Decisión nº 1532 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

Fecha de Resolución19 de Febrero de 2009
EmisorJuzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario
PonenteBertha Ollarves
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 18 de Febrero de 2009

198º y 149º

ASUNTO: AF45-U-1998-000034

ASUNTO ANTIGUO: 1097

Sentencia No.1532

Vistos

Con Informes

Corresponde a este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conocer y decidir el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 18 de Diciembre de 1997 por ante el Juzgado Superior Primero de los Contencioso Tributario de esta Circunscripción Judicial con sede en Caracas, (Distribuidor), por el ciudadano: V.A.R.C., Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 2.357 procediendo con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “AEROCENTRO DE SERVICIOS, C.A.” inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha diecisiete (17) de Noviembre de 1994, bajo el No. 26, tomo 106-A en contra: de la Resolución GCE-SA-R-97-229 de fecha 20 de octubre de 1997, emanadas del Gerente Jurídico Tributario del Ministerio de Hacienda hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria -SENIAT- y de las Planillas de Liquidación numeradas consecutivamente desde la No. 11-01-2-01-64-001369 hasta la planilla No. 11-01-2-01-64-001383, todas de fecha 20 de Octubre de 1997, emanadas de la mencionada Gerencia Jurídico Tributaria, por un monto total de tres millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho bolívares (Bs.3.566.448,00) Actualmente TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES FUERTES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. F. 3.566,50) conforme al Decreto de Reconvención Monetaria 5.229 de fecha 06-03-2007, por incumplimiento de deberes formales.

En fecha 05 de Enero de 1998, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de esta Circunscripción Judicial con sede en Caracas, remitió el presente expediente a este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, donde se recibió en fecha 12-01-1998, acordando darle entrada en fecha 19 de Enero de 1998, bajo el No. 1097, nomenclatura de este Tribunal, y se ordenaron las notificaciones de Ley.

Practicadas todas las notificaciones pertinentes y siendo la oportunidad legal para decidir sobre la admisibilidad del presente recurso, este Tribunal dictó auto, a los fines de verificar los extremos procesales de la acción, procedió a su examen encontrando satisfechos dichos requisitos, en consecuencia en fecha 31-03-1998, se procedió a su admisión en cuanto ha lugar en Derecho, ordenándose la tramitación y sustanciación correspondiente de conformidad con lo pautado en el Código Orgánico Tributario vigente rationae temporis.

En fecha once (11) de Octubre de 2000, estando las partes a Derecho, se apertura la Causa a Pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario. Ninguna de las partes presento escrito de promoción de pruebas en el presente juicio.

En fecha 17 de Diciembre de 1998, vencido el lapso probatorio, se fijó el Décimo Quinto día de despacho siguiente para que tuviera lugar el Acto de Informes.

En representación del Fisco Nacional, actuó el Abogado G.D.M., inscrito en el Inpreabogado No. 5927

En la oportunidad de la presentación de los Informes en el presente juicio, comparecieron tanto la Representación Judicial del Fisco Nacional como la de la Recurrente a consignar sus respectivos Escritos de Informes.

En fecha 10 de Agosto de 1998, este Tribunal dictó auto, vistos los Informes consignados por las partes, acordando aperturar el lapso de ocho (8) días de despacho para las observaciones pertinentes.

En fecha 22 de Septiembre de 1998, el Tribunal dictó auto mediante el cual acordó decir “Vistos” y se inició el lapso para dictar sentencia.

En fecha 30 de Octubre 1998, compareció el Abogado G.D.M., identificado en actas y en su carácter de autos consignó expediente administrativo correspondiente a la contribuyente de autos.

En fecha 25 de enero de 1999, este Tribunal dictó auto mediante el cual acordó diferir por treinta (30) días continuos la oportunidad para dictar el fallo en el presente juicio.

En fecha 25 de julio de 2001 compareció el Abogado V.A.R.C., procediendo con el carácter de apoderado Judicial de la Recurrente y solicitó al Tribunal se dicte sentencia en el presente juicio.

En fecha 09 de mayo de 2005, compareció el Abogado V.R.G. procediendo con el carácter de Sustituto de la Procuradora General de la República y solicitó al Tribunal se dicte sentencia en el presente juicio.

