Advierten que avance de expropiaciones dependerá de resistencia social
En el Aló, Presidente número 366 del pasado 31 de octubre el primer mandatario intentó darle un rostro distinto a las medidas de expropiación que ha venido tomando en los últimos meses. Esta vez los beneficiarios pertenecían a la clase media y se mostraban agradecidos con la orden, mientras Chávez hablaba sobre las ilegalidades cometidas por las empresas inmobiliarias, lo que justificaba su toma.
Cambiar la percepción de la población sobre la intervención de la propiedad privada parece ser un objetivo fundamental para el Gobierno, sobre porque se producen una vez anunciado que Venezuela está en un proceso de transición hacia el Socialismo.
La empresa de opinión pública Datanálisis apunta que 74% de los venezolanos rechaza la expropiación de empresas en operación; 84%, que se debe respetar la propiedad privada y 80% se muestra contrario a toda acción que violente las empresas privadas; números similares han dado prácticamente todas las encuestadoras del país.
El director de esta firma, Luis Vicente León, afirma que desde que el Ejecutivo decidió adelantar la reciente oleada de estatizaciones ha intentado justificar las medidas -que no han cumplido con los trámites legales- mediante acusaciones contra el sector privado y los supuestos beneficios que traen estas acciones. "Chávez entiende que las expropiaciones no son percibidas de manera positiva y ha construido una alternativa para validar su avance sobre el sector productivo".
La estrategia presidencial tendría como meta reducir el costo político que tiene en la medida y, en el escenario más optimista para el Gobierno, el crecimiento de la popularidad presidencial. "Si bien hay un rechazo a las expropiaciones, cuando tú condimentas la pregunta y hablas de empresas que acaparan, especulan, no producen, contaminan o explotan a sus trabajadores, gana terreno la idea de una intervención estatal".
León asevera que el tema de las expropiaciones abre una batalla de ideas en la que la oposición intentará capitalizar el rechazo a las medidas y el Gobierno buscará legitimarlas ante la opinión pública.
El costo político. El politólogo John Magdaleno sostiene que lo fundamental en el proceso que adelanta el Ejecutivo, y lo que determinará su actuación, será la reacción que las medidas provoquen en la sociedad civil, así como en los factores políticos que se oponen al Gobierno.
El analista considera que la ofensiva que adelanta el Presidente contra la propiedad privada obedece, fundamentalmente, a una...
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