las cantidades demandada por concepto de daños y perjuicios los cuales fueron acordadas por cada día, desde la fecha de admisión de la demanda exclusive, hasta que la fecha en que el presente fallo quede definitivamente firme inclusive, a razón de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) –hoy, Bs. F 100,00-, lo cual se hará mediante expertos nombrados por el tribunal de la causa, conforme a lo dispuesto en el articulo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Por la naturaleza de lo decidido no se produce condenatoria en costas.

Por cuanto el presente fallo se publica fuera de la oportunidad prevista para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes.

Expídase por Secretaría copia certificada del presente fallo, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 eiusdem.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil diez (2010).

EL JUEZ,

A.M.J.L.S.,

Abg. M.C.F.

En la misma data, siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) se publicó, registró y se agregó al presente expediente la anterior sentencia, constante de diecisiete (17) folios útiles. LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente No. 10-10.454

AMJ/MCF/gloria

.