En fecha 17 de mayo de 2005, quien suscribe, Abg. B.E.O., vista la incorporación a la presente Causa, y vencido el lapso natural de sentencia y su prórroga se avocó al conocimiento de la misma a los fines establecidos en los artículos 90 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia este Tribunal acordó de conformidad librar boleta de notificación a las partes informando del avocamiento en cuestión.

En fecha seis (6) de Julio de 2005, compareció el Abogado V.A.R.C., procediendo con el carácter de Apoderado Judicial de la Recurrente y solicitó al Tribunal se dicte sentencia en el presente juicio.

En fecha 13 de diciembre de 2007 fue consignada por el alguacil R.G., debidamente firmada, sellada y fechada la notificación del abocamiento, librada a nombre de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

No hubo más actuaciones.

ANTECEDENTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

Consta en autos los siguientes actos administrativos:

Resolución No. GCE-SA-R-97-229, de fecha 20-10-1997, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Ministerio de Hacienda, mediante la cual la Administración Tributaria procedió a aplicar las sanciones pecuniarias e intereses moratorios a la contribuyente “AEROCENTRO DE SERVICIOS, C.A.” por incumplimiento de deberes formales de impuestos establecidos en las leyes especiales tributarias tanto en materia de impuestos directos para los ejercicios: 01-01-92 al 31 12-92 , 01-01-94 al 31-12-94, 01-01-95 al 31-12-95 , como para impuestos indirectos (Impuesto al Valor Agregado) para el período de Enero de 1994.

Entre otras cosas se dejó constancia en la Resolución in comento que:

En materia de Impuestos Directos, para el período 01-01-92 al 31 12-92 referido presentó de manera extemporánea de la Declaración Definitiva de Rentas y del Registro y Pago de Activos Revaluados, por lo que se le sancionó con una multa de Bs. 65.000,00, en virtud de la concurrencia de infracciones previstas en el artículo 75 del Código Orgánico Tributario de 1992 e intereses moratorios por la cantidad de cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco bolívares (Bs.51.885,00) y para el ejercicio 01-01-94 al 31-12-94 una multa por la cantidad de treinta y seis mil quinientos treinta y ocho bolívares (Bs. 36.538,00) por enterramiento fuera del plazo de los impuestos retenidos en el mes de Diciembre de 1994 e intereses moratorios por pago extemporáneo de los impuestos Retenidos en el mes de Diciembre de 1994 por la cantidad de tres mil veinticinco bolívares (Bs. 3.025,00) y para el ejercicio del 01-01-95 al 31-12-95 una multa por doscientos noventa y un mil doscientos treinta y cuatro bolívares (Bs.291.234,00) por enterramiento fuera del plazo de los impuestos Retenidos en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre de 1995 e interese moratorios por la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos bolívares (Bs.23.442,00).

Y en materia de Impuestos Indirectos: Multas en materia de Impuesto al Valor Agregado para los períodos Enero 1994 y Febrero 1994, cada uno de dichos período por el monto de Bs. 30.000,00.

En materia de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor para los períodos: Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre de 1994 la cantidad de Bs. 162.000,00 por cada uno de los meses e intereses moratorios respectivamente a cada uno de los períodos referidos por Bs. 2.154,00; Bs.11.433,00; Bs.6.851,00; Bs.438.609,00.

Asimismo para los períodos que van desde Enero de 1995 hasta Octubre de 1995, multa por Bs. 162.000,00, por cada uno de los meses y respectivamente intereses moratorios por Bs. 37.782,00; Bs.151.421,00; Bs.22767,00; Bs.96.307,00; para los meses de Enero, Febrero, Mayo y Junio.

Planillas de liquidación numeradas consecutivamente desde el 11-01 201 64 001369 hasta 11 01 2 01 64 001383, todas de de fecha 20-10-1997, emitidas por el Ministerio de Hacienda.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

La parte recurrente, en la oportunidad de presentar el Escrito Recursivo, solicitó se declare la Nulidad de la Resolución GCE-SA-R-97-229 de fecha 20 de Octubre de 1997, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Ministerio de Hacienda. Hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria -SENIAT-, así como de las correspondientes planillas de liquidación y las planillas de pago impugnadas, argumentando que el acto administrativo recurrido está viciado de Nulidad Absoluta por presentar los siguientes vicios: 1.- Omisión total del Procedimiento de determinación Tributaria. 2.- Incompetencia de los Funcionarios actuantes. 3.- Defecto de Inmotivación de las Planillas de Liquidación. 4.-Perención de la Acción Fiscal para emitir la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo. 5.- Prescripción de la acción de la Administración para aplicar sanciones. 6.-Defecto del cálculo en la aplicación de las multas impuestas.

