Decisión nº 1176 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Noviembre de 2008

EXPEDIENTE N° 1194 SENTENCIA N° 1176

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital

Caracas, diecisiete (17) de noviembre del dos mil ocho (2008)

198º y 149º

ASUNTO: AF46-U-1998-000082

Visto el Recurso Contencioso Tributario interpuesto ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Región Capital (DISTRIBUIDOR), en fecha veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), por el ciudadano R.U.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 1.666.786, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 11.366, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente AGENCIA MARITIMA DE REPRESENTACIONES, C.A. (AGEMAR, C.A.), Sociedad Mercantil inscrita en el Registro de Comercio del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha diez (10) de abril de mil novecientos sesenta y nueve (1969), bajo el número 1, Libro 66, tomo 3-A, contra la denegatoria tácita del Recurso Jerárquico interpuesto contra las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales números 117919 y 117930 correspondientes a los períodos del veintiuno (21) al treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), número 117932 correspondiente al período del veintiuno (21) al treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), números 117984, 161026 y 161030 correspondientes al período del primero (1°) al once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997); y contra las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje número HP-869, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) y número HP-904 de fecha once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), emanadas todas de la Dirección de Capitanías de Puerto de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de Las Piedras, imponiendo las primeras la obligación de pagar CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 460, 00) (Bs. 460.000, 00), por concepto de Derechos de Pilotaje, y las segundas TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 320, 00) (Bs. 320.000, 00), por concepto de pago de Remuneraciones Especiales por Habilitaciones de Pilotaje, siendo el monto total la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 780, 00) (Bs. 780.000, 00), de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Pilotaje concatenado con el artículo 4 del Reglamento de la Zona de Pilotaje de Las Piedras de fecha ocho (08) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992).

En fecha veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (DISTRIBUIDOR), le asignó el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, (folio 20).

Por auto de este Tribunal en fecha veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), se le dio entrada al Recurso Contencioso Tributario interpuesto, ordenándose notificar a las partes que comprenden la presente relación jurídico tributaria, (folio 21).

En fecha veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), el alguacil de este Tribunal consignó las boleta de notificación correspondientes al ciudadano Procurador General de la República, (folio 26) y a la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, Dirección de Capitanías de Puertos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, (folio 27); y en fecha seis (06) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), el alguacil de este Tribunal consignó la boleta de notificación del ciudadano Contralor General de la República, (folio 28).

En fecha veintiuno (21) de septiembre del mil novecientos noventa y ocho (1998), este Tribunal admitió el Recurso Contencioso Tributario, (folio 29).

En fecha veinticuatro (24) de septiembre del mil novecientos noventa y ocho (1998), este Tribunal dictó auto declarando la causa abierta a pruebas, (folio 30).

En fecha quince (15) de octubre del mil novecientos noventa y ocho (1998) se dictó auto declarando que venció el lapso para promoción de pruebas y este Tribunal dejó constancia que las partes no hicieron uso de tal derecho, (folio 31).

En fecha nueve (09) de diciembre del mil novecientos noventa y ocho (1998), se dictó auto dejando constancia que venció el lapso de evacuación de pruebas, (folio 32).

En fecha veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) se dictó auto dejando constancia que compareció el ciudadano Dr. R.U.D., actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente AGENCIA MARITIMA DE REPRESENTACIONES, C.A. (AGENMAR, C.A.), para presentar escrito de informes constante de seis (06) folios útiles. Este Tribunal ordenó agregar a los autos lo consignado y dijo “vistos”. Igualmente se dejó constancia que la otra parte no hizo uso de tal derecho, (folios 33 al 40).