Señala la recurrente al respecto, que la Administración Tributaria en fecha 20-08-1996, al momento de efectuar una visita a través del ciudadano Juan Agüero Medina, quien dijo ser oficial del Resguardo Nacional, adscrito a la Oficina de Coordinación y Planificación de la Guardia Nacional del SENIAT, y proceder a requerirle la documentación fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor e Impuestos a los Activos Empresariales, correspondientes a los ejercicios económicos correspondientes a los años 1992, 1993,1994 y 1995, hizo entrega de toda la documentación requerida por el mencionado ciudadano, seguidamente el mismo levantó un acta de constancia denominada “Documentación Recibida de los contribuyentes visitados” y dejó constancia de que la contribuyente entregó todos los requisitos sin novedad y que no se hizo referencia alguna a infracciones detectadas para la presentación de los descargos del contribuyente, que no se efectuó ninguna actuación fiscal que notificara a la contribuyente de la apertura de algún procedimiento de investigación fiscal o determinación tributaria, ni de la apertura del Sumario Administrativo y del lapso para presentar descargos.

Agrega que no obstante lo anterior, en fecha 19-11-1997, se procedió a notificarla de la Resolución de Sumario recurrida mediante la cual se le aplica una serie de sanciones y se le liquida intereses moratorios sin haberle notificado previamente el acta en la que se ha debido dejar constancia de las presuntas infracciones y/o la mora en los pagos.

Alega que con esta actuación de la Administración Tributaria se le cercenó el Derecho a la Defensa pues con ella se omitió total y absolutamente del procedimiento de Determinación Tributaria, en virtud de que no se cumplió con el procedimiento legal para la formación del acto de determinación tributaria y aplicación de sanciones, que implica el levantamiento de un Acta Fiscal, la apertura del sumario administrativo y la oportunidad para el contribuyente de presentar descargos conforme a los artículos 142, 144, 146 y 149 del Código Orgánico Tributario (aplicable rationae temporis) y asimismo se violentó el Principio Fundamental del Derecho a la Defensa, previsto en el artículo 68 de la Constitución Nacional (aplicable rationae temporis)

INFORMES PRESENTADOS POR LA RECURRENTE

En la oportunidad de presentar el Escrito de Informes en el presente juicio, el Abogado V.A.R.C., Apoderado Judicial de la Recurrente, ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito Recursivo y agrega que el mismo debe tenerse como conclusiones escritas para todos los efectos legales.

Argumenta que aparece en el expediente plan prueba de lo alegado en el recurso, y solicita al Tribunal se declare con lugar el Recurso Contencioso incoado asimismo se ordene la anulación de la Resolución recurrida y las Planillas de Liquidación impugnadas.

INFORMES PRESENTADOS POR EL FISCO NACIONAL

El Representante de Fisco Nacional, en la oportunidad de presentar Informes en el presente juicio, impugna, rechaza y contradice los alegatos formulados por la contribuyente, referidos a: Omisión Total del Procedimiento de Determinación Tributaria, Incompetencia de los funcionarios que suscribieron la Resolución impugnada, Defecto de Inmotivación de las Planillas de Liquidación, Perención de la Acción Fiscal para emitir la Resolución culminatoria del sumario administrativo y Prescripción de la acción de la Administración para aplicar sanciones.

En cuanto al alegato formulado por la recurrente, referido a “Omisión Total del Procedimiento de Determinación Tributaria” la opinión del Representante del Fisco Municipal está referida a que: (sic) “… La administración Tributaria no levantó el Acta de Reparo ni siguió el procedimiento de sumario administrativo previsto en el artículo 142 y siguientes del Código orgánico Tributario, en virtud de que no estaba frente a ninguno de los supuestos que el citado Código exige para que se siga el mencionado procedimiento…” (sic) “…cuando se trate, como en el caso de autos, de la verificación del cumplimiento de deberes formales, no es necesario observar el procedimiento del Sumario Administrativo, pues simplemente se trata de una verificación que efectúa la Administración Tributaria, fundamentada en los datos aportados por el contribuyente en su declaración, referida al cumplimiento de los deberes formales….”

En cuanto al alegato de la parte recurrente referida a “Incompetencia de los Funcionarios que suscribieron la Resolución impugnada” el Representante del Fisco señala que en el caso del ciudadano J.M.S.G., su designación para el cargo de Gerente Regional de Tributos Internos le fue conferida mediante la Resolución No. 3438 del 21 de mayo de 1997, y entró en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta Oficial 36.212 del viernes 23 de mayo de 1997, y que las funciones inherentes al cargo de Fiscal General de la Hacienda Pública Nacional, previstas en el capítulo III del Título V de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, le fueron delegadas conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Central, además de las atribuciones conferidas en el artículo 94 de la Resolución No. 32 de fecha 24 de marzo de 1995 sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del SENIAT, publicada en la Gaceta Oficial No. 4.881, extraordinaria del 29 de marzo de 1995.

Asimismo que en el caso de la ciudadana E.G.V., la misma actuó en su carácter de Jefe de la División de sumario Administrativo de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, autorizada por la P.A.N.. 005 de fecha 01 de Agosto de 1997.

En cuanto al “Defecto de Inmotivación de las Planillas de Liquidación” alegado por la recurrente, el Representante del Fisco, expresa el Representante del Fisco que las Planillas de Liquidación que ordenó emitir la Resolución Culminatoria del Sumario No. GCE-SA-R-97-229 de fecha 20-10-97, llenan los requisitos exigidos para la motivación del acto administrativo.

En cuanto a lo alegado por la recurrente referido a la “Perención de la Acción Fiscal para emitir la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo, expresó que en este caso no había lugar a la apertura de sumario administrativo alguno y por lo tanto la notificación de la Resolución emitida por la Administración Tributaria no está sujeta a lapso de perención de un (1) año de que dispone la Administración, tal como lo establece el parágrafo primero del artículo 149 del Código Orgánico Tributario en los casos de imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales por los contribuyentes, podrá omitirse el levantamiento previo del Acta a que alude el artículo 144 ejusdem y que al no existir sino el “Acta de Documentación recibida de contribuyentes visitados” no tiene lugar la apertura del usuario administrativo .

Cumplidos los requisitos procedimentales correspondientes, procede esta Sentenciadora a conocer y decidir el asunto sometido a su consideración, en los términos siguientes:

MOTIVA

La presente controversia se plantea en virtud de que la Gerencia Jurídico Tributaria del Ministerio de Hacienda (Hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) mediante la Resolución recurrida procedió a aplicar sanciones pecuniarias e intereses moratorios a la sociedad mercantil “AEROCENTRO DE SERVICIOS, C.A.” por incumplimiento de deberes formales de presentar las declaraciones de los impuestos establecidos en las leyes especiales tributarias tanto en materia de impuestos directos para los ejercicios: 01-01-92 al 31 12-92 , 01-01-94 al 31-12-94, 01-01-95 al 31-12-95, como para impuestos indirectos (Impuesto al Valor Agregado) para el período de Enero de 1994, contra lo cual la contribuyente ejerció sus alegatos y defensas argumentando que el acto administrativo recurrido está viciado de Nulidad Absoluta por presentar diferentes vicios, tales como Omisión total del Procedimiento de determinación Tributaria, Incompetencia de los Funcionarios actuantes, Defecto de Inmotivación de las Planillas de Liquidación, -Perención de la Acción Fiscal para emitir la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo, Prescripción de la acción de la Administración para aplicar sanciones y Defecto del cálculo en la aplicación de las multas impuestas, en virtud de lo cual corresponde a este Tribunal a los fines de decidir la presente controversia dilucidar si en efecto en el presente caso la contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber formal de presentar las declaraciones de impuestos ante la Administración Tributaria; ahora bien por cuanto se observa que en el presente caso ha habido varios períodos de paralización de la Causa y en virtud del tiempo transcurrido de dichas paralizaciones, a juicio de quien aquí decide se hace necesario a.c.p.p. sobre su posible prescripción.

PUNTO PREVIO:

Observa esta sentenciadora que desde el 25-01-1999 -fecha en que este Tribunal acordó diferir por 30 días continuos el acto de dictar sentencia- hasta el 25-07-2001 fecha en que compareció el Apoderado de la recurrente solicitando se dicte sentencia hubo una primera paralización de la Causa por el lapso de mas de un (1) año.