Siendo la oportunidad legal para decidir sobre el presente Recurso Contencioso Tributario, este Tribunal pasa a hacerlo en los siguientes términos:

I

DEL ACTO RECURRIDO

La Dirección de Capitanías de Puerto de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de Las Piedras dictó Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales números 117919 y 117930 correspondientes a los períodos del veintiuno (21) al treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), número 117932 correspondiente al período del veintiuno (21) al treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), números 117984, 161026 y 161030 correspondientes al período del primero (1°) al once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997); y Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje número HP-869, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) y número HP-904 de fecha once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), imponiendo las primeras la obligación de pagar CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 460, 00) (Bs. 460.000, 00), por concepto de Derechos de Pilotaje, y las segundas TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 320, 00) (Bs. 320.000, 00), por concepto de pago de Remuneraciones Especiales por Habilitaciones de Pilotaje, siendo el monto total la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 780, 00) (Bs. 780.000, 00), de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Pilotaje concatenado con el artículo 4 del Reglamento de la Zona de Pilotaje de Las Piedras de fecha ocho (08) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992).

II

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Alega la representación judicial de la recurrente que la Capitanía de Puerto de Las Piedras incurrió en error, al señalar lo siguiente:

(omissis) (…) aplicar el pago adicional de Bs. 10.000,oo por cada entrada, salida y movimiento, llegando inclusive a liquidar planillas con montos superiores al limite legal permitido, es decir, a los Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,oo), adicionales por cada buque (…) (omissis)

Tal indicación está fundamentada en el hecho de que el artículo 34 de la Ley de Pilotaje establece un pago único por cada entrada, salida o movimiento, por lo que al cambiar el Ejecutivo Nacional la conjunción disyuntiva “o” por la conjunción copulativa “y”; alteró el espíritu, propósito y razón de la ley, modificando la intención del legislador al crear la norma, y en tal sentido cabe señalar lo siguiente:

(omissis) (…) el reglamento no puede variar el espíritu, propósito y razón de la Ley; segundo porque en todo caso, cualquiera que sea la interpretación que se le dé (sic) a dichas expresiones, siempre estarán referidas a los buques menores de 50.000 toneladas brutas; y en tercer lugar, porque de no haber sido esa la intención del legislador, hubiese establecido pagos adicionales por cada entrada, salida o movimiento, y no como está pautado en la norma “un pago adicional” (…) (omissis)”

III

MOTIVACION PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

Vistos los términos en que ha quedado planteada la presente controversia, este Tribunal, tomando en consideración la dinámica procesal de la causa y el lapso de inactividad que se deduce de autos; considera pertinente determinar como punto previo si se ha producido la prescripción de las presuntas obligaciones tributarias objeto de controversia.

Así pues, para resolver el planteamiento precedente es imperativo observar lo dispuesto por los artículos 51, 53 y 55 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable rationae temporis al caso de autos, las cuales establecen lo siguiente:

Artículo 51.- La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.

Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la administración tributaria no pudo conocer el hecho

.

Por su parte, el artículo 53 del Código Orgánico Tributario de 1982, dispone:

Artículo 53.- El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.

El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó el pago indebido

.

Finalmente el artículo 55 del Código Orgánico Tributario de 1982 dispone:

Artículo 55.- El curso de la prescripción se suspende con la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la administración tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa sobre los mismos.

Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión y reiniciar el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir

. (Destacado de este Tribunal).

De las normas anteriormente señaladas, se desprende el régimen jurídico aplicable a la prescripción en materia tributaria; institución ésta, legalmente establecida como mecanismo de extinción de las obligaciones tributarias y sus accesorios, por el transcurso del tiempo y cuyo efecto es la extinción de la obligación.

La Sala Político Administrativa de nuestro M.T. en sentencia Nº 01215 de fecha 26 de junio de 2001 (Caso: Agencia Marítima de Representaciones C.A. (AGEMAR), estableció con respecto a la prescripción en materia tributaria, lo siguiente:

(omissis)…(…) cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenada por el derecho

.