Posteriormente hubo una nueva paralización de la causa por más de tres (3) años hasta la fecha en que compareció nuevamente en fecha 09 de Diciembre de 2004 el Apoderado de la Recurrente y solicitó se dicte sentencia en el presente juicio.

Asimismo hubo nuevamente una larga paralización de la Causa desde fecha 06-07-2005, (fecha en que compareció el Abogado V.A.R.C., en su carácter de autos, solicitando se dicte sentencia en el presente juicio), hasta la presente fecha, quedando paralizada la causa por mas de tres años (3), con lo cual sumando el tiempo en que ha quedado paralizada la Causa ha transcurrido mas de siete (7) años.

El criterio que ha prevalecido en materia de prescripción es que si antes de consumarse la prescripción el procedimiento se reanuda, se vuelve a suspender esa prescripción, conservando el tiempo acumulado

Por lo que en el presente caso, se procede a analizar la posible prescripción de la obligación tributaria, toda vez que ha habido una serie de paralizaciones así: La prescripción, es una vieja institución heredada, desde tiempos inmemorables, por el Derecho Civil, es propia del denominado Derecho Común que, consiste en adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el paso de determinado tiempo y dada, ciertas circunstancias estipuladas por la Ley.

La prescripción tiene, a juicio de quien decide, una génesis muy sencilla, cual es, la contrariedad a las leyes de la lógica y de los derechos elementales y fundamentales del hombre, el subyugamiento indefinido a nuestras obligaciones, consecuencias ellas, de nuestras acciones, sean estas- clásica diferenciación- de hacer, dar, no hacer o abstenerse. Es por ello que, incluso, prescriben las acciones del Estado para perseguir un hecho punible, tal como el homicidio.

La prescripción, es pues un medio de extinción de las obligaciones así como un medio para adquirir un derecho, lo que ha llevado a la doctrina especializada en la materia, a clasificar esta institución, según el derecho que se adquiere o la obligación que se extingue, en prescripción extintiva y adquisitiva. Huelga decir, entonces, que la prescripción denominada adquisitiva se origina al hacer propio un derecho del que antes no se disponía- clásico ejemplo es el poseedor del bien que teniendo el uso y goce de la cosa, adquiere la disposición del bien, obteniéndose la plena propiedad de esta. Por su parte, la prescripción extintiva consiste en la emancipación de la obligación debida al acreedor, sea cualquiera su naturaleza, trayendo como consecuencia, el impedimento del acreedor para constreñir al deudor al cumplimiento de su obligación.

Es importante hacer observar que esta institución se refiere a las acciones, por ello el deudor puede cumplir con una obligación prescrita y le esta vedado pedir repetición sobre ello, dando paso al campo de las denominadas obligaciones naturales. A mayor abundamiento, el Código Civil prohíbe a los órganos correspondientes, declarar la prescripción de oficio, pues esta es una excepción que debe oponer aquél que pretende beneficiarse de ella, contra el ejercicio de la acción del acreedor. Pero puede, sin embargo el Juez, reconocer el paso del tiempo en la causa que se analiza, por la evidencia de la superación de más del tiempo que se necesita para que prescriba la obligación, y obsérvese que ya no se trata de la prescripción de la acción del acreedor para constreñir al deudor al cumplimiento de la obligación, pues la acción ya fue ejercida, si no de la obligación en sí misma.

Las bases generales de la institución de la prescripción, antes delineadas muy delimitadamente, han sido transportadas a otras ramas del derecho, no siendo excepción el Derecho Tributario. Así observamos, la institución de la referencia, en nuestro Código Orgánico Tributario, desde 1982 hasta el presente.

En el Código Orgánico Tributario de 1982 con vigencia desde 1983 establecía los términos de la prescripción en los artículos 52 al 57, ambos inclusive. En el Código Orgánico Tributario de 1992, los términos de la institución bajo estudio estaban estipulados en los artículos 52 al 57, ambos inclusive. En el Código Orgánico Tributario de 1994 fue determinada en los artículos 51 al 56, ambos inclusive. Y en el vigente Código Orgánico Tributario la encontramos en los artículos 55 al 65, también ambos inclusive. Han sido poco los cambios que ha sufrido, desde su incorporación a la relación jurídica tributaria, pero tales sutilezas no pueden calificarse de intrascendentes, pues aún la doctrina y la jurisprudencia dedican, no menor tiempo a su análisis.

Necesario es entonces, vista la vigencia del Código Orgánico Tributario- 1994- para el caso de autos, remontarnos a sus estipulaciones. Así tenemos que los artículos 51, 52, 53, 54, 55 y 56 tipifican lo siguiente:

Artículo 51.- La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que están obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.

Artículo 52.- Prescribirá a los cuatro (4) años la obligación de la Administración Tributaria de reintegrar lo recibido por pago indebido de sus tributos y sus accesorios.

Artículo 53.- El término se contará desde el 1º de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.

El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1º de enero del año siguiente a aquél en que se efectuó el pago indebido.

Artículo 54.- el curso de la prescripción se interrumpe:

  1. Por la declaración del hecho imponible.

  2. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de notificación o presentación de la liquidación respectiva.

  3. Por el reconocimiento de la obligación por parte del deudor.

  4. Por el periodo de prórroga u otras facilidades de pago.

  5. Por el acta levantada por el funcionario fiscal competente.

  6. Por todo acto administrativo o actuación judicial que se realice para efectuar el cobro de la obligación ya determinada y sus accesorios, o para obtener la repetición del pago indebido de los mismos, que haya sido legalmente notificado al deudor.

PARAGRAFO UNICO: El efecto de la interrupción de la prescripción se contrae al monto, total o parcial, de la obligación tributaria o de pago indebido, correspondiente al o los periodos fiscales a que se refiere el acto interruptivo y se extiende de derecho a los respectivos accesorios.

Artículo 55.- El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.

Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda se reanuda antes de cumplirse la prescripción, esta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.

Artículo 56.- Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, salvo que el pago se hubiere efectuado bajo reserva expresa del derecho a hacerlo valer.

De lo anterior se observa que la prescripción en la relación jurídica tributaria tiene un lapso de tiempo distinto al de otras obligaciones, pues esta es de cuatro y seis años, según la conducta desplegada por el contribuyente. Por ello, la prescripción de la obligación tributaria, o más propiamente dicho, del derecho a ejercer la acción para constreñir a su cumplimiento, aumenta a seis años cuando el contribuyente no se inscribe en los registros pertinentes; no declara el hecho imponible o no presenta tales declaraciones a que esté obligado y, por último, cuando, tratándose de la determinación de oficio, la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho imponible.

Por otra parte, el término para comenzar a correr la prescripción, comienza a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible o se realizó el pago de lo indebido, y en los tributos que se liquiden por periodos, la prescripción comienza al finalizar el periodo respectivo.

Ahora bien, esta institución -la prescripción- lleva implícito dos conceptos, cuales son: la interrupción y la suspensión. La interrupción se diferencia de la suspensión en que una vez realizado el hecho que le dio origen, el lapso prescriptivo comienza de nuevo, es decir, se computa el lapso desde su inicio. En tanto la suspensión, tal como la adelanta su nombre, detiene el lapso de prescripción, reanudándose este una vez que cesa la causa de su génesis. Determinadas están, las causas que interrumpen la prescripción en el articulo 54, antes citado. También el legislador determinó cuales causan suspenden su curso, ello en el articulo 55, también citado antes.

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala Política Administrativa, ha emitido opinión sobre la institución de la prescripción en Sentencia No. 1215 de fecha 26 de junio de 2001, en cuya oportunidad estableció:

En atención a la controversia de autos, debe esta sala analizar en primer orden la figura jurídica de la prescripción como una de las formas de extinción de la obligación tributaria, por tener aquellas características heterogéneas según los parámetros y construcciones doctrinarias, y muy especialmente lo relativo a los actos con virtualidad interruptiva de la misma, debido sin duda a la enorme trascendencia que implica la permanencia de las obligaciones prescriptibles.

Cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho. Así mismo, ha de atenderse a la importancia de los supuestos de interrupción y e suspensión, cuyo efecto jurídico común es la dilación de los plazos de prescripción antes de su consumación definitiva.

(Cursivas y Subrayado de este Despacho).

Igualmente, debe detallarse que, en el curso de un proceso en sede jurisdiccional, es decir, ya controvertida la obligación tributaria o sus accesorios, y por ello excluida, en principio, la posibilidad del reconocimiento de la obligación, de solicitar prórrogas o facilidades de pagos y la realización de acciones judiciales para su cobro, corre el lapso de prescripción de la acción cuando la causa queda paralizada.