Así las cosas, la connotación que tiene la institución de la prescripción es la de ser un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por el transcurso del tiempo, el cual tiene que ocurrir en forma continua; es decir, que no existan causas que interrumpan o suspendan ese término, a los fines de evitar que el transcurso de ese lapso haga nugatorio los derechos e intereses del acreedor y el deudor en una obligación tributaria.

Por otra parte, en el caso de la existencia de alguna causal de interrupción, la consecuencia fundamental es el inicio de un nuevo período de prescripción; es decir, debe comenzar a computarse nuevamente el lapso para que ésta opere. Por el contrario, al verificarse una causal de suspensión, el efecto es la paralización de ese término al momento de la ocurrencia de la causal, sin que ese tiempo que haya trascurrido en forma previa a dicha causal desaparezca; en consecuencia, una vez que cesen los efectos de la suspensión, se computa la prescripción tomando en cuenta el lapso que había transcurrido con anterioridad a ella…(omissis)”

Partiendo de las premisas legales precedentes y siendo la prescripción un medio de extinción de la obligación tributaria principal y sus accesorios, por causa del transcurso del tiempo, este Tribunal considera pertinente a los efectos de dilucidar este punto previo, apreciar también el criterio establecido recientemente por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que respecta a la procedencia de la prescripción respecto de obligaciones tributarias que son objeto de controversia en sede jurisdiccional y las consecuencias jurídicas de la paralización de la causa, el cual fue plasmado en sentencia número 1557 de fecha 20 de junio de 2006, conforme los términos siguientes:

(omissis)…Así las cosas, debe esta alzada determinar previamente en el caso de autos si operó o no la aludida prescripción de la obligación tributaria debatida, para lo cual habrá de partirse del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.

Al respecto, se observa que los hechos debatidos y el presunto acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria sustancial se verificaron bajo la vigencia del primer Código Orgánico Tributario (vigente a partir del 1° de enero de 1983), motivo por el cual en principio resultarían aplicables, las disposiciones reguladoras contenidas en dicho instrumento; no obstante, el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del citado instrumento (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria desde la referida fecha hasta el 1° de julio de 1994, cuando entró en vigor una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido Código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, paralizándose posteriormente ésta, toda vez que no fue dictado por esta alzada el respectivo fallo dentro del término legal correspondiente.

En efecto, el 04 de febrero de 1993 se dijo “Vistos” en el presente juicio, entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 06 de abril de 1993…”

(…)

…se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (6) años, en atención a la omisión de la Fundación recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; asimismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.

Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a esta Sala declarar prescrita la presunta obligación tributaria y sus accesorios reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a la Fundación Magallanes de Carabobo. Así finalmente se decide…(omissis)

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01399, de fecha 07 de agosto de 2007, dejó sentado el siguiente criterio:

(omissis)…Sin embargo, previamente pasa esta alzada a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.

Tal y como fue sostenido en sentencia N° 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso : Las Llaves, S.A., Vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación de lapso de prescripción y sus posibles interrupciones y suspensiones.

Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver Sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.

Bajo estas premisas, se observa que el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario de 1983 (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria hasta el 1° de julio de 1994, cuando se efectuó una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, a saber, el día 18 de enero de 1994.

Entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso bajo estudio, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso de sesenta (60) días para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 20 de marzo de 1994.

Ahora bien, el citado Código Orgánico de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe…omissis…

De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (06) años, en atención a la omisión de la sociedad mercantil O.I. C.A., recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; así mismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.

Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta M.I. que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto y una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.

Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (06) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994), hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada…(omissis)

.