Es necesario, entonces, meditar sobre: ¿cuándo queda paralizada un proceso en sede jurisdiccional? En cuyo caso es necesario, por aplicación supletoria, vista la materia a tratar, remitirnos al Código de Procedimiento Civil. El mencionado código adjetivo, establece, taxativamente, cuales causas que paralizan un proceso, entre ellas: la paralización del proceso en caso de oposición al cobro de créditos fiscales- articulo 659-; la paralización del proceso por oposición de las cuestiones previas previstas en los ordinales 7 y 8 del articulo 346- articulo 867-.

Otra forma de paralizar el proceso es cuando, habiendo expirado el lapso legal para sentenciar así como sus prorrogas, el Tribunal no se pronuncia sobre la controversia planteada, corriendo el lapso de prescripción- en el caso de las obligaciones tributarias, comienza el lapso de prescripción de la acción del Fisco para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria expirado el lapso de sesenta días para sentenciar, según lo dispone el articulo 194 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicable al caso bajo estudio. Lo anterior revela, la obligación de la partes de impulsar el proceso, aún cuando ha entrado en etapa de sentencia, después de que el Tribunal haya dicho “Vistos”, pues aunque también es un deber de los Tribunales de la República, procurar sentenciar dentro del lapso que al efecto establece la Ley, no es menos cierto que las partes han ocurrido a la sede jurisdiccional con el fin de resolver una controversia, bien sea porque se exige el cumplimiento de una obligación o bien porque se opone una excepción, cualquiera que ella sea, a su cumplimiento, con miras a un fin específico y, en principio, con elementos que sustenten sus posiciones, y, por ello tienen el deber de instar a los órganos competentes a su pronunciamiento, máxime, cuando, en la generalidad de los casos, es la única actuación que les queda por realizar para conseguir su cometido.

Lo anterior ha sido objeto de pronunciamiento por parte de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, el cual en sentencia de fecha 19-06-06 Caso “Fundación Magallanes de Carabobo” estableció:

En el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.

(Cursivas y Subrayado nuestro)

Asimismo la mencionada Sala, en sentencia Nº 01058 de fecha 19 de junio de 2007, publicada en el caso de la contribuyente “Las Llaves, S.A” estableció:

Omissis:

“… pasa la Sala a decidir, de oficio, la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, para lo cual se observa lo siguiente:

Dentro de las modalidades de la extinción de la obligación tributaria, se encuentra la prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por inacción del Estado, por cierto período de tiempo.

Así las cosas, la Sala debe determinar previamente la normativa aplicable, a efectos de computar el lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones… (Sic) “

“Ahora bien, en principio, resultaría aplicable las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha que se produjo la paralización de la causa…”.

En tal sentido, se observa que luego de haberse dicho “Vistos” en la presente causa (8 de agosto de 1996) y pasado un lapso de sesenta 60 días continuos, de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ratione temporis, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 8 de octubre de 1996.” (Cursivas y Subrayado de esta Juzgadora).

Y más recientemente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 01399, de fecha 07-08-2007, en caso : “O.I., C.A. en contra del Instituto Nacional de Cooperativa, la cual, al pronunciarse sobre la apelación ejercida por la Apoderada Judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa -INCE-, luego de delimitar la controversia, previamente a sentenciar sobre el fondo de la misma, como punto previo pasó a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria, por el transcurso del tiempo, y sobre las premisas de los criterios establecidos con anterioridad en Sentencias anteriores Casos: Las Llaves, S.A. Vs. Municipio autónomo Puerto Cabello del Estado Carabobo y caso Fundación Magallanes de Carabobo, estableció dicha Sala:

Omissis:

“Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta M.I. que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (6) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994) hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), a la sociedad mercantil O.I., C.A. Así se decide.

Vista la declaratoria que antecede, no se requiere decidir sobre la apelación planteada por la representación judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). Así finalmente se declara.

De lo precedentemente transcrito, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro (6) años, conforme a lo establecido el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994 (aplicable rationae temporis), en virtud de que como ha quedado expresado, la controversia de fondo a resolver por este Tribunal va dirigida a determinar si la contribuyentes de autos incumplió el deber formal de presentar dentro del plazo las declaraciones y pagos de los impuestos establecidos en las leyes especiales tributarias ante el Ministerio de Hacienda, según la Resolución recurrida identificada Neo. GCE-SA-R-97-229 de fecha 20-101997.

Ahora bien, en el caso bajo estudios esta Juzgadora advierte que el curso de la prescripción fue suspendido en fecha 18-12-1997, mediante la interposición del Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente, manteniéndose suspendido el lapso de prescripción.

Posteriormente en fecha 22-09-1998, el Tribunal dijo “Vistos” y entró en el término de dictar sentencia, observándose que transcurrido dicho tiempo no se produjo dicho pronunciamiento por este Juzgado, con lo cual se dictó auto en fecha 25-01-1999 acordando diferir por treinta (30) días continuos el acto de publicar la sentencia en el presente juicio, hasta el 25-07-2001 fecha en que compareció el Apoderado de la recurrente solicitando se dicte sentencia hubo una primera paralización de la Causa por el lapso de mas de un (1) año, sucediéndose una serie de paralizaciones, así: Una por mas de tres (3) años desde el 25-07-2001 (cuando compareció el Abogado de la Recurrente y solicitó se dicte sentencia) hasta el 09-12-2004 fecha en que compareció nuevamente el Apoderado de la Recurrente y solicitó se dicte sentencia en el presente juicio.

Posteriormente desde el 06-07-2005,hubo nuevamente una larga paralización de la Causa fecha en que compareció el Abogado V.A.R.C., en su carácter de autos, solicitando se dicte sentencia en el presente juicio, hasta la presente fecha, quedando paralizada la causa por mas de tres años (3).

De lo anterior se evidencia que sumando todos estos lapsos de paralización de la Causa, ha transcurrido más de siete (7) años de paralización de la misma.

Derivado de lo anterior, estima este Tribunal Quinto de lo Contencioso Tributario que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber superado el lapso de prescripción para exigir al contribuyente el cumplimiento de la obligación tributaria, visto que ha transcurrido con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice, es decir transcurrió más del tiempo de que dispone el Fisco para ejercer la acción para constreñir al contribuyente al cumplimiento de la obligación debida; tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, que en este caso es el contenido en la norma prevista en el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994, (aplicable rationae temporis).

En consecuencia conforme a todo lo expuesto anteriormente, a juicio de este Tribunal, lo procedente y ajustado a Derecho es declarar la prescripción de la obligación tributaria, por falta de impulso procesal de las partes, en el juicio seguido a la Sociedad Mercantil “AEROCENTRO DE SERVICIOS C.A.” ampliamente identificada en autos contra de los Actos Administrativos contenidos en la Resolución GCE-SA-R-97-229 de fecha 20 de octubre de 1997, emanadas de la Gerencia Jurídico Tributario del Ministerio de Hacienda (Hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y de las Planillas de Liquidación numeradas consecutivamente desde la No. 11-01-2-01-64-001369 hasta la planilla No. 11-01-2-01-64-001383, todas de fecha 20 de Octubre de 1997. Y ASI SE DECLARA.

En virtud del anterior pronunciamiento, considera quien aquí decide inoficioso entrar a conocer el fondo de la controversia de la presente Causa. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Con fundamento en la motivación que antecede, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PRESCRIPCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA, por falta de impulso procesal de las partes, en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 18 de Diciembre de 1997 por la Sociedad Mercantil “AEROCENTRO DE SERVICIOS, C.A.” ampliamente identificada en autos, en contra de los Actos Administrativos contenidos en la Resolución GCE-SA-R-97-229 de fecha 20 de octubre de 1997, emanadas del Gerente Jurídico Tributario del Ministerio de Hacienda (Hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y de las Planillas de Liquidación numeradas consecutivamente desde la No. 11-01-2-01-64-001369 hasta la planilla No. 11-01-2-01-64-001383, todas de fecha 20 de Octubre de 1997.

En virtud del presente pronunciamiento este Tribunal se abstiene a conocer el fondo de la controversia en la presente Causa.

Se ordena la notificación de los ciudadanos Procurador y Contralor General de la República, al ciudadano Fiscal del Ministerio Público con competencia Tributaria, al Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente de autos. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

REGISTRESE Y PUBLIQUESE

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE

Abg. B.E.O.

LA SECRETARIA

Abg. SARYNEL GUEVARA

La anterior sentencia se publico en la presente fecha, a las doce y treinta de la tarde (12:30 p.m.)

LA SECRETARIA

Abg. SARYNEL GUEVARA

Asunto Antiguo: 1097

Asunto AF45-U- 1998-000034

BEOH/SG/geg

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