Partiendo del criterio precedente que comparte plenamente esta Juzgadora, conforme al cual, el instituto jurídico de la prescripción tiene particular relevancia, en tanto que condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado, en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho; se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro (4) años, en atención a que los actos administrativos tributarios recurridos son las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales números 117919 y 117930 correspondientes a los períodos del veintiuno (21) al treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), número 117932 correspondiente al período del veintiuno (21) al treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), números 117984, 161026 y 161030 correspondientes al período del primero (1°) al once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997); y contra las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje número HP-869, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) y número HP-904 de fecha once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), emanadas todas de la Dirección de Capitanías de Puerto de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de Las Piedras, adscrita al Ministerio de Infraestructura (MINFRA), mediante la cual se impuso a la recurrente la obligación de pagar tasas por concepto de habilitación de pilotaje y derechos fiscales; comenzando a contarse el lapso de prescripción a partir de esa fecha, sin embargo, en el caso de autos advierte quien aquí decide que el curso de dicha prescripción fue suspendido el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), con la interposición del presente Recurso Contencioso Tributario, habiendo transcurrido TRES (03) MESES y SIETE (07) DIAS del lapso prescriptivo, que fue suspendido mientras se tramitó el referido recurso, hasta que en fecha veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999), se dijo vistos en la presente causa, (folio 33), reiniciándose el lapso de prescripción el veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), siendo suspendido en fecha 14 de junio de 2007, cuando se solicitó a éste Tribunal dictar sentencia en el presente asunto, habiendo transcurrido NUEVE (09) AÑOS, DOS (02) MESES Y DOS (02) DÍAS; que sumados al período transcurrido con anterioridad, hacen un total de NUEVE (09) AÑOS, CINCO (05) MESES Y NUEVE (09) DIAS del lapso prescriptivo transcurrido.

Como consecuencia de las explicaciones precedentes, en criterio de quien aquí decide, tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, por lo que al haberse superado el lapso de prescripción de la obligación tributaria previsto en el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, al haber transcurrido NUEVE (09) AÑOS, CINCO (05) MESES y NUEVE (09) DIAS, debe este Tribunal declarar prescrita la presunta obligación tributaria reclamada por la Administración Tributaria Municipal al recurrente. Así se declara.

En razón de los términos de la declaratoria precedente, este Tribunal considera inoficioso pronunciarse sobre los demás planteamientos controvertidos en el presente asunto. Así se declara.

IV

DISPOSITIVA

Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Región Capital (DISTRIBUIDOR), en fecha veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), por el ciudadano R.U.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 1.666.786, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 11.366, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente AGENCIA MARITIMA DE REPRESENTACIONES, C.A. (AGEMAR, C.A.), Sociedad Mercantil inscrita en el Registro de Comercio del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha diez (10) de abril de mil novecientos sesenta y nueve (1969), bajo el número 1, Libro 66, tomo 3-A, contra la denegatoria tácita del Recurso Jerárquico interpuesto en contra de las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales números 117919 y 117930 correspondientes a los períodos del veintiuno (21) al treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), número 117932 correspondiente al período del veintiuno (21) al treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), números 117984, 161026 y 161030 correspondientes al período del primero (1°) al once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997); y contra las Planillas de Derechos de Habilitación de Pilotaje número HP-869, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) y número HP-904 de fecha once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), emanadas todas de la Dirección de Capitanías de Puerto de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático de Las Piedras, imponiendo las primeras la obligación de pagar CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 460, 00) (Bs. 460.000, 00), por concepto de Derechos de Pilotaje, y las segundas TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 320, 00) (Bs. 320.000, 00), por concepto de pago de Remuneraciones Especiales por Habilitaciones de Pilotaje, siendo el monto total la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 780, 00) (Bs. 780.000, 00), de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley de Pilotaje concatenado con el artículo 4 del Reglamento de la Zona de Pilotaje de Las Piedras de fecha ocho (08) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992).

En consecuencia:

1. - NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, en virtud que ninguna de las partes resultó totalmente vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil ocho (2008). Años 198° y 149°.

LA JUEZ,

Abg. M.Z.A.G.

EL SECRETARIO ACC,

Abg. G.B.S.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las nueve horas y cero minutos de la mañana (09:00 a.m.).

EL SECRETARIO ACC,

Abg. G.B.S.